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En exclusivo informe para Café Picante, nuestro director Antonio Morales Riveira, confirmó las excesivas condiciones de lujo en las que habitan los integrantes de las Farc en la zona veredal Antonio Nariño, en Icononzo, Tolima.

¡Todo un resort!

"Naranjo negó tajantemente que haya una reaparición de grupos paramilitares en Colombia y aseguró que las bandas criminales no tienen la posibilidad de negociar porque esos grupos no tienen un carácter político"., sin embargo señor vicepresidente para su información desde ANNCOL: Paramilitares continuan avanzando para tomar todo el Chocó

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo en entrevista con BLU Radio que las relaciones entre estados se rigen por unas reglas claras, en referencia a la reunión entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con Donald Trump.

“Son los presidentes y sus cancilleres los que realmente establecen y avanzan en estas relaciones. Me parece sorprendente que rompiendo una vieja regla se esté tratando de establecer una línea diplomática paralela”, dijo.

Las Farc tendrían entre 5 mil y 7 mil milicianos

Naranjo también dijo que el número de milicianos del grupo al margen de la ley estaría entre 5 mil y 7 mil.

“Esa contabilidad es compleja y difícil. Sin embargo, los estimativos que han señalado es que podrían ser entre 5 mil y 7 mil”, expresó al afirmar que las Farc ya están entregando el número de milicianos.

“En 17 años fumigamos 1 millón 600 mil  hectáreas”

El vicepresidente Naranjo también dijo que en 17 años se fumigaron un millón 600 mil  hectáreas y 400 mil hectáreas fueron erradicadas manualmente.

“Por primera vez Colombia tiene una oportunidad de acabar estructuralmente con los cultivos ilícitos. ¿Por qué no se acabaron antes? Porque había una intervención episódica en esos territorios donde había un conflicto intenso con las Farc. Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de llegar y quedarse”, insistió.

En ese sentido, el general manifestó que este año la meta erradicar 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Asesinato de defensores de derechos humanos

El general manifestó que hay una tendencia, actualmente, a revertir los hechos que se presentaron en enero y febrero.

“En enero se produjeron siete asesinatos de líderes sociales, en febrero seis y en marzo cayó a cuatro”, expresó.

En ese sentido agregó que buena parte de esos asesinatos se deben al propósito expansionista del Clan del Golfo, pero que manifestó también hay casos del ELN.

¿Hay reaparición de grupos paramilitares?

Naranjo negó tajantemente que haya una reaparición de grupos paramilitares en Colombia y aseguró que las bandas criminales no tienen la posibilidad de negociar porque esos grupos no tienen un carácter político.

Disidencias de las Farc 

El vicepresidente dijo que  los guerrilleros disidentes son mínimos y que el número no supera los 400. Agregó que a ellos les caerá todo el peso de la ley.

“Las Fuerzas Militares están encima de esas disidencias, llegando a esos territorios y espacios donde ellos se quedaron y ya hay operaciones que han sido contundentes”, enfatizó.

“La Policía debía proteger la vida de la víctima y de la del victimario”

El exdirector de la Policía también se refirió al asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez a mano de su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.

“Cuando la Policía maneja una situación de estas tiene en cuenta las dos vidas: la del rehén y la del victimario. La obligación de una fuerza policial es tratar de salvar el mayor número de vidas, incluyendo las del propio delincuente”, puntualizó.

El 9 de abril de 1948, es una fecha que trae a la memoria de todo el mundo y especialmente de los colombianos de a pie, el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán realizado en el marco anticomunista de la Conferencia Panamericana, origen de la actual ministerio de colonias estadounidense OEA; de la airada y espontanea reacción popular denominada "bogotazo", y, de la ulterior respuesta destructiva y exterminadora de los "nueveabrileños" desatada por las  dictaduras conservadoras y anticomunistas de Ospina Perez y Laureano Gómez, avaladas por una fracción del Partido Liberal, que a la postre generó la resistencia popular a tal exterminio y su prolongación en el actual conflicto social y armado de Colombia, el que hoy busca su superación mediante una Solución Politica con las guerrillas de las Farc -EP y el ELN. Esta parte de la historia de Colombia ha dejado  300.000 victimas mal contadas de la llamada "Violencia Bipartidista", y más de un millón de victimas del conflicto armado actual en solución.

