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En búsqueda de las personas desaparecidas

En el marco del proceso de paz entre el gobierno y las Farc, se adoptó un mecanismo orientado a dar respuesta a los familiares que sufren la incertidumbre de la desaparición de sus seres queridos: la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).

Esta unidad es “el mecanismo extrajudicial y humanitario encargado de la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas dadas por desaparecidas” (Decreto 589 de 2017).

Según la nueva norma, la implementación de la UBPD traerá consigo un “cambio en el paradigma de la forma como hasta ahora las instituciones del Estado han desarrollado sus funciones aparar afrontar el fenómeno de la desaparición forzada de personas en Colombia”.

Todo parece de maravilla. Dice el decreto que “por primera vez el Estado colombiano asume el reto de poner en marcha un entidad estatal de naturaleza humanitaria” con el objeto de garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

Pareciera que el “ahora sí” de este decreto implica el reconocimiento de que lo anterior no servía. Si es así, estamos en problemas porque lo propuesto en el decreto es muy parecido a lo que se plasmó en la ley hace casi 20 años.

Desde la aprobación de la Ley 589 de 2000, existe el mandato de diseñar y poner en marcha planes de búsqueda de personas desaparecidas y de adoptar cualquier otra medida requerida para luchar contra esta cruel violación. Desde ese momento, se dispuso la creación de un sistema de información para registrar y dar seguimiento a los casos. También, se creó un mecanismo de búsqueda ágil y flexible que, a la fecha, ha sido desaprovechado. Las herramientas han existido, lo que ha hecho falta es voluntad para usarlas.

La Unidad de Búsqueda aparece en la escena como la nueva entidad, salvadora y poseedora de los recursos y del conocimiento técnico para cumplir con la tarea. Hay renovadas expectativas en relación con la respuesta oficial a esta violación; pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

La UBPD hereda los problemas del pasado, entre otros: escasez de recursos humanos y materiales; deficiencias técnico forenses; y fallas en el diseño y la operación de los sistemas de información.

Los cálculos presupuestales del funcionamiento de la UBPD se derivan de estimaciones basadas en adivinaciones, porque no hay una proyección técnica del universo de casos que deberá atender. La incertidumbre es alta; no tendría que serlo. Además, los costos de la búsqueda e identificación de restos siempre se han subvalorado.

La creación por decreto de la UBPD no implica la superación de los obstáculos políticos y técnicos que se han presentado en la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia.

Desaparecidos están porque no recibieron protección; porque vivieron una muerte privada y encubierta, que acabó con ellos, generó zozobra y destruyó lazos sociales.

Desaparecidos están porque el terror y el miedo se engulleron a la justicia. Desaparecidos están porque la voluntad de buscarlos sigue ausente.

Por las víctimas de este flagelo espero que el proceso de implementación de la Unidad de Búsqueda demuestre que me equivoco al dudar de las promesas decretadas.

Es hora de que se manifieste, de manera clara y concreta, la voluntad para dar con el paradero de las personas desaparecidas, confrontar a los desaparecedores y recuperar la historia de las víctimas.

Fuente imagen internet

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