powered ByGiro.com

Descargar
0:00

ALBERTO MARTINEZ.

Expresiones de solidaridad con el periodista Daniel Samper ,victima de la violencia simbolica y la agresion mediatica del Caballista del Uberrimo, Jefe de los paramilitares y artifice de los "falsos positivos".

Alberto Martinez condena la retaliacion paramilitar uribista contra la prensa independiente.

Julio 17 de 2017

La sociedad colombiana se ha acostumbrado a la práctica de la mentira y la difamación que utiliza Alvaro Uribe para hacer política , ese estilo fue el que impuso en la campaña del  plebiscito el 2 de octubre del 2016 reconocido por el propio jefe de campaña del centro democrático Juan Carlos Vélez.

Esa campaña se basó fundamentalmente en la mentira y en la infamia;  es la estrategia del nazismo alemán  de que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad; esa maniobra la lleva  a sus relaciones personales para dirimir  el debate con el contradictor político si no lo mata físicamente, lo asesina  políticamente o lo deja para que otros sicarios uribistas accionen el gatillo de un arma.

Ese es el debate político al que se ha acostumbrado la sociedad colombiana, que es azuzada por los grandes medios de comunicación y que en el caso de Daniel Samper Ospina hoy empieza a oponerse a ese estilo criminal.

Es reconfortante que mimados y redomados periodistas seguidores de Uribe como: Darío Arizmendi y Claudia Gurizatti firmen un documento en solidaridad con el ultrajado periodista.

Es el momento único que tiene la sociedad colombiana de desarmar sus espíritus, abonando las semillas de concordia que hemos sembrado los guerrilleros de las FARC con el Acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.

Alberto Martínez militante del partido Fuerza Alternativa por la Reconciliación de la nueva Colombia – Esperanza del Pueblo FARC-EP.

PTN Amaury Rodríguez Pondores Fonseca la Guajira

 

ALBERTO MARTINEZ.

Profunda y documentada reflexión de nuestro camarada Alberto Martinez, sobre el contexto historico y político de la violencia oligarquica contra el pueblo colombiano.

De todos es conocido que desde que existe el Estado en Colombia, este ha sido, tramposo, conejero y asesino. Podemos  empezar con la  insurrección de los comuneros que fue un levantamiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en 1781, cuando el naciente Estado acepto el acuerdo de las capitulaciones de Zipaquira con el fin de ganar tiempo mientras llegaban refuerzos de Cartagena. Dicha insurrección estuvo motivada por la necesidad de reclamar un mejor tratamiento económico, como la rebaja de los impuestos por parte de la Corona Española.

Se reunieron en el Socorro (Santander) cerca de 4.000 hombres que marcharon en direccteión a Santafé de Bogota.

En el camino se agregaron voluntarios de otras poblaciones hasta completar un cuerpo de  20.000 hombres y, en  Puente Nacional, cerca de Vélez, tambien en Santander, se encontraron con la pequeña tropa enviada desde Santafé, quienes no pudieron interrumpir el avance de los Comuneros y, mientras el Regente Gutiérrez de Piñeres salía en precipitada marcha hacia Cartagena de Indias, para buscar la protección del Virrey Flórez, el gobierno acordó impedir la llegada comunera a Santafé y designó como interlocutores al oidor Vasco y Vargas y al Alcalde don Eustaquio Galavís. El arzobispo (y después Virrey) Antonio Caballero y Góngora ayudó, con su presencia y sus discursos a la muchedumbre en las negociaciones.

  1. Las capitulaciones de Zipaquira

A mediados de mayo de 1781 el Arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma del documento, aunque él mismo no lo firmo.

Entre otros, los puntos más destacados del documento fueron:

•         Derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población. De forma unánime, se exigió la eliminación del tributo de la Armada de Barlovento, y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el aguardiente.

•         Devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas; reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo.

•         Restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas.

•         Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos.

Un sector del movimiento, representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresaron tranquilamente a sus casas. Sin embargo, algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron aceptadas las condiciones por parte de los negociadores y el arzobispo y prosiguieron la lucha.

En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe, se acordó la nulidad de las Capitulaciones y el Virrey desde Cartagena ordenó la captura de Galán y los demás comuneros que aún proseguían con el Movimiento. En febrero de 1782, Galán fue apresado, ejecutado  y descuartizado y las partes de su cuerpo fueron expuestas en la región comunera de Santander.

El movimiento comunero fracasó, pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas. Los Acuerdos de Zipaquirá, no fueron más que un instrumento de las autoridades coloniales para ganar tiempo, mientras se reforzaba la capital con tropas enviadas desde Cartagena.

  1. 25 de Septiembre de 1828 atentado contra la vida del Libertador.

Santander conocía del atentado  y callo  esperando a que sucediera; ni hizo la denuncia correspondiente, no hizo el menor esfuerzo para evitarlo, ya que quienes habían planeado el asesinato de Bolívar eran amigos y seguidores de Santander, como Florentino González, Luis Tejada Vargas y otros. Le recomendó a sus seguidores hacer el atentado una vez hubiera partido a EstadosUnidos, en desempeño de la misión diplomática.

El personaje clave  que frustro el  asesinato de Bolívar fue Manuela Sáenz, a quien  el Libertador llamo “la Libertadora del Libertador”.

  1. El magnicidio del Mariscal Antonio a José de Sucre.

Cuatro disparos de fuego cruzado, en la montaña de Berruecos, 80 km al norte de Pasto, terminaron con la vida de Antonio José de Sucre, héroe de Pichincha. El magnicidio que conmovió a la América hispana se ejecutó en la mañana del 4 de junio de 1830.  El Congreso “Admirable”, cuyo objetivo había sido preservar la unión de la Gran Colombia, había fracasado por la secesión de Venezuela. Sucre, que lo había presidido, retornaba apesadumbrado por el colapso del ideal bolivariano; su propio mentor, Bolívar, había abandonado el poder consumido por la decepción y la  enfermedad que no tardaría en llevarlo a la tumba. La orden del asesinato de Sucre partió de los caudillos del valle del Cauca, generales José Hilario López y José María Obando, de la facción liberal que repudiaba la pretensión monárquica que se atribuía al Libertador. El militar, estadista e historiador colombiano, General Tomás Cipriano Mosquera, escribe en sus memorias que la orden de asesinar a Sucre provino del denominado clan “septembrista” de Bogotá, involucrado en el atentado del 25 de septiembre de 1828 que estuvo a punto de costarle la vida a Bolívar. “Era para ellos un obstáculo la existencia de Sucre, que consideraban como el lazo de unión para mantener la integridad de Colombia”.

  1. La revolución de medio siglo o la revolución de los artesanos.

La historiografía colombiana elimino de sus anales al patriota colombiano José María Melo que era un convencido soldado  del ejército Libertador. Uno encuentra el porqué del ostracismo que la clase dominante le hace a Melo, pues su vida y lucha son mal ejemplo. Melo es el único prócer de la independencia que da el paso necesario al naciente socialismo europeo mientras el resto de la elite mercantil abraza el libre cambio. Después de ser desterrado por Páez, viaja a Europa y entra en contacto con círculos socialista y estudia la obra de   los utópicos. Era partidario del proteccionismo ya que este   permitía el desarrollo de la industria nacional.

El 21 de abril de 1819 se enroló en el Ejército Libertador. Participo en varias de las  batallas importantes de la independencia de Suramérica: en Bomboná y Pichincha en 1822; en Junín, y en la Batalla de Ayacucho, que selló la independencia de las antiguas colonias españolas en América del Sur.

Al morir Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, la situación fue cada vez más difícil para sus amigos. El general Caicedo, se declaró en ejercicio de la primera magistratura y finalmente, Urdaneta, le entregó el mando el 2 de mayo de 1831. Como parte del Convenio, Melo y otros oficiales son desterrados de Colombia.