Por estas razones, en el Congreso de la República se programó un acto en conmemoración de las Víctimas de los últimos  setenta años de la violencia contra el pueblo trabajador. Durante la sesión se pretendía que las diferentes asociaciones, agrupaciones y colectivos que acogen en su seno a las multiples  Victimas  expresaron su dolor sus expectativas de vida futura y  sus reivindicaciones. Era el día de las Victimas.

Pero las cosas no sucedieron según lo planeado. Es tal la descomposición y podredumbre de la casta politica colombiana en su pretensión mentirosa de hacerse pasar por "democratica" que,  se invirtieron los términos,  y en vez de escuchar a las Víctimas, el pais a travez del "megáfono" del Oligopolio Mediatico Contrainsurgente, tuvo que escuchar el saboteo a la sesión parlamentaria, previamente preparado por el "senador" del Centro Democrático Uribe Vélez; quien despues de la intervención de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliecer Gaitan, en medio de una bochornosa algarabía y alegando "que no tenía condiciones" para ejercer su extraña forma de concebir la democracia, ordenó a su "bancada", con el zurriago que lo acompaña, irse a la plaza de Bolivar a defender su posición frente a una 30 personas; obviamente acompañado por los periodistas pre-pago del  Oligopolio Mediatico, quienes le dieron más resononacia al "energúmeno facho" que a las Víctimas, a las que dejaron solas en el recinto senatorial.  

El presidente del senado Mauricio Lizcano se manifestó sobre el hecho argumentando que el día le pertenecía a las víctimas y la prioridad era que ellas hablaran. Las intervenciones de los parlamentarios se harían al final, aunque la mayoría de congresistas no asistió.

Al respecto, Alejandra Gaviria representante de una agrupación de Víctimas manifestó: "no puede ser que congresistas vengan y desbaraten toda la sesión que era para las Víctimas"
El senador Uribe Vélez, además aprovechando semejante pantalla, arremetió de manera descontextualizada contra el Gobierno de Venezuela, reconociendo no las Víctimas en Colombia de donde es senador y posiblemente producidas durante sus 8 años de gobierno, sino las de Venezuela. Debieran nombrarlo "senador Venezolano" a ver si en Colombia nos libramos de semanjante narciso inflado.


Finalmente, la "bancada" del Centro Democrático se retiró profierindo ofensas y amenazas contra  aquellos damnificados de la Violencia en Colombia, organizaciones sociales  y demás defensores de los Derechos Humanos que allí se encontraban y  no compartieron la posición del futuro presidente de Colombia 2018.

Fuente Imagen Internet.

“Las grandes cuestiones de la libertad política y de la lucha de clases las resuelve, en último término, únicamente la fuerza, y nosotros debemos preocuparnos de la preparación y organización de esa fuerza y de su empleo activo, no sólo defensivo, sino también ofensivo.”  LENIN

 

 
 
26 de Marzo, Día Internacional del derecho de los pueblos a la Rebelión Armada
 
Sobra decir que los convocantes a la marcha “contra” la corrupción nos están mostrando un nivel  de cinismo que rompe los límites de la racionalidad.
 
Pero fuera de lo anterior los convocantes nos demuestran que aún tienen una iniciativa política de la cual carece la izquierda y que están buscando un margen de maniobra para colocar, al gobierno de Santos y sus aliados, entre la espada y la pared.
 
El nombre de la marcha es lo de menos, si algo demostró Uribe durante sus 8 años de mal gobierno u Ordoñez durante sus dos periodos de gestión al frente de la Procuraduría,  o como lo vienen reafirmando la bancada Uribista ahora con su pésima gestión en el congreso, lo que menos les importa es combatir y acabar con la corrupción; en parte porque son la fuente misma de ese mal, empapados (al igual que el Santismo) hasta la coronilla con casos de desfalcos a la Nación que van desde Foncolpuertos, CAJANAL, Chambacú, la entrega de notarias a cambio de favores políticos, pasando por REFICAR, el túnel de la Línea y ahora Odebreth; esto solo para hacer un pequeño recuento sobre los casos donde los corruptos se han llevado más de 30 billones de pesos en los últimos años  a sus cuentas personales y paraísos fiscales.
 
