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Óscar Naranjo nació en Bogotá en 1956.  y desde niño conoció la Policía, pues su papá era oficial de esa institución. Por los traslados de su padre vivió en varios lugares del país, incluyendo Neiva y Bucaramanga. Es el primer hijo de un general de la policía que siguió sus pasos hasta ser, a su vez general.

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Tras votación en el Congreso en marzo, fue elegido el primer uniformado en llegar a la Vicepresidencia de la República, tras la nominación hecha por el presidente Juan Manuel Santos, ante la salida de Germán Vargas Lleras de este cargo. 

Naranjo se graduó del colegio Calasanz, una escuela dirigida por religiosos españoles y de estudiantes de clase media alta. Entró a estudiar sociología en la Universidad Nacional, pero rápidamente abandonó las clases. A mediados de los años setenta, la facultad era un hervidero de ideas de izquierda y una de las más comprometidas con las manifestaciones que terminaban en pedreas contra y choques con la Policía. Naranjo se retiró para ingresar a la Javeriana, a estudiar periodismo.

En ese momento su padre, Francisco José Naranjo, era comandante de la Policía en Bogotá. Cuando Naranjo tuvo que escribir una crónica para una clase de la universidad, su papá le consiguió que acompañara a un grupo de policías que iba a rescatar a uno de los primeros secuestrados en el país. Eso bastó para que abandonara la Javeriana y solicitara el ingreso a la Escuela General Santander, aunque, por su conocida capacidad para relacionarse con los medios y para mantener una excelente imagen pública, parecería que el breve paso por la carrera le ha resultado muy útil.

En 1978 se graduó de oficial, e inicialmente trabajó en la escuela de oficiales de la Policía y en la dirección docente. Entre 1981 y 1983 su papá fue el director general, y Naranjo tuvo la oportunidad de empezar su carrera conociendo la institución por dentro y pensando en los temas claves, más que conociendo la vida cotidiana del policía de pueblo. Esa privilegiada posición le ha servido para entender la institución en detalle y le ha ayudado en su carrera.

Naranjo empezó su carrera en inteligencia cuando su papá pasó a retiro. Como capitán fue jefe del grupo de contrainteligencia de la Dijín donde, entre otras cosas, diseñó el estudio de seguridad del Palacio de Justicia, que presentó menos de un mes antes de la toma.

De ahí pasó a montar un sistema de inteligencia electrónica, con aparatos que permitían interceptar comunicaciones, hacer seguimientos a personas y de monitorear, vía satélite, su localización. Este sistema fue uno de los ases del Estado en la persecución de los grandes capos de la droga, como Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela.

Además, fue uno de los oficiales que colaboró con el entonces director de la Policía Rosso José Serrano en el proceso de mdoernización de la institución, que le cambió la cara a la Policía y le ayudó a recuperar la legitimidad que había perdido y que la llevó al brode de la desaparición.

Fue director de inteligencia entre 1995 y 2000. A ese cargo llegó a la sombra del entonces comandante de la Policía, Rosso José Serrano, de quien fue mano derecha en la reforma de la Policía, cuando fueron expulsados más de 11 mil policías y se reestructuró la entidad. El conocimiento de Naranjo de la formación de los policías, el respecto que había heredado por ser hijo de ex director y sus capacidades fueron claves en esta reforma.

Con Serrano, también tuvieron un papel clave en el llamado proceso 8.000. La Policía fue una fuente clave de la justicia en ese escándalo y Serrano se convirtió en protagonista de la política colombiana. Aunque Naranjo seguía a la sombra para la opinión pública, entre los políticos se convirtió en un personaje conocido - y, por algunos, temido. Para algunos de ellos, como era el hombre clave de la inteligencia policial, era el que tenía la información sobre ellos y la sartén por el mango.

Naranjo empezó a consolidar un poder considerable. A medida que la inteligencia de la Policía, a su cargo, se volvía clave en la lucha contra el narcotráfico, su liderazgo iba surgiendo. Como fue el encargado de crear y organizar la Dirección de Inteligencia de la Policía, que pasó a comandar, conocía al detalle el funcionamiento y los resultados de esa gran central de inteligencia. Además, era joven y exitoso, lo que no era del gusto de todos sus compañeros en la Policía.

