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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

 

La demodiversidad, como expresion de una democracia no institucional, es un referente que enriquece el proceso plebiscitario y la democracia ampliada que propicia la apertura democratica del proceso de paz que se adelanta entre el Estado colombiano y las Farc.

Las tesis de Humberto de La Calle, planteadas recientemente, son un trascendental aporte en el debate civilizado sobre los desafios que las conversaciones de paz le plantean a la sociedad respecto de la construccion de un nuevo regimen de libertades y derechos civiles.

Bienvenidos sus interesantes y sustentados analisis, poco frecuentes en el ambito de la elite dirigente nacional. Los acogemos con todo el respeto y los valoramos con el rigor correspondiente.

El proceso de paz entre el Estado colombiano y las Farc ha suscitado una importante reflexión sobre la democracia colombiana y sus nuevos escenarios.

Humberto De La Calle, delegado del gobierno para los diálogos, ha planteado en reciente artículo del portal La Silla Vacía (http://bit.ly/2amyFnx), un conjunto de consideraciones al respecto, sustentadas en la premisa que insinúa un vaciamiento de contenido de la democracia colombiana, que bien puede caracterizar ese sistema político en el momento; valoración acentuada a partir de los diálogos de La Habana para poner fin al conflicto con las FARC.

Los problemas estructurales de la idea liberal.

Agrega que primero están los problemas estructurales de la idea liberal.

Indica que las troneras son varias: la idea de la igualdad ha sido reemplazada por la visión postmodernista de lo específico. Y dice, en esencia, es la noción misma de ciudadanía la que está en quiebra.

Sostiene que ahora tenemos una democracia que juega en diversos tableros. La irrupción de los movimientos sociales es una realidad que desborda los conceptos originarios (http://bit.ly/2amyFnx).

La segunda tronera viene de un examen microscópico del poder: influencia de los grandes capitales, financiación de la política, dañado y punible ayuntamiento entre el Ejecutivo y los flamantes “representantes del pueblo”. Es decir, democracia aparente como mascarón de proa de un sustrato plutocrático.

La tercera tronera viene de la ética: corrupción, beneficio personal, finlandización de las decisiones por interés inconfesable.

Y concretando, hace este diagnóstico sobre el caso específico nacional: en realidad, pese a la multifacética apelación a la democracia participativa en la Constitución del 91, la práctica ha sido bien distinta. Lo que sí ha ocurrido, es un crecimiento inorgánico de mecanismos informales de participación ciudadana, arropados bajo el manto de la insatisfacción (http://bit.ly/2amyFnx).

Dignidades campesinas, paros caminoneros, la desvelada voz étnica, el clamor por la apropiación de la identidad sexual, en fin, manifestaciones superpuestas y fragmentarias cuyo denominador común es la protesta y la antipolítica.

El riesgo no es la protesta, agrega. El riesgo son las limitaciones de la protesta. La incapacidad de encauzar acciones y metas mediante procedimientos eficaces. La protesta no como medio, sino como fin.

Y en el territorio de la democracia participativa, surge una cuarta tronera de reciente cuño: Democracia no es tanto método para decidir por mayoría, sino instrumento para proteger las minorías. Los derechos pesan más que la estadística.

¿Qué sigue?, se pregunta De La Calle.

Primero hay que refinar el diagnóstico sobre el sitio preciso en que nos encontramos. Una especie de GPS que señale si estamos en el ocaso de la democracia liberal, o en el amanecer de una nueva gobernanza postmodernista. O también, aunque suene difícil,  si las sombras son pasajeras y hay un nuevo futuro para la democracia representativa (http://bit.ly/2amyFnx).

En Colombia hay un mosaico de acciones centrífugas, precisa.

Una “clase política” miope prefiere seguir en el banquete sin pensar en las consecuencias.

Segmentos bien intencionados, en cambio, trabajan en las refacciones del edificio, con la creencia de que la estructura está sana: normas sobre partidos políticos, financiación de campañas, sistema electoral, ampliación y refinamiento de la representación.

Otros buscan por el lado de los movimientos sociales. Una pista alternativa como suele ocurrir en ciertos festivales del arte pictórico: un salón de rechazados. No digamos que un circo de dos pistas para no caer en la ácida diatriba.

No pocos juegan el juego ciego de la insatisfacción que se nutre a sí misma, plantea.

Y la mayor porción de nuestros ya casi cincuenta millones de habitantes, bastante desentendidos, embargados en la lucha por el condumio, la faltriquera, léase la simple supervivencia.

La disyuntiva no se resolverá súbitamente. No se ve algo que ocurra de la noche a la mañana.

Pero lo que sí es cierto es que el armazón representativo que hoy tenemos está mostrando grietas, sostiene HDLC.

Las ideas de La mesa de La Habana.

De la Mesa de La Habana surgen ideas, por ahora acaballadas en los dos escenarios: mejoramiento del funcionamiento representativo pero a la vez revisión de sus linderos a fin de buscar una arquitectura más incluyente.

Antes de un diagnóstico final, que quizás se demore, lo que sigue en el inmediato futuro es escoger entre la nostalgia del autoritarismo o la acción cuidadosa y transicional buscando conducir las aguas de los conflictos sin desbordamientos cataclísmicos.

Lo que sí es cierto es que terminado el conflicto interno militar, el conflicto social perdurará. El reto es no matar el tigre y asustarse con el cuero. Ante el fragor social, lo peor sería dar marcha atrás y llamar a somatén para reiniciar la guerra.

Ese será el momento de la serenidad, de la mente abierta para asimilar el conflicto y para impulsar el cambio. No será el momento del retroceso, se plantea.

Una visión sin arrogancia, sin temor del “ensayo y error”, distribuyendo el ojo y el oído de la autoridad en un escenario genuinamente plural para ir construyendo con paciencia de abeja obrera un nuevo tejido que permita una gobernanza sostenible, recomienda.

No se puede menos que coincidir con estas sugerentes cavilaciones del representante del gobierno del presidente Santos en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Ampliar el ejercicio reflexivo sobre una nueva democracia.

Sin embargo, el reto consiste en profundizar el ejercicio de pensar los términos de lo que la apertura política en curso ha propuesto como democracia ampliada y lo que puede significar el Plebiscito por la paz.

El denso y fecundo comienzo de un nuevo ciclo político, deja en evidencia, una vez más, los síntomas del agotamiento del modo de producción de conocimiento vigente y todavía dominante en nuestra sociedad, afirma Capece Woronowicz (http://bit.ly/2asalSu). Más específicamente, consideramos que la peculiar cartografía (cartas geográficas) social, gestada durante al menos las dos últimas décadas, escenario de una renovada conflictividad y vitalidad social, vuelve a colocarnos frente a la necesidad y la posibilidad de una transformación epistemológica de las Ciencias Políticas. Nos plantea la autora: Ubicamos estas líneas reflexivas, al hilo de Capece Woronowicz,  en el marco de un contexto crítico y transicional de la producción de conocimiento en Colombia que demanda un pensamiento capaz de elaborar la incertidumbre y de comprender la organización transformativa de los pueblos. Ya difundida y generalizada cierta conciencia preliminar sobre la indispensable necesidad de reformulación conceptual, analítica, y epistemológica, ahora se impone un esfuerzo de extraordinaria imaginación que nos permita captar la esencia de la doble dinámica de lo social, expresada en una rica y múltiple imbricación de fases y procesos que se orientan tanto a la recomposición como a la descomposición de lo social, en el análisis de Svampa (http://bit.ly/2ajHUGY).

Experimentando el tipo de realidad social radicales transformaciones y alterándose de modo también sustancial el tipo de participación que el individuo tiene en la producción de esa realidad, es de esperar también que la capacidad de creación de conocimiento se desarrolle mucho más allá de los límites conocidos.

Esta reflexión sobre el plebiscito en su relación con la demodiversidad pretende participar y nutrir el actual debate sobre la ampliación de la democracia.

Los campos problemáticos que durante los años noventa y primera década del siglo XXI, dominaron el análisis de la democracia en Colombia han sido relegados por nuevas preocupaciones teóricas y políticas a raíz del proceso de paz, como las tratadas por De La Calle.

Resulta fundamental analizar y comprender estas transformaciones en toda su magnitud, transformaciones que son gestoras de nuevos mapas políticos (todavía en formación) que prefiguran inciertos panoramas en nuestra nación. En particular, lo que nos interesa destacar es que el derrotero del proceso de construcción democrática propio del ultimo lustro, ha gestado un nuevo piso de debate y esto, quizás, a causa de la intervincularidad de tres procesos sobresalientes: la consolidación fáctica de la democracia electoral; la difusión de una profunda insatisfacción con los resultados de esa democracia electoral y clientelar; y, lo que más nos interesa poner de relieve, la proliferación de experiencias de innovación y profundización democrática que está resignificando la idea misma de democracia como lo hemos podido observar con los paros agrarios, la Minga indígena, campesina y afro y la movilización en curso por el SI en el Plebiscito (http://bit.ly/2asalSu).

Intrínsecamente vinculado con el fenómeno de difusión de crisis políticas significativas montadas sobre un inusitado ciclo de protestas, se da la ampliación del campo de la política cristalizado en la proliferación de experiencias de innovación y profundización democrática basada en principios de generalización del ejercicio de los derechos, apertura de los espacios públicos con capacidades decisorias, participación política de los ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias.

A partir de los años recientes, diferentes movimientos sociales  han desarrollado un nuevo ciclo de protestas que inauguran novedosas formas de acción y deliberación, ligadas a la ampliación del canon democrático. Posiblemente lo más seductor de este ciclo de experiencias de conflicto y crisis sea que no se trata de hechos aislados, sino de factores emergentes que evidencian tiempos de cambio que es necesario sostener, plantea Capece Woronowicz. (http://bit.ly/2asalSu).

Todo orden democrático está definido por su carácter conflictivo, abierto y plural en tanto que la vitalidad de la democracia radica en su capacidad de reinvención permanente. En este sentido, la relevancia de este tipo de análisis actualizados sobre el desarrollo democrático se sostiene en la consideración necesaria sobre la problematicidad del clima social de los años recientes, caracterizado por grandes acciones de masas que han cuestionado el modelo neoliberal, especialmente en su componente agrario.

Es precisamente la protuberancia de este campo de experiencias sociales, síntoma evidente del surgimiento de un nuevo período que marca un momento de inflexión histórica, lo que ha dado lugar a un florecimiento del debate sobre la democracia. En la producción teórico-analítica propia del actual debate asociado a la convocatoria del Plebiscito para refrendar los Pactos finales de paz, podría afirmarse que las Ciencias Políticas desarrollan dos horizontes diagnósticos respecto del estado de avance de la apertura democrática. Por un lado, puede constatarse la presencia y vigencia de un diagnóstico del derrotero de Colombia a lo largo de los años ’90 y primera década del siglo XXI, que pretende dar cuenta de un crónico y multidimensional déficit democrático, que la Constitución de 1991 intento superar, que, de modo consecuente, se materializa en un sobrextendido pesimismo sobre la democracia. Por otro lado, la perspectiva en tensión, delineada desde comienzos del actual proceso de paz, se orienta a realzar cierta tendencia a la revigorización de la política derivada del interés renovado en la reconstrucción del espacio público como ámbito en el que se definen los rumbos y modalidades de la convivencia colectiva. Esta segunda perspectiva signada por cierto optimismo hacia un desarrollo democrático diferente, da cuenta de experiencias novedosas que, en nuestro caso, se expresan manifestando un nuevo compromiso colectivo, de afianzamiento democrático. De hecho, esta segunda perspectiva no confronta explícitamente con la anterior, sino que se puede considerar que el ánimo de ambas coexiste y, en simultaneidad, alimentan un nuevo campo de interpretación sobre el desarrollo democrático en momentos de paz. Este ánimo se expresa incluso en el espacio de las Ciencias políticas, donde el debate sobre la democracia se amplía, desvinculándose de las contribuciones más economicistas y neoinstitucionalistas reinantes durante la década anterior, considera Capece Woronowicz (http://bit.ly/2asalSu).