Melo marchó a Venezuela, con su entonces concuñado Urdaneta. Allí se vinculó al grupo de oficiales patriotas que se levantaron contra el presidente José María Vargas, en 1835, para exigir la reconstitución de la Gran Colombia, reformas políticas y el fin del poderío económico de la oligarquía, fortalecida con el comercio de importación y exportación.

Melo se dirigió en diciembre de 1836 a Europa, donde además de estudiar en la Academia Militar en Bremen, Sajonia, se interesó por las ideas socialistas que se debatían en círculos locales. Le interesó especialmente el naciente movimiento sindical obrero y la experiencia del Cartismo, surgido en Inglaterra en 1838.

En 1841, regresó a Colombia. Participó de la fundación de las Sociedades Democráticas que organizaron los artesanos e intelectuales socialistas influenciados por Saint-Simon y Fourier, y apasionados lectores de la obra de Louis Blanc, La Organización del Trabajo y el recientemente publicado libro de Proudhon, ¿Qué es la Propiedad?. Los líderes de Estas sociedades se opusieron al libre comercio con Inglaterra, Francia y Estados Unidos ya que las importaciones los arruinaban e impedían el nacimiento de la industria nacional. Exigieron el respeto a los Resguardos Indígenas y la abolición de la esclavitud. Además rechazaron el Tratado de Comercio y Navegación con Estados Unidos, firmado por el Presidente liberal Tomás Cipriano de Mosquera (uno de los autores intelectuales del asesinato de Sucre cuya descendencia continua teniendo el control político en el departamento del Cauca a través del poder que da la propiedad de la tierra), que le daba facultades a ese país para intervenir en Panamá.

Las Sociedades Democráticas apoyaron la candidatura presidencial del general bolivariano José Hilario López, que proponía abolir la esclavitud. Entonces las elecciones eran indirectas, los ciudadanos varones elegían compromisarios. Aprovechando la división conservadora, López obtuvo más votos que cualquiera de los tres candidatos conservadores y el pueblo de Bogotá se levantó en su apoyo para evitar que los conservadores se unieran. Elegido Presidente, se aprobaron en 1850 dos leyes propuestas por su ministro de Hacienda Manuel Murillo Toro; una de reforma agraria, según la cual el cultivo debe ser la base de la propiedad de la tierra; y otra que limitó la tasa de interés para librar al pueblo de la usura; y el 21 de mayo de 1851 se decreto la ley de libertad de los esclavos. 31 años después de la batalla de Boyaca.

Los conservadores dirigidos por el amo esclavista Julio Arboleda, se levantaron en armas contra las nuevas leyes, argumentando que López expulsó a los jesuitas, por oponerse a las reformas. En Cundinamarca la rebelión conservadora fue dirigida por los hermanos Pastor y Mariano Ospina y para contenerla José Hilario López llamó a Melo, lo rehabilitó y ascendió a general, encontrando gran aceptación en la tropa y logrando derrotar a los sublevados de Guasca. Tras la derrota de la rebelión conservadora, el 19 de junio de 1852. fue designado Comandante del Ejército en Cundinamarca.

La revolución de los artesanos logró sostenerse en el poder entre abril y diciembre de 1854, pero pronto, contando con armas enviadas por mar desde Estados Unidos y Europa, sus enemigos organizaron ejércitos para derrocarla. Tomás Cipriano de Mosquera organizó, financió y dirigió el ejército del norte que marchó desde Barranquilla. José Hilario López encabezó el ejército del sur, que viajo desde el Cauca y el Huila, y Joaquín París comandó la división del Alto Magdalena, que con tropas antioquenas cruzó el río Magdalena por Honda. Los tres ejércitos se encontraron en la sabana y el ex presidente Pedro Alcántara Herrán, fue encargado del mando conjunto. Por tres lados atacaron a Bogotá, defendida por Melo con siete mil hombres, veteranos de Cundinamarca y voluntarios artesanos. Mosquera atacó por el norte y con el mando del general panameño Tomas Herrara, se tomó calle por calle, desde San Diego hasta la plaza de San Francisco, donde estaba el comando de Melo. López atacó desde el sur y París desde occidente por San Victorino. Herrán tomó las alturas del barrio Egipto. En la plaza mayor confluyeron los tres ejércitos que restablecieron el poder de terratenientes y de los partidarios del libre cambio que no permitieron el desarrollo de una industria nacional.

  1. Los orígenes del paramilitarismo

Las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron en la violencia de los años cuarenta y cincuenta,  cuando grupos privados, como los denominados Pájaros o chulavitas operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades.

  1. El magnicidio Jorge Eliecer Gaitan 9 de abril de 1948.

Jorge Eliecer Gaitán   fue candidato a  la presidencia de Colombia en 1946, la cual  le fue burlada por el sector oficialista y oligarca del partido liberal (los Lopez, los Santos y los Lleras) que  presento a  Gabriel Turbay como su candidato. Esto permitió que ante un liberalismo dividido, triunfara el candidato del Partido Conservador Mariano Ospina Pérez para el periodo 1946-1950. Con Mariano Ospina Pérez regresan los conservadores al poder, excluyen a los liberales, echan para atrás las tibias reformas logradas por López y tratan de imponer una nueva “hegemonía” recurriendo al terrorismo de Estado.

Este Régimen conservador  desato un periodo de violencia cruel y despiadada contra el pueblo  en el campo y en la ciudad. En esta época fueron creados los pájaros y los chulavitas que para aquel tiempo  eran lo que hoy son los paramilitares; a partir del gobierno godo de Ospina Pérez se  inicia la negra noche de la violencia en Colombia que dejo como resultado 300. 000 víctimas. Gaitán recorrio el país denunciando como responsable de esa situación al partido conservador, a Ospina Pérez, a los terratenientes y al sector oficialista del Partido Liberal, realiza multitudinarias manifestaciones como la marcha por la Paz en Bogotá, se hace jefe del partido Liberal y se da como un hecho que será candidato único para las elecciones a realizarse en 1950. Este anhelo del pueblo liberal y revolucionario de Colombia es truncado el 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde, cuando salía de su oficina de abogado y es asesinado de tres tiros de revolver 38 por un individuo de apellido Roa, autor material del magnicidio.

Los autores intelectuales.

El pueblo ha señalado a la tripleta conformada: por La CIA y el Pentágono; por El Régimen conservador de Ospina Pérez; y por la oligarquía Colombiana.

La violencia alcanza formas  de horror inimaginables. El asesinato de Gaitán produjo un levantamiento popular espontáneo que amenazo todo el ordenamiento institucional vigente. Ante la inminencia del peligro, los conservadores maniobran rápida e inteligentemente; ofrecen a los liberales varios ministerios y otros cargos en la administración pública, los cuales aceptan alborozados pregonando a sus seguidores: “el partido liberal ha vuelto al poder”, y desactivan con ello el formidable movimiento de masas armadas que se habían apropiado de escopetas, revólveres, machetes, palos etc. Fortaleciéndose con el armamento tomado al atacar cuarteles y puestos de policía y al lograr que una parte de los uniformados actuara conjuntamente con el pueblo

En una serie de municipios, el pueblo enardecido destituyo alcaldes, inspectores, empleados públicos  y comandantes de policía…, tomando el gobierno durante varios días o meses; las embestidas del ejército oficial fueron repelidas con determinación y sustituidas por juntas provisionales de gobierno con la representación y participación popular, algo que no había ocurrido en el país desde la época de las Juntas Patrióticas que en el siglo XIX iniciaron el grito de rebeldía que condujo a proclamar la independencia de las colonias del dominio de la corona española.

La Conferencia Panamericana.

Desde el arribo al poder en 1946, el conservatismo aprovechando el aparato del  Estado bajo la dirección de Mariano Ospina Pérez, primero, y luego  por Laureano Gómez, perseguía por igual a liberales y comunistas.