Naranjo terminó de agregado policial en Londres, a donde lo envió Andrés Pastrana. Parecía el ocaso de su carrera, como suelen ser los cargos de agregados para militares y policías. Pero cuando Álvaro Uribe llamó al general retirado Teodoro Campo a tomar las riendas de la Policía, Campo nombró a Naranjo director de la Policía Metropolitana de Cali. Así renació su carrera.

En Cali, Naranjo volvió a enfrentarse con los capos del Valle. Su mayor foco estuvo en vigilar a Gilberto Rodríguez Orejuela, que había sido liberado, y recapturarlo tan pronto un juez lo solicitó. Además, se concentró en entender el emporio de los Rodríguez para poderlo desarticular. Pero sus logros en la lucha contra los grandes capos se empañaron por los escasos resultados en la seguridad urbana de Cali. 

De Cali pasó a ser el jefe de la Dijín en noviembre de 2003. Campo había salido de la Policía, en gran medida debido a un escándalo por la pérdida de dos toneladas de cocaína que había decomisado la Policía, y reemplazado por el general Jorge Daniel Castro. Con el remezón, Naranjo volvió a un cargo más propio de su perfil.

En la Dijín, fue clave en el desmantelamiento del Cartel del Norte del Valle. Es decir, mantuvo la línea de trabajo que había seguido en Cali y que le había granjeado una gran estima en organismos dedicados a la lucha contra las drogas, especialmente la DEA. En diciembre de 2005 fue ascendido a General, un escalón más en una carrera que cada vez llamaba más la atención de la opinión pública y de la prensa.

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Álvaro Uribe lo nombró Director General de la Policía Nacional en mayo de 2007, tras un escándalo por grabaciones ilegales que había hecho la Policía y que tumbó al comandante anterior, Jorge Daniel Castro, y a diez generales más.

Como director de la Policía fue una de las cabezas de operaciones exitosas como la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, y fue el encargado de manejar los computadores de ese jefe guerrillero y de solicitar a expertos de la Interpol su dictamen forense sobre la información que estaba contenida en ellos. También estuvo en cabeza de la muerte del 'Mono Jojoy'.

 

Uno de los momentos críticos de la carrera del general Naranjo fue cuando su hermano Juan David fue capturado en Alemania en 2005 por narcotráfico, lo que propició que personas como el ex canciller venezolano Ramón Rodríguez Chacín afirmaran que el general Naranjo también hacía parte de una red de narcotraficantes. En 2004 una ex fiscal dijo que Naranjo estaba siendo investigado por vínculos con el narcotraficante alias 'Jabón', pero esa investigación no llegó a nada y Naranjo siempre ha rechazado esas acusaciones.

Bildergebnis für imagen  hermano del general naranjo en alemaniaEn diciembre de 2010, Juan Manuel Santos lo ascendió a general de 4 estrellas, un nuevo grado creado en ese año. Fue el primer oficial de Policía en recibirlo. Y en abril de 2012 presentó su carta de renuncia, que se hizo efecitva a mediados del año.

Tras su retiro de la institución, fue merecedor de la Orden al Mérito Empresarial José Gutiérrez Gómez entregada por la ANDI y del Tributo Revista Semana – Royal Salute al Liderazgo Ejemplarizante.

En mayo de 2013, Foreign Policy lo incluyó como uno de los 500 personajes más poderosos del mundo en su edición The Power Issue y Naranjo pasó a dirigir el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía del Sistema Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey, y asesorar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de México.

En 2012 Santos lo nombró como parte de la representación del Gobierno la mesa de negociaciones de La Habana y en 2013 entró a la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno, organización que pretendía reelegir las políticas del presidente Santos.

Después de la reelección de Santos y como parte de su reforma al funcionamiento de la Casa de Nariño, nombró a Naranjo como Ministro Consejero para el Posconflicto, un cargo nuevo y directamente vinculado a los resultados de las negociaciones con als Farc y el Eln.