Puede que los medios de comunicación con su tonito de complicidad nos hayan estipulado en los titulares y notas que el tema de moda es la lucha contra la corrupción,  y los adalides de dicha lucha son precisamente quienes se han llenado sus bolsillos hasta con la última moneda del erario, tratando de ocultar que la corrupción es un fenómeno inherente al sistema político que prevalece en el momento actual, tal y como lo planteara Marx en el Manifiesto: El gobierno del Estado moderno es una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa.
 
Y por el hecho de que la dirigencia de la izquierda haya renunciado desde hace mucho tiempo a la ideología de clase del proletariado, emanada de los principios del marxismo leninismo, es que vemos el ostracismo y entreguismo del cual hacen gala; la derecha nos sacó la silla mecedora, nos acomodó una almohada y nosotros juiciosamente nos hemos sentado en ella a ver pasar la historia, a permitir que sean otros quienes la construyan, aunque sea en contra de los intereses de la mayoría, renegando de la validez de la lucha de clases y de la necesidad inexorable de la dictadura del proletariado.
 
Uribe la tiene clara, es con movilización, la cual hoy en día es una forma de lucha superior incluso a la electoral, como se puede generar incidencia en la mapa político colombiano, es con movilización como se puede mover la base misma del país para que su dirigencia caiga, como cualquier juego de Jenga casero, para llevar a tensionar las fuerzas en conflicto y acumular reservas; y mientras tanto en la acera izquierda nos rasgamos las vestiduras pensando en que ego personal llevará las riendas de las candidaturas, sin pensar ni siquiera en construir y fortalecer los procesos de bases, sin pensarse en retomar nuevamente el direccionamiento del tristemente resquebrajado movimiento sindical -hoy en manos de  la derecha- para elevar la conciencia de la clase trabajadora y que esta pueda jugar su papel transformativo como sujeto político revolucionario, en alianza estratégica con el campesinado, los estudiantes y el movimiento popular, todos tan golpeados por la corruptela del Santismo como del Uribismo.
 
Igual daño le ha hecho al país la mano ladrona enmermelada del gobierno como la de la oposición de derecha que hoy pretende alzar las banderas de la moralidad, la misma bandera con la que no ha hecho otra cosa que limpiarse el rabo. Pero igual o peor daño le viene haciendo la dirigencia de izquierda con su entreguismo, con sus posiciones obtusas y divisionistas que impiden que el movimiento popular y revolucionario asuma su tarea histórica de transformar  el actual sistema político que tanta miseria le genera a los trabajadores, que tanta miseria le genera a los campesinos, que poco a poco ha venido acabando con la salud, la educación y las posibilidades de una vida digna del pueblo colombiano. De la derecha me espero esa tendencia natural a la rapiña, ¿pero de la izquierda?, no, a la izquierda le exijo coherencia.
 
La lucha electoral podrá ser un medio, pero de ninguna manera debe ser el objetivo estratégico y lamentablemente lo que estamos viendo desde la izquierda electorera es una voracidad por ocupar curules en el congreso mediante alianzas donde como siempre buscan convivir a codazos y cabezazos, pero la disponibilidad de ponerse las botas para asumir las luchas populares no se ve en el horizonte, como tampoco la intención de despojarse de las dirigencias egocéntricas y personalistas.
 
Uribe ha tomado a pecho el adagio popular de que quien golpea primero golpea dos veces, y está tratando de apropiarse de los escenarios que otrora eran el espacio natural de las organizaciones revolucionarias, pero como a todo usurpador debemos despojarlo de su falso ropaje y de lo que se apropia, debemos apostarle desde los procesos de base a la organización del pueblo, a la elevación del nivel de conciencia de las masas, a preparar desde todos los ángulos las jornadas de protesta, el paro cívico nacional, la caída del gobierno burgués que tenemos y el que está por venir y para quienes no hacen sino magnificar la lucha electoral en perjuicio de las otras formas de lucha no les caerá mal una lectura de lo sucedido hoy 26 de Marzo en las elecciones de Cajamarca contra la mega minería a cielo abierto, para que conozcamos el alcance del corrupto sistema electoral y en función de que intereses está.
 