Por los días del 9 del abril estaba reunida en Bogotá la Conferencia Panamericana la misma que creo el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y al ministerio de Colonias  de los Estados Unidos, la OEA. Inmediatamente este organismo, sin ruborizarse, corrió a culpar del magnicidio al comunismo Internacional. Después del asesinato de Gaitán se produjo en toda Colombia un sacudón popular que ha sido llamado el Bogotazo, el pueblo se tomó las calles y destruyo todo lo que representa  el poder oligarca. La dirigencia traidora liberal, la de los Lleras, los López, los Santos, en lugar de encabezar la rebelión popular y dirigir la toma del palacio de San Carlos (residencia presidencial) y de las sedes policiales y militares, dejaron al pueblo descabezado y esta insurrección se tornó solo en destrucción y saqueo, ellos, la dirección liberal, corrieron a la sede presidencial a darle el apoyo al asesino  Ospina Pérez a través de un gobierno de Unidad Nacional.  Hasta hoy el crimen de Gaitán permanece en la impunidad. En las elecciones de 1950, en las cuales solo participa el Partido Conservador, sale electo Presidente Laureano Gómez Castro que llevo a cabo la política de  “sangre y fuego”  y “tierra arrasada” contra el pueblo colombiano.

  1. El golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953.

Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la dirección nacional liberal. Las guerrillas revolucionarias entraron en un periodo de repliegue pero no se entregaron ni entregaron sus armas. El movimiento de Autodefensa bajo la dirección revolucionaria tampoco se entregó ni entrego sus armas.

Las guerrillas de los Llanos orientales, las de Yacopi, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron las armas. Luego la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados por los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado, y por la policía y el ejército.

La estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos no es reciente

Un hecho que atornillo la Doctrina militar del enemigo interno que venía de la década del 40 fue el envío del batallón Colombia a la guerra de Corea, guerra en la cual el ejército colombiano no tenía ni arte ni parte, una vez que regresó el Batallón Colombia recibió su bautismo de sangre con la represión de las marchas estudiantiles  en Bogotá, el 8 y 9 de junio de 1954, en conmemoración de la muerte del estudiante universitario Gonzalo Bravo Pérez en 1928.

La misiónYarborough

En octubre de 1962, llegó a Colombia el general William Yarborough quien era comandante del SpecialWarfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte, el mismo que sirvió de cuartel general a la 82 División, conocida como la de los  Boinas Verdes, recordados por su participación en la guerra de Vietnam. La Misión Yarborough ordeno crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición. 

  1. Blindaje Jurídico del paramilitarismo

En los sesenta, se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968.

Después se expidió la Resolución 005 por medio de la cual se aprobó el llamado “Reglamento de Combate de Contraguerrillas”. Para ese entonces se recomendó desde Estados Unidos lo siguiente: “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”.

El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”, como una forma de regularizar el paramilitarismo: Las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994,  con la función de contribuir con labores de inteligencia para las fuerzas armadas .

El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento.

Los paramilitares, entre otras cosas, son parte de la política contrainsurgente impuesta por Estados Unidos a Colombia.

 

Julio César Turbay Ayala (1978-1982), será recordado por la frase del coronel Ñungo fungiendo como Fiscal en un Consejo verbal de guerra, realizado en la época, quien señaló “que tratándose de perseguir a la subversión, era preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable”. Ese periodo será recordado por el uso continuado del Estado de Sitio, la militarización de la vida nacional. Otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares, torturas etc. Un mes después de su posesión, el Presidente Turbay, haciendo uso de las atribuciones del régimen de Estado de Sitio, decretado desde 1976 por López Michelsen para contener las huelgas de médicos y trabajadores bancarios, expidió el Estatuto de Seguridad -Decreto 1923/78-, que creó nuevas conductas delictivas, aumentó las penas de ciertos delitos y otorgó a la justicia penal militar la facultad de investigar y juzgar a los sindicados de tales conductas.

En los años ochenta, en el contexto de la política de  paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las guerrillas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva. Un balance general del desarrollo del paramilitarismo de los años comprendidos entre 1979 y 1994, refleja la persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982).  De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención-desaparición, y masacres colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994).Siendo Ministro de gobierno de Virgilio Barco Vargas,  Cesar Gaviria Trujillo en 1987, reconoció  en una sesión del parlamento  colombiano la existencia de 187 grupos paramilitares   a  los  pocos  meses del mismo año en octubre cae asesinado Jaime Pardo Leal que había participado como candidato presidencial  de la Unión  Patriótica, obteniendo una respetable votación 330 mil votos.

Se eligieron 9 representantes a la Cámara y 5 Senadores, con el asesinato de Jaime Pardo Leal se da inicio al exterminio  de la Unión Patriótica (Movimiento Político salido de los Acuerdos de La Uribe), no ha existido  autoridad, ni política, ni judicial, ni militar, que diga esta boca es mía para condenar o investigar o atrapar a los autores materiales e  intelectuales de este cruel genocidio.

Cesar Gaviria Trujillo en lugar de declararle la guerra al paramilitarismo nos declaró a las Farc la guerra Integral y prometió acabarnos en 18 meses, y el mismo dia de las elecciones  para sacar delegados a la Constituyente, el 9 de diciembre de 1990 inició el operativo, desembarco y bombardeo a Casa Verde.

El Presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su Ministro de defensa, Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.  

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

Los paramilitares intensificaron considerablemente sus acciones entre 1999 y 2001, y fueron responsables de 449 masacres y del 80 % de los muertos. Durante el régimen de Pastrana no se hizo nada por desmontar los paramilitares. Pastrana no tenia vocación de paz, utilizo los diálogos del Caguán para modernizar, crecer y profesionalizar las fuerzas armadas, para ganar tiempo y dejó como herencia a su sucesor el Plan Colombia y 10 mil millones de dólares, para hacer de Colombia un solo campo de combate. Por eso no le fue muy difícil el 21 de febrero de 2002 declarar rotos los diálogos del Caguán e iniciar los desembarcos y bombardeos a los 5 municipios del área del despeje después de terminada su alocución presidencial.

Uribe Vélez y sus dos periodos (2002-2006; 2006-2010).

Las diferencias de Uribe con las anteriores administraciones era que no se preocupaba de guardar las apariencias; las relaciones con los paramilitares eran publicas; los paramilitares como Job, ingresaban al Palacio de Nariño sin ningún problema; la política se paramilitarizo. El parlamento llego a tener en tiempos, de Uribe el 30% de sus integrantes.

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe, basó sus políticas en la llamada Seguridad Democrática. Durante su gobierno Uribe intensifico el asesinato de jóvenes   que eran presentados por los medios de comunicacion como guerrilleros muertos en combate.

El Centro de Investigación para la Educación Popular/Cinep, registró, entre 1990 y 2009, un total de 1.613 ejecuciones extrajudiciales. El panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Colombia gastó en guerra entre 2006 y 2010, segundo periodo de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 millones de dólares.  La cantidad de dinero gastada en la guerra durante sus ocho años de gobierno fue exorbitantes.

PTN Amaury Rodríguez. Pondores. Conejo. Fonseca. La Guajira

La imagen es dl Portal verdad Abierta en que se recoge un reportaje a los veteranos de las Farc.

Trece días completan en huelga de hambre los prisioneros y prisioneras de las FARC que permanecen en las cárceles debido al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.

La ley de amnistía e indulto aprobada en diciembre pasado no ha sido aplicada, y después de más de seis meses de incumplimiento, los prisioneros políticos de las FARC se declararon en huelga de hambre, sin que los medios cubran debidamente esta dramática y vergonzante situación para un país que presume de democrático y civilizado.

Sus quebrantos de salud ya son evidentes y requieren atención inmediata. Jesús Santrich, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, quien también se declaró en huelga de hambre, el día de ayer no salió en su cuenta de Twitter a dar el informe habitual sobre la situación de los prisioneros. Su salud se deteriora y sus compañeros debieron dar informe sin él.

