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Farc se dirige a Jean Arnault. "Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación", advierten.

Señor JEAN ARNAULT

Representante del Secretario general de NNUU para el proceso de paz

 El último contingente guerrillero conformado por combatientes de los Frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC ya está en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Agua Bonita, en Montañita Caquetá. Se ha concluido de esta manera el ciclo de ubicación de las FARC en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización convenidos. Con este paso trascendental e histórico hemos reafirmado nuestra indeclinable determinación de paz.

Sin embargo, como es de conocimiento público, ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad. Todos ellos están pernoctando en cambuches improvisados, y no es cierto que el 80 por ciento de las áreas comunes están concluidas como lo afirma la cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). A la gente nuestra le ha tocado hacer sus dormitorios con plásticos y palos al mismo tiempo que ponen su mano de obra en la construcción de las mencionadas áreas comunes y de lo que irán a ser sus lugares de vivienda. Si hay demora en las construcciones no ha sido por falta de voluntad de las FARC, sino porque los materiales no llegan a tiempo, aunque advertimos en la última etapa mayor empeño de parte del Gobierno en resolver este tipo de dificultades.

Valga precisar que lo que la cancillería y la OACP denominan Tercera Fase, que sería la construcción de los alojamientos por parte de las FARC, no es una responsabilidad nuestra sino del Gobierno. No obstante obstante, estamos poniendo toda nuestra cooperación, sin que esta aparezca consignada en protocolos, para sacar la obra adelante.

Cualquiera que pase por las zonas podrá percatarse que no hay áreas de recepción y que si los guerrilleros están instalados en las adyacencias de las zonas campamentarias, es precisamente porque no están terminadas. En la mayoría de dichos lugares no están resueltos problemas como el del agua potable, la energía, la conectividad, ni el de la vialidad. ¿Si no hay campamento, qué protocolos se pueden invocar que no sean los del sentido común? En todo caso la guerrilla ha actuado de manera disciplinada, responsable y con absoluta cordialidad e integrados con las comunidades, a las que agradecemos su cálido recibimiento.

Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación.

Nunca la cancillería ni la OACP han planteado en el marco de la CSIVI la realización de un balance con el MM&V como puede derivarse de la lectura de las actas, por lo que no es bueno que de manera prejuiciada el gobierno ahora le eche la culpa de las falencias en terreno a las FARC y a la Misión de Naciones Unidas y no suena bien que la OACP pretenda asumir el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Por otra parte, ¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente.

Estamos totalmente de acuerdo en que lo que siga sea la activación de los protocolos, pero con la realización de las condiciones mínimas para su ejecución. De igual manera, debe darse la activación de la implementación plena para el conjunto de los acuerdos.

Lo que ocurre respecto a las zonas y Puntos Veredales y el Proceso de Dejación de Armas tiene que ver con la implementación de todo lo acordado, y en esto, el cumplimiento de los compromisos debe ser recíproco. Pacta Sunt Servanda: lo pactado obliga y debe ser cumplido de buena fe. Respondámonos a esta sencilla pregunta: ¿Si el Acuerdo de Paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso en representación del pueblo, por qué pretenden algunos voceros de la institucionalidad modificar el texto de los compromisos?

Todos sabemos que hay un concierto de enemigos de la reconciliación que desde hace rato está buscando destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, sabotearla, enredarla con sofismas para proteger a terceros, es decir, a quienes sin meter la mano directamente, dieron órdenes que causaron victimizaciones o de otros que financiaron al paramilitarismo, y que como denominador común, le tienen miedo a la verdad. No se pueden mezclar el agua y el aceite que son la JEP y la Jurisdicción ordinaria, aduciendo de mala fe, la persecución a delitos de ejecución permanente.

Es el colmo que después de varios meses de firmado el acuerdo no haya seguridad jurídica para los guerrilleros de las FARC.

Que la implementación no sea convertida en una nueva renegociación, por favor. Y debe entenderse que los compromisos son de ambas partes. En consecuencia, por ejemplo, antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos.

Necesitamos que se aplique la Ley de amnistía aprobada hace 45 días por el Congreso de la República para que el proceso se llene de confianza. Que se produzca ya la excarcelación de los guerrilleros y de todos aquellos privados de la libertad por su involucramiento en el conflicto, especialmente, de todos los detenidos como consecuencia de la protesta social. Que los guerrilleros ni nadie piense que pueden estar siendo engañados.

Estamos dispuestos a presentar a la mayor brevedad las listas de los compañeros y compañeras que deben moverse por todo el país haciendo pedagogía de paz, pero ¿cómo completar estos nombres si seguimos a la espera de la liberación de los amnistiados? Ni siquiera los indultables por vía de la ley 418 han terminado de salir de las cárceles.

