powered ByGiro.com

Descargar
0:00



El padre Javier Giraldo asegura que el fenómeno paramilitar se ha incrementado en regiones como el Pacífico. Semana.com habló con él.

Paramilitares dicen que trabajan conjuntamente con el Ejército: padre Javier Giraldo

La estela de víctimas que a su paso deja la violencia en Colombia no ha tocado techo. Más de 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas es el parte que entregó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su más reciente informe El paramilitarismo sí existe.

Una vez más la organización defensora de derechos humanos llama la atención sobre "la expansión del paramilitarismo" que, según sus investigaciones, se expresa "mediante los sistemáticos ataque contra la población", y se ha incrementado durante la implementación del acuerdo de paz, con "la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persecución a líderes políticos y de izquierda".

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá. Semana.com habló con él sobre lo que viene pasando en los límites entre Antioquia y Chocó.

Semana.com: ¿Cuáles son los hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Padre Javier Giraldo: Uno de los datos que sobresale en la revista Noche y Niebla es que el peso del paramilitarismo es grave. Incluso, se equipara a las violaciones de la Policía Nacional que tienen más o menos el mismo número de victimizaciones. En las de los paramilitares predominan las amenazas, pero también hay un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los resultados contrastan con un discurso que parece común y corriente de parte del Gobierno que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo e insiste en llamarlos delincuencia común. Fueron todas las denuncias que llegaron a La Habana las que obligaron a redactar un capítulo especial para combatir el paramilitarismo.

Semana.com: ¿Qué características le devuelven al Clan del Golfo, Los Rastrojos y Aguilas Negras el calificativo de paramilitares?

P. J. G.: La palabra paramilitar indica etimológicamente que hay una relación estrecha con lo militar, con la fuerza pública. Esa relación ha existido desde hace poco más de 50 años. Existe una forma legal de los paramilitares que son redes de civiles que han sido involucrados a tareas de guerra. Lo que presentamos en la rueda de prensa es mi propia experiencia en el territorio de San José de Apartadó donde hace 20 años conocemos el cuartel general de los paramilitares en una vereda que se llama Playa Larga. Allí se han ido expandiendo y por eso mostramos los mapas de las veredas que han ido controlando progresivamente. La serranía de la Uribe en los límites de Antioquia y Córdoba está controlada por ellos al igual que Apartadó y Turbo. Hay un territorio bastante grande que está bajo su control.

Semana.com: Se fue muy atrás, ¿su surgimiento no se ubica en las dos últimas décadas del siglo XX?

P. J. G.: La aparición del fenómeno paramilitar está ligado a una misión militar de Estados Unidos en febrero de 1962 que hizo un análisis de la situación social del país. De eso quedaron unos informes en los cuales prácticamente se ordenaba entrenar grupos mixtos de civiles y militares. En uno de los párrafos textualmente hablan de establecer acciones terroristas-paramilitares, como una forma de combatir los grupos simpatizantes al comunismo. Aunque hay versiones oficiales que los ubican en la década del ochenta como una reacción a acciones de la guerrilla, la verdadera historia arranca en los sesentas y está ligada a la estrategia oficial de la fuerza pública.

Semana.com: ¿Con cuál presidente se comenzó a configurar?

P. J. G.: Por ejemplo en 1965 el presidente Guillermo León Valencia sacó un decreto -el día de navidad precisamente- para legalizar esa relación entre militares y paramilitares. Autorizaba que los primeros le entregaran armas de su uso exclusivo a civiles para conformar esos grupos. Sin embargo en 1989 la Corte Suprema y el presidente Virgilio Barco motivados por las atrocidades que denunciaban por todo el país suprimieron esos artículos. Poco después César Gaviria encontró otra manera de legalizarlos y fue quitando una ley que regulaba las empresas privadas de seguridad. Finalmente, Samper se apoyó en eso para crear las famosas Convivir y cooperativas de seguridad privada que fueron la forma de paramilitarismo legalizado.

Semana.com: ¿Esas figuras jurídicas están vigentes?