 

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

La presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, fue demandada por el partido Centro Democrático por el delito de presunta injuria agravada. Sin embargo  Avella ha asegurado que considera que en este momento una denuncia no es tan importante comparada a las alarmantes situaciones que se vienen presentando en contra del movimiento social en el país.

Aída Avella afirmó para los micrófonos de contagio radio que lo que más le preocupa son “las matanzas de los campesinos en este país” y la poca atención que el Estado le está dando a esta problemática. “Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos que  la vida de un campesino es tan importante como la de un ministro”. Le puede interesar: "No les vamos a dar el gusto de desfallecer: Marcha Patriótica"

Y es que según Avella, en las últimas horas se dio a conocer el homicidio de Jorge Ramírez Guzmán, campesino que habitaba en la vereda Santa Rosa del Arcial, en el corregimiento de Piñalito en el departamento de Córdoba, los hechos se habrían presentado el pasado  27 de noviembre cuando Ramírez se dirigía a revisar el acueducto comunal. Hasta el momento no se conoce como se dio la acción violenta.

Estos actos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, dirigentes y líderes del movimiento social y sindicalistas tiene detrás a las mismas personas que intentaron exterminar al partido político Unión Patriótica, “Por qué hay un plan grande contra la Marcha Patriótica, eso quiere decir que hay autores intelectuales y hay financieros, y como hay esa clase de cosas el Estado no puede dejar de castigar este tipo de cosas”.

De igual forma Aída Avella expresó que le ha pedido al Físcal General de la Nación que revele la lista de las personas que financiaron en Antioquía el genocidio de la Unión Patriótica. Además afirmó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer estos casos sistemáticos.

“Yo creo que no se está iniciado otro genocidio es que se continúa el genocidio contra los sectores de oposición, es que aquí no se han desmontado las estructuras paramilitares que están completamente intactas” Afirmó la dirigente social y una de las sobrevivientes del exterminio a la Unión Patriótica.

Martes, 29 Noviembre 2016 04:46

Situación de terror y muerte en Colombia

"Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional"

COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas fuerzas oscuras que no han dejado de actuar, pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio. Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

  • Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

  • Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.


 

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

Luego de darse por concluida la etapa de investigación a Santiago Uribe, por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar llamado “los  12 apóstoles”, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a juicio.

Después de conocida la citación contra el hermano menor del senador Álvaro Uribe, Daniel Prado, abogado de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que se espera que este juicio pueda llegar a buen término y manifestó que no se pueden desconocer las pruebas que han hecho que el caso llegue a este momento.

“Durante los meses que llevamos de instrucción no ha cambiado nada, lo que si se ha reafirmado a través de testimonios y que es un hecho incontrovertible es que el grupo paramilitar “los 12 apóstoles” operaba en la región y que es causante de aproximadamente 900 homicidios y se ha develado el funcionamiento y la estructura de mando, en la que Santiago Uribe es fundamental.

Durante el tiempo que lleva la investigación, la Fiscalía ha decretado pruebas de oficio que ha pedido a la defensa y a las víctimas para poder identificar cuál era el andamiaje paramilitar de la región y qué otras personas estaban implicadas en el caso “otros hechos que la Fiscalía tendrá en cuenta en su momento es que se hacían campañas de limpieza social por parte de miembros de la familia Uribe Vélez… Aquí han surgido pruebas que vuelven a darle vida a este proceso y de las cuales le solicitamos a la Fiscalía tome cartas en el asunto”. Le puede interesar: Nuevo testigo reafirma vínculos entre familia Uribe Vélez y ‘los 12 apóstoles’

Por su parte, el defensor de Uibe, Jaime Granados , manifiesta que los testigos son mentirosos y locos. Sin embargo, la defensa de las víctimas, en cabeza de Prado manifestó “me parece muy irrespetuoso que el señor Granados siga mintiendo, él está engañando al país. Lamentablemente la incapacidad jurídica del doctor Granados no le ha permitido convencer a los fiscales de la inocencia de su defendido”.

Así mismo, Alberto Franco, representante legal de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que saludan esta decisión que a todas luces es importante porque “enaltece a las víctimas y es una decisión en honor a ellas”. Sin embargo, replico que ésta se da muy tarde “se habrían podido evitar muchos asesinatos, mucho dolor y mucho sufrimiento si se hubiera tomado a tiempo la decisión de actuar en derecho”.

