Desde Medellín

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente.

Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado.

También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos.  El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las  últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

Fuente Imagen Internet