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La reforma electoral para la democracia ampliada.

Horacio Duque.

Materializar en normas, leyes e instituciones las recomendaciones de la Mision electoral para transformar el sistema electoral nacional es una prioridad en la ruta de concretar e implementar los acuerdos en lo relacionado con la  participacion politica y la democracia ampliada.

La superación del prolongado conflicto social y armado colombiano exige resolver los problemas asociados con la exclusión política y la manipulación de las instituciones públicas para desconocer derechos democráticos esenciales de la ciudadanía.

El acuerdo de paz sobre participación política alcanzado por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos con las Farc el pasado 24 de noviembre plantea la idea de construir una Democracia ampliada con nuevos espacios de intervención y deliberación política. Propone el objetivo de un Sistema electoral más incluyente y, en especial, uno que represente mejor a las minorías políticas y a los territorios afectados por el conflicto armado. 

 

En tal dirección, en el punto 2.3.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se consensuo, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, la creación de una Misión electoral especial conformada por 7 expertos/as de alto nivel, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y 6 expertos/as los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

 

La Resolución 65 del 17 de enero del 2017 del Ministerio del Interior se expidió para conformar tal Misión electoral especial que el pasado 24 de marzo presento un informe preliminar sobre la materia que le fue encomendada.

 

El documento de la Misión Electoral se concentra en tres ejes principales: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral, temas íntimamente vinculados a  cuestiones relacionadas con la representación política, la transparencia, y la existencia de organizaciones fuertes abiertas a nuevas expresiones políticas.

 

En su informe la Misión Electoral Especial señala que su propuesta busca: construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales; mejorar la calidad de la representación política, con énfasis en las oportunidades para jóvenes, grupos étnicos y mujeres; impulsar un sistema de organizaciones políticas fuertes, menos personalista y clientelista, y abierto a nuevas expresiones políticas; promover un sistema de financiamiento que reduzca los costos de la actividad política, genere transparencia, controles, y aumente la proporción de la contribución del Estado; establecer un sistema electoral más sencillo para la ciudadanía, los candidatos, y los organismos electorales, que incentive la participación.

 

Nueva arquitectura institucional.

 

La propuesta busca cambiar la estructura formal de las instituciones que debe repercutir en la democratización de la vida política y la realidad electoral.

 

Se propone la creación de dos órganos, el Consejo Electoral Colombiano con funciones técnicas, logísticas y administrativas, administrando el registro civil y el padrón electoral, y controlando el financiamiento de la política, con presencia territorial permanente, departamental y municipal. Se sugiere que su composición conste de una Directiva de cinco miembros de elección no partidista ni de origen alguno tal, por un periodo de duración de ocho años, ternas, cooptación y equilibrio de género. Que se encargue además de educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados.

 

El otro órgano que se plantea, de carácter judicial, es la Corte Electoral, encargada de la jurisdicción electoral e integrada al poder público, se encargaría de resolver lo contencioso electoral y definiría: la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo de los elegidos por voto popular. Sería el árbitro en las disputas partidistas, define la separación definitiva del cargo, pérdida de la investidura, pérdida del cargo de los elegidos por voto popular.  Se sugiere que su composición conste de  seis regionales con tres magistrados de carrera y en el orden nacional por cinco magistrados, todos ellos de origen no partidario, y nombrados por un período de ocho años. Las ternas serían enviadas el Senado de la República una por el Presidente de la República y dos por la Corte Constitucional. Los tres magistrados así elegidos nombrarían  a los dos restantes.

 

El propósito de este nuevo diseño institucional es poner fin a la fragmentación de tareas que hoy asumen cinco entidades distintas, a saber: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía General. Se adopta la figura de tribunal especializado en temas electorales, vigente en 18 de los 23  países de Sur America.

 

Es absolutamente avanzada la propuesta de erradicar el control partidista de la organización electoral.

 

Aunque se habla de la arquitectura institucional no se debe omitir que los asuntos electorales se mueven en un mar de complejidades que involucran la cultura política de los colombianos, comportamientos, identidades sociales, manejo de la información, personerías jurídicas, organización interna de los partidos políticos y controles efectivos, entre otros factores. 

 

En este contexto es evidente que la apertura que se busca para fortalecer la democracia y ampliar la participación pasa por luchar contra la captura del Estado por parte de grupos y sectores que controlan las dinámicas electorales que anteponen sus intereses particulares al interés general.

 

Financiación electoral.

 

El financiamiento y las campañas estarían centradas en los partidos y no en los candidatos y contaría con un fuerte gasto estatal.

 

Con el fin de controlar fenómenos de corrupción ligados al financiamiento de las campañas de los candidatos y poner un tope real a los gastos de campaña, la sugerencia de la Misión Electoral Especial  es generar un modelo de financiamiento mixto en el que el gobierno provea la mayor parte de los recursos. De este modo se reducirían los costos de la política, con mayores y efectivos controles, brindando oportunidades a nuevas organizaciones políticas. En época electoral el aporte directo del Estado a los partidos se distribuiría en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en resultados precedentes y 10 por ciento de manera equitativa)  y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados de la elección).

 

Cambios en el sistema de elecciones y de financiación.

 

En materia del sistema de elección la Misión propone que se mantenga la circunscripción nacional con 100 senadores, elegidos en lista cerrada y bloqueada, mediante el método de representación proporcional (formula d´Hondt). El principal beneficio sería la reducción de los costos de las campañas, que serían asumidos por los partidos y no por los candidatos. La novedad aquí es la introducción de la lista cerrada y la consiguiente eliminación de las listas abiertas con voto preferente.

 

En la Cámara de representantes se propone elevar de los 168 que actualmente la componen a 200 diputados elegidos departamentalmente (mínimo 4 representantes) con la introducción de un sistema mixto y de representación proporcional, que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con base en los parámetros definidos en la ley. Aumento de la representación femenina mediante un incremento de la cuota de género que tienda hacia la paridad, alternancia y universalidad y mayor apoyo financiero y de formación política en los partidos.

 

Es evidente que solo la unificación de las listas permitirá una competencia entre partidos y no entre individuos como la base para “impulsar un sistema de organizaciones políticas fuerte, menos personalista y clientelista y abierto a nuevas expresiones políticas” como lo señaló la Misión, aunque a renglón seguido la Misión electoral propone algo que va exactamente en la dirección contraria al establecer en Colombia un sistema mixto de elección en la Cámara de Representantes con 95 circunscripciones uninominales, foco de clientelismo, corrupción y subordinación ciudadana.

 

Con el objetivo de aumentar la participación y reducir el clientelismo, el voto sería obligatorio y el transporte de los electores a las urnas gratuito.

 

Los anteriores son los elementos centrales de la propuesta de reforma electoral para la paz.

 

 

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