Con información de la silla vacía.com

Fuente imagenes Internet

 

Con 95 votos a favor y 6 en contra fue aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Cámara de Representantes, como parte de las medidas pactadas entre el gobierno y las FARC para cumplir con la implementación de los acuerdos, luego de esto la JEP deberá pasar a sanción presidencial .

Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que ha existido una lentitud en puntos en que se ha pretendido re negociar los acuerdos de paz e incumplimientos con lo que se firmó en el Colón, y agregó que existen reservas frente a las modificaciones de la JEP  y“como quedo finalmente esta reforma a la Constitución”.

Las reservas a las que la representante se refieren, son la responsabilidad en la cadena de mano y la responsabilidad de terceros en el conflicto armado, en ambas situaciones Robledo y Alirio Uribe presentaron dos proposiciones, la primera buscaba acotar y precisar la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares, que ha quedado difusa, encendiendo las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional. Le puede interesar: "Si Estado no juzga a empresarios y mandos militares que lo haga la CPI"

La segunda era sobre la manera en la que quedaron blindados los terceros involucrados en el conflicto armado, sin embargo, ninguna de las proposiciones pasó y tanto víctimas como organizaciones sociales han expresado la posibilidad de que la impunidad continúe. Le puede interesar: "Abril es el plazo para tareas pendientes en Implementación de Acuerdos de Paz"

No obstante, Robledo indicó que aún falta la revisión y aprobación del texto por parte de la Corte Constitucional, que podría esclarecer estos dos puntos y la importancia de una movilización social para que no le metan “conejos” a la JEP.

"Por tal razón exigimos al Gobierno del Presidente Santos que atienda con carácter urgente los justos reclamos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declarados en Asamblea Permanente, con soluciones puntuales en consonancia con los compromisos junto al Secretariado de las FARC-Ep, adquiridos en el balance de los primeros 100 de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, según lo expresado en el Comunicado Conjunto número 16".

Señoras y señores:

Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Circuito Judicial de Bogotá


Reciban nuestro saludo fraternal


A veinticinco días de iniciada la Asamblea Permanente de las y los trabajadores judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a la que ya empiezan a sumarse las y los trabajadores judiciales de los circuitos de Tunja y Bucaramanga y se espera la posible adición de otros a nivel nacional; hemos logrado llevar a cabo con éxito una reunión informal entre los voceros del Colectivo de Presos Políticos de las FARC-EP, del pabellón 4 de La Picota, Columan Domingo Biohó, y voceros de las y los jueces y trabajadores judiciales en Asamblea representados a través de algunos de sus sindicatos. Esto gracias a la gestión de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y la colaboración de la guardia del INPEC que nos facilitó el Observatorio de DDHH del penal para dicho encuentro.

En esta reunión pudimos intercambiar de manera respetuosa, fraternal, constructiva y propositiva  tanto las inquietudes y preocupaciones de los presos políticos frente a las demoras y obstáculos que percibimos frente a la aplicación de la Ley 1820 como de su decreto reglamentario 277; así como las razones estructurales y problemáticas de marras que han llevado a jueces y trabajadores judiciales a declararse en asamblea, sus planteamientos y visiones sobre las limitaciones de personal operativo, logística y presupuesto que les han impedido atender las solicitudes de amnistias y libertades condicionadas, al igual que las peticiones de ley del conjunto de la población carcelaria que tienen a su cargo.

Queda claro que las y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá comprenden y comparten la importancia de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, de la Ley 1820 y el decreto reglamentario 277, pese a ser conscientes de las inconsistencias de estos documentos que dificultan su aplicación en la práctica. En este sentido, fueron enfaticos que las y los jueces de ninguna manera se oponen al Acuerdo de Paz ni pretenden ser un obstáculo en la aplicación de la Ley de Indultos y Amnistias.

