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No se puede pasar la página. Por Maria Jimena Duzán

Lo que está sucediendo con el proyecto de justicia especial para la paz en el Congreso muestra que la página de la paz no se puede pasar todavía, como lo propone Claudia López.

El proyecto de la justicia especial para la paz (JEP), que es el corazón de lo acordado con las Farc, podría no conseguir los votos suficientes en el Senado porque Cambio Radical, el partido del vicepresidente de Santos y el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuya cercanía con Vargas Lleras es incuestionable, se le está oponiendo con una persistencia que ha dejado a la oposición del Centro Democrático sin trabajo. 

En la votación en la Cámara, el proyecto fue aprobado por un solo voto y no contó con el apoyo de Cambio Radical: dos votaron a favor, uno en contra y los 13 restantes a la hora de votar, se salieron del recinto.
 

Las cosas en el Senado están aún más complicadas por cuenta de la desplumada que le pegó el fiscal Néstor Humberto Martínez al presidente. Su numerito de salir a anunciarle al mundo que a la gerencia de la campaña de Santos, el nobel de Paz, habrían entrado 1 millón de dólares de Odebrecht, (pero que no lo iba a investigar por ahora ya que solo había delitos de orden administrativo que le competían al escuálido Consejo Nacional Electoral), ha afectado aún más la gobernabilidad de Santos y por ende su capacidad política en el Congreso para pedalear sus reformas.  

Ese mismo fiscal que desplumó al presidente, fue el martes a la comisión primera del  Senado a asestarle un batacazo al proyecto de la JEP. En su discurso, el jefe del ente acusador alarmó a los congresistas sobre los graves peligros que según él, tenía el proyecto. Pasó por alto, el hecho de que la mayoría de las líneas grises que enunció como graves ya hubiesen sido precisadas en el trámite que se hizo en la Cámara, con lo cual demostró su mala leche. Insistió en que no era claro que los disidentes no fueran a tener beneficios ni que los reincidentes fueran a tener un mayor castigo, cuando la verdad es que lo primero, lo de los disidentes, estaba muy claro en los acuerdos, y lo segundo, el tema de los reincidentes, se había precisado en la Cámara cuando aprobó el texto. Lo mismo ocurrió con otro tema que preocupa a los empresarios,  los terceros. El texto que se aprobó en la Cámara incluyó una propuesta planteada por Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que impone mayores condiciones para la valoración de las denuncias contra terceros en la JEP.
 
Sin embargo para el fiscal, todos esos cambios que se le han hecho a la JEP y que él se negó a reconocer en su discurso, no lo satisfacen. Quiere más y por eso anda en la tarea de presionar al gobierno para que acepte la única demanda que hasta ahora no se le ha aceptado: la de que los delitos de ejecución continua como el lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, deben ser de su conocimiento y no de la justicia transicional. 

El acuerdo del Colón dice que las Farc tienen seis meses para inventariar y hacer entrega de sus bienes y que si se les llega a probar después de esa fecha que han cometido un acto de testaferrato, de lavado o de enriquecimiento ilícito, eso lo tiene que asumir la Fiscalía, es decir, la jurisdicción ordinaria. El fiscal Martínez dice que no: que él quiere tener la potestad de investigar a las Farc no solo después de los seis meses, sino antes. Lo cual significaría que a los guerrilleros no les serviría inventariar todos sus bienes, porque como fueron obtenidos ilícitamente a lo largo de mucho tiempo, la Fiscalía tendría que capturarlos.

Si esta tesis es acuñada en el Senado, se acaba con todo el andamiaje de la justica transicional que se pactó en La Habana porque se le daría la potestad a la justicia ordinaria para que entrara a investigar a las Farc y a capturarlos.
 
Está claro que las Farc no se van a desarmar para que las capture el fiscal Néstor Humberto Martínez al otro día. Si se acepta esa propuesta, el proceso se desmoronará antes de haber sido implementado y se forzará a las Farc a devolverse a la lucha armada para comenzar un nuevo ciclo de guerra.
 
Sorprende que el superministro que participó en las negociaciones de paz, hoy de fiscal se le olvide que ese gobierno hizo un acuerdo con las Farc y con los militares para crear una justicia transicional, que busca resarcir a las víctimas de un conflicto en el que la justicia ordinaria ha brillado por su impunidad.  
 
Por todo lo anterior, no se puede pasar todavía la página de la paz. El fiscal Néstor Humberto Martínez y el vicepresidente están jugando con fuego. Que esos malabarismos los haga quien es el coequipero de Santos demuestra que su liderazgo es muy precario. Pero que los haga también el fiscal general, es un golpe a la democracia.

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