Renovar el debate político.

Hasta hace muy poco tiempo, la reflexión y el debate políticos habían perdido vitalidad y contenido entre nosotros. En este sentido es que se plantea que requieren ser renovados y promovidos. Los análisis referidos a la democracia existente han ganado espacio, no obstante, la construcción de una cartografía teórico-analítica que habilite nuevas interpretaciones y líneas sustantivas explicativas de lo que sucede fuera del ámbito institucional, como los paros y mingas étnicas, en términos de desarrollo democrático, es un elemento prácticamente ausente. En virtud de este diagnóstico es que asumimos la tarea de desarrollar el concepto de demodiversidad  y a partir de él, dar cuenta de las experiencias que en la región invitan a una reinterpretación de la democracia en términos de construcción colectiva posible.

La lucha por la demodiversidad y la importancia del plebiscito.

El nuevo ciclo de movilizaciones sociales y populares vinculadas con el proceso de paz que se adelanta en la Mesa de negociaciones de La Habana tiene como substrato común la lucha por la demodiversidad.[1]

Las luchas por la demodiversidad, plantea Aguilo, implican una doble tarea: 1) denunciar las limitaciones de la democracia liberal, que se ha revelado un sistema político ineficiente, opaco, reproductor de desigualdades, subordinado a intereses privados y sostenido, en buena medida, por la corrupción, el conformismo y la apatía (http://bit.ly/2a38xLQ). Y 2) rescatar experiencias democráticas alternativas desacreditadas por la concepción arrogante y empobrecedora de la democracia que predomina en la academia y la sociedad. La “democracia primitiva” sumeria estudiada por Jacobsen; la deliberación directa del demos en la ekklesia en la Atenas de Pericles; la democracia directa en determinados cantones suizos que inspiró las ideas políticas de Rousseau; la democracia jacobina en la Francia revolucionaria; los procesos de decisión política en la lógica del poder comunal del que habla Tocqueville en referencia a la comuna de Nueva Inglaterra; la democracia oral ejercida en torno al árbol de palabras en aldeas africanas, alrededor del cual se toman decisiones sobre la vida cotidiana; la Comuna de París, exponente histórico de la democracia obrera participativa; la democracia de los soviets (consejos de trabajadores, soldados o campesinos) en los inicios de la Revolución rusa; la formación de comunas campesinas en la China de Mao Zedong; la democracia comunitaria directa de los ayllus andinos; los consejos comunales en Venezuela; las democracias populares en Europa del este entre 1945 y 1989; los presupuestos participativos; las democracias feministas, que incluyen las expectativas y exigencias de las mujeres; la democracia en red; la planificación participativa en Kerala (India); la participación ciudadana en la evaluación de impactos científicos y tecnológicos son, todas ellas, experiencias de demodiversidad situadas en los márgenes de la historia política moderna occidental (http://bit.ly/2a38xLQ).

Las luchas presentes y futuras por la demodiversidad, prosigue Aguilo, se articularán sobre los siguientes ejes:

La batalla por la definición y el significado de la democracia. Las luchas por la demodiversidad son luchas por la resignificación política y social la democracia; luchas por desnaturalizar la semántica de la democracia liberal y forjar lenguajes democráticos alternativos. Nos hemos acostumbrado demasiado a definir la democracia en términos de derechos individuales, libertades civiles y protección de la esfera privada contra el Estado, y muy poco en términos de gobierno popular participativo e igualitario (http://bit.ly/2a38xLQ).

La incorporación de nuevos sujetos políticos.

La batalla por la incorporación de nuevos sujetos políticos. Las luchas por la demodiversidad exigen el reconocimiento de la amplia gama de sujetos cuyas formas de lucha no se inscriben necesariamente en las clásicas estructuras partidarias y sindicales.

Otros espacios de construcción democrática.

Las luchas por la demodiversidad redefinen y amplían los espacios de la política, abriendo un campo político popular y democrático de acción extrainstitucional que señala el agotamiento de la democracia de partidos y reclama nuevos esquemas participativos. No es casual que en la actualidad las luchas más promisorias por la demodiversidad se den al margen (y a menudo en contra) de los espacios institucionales de la democracia: en calles, plazas, vías, escuelas, fábricas, redes sociales, etc.

Otras prácticas democráticas.

Asambleas populares, marchas de los indignados, ocupaciones de lugares públicos, plebiscitos populares, entre otras iniciativas, dan cuenta de un vasto repertorio de formas de ejercicio del poder popular y ciudadano que desbordan los límites de una democracia insuficiente que no sólo no lo permite, sino que lo bloquea y criminaliza.

Otras formas de sociabilidad alternativas.

Las luchas por la demodiversidad son portadoras de una cultura política en sentido amplio fundada en bases más igualitarias y participativas que se alejan de las formas de sociabilidad (individualismo, clasismo, consumismo, etc.) propias del mundo liberal y capitalista institucionalizado.

 

La proyección de la demodiversidad en Colombia.

La existencia de demodiversidad y su proyección al escenario colombiano exige un enfoque de especial envergadura. La categoría de demodiversidad, como se ha sugerido, hace referencia a la coexistencia de diferentes modelos y prácticas democráticas, a la diversidad de formas democráticas alternativas, al reconocimiento y potenciación de las múltiples formas que puede históricamente asumir el ideal democrático, negado por las corrientes dominantes de las ciencias sociales para las cuales el único modelo válido es el de la democracia liberal al estilo occidental, de acuerdo con Boron (http://bit.ly/2a5HSiy). Desde esta consideración, se pretende la revalorización de la democracia desde una nueva perspectiva dado que junto con la ampliación de la democracia o su restauración, se presenta también un proceso de redefinición del significado cultural o de la gramática social vigente. De hecho, una de las evidencias más destacadas es que los casos de democracia participativa estudiados para dar cuenta de este proceso de demodiversificación comienzan intentando disputar el significado de determinadas prácticas políticas, de ampliación de la gramática social y de la incorporación de nuevos actores o de nuevos temas a la política. Lo que está en juego en estos procesos es la constitución de un ideal participativo, incluyente y reinstituyente como parte de los proyectos democratizadores. Se trata de procesos de democratización que contienen la percepción de la posibilidad de innovación entendida como participación ampliada de actores sociales de diversos tipos en los procesos de toma de decisiones. En general, estos procesos implican la inclusión de temáticas ignoradas por el sistema político, la redefinición de identidades y vínculos y el aumento de la participación, especialmente en el plano local, nos plantea Capece Woronowicz en el texto citado.

La demodiversidad como categoría analítica que atañe a las múltiples prácticas democráticas posibles, permite resignificar el debate existente sobre el actual desarrollo democrático, habilitando nuevos conceptos y líneas interpretativas de las experiencias democráticas que transcurren incluso por fuera del ámbito institucional. Con esta meta como objetivo, posiblemente el primer paso analítico relevante sea discernir la especificidad de los cambios que se están dando en los años recientes, los cuales si bien se dan bajo el influjo de una creciente fuerza expansiva de la democracia, encierran intensas contradicciones, avances y recomposiciones. Pareciera que los signos constitutivos de la tendencia son dos polos que se desarrollaran simultáneamente: atomización y activo compromiso con la construcción de lo común; consolidación y fragmentación; un proceso acelerado de difusión de la desafección, la apatía ciudadana y el descentramiento de la política sumado a un proceso de despolitización que corre paralelo a un fenómeno inédito de fuerte democratización social y una extraordinaria capacidad de cohesión colectiva. En estas líneas de tensión de avances y retrocesos lo que está puesto en juego en la democracia ampliada es la elaboración, difusión y concreción de nuevas formas de inclusión que rehabiliten un proceso de robustecimiento de lo político, de reinvención de la emancipación social tendiente a una nueva práctica política democrática, afirma Capece Woronowicz.

Democracia ampliada como sistema en movimiento.

Es así como es posible considerar que la democracia ampliada es un sistema en movimiento. Podría postularse que verdadera y empíricamente aquello que realmente existe son procesos de des-democratización y de re-democratización, plantea Sousa Santos (http://bit.ly/29Y1dG2). Se hace referencia a procesos políticos que por cierto no se confinan sólo exclusivamente a la esfera del Estado o a la esfera de la sociedad. De lo anterior, se deriva la visibilización de los dos procesos simultáneos y, hasta cierto punto, inherentemente contradictorios y dilemáticos constitutivos del proceso de democratización vinculado con la paz.

Procesos de des-democratizacion.

Procesos vinculados con el vaciamiento de lo político, de reducción política-ideológica que toma cuerpo en los denominados déficits de la democracia y su consecuente pesimismo sobre la democracia. Procesos de despolitización que se cristalizan en la pérdida de la credibilidad, representatividad, participación ciudadanas y la inconformidad generalizada con el desempeño de las instituciones. Procesos y experiencias en las cuales se evidencia una falta de protección frente a acciones arbitrarias estatales y no estatales que debilitan la acción política de los ciudadanos.

Situaciones de desigualdad extrema, tanto de recursos como de acceso al sistema político, en las cuales las condiciones básicas para la democratización están ausentes.

Procesos de redemocratización.

Procesos vinculados con el fortalecimiento de producción de un mundo común, de afianzamiento democrático. Se trataría de una nueva conciencia en torno a las prácticas y contenidos de la participación, cooperación e integración social que incluyen la defensa y desarrollo de facto de nuevas formas de participación y, en particular, de una diferente concepción y práctica del poder.

Podríamos conceptualizarlo como un proceso de comunitarizacion del poder en el cual una amalgama de movimientos sociales lleva a cabo una combinación de movilización, luchas, acción institucional, deliberación y reapropiación de sus decisiones, en procesos de autorepresentación social que involucran el diseño y creación de nuevos mecanismos de agregación, con estructuras políticas de alianzas de carácter flexible. Vale decir que una tendencia hacia la des-democratización que ocurre en el Estado.

Puede resultar simultánea, paralela o en contramarcha a la que ocurre en la sociedad. Siguiendo este rastro simultáneo y contradictorio podríamos delinear una herramienta destacada para tomar el pulso de la calidad de la vida política y social de la democracia ampliada. Poner en el centro del debate el dilema que la persistencia de los procesos políticos contradictorios encarna, exige analizar los procesos de fortalecimiento de producción de un mundo común, por un lado, y los procesos de vaciamiento de “lo político”, por otro, con el fin de evidenciar la existencia de dos polos antagónicos, que signan el desarrollo democrático de la paz.

Como corolario de todo lo anterior se desprende que no existe ningún motivo para que la democracia ampliada asuma una sola forma. Por el contrario, la puesta en evidencia de los fenómenos de diversificación socio-étnico-cultural y las experiencias recientes de participación, señalan el camino de la deliberación pública ampliada y de la profundización de la participación.

Del conjunto de variables analíticas consideradas, se pueden esbozar algunas ideas fuerza, en la línea del pensamiento de Capece Woronowicz.

 1) La nueva dinámica resultante del proceso de paz,  derivada de la yuxtaposición de los procesos de des-democratización y re-democratización brevemente enumerados, invita a la transformación de nuestra postura analítica de modo de mutar desde el estudio de la democracia (en tanto que régimen institucional) hacia el estudio de los procesos de democratización.

2) El descontento con los logros obtenidos por el régimen democrático de la Constitución de 1991, durante los últimos lustros, ha llevado a los analistas políticos a tomar una distancia crítica respecto de las concepciones más restringidas de la democracia, colocando ahora el énfasis analítico en los procesos participativos destituyentes e instituyentes en los cuales los movimientos sociales han tenido un rol destacado. Las principales tendencias de investigación (o al menos las más atractivas) en relación con la democratización se están orientando hacia la dilucidación de las nuevas dinámicas participativas, pretendiendo deslindar su contribución en la distribución del poder a través de movimientos sociales y organizaciones ciudadanas. En el seno de estos procesos de democratización, el desafío teórico analítico más destacado que se presenta es pensar creativamente las posibles articulaciones entre las diferentes figuras de la democracia posibles que tengan la capacidad de transitar en el vaivén de lo institucional, lo no-institucional y lo ainstitucional, entre el espacio público estatal y no estatal.

