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ANNCOL _ Noticias alternativas de Colombia - Prensa

Trece días completan en huelga de hambre los prisioneros y prisioneras de las FARC que permanecen en las cárceles debido al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.

La ley de amnistía e indulto aprobada en diciembre pasado no ha sido aplicada, y después de más de seis meses de incumplimiento, los prisioneros políticos de las FARC se declararon en huelga de hambre, sin que los medios cubran debidamente esta dramática y vergonzante situación para un país que presume de democrático y civilizado.

Sus quebrantos de salud ya son evidentes y requieren atención inmediata. Jesús Santrich, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, quien también se declaró en huelga de hambre, el día de ayer no salió en su cuenta de Twitter a dar el informe habitual sobre la situación de los prisioneros. Su salud se deteriora y sus compañeros debieron dar informe sin él.

El camarada Jesús Santrich, debido al agotamiento que va sufriendo por la huelga que viene desarrollando también de hambre en solidaridad con nuestros prisioneros políticos, no pudo estar en el día de hoy”, afirmaron sus compañeros en Twitter durante el informe que cerró la noche de este viernes.

Las cifras de los prisioneros en huelga de hambre son escandalosas y preocupantes, y llenan de indignación por la gravedad que ello conlleva, y cuyo despliegue informativo no está a la par de la gravedad de esta situación. Hasta el día de ayer, según el último informe, 1.784 prisioneros se encuentran en desobediencia, de los cuales1.341 continúan en huelga de hambre“Tenemos 35 compañeros que tienen cosidos los labios”agrega el informe.

A pesar de ello, la solidaridad crece. Y quienes le apostamos a la paz, seguimos firmes exigiendo al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la liberación inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos de la insurgencia. Las FARC ya cumplieron dejando las armas, ahora el Gobierno debe dejar la corrupción, el terrorismo de Estado, que crece con el paramilitarismo, y cumplir lo pactado.

 

Insistió que el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Néstor Humberto Martínez tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

En diálogo con Blu Radio, el integrante de las Farc ‘Jesús Santrich’ aseguró que los incumplimientos en temas como la amnistía podrían hacer que el acuerdo de paz se convierta en “una especie de falso positivo contra los anhelos del pueblo colombiano”.

‘Santrich’ arremetió contra la Corte Constitucional al señalar que está “inclinada a la derecha con el propósito de hacer trizas el acuerdo” y dijo que tiene dudas del compromiso de Estado en este proceso.

Se le acaba de pegar una puñalada trapera al Fast Track. Ahí hay magistrados sensatos que puedan definir el futuro de este país hacía la paz”, afirmó.

Recordó que, en los acuerdos de La Habana, las amnistías fueron uno de los temas más debatidos y detallados.

“Las Farc dejaron las armas el día 27 de este mes. Nosotros estamos en plan de acción de paz, pero no vemos correspondencia y compromisos y ahora estamos sin armas parece que nos quieren construir obstrucciones jurídicas y convertirnos en moscas atrapadas en la telaraña de sus construcciones jurídicas amañadas”, explicó.

Dijo que la falla de la ley de amnistía “es el espíritu de buena fe en que los jueces de ejecución de penas van a cumplir con la norma y no lo están haciendo”.

Insistió que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

“Ellos están en función desde su posición en instancias importantes del Estado pues están actuado. El fiscal se ha opuesto constantemente de la Unidad para la investigación y el desmonte del paramilitarismo y su oposición de la justicia especial para la Paz con argumentos leguleyos y ahora se suma el procurador persiguiendo a los guerrilleros extranjeros”, dijo.

Como dice el adagio popular por hacer más hicieron menos. Los dos juristas por parte del gobierno y las Farc, el ex ministro de justicia Yesid Reyes y el español Enrique Santiago consideraron que para dar una mayor seguridad jurídica y no estar sometidos a los vaivenes políticos y el cambio de gobierno, era mejor no firmar una Ley General de amnistía sino individualizar el proceso a través de los jueces. El resultado es el incumplimiento con los presos políticos de las Farc detenidos por rebelión a quienes se les ha debido otorgar la libertad desde principios de enero, como punto de arranque para la implementación de los Acuerdos.
buypregabalin.com
 
Yesid Reyes venía de ser Ministro de justicia y sabía muy bien las limitaciones del aparato judicial, pero equivocadamente creyó que era un tema de inyección de recursos para descongestionar los juzgados y Enrique Santiago se confió en la formalidad jurídica. El error de juicio de los asesores tiene después de seis meses de firmado el acuerdo a 1300 presos políticos sin libertad y desesperado en una huelga de hambre que completa una semana.
buyvalacyclovir.org 
Y otro adagio del pueblo "entre cielo y tierra no hay nada oculto". Ya veremos más cosas....en desarrollo...
 