Por todo lo anterior, es que las FARC están planteando en la CSIVI, no solamente el comienzo de la segunda misión de Naciones Unidas, sino la activación inmediata del componente internacional de la implementación, como la participación, en los términos del acuerdo, de todas las instancias internacionales previstas en el mismo.

Y dentro de estas circunstancias aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas.

Cordialmente,

ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

 

Montería.-Una grave situación en materia de derechos humanos se presenta en el departamento de Córdoba, donde 4 de los principales defensores y líderes del Movimiento Político y social Marcha Patriótica acaban de ser amenazados de muerte por el grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas”.  Mediante un panfleto introducido en la tarde del domingo 12 de febrero en la sede de Marcha Patriótica, ubicada en la Carrera 15D Nro. 39-38 del Barrio la Floresta en la Ciudad de Montería el grupo criminal sentencia de muerte a Arnovis Zapata, Elena Mercado, Iván Ojeda y Andrés Chica.

Arnovis Zapata, es representante legal de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – ASCSUCOR; Elena Mercado y Andrés Chica, son dirigente de la Fundación Cordoberxia, organismo defensor de los Derechos Humanos, mientras que  Iván Ojeda es egresado de la Universidad donde ejercía como dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU y en la actualidad asesoraba en materia de defensa de los derechos humanos a los integrantes de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –ASODECAS-.

En comunicado oficial de la Marcha Patriótica, se repudia el panfleto amenazante en el que los grupos criminales al servicio de la extrema derecha colombiana y el fascismo declaran objetivo militar a 4 líderes de esta organización, cuyo ejercicio en la región cordobesa ha sido fundamental en el impulso del proceso de paz y la implementación del mismo.

El Movimiento Político y social Marcha Patriótica acaba de llevar a cabo el fin de semana la reunión de Comité Patriótico Nacional COPAN en el que analizó el escenario de la implementación de los acuerdos de paz y las perspectivas políticas del país, al tiempo que se conoció su más reciente informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia, y especialmente, entre sus militantes y otros líderes sociales.

El documento señala que a la par de una reducción de las muertes en medio del conflicto armado, se dio un incremento “exponencial” de víctimas civiles por sus actividades socio políticas. El período de agosto 2016 hasta el 29 de enero de 2017 son 419 los atentados adelantados por enemigos de la paz contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos muchos que hacen parte de la Marcha Patriótica.  Por ello, se le reclama al Estado colombiano plenas garantías y el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz con la insurgencia en el sentido de atacar y desmontar las estructuras criminales de paramilitarismo en las regiones del país.

 

El negociador de paz lidera el grupo de integrantes de las Farc que se desplaza hacia Monterredondo.

Después de cuatro años Pablo Catatumbo, volvió a echarse literalmente el equipo al hombro. Desde su llegada a La Habana, Cuba, el pasado 7 de abril de 2013 no se ponía el uniforme de las Farc para transitar por las montañas de Colombia. 

Como comandante del Bloque Occidental coordinó todo el desplazamiento de sus hombres a las Zonas veredales de los municipios de Caldono y Buenos Aires, pero además estableció la ruta para el movimiento de otro grupo al punto de transición y normalización de Miranda, Cauca. 

La talla de su uniforme ya no es la misma de hace cuatro años, los kilos de más le pasaron factura, pero aun así se volvió a vestir con ese camuflado que tuvo durante un poco más de 40 años, tiempo que lleva en la organización. Es el mismo uniforme que dejó antes de irse para Cuba y el mismo que tenía el día que murió su gran amigo Alfonso Cano. 

El traslado por las montañas estuvo cargado de emociones para Catatumbo, recordó lo bueno y lo malo que ocurrió allí durante muchos años. Una mezcla de sentimientos porque recuerda que durante la guerra hubo muchas noches sin dormir, sin comer y replegándose para evitar las tropas del Ejército que estaban por la zona. 

Aunque ya tiene más de 60 años se puso las botas de nuevo y caminó por más de cinco horas sin descanso, siempre a la cabeza del grupo. Una imagen simbólica que demuestra la última marcha armada de las Farc antes de su paso a la legalidad. 

Así como lo hizo en la mesa de negociación en La Habana, lideró a sus hombres al lugar que será su ‘hogar’ durante seis meses, la vereda La Elvira del municipio de Buenos Aires, Cauca. Allí llegó con 246 guerrilleros, incluida su compañera sentimental y de batallas Camila Cienfuegos. Sabe que es la última vez que portará ese uniforme, lo colgará para siempre porque ingresó a esa zona como comandante guerrillero y en un tiempo saldrá como un ciudadano en proceso de reinserción en la legalidad. 