3) Los experimentos que en materia de profundización e innovación democrática se han venido desarrollando con el proceso de paz, resignificando la idea misma de democracia y demostrando, en distintas escalas y grados de complejidad, que es posible construir un nuevo proyecto democrático basado en principios de extensión y generalización del ejercicio de los derechos, apertura de espacios públicos con capacidades decisorias, participación política de los ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias, no debe opacar nuestra mirada analítica en tanto que no todas las formas de participación popular son necesariamente democráticas, y no todos los procesos participativos conducen a resultados democráticos. Este debate ilumina un terreno para la construcción teórica y la investigación empírica que nos obliga a cuestionar nuestros presupuestos acerca de la participación popular y sus diversos vínculos con la democratización.

4) De conjunto plural de experiencias derivadas del proceso de democratización asociado a la terminación del conflicto armado, conviene destacar aquello que podríamos denominar un problema de la escala: en la gran mayoría de los casos, mientras que las dinámicas tendencialmente redemocratizadoras se evidencian a nivel local y popular, las decisiones a nivel nacional continúan aisladas del  control y la participación ciudadanas. En este sentido, los principales obstáculos para la democratización parecieran residir en la dificultad para controlar el poder autónomo de las élites políticas y económicas. Los límites de las experiencias re-democratizadoras apuntan en dirección de otros elementos necesarios para la conquista de la demodiversidad de los regímenes políticos y, en particular, nos convocan a problematizar una vez más las extraordinariamente asimétricas relaciones de poder que todavía hoy predominan en la sociedad.

Conclusión.

La democracia ampliada y el Plebiscito como una de sus principales manifestaciones nos plantean la necesidad de acudir a nuevos paradigmas de la democracia no institucional como el modelo de la demodiversidad, el cual se plantea como un referente obligado en la construcción de los nuevos escenarios en los que cobran vigencia los derechos civiles y políticos como instrumentos de superación de la inequidad, desigualdad y exclusión.

Notas.

[1] Los referentes en torno a la categoría de demodiversidad pueden encontrarse en la obra de  Boaventura de Sousa Santos: Reinventar la democracia (1998), Crítica a la razón indolente (2003), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa (2004), Para una democracia de alta intensidad (2004), entre otras obras.

 

 

La fecha de realizacion del Plebiscito, su campaña y votos por el SI, son dos puntos centrales en la terminacion de la guerra en Colombia.

No hay que permitir que el señor Cesar Gaviria desvie la naturaleza y fines del Plebiscito de paz dado sus pesimos antecedentes como gestor del neoliberalismo y de 25 años mas de guerra contrainsurgente, con los bombardeos criminales de la Uribe en el año 1990.

Dos datos son claves respecto del plebiscito de paz que recibió el visto bueno de la Corte Constitucional con el fallo del 18 de julio, cuyo texto aún no se conoce en su integridad.

Me refiero a la fecha de su realización y al número de votos por el SI que lo consolidaran como el mecanismo excepcional de refrendación y legitimación del Acuerdo final que firme el gobierno del Presidente Santos con la delegación plenipotenciaria de las Farc.

Sobre la fecha.

Respecto de la fecha de las votaciones es necesario considerar los siguientes elementos.

La Corte Constitucional, según informo el martes 19 de julio, dará a conocer en los próximos días el texto completo de la sentencia. A partir de allí, el fallo será remitido al Congreso. De allí, tiene que ser enviado a la Presidencia para su respectiva sanción. Todo este proceso no debería tardar más de 15 o 20 días, como máximo, lo que quiere decir que eso ocurrirá hacia la tercera semana de agosto.

Adicionalmente, el Presidente Santos sólo podrá informar oficialmente al Congreso que convocará un plebiscito cuando tenga en la mano el acuerdo final de paz. Para ello debe esperar a que en la Mesa de Negociación de La Habana se terminen las conversaciones, lo que implica, entonces, que deben evacuarse no menos de 50 temas pendientes que no fueron resueltos cuando se cerraron las discusiones de cada uno de los seis puntos de la agenda, además de establecer un consenso sobre el estratégico tema de los ajustes institucionales a la maquinaria del gobierno para adecuarla a la implementación de los acuerdos de paz, que, obviamente, deben trascender la retórica de los modelos neoliberales de la Nueva Gestión Publica que promueve e impone la OCDE y sobre la convocatoria de una Constituyente social que profundice los acuerdos.

En esas circunstancias, es probable que en la primera semana de octubre terminen cada uno de estos procesos previos para que entre a rodar el mes de pedagogía y promoción del Pacto final, ordenado por la Corte, con las Farc, lo que conduce a inferir que será a mediados o en la tercera semana del mes de noviembre que se den las votaciones. O tal vez ello ocurra el 1 de diciembre como sucedió en el plebiscito de 1957 que se realizó en tal día.

Sobre los votos por el Plebiscito.

Hay varias hipótesis alrededor del número de votos que se deben depositar por el SI en el Plebiscito, para que se legitime y consolide el potencial político de este mecanismo extraordinario de paz y transformación democrática.

Al respecto, coloquemos, en primer lugar, como un elemento de referencia las encuestas que se conocen hasta el momento sobre el tema.

De un lado, la primera encuesta conocida esta semana, después del fallo de la Corte, pone de presente no sólo que un 47,6% de los consultados está en contra de lo negociado en La Habana, contra un 34,4% que lo apoya, sino que al preguntárseles sobre qué harían para oponerse a la aprobación del plebiscito, el 51,9% dijo que no iría a las urnas y un 36,3% que votaría “No”.

Hasta ahora las encuestas conocidas no permiten arrojar una única conclusión: según la Gran Encuesta de SEMANA y RCN, el 36 por ciento de los colombianos votaría por el Sí, el 25 por ciento por el No y el 36 por ciento no votaría; para el Centro Nacional de Consultoría, el 74 por ciento de los votantes marcaría el Sí y el 26, el No; y para Cifras y Conceptos, el 65 por ciento de los ciudadanos acudiría a las urnas, y de ellos más del 70 por ciento –que equivale a 8 millones de votos– escogería el Sí.

Pero independientemente de los sondeos, el Sí cuenta con mucha artillería. La bandera de la paz, aunque esta sea percibida como imperfecta, es taquillera y esperanzadora, afirma la revista Semana.

Dos observadores políticos de reconocida solvencia analítica plantean las siguientes hipótesis sobre la cifra adecuada por el SI en el Plebiscito.

Francisco Gutiérrez Sanín en el diario El Espectador plantea que Los amigos de la paz deberían plantearse una meta mínima de votos a obtener en esta elección trascendental. Algo así como siete millones, como piso (http://bit.ly/29XtyHP).

García Duarte se hace la siguiente reflexión sobre la materia: en principio, la misma firma de la paz debiera traer una inmediata reorientación en las actitudes, las que ahora serían más favorables a consignar el SÍ respecto del Acuerdo. Que este flujo de nuevas reacciones en los individuos no se disipe pronto, dependerá de la eficacia simbólica con las que las fuerzas progresistas enfrenten la coyuntura.

De hecho, unos 7 millones de votos, o poco menos, debieran respaldar dicho acuerdo, una especie de plante en las apuestas armadas con la baza de la paz. Son los mismos votos que resultan de sumar los 3 millones de electores independientes y de izquierda, con los cerca de 4 millones, conquistables por el santismo, es decir, el caudal movilizable por las invocaciones de la coalición de gobierno.

De ahí en adelante, cualquiera movilización adicional, estaría configurando una encrespada ola por la reconciliación. De la cual, podría hacer parte una auténtica constelación de iniciativas políticas y ciudadanas. Sería un evento tremendamente estimulante desde el punto de vista del espíritu de cambio, en un país derechizado por la guerra. Aunque el plante de 6 millones ochocientos mil votos o incluso de los 7 millones, ya sugeridos, no estaría nada mal, sostiene (http://bit.ly/2aiBIx2).

En todo caso, como lo afirma Gutiérrez Sanín, Yo les aconsejaría a todos los amigos de la paz que no den por descontado que esto va a ser tarea fácil. Por un lado, está la oposición del uribismo —que es una corriente de opinión nada despreciable, al menos si el criterio es el tamaño (otra cosa es si el criterio es su retórica)—. Por otro, está el desgaste del Gobierno, el despelote de los partidos pro-paz, y la apatía de grandes sectores de opinión.

El problema inmediato consiste, agrega, en que el plebiscito puede perderse de tres maneras. Primero, quizá no exceda el modesto umbral que tiene que conseguir. Segundo, el “sí” tal vez alcance menos votos que el “no”; muy improbable, pero aún así una opción que tiene que ser considerada. Pero también es posible, en tercer lugar, que el “sí” pase el umbral raspando. Una victoria basada en 4'600.000 votos sería pírrica, y dejaría intactas todas las condiciones para que la orientación desestabilizadora de la oposición de extrema derecha se mantuviera.

La campaña política por el SI.

Con la Sentencia de la Corte Constitucional la campaña del Plebiscito cobro nuevos bríos y entro en una recta de definiciones.

La campaña por el SI será plural y multicolor, soslayando el desacierto de la designación del señor Cesar Gaviria como supremo jefe electoral. Sin duda, se trató de una salida en falso de la Casa de Nariño, dado sus  pésimos antecedentes como gestor del nefasto modelo neoliberal que ha ocasionado tanta pobreza y miseria de millones de colombianos, y autor del bombardeo a los campamentos de las Farc en La Uribe que ocasiono 25 años más de la actual guerra contrainsurgente. Agréguele su no disimulado afán por politizar la campaña plebiscitaria con aspiraciones electoreras presidenciales en la perspectiva de las elecciones del año 2018.

Gaviria esta en su derecho de respaldar la paz, en un gesto de rectificacion que hay que reconocerle, pero otra cosa es su pretension oportunista de capitalizar las esperanzas y sueños de paz de las mayorias nacionales para sus proyectos politiqueros y clientelares.

Por lo que se conoce hasta el momento, la campaña por el Sí está articulada en una gran estrategia que lidera el presidente Juan Manuel Santos y en la cual se tienen diferentes frentes (http://bit.ly/2amnT0k).

Por un lado está la campaña del Gobierno Nacional. Para eso, y porque así lo permite el fallo de la Corte Constitucional, estarán todos los altos funcionarios del Gobierno  haciendo pedagogía y a la vez motivando la participación.

El presidente Santos evalúa en la actualidad cuál será la pregunta adecuada para la votación. También  analiza  si es conveniente, como ya le han propuesto algunas personas, que el plebiscito se convoque un día entre semana y no el domingo, como es tradicional.

Al Jefe del Estado no le disgusta la idea, porque así se podría tener la atención de millones de personas en un día laboral, en donde se contaría con el apoyo del empresariado que invitaría a sus trabajadores a votar. Sin embargo, le preocupa el voto de los campesinos, ya que tradicionalmente ellos van a sus cascos urbanos el domingo, que es el día de mercado (http://bit.ly/2amnT0k).

En la campaña por el SI está el frente de los partidos políticos político y movimientos sociales, donde van todos los que apoyan la paz.

El ex ministro Luis Eduardo Garzón liderará el frente social, es decir, todo el trabajo que se articulará con los jóvenes, los sindicatos, organizaciones sociales, indígenas, afros, mujeres, asociaciones culturales e intelectuales que apoyen la refrendación.

Un frente más es la estrategia en medios de comunicación, para lo cual se dará un gran impulso a las redes sociales.

En el Gobierno la estrategia ya arrancó. Desde hace más de un mes en todos los actos públicos del Jefe del Estado y  altos funcionarios se habla de votar sí por la paz.

Cambio Radical apoya de lleno el Sí. Para eso se capacitará a los dirigentes a nivel regional, para que ellos lleven el mensaje a los electores.

