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En entrevista con la rpaSUR_Radio el jefe guerrillero de las FARC Henry Castellanos “Romaña”, se expresa sobre el incumplimiento del gobierno colombiano y afirma que “a 4 meses de empezar a discutir la implementación de los acuerdos, a 50 días de la firma del acuerdo general en Bogotá, hasta hoy no han llegado los beneficios de dichos acuerdos a los territorios”
 

Escuchemos:

 

Montería.-Una grave situación en materia de derechos humanos se presenta en el departamento de Córdoba, donde 4 de los principales defensores y líderes del Movimiento Político y social Marcha Patriótica acaban de ser amenazados de muerte por el grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas”.  Mediante un panfleto introducido en la tarde del domingo 12 de febrero en la sede de Marcha Patriótica, ubicada en la Carrera 15D Nro. 39-38 del Barrio la Floresta en la Ciudad de Montería el grupo criminal sentencia de muerte a Arnovis Zapata, Elena Mercado, Iván Ojeda y Andrés Chica.

Arnovis Zapata, es representante legal de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – ASCSUCOR; Elena Mercado y Andrés Chica, son dirigente de la Fundación Cordoberxia, organismo defensor de los Derechos Humanos, mientras que  Iván Ojeda es egresado de la Universidad donde ejercía como dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU y en la actualidad asesoraba en materia de defensa de los derechos humanos a los integrantes de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS-.

En comunicado oficial de la Marcha Patriótica, se repudia el panfleto amenazante en el que los grupos criminales al servicio de la extrema derecha colombiana y el fascismo declaran objetivo militar a 4 líderes de esta organización, cuyo ejercicio en la región cordobesa ha sido fundamental en el impulso del proceso de paz y la implementación del mismo.

El Movimiento Político y social Marcha Patriótica acaba de llevar a cabo el fin de semana la reunión de Comité Patriótico Nacional COPAN en el que analizó el escenario de la implementación de los acuerdos de paz y las perspectivas políticas del país, al tiempo que se conoció su más reciente informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia, y especialmente, entre sus militantes y otros líderes sociales.

El documento señala que a la par de una reducción de las muertes en medio del conflicto armado, se dio un incremento “exponencial” de víctimas civiles por sus actividades socio políticas. El período de agosto 2016 hasta el 29 de enero de 2017 son 419 los atentados adelantados por enemigos de la paz contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos muchos que hacen parte de la Marcha Patriótica.  Por ello, se le reclama al Estado colombiano plenas garantías y el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz con la insurgencia en el sentido de atacar y desmontar las estructuras criminales de paramilitarismo en las regiones del país.

 

Miles de manifestantes antitaurinos se concentrarán nuevamente este domingo 29 de enero en la capital colombiana para expresar su repudio al maltrato contra los animales. La cita se ha realizado a través de las redes sociales para la 1 de la tarde en la carrera séptima, entre la calle 24 y el Planetario Distrital. A la convocatoria se han sumado los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que adelanta la recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde Mayor.

 

La manifestación antitaurinos es y será siempre de carácter pacífico, busca ratificar que la ciudad de Bogotá será una ciudad para la vida y nunca para la muerte, indica uno de los organizadores de la concentración del domingo 29 de enero.

 

Cabe resaltar, que tras los desmanes del grupo ESMAD de la Policía Nacionalel durante las protestas el domingo anterior que originaron varias decenas de heridos y algunos detenidos, se llevó a cabo una reunión entre los voceros de los manifestantes antitaurinos y el General Perilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Mebog, en la cual se acordó un plan operativo para evitar abusos y atropellos por parte de elementos del organismo policial.

 

Los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa extienden la invitación a la ciudadanía en general para que mediante sus distintas formas de expresión cultural y lúdica hagan sentir su rechazo a la barbarie, la muerte y sangre que conllevan las corridas de toros.

 

 

ANNCOL registra nuevo atropello del INPEC sucedido en la Modelo de Bucaramanga. No puede ser que "a espaldas del gobierno colombiano" se cometan actos de barbarie. Esto es pura y física Doctrina de la Seguridad Nacional y su aplicación: El Enemigo Interno:

Cerca de cincuenta "plumas", paracos y delicuentes, en complicidad del INPEC, asaltaron y golpearon en forma salvaje al Camarada Aimer Serrano Serrano y, dos camaradas más, en el patio quinto de la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Luego, los complices, INPEC, los arrastro a la UTE, unidad de terror especial, sin prestar ninguna atencion sanitaria.