En todo el país los guerrilleros presos de las Farc están en huelga de hambre para llamar la atención sobre las demoras en amnistiar o trasladar a las zonas de concentración a los guerrilleros presos. Son cientos de ellos los que ya se han cocido los labios y dicen que no comerán hasta ver su libertad. Si los guerrilleros –y el negociador de las Farc Jesús Santrich- persisten en su huelga hasta verlos salir de la cárcel, algunos morirán antes porque la amnistía se ha chocado de frente con todos los problemas estructurales de la Rama Judicial.

El hambre y la protesta

En Rivera, un municipio que queda a veinte minutos de Neiva, hay 156 presos de las Farc en huelga de hambre. El director de la cárcel, Juan Carlos Reyes, dijo a La Silla que ya completan siete días sin comer. "Seguro comerán algo a escondidas, pero delante del personal nada", dice.

Nos contó también que puso a un equipo de médicos a estar pendientes de esos presos y que ya le mandó una carta al Inpec notificándole la situación. 

Desde las zonas veredales, la idea es hacer "jornadas de solidarización con los camaradas para apoyar a los presos y hacer presión en redes sociales para visibilizar su situación", dijo a La Silla el responsable político de las Farc en la zona veredal de La Montañita, Federico Montes. 

En Cúcuta, las protestas de los 170 guerrilleros recluidos en la Cárcel Modelo la iniciaron desde el martes, cuando 19 se cocieron la boca para empezar la huelga de hambre hasta que se cumpla su liberación. Al tiempo, todos los presos de las Farc se declararon en desobediencia civil y desde entonces tampoco han recibido alimentos. 

En respaldo a los presos, el jueves el movimiento afín a las Farc Marcha Patriótica junto a organizaciones como 'Poder Paz' (de Judith Maldonado, una de las integrantes de Voces de Paz) y Fucepaz (acompaña a los presos políticos) hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia con carteles y mujeres con los ojos vendados para pedir celeridad en las amnistías. 

A la par, en la zona veredal de Caño Indio en el Catatumbo, el frente 33 de las Farc está presionando a través de redes sociales con fotos, comunicados y videos de guerrilleros que tienen familiares detenidos. 

Guerrilleros de la zona de Tierra Grata, en el Cesar, también grabaron un video para mover el tema de las protestas por amnistías. “Los muchachos se cosieron la boca y ahora están recibiendo amenazas de los guardias. Que si no obedecen los meten al calabozo”, asegura Adriana Cabarruz, guerrillera de esa zona.

Las huelgas de hambre arrancaron al tiempo con la ceremonia de dejación de armas en Mesetas, durante la cual muchos guerrilleros sacaron sus carteles pidiendo la liberación de sus compañeros para llamar la atención del presidente Juan Manuel Santos, a quien ya el jefe guerrillero Timochenko había insistido en el incumplimiento del Estado en este frente (entre varios otros) delante de la comunidad internacional y las cámaras de televisión.

El problema

En las listas que entregó las Farc al gobierno, hay 2440 guerrilleros presos. La Oficina del Alto Comisionado tenía observaciones sobre 300 de esos nombres tras revisar uno por uno junto con los organismos de inteligencia del Estado porque considera que no son guerrilleros. De esos, las Farc ya reconoció que más de 100 no deberían estar en esa lista y los sacó.

El día de la dejación de armas ya habían salido 1115 de la cárcel y desde entonces han quedado libres o han sido trasladados otros 320.

Según el Gobierno, de los restantes, 644 no han hecho todavía la solicitud de amnistías o de traslado. “Algunos no quieren quedar en libertad o ser trasladados”, le confirmó una fuente de la Fiscalía a La Silla Vacía. El verdadero problema serían un poco más de 800 casos.

Cuatro fuentes, que tienen que ver con las amnistías directamente tanto en la Fiscalía como en el Gobierno como en la Rama Judicial le dijeron a La Silla Vacía que varias de esas amnistías no podrán ser concedidas antes del 1 de agosto cuando vence el plazo con el que Santos se comprometió con las Farc.

Las razones son varias. 

Durante la discusión del Acuerdo de Justicia con los tres juristas escogidos por Santos y los tres de las Farc se acordó que los jueces deberían decidir de oficio caso por caso si aplicaba la amnistía automática para los guerrilleros que estaban presos.

En ese momento, fue un tema polémico en la Habana porque las abogadas de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que había sido excluido por Santos de esa negociación, abogaban para que esa decisión fuera administrativa y decidida por una resolución presidencial pues anticipaban que sería un problema transferirlo a la Rama Judicial.

Pero los juristas consideraron que siendo una decisión judicial tendría una mayor seguridad jurídica y ese era un punto clave para las Farc y para el Ejército. Así quedó.  Luego fue reglamentado por la ley 1820.