El camarada Jesús Santrich, debido al agotamiento que va sufriendo por la huelga que viene desarrollando también de hambre en solidaridad con nuestros prisioneros políticos, no pudo estar en el día de hoy”, afirmaron sus compañeros en Twitter durante el informe que cerró la noche de este viernes.

Las cifras de los prisioneros en huelga de hambre son escandalosas y preocupantes, y llenan de indignación por la gravedad que ello conlleva, y cuyo despliegue informativo no está a la par de la gravedad de esta situación. Hasta el día de ayer, según el último informe, 1.784 prisioneros se encuentran en desobediencia, de los cuales1.341 continúan en huelga de hambre“Tenemos 35 compañeros que tienen cosidos los labios”agrega el informe.

A pesar de ello, la solidaridad crece. Y quienes le apostamos a la paz, seguimos firmes exigiendo al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la liberación inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos de la insurgencia. Las FARC ya cumplieron dejando las armas, ahora el Gobierno debe dejar la corrupción, el terrorismo de Estado, que crece con el paramilitarismo, y cumplir lo pactado.

 

Insistió que el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Néstor Humberto Martínez tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

En diálogo con Blu Radio, el integrante de las Farc ‘Jesús Santrich’ aseguró que los incumplimientos en temas como la amnistía podrían hacer que el acuerdo de paz se convierta en “una especie de falso positivo contra los anhelos del pueblo colombiano”.

‘Santrich’ arremetió contra la Corte Constitucional al señalar que está “inclinada a la derecha con el propósito de hacer trizas el acuerdo” y dijo que tiene dudas del compromiso de Estado en este proceso.

Se le acaba de pegar una puñalada trapera al Fast Track. Ahí hay magistrados sensatos que puedan definir el futuro de este país hacía la paz”, afirmó.

Recordó que, en los acuerdos de La Habana, las amnistías fueron uno de los temas más debatidos y detallados.

“Las Farc dejaron las armas el día 27 de este mes. Nosotros estamos en plan de acción de paz, pero no vemos correspondencia y compromisos y ahora estamos sin armas parece que nos quieren construir obstrucciones jurídicas y convertirnos en moscas atrapadas en la telaraña de sus construcciones jurídicas amañadas”, explicó.

Dijo que la falla de la ley de amnistía “es el espíritu de buena fe en que los jueces de ejecución de penas van a cumplir con la norma y no lo están haciendo”.

Insistió que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

“Ellos están en función desde su posición en instancias importantes del Estado pues están actuado. El fiscal se ha opuesto constantemente de la Unidad para la investigación y el desmonte del paramilitarismo y su oposición de la justicia especial para la Paz con argumentos leguleyos y ahora se suma el procurador persiguiendo a los guerrilleros extranjeros”, dijo.

ANNCOL hace público Pronunciamiento sobre asuntos esenciales que deben rodear unas conversaciones: Participación de la sociedad y el Cese Bilateral más allá de su actividad insurgente y que cobije la población en general:

Leamos:

Desde el primer ciclo se constituyeron dos submesas especializadas; una para abordar la participación y otra para acordar acciones y dinámicas humanitarias.

En el tema de participación se siguió trabajando sobre las Audiencias Preparatorias, lo que está muy avanzado. Si el gobierno tiene voluntad, estas Audiencias se podrían realizar y terminar en el tercer ciclo, para obtener los elementos básicos de diseño del punto #1 de la agenda: “Participación de la sociedad en el proceso de paz”.

La submesa humanitaria está encargada de examinar asuntos como el genocidio en curso contra líderes sociales, las privaciones de la libertad, desminado humanitario focalizado y ahora también asume el estudio de un posible cese bilateral.

El cese bilateral consiste en la no realización de acciones ofensivas entre las dos Partes, lo que se acompañaría con hacer alivios humanitarios, que rebajen intensidad al conflicto y beneficien a la población; para lo cual exigimos que el régimen cese:

– La agresión contra el movimiento popular y las tendencias políticas que están por los cambios en Colombia, y tomar medidas concretas frente a las autoridades y los mandos de la fuerza pública, que están aliados con el paramilitarismo.

– El incumplimiento de acuerdos de garantías en Derechos Humanos, adquiridos con el movimiento social.

– Las acciones que provocan confinamiento, desplazamiento, bloqueo y control de alimentos, medicamentos y bienes necesarios para el trabajo y supervivencia de las comunidades.

– La judicialización de los líderes sociales y de la protesta social.

– El hacinamiento infrahumano de la población carcelaria, con medidas efectivas de alivio humanitario.

El ELN reitera su voluntad de avanzar hacia un cese al fuego bilateral, y espera del gobierno un compromiso serio a la hora de pactar una suspensión de las afecciones a la población.

Delegación de Diálogo del ELN

Quito, Ecuador, julio 2 de 2017

MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE.

La paz supone realizar un amplio trabajo para encontrar los desaparecidos por causa de la violencia estatal y paramilitar.

Hay un decreto que crea la Unidad de busqueda de personas desaparecidas, el 589 del 2017 (Ver http://bit.ly/2ptggLL ) pero es prioritario dar curso a sus mandatos. 

De este tema se ocupa la Geografa Maria Fernanda Quintero Alzate, quien publicara proximamente un libro sobre este trascendental asunto para la recuperacion de la Memoria historica en el marco de la Justicia Especial de paz.

Empezar a escribir sobre una geografía de los muertos, es pensar en los ciudadanos con vida que no se saben dónde están. Es traer a la memoria sobre los miles de ciudadanos que se ignora dónde están? si están sepultados con identidad desconocida ¿En qué lugar hallarlos?

 Fosas comunes 

I Parte

Empezar a escribir sobre una geografía de los muertos, es pensar  en los ciudadanos con vida  que no se saben dónde están. Es traer a la memoria sobre los miles de ciudadanos  que se ignora dónde  están? si están sepultados con identidad desconocida ¿En qué lugar hallarlos? Ese marasmo que  implica empezar por indagar  y esclarecer- Estan vivos? ¿Dónde están? – ¿Qué les  hicieron? -¿Dónde se los llevaron?- ¿Quién los asesinó?- ¿Dónde están ubicados? -¿En qué lugar los  enterraron?- ¿Cómo desenterrarlos? – ¿Cómo  develar la presencia de otro?, sin duda es la angustia de los familiares de las víctimas. En consecuencia,  significa trazar  múltiples  rutas  de trabajo, de intereses, de fuentes de información  e intención de parte de los familiares de las víctimas, ante la fuerza, el poder de los victimarios que se desea que permanezcan ocultos.

Esta significación,  implica transitar en la  geografía de los muertos: un espacio inmerso no solo en  terrenos extensos de una geografía física, sino en  la representación de  la vida  y la existencia de miles de ciudadanos en un conglomerado social. Es la representación de una geografía del  lugar del ausente,  es decir el “desaparecido”, el “eliminado”  que  sinuosamente se halla en un espacio geográfico que no conocemos. En ese trayecto reposan miles de seres  esperan ser develados  y que se  hallan bajo un territorio político,  escindido por lo oculto. En Colombia 80.000 mil desaparecidos aproximadamente, esperan salir traídos a la luz de  la memoria de una sociedad que se ha destacado  por  tratar el tema de la manera más ínfima. Esta representación cartográfica tiene que ver con tres  factores: 1. La identidad – ciudadanos con una vida cotidiana que se convierten en  cuerpos políticos con identidad desconocida 2- El territorio- como  representación sobre  el ocultamiento geográfico de los  desaparecidos, los  enterrados de manera indiscriminada que permanecen inexorablemente a lo largo del tiempo en una cartografía de fosas comunes, es decir, en un sitio, en un lugar y 3. El ejercicio desde  lo político como coerción del territorio.

En esta dimensión, se hace indispensable ejercer acciones con relación a los ciudadanos desaparecidos, su número identidad, su mapa de  vida como trayecto los cuales permanecen ocultos. En efecto, son aquellos quienes  desde su lugar de nacimiento transitan en un trayecto hasta  el día que los desaparecieron. Un trayecto del cuerpo, del ser infinitamente in-visibilizado en manos de la imposición del terror de otro.