P. J. G.: Sí, aunque en 1998 la Corte Suprema abocó la inconstitucionalidad de las Convivir, terminaron declarándolas constitucionales como los son actualmente. El expresidente Uribe tuvo una estrategia más pensada y planeada para legalizar el paramilitarismo en el momento en que daba la impresión de que los estaba desmovilizando. El encontró otra forma de legalizar este involucramiento de los civiles en la guerra cercanos a la fuerza pública como son las redes de informantes y cooperantes.

Semana.com: ¿En qué se parecen estos nuevos paramilitares a los del siglo pasado y que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe?

P. J. G.: En el discurso oficial se dice que estas "bandas criminales" no tienen ideología política, que son delincuentes ligados al narcotráfico, que no tienen relación con la fuerza pública ni con grandes empresas, pero eso es falso. Cuando uno analiza los mensajes que mandan amenazando a la gente uno se da cuenta que están defendiendo proyectos del gobierno, de empresas trasnacionales y son enemigos a muerte de los movimientos populares. A veces critican al presidente, pero apoyan la institucionalidad, están ligados a la fuerza pública, tienen todos los rasgos del paramilitarismo desde que comenzó a existir. Presentarlos como bandas nuevas, sin ideología política es una manera de ocultar su identidad y con esos discursos lo que hace el Gobierno es encapucharlos ideológicamente.

Semana.com: ¿Cuál sería la razón para negar la existencia de los paramilitares?

P. J. G.: La razón es clara. El nombre paramilitar denuncia una relación con la fuerza pública, por eso no le conviene al Estado. A estos grupos le encomiendan las tareas más sucias. En los últimos meses en Urabá la Comunidad de Paz ha optado con que cuando ellos llegan a una vereda a amenazar a la gente, se crea una comisión y se van a enfrentarlos y decirles que respeten la zona. Sin embargo, de camino se han encontrado con el Ejército que está por ahí cerca y les reclaman: "vea ahí están, están violando el espacio de la comunidad. ¿Por qué no los combaten, no los persiguen? El Ejército ha dicho varias veces con mucha claridad: “no los vamos a perseguir”. Los paramilitares han dicho que ellos trabajan conjuntamente con el Ejército.

Semana.com: Explíquese...

P. J. G.: En una ocasión le dijeron a la comisión de la comunidad que fue a enfrentarlos: “mire, nosotros a ellos no los perseguimos. A los que vamos a perseguir es a ustedes si siguen denunciando la presencia de ellos aquí". Los paramilitares por su lado dicen que lo que menos van a tolerar es lo que ellos llaman sapos o denunciantes. Dicen: "si la comunidad sigue denunciando, la vamos a acabar". Ese es el conflicto que se vive en este momento.

Semana.com: ¿Quiénes alimentan esas organizaciones son los mismos que alguna vez las conformaron?

P. J. G.: Los campesinos conocen a la gente y por los caminos donde se encuentra todo el mundo ellos saben quiénes están en estos grupos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos se desmovilizaron en el tiempo de Uribe pero regresaron. Algunos eran guerrilleros que desertaron hace unos años y el Ejército se los llevó a entrenar a la Brigada 17. Es gente conocida, de hace mucho tiempo. Deben haber personas nuevas, pero el núcleo fundamental es antiguo.

Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

P. J. G.: Evidentemente, por ejemplo, en la zona pacífico como Curvaradó o Jiguamiandó los grupos que están haciendo presencia allí están muy ligados empresarios que se tomaron esa región para sembrar palma africana. Cuando la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto, ordenó al Ejército combatirlo e incluso capturar a algunos de los patrocinadores de esos grupos que le usurparon las tierras a las comunidades negras. El Ejército hace esa obra de teatro de ir a estar ocho días y coordinarse con ellos para que a los días salgan y vuelvan a entrar los paramilitares. Ahí hay un interés de tierras para empresas palmeras y mineras. El alto tribunal lanzó la voz alarma sobre la minería. En Chocó hay explotación de oro, carbón y estos grupos prestan un servicio a esos proyectos.

Semana.com: ¿Sabe en qué quedó el capítulo de La Habana que propone desarticular el paramilitarismo?