Hoy, domingo 15 de enero, le negaron la visita a sus familiares.
Exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos, el traslado inmediato de los camaradas a las celdas de Bogotå, tal como está estipulado en los acuerdos de La Habana.

!LIBERTAD INMEDIATA PARA Los PRISIONEROS POLITICOS!

Jairo Lesmes
Exprisionero Politico
FARC-EP.

Así lo expresó Jorge Luis Espitia, dirigente juvenil de la Marcha Patriótica del departamento de Córdoba, al final de la jornada de sepelio del dirigente agrario de la Asociación Campesina ASODECAS, José Yimer Cartagena Úsuga, llevada a cabo en el Corregimiento Saiza, Municipio Tierralta del departamento de Córdoba.

“Queremos la paz con justicia social y le reclamamos al Gobierno Nacional plenas garantías para el ejercicio del impulso de los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC, los sectores sociales están cansados de la guerra que solo deja muerte y destrucción”, indicó Jorge Luis Espitia.

En Carepa (Antioquia) el día viernes 13 de enero se llevaron a cabo actos religiosos y manifestaciones de indignación y repudio por parte de centenares de delegados provenientes de varios municipios que llegaron desde sus regiones para despedir al líder agrario secuestrado y asesinado el martes 10 cuando se desplazaba en vehículo por la carretera de las veredas el Llano y El cerro (Saiza) hacia el casco urbano de Carepa. Fue raptado y torturado en el sitio La petrolera. Su cuerpo sin vida fue localizado por las autoridades, el crimen levantó una ola de condena en el país y el exterior.

Durante el sepelio las amenazas de los paramilitares en esta región colocaron en riesgo la vida de varios dirigentes que asistieron como Luis Carlos Herrera (Presidente de ASODECAS), Iván Ojeda (Defensor de DDHH ASODECAS), Alexander Arteaga (Coordinador de JR Córdoba), quienes tuvieron que ser resguardados por varios miembros de la comunidad,  de organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades, logrando que regresaran a Carepa sin contratiempos.

En la región del alto Sinú, sur de Córdoba, muy cerca de la zona veredal donde se concentrarán las FARC para su desarme y conversión en partido político mantienen presencia y realizan sus acciones criminales grupos de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas, por lo que diferentes sectores de la sociedad exige al Gobierno Nacional aplicar la ley y poner en cintura a estos grupos paramilitares.

 

Lunes, 26 Diciembre 2016 08:00

En Cauca es asesinado líder campesino

Ayer 25 de diciembre hacia las 9:30 de la mañana en la vía que comunica del Plateado a Argelia, Cauca, en el Punto llamado el Chamuscado, vereda Deziderio Zapata, fue asesinado el líder comunitario Anuar José Álvarez Armero, socio de ASCAMTA, líder campesino de la vereda Mirolindo y perteneciente al Comité cocalero de esa vereda.

El líder se transportaba en una motocicleta eco delux, desde el Plateado hasta su casa en la vereda Mirolindo, en el trayecto fue alcanzado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Honda color azul, quienes le dispararon en tres ocasiones en el pecho con arma corta, causándole la muerte.

Noticia en desarrollo...

Con información de la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”. Fuente foto Internet

Ver Asesinatos de líderes sociales son práctica sistemática: Somos Defensores.

 
Jueves, 08 Diciembre 2016 03:36

Una audiencia al ¡ROJO VIVO!

Se realizó el día de hoy 7 de diciembre de 2016, Por convocatoria los parlamentarios Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Ivan  Cepeda, Alberto Castilla e Inti Asprilla la audiencia pública para discutir acerca de: “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, del Congreso de la República, con transmisión en directo por el Canal Institucional y por el Canal del Congreso. 