Su presencia en la zona veredal está cargada de simbolismos, fue quien hizo los contactos exploratorios con el Gobierno debido a la insistencia de su gran amigo Henry Acosta, quien con el tiempo fue considerado el hombre clave de la negociación. En los momentos tensos de los diálogos mantuvo la cordura propia y de sus “camaradas” para evitar que la mesa se rompiera e incluso cuando murió su amigo Alfonso Cano, pidió respetar lo que había pedido en vida su compañero. Mantener los diálogos de paz. 

En la mesa de La Habana fue un hombre fuerte, después de Iván Márquez, era quien llevaba la batuta de los diálogos por parte de las Farc. El Gobierno se sorprendió con él porque pensaron que a su llegada la mesa se complicaría por tratarse de un comandante que salía de las montañas y resultó todo lo contrario. 

Trabajó de la mano con el general Óscar Naranjo, ese oficial que los persiguió durante tantos años, y entre los dos construyeron las garantías de seguridad uno de los puntos más importantes de la negociación. 

Aunque casi toda la guerrilla ya está llegando a las zonas veredales, la imagen de Catatumbo ingresando a La Elvira solo demuestra varias cosas: Las Farc se acabarán como movimiento armado, pasarán a partido político en la legalidad y que la guerra se acabó en Colombia. 

Miles de manifestantes antitaurinos se concentrarán nuevamente este domingo 29 de enero en la capital colombiana para expresar su repudio al maltrato contra los animales. La cita se ha realizado a través de las redes sociales para la 1 de la tarde en la carrera séptima, entre la calle 24 y el Planetario Distrital. A la convocatoria se han sumado los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que adelanta la recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde Mayor.

 

La manifestación antitaurinos es y será siempre de carácter pacífico, busca ratificar que la ciudad de Bogotá será una ciudad para la vida y nunca para la muerte, indica uno de los organizadores de la concentración del domingo 29 de enero.

 

Cabe resaltar, que tras los desmanes del grupo ESMAD de la Policía Nacionalel durante las protestas el domingo anterior que originaron varias decenas de heridos y algunos detenidos, se llevó a cabo una reunión entre los voceros de los manifestantes antitaurinos y el General Perilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Mebog, en la cual se acordó un plan operativo para evitar abusos y atropellos por parte de elementos del organismo policial.

 

Los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa extienden la invitación a la ciudadanía en general para que mediante sus distintas formas de expresión cultural y lúdica hagan sentir su rechazo a la barbarie, la muerte y sangre que conllevan las corridas de toros.

 

 

En medio del pleno que realizó esta semana el Estado Mayor Central y el Secretariado de las Farc en los Llanos del Yarí, donde el año pasado se realizó la décima Conferencia Guerrillera, que ratificó el acuerdo de paz de La Habana, el comandante Jaime Alberto Parra, más conocido como Mauricio Jaramillo o el Médico, habló con El Espectador de los problemas de salud que están enfrentando las tropas en los puntos de preconcentración. Según dice, pareciera que no se hubiese firmado un acuerdo de paz, pues el Estado los sigue tratando como enemigos. La realidad de las Farc es otra: los embarazos se han incrementado, crece la incertidumbre en las bases de la organización, el tiempo corre y las zonas veredales aún no están listas.

Y es que el tema de la salud es una de la prioridades de la implementación de lo pactado en La Habana, pues es un asunto que no da espera. De lo que no quiso hablar Jaramillo fue del desarrollo de las reuniones que se realizan en el alejado caserío de El Diamante, donde los máximos comandantes guerrilleros han estado reunidos desde hace una semana para definir los asuntos más importantes del actual momento del Acuerdo de Paz, entre ellos el de todo lo que tiene que ver con el partido político en que se convertirán las Farc luego de la dejación de las armas.

Cosas como propuestas para el nombre de la nueva agrupación política, sus cuadros directivos, la estrategia electoral y la programación del primer congreso del movimiento político legal —que se debe realizar en el primer semestre de este año— estuvieron en los debates de la máxima instancia de las Farc en el Yarí.

¿Qué información tiene de la salud de los guerrilleros en los puntos de preconcentración?

Para nosotros es muy preocupante lo que está ocurriendo, porque los casos de urgencia los tenemos que resolver ahí. Tenemos que sacar a la gente y correr con todos los gastos. Se supone, según el acuerdo, que hay un mecanismo que va a resolver estos aspectos y ese no ha sido trabajado con seriedad. Hemos tenido problemas en los casos de urgencias, con enfermedades que requieren tratamientos especiales y que necesitan que los vean internistas o se practiquen exámenes detallados. Eso se ha convertido en un tema grave y con el Gobierno no hay comunicación al respecto. Ese punto de la implementación tiene que ser definido inmediatamente, porque con lo que se está hablando con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), uno siente que el tema no está despegando. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo se desarrolle, partiendo del tema de las construcciones y lo que necesitan los guerrilleros: una guardería para nuestros niños o personal calificado que les enseñe a nuestras compañeras cómo es la educación y la salud infantil. Pero el Gobierno no ha cumplido.