P. J. G.: Sí, se redactó un capítulo que tiene 20 estrategias pero a mi modo de ver todas son un saludo a la bandera. La mayoría de ellas ya se habían ensayado y no dieron resultados. Por ejemplo, la de llegar a un pacto político para condenar el paramilitarismo, eso puede hacerse pero estamos llenos de declaraciones y pero ninguna incide en la realidad. Se pensó en una unidad de fiscalía y se nombró a la magistrada, pero el fiscal se le atravesó en la mitad.

Semana.com: Entonces, ¿cuál es su propuesta?

P. J. G.: Que se toque el corazón del paramilitarismo para que realmente haya un control y desaparición de este fenómeno. Si no se toca la relación entre militares y paramilitares que ha permitido actuar y sobrevivir no se está atacando en lo más mínimo el fenómeno. Se hicieron propuestas muy concretas, por ejemplo, que cada vez que se denunciará la presencia de grupos armados no so se mandara sólo una patrulla -que en algunos casos está ya coordinada para que diga que eso era mentira, que allá no había nada- sino que también se pusiera en una investigación de fondo al comandante de la unidad a quien se le diera unos días para que explicará el porqué de la incursión y las medidas que está tomando para controlar el fenómeno y si la explicación no era satisfactoria se destituyera. Sólo así, creo que se podría controlar.

"Mediante panfleto suscrito por el grupo Paramilitar Autodenominado “AGUILAS NEGRAS”, se realizan señalamientos y amenazas de muerte en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU-, la Juventud Comunista Colombiana-JUCO-, el Partido Comunista Colombiano, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca", denuncia la Red de DD.HH “Francisco Isaías Cifuentes”

Leamos:

 

URGENTE

 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

 

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“Francisco Isaías Cifuentes”

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

DENUNCIA PÚBLICA

 

Aportes a la veeduría del Cese al Fuego y a las Hostilidades Bilateral y Definitivo.

 

Mediante panfleto suscrito por el grupo Paramilitar Autodenominado “AGUILAS NEGRAS”, se realizan señalamientos y amenazas de muerte en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU-, la Juventud Comunista Colombiana-JUCO-, el Partido Comunista Colombiano, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

 

HECHOS

 

Suroccidente de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Popayán

 

Jueves 27 de abril de 2017

 

A las 3:51 de la tarde, desde el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., con el asunto "Están advertidos", fue dirigido un panfleto con amenazas de muerte, a los correos electrónicos personales de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN; el cual expresa:

 

"Llego la hora de la limpieza social.

 

Ahora les toca el turno a los guerrilleros que están en la ciudad ya los tenemos individualizados y sabemos que este fin de semana se van a reunir disque para ajustar el plan político militar que tienen estos hijueputas, sino se acuerdan que paso en Medellín les refrescamos la memoria a plomo o simplemente los volamos tienen 24 horas para que se vayan para las tales zonas veredales o de la ciudad o preparen sus familias para que los entierren

 

Conocemos la célula en su totalidad si no quieren sus vidas vamos a ir por ustedes sapos malparidos

•         Oscar Humberto Viveros-El Político, Primero al Mando

•         Andrés Fabricio Muñoz-Fauro, Segundo al Mando

•         Elver Farinango-Farit, Tercero al Mando

•         Kevin Mondragón, El Viejo, Cuarto al Mando

•         Jesús Eduardo Achipiz, El Biólogo, Quinto al Mando

•         Y los demás milicianos, encargado de las milicias universitarias

 

Políticos ignorantes que sirven a una caja de resonancia del tal proceso de paz donde el traicionero de santos está entregando el país al narco terrorismo de las farc. Ojo   hijueputas   no   respondemos   si   caen   inocentes   en   los   que ustedes   se   camuflan   sabemos   que   todos   estos   hijueputas   son como   camaleones   para   camuflarse   y   moverse   dentro   de   la sociedad civil.

Ya tenemos sus domicilios y el plomo que les vamos a dar se van ustedes lo deciden ya estas informados. Sapos hijueputas tiene el tiempo contado.

 

Ya quedan advertidos  perros hijueputas……

ÁGUILAS NEGRAS SUR OCCIDENTE COLOMBIANO".

