powered ByGiro.com

Descargar
0:00



ANNCOL _ Noticias alternativas de Colombia - Prensa

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

La presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, fue demandada por el partido Centro Democrático por el delito de presunta injuria agravada. Sin embargo  Avella ha asegurado que considera que en este momento una denuncia no es tan importante comparada a las alarmantes situaciones que se vienen presentando en contra del movimiento social en el país.

Aída Avella afirmó para los micrófonos de contagio radio que lo que más le preocupa son “las matanzas de los campesinos en este país” y la poca atención que el Estado le está dando a esta problemática. “Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos que  la vida de un campesino es tan importante como la de un ministro”. Le puede interesar: "No les vamos a dar el gusto de desfallecer: Marcha Patriótica"

Y es que según Avella, en las últimas horas se dio a conocer el homicidio de Jorge Ramírez Guzmán, campesino que habitaba en la vereda Santa Rosa del Arcial, en el corregimiento de Piñalito en el departamento de Córdoba, los hechos se habrían presentado el pasado  27 de noviembre cuando Ramírez se dirigía a revisar el acueducto comunal. Hasta el momento no se conoce como se dio la acción violenta.

Estos actos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, dirigentes y líderes del movimiento social y sindicalistas tiene detrás a las mismas personas que intentaron exterminar al partido político Unión Patriótica, “Por qué hay un plan grande contra la Marcha Patriótica, eso quiere decir que hay autores intelectuales y hay financieros, y como hay esa clase de cosas el Estado no puede dejar de castigar este tipo de cosas”.

De igual forma Aída Avella expresó que le ha pedido al Físcal General de la Nación que revele la lista de las personas que financiaron en Antioquía el genocidio de la Unión Patriótica. Además afirmó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer estos casos sistemáticos.

“Yo creo que no se está iniciado otro genocidio es que se continúa el genocidio contra los sectores de oposición, es que aquí no se han desmontado las estructuras paramilitares que están completamente intactas” Afirmó la dirigente social y una de las sobrevivientes del exterminio a la Unión Patriótica.

Martes, 29 Noviembre 2016 04:46

Situación de terror y muerte en Colombia

"Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional"

COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas fuerzas oscuras que no han dejado de actuar, pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio. Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

  • Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

  • Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.


 

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

Luego de darse por concluida la etapa de investigación a Santiago Uribe, por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar llamado “los  12 apóstoles”, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a juicio.

Después de conocida la citación contra el hermano menor del senador Álvaro Uribe, Daniel Prado, abogado de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que se espera que este juicio pueda llegar a buen término y manifestó que no se pueden desconocer las pruebas que han hecho que el caso llegue a este momento.

“Durante los meses que llevamos de instrucción no ha cambiado nada, lo que si se ha reafirmado a través de testimonios y que es un hecho incontrovertible es que el grupo paramilitar “los 12 apóstoles” operaba en la región y que es causante de aproximadamente 900 homicidios y se ha develado el funcionamiento y la estructura de mando, en la que Santiago Uribe es fundamental.

Durante el tiempo que lleva la investigación, la Fiscalía ha decretado pruebas de oficio que ha pedido a la defensa y a las víctimas para poder identificar cuál era el andamiaje paramilitar de la región y qué otras personas estaban implicadas en el caso “otros hechos que la Fiscalía tendrá en cuenta en su momento es que se hacían campañas de limpieza social por parte de miembros de la familia Uribe Vélez… Aquí han surgido pruebas que vuelven a darle vida a este proceso y de las cuales le solicitamos a la Fiscalía tome cartas en el asunto”. Le puede interesar: Nuevo testigo reafirma vínculos entre familia Uribe Vélez y ‘los 12 apóstoles’

Por su parte, el defensor de Uibe, Jaime Granados , manifiesta que los testigos son mentirosos y locos. Sin embargo, la defensa de las víctimas, en cabeza de Prado manifestó “me parece muy irrespetuoso que el señor Granados siga mintiendo, él está engañando al país. Lamentablemente la incapacidad jurídica del doctor Granados no le ha permitido convencer a los fiscales de la inocencia de su defendido”.

Así mismo, Alberto Franco, representante legal de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que saludan esta decisión que a todas luces es importante porque “enaltece a las víctimas y es una decisión en honor a ellas”. Sin embargo, replico que ésta se da muy tarde “se habrían podido evitar muchos asesinatos, mucho dolor y mucho sufrimiento si se hubiera tomado a tiempo la decisión de actuar en derecho”.