En esta representación territorial, la geografía de los muertos requiere la construcción de una Cartografía de Mapas de los desaparecidos.[2] De hecho, una cartografía temática en la construcción  de los mapas como  herramienta  de análisis  para el proceso social  en el esclarecimiento de la verdad. De esta manera implica una realización de mapas locales de fosas comunes,  como respuesta una modelización cartográfica en el país.  La representación de los  Mapas de Fosas Comunes,  sobre los miles de ciudadanos desaparecidos por la guerra, es decir   sobre la  violencia sistemática,  perpetrada en los  diversos espacios geográficos y en los múltiples  territorios en Colombia es de gran  reto para que exista una verdadera  Paz y una memoria sobre la catástrofe  que no concluye en Colombia, en el universo.

La representación del horror: enterramiento en Fosas Comunes en Colombia.

En Colombia se tiene una estadística de fosas comunes, pero aún se sigue sin  contar el número de desaparecidos  como responsabilidad del Estado, bajo sus  crímenes perpetrados durante diversos periodos.[3] El tema de los mapas  de fosas comunes es de  gran  complejidad  y  magnitud, en términos de lo que significa la memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad sobre diversos acontecimientos de muerte  y hechos ocurridos para miles de ciudadanos en el territorio nacional

En la geografía colombiana  hay 85.000 ciudadanos desaparecidos, de los cuales, no se sabe cuántos hay como  sepultados  como  NN[4]. Se  estima  que yacen 45 mil ciudadanos en fosas comunes. Esto  implica un reto histórico no solo,  para las víctimas, sino para toda una sociedad. Los cuerpos con identidad desconocida, enterrados implica, una representación territorial,  en un lugar posiblemente  no  geo-referenciado  o  bajo otras  localizaciones geográficas.

El Mapa como esclarecimiento de la verdad

-Mapas de Fosas  Comunes

La cartografía tiene un  significado territorial, de  factores  multivariados en  relación  con la identidad y la memoria de un pueblo. El mapa como representación tiene un  significado geo-histórico y político.  En este sentido el mapa de los  desaparecidos, abre reflexiones y diálogos sobre  el proceso de identidad, el cual  permite una fuerza territorial a las  huellas  de la memoria: la revelación de cientos de individuos eliminados sin nombre, identidad y sin  lugar.  El mapa en los términos de la memoria y el trayecto que este  contenga,  permite  vías para el esclarecimiento de la  verdad y la memoria histórica,  sobre los  miles de personas desaparecidos y enterrados en  fosas por más de 60 años de guerra  en Colombia.

El mapa de fosa común– es una representación geográfica, de acontecimientos asociados a  un mundo invisible, individual, colectivo, permanente, cargado  bajo una ideología de guerra que se relaciona íntimamente con  el trayecto político de un pueblo, en un paisaje,  un espacio geográfico, donde  los ciudadanos son enterrados como NN  en un territorio con identidades  de carácter emergente 

Los  Mapas de fosas comunes, son  representaciones de una violencia impuesta por el estado u otros factores de violencia de forma territorial, realizada mediante asesinatos sistemáticos. El mapa de los desaparecidos  tiene un  significado territorial, de  factores  multivariados en  relación  con la identidad y la memoria de un pueblo que yace en una fosa común. Más allá es precisar el sentido del mapa, en los términos de la memoria y el trayecto que esta  contenga,  para el esclarecimiento de la  verdad y la memoria histórica sobre los  miles de personas desaparecidos y enterrados en más de 60 años de guerra  en Colombia, donde el gran recto y lo acordado con las FARC-EP, es marcar un derrotero de acciones para el esclarecimiento de la verdad.

Por María Fernanda Quintero Alzate [1]

[1] Geógrafa, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre en Cali. Investigadora en Memoria, territorio y Derechos  Humanos.

[2] Según la noticia:   La  Macarena  es  una  las  fosas  comunes  más  grande  del mundo, con más de 460 cuerpos enterrados sin identificar. De acuerdo con la fiscalía en el año 2016  son más de 2.300 los cuerpos que fueron enterrados en cuatro cementerios de los Llanos Orientales. (radio, 2016)

[3] La Fiscalía exhumó 1.010 cuerpos solo en cuatro cementerios en el Meta. (radio, 2016)

[4] En los registros de la fiscalía  constan  65.668 desapariciones atribuibles a delitos como el secuestro u otras acciones. (Espectador, 2013)

Twitter:  @Fernandaq14

En todo el país los guerrilleros presos de las Farc están en huelga de hambre para llamar la atención sobre las demoras en amnistiar o trasladar a las zonas de concentración a los guerrilleros presos. Son cientos de ellos los que ya se han cocido los labios y dicen que no comerán hasta ver su libertad. Si los guerrilleros –y el negociador de las Farc Jesús Santrich- persisten en su huelga hasta verlos salir de la cárcel, algunos morirán antes porque la amnistía se ha chocado de frente con todos los problemas estructurales de la Rama Judicial.

El hambre y la protesta

En Rivera, un municipio que queda a veinte minutos de Neiva, hay 156 presos de las Farc en huelga de hambre. El director de la cárcel, Juan Carlos Reyes, dijo a La Silla que ya completan siete días sin comer. "Seguro comerán algo a escondidas, pero delante del personal nada", dice.

Nos contó también que puso a un equipo de médicos a estar pendientes de esos presos y que ya le mandó una carta al Inpec notificándole la situación. 

Desde las zonas veredales, la idea es hacer "jornadas de solidarización con los camaradas para apoyar a los presos y hacer presión en redes sociales para visibilizar su situación", dijo a La Silla el responsable político de las Farc en la zona veredal de La Montañita, Federico Montes. 

En Cúcuta, las protestas de los 170 guerrilleros recluidos en la Cárcel Modelo la iniciaron desde el martes, cuando 19 se cocieron la boca para empezar la huelga de hambre hasta que se cumpla su liberación. Al tiempo, todos los presos de las Farc se declararon en desobediencia civil y desde entonces tampoco han recibido alimentos. 

En respaldo a los presos, el jueves el movimiento afín a las Farc Marcha Patriótica junto a organizaciones como 'Poder Paz' (de Judith Maldonado, una de las integrantes de Voces de Paz) y Fucepaz (acompaña a los presos políticos) hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia con carteles y mujeres con los ojos vendados para pedir celeridad en las amnistías. 

A la par, en la zona veredal de Caño Indio en el Catatumbo, el frente 33 de las Farc está presionando a través de redes sociales con fotos, comunicados y videos de guerrilleros que tienen familiares detenidos. 

Guerrilleros de la zona de Tierra Grata, en el Cesar, también grabaron un video para mover el tema de las protestas por amnistías. “Los muchachos se cosieron la boca y ahora están recibiendo amenazas de los guardias. Que si no obedecen los meten al calabozo”, asegura Adriana Cabarruz, guerrillera de esa zona.

Las huelgas de hambre arrancaron al tiempo con la ceremonia de dejación de armas en Mesetas, durante la cual muchos guerrilleros sacaron sus carteles pidiendo la liberación de sus compañeros para llamar la atención del presidente Juan Manuel Santos, a quien ya el jefe guerrillero Timochenko había insistido en el incumplimiento del Estado en este frente (entre varios otros) delante de la comunidad internacional y las cámaras de televisión.

El problema

En las listas que entregó las Farc al gobierno, hay 2440 guerrilleros presos. La Oficina del Alto Comisionado tenía observaciones sobre 300 de esos nombres tras revisar uno por uno junto con los organismos de inteligencia del Estado porque considera que no son guerrilleros. De esos, las Farc ya reconoció que más de 100 no deberían estar en esa lista y los sacó.