 

Señalando, que:

 

OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, identificado con C.C. No. 1.085.254.377de Popayán, en la actualidad es secretario de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO Cauca, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO, parte de la Dirección Regional Cauca del Partido Comunista Colombiano-PCC, integrante  de la Dirección Departamental de la Unión Patriótica-UP Cauca, de la Junta Patriótica Departamental y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 1.118.258.066, miembro de la Dirección Departamental  de la Juventud Comunista Colombiana -JUCO Cauca e integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento del Cauca

 

ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, identificado con C.C. No. 1.060.874.481, es estudiante de Ingeniería Agropecuaria en  la Universidad del Cauca e integrante de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO –Cauca y del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica en el  Cauca.

 

KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ, identificado con C.C. No. 1.118.258.097, estudiante del programa de pregrado de  Economía en la Universidad del Cauca e integrante del Comité Estudiantil de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas  de la misma universidad, exrepresentante estudiantil en el periodo 2015-2016, actual  integrante  de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios-ACEU Cauca  e integrante del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica Cauca.

 

JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCON, identificado con C.C. No. 1.061.784.745, estudiante del programa de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación adscrito a la Universidad del Cauca, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, exrepresentante estudiantil en la misma el año 2015 -2016, e integrante del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca

 

FRENTE AL TEMOR FUNDADO POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN Y DE LOS LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HACEN PARTE DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN RECHAZO A LAS ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS IRREGULARES EN ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES Y POLICIALES DEL ESTADO COLOMBIANO.

 

RESPONSABILIZAMOS

 

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Cauca en Cabeza de OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, al Brigadier General LUIS FERNANDO ROJAS ESPINOZA Comandante de la III División del Ejército Nacional, al Coronel GERMÁN ALFONSO PARRA CASTELLANO comandante de la XXIX Brigada del Ejército Nacional, al Teniente Coronel JESUS VILLAMARIN RIVERA comandante del Batallón de Infantería No. 7 “Gr. José Hilario López”, al Coronel EDGAR ORLANDO RODRIGUEZ CASTRILLON Comandante del Departamento de Policía Cauca y al Coronel POMPY ARUBAL PINZON BARON Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen

 

EXIGIMOS

 

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

AL ESTADO COLOMBIANO

  • El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
  • Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

  • Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

SOLICITAMOS

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

 

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

 

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

29 DE ABRIL DE 2017

 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

 

LUIS CARLOS VILLEGAS

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

JUAN FERNANDO CRISTO.

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

 

ENRIQUE GIL BOTERO

Ministro de Justicia y del Derecho

 

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

CARLOS ALFONSO NEGRET

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.,

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., reygon@procuraduría.gov.co

 

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

NOTA: FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN

En exclusivo informe para Café Picante, nuestro director Antonio Morales Riveira, confirmó las excesivas condiciones de lujo en las que habitan los integrantes de las Farc en la zona veredal Antonio Nariño, en Icononzo, Tolima.

¡Todo un resort!

"Naranjo negó tajantemente que haya una reaparición de grupos paramilitares en Colombia y aseguró que las bandas criminales no tienen la posibilidad de negociar porque esos grupos no tienen un carácter político"., sin embargo señor vicepresidente para su información desde ANNCOL: Paramilitares continuan avanzando para tomar todo el Chocó

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo en entrevista con BLU Radio que las relaciones entre estados se rigen por unas reglas claras, en referencia a la reunión entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con Donald Trump.

“Son los presidentes y sus cancilleres los que realmente establecen y avanzan en estas relaciones. Me parece sorprendente que rompiendo una vieja regla se esté tratando de establecer una línea diplomática paralela”, dijo.

Las Farc tendrían entre 5 mil y 7 mil milicianos

Naranjo también dijo que el número de milicianos del grupo al margen de la ley estaría entre 5 mil y 7 mil.

“Esa contabilidad es compleja y difícil. Sin embargo, los estimativos que han señalado es que podrían ser entre 5 mil y 7 mil”, expresó al afirmar que las Farc ya están entregando el número de milicianos.

“En 17 años fumigamos 1 millón 600 mil  hectáreas”

El vicepresidente Naranjo también dijo que en 17 años se fumigaron un millón 600 mil  hectáreas y 400 mil hectáreas fueron erradicadas manualmente.