Igualmente los presos políticos dejamos clara nuestra comprensión, máxime con la ilustración recibida por su parte, como nuestro respaldo a la justa lucha y a la legitimidad de las peticiones de las y los jueces de ejecución de penas y trabajadores judiciales que exigen razonablemente soluciones permanentes, adición presupuestal y nombramiento de personal operativo suficiente para atender la carga de responsabilidades, que en la actualidad rebasa lo humanamente posible sin consideración a sus posibilidades objetivas.

En este orden de ideas los presos políticos de las FARC-EP seguiremos manteniendo abiertos, bajo la orientación y autorización de nuestras instancias superiores de direccion,  los canales de diálogo e interlocución con ustedes, en procura de seguir construyendo propuestas de solución a sus problemáticas específicas que viabilicen la implementación de la Ley 1820 en el marco de la implementación general de los Acuerdos de Paz, toda vez que compartimos la claridad sobre la necesidad de una aplicacion efectiva de Justicia como fundamento para la construcción de una Paz sólida y duradera.

Por tal razón exigimos al Gobierno del Presidente Santos que atienda con carácter urgente los justos reclamos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declarados en Asamblea Permanente, con soluciones puntuales en consonancia con los compromisos junto al Secretariado de las FARC-Ep, adquiridos en el balance de los primeros 100 de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, según lo expresado en el Comunicado Conjunto número 16.

Reiteramos nuestro llamado a la creatividad para construir soluciones mancomunadas que sumen a la construcción de Paz mientras conquitamos las soluciones que ustedes y el país en materia de Justicia requieren.

Nos despedimos fraternalmente,

Presos Políticos de las Farc - ep
Colectivo Columna Domingo Biohó
Patio 4 La Picota
Bogotá 27 de marzo de 2017.

En un comunicado emitido por la fuerza de tarea conjunta Pegaso, del Comando del Ejército Nacional, lleno de muchas imprecisiones, se anunció la desmovilización y entrega hoy de 117 de personas en Tumaco.

Llama la atención que la inteligencia del ejército en Tumaco, una de las más versadas en estas lides, reciba a 117 personas, diciendo que “al parecer son integrantes de las Redes de Apoyo a la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc”. Es un tanto increíble que los reciban, que organicen un gran cubrimiento mediático y sin embargo, aún no saben con certeza de que grupo son.

El comunicado castrense no está firmado por autoridad alguna pero si se asegura que la opinión publica sepa que en el proceso intervinieron la Alcaldía Municipal de Tumaco, la Organización de Naciones Unidas –ONU-, Defensoría del Pueblo, ICBF, CICR, Diócesis de Tumaco y Personería. Sería bueno que estas entidades se pronuncien ¿en calidad de qué participaron en este proceso?, ¿en qué momento del proceso intervinieron? y si ¿se aplicaron los protocolos que para estos casos deben aplicarse? a fin de determinar la veracidad de los hechos y de quienes se presentan como supuestos excombatientes.

Pero otro lado, hay un hecho muy sospechoso. De 117 supuestas personas desmovilizadas, el ejército solo haya recibido un armamento compuesto por “Un fusil AK-47, un fusil R-15, un fusil M-1, una subametralladora, 13 pistolas de diferentes calibres, siete revólveres de diferentes calibres, tres granadas hechizas, una granada de mano y dos radios de comunicación”, es decir se recibió un promedio de 0.24 armas con excombatiente. Nunca jamás se había visto un promedio tan bajo en un proceso de desmovilización.

El comunicado informa que los menores de edad fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sería interesante que el ICBF, entidad que ha sido muy acuciosa en el el reclamo de menores de edad a las Farc-Ep en este proceso, informe a la ciudadanía cuantos niños recibió y en qué condiciones los encontró?

El comunicado termina con la consigna “¡La Pegaso es Nariño!” queriendo ocultar lo inocultable. Que esta es otra farsa y otro show y montaje que recuerda la tristemente célebre desmovilización del frente “Cacica la Gaitana” engaño dirigido y orquestado por el Uribismo a través del también tristemente célebre y prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, show montado con dineros del Estado, de la comunidad internacional, y hasta de un narco, que sirvieron para “pagar el silencio” de quienes participaron del “show”

Todo esto huele mal. Ojala las entidades de gobierno local, del ministerio público y de cooperación que participaron, no hayan sido asaltadas en su buena fe. Amanecerá y veremos

La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo. Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26 Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad.