¿Cómo están haciendo entonces con los enfermos?

Con grandes esfuerzos. Es que nos faltan equipos, medicinas. Tenemos que hacer urgencias odontológicas, atender mujeres embarazadas, niños recién nacidos y a muchos compañeros que tienen heridas de guerra que deben ser atendidos. Ya se agotó lo que teníamos y nos preguntamos cómo es la cosa, porque no está fluyendo. Nosotros hicimos unos acuerdos y estamos a la espera de que se cumplan. Y entre ellos está el tema de la salud. Hoy no hay nada. Recientemente tuvimos un compañero que se agravó de la vesícula y lo tuvimos que sacar de urgencias. Tuvimos que pedir permiso y con muchas dificultades pudimos llevarlo a un puesto de salud, y esa no es la idea que tenemos de lo que acordamos. Es que hay casos graves, como uno de tuberculosis, y tenemos gente con prótesis en mal estado. Estamos bregando, trabajando para salvar a nuestra gente, pero realmente esperamos que el Gobierno cumpla lo que se acordó. Nos dijeron que iban a crear una EPS para nosotros, y nada.

¿Cómo es la situación de que han tenido un incremento muy alto de embarazos?

Los muchachos están viviendo un momento muy intenso. En medio de la guerra era difícil pensar en la maternidad, pero firmado el acuerdo muchas mujeres han querido cumplir un sueño aplazado y otras han dejado de planificar. Así como en un momento la decisión de todos era no tener bebés en la guerra, ahora cada quien está en libertad para decidir sobre su maternidad y paternidad. Es natural que muchos sientan el llamado de la procreación en estos tiempos de esperanza.

¿Tienen información de cuántas guerrilleras están actualmente embarazadas?

No tengo en este momento esa información, pero sí puedo decirle que se han incrementando muchísimo los embarazos. Y eso nos produce cierto miedo, porque es un reto para las Farc también, porque aunque tienen como apoyo a la comunidad guerrillera, uno se pregunta cómo va a ser la formación de esos niños en esa etapa tan importante como lo es la primera infancia. Y el Estado tiene que proporcionarnos las condiciones para darles el mejor desarrollo a esos niños, en lo psicológico y en cuanto a atención médica. Francamente, tengo que decir que eso nos tiene preocupados.

Pero además me imagino que debe ser difícil explicarles a los guerrilleros que tienen que tener paciencia porque el sistema de salud, en general, tiene muchas dificultades…

Mucho. La situación es muy complicada. Imagínese que hoy nos toca pedir autorización para hacer el desplazamiento de cualquiera que requiera atención urgente. Y ahí no paran los problemas. ¿A dónde lo lleva uno si muchos guerrilleros no tiene ni cédulas, ni Sisbén, ni EPS? Súmele que los puntos de preconcentración y la ubicación de las zonas veredales son alejados de los centros de atención médica. ¿Y con qué plata se paga un tratamiento, un traslado?

¿Y cuándo debía estar funcionando la EPS para ustedes?

Para ya. Estamos en la implementación, pero ni siquiera hay zonas de concentración listas, mucho menos nuestro sistema de salud. Y se supone que vamos a ingresar a ellas el 31 de enero, pero no hay nada listo. Hay un contratista en la zona de Colinas que nos ha dicho que para tener lista la primera etapa tardaría 45 días y esa primera etapa serían las cosas básicas: baños, aulas, agua, luz, conectividad. Eso es mes y medio, entonces el día D+185 vamos a estar aún construyendo. Yo creo que lo normal es que el conteo empiece cuando ya tengamos las viviendas. El tiempo pasa, los tiempos políticos también, y eso no es bueno. Nosotros vivimos en Colombia y frente a una realidad política. Hay afanes.

Y el tema de salud para los miembros de las Farc en las cárceles, ¿cómo está?