La U ha dicho que esta es una votación diferente a todas las demás y apoyara el SI.

Los liberales dicen que se la jugaran  por el Sí en el plebiscito.

Los conservadores aún no se definen a la espera de que les otorguen más cuotas burocráticas y presupuestales para continuar el saqueo a la salud como ocurre en Córdoba, la tierra del señor Barguil, el caudillo conservador unido familiarmente a Gaviria.

Antonio Sanguino, miembro de la Dirección Nacional de la Alianza Verde, informó que desde ya están preparando la estrategia para la campaña por el Sí en el plebiscito con un eslogan que diga Si a la paz, con todos.

En este sector se está construyendo una gran plataforma por el plebiscito en la que confluirán sectores como el Polo Social (la tendencia política de la Ministra Clara López), partidos como la ASI, Mais, verdes, Fecode, la CUT, Pst y la CGT.

Los retos de los amigos de la paz.

Al respecto aconseja Gutiérrez S, lo siguiente: los amigos de la paz tienen varios retos. Obtener rápido un mínimo de cohesión. Meterse en la cabeza que hay que superar las lógicas excluyentes. Desarrollar retóricas sencillas que le expliquen a la gente por qué la paz es importante —y no a gente genérica, sino a sectores de opinión específicos, a los cuales hay que dirigirse con objetivos evaluables—. Construir un menú de respuestas a las mentiras repetitivas del uribismo, insistiendo siempre en lo que ofrece la paz al colombiano del común. Los partidarios de la paz no han logrado salir de la defensiva en la que los uribistas los ponen, y entonces a menudo aparecen justificándose, rogándole a la audiencia que crea que no deben nada, pidiendo aunque sólo sea una sesión de abrazos para reconfortar el alma, etcétera. Convénzanse: eso no funciona. Uribe no quiere abracitos: y en eso acierta. El espacio de negociación con él está cerrado: es o la paz o Uribe. Esto podría cambiar, pero por el momento es así. Por eso toca enfrentarlo con inteligencia y sistematicidad, y basados en un diagnóstico serio de qué piensan y quieren los colombianos.

En todo caso, hay que tener en cuenta, como lo sugiere García D, que el Plebiscito será un acontecimiento de naturaleza eminentemente política, en el que la voluntad de poder, descompuesta antes en una guerra irregular de desafíos a la legitimidad del otro, se recompone en la forma de un nuevo consenso, bajo el reconocimiento del Estado de Derecho, como fundamento común para las disputas por la hegemonía social y cultural, entre proyectos políticos opuestos (http://bit.ly/2aiBIx2).

Agrega que, con el Acuerdo quedan replanteados los términos para las disputas por esas hegemonías internas, bajo un pacto de legitimidad renovada del Estado. Un pacto al que ingresan los que estaban por fuera; esas guerrillas que impugnaban el orden existente, pero cuya legitimidad ahora aceptan, al tiempo que la enriquecen. En otras palabras, reconociendo el orden constitucional y político, consiguen que este sea más amplio, más incluyente, con lo que el régimen se robustece, en tanto sistema aceptado; no solo al ser reconocido por sus nuevos inquilinos, sino porque se vuelve menos injusto, en razón de las concesiones hechas por el propio Estado, en materias de reformas (http://bit.ly/2aiBIx2).

Así, el pacto que sostiene el orden político deviene más representativo, porque la insurgencia, recogiéndose a su cobijo, renuncia al matrimonio de las armas con la política, mientras el Estado se compromete con políticas que erradiquen parcialmente las exclusiones de todo tipo, esas mismas que eran el motivo para justificar la insurgencia (http://bit.ly/2aiBIx2).

El Plebiscito de la paz debe estar acompañado de un discurso que cuestione el viejo regimen de verdad de la retorica neoliberal de la democracia representativa.

Con la campaña plebiscitaria, el pueblo, mediante la pedagogia de paz, debera acercarse objetivamente al contenido y beneficios del Acuerdo para terminar la guerra alcanzado entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. 

El Plebiscito para la paz, tal como quedo regulado en la Ley Estatutaria correspondiente y en el fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional, se entiende mejor, en su alcance y potencial, si lo asociamos al proceso de apertura democrática propiciado por la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno del Presidente Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc, la cual ha firmado un consenso suficiente sobre la democracia ampliada, la participación y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Ahondando la reflexión, el Plebiscito es el más vigoroso cuestionamiento a la democracia representativa que la Constitución del 91 conservo, no obstante su retórica participativa que hasta el día de hoy, después de 25 años, ha sido letra muerta, pues ninguno de los mecanismos consagrados sobre la materia ha tenido efectividad concreta. Basta con revisar la experiencia de las revocatorias de mandato a funcionarios elegidos para confirmar tal conclusión. Una farsa completa.

Una de las virtudes que bien puede identificarse en el Plebiscito que se convocara en las próximas semanas es su capacidad para trastocar el “régimen de verdad” instalado por las elites del poder durante las décadas recientes, para justificar su gobernabilidad, el neoliberalismo expoliador y el  control político sobre la sociedad y la multitud.

Tal régimen de verdad es el que circula por el mundo de los discursos y la tarea de asignar sentido a las cosas políticas.

El Plebiscito, como una manifestación de la democracia ampliada, debe convertirse en un dispositivo dinámico de deconstrucción y reconstrucción de tales estructuras discursivas y simbólicas.

Así, en el debate político y simbólico, la noción de democracia se encuentra vacía de contenido y adquiere sentido en la medida en que se articula a algún principio articulador o hegemónico particular. En otras palabras, la controversia sobre la democracia o los adjetivos que se le atribuyen, se sitúa en el terreno de la disputa política estructural entre principios hegemónicos distintos que pugnan por el poder y por (re)articular los elementos ideológicos, en este caso la democracia, a sus respectivos discursos y otorgarle determinado sentido.

Particularmente, en situaciones de crisis hegemónica y política, se producen procesos de desarticulación/rearticulación discursiva de la noción de democracia, ya que durante periodos de estabilidad del sistema político y reproducción de los formatos habituales de la representación, las clases dominantes logran absorber las posibles contradicciones y las neutralizan mediante la instalación de un régimen de verdad asumido e internalizado por la sociedad. En cambio, en situaciones de crisis, como la contenida en el actual desbarajuste institucional, al perder su capacidad de interpelación, se produce un proceso de disolución discursiva y se genera la circulación y posibilidades de (re)articulación de aquellos elementos ideológicos que adquieren centralidad en el campo político, como los que se producen desde los consensos de paz alcanzados, como lo afirman Zegada y Tapias[1].

En consecuencia, la democracia, en este caso asociada al proceso de paz, va mutando su contenido y produce nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro, como los que propicia el proceso de paz.

En ese sentido, en Colombia se está produciendo con el proceso de paz un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo neoliberal que introdujo Gaviria; un desanclaje de las estructuras institucionales objetivadas, y la construcción paralela de nuevas articulaciones democráticas en los discursos y propuestas de los sujetos alternativos que en este momento se van consolidando en el campo político. Es lo que deberá darse con la movilización y realización del plebiscito de la paz.

Un factor que cobra relevancia en el proceso de transformaciones y que debe ser considerado en el análisis, es la materialización de estos nuevos formatos de democracia en una nueva institucionalidad o, si se quiere, en un proceso de (re)institucionalización de la política, incorporando el conjunto de innovaciones que incluyen nuevas formas de participación social en espacios de decisión y control, la creación de mecanismos y espacios públicos que aseguren que los diferentes intereses y posiciones estén presentes en el debate, la deliberación nacional y local, y la automática redistribución del poder, plasmados claramente en leyes y mecanismos institucionales.

También es preciso reparar en las distintas nociones de participación que acompañan estas visiones y propuestas, algunas como complemento al régimen neoliberal o representativo sin afectar sus estructuras y subordinándose a las mismas, otras en cambio, se articulan a proyectos de transformación estatal y logran mediante la presión su incorporación en la estructura de decisiones estatales.

Nos colocamos, a propósito del Plebiscito, en un nivel en que el discurso y sus múltiples manifestaciones son determinantes en la ruta de la consolidación de la paz y la profundización de la apertura democrática.

La campaña plebiscitaria que se inicia, movilizara una gran diversidad de discursos, muchos de ellos para intentar preservar el viejo régimen de verdad asociado con el neoliberalismo y la violencia.

Un discurso articulado a los códigos de la nueva democracia debe asumir  aquellos elementos que componen el discurso como narrativa productora de sentido político transformadora del viejo orden oligárquico.

Nota. El plebiscito por la paz necesita por lo menos siete millones de votos en favor del SI, para consolidar el Acuerdo final de paz.

Notas.


[1] Ver el texto de los autores en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/29PCmQX

 

La campaña del plebiscito quedara inmersa en un agudo conflicto entre el SI y el No por la paz, la democracia ampliada y la apertura democratica.

Seran cinco meses, despues de que se firme el Acuerdo final de paz, de intensa agitacion y confrontacion con los promotores de la guerra y la violencia, hasta que se realicen las votaciones que convoque el Consejo Nacional Electoral.

La disputa entre el SI y el No en el Plebiscito por la paz, es el reflejo del conflicto político en que se mueve el proceso de paz con las Farc.

El SI a la paz es la defensa de cada uno de los consensos alcanzados en la Mesa de diálogos para poner fin al conflicto armado.

El NO representa el rechazo a la paz y una postura absurda que asume la violencia y el ultraje como práctica política consuetudinaria.

Mal puede plantearse un ficticio postconflicto desconociendo el potencial del conflicto y la controversia.

En la campaña plebiscitaria, que debe darse una vez se firme un Acuerdo final, que aún tiene muchos temas pendientes por lo que la fecha de las votaciones no se ve tan cercana, asumiremos la noción de campo de conflicto como el lugar en que se dirime la disputa por el poder y donde se constituyen los sujetos comprometidos con la paz.

La apertura democrática que ha conquistado la resistencia agraria y popular representada en las Farc, en las conversaciones de paz y la democracia ampliada que se ha diseñado busca la profundización del campo de la política, la consolidación de los derechos civiles y la construcción de ciudadanía por medio de innovaciones en la relación entre Estado y sociedad, así como  una (re)politización de los conflictos y su (re)significación en el campo político, al mismo tiempo establecer sus  limitaciones que residen en la naturaleza limitada y fragmentaria de tal articulación.

La verdad es que, en la convocatoria y realización del Plebiscito, la política y la lucha por el poder involucran una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales, y el cuestionamiento a las prácticas dominantes relacionadas tanto con los universos simbólicos como con la redistribución de los recursos.

Remite a la constitución de Elementos para (re)pensar el campo político nacional y a una nueva gramática social capaz de cambiar las relaciones de clase, género, de raza, de etnia y la apropiación privada de los recursos públicos.

Los múltiples sujetos alternativos que están emergiendo con la paz se conforman en el campo político como movimientos sociales contestatarios, anclados en la exclusión, la opresión y la marginación, y con la tarea de deconstruir el orden  vigente y generar uno nuevo en el ciclo que está en curso. En principio son personeros de reivindicaciones particulares y diferenciadas pero pasan a  interpelar a actores colectivos afines que pueden devenir en una situación estratégica o en su caso en un momento constitutivo que es el destino inexorable del Plebiscito, en la medida en que se supere el dogmatismo y el oportunismo de ciertas fichas.

Así, pues, el conflicto aparece no sólo como un elemento indispensable de la vida social (por la presencia inevitable del antagonismo) sino que puede tener un aspecto funcional y positivo. El conflicto es, en este sentido, una forma de socialización, ya que es una forma de relación que evita el dualismo, la separación. La unidad nunca es armónica, siempre presenta elementos de oposición y de vinculación, de atracción y de repulsión, según la experiencia histórica.

En esta reflexión, a propósito del Plebiscito, identificamos el concepto de campo de conflicto como operador metodológico.