Tal como quedó redactada la ley era prácticamente imposible de aplicar por los jueces, porque entre otras cosas, no previó los diversos sistemas penales que conviven en la actualidad dependiendo del año en el que fue condenado el preso y hay varios guerrilleros que tienen procesos el sistema acusatorio, otros en el inquisitivo, otros en Justicia y Paz.  "La ley de amnistía quedó mal hecha", concluyó el representante en Colombia de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU , Todd Howland.

Como no quedó bien, cuando los guerrilleros amenazaron con no dejar las armas en las fechas previstas si no salían las amnistías, el gobierno sacó el decreto 277 con reglas procedimentales para hacerla más aplicable.

“La ley quedó mal redactada y era inaplicable. Acompañada del decreto logramos que caminara”, dice la juez Shirley del Valle, coordinadora de los jueces de ejecución de penas.

Aún así, los jueces se siguen enfrentando a varios problemas prácticos.

Para pronunciarse de fondo sobre si procede o no la amnistía, la ley dice que los guerrilleros deben presentar el acta que suscriben para ser certificados comprometiéndose con el acuerdo de paz y con jamás volver a empuñar las armas contra el Estado. Los militares condenados deben presentar un concepto previo del secretario de la Jurisdicción Especial de Paz, que los juzgará posteriormente.

El Secretario de la JEP no ha dado abasto rindiendo los conceptos para los más de mil militares condenados, y eso se ha convertido en un cuello de botella para las amnistías de las fuerzas militares.

Para las de los guerrilleros, que son el problema más inmediato, el decreto le dice a los jueces que ellos deben acumular los procesos que tenga un guerrillero para con una sola decisión amnistiarlos u ordenar su libertad condicional y traslado a las zonas cuando cometieron crímenes de guerra.

Hacer eso no ha sido fácil. “Hay resistencia de acumular procesos”, le explicó la juez del Valle a La Silla. La razón es que el Código de Procedimiento Penal dice que se pueden acumular procesos cuando ya hay sentencia. Pero lo que se les exige ahora es que acumulen condenas con órdenes de captura o con sentencias no ejecutoriados. 

“En la cabeza de muchos jueces eso es casi imposible”, dice. “Los jueces dicen yo lo amnistió por el mío, pero no por las órdenes que tienen los fiscales”.

Porque si un juez quiere acumular todos los casos contra un guerrillero, le tocaría oficiar a los fiscales que tienen las medida de aseguramiento para que tramiten la libertad. Pero establecer con certeza qué fiscales o qué jueces tienen esos otros procesos es una tarea titánica pues, según Del Valle "los sistemas de información de la Rama Judicial son obsoletos".

La Fiscalía, que es la institución más avanzada en este campo, creó un algoritmo para hacer búsquedas aproximadas en sus cuatro bases de datos y las dos de la Policía para encontrar todos los posibles casos que podrían ser de las personas que aparecen en el listado de las Farc, pues muchas veces los nombres que da la guerrilla no tienen la cédula correspondiente (o ha pasado que tienen cinco cédulas).

A veces, los fiscales que llevaron el caso son despachos que ya no existen. Hay otros casos de personas que fueron privadas de la libertad por ser del EPL o del ELN pero en algún momento fueron de las Farc y por eso aparecen en los listados.

Como esa labor es engorrosa y ya tienen una carga de trabajo muy grande, los jueces prefieren hacer su parte y no oficiar a los fiscales.

Eso ha llevado a que el preso llegue con el fallo de amnistía de un juez de ejecución de penas al Inpec para solicitar su libertad, y el Inpec le conteste que tiene otros diez procesos y dos órdenes de captura pendientes. Con lo cual, sigue preso.

Con las libertades condicionales de los que no pueden ser amnistiados automáticamente porque cometieron delitos muy graves, el cuello de botella es peor porque ahí el juez tiene que entrar a valorar si el delito lo cometieron dentro del conflicto armado.

En las capacitaciones, el Gobierno ha insistido en que esa valoración la debe hacer la JEP y no ellos, pero los jueces sienten que hasta que no entre a operar la justicia transicional, son los jueces los que tienen que hacer esa valoración. Un criterio que, además, sienten que la Corte Suprema ratificó con un fallo reciente.

En esta valoración a veces entra a jugar una especie de “objeción de conciencia” de algunos jueces que invirtieron años de su vida y muchos recursos del Estado investigando y juzgando a estos guerrilleros y que les cuesta trabajo dejarlos ahora en libertad. Más cuando las Farc mataron a policías judiciales y a jueces.

Esto empeoró después de que el gobierno sacara un decreto de habeas corpus en mayo para acelerar las amnistías. “Los jueces se sintieron molestos por la forma de presionar”, dijo Shirley. “Muchos jueces dicen: si lo que quieren es que nos pronunciemos como sea, entonces negamos de fondo”.