“Por primera vez Colombia tiene una oportunidad de acabar estructuralmente con los cultivos ilícitos. ¿Por qué no se acabaron antes? Porque había una intervención episódica en esos territorios donde había un conflicto intenso con las Farc. Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de llegar y quedarse”, insistió.

En ese sentido, el general manifestó que este año la meta erradicar 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

Asesinato de defensores de derechos humanos

El general manifestó que hay una tendencia, actualmente, a revertir los hechos que se presentaron en enero y febrero.

“En enero se produjeron siete asesinatos de líderes sociales, en febrero seis y en marzo cayó a cuatro”, expresó.

En ese sentido agregó que buena parte de esos asesinatos se deben al propósito expansionista del Clan del Golfo, pero que manifestó también hay casos del ELN.

¿Hay reaparición de grupos paramilitares?

Naranjo negó tajantemente que haya una reaparición de grupos paramilitares en Colombia y aseguró que las bandas criminales no tienen la posibilidad de negociar porque esos grupos no tienen un carácter político.

Disidencias de las Farc 

El vicepresidente dijo que  los guerrilleros disidentes son mínimos y que el número no supera los 400. Agregó que a ellos les caerá todo el peso de la ley.

“Las Fuerzas Militares están encima de esas disidencias, llegando a esos territorios y espacios donde ellos se quedaron y ya hay operaciones que han sido contundentes”, enfatizó.

“La Policía debía proteger la vida de la víctima y de la del victimario”

El exdirector de la Policía también se refirió al asesinato de Claudia Giovanna Rodríguez a mano de su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.

“Cuando la Policía maneja una situación de estas tiene en cuenta las dos vidas: la del rehén y la del victimario. La obligación de una fuerza policial es tratar de salvar el mayor número de vidas, incluyendo las del propio delincuente”, puntualizó.

El 9 de abril de 1948, es una fecha que trae a la memoria de todo el mundo y especialmente de los colombianos de a pie, el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán realizado en el marco anticomunista de la Conferencia Panamericana, origen de la actual ministerio de colonias estadounidense OEA; de la airada y espontanea reacción popular denominada "bogotazo", y, de la ulterior respuesta destructiva y exterminadora de los "nueveabrileños" desatada por las  dictaduras conservadoras y anticomunistas de Ospina Perez y Laureano Gómez, avaladas por una fracción del Partido Liberal, que a la postre generó la resistencia popular a tal exterminio y su prolongación en el actual conflicto social y armado de Colombia, el que hoy busca su superación mediante una Solución Politica con las guerrillas de las Farc -EP y el ELN. Esta parte de la historia de Colombia ha dejado  300.000 victimas mal contadas de la llamada "Violencia Bipartidista", y más de un millón de victimas del conflicto armado actual en solución.

Por estas razones, en el Congreso de la República se programó un acto en conmemoración de las Víctimas de los últimos  setenta años de la violencia contra el pueblo trabajador. Durante la sesión se pretendía que las diferentes asociaciones, agrupaciones y colectivos que acogen en su seno a las multiples  Victimas  expresaron su dolor sus expectativas de vida futura y  sus reivindicaciones. Era el día de las Victimas.

Pero las cosas no sucedieron según lo planeado. Es tal la descomposición y podredumbre de la casta politica colombiana en su pretensión mentirosa de hacerse pasar por "democratica" que,  se invirtieron los términos,  y en vez de escuchar a las Víctimas, el pais a travez del "megáfono" del Oligopolio Mediatico Contrainsurgente, tuvo que escuchar el saboteo a la sesión parlamentaria, previamente preparado por el "senador" del Centro Democrático Uribe Vélez; quien despues de la intervención de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliecer Gaitan, en medio de una bochornosa algarabía y alegando "que no tenía condiciones" para ejercer su extraña forma de concebir la democracia, ordenó a su "bancada", con el zurriago que lo acompaña, irse a la plaza de Bolivar a defender su posición frente a una 30 personas; obviamente acompañado por los periodistas pre-pago del  Oligopolio Mediatico, quienes le dieron más resononacia al "energúmeno facho" que a las Víctimas, a las que dejaron solas en el recinto senatorial.  

El presidente del senado Mauricio Lizcano se manifestó sobre el hecho argumentando que el día le pertenecía a las víctimas y la prioridad era que ellas hablaran. Las intervenciones de los parlamentarios se harían al final, aunque la mayoría de congresistas no asistió.