El día de la dejación de armas ya habían salido 1115 de la cárcel y desde entonces han quedado libres o han sido trasladados otros 320.

Según el Gobierno, de los restantes, 644 no han hecho todavía la solicitud de amnistías o de traslado. “Algunos no quieren quedar en libertad o ser trasladados”, le confirmó una fuente de la Fiscalía a La Silla Vacía. El verdadero problema serían un poco más de 800 casos.

Cuatro fuentes, que tienen que ver con las amnistías directamente tanto en la Fiscalía como en el Gobierno como en la Rama Judicial le dijeron a La Silla Vacía que varias de esas amnistías no podrán ser concedidas antes del 1 de agosto cuando vence el plazo con el que Santos se comprometió con las Farc.

Las razones son varias. 

Durante la discusión del Acuerdo de Justicia con los tres juristas escogidos por Santos y los tres de las Farc se acordó que los jueces deberían decidir de oficio caso por caso si aplicaba la amnistía automática para los guerrilleros que estaban presos.

En ese momento, fue un tema polémico en la Habana porque las abogadas de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que había sido excluido por Santos de esa negociación, abogaban para que esa decisión fuera administrativa y decidida por una resolución presidencial pues anticipaban que sería un problema transferirlo a la Rama Judicial.

Pero los juristas consideraron que siendo una decisión judicial tendría una mayor seguridad jurídica y ese era un punto clave para las Farc y para el Ejército. Así quedó.  Luego fue reglamentado por la ley 1820.

Tal como quedó redactada la ley era prácticamente imposible de aplicar por los jueces, porque entre otras cosas, no previó los diversos sistemas penales que conviven en la actualidad dependiendo del año en el que fue condenado el preso y hay varios guerrilleros que tienen procesos el sistema acusatorio, otros en el inquisitivo, otros en Justicia y Paz.  "La ley de amnistía quedó mal hecha", concluyó el representante en Colombia de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU , Todd Howland.

Como no quedó bien, cuando los guerrilleros amenazaron con no dejar las armas en las fechas previstas si no salían las amnistías, el gobierno sacó el decreto 277 con reglas procedimentales para hacerla más aplicable.

“La ley quedó mal redactada y era inaplicable. Acompañada del decreto logramos que caminara”, dice la juez Shirley del Valle, coordinadora de los jueces de ejecución de penas.

Aún así, los jueces se siguen enfrentando a varios problemas prácticos.

Para pronunciarse de fondo sobre si procede o no la amnistía, la ley dice que los guerrilleros deben presentar el acta que suscriben para ser certificados comprometiéndose con el acuerdo de paz y con jamás volver a empuñar las armas contra el Estado. Los militares condenados deben presentar un concepto previo del secretario de la Jurisdicción Especial de Paz, que los juzgará posteriormente.

El Secretario de la JEP no ha dado abasto rindiendo los conceptos para los más de mil militares condenados, y eso se ha convertido en un cuello de botella para las amnistías de las fuerzas militares.

Para las de los guerrilleros, que son el problema más inmediato, el decreto le dice a los jueces que ellos deben acumular los procesos que tenga un guerrillero para con una sola decisión amnistiarlos u ordenar su libertad condicional y traslado a las zonas cuando cometieron crímenes de guerra.

Hacer eso no ha sido fácil. “Hay resistencia de acumular procesos”, le explicó la juez del Valle a La Silla. La razón es que el Código de Procedimiento Penal dice que se pueden acumular procesos cuando ya hay sentencia. Pero lo que se les exige ahora es que acumulen condenas con órdenes de captura o con sentencias no ejecutoriados. 

“En la cabeza de muchos jueces eso es casi imposible”, dice. “Los jueces dicen yo lo amnistió por el mío, pero no por las órdenes que tienen los fiscales”.

Porque si un juez quiere acumular todos los casos contra un guerrillero, le tocaría oficiar a los fiscales que tienen las medida de aseguramiento para que tramiten la libertad. Pero establecer con certeza qué fiscales o qué jueces tienen esos otros procesos es una tarea titánica pues, según Del Valle "los sistemas de información de la Rama Judicial son obsoletos".

La Fiscalía, que es la institución más avanzada en este campo, creó un algoritmo para hacer búsquedas aproximadas en sus cuatro bases de datos y las dos de la Policía para encontrar todos los posibles casos que podrían ser de las personas que aparecen en el listado de las Farc, pues muchas veces los nombres que da la guerrilla no tienen la cédula correspondiente (o ha pasado que tienen cinco cédulas).

A veces, los fiscales que llevaron el caso son despachos que ya no existen. Hay otros casos de personas que fueron privadas de la libertad por ser del EPL o del ELN pero en algún momento fueron de las Farc y por eso aparecen en los listados.

Como esa labor es engorrosa y ya tienen una carga de trabajo muy grande, los jueces prefieren hacer su parte y no oficiar a los fiscales.

Eso ha llevado a que el preso llegue con el fallo de amnistía de un juez de ejecución de penas al Inpec para solicitar su libertad, y el Inpec le conteste que tiene otros diez procesos y dos órdenes de captura pendientes. Con lo cual, sigue preso.

Con las libertades condicionales de los que no pueden ser amnistiados automáticamente porque cometieron delitos muy graves, el cuello de botella es peor porque ahí el juez tiene que entrar a valorar si el delito lo cometieron dentro del conflicto armado.

En las capacitaciones, el Gobierno ha insistido en que esa valoración la debe hacer la JEP y no ellos, pero los jueces sienten que hasta que no entre a operar la justicia transicional, son los jueces los que tienen que hacer esa valoración. Un criterio que, además, sienten que la Corte Suprema ratificó con un fallo reciente.

En esta valoración a veces entra a jugar una especie de “objeción de conciencia” de algunos jueces que invirtieron años de su vida y muchos recursos del Estado investigando y juzgando a estos guerrilleros y que les cuesta trabajo dejarlos ahora en libertad. Más cuando las Farc mataron a policías judiciales y a jueces.

Esto empeoró después de que el gobierno sacara un decreto de habeas corpus en mayo para acelerar las amnistías. “Los jueces se sintieron molestos por la forma de presionar”, dijo Shirley. “Muchos jueces dicen: si lo que quieren es que nos pronunciemos como sea, entonces negamos de fondo”.

Dice que a esto se suma, el cubrimiento mediático negativo que ha tenido la libertad otorgada a guerrilleros responsables de delitos muy notorios como cuando se le concedió libertad condicional al 'cerebro' del atentado al Club El Nogal, en Bogotá. “Cada vez que los medios comentan, vienen a decir que somos corruptos”, agrega.

Para tratar de solucionar este problema, el gobierno se ha reunido con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y los jueces de ejecución de penas para pedirles que prioricen las amnistías de los listados de las Farc puesto que también están recibiendo las solicitudes de amnistías de otros que quedaron incluidos en el Acuerdo de las Farc como los condenados por lo que hicieron durante protestas sociales.  El ministro de Justicia les ha pedido personalmente a los jueces que por favor fallen las amnistías.

Pero como dijo una juez, "en la ley hay un nerviosismo de parte del legislaivo y ese nerviosismo lo trasladaron a la Rama Judicial".  Y como algunos problemas son estructurales de la Rama Judicial, como el de la falta de un sistema de información de casos consolidado o una cultura organizacional poco flexible, no se avizora una solución pronta.

Probablemente tendrán que sacar una nueva ley poniendo en cabeza de las Farc la obligación de entregar la información precisa sobre en qué juzgados están los casos de sus presos y en el Presidente la competencia de amnistiar u otorgar la libertad condicional por la vía administrativa a todos los que están en el listado validado de las Farc.

Pero mientras se encuentra esa solución, Santrich y los demás guerrilleros tendrán que decidir si comen o si se inmolan ante los problemas estructurales de la justicia.

http://lasillavacia.com/historia/santrich-se-muere-de-hambre-antes-de-que-fallen-todas-las-amnistias-61557

El ex jefe guerrillero habla sobre la protesta que lidera en solitario por los guerrilleros encarcelados. Dice que lo "único que tienen garantizado es un par de tiros en la cabeza" y que el acuerdo no se puede "convertir en un falso positivo".