Dice que a esto se suma, el cubrimiento mediático negativo que ha tenido la libertad otorgada a guerrilleros responsables de delitos muy notorios como cuando se le concedió libertad condicional al 'cerebro' del atentado al Club El Nogal, en Bogotá. “Cada vez que los medios comentan, vienen a decir que somos corruptos”, agrega.

Para tratar de solucionar este problema, el gobierno se ha reunido con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y los jueces de ejecución de penas para pedirles que prioricen las amnistías de los listados de las Farc puesto que también están recibiendo las solicitudes de amnistías de otros que quedaron incluidos en el Acuerdo de las Farc como los condenados por lo que hicieron durante protestas sociales.  El ministro de Justicia les ha pedido personalmente a los jueces que por favor fallen las amnistías.

Pero como dijo una juez, "en la ley hay un nerviosismo de parte del legislaivo y ese nerviosismo lo trasladaron a la Rama Judicial".  Y como algunos problemas son estructurales de la Rama Judicial, como el de la falta de un sistema de información de casos consolidado o una cultura organizacional poco flexible, no se avizora una solución pronta.

Probablemente tendrán que sacar una nueva ley poniendo en cabeza de las Farc la obligación de entregar la información precisa sobre en qué juzgados están los casos de sus presos y en el Presidente la competencia de amnistiar u otorgar la libertad condicional por la vía administrativa a todos los que están en el listado validado de las Farc.

Pero mientras se encuentra esa solución, Santrich y los demás guerrilleros tendrán que decidir si comen o si se inmolan ante los problemas estructurales de la justicia.

http://lasillavacia.com/historia/santrich-se-muere-de-hambre-antes-de-que-fallen-todas-las-amnistias-61557

El ex jefe guerrillero habla sobre la protesta que lidera en solitario por los guerrilleros encarcelados. Dice que lo "único que tienen garantizado es un par de tiros en la cabeza" y que el acuerdo no se puede "convertir en un falso positivo".

SEMANA: ¿Desde cuándo y por qué está en huelga de hambre?

Jesús Santrich: Desde el día 26 de junio hay una protesta nacional. Iniciaron 1.200 y en este momento hay 1.486 guerrilleros de las Farc en huelga y alrededor de 1.700 en desobediencia. Yo me vinculé el pasado lunes y lo que se busca es que se cumpla el acuerdo de La Habana que tiene que ver con la liberación de nuestra gente.

SEMANA: Pero, ¿ese trámite no viene caminando ya?

J. S.: Han salido de las cárceles, hasta ahora, 843 personas. Debido a esas bajas cifras, comenzó la protesta de la que participan 47 mujeres, una de ellas lactante. A eso se suman, 35 compañeros que tomaron la determinación coserse la boca. Este jueves, hubo un plantón en las principales ciudades del país: Medellín, Pereira, Popayán, Valledupar, Cúcuta y Bogotá.

SEMANA: ¿Quién es la madre lactante?

J. S.: Mayerli Becerra Muñoz y tiene un bebé de cuatro meses de edad. Ella está en la cárcel de Cúcuta y su caso está en manos del juez quinto de ejecución de penas. 

SEMANA: ¿Qué ha entorpecido la aplicación de la Ley de Amnistía?

J. S.: Aquí no hay fallas normativas porque el acuerdo tiene el mayor detalle que pueda tener una Ley de Amnistía en el mundo. Eso se lo pueden preguntar a especialistas y juristas. Además de tener un acuerdo depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, existe una declaración unilateral del Estado ante Naciones Unidas , un acto legislativo que lo coloca en marco de interpretación y un decreto presidencial que la regula. Incluso, hay una resolución de reforzamiento del Hábeas Corpus, que no debió salir, pero ahí está. Lo que hay es un problema de voluntad política y demoras, por ejemplo, en la entrega de las certificaciones.

SEMANA: ¿A qué se refiere? ¿No todos los guerrilleros tienen el boleto que acredita su tránsito a la vida civil?

J. S.: En este momento están colgados con la entrega de alrededor de 930. Además, hacen falta actas de compromiso que el secretario de la Jurisdicción Especial de Paz -no sé si por falta de personal, falta de tiempo o voluntad- no se han gestionado. Me atrevería a pensar que es más por lo primero, que por lo último. Hay una actitud negligente, mezquina y antijurídica de los jueces de ejecución de penas porque están haciendo negación de justicia, están prevaricando y no hay instancia del Estado que le ponga freno a eso.

SEMANA: ¿Hasta cuándo va con la huelga de hambre?

J. S.: El día 26 de junio yo dije que en el caso mío, porque no quiero someter a los compañeros que están en las cárceles, es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión.