En primer lugar, para discernir entre los conflictos de carácter estructural o hegemónico que implican situaciones de crisis estatal y conllevan la posibilidad de una transformación de las relaciones de poder, de aquellos corporativos o meramente coyunturales cuyo impacto y alcances son limitados, y no afectan a la estructura del poder.

En segundo lugar, porque el campo de conflicto constituye sujetos, en episodios de conflictividad los sujetos se agregan, articulan, construyen discursos, pueden cambiar la cualidad y el alcance de la acción colectiva, en tanto que en situaciones históricas en que no existe conflictividad o ésta se reduce a cuestiones puntuales, los sujetos colectivos tienden a inhibirse e incluso a desaparecer. Ello permite abordar a los movimientos sociales y políticos en su multiplicidad y variabilidad, en sus desplazamientos entre los diversos ámbitos del sistema y del campo político; por eso su identidad no es una esencia sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre los diversos actores inmersos en la dinámica política de la apertura democrática y la concreción del plebiscito.

En esos términos, metodológicamente existe la necesidad de desplazarse del ámbito político–institucional y ubicarse en el espacio de las relaciones, articulaciones y tránsitos entre Estado y sociedad civil, donde se dirime la disputa entre los proyectos hegemónicos, cambiando el enfoque de la democracia, tradicionalmente situada en el análisis del sistema político y sus relaciones.

En este ámbito así definido, el recurso fundamental que circula en el sistema social es el de la información. Reducimos la incertidumbre produciendo informaciones y nuestras decisiones modifican continuamente aquellas informaciones disponibles. Es lo que realza la pedagogía de paz y la creación de un sistema de información más abierto, que trascienda la maquinaria conservadora de los medios de comunicación instalados por las elites dominantes, tanto a nivel nacional como regional.

Colombia, una sociedad compleja.

Avanzando más en esta reflexión, hay que decir que Colombia es hoy, en la actual transición, una sociedad  moderna, compleja, no ajena al conflicto.

Pero hay que agregar, recogiendo a Melucci[1], que se trata de conflictos sociales emergentes en la sociedad compleja, que son conflictos sociales discontinuos, en relación con la tradición de la sociedad capitalista industrial.

 Se trata de conflictos, plantea, cuyo núcleo se centra en los recursos de información[2], en la manera en que los recursos se producen, se distribuyen para los sujetos y en cómo el poder y el control se ejercen en la sociedad.

En esos conflictos, se oponen, por un lado, grupos sociales que reivindican la autonomía de su capacidad de producir el sentido para su actuación, para su identidad, para su proyecto de vida, para sus decisiones, y por el otro, aparatos siempre más neutros, siempre más impersonales, que distribuyen códigos de lenguaje, códigos de la forma de organización del conocimiento que son impuestos a los individuos y a los grupos, que organizan su comportamiento, sus preferencias y su modo de pensar, propone Melucci en el texto citado. Entonces esos conflictos son los que por su naturaleza tienen características poco comparables con la tradición de los conflictos característicos de la sociedad industrial, por una razón muy evidente: los conflictos de la sociedad industrial son los que se desarrollan en el ámbito de categorías sociales que son categorías definidas por su colocación en la estructura productiva.

Los conflictos de ciudadanía y democracia.

En los casos de conflictos de ciudadanía y democracia, como los que presenciamos hoy, con ocasión de la paz y el Plebiscito, los actores se definen a partir de categorías sociales por su relación con el Estado y con un sistema político, y se miden en un grado de inclusión/exclusión respecto a este sistema de referencia.

En primer lugar, los actores son categorías sociales. En segundo lugar, la acción tiene siempre como contrapartida un sujeto históricamente bien identificado, ya sea que se trata de la clase dominante, contrapuesta, o del Estado con el cual el actor interactúa para obtener la inclusión. Las formas de acción también tienden a modificar las relaciones de fuerza de estos sujetos contrapuestos, pues al disminuirse el poder de la otra clase, se conquista un control mayor sobre los medios de producción, de la vida y el poder político. Cuando se adquiere ciudadanía y derechos civiles, se amplía el espacio que el Estado pone a disposición de ciertas categorías sociales.

Las formas de acción son de masas que tienden a modificar la correlación de fuerzas del sistema social, es la tesis del autor citado.

Las características de los conflictos de democracia.

Los conflictos de los cuales estamos hablando, sostiene Melucci, presentan características muy diversas.

 Primero, los actores son individuos o grupos que se caracterizan por disponer de cierta cantidad de recursos de autonomía. Son aquellos actores investidos con la información intensa de la sociedad, porque poseen esa capacidad de autonomía. Al mismo tiempo, son quienes están sometidos más indirectamente a los procesos de manipulación de las motivaciones del sentido. En primer lugar, esos sujetos no se identifican sólo porque pertenecen a una categoría social, sino también por su oposición al sistema, en cuanto red informativa. Al hacer un análisis empírico se establecen vínculos y se pueden reintroducir categorías sociológicas de reconocimiento y de identificación. Pero desde el punto de vista de los actores, son potencialmente individuos, porque cada uno dentro de un sistema complejo debe funcionar de este modo. Potencialmente los actores son individuos, entonces nos encontramos en una situación paradójica, en la que el conflicto social tiene como actores a los individuos, dice Melucci.

En segundo lugar, al contrario, aquellos a quienes se oponen son siempre más bien aparatos neutros, impersonales, legitimados comúnmente por la racionalidad científica, la racionalidad técnica. Las categorías sociales en juego son más difíciles de reconocer de modo sistemático y estable porque todos, en cierto sentido y, en algunas de nuestras funciones sociales, somos detentadores de un poder y modelamos los códigos con los cuales el conocimiento se distribuye. Los interlocutores, en contrapartida, no son estables, no son categorías identificables sociológicamente de modo muy permanente pues es mucho más difícil simbolizar a los interlocutores del conflicto.

En fin, las formas de acción que vuelven explícitos estos conflictos son formas de acción diferentes de aquellas de la sociedad industrial, porque el conflicto se manifiesta cada vez que un código dominante es cuestionado, en este caso la exclusión y la violencia.

El problema que se plantea aquí es naturalmente muy delicado, porque si la característica de discontinuidad de los conflictos contemporáneos se tomara seriamente como hipótesis de lectura de algunos conflictos que han surgido en nuestra sociedad, el problema que se vuelve inmediatamente importante es: ¿cómo se articulan esos conflictos con el resto de la sociedad social, en la cual continúan existiendo conflictos con el resto de la realidad social, en la cual continúan existiendo conflictos de tipo más tradicional, en donde permanecen continuos los procesos de exclusión de categorías sociales y de grupos, los procesos de acceso a los recursos mínimos de supervivencia, no favoreciendo el acceso al derecho fundamental de la ciudadanía?, se pregunta Melucci.

Cuestionar el código de manipulación.

La eficacia de la acción política en estas circunstancias consiste en el cuestionamiento del código en su naturaleza de instrumento de manipulación. En una situación donde el poder se ejerce sobre los códigos es suficiente que éstos se vuelvan públicos: como en la famosa fábula del “Rey”, cuando el niño dice que el “rey está desnudo”, esto es suficiente para hacer caer al poder.

Cuando el código que estaba implícito se vuelve público, puede ser modificado, apropiado por otros, redistribuido de otras formas.

Mediante las reglas normales del juego, como las que se instalaran por los núcleos del poder con ocasión del plebiscito y las que demandaran los grupos emergentes, de las cuales nosotros muchas veces ni nos damos cuenta, se afirman formas de poder, de control, de dominio que reeducan la autonomía de los sujetos y vinculan sus decisiones, etcétera.

Códigos y espacio público.

La visibilidad de los conflictos en torno a los códigos que organizan la vida, sostiene Melucci, el pensamiento y afecto de las personas, depende del espacio público disponible. Como el terreno sociológico en el cual el conflicto se forma es aquel de la experiencia cotidiana de las personas, su visibilidad social depende de la disponibilidad de un espacio público, en el cual esos procesos pueden volverse visibles para todos.

La democracia es la presencia de un espacio público garantizado por reglas y por derechos. Es una condición fundamental para que estos conflictos puedan surgir.

La eficacia de estos conflictos, está en el hecho de que surjan y, en el momento en que aparecen, ya lograron su objetivo. Cuando se vuelven visibles, está realizada su función. De aquí en adelante se plantea un problema de institucionalización, un problema de transformación de estas cuestiones en políticas sociales, políticas de género, estrategias de convivencia, políticas ambientales, políticas de salud, de igualdad, esferas en las que se traducen las cuestiones conflictivas en sí mismas en la forma de decisiones políticas. Estas naturalmente no agotan nunca los conflictos sino que los organizan en formas tratables, pues el conflicto está destinado a reaparecer en cualquier otra parte, porque la cuestión de género, las de violencia o la cuestión ambiental no se resuelven con políticas de igualdad o de cuotas, con acuerdos de paz de papel o con la política ambiental. Asimismo, no se eliminan por definición, porque el problema que está en juego es sistémico y seguirá manifestándose en un sistema complejo de otra manera. Las relaciones entre hombres y mujeres, las de convivencia o las diferencias culturales son problemas permanentes en un sistema complejo.

Conclusión.

Concluyendo, sugiere Melucci, la perspectiva que se introduce con este esquema de análisis, renuncia a la idea de una solución final de los conflictos, de llegar a una especie de punto en el cual la sociedad se vuelve completamente transparente a sí misma, reflejándose perfectamente en sus relaciones.

Ese ha sido un gran mito de la sociedad industrial.

Lo que debemos esperar es una sociedad plagada de conflictos, en las cuales éstos se volverán parte vital del tejido social en condiciones que les permitan moverse dentro de sistemas que garanticen las reglas del juego, que les impidan transformarse en violencia y en disolución del sistema social.

Esa la naturaleza del conflicto planteado por la disputa entre el SI y el No en el Plebiscito.

Notas.

[1] Este análisis sobre la vigencia objetiva del conflicto se apoya en las tesis de Melucci incluidas en el texto que registramos en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/29QnV2Q

[2] Al respecto del papel de la información en la estructuración y deconstrucción de la sociedad,  sugiero leer el siguiente texto sobre el pensamiento de Niklas Lhumann en el siguiente enlace electrónico http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199518706003

El proceso de paz esta transformando el regimen de democracia liberal colombiana y con el Plebiscito para la terminacion del conflicto lo que se espera es un reconfiguracion de la democracia para propiciar una nueva relacion entre Estado y sociedad civil.

El Plebiscito especial que se realizara en Colombia en los proximos meses para legitimar el Acuerdo de paz esta modificando los viejos parametros de la democracia representativa y del partidismo clientelar.

La nueva democracia ampliada que se expresara en el Plebiscito deja en el aire los agentes de la violencia y del uso de las armas como instrumentos de coaccion politca.

Daremos nuestro respaldo al plebiscito con un SI al Acuerdo final que se firme entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc, momento en que se inicia la campaña para las votaciones que refrendaran el fin del conflicto social y armado, que bien pueden ser en Octubre o una fecha posterior, pues aún faltan varios temas por pactar en la Mesa de conversaciones..

Haremos la pedagogía para la paz para comprometer más ciudadanos con la paz y la convivencia.

Para ganar millones de colombianos que rechacen la violencia, realizaremos todas las tareas que sean convenientes. Nada está seguro hasta el momento y, hacer las cuentas de la lechera, con la entelequia de los  10 millones de votos es puro folclorismo barato que afecta la construcción de una consistente voluntad nacional por el fin del conflicto.

Conseguir votos es una tarea muy difícil. Convencer a la gente no es fácil. Por eso no pecamos de ilusos ni nos pegamos a fantasías politiqueras acompañadas de la consabida crematística clientelar.

Los impactos democráticos del Plebiscito.

Como quiera que el Plebiscito es un acontecimiento político de envergadura. Un proceso extraordinario que pocas veces se da en la sociedad, resulta necesario reflexionar sobre sus implicaciones e impactos en la democracia liberal colombiana.

Los interrogantes.

Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿transformara el plebiscito de la paz la democracia limitada que prevalece en el sistema político colombiano? ¿Permitirá una relectura de la democracia como modelo de organización y relacionamiento político de los integrantes de la sociedad?, en ese sentido  también conviene plantearse: ¿Cómo caracterizar la actual democracia colombiana? ¿Cuáles son los problemas que la afectan en su funcionamiento? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la democracia en la actualidad?

ABC del plebiscito de la paz.

Abordar estas cuestiones implica, en primer lugar, establecer el contenido y los alcances del Plebiscito que se convocara próximamente. Claramente no se trata de un procedimiento rutinario en la gestión de las instituciones liberales. Su realización se encadena al proceso de paz y al enfoque de la democracia ampliada pactada en el consenso sobre participación política. Es fruto de la apertura democrática que ocurre con ocasión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc.

El plebiscito solo es posible y explicable como recurso para salir de la crisis que propicia la violencia y la lucha armada.

Comprender las dimensiones de dicho evento supone aproximarse con la mayor objetividad a la Ley que lo reglamento[1] como una herramienta especial para legitimar la paz y a la Sentencia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que determino su exequibilidad.

Allí hay mucha tela que cortar.

La ley salió como entro a la Corte. Justo a la medida de los requerimientos y exigencias de la coyuntura.

Los aspectos nodales de la jurisprudencia son muy concretos: se trata de un plebiscito especial para la paz; el umbral es del 13%, esto es, casi 4 millones 500 mil votos; son los sufragios que debe sacar el SI para que triunfe; los funcionarios públicos podrán y deben participar en la campaña correspondiente; su aprobación tiene efectos vinculantes para el Presidente que lo convoca, pero no para el resto de poderes públicos; los ciudadanos podrán conformar comités promotores del SI o el NO, según reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral; la votación mayoritaria por el SI blinda el Acuerdo final de paz hacia el futuro como un compromiso y obligación de Estado; si se impone el NO, habrá que comenzar de nuevo con los diálogos de paz; la campaña se inicia al momento de la firma del Acuerdo definitivo de paz; no vale el voto en blanco; la campaña dura un mes y debe incluir una amplia pedagogía de la paz; nadie puede utilizar el plebiscito para promover campañas presidenciales o candidaturas a cargos de representación;  y los medios de comunicación, todos sin excepción, tiene la obligación de adecuar espacios para la promoción del plebiscito.

Para intentar aclarar la incidencia de este evento político excepcional en la democracia realmente existente, asociada con la exclusión, la desigualdad, la abstención, la apatía, la corrupción y el clientelismo, es necesario intentar caracterizar de manera muy objetiva el tipo de régimen político prevaleciente en el Estado.

Previamente hay que hacer un punteo de orden histórico.

Algunas consideraciones históricas sobre la democracia colombiana.

En Colombia, la incorporación de la democracia representativa, no fue precisamente producto del proceso de industrialización y modernización como en los países del occidente europeo y los Estados Unidos, sino que fue introducida tempranamente como parte del ordenamiento jurídico y político que siguió al proceso de independencia de 1810. En muchos casos, estuvo completamente desligada de la realidad política y socio-cultural en que se debatían las incipientes mayorías nacionales, y por tanto, no cumplió la función homogeneizadora de las sociedades avanzadas.

Particularmente en el caso colombiano,  la democracia liberal se asentó sobre una sociedad heterogénea, en la que no se cumplía el principio de la democracia representativa como cuantificación de la voluntad colectiva, porque el porcentaje de población habilitada como ciudadana para ejercer sus derechos políticos era mínima (en virtud del voto censitario), pero sobre todo porque no existían las condiciones materiales para la liberalización del individuo y su incorporación en el mercado (prerrequisito liberal de la igualdad económica), que recién se cumplieron con las reformas liberales de los años 30.

Las reformas de López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras, significaron un importante momento en ese recorrido porque sentaron las bases de la democratización social por la vía de la reforma agraria (ley 200), la construcción del mercado (reforma laboral), y por tanto, del individuo libre de la tutela latifundaria, junto a la conquista iniciática del voto universal. Sin embargo, este proceso resultó limitado por varias razones, entre otras, porque no logró encarar el problema de la diversidad estructural del país, sino que se basó en la supuesta homogenización social bajo la categoría de pueblo que encubrían una realidad social mucho más compleja.

Más adelante, la política discurriría en la confrontación antagónica de los ciclos de la violencia agraria. Con las movilizaciones por la recuperación de la democracia a fines de la década de los 50, se incorporó plenamente la democracia representativa al acervo político.

No obstante, siempre se planteó la cuestión, con ocasión del  régimen bipartidista del Frente Nacional y el post Frente Nacional,  sobre el rol efectivo de la democracia representativa, en un país en que las definiciones de los procesos políticos pasaban por núcleos de poder que monopolizaban los recursos estratégicos de la política. Es decir, quien ganaba las elecciones por cuenta de los privilegios burocráticos y electorales y además tenía apoyo de parte del ejército, accedía al poder. En el fondo, estábamos delante de  la existencia de núcleos decisivos donde se dirimía la política más allá de la mera cuantificación anónima del voto. Realidad  que remite a la reflexión sobre la eficacia de la democracia representativa –un hombre un voto– como expresión de la voluntad política colectiva.

Con la prevalencia de la democracia representativa y los agregados de la reforma constitucional de 1991, se dio un ciclo histórico protagonizado por los partidos políticos como sujetos exclusivos de la representación política y, al igual que en otros contextos democráticos latinoamericanos, los principales problemas han girado en torno a la administración de la gestión pública, una débil institucionalidad, y una cultura política caudillista, clientelista y patrimonialista. En el caso colombiano, el patrón de interacción partidaria denominado democracia bipartidista que dominó desde los años 60, provocó distorsiones en el ámbito de decisiones políticas; así, mientras el Estado promovía un proceso de modernización económica (Carlos Lleras, López, Turbay y Gaviria), la gestión estatal era sostenida sobre el patrimonialismo hacendario corporativo del pasado y el influjo de las corporaciones financieras.

En síntesis, desde la fundación de la República en 1810, hemos vivido una sistemática separación entre un Estado formalmente montado sobre normas y leyes, y una dinámica social que mediante la acción organizada y medidas de presión, ha podido acceder ocasionalmente a escenarios de decisiones políticas, como se refleja en la actual coyuntura.

La caracterización de la democracia,

Para caracterizar la democracia colombiana actual recurro al análisis de Duque Daza[2], quien se refiere a una realidad democrática que podemos caracterizar como deficitaria.

En la actualidad, dice Duque Daza, Colombia constituye una democracia con adjetivos. Una de las clasificaciones más difundidas, la del diario The Economist, la califica como una democracia defectuosa.

La democracia colombiana, agrega Duque, en las últimas tres décadas ha sido estudiada y calificada con adjetivos negativos.

Durante las décadas del setenta y del ochenta, prosigue Duque, a la vez que se enfatizaba en la larga tradición de civilidad y de ausencia de dictaduras militares, así como de una larga sucesión de elecciones periódicas, los estudios y análisis coincidían en aplicarle adjetivos que expresaban un faltante en términos de cierre, de restricciones. Diversos análisis utilizaron denominaciones como democracia oligárquica[3], democracia restringida[4], democracia limitada[5] y democracia cerrada.

Desde comienzos de la década del noventa, plantea Duque Daza, tras una serie de reformas institucionales que propiciaron una mayor apertura, nuevos escenarios y espacios de participación, los adjetivos referidos a la democracia dieron un giro y expresaron un acento en la presencia en el sistema político de actores extralegales de poderes fácticos que incidían en la funcionalidad de la democracia, emergieron denominaciones como democracia asaltada[6], democracia sitiada[7], democracia mafiosa, según el Observatorio de Derechos Humanos, 2005 y hasta paracracia[8]. Los más recientes análisis la ubican como una subpoliarquía o una democracia de baja calidad[9].

Este conjunto de denominaciones apuntan, considera Duque, por un lado, a expresar una especificidad en clave defectuosa de un faltante, por otro lado, a resaltar la presencia de actores que inciden de forma importante en su funcionalidad (el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares) y, en tercer lugar, sin negar la existencia de componentes propios de las democracias electorales, a señalar su déficit. Estas dimensiones son relevantes para una aproximación a la caracterización de la democracia colombiana, lo cual implica preguntarse por la naturaleza del faltante, de lo defectuoso, del déficit, y auscultar cuáles es y en qué consiste la incidencia de actores extralegales en la funcionalidad democrática, se pregunta Duque Daza.

Los mínimos de la democracia.

Lo primero, agrega Duque D, el faltante y lo defectuoso, sólo se puede asumir respecto a un referente, el cual corresponde en la literatura politológica con los mínimos procedimentales o mínimos universales por debajo de los cuales un régimen no puede considerarse democrático, esto es: sufragio universal masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas; existencia de más de un partido; presencia de fuentes alternativas y diferentes de información, respeto a las libertades básicas[10].

Las interferencias a la democracia.

Lo segundo, plantea,  en relación con lo anterior, implica considerar que la presencia de actores extralegales interfieren en el proceso electoral (el carácter libre y competitivo de las elecciones por la presencia de formas coactivas de inducción del voto y de constreñimiento a la competencia); afectan las libertades de expresión, organización, asociación; la corrección y limpieza en los procesos con prácticas de manipulación y fraude en los procedimientos de conteo y escrutinio.

A partir de los déficits, Colombia ha sido clasificada como un régimen no democrático, por lo menos, no plenamente democrático: se ha denominado semidemocrática[11], ha sido incluida en el grupo de países semidemocráticos y parcialmente libre por parte de Fredom House en el periodo 1989-2012; Larry Diamond[12] la incluyó junto con Venezuela y Paraguay dentro de los regímenes ambiguos de América Latina, y Andreas Shedler[13] la clasificó como un régimen autoritario electoral, definiendo estos como los regímenes en los cuales, a diferencia de las democracias electorales (diferentes a las democracias liberales, que desarrollan el ámbito de los derechos también) no se cumplen todos los componentes de la cadena democrática (elecciones democráticas e inclusivas, libertad de oferta política, protección para la expresión de las preferencias electorales, sin coacciones y sin corrupción; igualdad del voto; acceso a fuentes alternativas de información). En esta perspectiva, las elecciones sólo pueden ser democráticas si cumplen con todos los requerimientos, de tal forma que expresiones como democracias parciales, cuasidemocráticas o semidemocráticas no tendrían cabida, afirma Duque Daza.

En la clasificación de Leonardo Morlino[14], Colombia está ubicada dentro de los regímenes híbridos de democracias sin ley, condición que se ha mantenido sin que se presente en las últimas décadas una transición hacia una democracia (plena), pero tampoco hacia un régimen autoritario, agrega.

El entorno turbulento con presencia de actores extrainstitucionales armados genera una dinámica de interferencia en los procesos funcionales democráticos, que los desvirtúan e impiden que el caso colombiano constituya la expresión de una democracia de mínimos, por el contrario, identifica un régimen democrático de submínimos. Se ubica por debajo del umbral, con el cual un régimen puede considerarse democrático. Esto implica, como lo señalaron Pizarro y Bejarano en el texto ya citado, una relación entre dos escenarios o campos: uno institucional (los procesos democráticos) y otro extrainstitucional (los actores armados ilegales: las guerrillas, los grupos paramilitares y las organizaciones neoparamilitares que en el lenguaje oficial se han denominado Bacrim o bandas criminales) que lo afecta y lo desvirtúa. Esta articulación y traslapamiento entre ambos campos se complejizó aún más durante la última década (2002-2012) por las evidencias de penetración de los grupos paramilitares en los procesos políticos, en las elecciones y en las instituciones de representación popular, y la incidencia de la criminalidad organizada en el manejo de las instituciones, en lo que ha sido denominado captura parcial del Estado, sostiene Duque Daza.