SEMANA: ¿Desde cuándo y por qué está en huelga de hambre?

Jesús Santrich: Desde el día 26 de junio hay una protesta nacional. Iniciaron 1.200 y en este momento hay 1.486 guerrilleros de las Farc en huelga y alrededor de 1.700 en desobediencia. Yo me vinculé el pasado lunes y lo que se busca es que se cumpla el acuerdo de La Habana que tiene que ver con la liberación de nuestra gente.

SEMANA: Pero, ¿ese trámite no viene caminando ya?

J. S.: Han salido de las cárceles, hasta ahora, 843 personas. Debido a esas bajas cifras, comenzó la protesta de la que participan 47 mujeres, una de ellas lactante. A eso se suman, 35 compañeros que tomaron la determinación coserse la boca. Este jueves, hubo un plantón en las principales ciudades del país: Medellín, Pereira, Popayán, Valledupar, Cúcuta y Bogotá.

SEMANA: ¿Quién es la madre lactante?

J. S.: Mayerli Becerra Muñoz y tiene un bebé de cuatro meses de edad. Ella está en la cárcel de Cúcuta y su caso está en manos del juez quinto de ejecución de penas. 

SEMANA: ¿Qué ha entorpecido la aplicación de la Ley de Amnistía?

J. S.: Aquí no hay fallas normativas porque el acuerdo tiene el mayor detalle que pueda tener una Ley de Amnistía en el mundo. Eso se lo pueden preguntar a especialistas y juristas. Además de tener un acuerdo depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, existe una declaración unilateral del Estado ante Naciones Unidas , un acto legislativo que lo coloca en marco de interpretación y un decreto presidencial que la regula. Incluso, hay una resolución de reforzamiento del Hábeas Corpus, que no debió salir, pero ahí está. Lo que hay es un problema de voluntad política y demoras, por ejemplo, en la entrega de las certificaciones.

SEMANA: ¿A qué se refiere? ¿No todos los guerrilleros tienen el boleto que acredita su tránsito a la vida civil?

J. S.: En este momento están colgados con la entrega de alrededor de 930. Además, hacen falta actas de compromiso que el secretario de la Jurisdicción Especial de Paz -no sé si por falta de personal, falta de tiempo o voluntad- no se han gestionado. Me atrevería a pensar que es más por lo primero, que por lo último. Hay una actitud negligente, mezquina y antijurídica de los jueces de ejecución de penas porque están haciendo negación de justicia, están prevaricando y no hay instancia del Estado que le ponga freno a eso.

SEMANA: ¿Hasta cuándo va con la huelga de hambre?

J. S.: El día 26 de junio yo dije que en el caso mío, porque no quiero someter a los compañeros que están en las cárceles, es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión.

"Es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión".

SEMANA: ¿Cómo le ha ido en estos cinco días?

J. S.: He estado tomando agua e hidratándome con suero. La idea es que se aguante lo que más se pueda para que alcancen a salir todos. Ojalá haya una actitud de sensatez porque en La Habana nosotros dialogamos fue con el Gobierno, representando al Estado colombiano. No puede ser que la implementación se convierta en una renegociación con cada una de las instancias y ramas del poder público. Esto, incluyendo a la Fiscalía que se ha convertido en otro palo en la rueda de la paz.

SEMANA: ¿Es decir, el tránsito de la guerrilla a la vida civil no se ha completado?

J. S.: Las Farc ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Cuando se han presentado demoras no ha dependido de nosotros, sino del Gobierno con su parte. Este es un acuerdo que tiene un principio de igualdad, buena fe, de Pacta sunt servanda para cada una de las partes. Es decir, que lo que se acordó hay que cumplirlo. Se habló desde un principio de simultaneidad e integridad. En la medida que las Farc cumplía, el Gobierno también. Sin embargo, nosotros entramos a las zonas veredales sin que la construcción de los campamentos hubiera terminado. La idea era que esos lugares la guerrilla iba a llegar a vivir de manera digna, el problema es que el tiempo pasó y todavía no se han terminado de construir.

SEMANA: Y... ¿Por el lado de la reincorporación de los excombatientes cómo van?

J. S.: Hay algunas acciones asistencialistas que -de su propia inspiración- han hecho entidades del Estado como el SENA  Sin embargo, acciones derivadas del acuerdo de paz como tal, en el capítulo de Reincorporación, no hay ninguna. Hay un decreto que crea las instancias que manejarán la reincorporación pero no han derivado en acciones prácticas. Aquí lo que hay son puras promesas en materia social, salud y generación de proyectos productivos. Yo siempre he dicho que seguimos con el proyecto Escalona. Es decir, con la casa en el aire.

SEMANA: Explíquese...

J. S.: No hay certeza para los excombatientes de dónde van a ir el día 240 porque los sitios que ocupan ahora son terrenos alquilados. Se ha dicho, después de tanta presión nuestra, que esos espacios se van a convertir en escenarios de formación y reincorporación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No queremos que por cuenta de este incumplimiento en las liberaciones y en la implementación, el pacto de La Habana se convierta en un falso positivo contra las esperanzas de reconciliación de los colombianos.

SEMANA: Entonces, ¿ve cruda la arquitectura de la reincorporación de los excombatientes?

J. S.: Sí, totalmente. Hay unos planteamientos normativos que -por más sea decirlo- están en manos de una Corte Constitucional que se ha mostrado inclinada hacia la derecha que ha dicho hará trizas el acuerdo. Una posición que también ha mostrado el Procurador. En vez de velar por la administración pública, él ahora está es viendo cómo quita la posibilidad de que los extranjeros que están en las Farc tengan vías de reincorporación. Por eso digo, que aquí debe haber un compromiso de Estado. No podemos seguir con esa farsa de que como no hay división del poder en ramas y de que así es la democracia, toca ver qué se le ocurre a cada funcionario.

SEMANA: En La Habana se acordó la creación de unas comisiones que ayudarían a sacar adelante la implementación, ¿están funcionando?

J. S.: Si están en acción. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) que tiene un componente de Gobierno y otro de Farc está funcionando. Precisamente a esa pertenezco yo, al lado de Iván Márquez, Victoria Sandino y tres ministros. Ahí hemos podido adelantar los debates de la implementación normativa, pese a que muchas veces el Gobierno ha pasado proyectos sin tener el visto bueno de la comisión, que es el procedimiento correcto.

Sin embargo, aunque estamos ahí tratando que esos desarrollos normativos se den. Luego vienen otros debates como los del Congreso de la República donde da la impresión de que hay que negociar con cada congresista para que no le pongan 20.000 proposiciones al acuerdo que van en contra vía de ellos. Luego la corte, le colocó cortapisas, casi una puñalada al fast track. Lo que uno puede prever es que la corte más adelante -si le da la gana- puede actuar contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o la misma Ley de Amnistía.

SEMANA: En resumen, ¿qué está fallando?

J. S.: Inseguridad jurídica, inseguridad personal por la expansión del paramilitarismo e inseguridad socioeconómica porque no hay claridad sobre qué proyectos productivos van a desarrollar los excombatientes. Los otros dos puntos son la renegociación en la que se ha convertido esto y la desfinanciación. El Gobierno apenas promete comprometer 0.6 puntos del PIB. Eso no es nada con la deuda social inmensa que tiene el Estado con su pueblo.

SEMANA: ¿En qué va la Comisión de Garantías?

J. S.: Sólo hay denuncias y promesas. Hay más de 15.000 compulsas de copias que están en ese escenario de lucha contra el paramilitarismo y la Fiscalía nunca ha actuado. Del acuerdo se debió derivar una Unidad Especial de Investigación para la desarticulación de ese fenómeno, pero lo único que ha encontrado son obstrucciones por parte del fiscal. Aquí hay una especie de protección a los financiadores del paramilitarismo y señalo de manera directa al fiscal en ese papel. Hasta cuándo va a obstruir el proceso de paz.