Por su parte, Santiago Uribe afirma que lo que se encuentra detrás de este tema es una persecución política. Contrario a ello, Prado asegura que “lo que se pretende es tender una cortina de humo para que la gente no entienda cuál era la actividad criminal que llevaban a cabo algunos miembros de la familia Uribe Vélez en la región antioqueña”.

De no haber justicia en este caso, el abogado asegura que las víctimas han manifestado que la opción es irse a instancias internacionales, para buscar garantías en derecho que deban ser tomadas en el proceso, “el tema aquí es que esto es una pelea contra el poder no un problema probatorio (...) lo que hay que esperar es si el gran poder que maneja no hará que este caso quede en la impunidad” concluye.

20 años de investigaciones 

Santiago Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado a propósito de la constitución del grupo paramilitar "los 12 apóstoles" que cumplía operaciones en Yarumal, Antioquia.

Esta investigación comienza en el año 2010 cuando se decidió reabrir el proceso. Para esa época, se retoman las pruebas que ya habían sido practicadas con anterioridad y se comienzan a realizar otras que dan cuenta de los hechos acontecidos en 1994 en Yarumal.

Santiago, hermano del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, fue capturado el 29 de febrero de 2016 en Medellín y se mantiene desde marzo privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia). Le puede interesar:  Captura de Santiago develaría más delitos de familia Uribe Vélez

Via Whatsapp nos llega este nuevo ataque y amedrantamiento al triunfo del SI, camino a la reconciliación nacional: El asesinato del líder campesino Nestor Iván Martínez en el Cesar. El gobierno de Juan Manuel Santos no toma acciones efectivas contra este flagelo paramilitar, llamése como lo "bautizen desde las alturas" y pregonen sus medios afines. Hace pocos días la dirigente de Fensuagro, Cecilia Coicue, fue encontrada muerta -producto de puñaladas- cerca de su finca en la Vereda la Cominera lugar donde está proyectado la ubicación del Punto Transitorio de Normalización PTN.

Leamos:

ACCIÓN URGENTE

ASESINADO LÍDER DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS EN EL CENTRO DEL CESAR

Lamentamos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e  internacional que en la tarde de hoy 11 de septiembre de 2016, fue asesinado el líder NESTOR IVAN MARTINEZ, vocero de la comisión de interlocución y miembro del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar.
Hombres armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron la finca del hermano del líder comunitario ubicada en la zona rural de la Sierrita. Allí  amarraron al administrador de la finca y a su esposa. Cuando NESTOR IVAN MARTINEZ   llegó a la finca lo asesinaron propinándoles dos disparos en la cabeza.
NESTOR IVAN MARTINEZ, era además miembro del Consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra,  El Cruce y La Estación CONESICE en el Centro del Cesar y venía liderando un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente  y en contra de la minería en esta región del país. Así también, NESTOR IVAN MARTINEZ, había liderado a mediados de julio una jornada de protesta ante la decisión del cierre del Hospital público San Andrés del municipio de Chiriguaná. Es importante resaltar que durante los días de la protesta, fue asesinado el joven NEIMAN AGUSTIN LARA, integrante del Consejo Comunitario de La Sierrita,  y la comunidad fue víctima de muchas agresiones y atropellos por parte de la Fuerza Pública.
Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución se encuentran en grave riesgo.  El 25 de agosto fueron repartidos en varios municipios del Sur del Cesar un panfleto en el que  amenazaron a la Comisión de Interlocución. El mencionado panfleto fue firmado por un Grupo que se hace llamar GALS o Grupo Armado de Limpieza Social. En este panfleto, el grupo advierte que se dirige a los departamentos del Cesar, Bolívar y Santander  y amenazan con nombres propios a varias personas de la región. Por ejemplo, en el extenso comunicado, al referirse a la CISBCSC, el grupo armado dice que: “SE AMPARAN EN UNA MESA DE INTERLOCUCIÓN DE ORIGEN GUERRILLERO POR IVAN CEPEDA LE VAMOS A CORTAR A CUALQUIERA DE ESTA MESA UNA PATA PARA QUE QUEDE MOCHA..” (sic)
El panfleto, a lo largo del escrito, señala la inconformidad por la ocupación de varias fincas inexplotadas económicamente, en las cuales centenares de familias victimas del conflicto armado se han asentado, pues han visto en estas tierras una oportunidad de subsistencia, estableciendo  cultivos de pancoger,  con el fin de mitigar el hambre y la ausencia de vivienda, ante las difíciles condiciones de pobreza,  desarraigo y abandono  a que han sido sometidas por los grupos armados y el Estado Colombiano.