Tenemos muchos problemas en las cárceles y de toda clase. Hay compañeros con heridas de guerra que se han agravado en prisión y ellos tienen que llegar a donde nosotros. Esperamos cerca de 300 guerrilleros para que lleguen a las zonas a integrarse a las actividades que vamos a realizar. Esa gente también requiere atención en el tema de salud. Muchos tienen problemas ortopédicos o secundarios de sus heridas de guerra, y en la cárcel no han recibido nada, por lo que vemos venir un problema grande con ese tema. En esta situación se expresa claramente la lucha de clases, la lógica de que existen colombianos de primera y de segunda clase. Un poco siento que el Estado nos sigue tratando como si la guerra siguiera, nos tratan como un enemigo y nos siguen combatiendo, pero desde el incumplimiento, como si no hubiera un acuerdo de paz. Mire que no hay zonas listas y las que hay las armaron con pichicatería, como con la intención de que el guerrillero no se sienta bien. Si la implementación va a ser así, esto va a estar arrecho.

Y me imagino que ahora que la economía de las Farc ha quedado congelada, la compra de medicinas y equipos y los tratamientos médicos deben estar muy complicados para ustedes…

En la última etapa, las Farc consiguieron lo esencial para poder sobrevivir, pero han empezado a escasear los medicamentos. Y uno dice: el Gobierno se comprometió a asumir nuestra salud, nuestra alimentación. Y eso no fluye, la vida legal e institucional no funciona.

En las Farc, el servicio de salud era gratuito y un tema prioritario. En la realidad de los colombianos es un derecho inexistente. ¿Eso no puede ser un factor de desmoralización?

Sin duda, ya lo hemos sentido. Pastor Alape ya estuvo haciendo cola en un hospital para que le atendieran un paludismo. Es muy degradante y lo peor es darse cuenta de que el grueso de la población sufre la impotencia de no ser atendido porque tenemos un sistema de salud corrupto. A mí me aterra entrar a un régimen de salud que tiene una concepción de negocio neoliberal. Todos los días se oyen relatos de terror de ciudadanos que se mueren a las puertas de los hospitales. Esa es la tal Ley 100 que nos montaron y parece que no hay posibilidad de que cambie.

¿Y en qué va lo de la EPS?

En nada. Y ese es un tema técnico difícil. Me preocupa que vamos a entrar a un régimen muy corrupto e ineficiente, que es el que padecen todos los colombianos. Qué miedo.

Del otro lado, en la guerrilla, se han formado cientos de enfermeros y se montó prácticamente una universidad de la salud en la selva. ¿No se podría pensar en tratar de homologar esos conocimientos?

Nuestros enfermeros tienen muchas capacidades, pero les falta mucha formación. Son enfermeros de guerra que aprendieron a tratar heridas graves, a operar en medio de un combate, a utilizar al máximo los recursos, pero aun así es necesario que aprendan muchas cosas, protocolos médicos, que se actualicen y formen en lo académico. Muchos son campesinos que aprendieron en los afanes de la guerra y que tienen que reorientar sus conocimientos para darles forma a sus capacidades. Ya 33 universidades públicas nos han planteado su interés en ayudar en la formación para las homologaciones, no sólo en salud. Nosotros tenemos muchachos con muchas potencialidades, gente que sabe de mecánica, de artes, de arquitectura. Nuestros muchachos están ansiosos de estudiar, se están preparando para las homologaciones y para hacerse profesionales.

El líder campesino y dirigente de Marcha Patriótica Húber Ballesteros recupera su libertad.

En audiencia judicial celebrada este 13 de enero, se levantó la medida de aseguramiento para Húber Ballesteros, líder campesino y dirigente de Marcha Patriótica injustamente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Húber fue privado de su libertad en el 2013, cuando fue encarcelado en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular. En ese momento se desempeñaba como miembro de la dirección nacional de Marcha Patriótica. También era directivo de Fensuagro y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

También hacía parte de la mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y el movimiento social instaurada en agosto del 2013 en el marco del paro agrario. Pero la Fiscalía General de la Nación expidió una orden de captura en su contra con base en un montaje judicial. Según han sostenido sus abogados, todo su proceso se ha sustentado en pruebas manipuladas y en falsos testigos.

En Colombia y el exterior, varias personalidades, organizaciones y plataformas humanitarias se manifestaron a favor de su libertad. Desde varios rincones de América Latina, Estados Unidos y Europa se recibieron cartas y mensajes de apoyo para él.

Su caso ha sido considerado como una represalia contra el movimiento social, como ocurre con los varios miles de líderes sociales que hoy están en condición de presos políticos en Colombia. Tres años y medio después se hace justicia para él.

“Expreso mi enorme alegría y satisfacción por la inminente libertad de Húber Ballesteros. Nunca debió ser detenido”, expresó ante la noticia Andrés Gil, vocero nacional de Marcha Patriótica.

Al mediodía de este 13 de enero se gestionaba la salida de prisión de Húber.