Por su parte, Santiago Uribe afirma que lo que se encuentra detrás de este tema es una persecución política. Contrario a ello, Prado asegura que “lo que se pretende es tender una cortina de humo para que la gente no entienda cuál era la actividad criminal que llevaban a cabo algunos miembros de la familia Uribe Vélez en la región antioqueña”.

De no haber justicia en este caso, el abogado asegura que las víctimas han manifestado que la opción es irse a instancias internacionales, para buscar garantías en derecho que deban ser tomadas en el proceso, “el tema aquí es que esto es una pelea contra el poder no un problema probatorio (...) lo que hay que esperar es si el gran poder que maneja no hará que este caso quede en la impunidad” concluye.

20 años de investigaciones 

Santiago Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado a propósito de la constitución del grupo paramilitar "los 12 apóstoles" que cumplía operaciones en Yarumal, Antioquia.

Esta investigación comienza en el año 2010 cuando se decidió reabrir el proceso. Para esa época, se retoman las pruebas que ya habían sido practicadas con anterioridad y se comienzan a realizar otras que dan cuenta de los hechos acontecidos en 1994 en Yarumal.

Santiago, hermano del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, fue capturado el 29 de febrero de 2016 en Medellín y se mantiene desde marzo privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia). Le puede interesar:  Captura de Santiago develaría más delitos de familia Uribe Vélez

Via Whatsapp nos llega este nuevo ataque y amedrantamiento al triunfo del SI, camino a la reconciliación nacional: El asesinato del líder campesino Nestor Iván Martínez en el Cesar. El gobierno de Juan Manuel Santos no toma acciones efectivas contra este flagelo paramilitar, llamése como lo "bautizen desde las alturas" y pregonen sus medios afines. Hace pocos días la dirigente de Fensuagro, Cecilia Coicue, fue encontrada muerta -producto de puñaladas- cerca de su finca en la Vereda la Cominera lugar donde está proyectado la ubicación del Punto Transitorio de Normalización PTN.

Leamos:

ACCIÓN URGENTE

ASESINADO LÍDER DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS EN EL CENTRO DEL CESAR

Lamentamos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e  internacional que en la tarde de hoy 11 de septiembre de 2016, fue asesinado el líder NESTOR IVAN MARTINEZ, vocero de la comisión de interlocución y miembro del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar.
Hombres armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron la finca del hermano del líder comunitario ubicada en la zona rural de la Sierrita. Allí  amarraron al administrador de la finca y a su esposa. Cuando NESTOR IVAN MARTINEZ   llegó a la finca lo asesinaron propinándoles dos disparos en la cabeza.
NESTOR IVAN MARTINEZ, era además miembro del Consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra,  El Cruce y La Estación CONESICE en el Centro del Cesar y venía liderando un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente  y en contra de la minería en esta región del país. Así también, NESTOR IVAN MARTINEZ, había liderado a mediados de julio una jornada de protesta ante la decisión del cierre del Hospital público San Andrés del municipio de Chiriguaná. Es importante resaltar que durante los días de la protesta, fue asesinado el joven NEIMAN AGUSTIN LARA, integrante del Consejo Comunitario de La Sierrita,  y la comunidad fue víctima de muchas agresiones y atropellos por parte de la Fuerza Pública.
Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución se encuentran en grave riesgo.  El 25 de agosto fueron repartidos en varios municipios del Sur del Cesar un panfleto en el que  amenazaron a la Comisión de Interlocución. El mencionado panfleto fue firmado por un Grupo que se hace llamar GALS o Grupo Armado de Limpieza Social. En este panfleto, el grupo advierte que se dirige a los departamentos del Cesar, Bolívar y Santander  y amenazan con nombres propios a varias personas de la región. Por ejemplo, en el extenso comunicado, al referirse a la CISBCSC, el grupo armado dice que: “SE AMPARAN EN UNA MESA DE INTERLOCUCIÓN DE ORIGEN GUERRILLERO POR IVAN CEPEDA LE VAMOS A CORTAR A CUALQUIERA DE ESTA MESA UNA PATA PARA QUE QUEDE MOCHA..” (sic)
El panfleto, a lo largo del escrito, señala la inconformidad por la ocupación de varias fincas inexplotadas económicamente, en las cuales centenares de familias victimas del conflicto armado se han asentado, pues han visto en estas tierras una oportunidad de subsistencia, estableciendo  cultivos de pancoger,  con el fin de mitigar el hambre y la ausencia de vivienda, ante las difíciles condiciones de pobreza,  desarraigo y abandono  a que han sido sometidas por los grupos armados y el Estado Colombiano.