"Es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión".

SEMANA: ¿Cómo le ha ido en estos cinco días?

J. S.: He estado tomando agua e hidratándome con suero. La idea es que se aguante lo que más se pueda para que alcancen a salir todos. Ojalá haya una actitud de sensatez porque en La Habana nosotros dialogamos fue con el Gobierno, representando al Estado colombiano. No puede ser que la implementación se convierta en una renegociación con cada una de las instancias y ramas del poder público. Esto, incluyendo a la Fiscalía que se ha convertido en otro palo en la rueda de la paz.

SEMANA: ¿Es decir, el tránsito de la guerrilla a la vida civil no se ha completado?

J. S.: Las Farc ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Cuando se han presentado demoras no ha dependido de nosotros, sino del Gobierno con su parte. Este es un acuerdo que tiene un principio de igualdad, buena fe, de Pacta sunt servanda para cada una de las partes. Es decir, que lo que se acordó hay que cumplirlo. Se habló desde un principio de simultaneidad e integridad. En la medida que las Farc cumplía, el Gobierno también. Sin embargo, nosotros entramos a las zonas veredales sin que la construcción de los campamentos hubiera terminado. La idea era que esos lugares la guerrilla iba a llegar a vivir de manera digna, el problema es que el tiempo pasó y todavía no se han terminado de construir.

SEMANA: Y... ¿Por el lado de la reincorporación de los excombatientes cómo van?

J. S.: Hay algunas acciones asistencialistas que -de su propia inspiración- han hecho entidades del Estado como el SENA  Sin embargo, acciones derivadas del acuerdo de paz como tal, en el capítulo de Reincorporación, no hay ninguna. Hay un decreto que crea las instancias que manejarán la reincorporación pero no han derivado en acciones prácticas. Aquí lo que hay son puras promesas en materia social, salud y generación de proyectos productivos. Yo siempre he dicho que seguimos con el proyecto Escalona. Es decir, con la casa en el aire.

SEMANA: Explíquese...

J. S.: No hay certeza para los excombatientes de dónde van a ir el día 240 porque los sitios que ocupan ahora son terrenos alquilados. Se ha dicho, después de tanta presión nuestra, que esos espacios se van a convertir en escenarios de formación y reincorporación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No queremos que por cuenta de este incumplimiento en las liberaciones y en la implementación, el pacto de La Habana se convierta en un falso positivo contra las esperanzas de reconciliación de los colombianos.

SEMANA: Entonces, ¿ve cruda la arquitectura de la reincorporación de los excombatientes?

J. S.: Sí, totalmente. Hay unos planteamientos normativos que -por más sea decirlo- están en manos de una Corte Constitucional que se ha mostrado inclinada hacia la derecha que ha dicho hará trizas el acuerdo. Una posición que también ha mostrado el Procurador. En vez de velar por la administración pública, él ahora está es viendo cómo quita la posibilidad de que los extranjeros que están en las Farc tengan vías de reincorporación. Por eso digo, que aquí debe haber un compromiso de Estado. No podemos seguir con esa farsa de que como no hay división del poder en ramas y de que así es la democracia, toca ver qué se le ocurre a cada funcionario.

SEMANA: En La Habana se acordó la creación de unas comisiones que ayudarían a sacar adelante la implementación, ¿están funcionando?

J. S.: Si están en acción. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) que tiene un componente de Gobierno y otro de Farc está funcionando. Precisamente a esa pertenezco yo, al lado de Iván Márquez, Victoria Sandino y tres ministros. Ahí hemos podido adelantar los debates de la implementación normativa, pese a que muchas veces el Gobierno ha pasado proyectos sin tener el visto bueno de la comisión, que es el procedimiento correcto.

Sin embargo, aunque estamos ahí tratando que esos desarrollos normativos se den. Luego vienen otros debates como los del Congreso de la República donde da la impresión de que hay que negociar con cada congresista para que no le pongan 20.000 proposiciones al acuerdo que van en contra vía de ellos. Luego la corte, le colocó cortapisas, casi una puñalada al fast track. Lo que uno puede prever es que la corte más adelante -si le da la gana- puede actuar contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o la misma Ley de Amnistía.

SEMANA: En resumen, ¿qué está fallando?

J. S.: Inseguridad jurídica, inseguridad personal por la expansión del paramilitarismo e inseguridad socioeconómica porque no hay claridad sobre qué proyectos productivos van a desarrollar los excombatientes. Los otros dos puntos son la renegociación en la que se ha convertido esto y la desfinanciación. El Gobierno apenas promete comprometer 0.6 puntos del PIB. Eso no es nada con la deuda social inmensa que tiene el Estado con su pueblo.

SEMANA: ¿En qué va la Comisión de Garantías?