Al respecto, Alejandra Gaviria representante de una agrupación de Víctimas manifestó: "no puede ser que congresistas vengan y desbaraten toda la sesión que era para las Víctimas"
El senador Uribe Vélez, además aprovechando semejante pantalla, arremetió de manera descontextualizada contra el Gobierno de Venezuela, reconociendo no las Víctimas en Colombia de donde es senador y posiblemente producidas durante sus 8 años de gobierno, sino las de Venezuela. Debieran nombrarlo "senador Venezolano" a ver si en Colombia nos libramos de semanjante narciso inflado.


Finalmente, la "bancada" del Centro Democrático se retiró profierindo ofensas y amenazas contra  aquellos damnificados de la Violencia en Colombia, organizaciones sociales  y demás defensores de los Derechos Humanos que allí se encontraban y  no compartieron la posición del futuro presidente de Colombia 2018.

Fuente Imagen Internet.

“Las grandes cuestiones de la libertad política y de la lucha de clases las resuelve, en último término, únicamente la fuerza, y nosotros debemos preocuparnos de la preparación y organización de esa fuerza y de su empleo activo, no sólo defensivo, sino también ofensivo.”  LENIN

 

 
 
26 de Marzo, Día Internacional del derecho de los pueblos a la Rebelión Armada
 
Sobra decir que los convocantes a la marcha “contra” la corrupción nos están mostrando un nivel  de cinismo que rompe los límites de la racionalidad.
 
Pero fuera de lo anterior los convocantes nos demuestran que aún tienen una iniciativa política de la cual carece la izquierda y que están buscando un margen de maniobra para colocar, al gobierno de Santos y sus aliados, entre la espada y la pared.
 
El nombre de la marcha es lo de menos, si algo demostró Uribe durante sus 8 años de mal gobierno u Ordoñez durante sus dos periodos de gestión al frente de la Procuraduría,  o como lo vienen reafirmando la bancada Uribista ahora con su pésima gestión en el congreso, lo que menos les importa es combatir y acabar con la corrupción; en parte porque son la fuente misma de ese mal, empapados (al igual que el Santismo) hasta la coronilla con casos de desfalcos a la Nación que van desde Foncolpuertos, CAJANAL, Chambacú, la entrega de notarias a cambio de favores políticos, pasando por REFICAR, el túnel de la Línea y ahora Odebreth; esto solo para hacer un pequeño recuento sobre los casos donde los corruptos se han llevado más de 30 billones de pesos en los últimos años  a sus cuentas personales y paraísos fiscales.
 
Puede que los medios de comunicación con su tonito de complicidad nos hayan estipulado en los titulares y notas que el tema de moda es la lucha contra la corrupción,  y los adalides de dicha lucha son precisamente quienes se han llenado sus bolsillos hasta con la última moneda del erario, tratando de ocultar que la corrupción es un fenómeno inherente al sistema político que prevalece en el momento actual, tal y como lo planteara Marx en el Manifiesto: El gobierno del Estado moderno es una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa.
 
Y por el hecho de que la dirigencia de la izquierda haya renunciado desde hace mucho tiempo a la ideología de clase del proletariado, emanada de los principios del marxismo leninismo, es que vemos el ostracismo y entreguismo del cual hacen gala; la derecha nos sacó la silla mecedora, nos acomodó una almohada y nosotros juiciosamente nos hemos sentado en ella a ver pasar la historia, a permitir que sean otros quienes la construyan, aunque sea en contra de los intereses de la mayoría, renegando de la validez de la lucha de clases y de la necesidad inexorable de la dictadura del proletariado.
 
Uribe la tiene clara, es con movilización, la cual hoy en día es una forma de lucha superior incluso a la electoral, como se puede generar incidencia en la mapa político colombiano, es con movilización como se puede mover la base misma del país para que su dirigencia caiga, como cualquier juego de Jenga casero, para llevar a tensionar las fuerzas en conflicto y acumular reservas; y mientras tanto en la acera izquierda nos rasgamos las vestiduras pensando en que ego personal llevará las riendas de las candidaturas, sin pensar ni siquiera en construir y fortalecer los procesos de bases, sin pensarse en retomar nuevamente el direccionamiento del tristemente resquebrajado movimiento sindical -hoy en manos de  la derecha- para elevar la conciencia de la clase trabajadora y que esta pueda jugar su papel transformativo como sujeto político revolucionario, en alianza estratégica con el campesinado, los estudiantes y el movimiento popular, todos tan golpeados por la corruptela del Santismo como del Uribismo.
 