SEMANA: ¿Se siente en riesgo?

J. S.: Aquí lo que tenemos garantizado es un par de tiros en a cabeza. No hay garantías para la acción política no sólo para las Farc, sino para el movimiento popular y social. Yo me aventuraría a decir que lo que se está configurando es una reedición de la Unión Patriótica, del exterminio de la UP.

SEMANA: ¿Qué va a pasar cuando desaparezca la figura de las zonas veredales?

J. S.: El plan nuestro es el acuerdo. La insistencia desde la Csivi y el CNR es que se cumpla todo lo que está allí. Eso implicaría actuar contra el paramilitarismo, generar medidas de seguridad para las comunidades y la organización que salta a la legalidad. No hablo con desazón sino con realismo. Hay un estado de incertidumbre porque no se ven garantías para que después del día 240 haya tierra para los guerrilleros, dudo mucho eso.

SEMANA: A propósito del artículo de Iván Gallo, algunos sienten un distanciamiento suyo de las posiciones del Secretariado...

J. S.: Si vi el artículo con la supuesta solidaridad hacia mí y atacando a la dirección de las Farc. Yo estoy en absoluta coincidencia con la dirección de las Farc. Nunca he hecho acciones ni imposiciones de disidencia. Pero también estoy sentando posiciones realistas frente a lo que se viene porque ha habido una actitud sistemática de incumplimientos por parte del Estado.

SEMANA: ¿Cree que ese estado de incertidumbre más el efecto de la campaña electoral aumentará las disidencias?

J. S.: No pienso más en desertores porque las Farc son una organización política que ya dejó las armas. Sin embargo, sí puede haber desaliento y desazón. Por eso el Estado tiene el compromiso de generar alternativas para la construcción del buen vivir. No sólo a las Farc sino a las comunidades. Aquí no se trata sólo del asunto de las armas. La paz no sólo es el silenciamiento de los fusiles, la paz es darle vivienda, salud y resolver las necesidades básicas que tienen los colombianos.

En el país hay más 12 millones de pobres. No se trata de que los que pertenecieron a las Farc se alzan o no en armas, aquí va continuar el alzamiento armado de parte de la gente oprimida, segregada y excluida si no se solucionan esos problemas que pretenden palear -de alguna forma- el acuerdo de La Habana.

SEMANA: ¿Cómo va el engranaje de las ECOMUN, el modelo asociativo con el que aterrizarán en la economía legal?

J. S.: Queremos entrar a todos los sectores de la economía y la acción social que hay en Colombia. La reincorporación tiene dos capítulos: uno es el político que abre las puertas para tener la personería jurídica que permite establecer el partido, eso se dará después de la primera semana de agosto. El otro es el económico, no se trata de crear guetos sino de vincularlos con todas las comunidades que han estado apartadas, aisladas del conjunto de desarrollo nacional. Eso es lo que deseamos. Estar en todos los sectores de la producción, de las políticas y las artes. La terminación de la guerra implica eso, una transformación económica, política pero también social y cultural.

"Desde el PIE solicitamos tanto al gobierno del presidente Juan Manuel Santos como a la Unión Europea que es veedora de la implementación del Acuerdo de Estado Final de Paz para que ambas instancias exijan su cumplimiento, y llamamos a la solidaridad de partidos políticos, movimientos sociales y de la comunidad internacional al llamamiento para que se cumpla con todo lo que corresponde en la implementación del Acuerdo donde un punto prioritario es la libertad de los prisioneros políticos que siguen encarcelados, pese a la ley de amnistía"....Grupo de trabajo de América Latina y Caribe del Partido de la Izquierda Europea.

Domingo, 02 Julio 2017 17:18

Esto no es una fiesta

Asistí a la dejación de armas en una de las llamadas —por ahora— Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en Cesar; para más veras, en una loma desde donde se mira Valledupar y toda esa riqueza asentada al sur del puente Salguero: tierras ganaderas con tres vacas y un hipódromo sin caballos. El día estaba claro y húmedo. Cuando comenzó el acto, unos 25 guerrilleros se asfixiaban bajo el techo de fuego de uno de los campamentos donde se alojan otros 250. Sentados de cualquier manera —más abúlicos que interesados—, miraban el evento en un aparato de televisión desvencijado de imágenes borrosas. Al finalizar almorzaron lentejas con arroz y agua de panela, como siempre. El silencio andaba de lado a lado. Algunos miraban hacia la Serranía del Perijá donde habían vivido y combatido. Otros deambulaban. Para nosotros, me dijo el comandante Solís Almeida, “esta joda no es una fiesta”.

Aquellas armas que habían conseguido durante más de medio siglo y que habían costado tanta sangre y tantos muertos quedaban depositadas en los contenedores de la ONU. En realidad dejaban ahí, inertes como los fusiles, sus propios muertos. El saldo pírrico de la guerra. La dejación no fue ni el primero ni el último hecho del camino que tomaron.

El primero fue la inédita experiencia del cese bilateral del fuego. Entonces aunque no podían dormir a pierna suelta, los sobresaltos de un bombardeo eran menores y poco a poco la prevención disminuyó. Al mismo tiempo, mermaron también los recorridos de vigilancia sobre el Ejército, hasta que, desde hace un par de meses, las guerrillas se concentraron. La inmovilidad era para ellas una experiencia desconocida que implicó, de por sí, la pérdida de libertad de movimiento. Y con la inmovilidad también el criterio del tiempo cambió: ahora, la rutina dejó de tener ese sabor de aventura que tan intensos vínculos crea entre la guerrillerada y que la hace ser, de verdad, un solo cuerpo. Los menús también variaron. El Gobierno les envió alimentos a los que no estaban acostumbrados —granola con yogur, por ejemplo— y que a muchos les descompusieron el genio y el estómago.

Cambio trascendental fue la dejación del uniforme camuflado, que, por lo demás, era idéntico a los del Ejército. Era su identidad frente a los otros, los que están fuera del monte. Con uniforme se sentían parte de una colmena; sin él, las diferencias de matiz se instalaron. Fue sin duda una medida para aclimatarse a la vida civil, complicada para la mayoría. En la guerra la presencia de la muerte era diaria y el uniforme lo recordaba; en la cotidianidad civil el valor de la vida se diluye y la rutina se apodera del tiempo.

La dejación del arma personal, con la que habían defendido su vida en los combates, con la que pensaban estar contribuyendo a fundar un mundo nuevo de justicia y paz, fue triste. Fue un acto íntimo y silencioso de cada guerrillero y cada guerrillera, que no pocas lágrimas costó. Las guerrilleras tenían un apego emocional a su arma; para las jóvenes eran como muñecas que había que cuidar, limpiar, consentir y tener a mano. Eran el osito de dormir que tanta seguridad da frente a la noche. Los fríos funcionarios de la ONU les arrancaron cintas, collares, pines, manillas y hasta los dibujos con que las muchachas adornaban el cañón o el culatín de su fusil, y se los reemplazaron por un número. Un comandante medio, que había salido a una misión civil, al regresar buscó su fusil en la caleta. Encontró un vacío doloroso. Le pidió a la ONU que le permitiera despedirse de su fierro y tomarse una fotografía “juntos”. El funcionario convino. Fue —recuerda— como cuando uno se despide de un ser querido antes de enterrarlo: quiere verle la cara por última vez.

Página 1 de 110

Uldarico Flórez - Abogado DD.HH de los Presos Políticos en "Voces del Sur" 15 julio 2017 "La 1820 con muchas trabas con jueces de los partidos tradicionales" - " El error de la Amnistia: no se podia dejar en cabeza de los Jueces de Ejecución de Penas la libertad de los PPolíticos"
  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
  • marx_foto_misu_joaco_pinzon

Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

Volver