Con la presencia del Ministro de Interior, doctor Juan Fernando Cristo, al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas, al Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez; al Director de la Policía Nacional, señor general Jorge Hernando Nieto, a la Procuradora General de la Nación (e), Marta Isabel Castañeda; al Defensor del Pueblo, doctor Carlos Negret; al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro; al Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora Arango; a la Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, doctora, Paula Gaviria y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Todd Howland, entre otras personalidades.

 

Las conclusiones fundamentales apuntan a encontrar salidas contra los crímenes contra la paz, implementando políticas públicas integrales y territoriales, pues aun persiste un discurso paramilitar que está muy vivo y se necesitan con urgencia reales garantías para los defensores de DDHH.

 

En los tres paneles que sesiono la audiencia se escucharan gravísimas denuncias contra el paramilitarismo y la clara connivencia con las FFMM e instituciones del Estado y todo indica que hay un nuevo plan de exterminio bien financiado por los enemigos de la paz.

 

Los funcionarios del Estado se niegan a reconocer esta realidad de guerra contra los defensores de DDHH, en casi todo la geografía nacional, es un panorama de violencia que continua en la más absoluta impunidad, con el desmoronamiento de las garantías para el ejercicio de la defensa, promoción y materialización de los DDHH:

 

Estos ataques contra los defensores de derechos humanos nos preocupan su aumento y sistematicidad en todos los ámbitos con amenazas a través de panfletos, estigmatizaciones, informaciones distorsionadas de la actividad legal que realizan las organizaciones sociales, comunales y sectores de oposición de izquierda al Gobierno.

 

Es muy curioso que la Fiscalía informe en dicha audiencia que ahora si han conformado un grupo especifico en la Unidad de Contexto para judicializar a los responsables de los crímenes y genocidio contra la Unión Patriótica, cuando esta ad- portas de implementarse la Jurisdicción Especial para la PAZ.

 

Que van a declarar “delito de lesa humanidad” todo el exterminio que realizaron los paramilitares en el Uraba- Antioqueño, cuando es de público conocimiento quienes fueron los autores materiales e intelectuales de esas masacres y extermino.

 


Por lo pronto las intervenciones de los defensores de los DDHH, hicieron un unánime llamado a implementar urgentemente el Nuevo acuerdo Paz suscrito entre el Gobierno Nacional Y las FARC-EP, en lo que respecta al compromiso con la promoción y respeto y las garantías de los DDHH, estableciendo alertas tempranas reales y efectivas, prevención y protección, la no repetición y que de verdad se tomen todas las medidas institucionales para evitar un segundo Plan baile rojo.

 

 

 

 

Martes, 29 Noviembre 2016 04:46

Situación de terror y muerte en Colombia

"Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional"

COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas fuerzas oscuras que no han dejado de actuar, pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio. Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

  • Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

  • Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.


 

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

El testimonio de Juan Carlos Meneses fue tenido en cuenta por la Fiscalía para llamar a juicio al hermano menor del expresidente Uribe.

En esta entrevista exclusiva para BLU Radio, Juan Carlos Meneses, el que es hoy el principal testigo contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, reafirmó la columna vertebral de su testimonio, que tuvo en cuenta la Fiscalía para llamar a juicio al hermano menor del expresidente Uribe.

De acuerdo con Meneses, Santiago era el jefe del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, que delinquió en Yarumal, Antioquia, y sus alrededores a finales de la década de los 80 y hasta mediados de los 90, y que según informaciones de la Fiscalía asesinaron a más de 100 personas en lo que se conoció como una campaña de limpieza social y accionar contra supuestos colaborares de las guerrillas.
Juan Carlos Meneses, quien hoy se encuentra privado de la libertad por el homicidio de Camilo Barrientos, el conductor de un bus escalera asesinado, supuestamente, por ese grupo paramilitar comandado y liderado –según su testimonio- por Santiago Uribe, aseguró que quien dio la orden de asesinarlo fue Santiago, porque consideraba que Barrientos era colaborador de las FARC.
Meneses también dijo en la entrevista que el grupo paramilitar se empezó a conocer como Los 12 Apóstoles, luego de que el cura del municipio Gonzalo Palacio (quien aún vive en el barrio San Joaquín, en Medellín) ingresara como informante al grupo, pero en plata blanca eran más colaboradores.
Habló también de sus reuniones en la hacienda La Carolina, de propiedad de Santiago, el fortín y centro de inteligencia–según Meneses- de los paramilitares de Los 12 Apóstoles.
Finalmente, aseguró que varios de los excolaboradores del grupo empezaron a ser asesinados luego de que la justicia empezó a averiguar las muertes en ese municipio antioqueño, a finales de los 90. Según Meneses, en el pueblo y otras fuentes vinculadas al proceso aseguran que los asesinaron para no enlodar judicialmente a Santiago Uribe Vélez. 