EXIGIMOS AL ESTADO DE COLOMBIA
- El cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional, en consecuencia la inmediata protección de los líderes, lideresas y voceros del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria.

- Garantías y protección a la vida  de los líderes y lideresas del Consejo Comunitario de La Sierrita y a los voceros y voceras de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar.
- Garantías y protección a la vida, integridad física y libertad  de las comunidades que se encuentran asentadas en varios predios exigiendo al Estado solución inmediata a su problemática

- Investigación pronta y eficaz y sanción a los responsables del asesinato de nuestro líder NESTOR IVAN MARTINEZ , así como también del asesinato de NEIMAN AGUSTIN LARA, ocurrido en esta misma comunidad

- El desplazamiento inmediato de una comisión de verificación conformada por autoridades del orden nacional, en la cual sea invitada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de acompañar a la comunidad, verificar los hechos de agresión a la misma, iniciar las investigaciones pertinentes y tomar medidas inmediatas de protección.

- La convocatoria inmediata a la reanudación de la Mesa de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar con el fin de continuar adelantando la agenda de interlocución concertada, pero en la práctica suspendida unilateralmente por el gobierno nacional.

- La presencia inmediata en la región de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Victimas, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre otras,  con el fin de realizar una reunión con delegados de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, en la que se defina una ruta que permita resolver la grave crisis humanitaria y los conflicto de tierras que  se viven en la región.  Todo ello en cumplimiento de los acuerdos realizados con la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, en el marco de la agenda de la Mesa de Interlocución regional.

- La desarticulación del  paramilitarismo en esta región del país e investigación y sanción a  quienes vienen ejerciendo amenazas y sembrando terror en esta región

Septiembre 11 de 2016

COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

 
 

A raíz de las declaraciones del Vice-presidente de la república Germán Vargas Lleras, aparecidas en la revista Semana ( http://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/german-vargas-habla-sobre-el-proceso-de-paz-en-exclusivo/491389), prontamente saludadas por Uribe Vélez; ha tenido que salir el jefe plenipotenciario del Gobierno en la Habana Humberto de la Calle, a desmentir el burdo montaje mediatico y electoral contra el acuerdo de paz alcanzado,  que el ambicioso politiquero y manzanillo Vargas Lleras, una vez operado del tumor cerebral que padecía y, amparándose en su alto cargo gubernamental, es decir,  utilizando la inmensa suma los dineros del programa oficial para la infraestructura vial para la compra de votos, talvez motivado en un cálculo enfermizo de descerebrado que no le permite valorar adecuadamente la realidad actual la que ha ingresado el país, ha decidido utilizar la coyuntura de la refrendación Plebiscitaria de los acuerdos ya pactada, como chantaje contra el Presidente Santos y contra el proceso de reconciliación del país, para imponer sobre tergiversaciones y mentiras su candidatura presidencial en el 2018, contando ilusoriamente con que el Uribismo lo va a apoyar en su aspiración. ¡Pareciera que no los conociera!

Dada la importancia de este “impase” en las alturas que surge a última hora, y sus repercusiones indudables en la votación del Plebiscito; ANNCOL presenta a sus lectores el artículo aclaratorio escrito en el Tiempo (29.08.2016 por Humberto de la Calle y le pregunta:  ¿cuáles son sus temores y cuáles son sus sospechas al respecto mencionadas ? :

…..Imprecisiones, temores y objeciones

Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.

Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.

El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.

Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.

Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.

En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.

En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.

María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.

No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso. En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.

En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.

Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.

HUMBERTO DE LA CALLE

 EN http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/imprecisiones-temores-y-objeciones/16685809  

   

 

 

 

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