 

Escribe desde la Habana el Comandante de Farc, Timoleón Jiménez. ANNCOL destaca este articulo por su importancia en momentos de crisis económica del país descargada, mediante Reforma Tributaria, en los ingresos del grueso de la población y sobre algunas precisiones de actualidad nacional:

Hemos leido en la página oficial de las Farc:

Como una santa inocentada, el gobierno nacional sancionó la reforma tributaria el pasado 28 de diciembre, tras una intensa polémica, dejando en el aire la sensación de que ninguno, ni siquiera el Ministerio de Hacienda que la presentó, quedó plenamente satisfecho con ella. Las críticas brotaron de uno y otro sector, aunque al final la mayoría pareció concluir que se trató de un mal necesario, al que de todas formas hay que resignarse. Otro sapo que tendrá que tragarse el país.

Lo peor es el ruin aprovechamiento político que ha querido obtenerse de ella, para volverla contra el proceso de paz en curso en general y contra las FARC-EP en particular. En ambos casos con fundamento en el falso y manoseado argumento de que existió un acuerdo tácito entre el gobierno nacional y nosotros, a objeto de conseguir la aprobación de la misma. Nada más lejano a la verdad. Las FARC jamás consentiremos el menor asalto al bolsillo del pueblo colombiano.

No es cierto que con el recaudo que se piensa derivar de la reforma tributaria aprobada se pretenda satisfacer la suma de recursos requerida para satisfacer los requerimientos fiscales surgidos de los Acuerdos de La Habana. Desde la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2017 quedó claro que el gobierno nacional carecía de la menor voluntad de destinar recursos nuevos para ello, la paz quedaba sin los fondos necesarios y el gobierno lo sabía.

La motivación real para la reforma tributaria obedeció a otras prioridades, el enorme déficit fiscal originado en el bajón del precio de las materias primas y el aumento del servicio de la deuda pública,  perverso instrumento de financiación estatal instituido en nuestro país por imposición del gran capital transnacional. Los impuestos al grueso de la población aumentaron por  exigencia del FMI y la OCDE, entidades multilaterales de crédito, que amenazaron incluso con bajar la calificación de la deuda colombiana en el mercado crediticio internacional.

Situación que no es nueva en la economía del país y que además no sólo victimiza a Colombia sino al conjunto de países dependientes, gobernados por una élite casada hace más de tres décadas con el modelo neoliberal de economía. De acuerdo con éste, lo menos importante en cualquier nación es el gasto social, que debe ser reducido al máximo, a objeto de garantizar la cuota de ganancia del gran capital financiero y extractivo urgido de reproducirse.

La más reciente reforma tributaria de Santos reproduce en circunstancias nuevas la misma exigencia hecha y satisfecha por las administraciones de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria, y se suma a las sucesivas e incesantes privatizaciones de entidades y servicios públicos, las repetidas desregularizaciones financiera, aduanera y laboral y los centenares de miles de despidos decretados en las últimas décadas, que apuntan a la abolición de la intervención estatal en bienestar social, condenando a la pobreza y la miseria a millones de seres humanos que tienen que rebuscarse la vida como puedan para además pagar más impuestos.

Es por eso que resultan payasada las declaraciones de la ultraderecha según las cuales siempre se opusieron al nuevo aumento de impuestos. La profundización del modelo neoliberal ha sido producto de éste y todos los gobiernos que lo precedieron, que entre otras cosas también confirieron una excesiva y creciente tajada del presupuesto nacional a la guerra, a la llamada defensa nacional, al aparato de represión cuyo único papel real ha sido la persecución, el crimen, el encarcelamiento y el terror de esa inmensa masa de la población colombiana movida a la inconformidad y la protesta contra el permanente saqueo del país y su trabajo.

Que no vengan ahora como fariseos a pretender lavarse la cara y a mostrarse como los únicos que pueden salvar a Colombia del actual desastre que ellos han tejido. Los mismos rostros de los Santos y Cárdenas, con el mismo equipo de técnicos formados en las inhumanas  teorías  de escuela de Chicago, se han estado sucediendo en el manejo de la economía nacional en todos los últimos gobiernos, con sumisión indecente  a las entidades crediticias internacionales, que primero les imponen y luego los aplauden para volver a exigirles de nuevo.

Ni siquiera en el llamado Presupuesto para la Paz del año 2017, pese al inminente Acuerdo Final con las FARC, se contempló una mínima reducción del gasto militar, dejando a la luz pública la intención de mantener el aparato de sometimiento de la población. Antes por el contrario, con dinero pagado por impuestos de los colombianos, se piensa enviar tropas colombianas a participar en conflictos en el extranjero que sólo agravarán la situación del país. La cooperación con la OTAN hace parte del mismo paquete neoliberal suscrito por Álvaro Uribe con las siete bases gringas.