EXIGIMOS AL ESTADO DE COLOMBIA
- El cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional, en consecuencia la inmediata protección de los líderes, lideresas y voceros del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria.

- Garantías y protección a la vida  de los líderes y lideresas del Consejo Comunitario de La Sierrita y a los voceros y voceras de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar.
- Garantías y protección a la vida, integridad física y libertad  de las comunidades que se encuentran asentadas en varios predios exigiendo al Estado solución inmediata a su problemática

- Investigación pronta y eficaz y sanción a los responsables del asesinato de nuestro líder NESTOR IVAN MARTINEZ , así como también del asesinato de NEIMAN AGUSTIN LARA, ocurrido en esta misma comunidad

- El desplazamiento inmediato de una comisión de verificación conformada por autoridades del orden nacional, en la cual sea invitada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de acompañar a la comunidad, verificar los hechos de agresión a la misma, iniciar las investigaciones pertinentes y tomar medidas inmediatas de protección.

- La convocatoria inmediata a la reanudación de la Mesa de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar con el fin de continuar adelantando la agenda de interlocución concertada, pero en la práctica suspendida unilateralmente por el gobierno nacional.

- La presencia inmediata en la región de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Victimas, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre otras,  con el fin de realizar una reunión con delegados de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, en la que se defina una ruta que permita resolver la grave crisis humanitaria y los conflicto de tierras que  se viven en la región.  Todo ello en cumplimiento de los acuerdos realizados con la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, en el marco de la agenda de la Mesa de Interlocución regional.

- La desarticulación del  paramilitarismo en esta región del país e investigación y sanción a  quienes vienen ejerciendo amenazas y sembrando terror en esta región

Septiembre 11 de 2016

COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

 
 

A raíz de las declaraciones del Vice-presidente de la república Germán Vargas Lleras, aparecidas en la revista Semana ( http://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/german-vargas-habla-sobre-el-proceso-de-paz-en-exclusivo/491389), prontamente saludadas por Uribe Vélez; ha tenido que salir el jefe plenipotenciario del Gobierno en la Habana Humberto de la Calle, a desmentir el burdo montaje mediatico y electoral contra el acuerdo de paz alcanzado,  que el ambicioso politiquero y manzanillo Vargas Lleras, una vez operado del tumor cerebral que padecía y, amparándose en su alto cargo gubernamental, es decir,  utilizando la inmensa suma los dineros del programa oficial para la infraestructura vial para la compra de votos, talvez motivado en un cálculo enfermizo de descerebrado que no le permite valorar adecuadamente la realidad actual la que ha ingresado el país, ha decidido utilizar la coyuntura de la refrendación Plebiscitaria de los acuerdos ya pactada, como chantaje contra el Presidente Santos y contra el proceso de reconciliación del país, para imponer sobre tergiversaciones y mentiras su candidatura presidencial en el 2018, contando ilusoriamente con que el Uribismo lo va a apoyar en su aspiración. ¡Pareciera que no los conociera!

Dada la importancia de este “impase” en las alturas que surge a última hora, y sus repercusiones indudables en la votación del Plebiscito; ANNCOL presenta a sus lectores el artículo aclaratorio escrito en el Tiempo (29.08.2016 por Humberto de la Calle y le pregunta:  ¿cuáles son sus temores y cuáles son sus sospechas al respecto mencionadas ? :

…..Imprecisiones, temores y objeciones

Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.

Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.

El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.

Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.

Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.

En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.

En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.

María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.

No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso. En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.

En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.

Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.

HUMBERTO DE LA CALLE

 EN http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/imprecisiones-temores-y-objeciones/16685809  

   

 

 

 

Jueves, 18 Agosto 2016 12:17

Vivanco vs. Álvaro Uribe: nuevo agarrón

“Uribe es la persona menos indicada para defender la causa de la justicia en Colombia”, el señalamiento que le despertó la ira al expresidente.