Luego de darse por concluida la etapa de investigación a Santiago Uribe, por sus posibles vínculos con el grupo paramilitar llamado “los  12 apóstoles”, el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió llamarlo a juicio.

Después de conocida la citación contra el hermano menor del senador Álvaro Uribe, Daniel Prado, abogado de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que se espera que este juicio pueda llegar a buen término y manifestó que no se pueden desconocer las pruebas que han hecho que el caso llegue a este momento.

“Durante los meses que llevamos de instrucción no ha cambiado nada, lo que si se ha reafirmado a través de testimonios y que es un hecho incontrovertible es que el grupo paramilitar “los 12 apóstoles” operaba en la región y que es causante de aproximadamente 900 homicidios y se ha develado el funcionamiento y la estructura de mando, en la que Santiago Uribe es fundamental.

Durante el tiempo que lleva la investigación, la Fiscalía ha decretado pruebas de oficio que ha pedido a la defensa y a las víctimas para poder identificar cuál era el andamiaje paramilitar de la región y qué otras personas estaban implicadas en el caso “otros hechos que la Fiscalía tendrá en cuenta en su momento es que se hacían campañas de limpieza social por parte de miembros de la familia Uribe Vélez… Aquí han surgido pruebas que vuelven a darle vida a este proceso y de las cuales le solicitamos a la Fiscalía tome cartas en el asunto”. Le puede interesar: Nuevo testigo reafirma vínculos entre familia Uribe Vélez y ‘los 12 apóstoles’

Por su parte, el defensor de Uibe, Jaime Granados , manifiesta que los testigos son mentirosos y locos. Sin embargo, la defensa de las víctimas, en cabeza de Prado manifestó “me parece muy irrespetuoso que el señor Granados siga mintiendo, él está engañando al país. Lamentablemente la incapacidad jurídica del doctor Granados no le ha permitido convencer a los fiscales de la inocencia de su defendido”.

Así mismo, Alberto Franco, representante legal de la Comisión de Justicia y Paz aseguró que saludan esta decisión que a todas luces es importante porque “enaltece a las víctimas y es una decisión en honor a ellas”. Sin embargo, replico que ésta se da muy tarde “se habrían podido evitar muchos asesinatos, mucho dolor y mucho sufrimiento si se hubiera tomado a tiempo la decisión de actuar en derecho”.

Por su parte, Santiago Uribe afirma que lo que se encuentra detrás de este tema es una persecución política. Contrario a ello, Prado asegura que “lo que se pretende es tender una cortina de humo para que la gente no entienda cuál era la actividad criminal que llevaban a cabo algunos miembros de la familia Uribe Vélez en la región antioqueña”.

De no haber justicia en este caso, el abogado asegura que las víctimas han manifestado que la opción es irse a instancias internacionales, para buscar garantías en derecho que deban ser tomadas en el proceso, “el tema aquí es que esto es una pelea contra el poder no un problema probatorio (...) lo que hay que esperar es si el gran poder que maneja no hará que este caso quede en la impunidad” concluye.

20 años de investigaciones 

Santiago Uribe, es acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado a propósito de la constitución del grupo paramilitar "los 12 apóstoles" que cumplía operaciones en Yarumal, Antioquia.

Esta investigación comienza en el año 2010 cuando se decidió reabrir el proceso. Para esa época, se retoman las pruebas que ya habían sido practicadas con anterioridad y se comienzan a realizar otras que dan cuenta de los hechos acontecidos en 1994 en Yarumal.

Santiago, hermano del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, fue capturado el 29 de febrero de 2016 en Medellín y se mantiene desde marzo privado de su libertad en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia). Le puede interesar:  Captura de Santiago develaría más delitos de familia Uribe Vélez

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