Ante semejante panorama únicamente queda una luz al pueblo colombiano, los Acuerdos de La Habana, que de implementarse y cumplirse tal como se suscribieron, permitirán y garantizarán la presencia masiva, activa y transformadora de millones de colombianos en la vida política del país. Por primera vez los colombianos nos hemos hecho a una herramienta legítima, insoslayable desde el punto de vista legal, reconocida y aplaudida por la comunidad internacional, para oponernos frontalmente a las élites y su modelo, y para abrirle paso a un nuevo país democrático y justo.

De ahí la importancia que tiene salir desde ya a defender lo acordado en La Habana, a exigir su implementación inmediata y su cumplimiento estricto. No son Santos ni sus sucesores, ni siquiera sus inspiradores en el campo internacional, los que se van a encargar de materializar lo pactado en el Acuerdo Definitivo. Es el pueblo colombiano, organizado, consciente y movilizado por los grandes cambios el que se encargará de conseguirlo. Es a eso a lo que le teme la oligarquía de nuestro país, por eso atacan y tratan de desconocer lo firmado. Por eso mienten sin pudor.

Sorprende también que desde algún sector de la izquierda se insista en señalar a las FARC como aliadas de Juan Manuel Santos en sus políticas retardatarias, neoliberales y represivas, incluso presentándonos como cómplices de la reforma tributaria santista. Al obrar de ese modo, quizás sin percibirlo, se ubican del mismo lado de la ultraderecha uribista y terminan sirviéndole a sus propósitos de deslegitimar lo acordado en La Habana para echarlo atrás en el futuro. La unidad del pueblo colombiano contra el modelo y sus personeros es una prioridad que no puede ser desconocida bajo ningún pretexto. A todos nos compete salvar a Colombia, vamos a esa.

La Habana, 4 de enero de 2017.

El presidente Juan Manuel Santos debió pedir perdón a las víctimas de crímenes de Estado y del vergonzoso conflicto contrainsurgente al que se busca poner fin. Para el pueblo colombiano era la oportunidad de un discurso orientado al reconocimiento de las víctimas, a una reconciliación con base en la verdad histórica, las garantías para la vida y el compromiso de No Repetición.

El Nobel le ha sido entregado a Santos en un momento crítico, cuando se ponen en marcha nuevos hechos de sangre contra defensores/as de la paz, cunden amenazas a lo largo y ancho de país, se evidencian incertidumbres para la implementación del Acuerdo y crece el descontento social ante la regresiva reforma de impuestos que discute el parlamento.

 Mientras la vocera del Premio Nobel destacó el significado político de la distinción como el apoyo a la terminación de una prolongada guerra civil, en un difícil momento tras el plebiscito que mostró la fuerte polarización de la opinión electoral, Santos alude a la terminación de un molesto y largo problema de orden público “el conflicto armado más antiguo y el último del Hemisferio Occidental” y el desarme de un ejército irregular.
La que señala como “una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación” aparece como la responsabilidad exclusiva de la insurgencia. Si una parte de la población colombiana se vio obligada a tomar las armas no fue por desvaríos ideológicos o afanes delincuenciales sino ante la necesidad de defender la vida y restablecer la plenitud de los derechos democráticos.
 
No existe en las palabras de Santos ni el más mínimo reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de las clases dominantes en la tragedia colombiana, la violación de los derechos humanos, la persecución política anticomunista, los miles de exiliados y el exterminio contra la Unión Nacional de Oposición, el Frente Democrático, la Unión Patriótica, A Luchar, el sindicalismo y un largo etcétera. Un Estado que pretende presentarse como “inocente”, sin autocrítica por los falsos positivos no es un depositario confiable de la esperanza de paz del pueblo colombiano y los pueblos del mundo así ostente en sus manos el Nobel de paz.

El Partido Comunista Colombiano expresa su protesta, indignación y grave preocupación ante el discurso del presidente Juan Manuel Santos al recibir el Nobel de paz. Hace un llamado a todos los sectores conscientes defensores de la paz a exigir el reconocimiento de todas las víctimas, sin discriminaciones.  Reafirma el apoyo a la movilización y a la vigilancia en respaldo al Acuerdo, a su implementación y cumplimiento, al respeto del cese al fuego bilateral y al punto final a la criminalidad fascista contra activistas sociales.
 
Partido Comunista Colombiano
Jaime Caycedo Turriago

Secretario General

Jueves, 08 Diciembre 2016 03:36

Una audiencia al ¡ROJO VIVO!

Se realizó el día de hoy 7 de diciembre de 2016, Por convocatoria los parlamentarios Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Ivan  Cepeda, Alberto Castilla e Inti Asprilla la audiencia pública para discutir acerca de: “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, del Congreso de la República, con transmisión en directo por el Canal Institucional y por el Canal del Congreso. 