El nuevo enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco, director de la Ong Human Rights Watch, con sede en Washington, se originó por cuenta de una columna de este publicada en el periódico El Tiempo con el título de “Uribe da cátedra de impunidad

En el texto Vivanco reitera sus críticas a las negociaciones que el presidente Santos adelanta con las Farc, y advierte que el plebiscito probablemente sea derrotado gracias a las críticas de Uribe sobre la dosis de impunidad que acarrea el acuerdo. A renglón seguido dice: “Uribe probablemente sea la persona menos indicada para defender la causa de la justicia en Colombia”, y pasa a argumentar que cuando este negoció con los paramilitares también intentó eximirlos de castigo. La reacción de Uribe vino vía Twitter. El expresidente lanzó un par de trinos en los que llama a Vivanco “mentiroso” y afirma “siempre exigí cárcel para cabecillas paramilitares y guerrilleros”. Vivanco, no se quedó atrás y replicó los trinos aportando los documentos que contradicen a Uribe.

Este es el intercambio de trinos, especialidad del senador Uribe V:

 

Pancartas como estas…llenas de odio e insultos personales contra la ministra de Educación y la comunidad LGBTI fueron las que se mostraron ayer en las manifestaciones en las principales ciudades del país en contra del fallo de la Corte Constitucional T-478 que les exige a los colegios respetar la identidad y orientación sexual de los jóvenes. Para la consultora en temas de genero Consuelo Malatesta, una de las principales tergiversaciones que hay en estos movimientos es la denuncia hacía algo que no existe: la ideología de género.

Hasta integrantes del movimiento sindical colombiano se hicieron eco de la cruzada de la ultraderecha colombiana en contra de la protección de la diversidad sexual en los colegios.

Aseguró Consuelo Malatesta que lo que hay detrás de esta campaña contra la defensa de los derechos sexuales de los jóvenes que protege la Corte Constitucional es un exarcebado fanatismo religioso y mucho desconocimiento del que están detrás políticos como Álvaro Uribe, Alejandro Ordoñez y la bancada del grupo político Centro Democrático.

Es tal el poder de desinformación al que se ha llegado con este tema, que los casos de suicidio de jóvenes que se han presentado en el país, como el de Sergio Urrego ya pasaron al olvido.

En Neiva, por ejemplo, estuvieron a punto de linchar a un joven que salió con una bandera de la comunidad LGBTI…video Neiva. De seguir así, no estamos lejos de que en Colombia se comience a atacar masivamente a los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgenero y pedir la hoguera para ellos, como en los oscuros tiempos de la inquisición.

Sostenía (hasta hoy) que la etapa de transición política y social que se abriría en Colombia, una vez firmado el acuerdo final de la Habana entre el Estado colombiano y las Farc- Ep, se enfrentarían dialécticamente de manera política compleja dos grandes concepciones: Una, la sostenida por los ideólogos del post conflicto que caractericé simplemente como la paz neoliberal “financiarizada” de JM Santos, y otra, la sostenida por la insurgencia de las Farc y un amplio sector de la movilización social, contenida en la formulación política de Paz con Justicia social, Democracia y Soberanía.

Pero, debo hacer una referencia histórica: En Colombia domina plenamente la ideología anticomunista contrainsurgente desde hace 70 años (1948 Pacto de Bogotá y OEA) cuando a raíz de la declaración por parte de los EEUU de la Guerra Fría, se fusionaron en la Ideología hegemónica del Estado dos concepciones complementarias: El anticomunismo de la vieja tradición liberal -conservadora y clerical, con la nueva concepción militar de la contrainsurgencia anti-partisana en Europa y anti-guerrillera en Vietnam y Argelia,  y que fue trasladada a Colombia por el Bloque de Poder Contrainsurgente ( BPCi) formado en esa fecha bajo la tutela directa del gobierno de los EEUU, con el fin de combatir los “chusmeros gaitanistas” alzados en armas a partir del 9 abril 1948.  

Desde ese entonces y hasta hoy, la ideología dominante en Colombia (hegemónica diría Gramsci) de amplia difusión a través del oligopolio mediático entre las clases explotadas y subalternas, ha sido y será por mucho tiempo el anticomunismo contrainsurgente,  cuyo objetivo estratégico fue (y sigue siendo) destruir el tejido social y descomponer la sociedad para quitarle el agua al “pez”, tal y como lo hemos visto ampliamente todos los colombianos durante todos estos años de guerra contrainsurgente contra el Pueblo trabajador. Guerra que finalmente hemos aceptado en llamar, talvez con la idea piadosa de quitarle brutalidad, “conflicto Interno”.

