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Paramilitarismo en el Congreso muestra los dientes al Proceso de Paz

24 congresistas decidieron no votar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el argumento de ser descendientes directos o tener familiares condenados o procesados por paramilitarismo.

Las contradicciones entre el Congreso y la paz en Colombia tocaron fondo este martes cuando 24 “padres de la Patria” levantaron su mano para decir que no votarían el proyecto de Ley de Jurisdicción Especial para la Paz, por sus vínculos con el paramilitarismo.

 

Este acto de irresponsabilidad histórica deja en veremos el futuro de una de las herramientas más importantes para este proceso: una reforma judicial que debe dar origen a un tribunal que juzgará, de parte y parte, los crímenes cometidos durante la guerra.

 

Durante la sesión del martes que acaba de pasar, cuando debía producirse la votación del debate definitivo para la JEP, uno a uno, con una espontaneidad programada, estos congresistas que representan el 20% del cuerpo legislativo le asestaron, con sus argumentos, otro golpe directo a la Paz.

 

Primero tomó la palabra la senadora Nora María García Burgos, del paramilitarizado departamento de Córdoba, santuario de terratenientes y uribistas, el mismo donde el primo del expresidente Uribe, Mario Montoya Uribe, condenado por paramilitarismo, le entregó su causa política al hoy preso ex senador Otto Bula, famoso por la acusación que se le hace de haber sido el intermediario entre los millones de dólares de Norberto Odebretch, y la clase dirigente colombiana.

 

“Doña Nora” como le dicen en Montería, dijo que se apartaría de la votación de la JEP porque tiene abiertas sendas investigaciones por sus vínculos con los paramilitares uribistas (y aquí si vale la redundancia) Julián Bolívar y Ernesto Báez.

 

La senadora, con su actitud, confesó entonces que lo que aún no decide la Corte Suprema, es decir su vinculación en términos de testaferrato político y económico con estos alias, dos asesinos confesos de campesinos y obreros del Magdalena Medio y el Centro del país, son ciertos.

 

Luego siguió en el orden del sabotaje la senadora Teresa García, “Teresita” para sus compañeros de Cámara, quien es nada más y nada menos que la hermana del ex senador Álvaro García, “el Gordo García” condenado como determinador, autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, donde ordenó masacrar a 15 líderes campesinos y forzar el desplazamiento del pueblo entero.

 

La masacre de Macayepo fue perpetrada con palos, hachas, machetes y piedras, por un grupo de cobardes a sueldo que no usaron armas de fuego para evitar contacto con patrullas guerrilleras de la zona, y comandados por Norberto Pelufo, alias “Cadenita”, un sanguinario a sueldo de los García que armó un grupo de delincuentes a los que llamó “Héroes de Los Montes de María”, se sentó en la mesa de Santafé de Ralito a negociar con el gobierno de Uribe, y fue absuelto de sus crímenes, pero luego desaparecido por Jorge 40, otro paramilitar, que ambicionaba sus territorio.

 

En la cadena de confesiones siguió la de la senadora Olga Suárez Mira, una desconocida que está parada sobre los hombros de su hermano, el cacique electoral de Bello en Antioquia, Oscar Suárez Mira, quien a su vez sostiene su carrera política parapetada sobre la coacción de su financiador Diego Fernando Murillo, el tal Don Berna, ex guardaespaldas de Pablo Escobar y convertido en paramilitar gracias a la política de impunidad por falsa desmovilización promovida por Álvaro Uribe.

 

Oscar Suárez Mira, el verdadero “dueño” de la curul de su hermana Olga, fue condenado a nueve años de prisión por Concierto para delinquir agravado, luego de coaccionar, armas en mano y con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, a poblaciones enteras del Valle de Aburrá y del Urabá antioqueño, para que votaran por él al Senado, y por Mauricio Parodi a la Cámara de Representantes.

 

A pesar de su condena, Oscar Suárez Mira está libre hoy bajo la figura de la libertad condicional, y conspira en la sombra contra la paz, promoviendo la inhabilidad de su hermana.

En la lista de autoincapacitados, o autoinhabilitados, como querría el derecho que se dijera, siguieron Bernardo el “Ñoño” Elías, quien además de arrastrar su propio lastre de corruptelas y desgracias políticas, está casado con la hija de Eric Morris, uno de los primeros nombres que saltó a la palestra cuando se puso de moda la “parapolítica”, nombre con el que los medios trivializaron en Colombia la grave incursión del paramilitarismo en todos los niveles de la administración pública del país.

 

Más adelante se inhabilitaron Samy Merheg, hermano de Habib Merheg, paramilitar de Risaralda, Andrés García, hijo de Piedad Zuccardi, cartagenera a punto de ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia por sus servicios al paramilitarismo.

 

Y la fauna uribista de rigor: Fernando Nicolás Araújo, hijo de Fernando Araújo, que se declara víctima de las FARC, luego de haber victimizado a miles de familias pobres cartageneras al robarles sus terrenos en la popular pobrería de Chambacú, donde hoy su empresa constructora levantó un elefante blanco llamado “Edificio Inteligente de Chambacú”.

Este es el 20% de enemigos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene en el Senado, pero que decidieron, en un acto de lo más ladino, santanderista y uribista, no debatir con argumentos serios el proyecto, sino mostrar cuán anchas son sus espaldas, magulladas de soportar el descrédito de sus familiares.

 

En cualquier otro país, me decía hace poco un colega, el proceso de paz que vive Colombia habría despertado, aún en sus legisladores menos audaces, una oleada de participación en busca de un renglón en la historia que se está escribiendo, pero es sorprendente como esta casta de usurpadores insiste en hundir la cabeza en la tierra para no ver el futuro.

 

Finalmente la cosa busca ser resuelta a la colombiana: se creó una subcomisión que defina las inhabilidades de esta comisión. Y la subcomisión la integran dinosaurios de la talla de Antonio Navarro Wolf, Juan Manuel Galán (un joven demasiado viejo), Alfredo Rangel, que vendió su antiuribismo por un plato de lentejas, Eduardo Enríquez Maya, y otros más que da lo mismo no nombrarlos.

 

Esta subcomisión está obligada a emitir pronto un “concepto” sobre esta sinvergüenzura de 24 testaferros del paramilitarismo que, como dijo la senadora Claudia López, de llegar a radicar los argumentos de sus inhabilidades, habría que remitirlas directamente a la Corte Suprema de Justicia para que los juzguen también, porque lo que ha sucedido “O es una tomadura de pelo para sabotear la JEP, o es una confesión”, dijo textualmente la senadora

 

Fuente imagen Internet .

 

 

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