Con la presencia del Ministro de Interior, doctor Juan Fernando Cristo, al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas, al Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez; al Director de la Policía Nacional, señor general Jorge Hernando Nieto, a la Procuradora General de la Nación (e), Marta Isabel Castañeda; al Defensor del Pueblo, doctor Carlos Negret; al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro; al Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora Arango; a la Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, doctora, Paula Gaviria y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Todd Howland, entre otras personalidades.

 

Las conclusiones fundamentales apuntan a encontrar salidas contra los crímenes contra la paz, implementando políticas públicas integrales y territoriales, pues aun persiste un discurso paramilitar que está muy vivo y se necesitan con urgencia reales garantías para los defensores de DDHH.

 

En los tres paneles que sesiono la audiencia se escucharan gravísimas denuncias contra el paramilitarismo y la clara connivencia con las FFMM e instituciones del Estado y todo indica que hay un nuevo plan de exterminio bien financiado por los enemigos de la paz.

 

Los funcionarios del Estado se niegan a reconocer esta realidad de guerra contra los defensores de DDHH, en casi todo la geografía nacional, es un panorama de violencia que continua en la más absoluta impunidad, con el desmoronamiento de las garantías para el ejercicio de la defensa, promoción y materialización de los DDHH:

 

Estos ataques contra los defensores de derechos humanos nos preocupan su aumento y sistematicidad en todos los ámbitos con amenazas a través de panfletos, estigmatizaciones, informaciones distorsionadas de la actividad legal que realizan las organizaciones sociales, comunales y sectores de oposición de izquierda al Gobierno.

 

Es muy curioso que la Fiscalía informe en dicha audiencia que ahora si han conformado un grupo especifico en la Unidad de Contexto para judicializar a los responsables de los crímenes y genocidio contra la Unión Patriótica, cuando esta ad- portas de implementarse la Jurisdicción Especial para la PAZ.

 

Que van a declarar “delito de lesa humanidad” todo el exterminio que realizaron los paramilitares en el Uraba- Antioqueño, cuando es de público conocimiento quienes fueron los autores materiales e intelectuales de esas masacres y extermino.

 


Por lo pronto las intervenciones de los defensores de los DDHH, hicieron un unánime llamado a implementar urgentemente el Nuevo acuerdo Paz suscrito entre el Gobierno Nacional Y las FARC-EP, en lo que respecta al compromiso con la promoción y respeto y las garantías de los DDHH, estableciendo alertas tempranas reales y efectivas, prevención y protección, la no repetición y que de verdad se tomen todas las medidas institucionales para evitar un segundo Plan baile rojo.

 

 

 

 

La presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aída Avella, fue demandada por el partido Centro Democrático por el delito de presunta injuria agravada. Sin embargo  Avella ha asegurado que considera que en este momento una denuncia no es tan importante comparada a las alarmantes situaciones que se vienen presentando en contra del movimiento social en el país.

Aída Avella afirmó para los micrófonos de contagio radio que lo que más le preocupa son “las matanzas de los campesinos en este país” y la poca atención que el Estado le está dando a esta problemática. “Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos que  la vida de un campesino es tan importante como la de un ministro”. Le puede interesar: "No les vamos a dar el gusto de desfallecer: Marcha Patriótica"

Y es que según Avella, en las últimas horas se dio a conocer el homicidio de Jorge Ramírez Guzmán, campesino que habitaba en la vereda Santa Rosa del Arcial, en el corregimiento de Piñalito en el departamento de Córdoba, los hechos se habrían presentado el pasado  27 de noviembre cuando Ramírez se dirigía a revisar el acueducto comunal. Hasta el momento no se conoce como se dio la acción violenta.

Estos actos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, dirigentes y líderes del movimiento social y sindicalistas tiene detrás a las mismas personas que intentaron exterminar al partido político Unión Patriótica, “Por qué hay un plan grande contra la Marcha Patriótica, eso quiere decir que hay autores intelectuales y hay financieros, y como hay esa clase de cosas el Estado no puede dejar de castigar este tipo de cosas”.

De igual forma Aída Avella expresó que le ha pedido al Físcal General de la Nación que revele la lista de las personas que financiaron en Antioquía el genocidio de la Unión Patriótica. Además afirmó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer estos casos sistemáticos.

“Yo creo que no se está iniciado otro genocidio es que se continúa el genocidio contra los sectores de oposición, es que aquí no se han desmontado las estructuras paramilitares que están completamente intactas” Afirmó la dirigente social y una de las sobrevivientes del exterminio a la Unión Patriótica.

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