J. S.: Sólo hay denuncias y promesas. Hay más de 15.000 compulsas de copias que están en ese escenario de lucha contra el paramilitarismo y la Fiscalía nunca ha actuado. Del acuerdo se debió derivar una Unidad Especial de Investigación para la desarticulación de ese fenómeno, pero lo único que ha encontrado son obstrucciones por parte del fiscal. Aquí hay una especie de protección a los financiadores del paramilitarismo y señalo de manera directa al fiscal en ese papel. Hasta cuándo va a obstruir el proceso de paz.

SEMANA: ¿Se siente en riesgo?

J. S.: Aquí lo que tenemos garantizado es un par de tiros en a cabeza. No hay garantías para la acción política no sólo para las Farc, sino para el movimiento popular y social. Yo me aventuraría a decir que lo que se está configurando es una reedición de la Unión Patriótica, del exterminio de la UP.

SEMANA: ¿Qué va a pasar cuando desaparezca la figura de las zonas veredales?

J. S.: El plan nuestro es el acuerdo. La insistencia desde la Csivi y el CNR es que se cumpla todo lo que está allí. Eso implicaría actuar contra el paramilitarismo, generar medidas de seguridad para las comunidades y la organización que salta a la legalidad. No hablo con desazón sino con realismo. Hay un estado de incertidumbre porque no se ven garantías para que después del día 240 haya tierra para los guerrilleros, dudo mucho eso.

SEMANA: A propósito del artículo de Iván Gallo, algunos sienten un distanciamiento suyo de las posiciones del Secretariado...

J. S.: Si vi el artículo con la supuesta solidaridad hacia mí y atacando a la dirección de las Farc. Yo estoy en absoluta coincidencia con la dirección de las Farc. Nunca he hecho acciones ni imposiciones de disidencia. Pero también estoy sentando posiciones realistas frente a lo que se viene porque ha habido una actitud sistemática de incumplimientos por parte del Estado.

SEMANA: ¿Cree que ese estado de incertidumbre más el efecto de la campaña electoral aumentará las disidencias?

J. S.: No pienso más en desertores porque las Farc son una organización política que ya dejó las armas. Sin embargo, sí puede haber desaliento y desazón. Por eso el Estado tiene el compromiso de generar alternativas para la construcción del buen vivir. No sólo a las Farc sino a las comunidades. Aquí no se trata sólo del asunto de las armas. La paz no sólo es el silenciamiento de los fusiles, la paz es darle vivienda, salud y resolver las necesidades básicas que tienen los colombianos.

En el país hay más 12 millones de pobres. No se trata de que los que pertenecieron a las Farc se alzan o no en armas, aquí va continuar el alzamiento armado de parte de la gente oprimida, segregada y excluida si no se solucionan esos problemas que pretenden palear -de alguna forma- el acuerdo de La Habana.

SEMANA: ¿Cómo va el engranaje de las ECOMUN, el modelo asociativo con el que aterrizarán en la economía legal?

J. S.: Queremos entrar a todos los sectores de la economía y la acción social que hay en Colombia. La reincorporación tiene dos capítulos: uno es el político que abre las puertas para tener la personería jurídica que permite establecer el partido, eso se dará después de la primera semana de agosto. El otro es el económico, no se trata de crear guetos sino de vincularlos con todas las comunidades que han estado apartadas, aisladas del conjunto de desarrollo nacional. Eso es lo que deseamos. Estar en todos los sectores de la producción, de las políticas y las artes. La terminación de la guerra implica eso, una transformación económica, política pero también social y cultural.

"Desde el PIE solicitamos tanto al gobierno del presidente Juan Manuel Santos como a la Unión Europea que es veedora de la implementación del Acuerdo de Estado Final de Paz para que ambas instancias exijan su cumplimiento, y llamamos a la solidaridad de partidos políticos, movimientos sociales y de la comunidad internacional al llamamiento para que se cumpla con todo lo que corresponde en la implementación del Acuerdo donde un punto prioritario es la libertad de los prisioneros políticos que siguen encarcelados, pese a la ley de amnistía"....Grupo de trabajo de América Latina y Caribe del Partido de la Izquierda Europea.

Domingo, 02 Julio 2017 17:18

Esto no es una fiesta

Asistí a la dejación de armas en una de las llamadas —por ahora— Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en Cesar; para más veras, en una loma desde donde se mira Valledupar y toda esa riqueza asentada al sur del puente Salguero: tierras ganaderas con tres vacas y un hipódromo sin caballos. El día estaba claro y húmedo. Cuando comenzó el acto, unos 25 guerrilleros se asfixiaban bajo el techo de fuego de uno de los campamentos donde se alojan otros 250. Sentados de cualquier manera —más abúlicos que interesados—, miraban el evento en un aparato de televisión desvencijado de imágenes borrosas. Al finalizar almorzaron lentejas con arroz y agua de panela, como siempre. El silencio andaba de lado a lado. Algunos miraban hacia la Serranía del Perijá donde habían vivido y combatido. Otros deambulaban. Para nosotros, me dijo el comandante Solís Almeida, “esta joda no es una fiesta”.