Igual daño le ha hecho al país la mano ladrona enmermelada del gobierno como la de la oposición de derecha que hoy pretende alzar las banderas de la moralidad, la misma bandera con la que no ha hecho otra cosa que limpiarse el rabo. Pero igual o peor daño le viene haciendo la dirigencia de izquierda con su entreguismo, con sus posiciones obtusas y divisionistas que impiden que el movimiento popular y revolucionario asuma su tarea histórica de transformar  el actual sistema político que tanta miseria le genera a los trabajadores, que tanta miseria le genera a los campesinos, que poco a poco ha venido acabando con la salud, la educación y las posibilidades de una vida digna del pueblo colombiano. De la derecha me espero esa tendencia natural a la rapiña, ¿pero de la izquierda?, no, a la izquierda le exijo coherencia.
 
La lucha electoral podrá ser un medio, pero de ninguna manera debe ser el objetivo estratégico y lamentablemente lo que estamos viendo desde la izquierda electorera es una voracidad por ocupar curules en el congreso mediante alianzas donde como siempre buscan convivir a codazos y cabezazos, pero la disponibilidad de ponerse las botas para asumir las luchas populares no se ve en el horizonte, como tampoco la intención de despojarse de las dirigencias egocéntricas y personalistas.
 
Uribe ha tomado a pecho el adagio popular de que quien golpea primero golpea dos veces, y está tratando de apropiarse de los escenarios que otrora eran el espacio natural de las organizaciones revolucionarias, pero como a todo usurpador debemos despojarlo de su falso ropaje y de lo que se apropia, debemos apostarle desde los procesos de base a la organización del pueblo, a la elevación del nivel de conciencia de las masas, a preparar desde todos los ángulos las jornadas de protesta, el paro cívico nacional, la caída del gobierno burgués que tenemos y el que está por venir y para quienes no hacen sino magnificar la lucha electoral en perjuicio de las otras formas de lucha no les caerá mal una lectura de lo sucedido hoy 26 de Marzo en las elecciones de Cajamarca contra la mega minería a cielo abierto, para que conozcamos el alcance del corrupto sistema electoral y en función de que intereses está.
 

 

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

La presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, fue demandada por el partido Centro Democrático por el delito de presunta injuria agravada. Sin embargo  Avella ha asegurado que considera que en este momento una denuncia no es tan importante comparada a las alarmantes situaciones que se vienen presentando en contra del movimiento social en el país.

Aída Avella afirmó para los micrófonos de contagio radio que lo que más le preocupa son “las matanzas de los campesinos en este país” y la poca atención que el Estado le está dando a esta problemática. “Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos que  la vida de un campesino es tan importante como la de un ministro”. Le puede interesar: "No les vamos a dar el gusto de desfallecer: Marcha Patriótica"

Y es que según Avella, en las últimas horas se dio a conocer el homicidio de Jorge Ramírez Guzmán, campesino que habitaba en la vereda Santa Rosa del Arcial, en el corregimiento de Piñalito en el departamento de Córdoba, los hechos se habrían presentado el pasado  27 de noviembre cuando Ramírez se dirigía a revisar el acueducto comunal. Hasta el momento no se conoce como se dio la acción violenta.

Estos actos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, dirigentes y líderes del movimiento social y sindicalistas tiene detrás a las mismas personas que intentaron exterminar al partido político Unión Patriótica, “Por qué hay un plan grande contra la Marcha Patriótica, eso quiere decir que hay autores intelectuales y hay financieros, y como hay esa clase de cosas el Estado no puede dejar de castigar este tipo de cosas”.

De igual forma Aída Avella expresó que le ha pedido al Físcal General de la Nación que revele la lista de las personas que financiaron en Antioquía el genocidio de la Unión Patriótica. Además afirmó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer estos casos sistemáticos.