La cual, también es negada fanáticamente por una fracción de la clase dominante más vinculada al anticomunismo contrainsurgente, aquella que posee grandes intereses tradicionales en el monopolio capitalista trasnacional de la renta de la tierra y en las grandes ganancias globales derivadas de la guerra misma. Poderosa fracción de clase que llama  a esta espantosa confrontación con el eufemismo de amenaza castro chavista y comunista contra la democracia, la libertad, y contra su modelo de democracia (genocida) y que aspira, NO a detener un imparable proceso de paz que está a punto de concluirse en la Habana, sino a continuar imponiendo su visión de devolver la rueda de la historia hacia atrás, para continuar, sin ninguna variación o cambio, con el modelo económico neoliberal trasnacional de acumulación de capital por depredación y desposesión que se ha implementado hasta ahora, con el saldo macabro de 7 millones de víctimas y migrantes internos. Su vocero más característico Uribe Vélez, lo acaba de perfilar y anunciar recientemente en su gira por Europa. Es el modelo de: “Más violencia después de la paz de la Habana”

Este es el tercer modelo que talvez por no haberse expresado con tal irracionalidad y fanatismo, no habíamos captado como una pretensión ya francamente independiente, autónoma y organizada, con suficiente Poder factico y mediatico para implementarse e imponerse.

Fue limitado (y por eso erróneo) considerar este modelo solamente como una disidencia, una división, o una lucha agresiva, soez y zafia, entre fracciones dentro del Bloque de Poder Contrainsurgente por el Poder del Estado, o subestimarla, o creer que ya estaba derrotada y, no visualizar su potencialidad mortífera tanto orgánica como fáctica y mediática, así como no percibir su diferenciación creciente dentro del marco general de la lucha de clases en la Colombia trasnacionalizada.

Es pues un tercer modelo aparte y autónomo el que ha hecho irrupción; que comparte con el modelo del post-conflicto del poderoso eje JM Santos, Vargas Lleras, Sarmiento Angulo y el nuevo Fiscal Martínez, su apego al dogma Neo-liberal, pero que también ya ha adquirido su propia diferenciación y como tal, debemos analizarlo para enfrentarlo políticamente en la lucha compleja que se nos viene encima.

¿Acaso no era Mao Tse Tung quien en plena guerra de liberación anti japonesa decía que: “el enemigo de mi enemigo, se vuelve mi amigo”?

También es erróneo dejarse llevar por JM Santos en su pretensión de convertir la refrendación electoral de lo acordado en la Habana en una especie de “madre de todas las batallas”, como él alguna vez pomposamente lo sugirió, pero que esta vez parece se convertirá en una escaramuza táctica y electorera contra Uribe Vélez. Así no se gana nada, y menos al Poder factico-mediatico de Uribe Vélez, quien personalmente no está derrotado. Puede ser que su grupo esté en crisis  por sus luchas intestinas que entre ellos son muy agresivas. Pero están en proceso de recomponerse. Lo que hace una diferencia.

El proceso electoral de refrendación (si se da) hay que ganarlo ampliamente haciendo acuerdos tácticos concretos con todo el mundo (sin ninguna excepción) Con todo aquel que diga; “Si a la paz”.  Sin entregarle su dirección a Nadie y menos a Cesar Gaviria, quien pude dirigir su pequeño grupo liberal, pero no el proceso general de refrendación que es de toda la sociedad en general y para el cual debe haber una comisión “nacional” de más amplia representación societal, que está en mora de organizarse.

La madre de todas las batallas se dará cuando sin confundir reformas puntuales a la Constitución vigente con Proceso Constituyente, se pase a elegir la futura, ineludible e inexorable Asamblea Constituyente que, re-escriba la nueva carta magna para la Paz y que regirá el destino futuro de todos los colombianos.

Fuente Foto Internet: Harold Bedoya con Holmes Trujillo        

             

              

 

En desarrollo de una visita a Manizales (Caldas), el embajador de Noruega en Colombia, Lars Vaagen, elevó un llamado para acelerar lasinvestigaciones que permitan dar con el paradero de los asesinos deldefensor de derechos humanos Fernando Salazar, líder del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta.