Aquellas armas que habían conseguido durante más de medio siglo y que habían costado tanta sangre y tantos muertos quedaban depositadas en los contenedores de la ONU. En realidad dejaban ahí, inertes como los fusiles, sus propios muertos. El saldo pírrico de la guerra. La dejación no fue ni el primero ni el último hecho del camino que tomaron.

El primero fue la inédita experiencia del cese bilateral del fuego. Entonces aunque no podían dormir a pierna suelta, los sobresaltos de un bombardeo eran menores y poco a poco la prevención disminuyó. Al mismo tiempo, mermaron también los recorridos de vigilancia sobre el Ejército, hasta que, desde hace un par de meses, las guerrillas se concentraron. La inmovilidad era para ellas una experiencia desconocida que implicó, de por sí, la pérdida de libertad de movimiento. Y con la inmovilidad también el criterio del tiempo cambió: ahora, la rutina dejó de tener ese sabor de aventura que tan intensos vínculos crea entre la guerrillerada y que la hace ser, de verdad, un solo cuerpo. Los menús también variaron. El Gobierno les envió alimentos a los que no estaban acostumbrados —granola con yogur, por ejemplo— y que a muchos les descompusieron el genio y el estómago.

Cambio trascendental fue la dejación del uniforme camuflado, que, por lo demás, era idéntico a los del Ejército. Era su identidad frente a los otros, los que están fuera del monte. Con uniforme se sentían parte de una colmena; sin él, las diferencias de matiz se instalaron. Fue sin duda una medida para aclimatarse a la vida civil, complicada para la mayoría. En la guerra la presencia de la muerte era diaria y el uniforme lo recordaba; en la cotidianidad civil el valor de la vida se diluye y la rutina se apodera del tiempo.

La dejación del arma personal, con la que habían defendido su vida en los combates, con la que pensaban estar contribuyendo a fundar un mundo nuevo de justicia y paz, fue triste. Fue un acto íntimo y silencioso de cada guerrillero y cada guerrillera, que no pocas lágrimas costó. Las guerrilleras tenían un apego emocional a su arma; para las jóvenes eran como muñecas que había que cuidar, limpiar, consentir y tener a mano. Eran el osito de dormir que tanta seguridad da frente a la noche. Los fríos funcionarios de la ONU les arrancaron cintas, collares, pines, manillas y hasta los dibujos con que las muchachas adornaban el cañón o el culatín de su fusil, y se los reemplazaron por un número. Un comandante medio, que había salido a una misión civil, al regresar buscó su fusil en la caleta. Encontró un vacío doloroso. Le pidió a la ONU que le permitiera despedirse de su fierro y tomarse una fotografía “juntos”. El funcionario convino. Fue —recuerda— como cuando uno se despide de un ser querido antes de enterrarlo: quiere verle la cara por última vez.

El líder guerrillero se unió a la huelga de hambre que hacen miles de miembros de las Farc en las cárceles a la espera de ser beneficiados con la Ley de Amnistía.

Jesús Santrich no va a comer durante varios días. Al menos no hasta que miles de excombatientes de las Farc sean beneficiados por la Ley de Amnistía que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. El comandante guerrillero se sumó a su huelga de hambre.

Lea también: La mayor amnistía posible para alcanzar la paz​

“Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto”, escribió Santrich en la carta que anunciaba su adhesión a la protesta que se ha extendido por decenas de penales del país. Ayer se realizaron plantones en Popayán, Cúcuta, Ibagué, Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Medellín y Pereira, entre otros, para protestar por la lenta implementación de la llamada seguridad jurídica de los insurgentes.

En entrevista con El EspectadorSantrich, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, lanzó duras críticas al Gobierno por los incumplimientos en la implementación de lo pactado en La Habana.

¿Cuántos guerrilleros faltan por salir de las cárceles?

Son unos 3.400 reconocidos por las Farc y sólo 837 han sido liberados, trasladados a las zonas veredales o puestos en libertad condicional. Faltan muchos por salir, y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz faltan 900 certificaciones.

¿Por cuáles crímenes están condenados quienes están a la espera del indulto?

La mayoría son por rebelión y delitos conexos, es decir, están cobijados por la Ley de Amnistía e Indulto. Pero también los que no son indultables deberían salir con libertad condicional, tal y como se acordó en La Habana, y quienes no cumplen los requisitos ni para una ni para otra deben ser trasladados a las zonas veredales. Estamos viendo por parte de los jueces de ejecución de pensar una actitud de denegación de la justicia, que no es frenada por parte de ninguna instancia en el Estado.