De forma complementaria a esta tesis de los campos en interconexión, durante la última década el proceso electoral, se vio distorsionado afectándose el carácter de las elecciones que dejaron de ser libres, correctas y competitivas, tanto por la coacción ejercida por los grupos armados ilegales, como por el hecho de que los propios actores del juego político desconfían de la limpieza de los resultados, y en reiterados casos lo han cuestionado. El Estado ha sido incapaz de regular y garantizar la realización de elecciones limpias en todo el país, la corrupción en el sector público ha alcanzado grandes dimensiones (incluyendo las instituciones electorales) y la alta impunidad opera como un incentivo a la delincuencia organizada y a la violación de las libertades y derechos fundamentales de la población. Asimismo, ante la no provisión de bienes y servicios por el Estado a amplios sectores de la población, sectores políticos asumen un papel de intermediación particularista creando redes de clientela que se han traslapado con los actores ilegales[15].

Así, Estado precario y democracia deficitaria integran una diada, en la cual el primero constituye un factor determinante de lo segundo. En Colombia las deficiencias estatales, su captura parcial por parte de actores ilegales y las características de los partidos políticos (la deformación de su tradicional función de representación, así como los vínculos establecidos por algunos de ellos y por congresistas y dirigentes locales en otros, con organizaciones criminales) constituyen las variables que generan las limitaciones y los déficits centrales de la democracia, dándole el carácter de una democracia de submínimos, de subpoliarquía, es la tesis de Duque Daza, que, en la perspectiva de una democracia sin ley, se trata de una situación en la cual se combinan condiciones de ilegalidad con institucionalidad precaria. El Estado es incapaz de mantener y garantizar la funcionalidad de los procesos electorales que caracterizan las democracias liberales, tampoco está en condiciones de garantizar una adecuada protección de los derechos civiles, lo cual genera un inadecuado funcionamiento, o la inexistencia, de instituciones legales. Las deficiencias estatales afectan la competencia política por presencia de coacción y violencia contra partidos y candidatos, de constreñimiento a los electores, de manipulación de los resultados.

Si además de los aspectos propios de la poliarquía consideramos, según Duque Daza, también los resultados, la democracia colombiana es además deficitaria. En esta perspectiva se ubican los trabajos que abordan actualmente la calidad de la democracia, y que  incluyen dimensiones procedimentales y sustanciales: los resultados en términos de igualdad y de libertades, así como de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones de los gobernantes y de la estructura del Estado[16]. Hay un gran contraste entre la formalidad que consagra los derechos y libertades en la Constitución Política de 1991 y sus desarrollos y su concreción en la realidad. Aunque están consagrados los derechos, estos no se concretan.

Límites de los derechos civiles y políticos.

Hay grandes limitaciones a los tres componentes de dignidad personal, derechos civiles y derechos políticos, no hay garantías para la seguridad y la integridad de los ciudadanos ni para el ejercicio pleno de las libertades básicas; los ciudadanos están expuestos a toda serie de amenazas, son muy vulnerables, y el Estado es débil a la hora de actuar como garante universal de los derechos, si bien las instituciones jurídicas dan cada vez más cabida a la defensa de los ciudadanos a través de mecanismos legales como la acción de tutela. Se presenta un contraste entre la formalidad y la realidad. En cuanto a los indicadores de derechos políticos y civiles, denotan poco respeto a los derechos humanos, los derechos de asociación y organización y de autonomía personal, incluidos también los derechos económicos. Según las categorías de Freedom House[17], Colombia sigue siendo catalogada como un país parcialmente libre. En libertades civiles se ha presentado un relativo avance en los últimos años, pasando de parcialmente libre a libre, aunque en el umbral mínimo. El peor indicador corresponde al que da cuenta del condicionamiento de libertades y derechos por la presencia de actores armados.

La desigualdad social.

Por otra parte, Colombia es el país con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza de América Latina y el cuarto más desigual del mundo. En Colombia un alto porcentaje de su población carece del acceso a bienes y servicios básicos, no cuenta con derechos sociales, económicos y culturales, y desde las instancias gubernamentales no se han dado respuestas a las necesidades de la población que permitan superar esta realidad. El índice Gini en promedio 0,569 para el periodo 1995-2011 (frente al promedio de América Latina en 2010, solo en Guatemala era mayor). Aunque han disminuido en la última década, la pobreza y la indigencia todavía son de las más altas del continente (pobreza del 40%), siendo mayor en las áreas rurales y presentando diferencias importantes entre regiones; en el Atlántico y el Pacífico –con mayoría de población afrodescendiente– los índices de pobreza son más altos. En cuanto a la población económicamente activa, más de la tercera parte trabaja en la informalidad, desempleo disfrazado o subempleo ambulante en las calles de las ciudades o en actividades familiares que impiden acceder a la seguridad social básica. Asimismo, en Colombia el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH) es de 0,710, considerado alto, pero teniendo en cuenta el ajuste por desigualdad se reduce drásticamente a 0,479.

En suma: comparados con los mínimos procedimentales propios de las democracias, Colombia, sin constituirse en una autocracia, presenta déficits importantes que afectan a la mayoría de las dimensiones propias de la poliarquía, y presenta rasgos de una sub-poliarquía. Se trata de una democracia defectuosa, con déficits importantes. Y en términos de sus resultados se caracteriza por ser una democracia de baja calidad, es la conclusión de Duque Daza[18].

Para entender mejor este cuadro del régimen democrático colombiano conviene acudir al análisis que ofrece la filosofía política en sus autores clásicos.

Veamos.

Lecturas de la democracia y la crisis de sus paradigmas

Los problemas emergentes de las concepciones reduccionistas de la democracia, como la gobernabilidad, la representación y la gestión pública han sido abordados de manera extensiva por la ciencia política en las últimas décadas, señala Zegada[19] a quine recurrimos para esta reflexión sobre la actual coyuntura colombiana. Es el caso de autores que provienen de la ciencia política clásica como Norberto Bobbio[20], quienes llamaban la atención sobre el conjunto de falsas promesas o promesas incumplidas de la democracia, argumentando que de una democracia del individuo y del pueblo soberanos se habría pasado a una democracia de los grupos poderosos, convertidos en los protagonistas de la vida política, que por la predominancia de sus intereses particulares provocaban un efecto centrífugo en la política y su consecuente fragmentación. De este modo, el predominio del neocorporativismo, definido por la presencia de grupos de interés particulares por encima de la preservación del bien público, habría distorsionado los principios y fines de la democracia. Bobbio también se refería al poder invisible de la democracia como aquel poder oculto que, desde los intersticios, regía la práctica política y reorientaba de manera subrepticia sus objetivos generales.

Otras tendencias interpretativas han puesto atención en aspectos más puntuales como el tipo de régimen político, identificando como problema, por ejemplo, el presidencialismo, sobre todo en América Latina. Otros estudios se enfocaban de manera más precisa en el desempeño político de las instituciones, la corrupción, la gobernabilidad y por supuesto la representación.

De ahí que, centrados sobre todo en la noción de democracia como desarrollo institucional y gobernabilidad política, se han propiciado en América Latina en las últimas décadas, una serie de reformas institucionales (Como la Constitución de 1991), muy importantes por cierto, pero que encaraban parcialmente los problemas del sistema democrático. Por ejemplo, se han buscado soluciones centradas en la gestión estatal de la democracia, con el fin de eliminar administraciones patrimonialistas, clientelistas o corruptas, promoviendo la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas o control democrático y transparencia en la gestión; otras reformas se han concentrado en la búsqueda de soluciones a la gestión política por la vía gerencial, es decir, buscando mejorar la eficiencia de la administración pública mediante el traslado de criterios del sector empresarial privado al ámbito público.

En Colombia, de manera concurrente con las reflexiones latinoamericanas, durante la década de los 80 y 90, se ensayaron diversas interpretaciones de la realidad democrática ligadas a la necesidad de modernización del Estado, a mejorar la transparencia y eficiencia del régimen democrático y a la gestión de los partidos políticos en el Estado dentro del horizonte de estabilidad del orden político como factores complementarios al régimen económico neo-liberal. Algunas lecturas hacían énfasis en la necesidad de generación de acuerdos y consensos para fortalecer una gobernabilidad democrática adecuada al cambio moderno, a la participación popular, o a los problemas de representación y a la emergencia de actores neo populistas funcionales al régimen, plantea Zegada.

Estas preocupaciones intelectuales han encontrado eco en la gestión institucional, logrando avances importantes en términos de mejoramiento de la trama normativa, pero resultan al mismo tiempo limitadas, pues con la pretensión de mantener la estabilidad del sistema, no lograron encarar los aspectos estructurales críticos de la democracia, la gestión pública y política. En esa misma línea, restringieron el concepto de gobernabilidad a la capacidad de generar pactos políticos interpartidarios en el parlamento con el fin de viabilizar las políticas públicas, alejándola de su razón de ser que es la relación del Estado con la sociedad, es decir, la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades y demandas sociales para reproducir su legitimidad; de ahí se infiere que uno de los problemas centrales de la democracia, soslayados por estas preocupaciones intelectuales reside en la relación del Estado con las demandas y expectativas de la sociedad; es decir, con las contradicciones, conflictos y fracturas de orden económico, social y cultural., plantea la autora

Nuevas articulaciones conceptuales de la democracia

Estas limitaciones en los paradigmas interpretativos sobre la democracia y sus efectos en los sistemas políticos, nos ponen ante el desafío de encontrar nuevas narrativas, lecturas críticas y renovadas de la relación entre el Estado y la sociedad, del sistema de representación política y de los núcleos en que se dirime el poder, propone Zegada.

Para ello, en principio es necesario abandonar una visión monológica de la democracia asociada a la estabilidad institucional, y más bien partir de las contradicciones donde el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consiste en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo. Así, siguiendo a Mouffe[21], las contradicciones que se generan en la sociedad, lejos de representar un peligro para la democracia son su condición de existencia. En esa misma línea, reflexiona Tapia sobre la necesidad de partir de un concepto de democracia como condición lejos del equilibrio[22] (2009).

Complementariamente a esta visión, Dussel[23] define la democracia como la necesaria institucionalización de las mediaciones que permiten ejercicios delegados del poder legítimo, inclusive alientan la existencia de minorías y del disenso. Introduce el concepto de crítica social para caracterizar el nuevo régimen que pone en cuestión las estructuras hegemónicas del sistema y énfasis en la necesidad de contar con estructuras organizativas democráticas, conformadas de abajo hacia arriba, criticando severamente a las organizaciones partidarias que se habrían convertido en meras maquinarias electorales.

El concepto, acuñado por Laclau[24], de democracia radical apunta en la misma dirección, en él se destaca un desarrollo horizontal de las relaciones en que las organizaciones y movimientos sociales empiezan a generar efectos políticos; desde su perspectiva, la democracia se radicaliza en la medida en que sectores que no participaban en las definiciones públicas, comienzan a lograr una expansión continua en el ámbito de decisiones estatales.

En efecto, la democracia denota una manera de ser de lo político (Ranciere,)[25] o un modo de subjetivación de lo político que no puede leerse al margen de la sociedad sobre la cual se sostiene, es decir, de las contradicciones y conflictos económicos, sociales, y de la cultura política que se constituyen al mismo tiempo en la base y en los límites de su desempeño.

La preocupación entonces deviene de la necesidad de atender las características de las sociedades sobre las cuales se implanta el régimen democrático y, paralelamente, de buscar maneras de convivencia social y política, –de gobernabilidad– que se verifiquen en el campo político e institucional. Al respecto, Mouffe trabaja el concepto de pluralismo agonístico democrático, que replantea la democracia liberal para proteger las instituciones democráticas, abandonando la perspectiva racionalista que lleva al antagonismo, tendiendo más bien a desactivarlo y transformarlo en agonismo, es decir, en una manera de “convertir al enemigo a abatir, en un adversario al que se debe tolerar”[26].

La demodiversidad.