“Es un crimen atroz y triste. Ya ha pasado más de un año. No se ha observado resultados de la investigación del caso. Todavía queda en la impunidad”, aseguró Vaagen, quien sostuvo una reunión con elgobernador Guido Echeverry, quien se comprometió junto con sus colaboradores cercanos a hacer todo lo posible para evitar que el crímen quede en la impunidad.

El embajador también sostuvo reuniones con altos mandos de la Fuerza Pública, con la sección regional de la Fiscalía General, con la Defensoría del Pueblo y su sistema de Alerta Temprana.

“Tengo esperanza, pero con mis colegas embajadores en la iniciativa Embajadores con Defensores vamos a continuar la vigilancia de este caso y la solidaridad con la familia y los compañeros de Fernando hasta que haya una solución”, explicó.

Fernando Salazar fue baleado cuando se encontraba en la terraza de la casa de su hermana en Riosucio (Caldas), al lado de la carretera Medellín-Cali.

El hecho ocurrió el pasado 7 de abril 2015 a las 8 de la noche. Fernando era un importante líder en su comunidad, en el resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. Un acérrimo defensor de los derechos colectivos de su pueblo embera. Un trabajador incansable para establecer orden en la práctica de la minería ancestral al interior de su resguardo y para lograr condiciones de seguridad, salud y ambiente de trabajo aceptables. Preferiblemente organizado como cooperativa para que los ingresos del oro puedan beneficiar a toda la comunidad del resguardo donde la escasez de tierra y la pobreza es una realidad cada vez más grave.

No es la primera vez que crímenes de esta categoría se cometen en esta carretera. En 2003, en plena campaña para la elección de alcalde municipal en Riosucio, un pelotón de 10 hombres armados esperando en la curva llamada La Herradura, atacaron con fusiles y granadas el carro del muy popular candidato indígena Gabriel Cartagena, quien fue masacrado junto con tres de sus colaboradores más cercanos y cuatro personas más resultaron heridas. No era el primer candidato indígena asesinado en este municipio. En efecto, hasta las elecciones en 2007 todos los candidatos indígenas con ambiciones para ser alcalde, en un municipio con clara mayoría embera entre sus 60.000 habitantes, fueroneliminados de la contienda política de manera violenta.

La hermana de Fernando no logra participar, todavía impactada por la pérdida de su querido hermano, llorándolo todos los días. Los habitantes del Resguardo Cañamomo Lomaprieta asustados. Pero con el recuerdo del líder y defensor Fernando y su compromiso, los compañeros continúan el trabajo determinado en favor de los derechos de su pueblo y su resguardo para controlar la minería.

La visita del embajador a Caldas se hace en el marco de la iniciativa “Embajadores con Defensores” de un grupo de embajadores de 10 países."Colombia vive su momento muy esperanzador frente a un proceso de paz en su recta final. El último año ha sido el más pacífico en la historia del país, gracias al cese de fuego unilateral de las Farc y el cese de bombardeos del Gobierno. La tasa de homicidios, recientemente publicada, muestra una reducción sustancial.  Al mismo tiempo se puede observar que las amenazas y asesinatos contra Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales continúan a un muy alto nivel, quizás el más alto nivel del mundo", resalta Vaagen.

“37 asesinatos de defensores en 2012, 63 en 2015”, comenta el Embajador. “Ahora es el momento para hacer política sin armas, con la palabra y la argumentación, sin miedo por su vida. Pero con esta situación para los defensores y líderes sociales se mantiene y reproduce el miedo y se limita severamente las libertades de expresión y reunión. Se limitan las posibilidades de fortalecer la democracia para construir un desarrollo sostenible. Por eso queremos hacer un esfuerzo especial como Embajadores, en concordancia con el Gobierno, para visibilizar la situación de los Defensores y ayudar a cambiar el rumbo del país".

Página 1 de 2

Prensa Colombiana

Noticiero Insurgente

No es ideología, son derechos; NC Noticias emisión 16 de octubre del 2016
No es ideología, son derechos; NC Noticias emisión 16 de octubre del 2016

Oct 18, 2016

TITULARES 1. El enfoque de genero no es ideología, son derechos 2. La marcha de las flores un contundente si a la paz 3. Listos los protocolos para la implementación del CFHBD 4. Así se vive en lo...

Radios alternativas

siga escuchando

Volver