“Yo creo que no se está iniciado otro genocidio es que se continúa el genocidio contra los sectores de oposición, es que aquí no se han desmontado las estructuras paramilitares que están completamente intactas” Afirmó la dirigente social y una de las sobrevivientes del exterminio a la Unión Patriótica.

Martes, 29 Noviembre 2016 04:46

Situación de terror y muerte en Colombia

"Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional"

COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas fuerzas oscuras que no han dejado de actuar, pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio. Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

  • Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

  • Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.


 

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

Luego de darse por concluida la etapa de investigación a Santiago Uribe, por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar llamado “los  12 apóstoles”, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a juicio.

Después de conocida la citación contra el hermano menor del senador Álvaro Uribe, Daniel Prado, abogado de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que se espera que este juicio pueda llegar a buen término y manifestó que no se pueden desconocer las pruebas que han hecho que el caso llegue a este momento.

“Durante los meses que llevamos de instrucción no ha cambiado nada, lo que si se ha reafirmado a través de testimonios y que es un hecho incontrovertible es que el grupo paramilitar “los 12 apóstoles” operaba en la región y que es causante de aproximadamente 900 homicidios y se ha develado el funcionamiento y la estructura de mando, en la que Santiago Uribe es fundamental.

Durante el tiempo que lleva la investigación, la Fiscalía ha decretado pruebas de oficio que ha pedido a la defensa y a las víctimas para poder identificar cuál era el andamiaje paramilitar de la región y qué otras personas estaban implicadas en el caso “otros hechos que la Fiscalía tendrá en cuenta en su momento es que se hacían campañas de limpieza social por parte de miembros de la familia Uribe Vélez… Aquí han surgido pruebas que vuelven a darle vida a este proceso y de las cuales le solicitamos a la Fiscalía tome cartas en el asunto”. Le puede interesar: Nuevo testigo reafirma vínculos entre familia Uribe Vélez y ‘los 12 apóstoles’

Por su parte, el defensor de Uibe, Jaime Granados , manifiesta que los testigos son mentirosos y locos. Sin embargo, la defensa de las víctimas, en cabeza de Prado manifestó “me parece muy irrespetuoso que el señor Granados siga mintiendo, él está engañando al país. Lamentablemente la incapacidad jurídica del doctor Granados no le ha permitido convencer a los fiscales de la inocencia de su defendido”.

Así mismo, Alberto Franco, representante legal de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que saludan esta decisión que a todas luces es importante porque “enaltece a las víctimas y es una decisión en honor a ellas”. Sin embargo, replico que ésta se da muy tarde “se habrían podido evitar muchos asesinatos, mucho dolor y mucho sufrimiento si se hubiera tomado a tiempo la decisión de actuar en derecho”.

Por su parte, Santiago Uribe afirma que lo que se encuentra detrás de este tema es una persecución política. Contrario a ello, Prado asegura que “lo que se pretende es tender una cortina de humo para que la gente no entienda cuál era la actividad criminal que llevaban a cabo algunos miembros de la familia Uribe Vélez en la región antioqueña”.

De no haber justicia en este caso, el abogado asegura que las víctimas han manifestado que la opción es irse a instancias internacionales, para buscar garantías en derecho que deban ser tomadas en el proceso, “el tema aquí es que esto es una pelea contra el poder no un problema probatorio (...) lo que hay que esperar es si el gran poder que maneja no hará que este caso quede en la impunidad” concluye.

20 años de investigaciones 

Santiago Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado a propósito de la constitución del grupo paramilitar "los 12 apóstoles" que cumplía operaciones en Yarumal, Antioquia.

Esta investigación comienza en el año 2010 cuando se decidió reabrir el proceso. Para esa época, se retoman las pruebas que ya habían sido practicadas con anterioridad y se comienzan a realizar otras que dan cuenta de los hechos acontecidos en 1994 en Yarumal.

Santiago, hermano del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, fue capturado el 29 de febrero de 2016 en Medellín y se mantiene desde marzo privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia). Le puede interesar:  Captura de Santiago develaría más delitos de familia Uribe Vélez

Página 1 de 2

  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
  • marx_foto_misu_joaco_pinzon

Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

Volver