¿Ya hay respuesta por parte del Gobierno?

Esto sólo tiene tres días. Estábamos en la fase de culminar la dejación de armas, entonces no he tenido noticias de cuál sea la repercusión de la huelga, pero hay más de 1.400 guerrilleros que están en protesta. Ya hay compromisos que están en actas. Ahí se dice que el Estado, incluyendo las cortes, acelerarán los procesos de liberación. Todavía no hay nada, ni siquiera una decisión sobre el tipo de procedimiento administrativo que permita cumplir lo acordado. Eso es una grave violación al principio de pacta sunt servanda, a la buena fe del Acuerdo, que tiene connotaciones nacionales e internacionales.

Y eso se suma al incumplimiento en la construcción de zonas veredales…

Ese es el primer gran incumplimiento. Después de seis meses, la mayor parte de las construcciones no están terminadas y en las que ya existen se viven situaciones tan deplorables que parecen campos de refugiados. El Acuerdo tiene características de estar en etapa de renegociación: hay inseguridad jurídica, no hay condiciones de seguridad personal, porque el paramilitarismo ha rodeado las zonas veredales, y tampoco hay garantías de tierras para adelantar procesos productivos que permitan la supervivencia de excombatientes y la comunidad.

¿A qué se refiere cuando dice que el Acuerdo está en renegociación?

Se ha implementado normativamente, sin embargo, hay mucho que está en vilo, porque está en manos de una Corte Constitucional que tiene cierta tendencia a no permitir que avance el desenvolvimiento de los acuerdos. Por eso digo que hay una renegociación. Todavía no hay una hectárea de tierra que haya sido restituida o formalizada por cuenta de los acuerdos.

Ahora viene la entrega de caletas y del listado de bienes. ¿Se pueden comprometer esos procesos si no hay beneficios de la Ley de Amnistía?

Nosotros nunca hemos condicionado nuestros compromisos. Hemos dicho que tiene que haber concomitancia, integralidad y simultaneidad, pero lo que vemos es que nosotros cumplimos todo, incluso está garantizada la extracción de las caletas, está definida la ruta para el listado y registro de bienes, pero no está garantizado el cumplimiento por parte del Estado, ni siquiera la vida de los excombatientes que pasan a la legalidad. La guerra sucia sigue: hay dirigentes populares asesinados, también militantes de las Farc o sus familiares. Lo único que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza.

Es decir, ¿las Farc firmaron un cheque en blanco?

Se supone que en el momento en que se suscribió el Acuerdo estaba la ruta clara, nítida. Lo que pasa es que se contaba con que era un compromiso de Estado, no de Gobierno, pero se ha producido un incumplimiento de la política de Estado. Nosotros tenemos todo claro porque está pactado y hay principios, como el de la buena fe. Hay un ordenamiento constitucional que te dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, entonces, lo que habría es un desconocimiento, incluso del orden y los principios normativos de carácter internacional.

¿Cómo ve el panorama político en el Congreso para la aprobación de proyectos de paz?

El tema es de Estado. Nosotros no podemos ir a los avatares del interés parlamentario o de cada juez. Debe haber una concepción clara de país y de democracia. Si la democracia es el desconocimiento a la palabra, estaríamos marchando hacia el abismo, no tendríamos ninguna garantía del Estado de derecho en el país.

¿Cómo avanzan las Farc hacia la creación de su partido?

Tenemos una militancia fuerte, cohesionada, disciplinada, formada, que, a pesar de los inconvenientes, tiene una extraordinaria voluntad de paz. Por eso siguen los debates en los campamentos sobre las tesis del partido, la construcción programática, de los principios y los fundamentos de funcionamiento, sobre las políticas de alianza. Todos se están preparando para el congreso que debe realizarse en agosto y dar el salto a la legalidad, porque efectivamente hay un acto legislativo que permite tomar el camino hacia la construcción de un partido abierto.

¿Qué elementos los pueden diferenciar de los partidos de izquierda que existen?

La determinación de paz y vocación de reconciliación. Eso es fundamental. Lo segundo es la visión de una nueva forma de hacer política, no sólo en el parlamento sino en la calle, la vereda, con la gente. Lo tercero, la concepción de un camino constituyente que haga reformas estructurales en el país.

E igualmente saluda el coraje del dirigente Jesús Santrich, en apoyar la huelga de hambre indefinida de los pres@s políticos de Farc en la espera de que el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla con el Acuerdo del Teatro Colón.

 

Esta es mi declaración en solidaridad con todas y todos los prisioneros que aguardan la aplicación de la amnistía. Las FARC-EP CUMPLEN!

 

  

 

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