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¿Por qué esta fracasando la amnistía y el indulto para las Farc?

Horacio Duque.

Una siniestra cadena de complicidades de la vieja justicia ordinaria representada por jueces de ejecucion de penas y la Guardia del Inpec, ha montado un demoledor bloqueo a la Ley 1280 del 2016, de amnistía e indulto, para impedir la libertad de casi 6000 presos politicos de las Farc. 

Se trata de un desleal golpe al proceso de paz que afecta su sostenibilidad y avances.

Por todos lados le aparecen tropiezos a la ejecución de los acuerdos de paz firmados el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá por Santos y Rodrigo Londoño.

Las Zonas Veredales Transitorias no están listas, todos los días asesinan líderes sociales, la justicia especial de paz está bloqueada en el Senado, la protesta social continua siendo penalizada con montajes  judiciales de la Fiscalía y la Ley 1820 del 2016 que determinó la amnistía e indulto la convirtieron en letra muerta en los juzgados y oficinas del Inpec.

Casi 6000 presos políticos y sociales de la guerrilla esperaban, en diciembre pasado, que con la aprobación de la amnistía y el indulto, las puertas de las cárceles y penitenciarias se abrirían para alcanzar su libertad.

Van más de 45 días de vigencia de la Ley 1820 de diciembre del 2016, aprobada mediante el mecanismo del Fast Track, pero los jueces de penas, de conocimiento, fiscales y guardias del Inpec, se han concertado para bloquear la aplicación de dicha normatividad, impidiendo la libertad de los combatientes revolucionarios y luchadores sociales.

Son distintas las maniobras utilizadas para mantener en prisión a miles de personas. Cuando no es el control de constitucionalidad pendiente, se alega que las boletas de libertad llegaran cuando el último de los guerrilleros deje las armas en los contenedores de la ONU.

Pero no es solo eso. La guardia carcelaria ha incrementado, en los últimos meses, la persecución y el atropello de los miembros de las Farc que se encuentran en los centros penitenciarios.

Entre tanto la indiferencia del gobierno es absoluta.

Con la amnistía y el indulto sucede igual que con las Zonas Veredales Transitoria, las cuales la burocracia santista no adecuó ni dotó para localizar los frentes guerrilleros que han llegado a tales sitios con el fin de dar cumplimiento a lo pactado. Los alimentos están podridos y no hay atención médica integral, especialmente para las madres gestantes y lactantes.

Parecida situación se presenta con la seguridad acordada para los líderes de origen popular. Todos los días llegan noticias del asesinato de integrantes de organizaciones sociales por los grupos paramilitares que, con la complicidad de las Fuerzas Militares y de Policía, copan las áreas en las que hacían presencia las columnas guerrilleras.

El gobierno no ha procedido a organizar los esquemas de seguridad de los militantes populares y menos a desmantelar y erradicar las redes sicariales del neoparamilitarismo, que el Ministro de Defensa dice no existen de manera sistemática.

A pesar de lo escrito en los acuerdos de paz, la Fiscalía y el Esmad continúan con los montajes criminales contra las protestas y movimientos sociales. Las capturas de los líderes del paro camionera son una prueba contundente en tal sentido.

Para completar, la Fiscalía, y su titular Humberto Martínez Neira, ha orquestado un permanente bloqueo del trámite del Acto legislativo que crea un Titulo Constitucional Transitorio para institucionalizar la Justicia Especial de Paz. Con los argumentos del ultraderechista uribismo, el Fiscal ha montado un abierto sabotaje al trámite de tan importante instrumento jurídico.

En todo este caos le cabe una enorme responsabilidad al Presidente Santos, quien ha pretendido utilizar la paz para apuntalar el modelo neoliberal y la agresión contra la Republica Bolivariana de Venezuela.

 

 

 

 

 

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