La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza. Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible, no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios. Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso, en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación política y se vaya avanzando en la implementación.

El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un 95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto, fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad internacional.

Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de reincorporación.

Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el 1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180». Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana. Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese es uno de los debates abiertos ahora.

Escribe el Bloque Occidental desde las montañas del Sur occidente de Colombia en el IX aniversario del fallecimiento de Manuel...

Leamos en mensaje conocido por ANNCOL:

IX Aniversario de la desaparición física de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez

Pedro Antonio Marín, oriundo del Tolima, como cualquier joven campesino veía con preocupación las dificultades por las que atravesaba su familia y vecinos al no contar con un apoyo seguro y suficiente para la producción, la falta de infraestructura y servicios sociales en áreas rurales, como la educación, salud, recreación, alcantarillado y buenas vías, necesarios para sobrellevar una vida medianamente tranquila y salir adelante; en cambio, tuvo que experimentar la persecución estatal frente a señalamientos injustos, por pensar que él y sus coterráneos tenían derecho a vivir en mejores condiciones.

Después del 9 de abril de 1948, tras el asesinato (aún impune) del líder popular liberal: Jorge Eliecer Gaitán, él como muchos otros fueron señalados, estigmatizados y sufrieron el miedo de ser ajusticiados por mercenarios, delincuentes que, tras ser liberados de las cárceles por orden gubernamental, se pusieron a disposición del orden vigente para “exterminar todo lo que oliera a Rojo-liberal o comunista” y fueron llamados los “pájaros”.

¿Qué podría hacer un grupo de gente campesina que tenía sentenciada la muerte, solo por pensar que el gobierno debía brindarles mejores condiciones? Así se vieron muchos y muchas abocados a huir en defensa de su vida al cobijo de la montaña, huyendo del terror de los ajusticiamientos y la metralla, pero como dicen los mayores “¡no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista!” y en medio de la espesura de la selva, adaptándose a la humedad y a la convivencia grupal, se gestaron las ideas de lucha por los derechos no solo de cada campesino que se refugiaba en los brazos de esas montañas, sino de los derechos, oportunidades y garantías de cada uno y cada una de los colombianos y colombianas, que debieron soportar gobiernos implantados a sangre y fuego, que se enraizaron con el mantenimiento de la pobreza, la mentira y el temor.

Siempre su sueño fue vivir en paz, mientras los noticieros, curas y maestros lo pintaron de guerra, campesinos de muchas regiones alcanzaron a distinguir un Marulanda amable, bondadoso, solidario y siempre seguro que su causa era la causa de los muchos marginados, excluidos y estigmatizados. Por eso muchos fueron sus intentos de concretar con gobiernos de turno acuerdos que dejaran atrás la guerra y plantearan una verdadero Estado social de derecho, donde el gobierno a través de sus instituciones asumiera su papel de administrador fiel de los recursos públicos para la garantía de los derechos de todos y todas, con una real democracia revestida del derecho de la participación libre de los ciudadanos y ciudadanas que con carácter vigilante de las necesidades comunes estuvieran dispuestos a ser guías del trabajo del gobierno. Sin embargo, la deshonestidad y la traición a la patria pudo más y prefirió resguardar un Status Quo, quieto inmóvil, pútrido; en el que campea el autoritarismo, la corrupción y el servilismo a poderes económicos internos y extranjeros, antes que velar por el derecho de los propios.

Manuel murió el 26 de marzo de 2008, invicto, cerro sus ojos bajo el arrullo de los pájaros, escuchando el correr de las aguas y disfrutando de la brisa de aquel día; muchas veces lo mataron, en primera plana desearon mostrarle como trofeo y sin embargo, él en su insistencia se quedó plantado en su tierra, en medio de la espesura del monte, el mismo que lo cobijo una y otra vez para resguardarle de las balas asesinas, de las bombas y metralla que intentaron arrancarle la vida. Manuel sucumbió en la tierra, Manuel se volvió semilla, y germinó en cientos y miles de Manueles y Manuelas, cientos y miles de esperanzas por una Colombia en Paz.

Nosotros, hijos de Manuel insistimos, como se insiste cuando se quieren cosas mejores, en que es preciso apostarle a la paz y nuevamente, a pesar de las traiciones que llevaron a la muerte a muchos y muchas de nuestros combatientes; a pesar de los incumplimientos del gobierno revestidos de excusas pueriles, debemos seguir insistiendo en la implementación de los acuerdos logrados a partir del trabajo arduo, consciente y mancomunado de nuestros y nuestras camaradas, durante casi cinco años de gestación del proceso de paz. Porque al igual que un hijo del pueblo, de nada sirve parirlo, sino lo alimentamos, educamos y lo apoyamos para que se haga fuerte y se convierta en el mejor ejemplo a seguir ante los ojos de cualquiera.

El proceso de paz, fue el sueño de Manuel, el sueño de Pedro Antonio Marín un joven campesino que creyó que, a pesar de todo, otra Colombia es posible, una Colombia basada en valores humanos, soberana, democrática y justa. A los Manueles y Manuelas que ha forjado esta lucha, queda decirles Ni un Paso atrás, a los Manueles y Manuelas que están por sumarse bienvenidos y bienvenidas a una vida de lucha.

Montañas del Sur occidente de Colombia Marzo 26 de 2017

 FARC-EP Occidente

Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano (BOCAC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.

Las comunidades colombianas afectadas por el paramilitarismo y las transnacionales animan siempre al Parlamento Vasco, como lo ha hecho el Parlamento Catalán, a dar los pasos necesarios para supervisar la actuación de las empresas vascas en su actuar en terceros países en su cumplimiento de las responsabilidades en materia de Derechos Humanos:

 

Según la información suministrada por la comunidad, Oteca se encontraría en la Hacienda Miraflores, propiedad de Incauca, cuando unos hombres vestidos como trabajadores del lugar realizaron los disparos con arma de fuego que acabaron con la vida del comunero.

La presencia de Javier Oteca en la Hacienda, se debe a las actividades de liberación de la Madre Tierra que adelantan los cabildos de Corinto, Cauca y por los que han sido sistemáticamente amenazados y estigmatizados. Según el Consejo Regional Indìgena del Cauca-CRIC “La liberación de la Madre Tierra, además de ser un mandato ancestral es un derecho legítimo de las comunidades, que a pesar del dolor, la persecución y la muerte se mantendrán firmes en los puntos de liberación.”

El día de ayer, las autoridades indígenas habían convocado al Gobierno Nacional a participar de su Asamblea del Plan de Vida Cxha Cxha Wala con el fin de dialogar sobre el plan nacional de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. La invitación fue ignorada por el gobierno y los indígenas continuaron su jornada de manera autónoma. El día de hoy, los indígenas reclaman la ausencia del Estado, no sólo en la jornada del Plan de Vida sino, en general, en los territorios indígenas que cada vez son más victimizados.

En diciembre del año pasado, miembros del Cabildo Indígena de López Adentro también en Corinto-Cauca habrían denunciado la presencia de grupos paramilitares en sus territorios ancestrales. Para esa época, Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto,  señalaba que se declaraban en “en alerta roja por la situación que ha generado también la presencia de panfletos desde la semana pasada en Corinto. Con la presencia de estos panfletos se presenta una situación de desequilibrio que daña la armonía, nos pone en riesgo, no solo a las autoridades, sino a la comunidad entera”,

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes  también denunció que el 27 de febrero de este año  fue asesinado Éder Cuetia Conda padre de dos menores de 2 y 14 años de edad y comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Mientras se aclaran los móviles y responsables del asesinato del comunero Javier Oteca, sigue aumentando  la  crisis de DDHH y el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia.

“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

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