Otro autor que marca un derrotero en las nuevas lecturas de la democracia es Boaventura De Souza Santos[27], mediante la construcción del concepto de demodiversidad. Este concepto parte de la idea de la coexistencia de distintos formatos de democracia en un contexto histórico determinado. La noción de demodiversidad busca compatibilizar la eficiencia político-institucional con la equidad social, se sostiene en el reconocimiento de que, además de la democracia representativa liberal, existen otras formas de democracia de iniciativa popular, participativa, o comunitaria. Sin embargo, el aspecto novedoso de esta noción es posicionar las distintas formas de democracia sin que se subordinen a la liberal representativa, –y por supuesto sin subordinarse unas a otras–, por lo que establece la necesidad de desarrollar criterios transculturales, democratizar los saberes, crear autoridad compartida, ubicar a los movimientos y organizaciones sociales como protagonistas de la nueva democracia; en definitiva, se trata de democratizar la democracia.

De esta manera, también desde la sociedad organizada se produce una ruptura con las formas tradicionales de lectura de la democracia y las preocupaciones se desplazan del campo estrictamente político institucional al sociológico y cultural en cuyo seno reside también la política y al poder, afirma Zegada en su análisis del caso de Bolivia.

Discursos y contenido de la democracia

La democracia se convierte en un dispositivo dinámico de deconstrucción y reconstrucción de estructuras discursivas y simbólicas. Así, en el debate político y simbólico, la noción de democracia se encuentra vacía de contenido y adquiere sentido en la medida en que se articula a algún principio articulador o hegemónico particular[28]. En otras palabras, la discusión sobre la democracia o los adjetivos que se le atribuyen, se sitúa en el terreno de la disputa política estructural entre principios hegemónicos distintos que pugnan por el poder y por (re)articular los elementos ideológicos, en este caso la democracia, a sus respectivos discursos y otorgarle determinado sentido.

Particularmente, en situaciones de crisis hegemónica y política, plantea Zegada, se producen procesos de desarticulación/rearticulación discursiva de la noción de democracia, ya que durante periodos de estabilidad del sistema político y reproducción de los formatos habituales de la representación, las clases dominantes logran absorber las posibles contradicciones y las neutralizan mediante la instalación de un régimen de verdad asumido e internalizado por la sociedad. En cambio, en situaciones de crisis, al perder su capacidad de interpelación, se produce un proceso de disolución discursiva y se genera la circulación y posibilidades de (re)articulación de aquellos elementos ideológicos que adquieren centralidad en el campo político.

En consecuencia, agrega Zegada en la línea de Tapias,la democracia va mutando su contenido y produce nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro[29].

En ese sentido, en Colombia se está produciendo con el proceso de paz un desmontaje de la eficacia simbólica de la democracia representativa instaurada como régimen de verdad en el periodo neoliberal; un desanclaje de las estructuras institucionales objetivadas, y la construcción paralela de nuevas articulaciones democráticas en los discursos y propuestas de los sujetos alternativos que en este momento se van consolidando en el campo político. Es lo que deberá darse con la movilización y realización del plebiscito de la paz.

Un factor que ha cobrado relevancia en el proceso de transformaciones y que debe ser considerado en el análisis, es la materialización de estos nuevos formatos de democracia en una nueva institucionalidad o, si se quiere, en un proceso de (re)institucionalización de la política, incorporando el conjunto de innovaciones que incluyen nuevas formas de participación social en espacios de decisión y control, la creación de mecanismos y espacios públicos que aseguren que los diferentes intereses y posiciones estén presentes en el debate, la deliberación nacional y local, y la automática redistribución del poder, plasmados claramente en leyes y mecanismos institucionales.

También es preciso reparar en las distintas nociones de participación [30] que acompañan estas visiones y propuestas, algunas como complemento al régimen neoliberal o representativo sin afectar sus estructuras y subordinándose a las mismas, otras en cambio, se articulan a proyectos de transformación estatal y logran mediante la presión su incorporación en la estructura de decisiones estatales.

Discutir la noción de ciudadanía.

Por último, plantea Zegada, no es posible repensar la democracia sin discutir la noción de ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía se encuentra estrechamente vinculado con el régimen político democrático, puesto que se convierte en el garante de los derechos ciudadanos. La noción de ciudadanía resulta crítica y retorna al centro del debate, porque no se han logrado resolver las contradicciones en relación con la desigualdad social, la discriminación, la exclusión y la convivencia de ciudadanías diferenciadas. De esta manera, la inacabada construcción del Estado-nación y su correlato en una ciudadanía universal –la nación imaginada de Anderson[31]–, es interpelada por una realidad en la cual conviven tiempos heterogéneos[32], que demandan formas de pertenencia, reconocimiento y respeto a la diversidad.

En definitiva, este recorrido conceptual e histórico en relación con la democracia en Colombia, pone en entredicho la concepción del Estado y el sistema político como espacios exclusivos de lo político, y sitúa a la sociedad civil y sus organizaciones como espacios privilegiados donde, desde los márgenes de lo institucional/formal/representativo, al hilo de la reflexión de Zegaa, se organiza y discurre el poder. Por eso, la democracia no puede leerse sólo en sus anclajes institucionales sino fundamentalmente en su relación con la sociedad civil, las organizaciones sociales y las contradicciones estructurales que de ella emergen.

Son los temas que incorpora el proceso plebiscitario de la paz que ocupara a la sociedad colombiana en las próximas semanas.

Notas.

[1] Ver el texto de la Ley del Plebiscito de la paz en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2aeTe4Z

[2] En la caracterización de la democracia colombiana me apoyo en el trabajo del politólogo Javier Duque Daza “La democracia en Colombia: entre los déficits y las insatisfacciones de los ciudadanos. Ver al respecto el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2a2GaRx

[3] Ver los siguientes textos citados por Duque Daza: Wilde, Alexander. (1978), Conversaciones entre caballeros. La quiebra de la democracia en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo; y Leal, Francisco. (1988), Estado y política en Colombia, Bogotá, CERC, Universidad de Los Andes.

[4] Ver los siguientes textos citados por Duque Daza: Pizarro, Eduardo. (1981), “La democracia restringida en Colombia”, en Colombia Estudios Marxistas, vol. 21, p. 3-29; Pécaut, Daniel. (2007[1987]), Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá, Norma; y Chernick, Marc. (1989), Reforma política, apertura democrática y del desmonte del Frente Nacional, en Patricia Vásquez de Urrutia, (Comp.), La democracia en blanco y negro. Colombia en los años ochenta, Universidad de los Andes, Bogotá. pp.285-320.

[5] Ver Santana, Pedro. (1989), Los movimientos sociales en Colombia, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, citado por Duque Daza.

[6] Ver Kline, Harvey. (1995), Colombia: Democracy Under Assault. 2nd ed., Boulder, Co: Westview, citado por Duque Daza.

[7] Ver Archer, Ronald. (1995), “Party Strenght and Weakness in Colombia´s Besieged Democracy”, in Scott Mainwaring and Timothy R. Scully. (eds.), Building Democratic Institutions. Party system in Latin America, Palo Alto, CA: Stanford University Press; y Pizarro, Eduardo y Bejarano, Ana María. (2006), Political Reform After 1991: What Still Needs to be reformed?, en Welna, C. y Gallón, G. (Eds.), Democracy, Peace and Human Rights in Colombia, Notre Dame University Press,  citados por Duque Daza.

[8] Ver Botero, Felipe. (2007), “Colombia: ¿Democracia, paracracia o simplemente desgracia?” Revista Ciencia política (Santiago), vol.27,[en línea], disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2007000100006&script=sci_arttext, citado por Duque Daza.

[9] Ver Duque, Javier. (2012), “La subpoliarquía colombiana. Deficiencias estatales, democracia deficitaria”, en Desafíos No 24.

[10] Ver los siguientes textos Dahl, Robert. (1971), La democracia y sus críticos, Madrid, Taurus; Bobbio, Norberto. (1984), El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica; Morlino, Leonardo. (2002), Democracias y democratizaciones, México, Cepcom y (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27, citados por Duque Daza..

[11] Ver Mainwaring, Scott; Brinks, Daniel y Pérez, Aníbal. (2000), “Classifying political Regimes in Latin merica, 1945-1999”, Working Paper #280; y Pizarro, Eduardo y Bejarano, Ana María. (2006), Political Reform After

1991: What Still Needs to be reformed?, en Welna, C. y Gallón, G. (Eds.), Democracy, Peace and Human ights in Colombia, Notre Dame University Press, citados por Duque Daza en su texto ya referido.

[12] Ver Diamond, L. (2002), “Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, vol. 13, núm. 2, pp. 21-35.

[13] Ver siguiente texto Shedler, Andreas. (2009), “Regímenes autoritarios electorales en el mundo contemporáneo”, Cuadernos de Estudios Latinoamericanos, num. 5, citado or Duque Daza.

[14] Ver texto de Morlino en el siguiente enlace electrónico (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27.

[15] Ver Duncan, Gustavo. (2006), Los señores de la guerra. Bogotá, Planeta; y García, Mauricio y Revelo, Javier E. (2010), Estado alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia, Bogotá, De-Justicia.

[16] Ver Morlino, Leonardo. (2002), Democracias y democratizaciones, México, Cepcom; y  (2007), “Explicar la calidad democrático: ¿Qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?”, en Revista de Ciencia política, num. 2, vol 27, citado por Duque Daza.

[17] Ver el siguiente enlace electrónico https://freedomhouse.org/

[19] Ver siguiente texto http://bit.ly/29PCmQX

[20] Ver BOBBIO, Norberto 1993 El futuro de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica).

[21] Ver siguiente texto en este enlace electrónico MOUFFE, Chantal 1999 El retorno de lo político (España: Paidós).

[22] Ver siguiente texto TAPIA, Luis 2009 “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de

la política” en Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano (Buenos Aires: clacso) nº 13.

[23] Ver siguiente texto DUSSEL, Enrique 2006 20 Tesis de política (México: Siglo xxi).

[24] Ver siguiente texto LACLAU, Ernesto 2009 Conferencia de Ernesto Laclau en la pucp, en Lima, Perú.

[25] Ver siguiente texto RANCIERE, Jacques 1996 El desacuerdo (Buenos Aires: Nueva Visión).

[26] Ver MOUFFE, Chantal 1999 El retorno de lo político (España: Paidós).

[27] Ver siguiente texto DE SOUZA SANTOS, Bonaventura 2004 Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia, Cuaderno de Diálogo y Deliberación Nº 5 (La Paz: cne).

[28] Ver el siguiente texto LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal 1980 Hege

[29] Ver siguiente texto FOUCAULT, Michael 1983 El discurso del poder (México: Folios).

[30] La idea de participación se refiere a compartir el poder de decisión del Estado sobre asuntos relativos al interés público.

[31] Ver siguiente texto ANDERSON, Bendict 1993 Comunidades imaginadas, fce, México.

[32] Ver siguiente texto CHATTERJEE, Partha 2008 La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos (Buenos Aires: Siglo xxi/clacso).

Algunos dan por ganado el Plebiscito por la paz. Desconocen olimpicamente el contexto social en que se desplegara la campaña por el SI, que es de crisis popular generalizada. El pueblo se muestra apatico y, por momentos, adverso a la refrenacion del Acuerdo de paz. Casi 53 colombianos de cada 100 dice que rechazaran el Plebiscito.

El triunfalismo mostrado por la izquierda de la Casa de Nariño que anuncia 10 millones de votos por el SI es una ruta equivocada y delirante para convenencer a la ciudadania sobre las bondades de la paz acordada en La Habana.

Al pueblo hay que persuadirlo y plantearle una esperanza, una utopia y no presionarlo con campañas de miedo y discursos demagogicos de rios de miel y de leche, que nunca llegaran.

Hay que poner los pies sobre la tierra y entender que no sera facil ganar el plebiscito.

No hay que caer en el juego de la ultraderecha que sabe muy bien como hacer la maniobra de darnos por ganadores al iniciar la campaña para despues empujar la caida en las encuestas. Sucedio con Clara Lopez como candidata a la Alcaldia de Bogota, en meses recientes.

Con el pronunciamiento[1] de la Corte Constitucional sobre la Ley que convoca a un plebiscito extraordinario para legitimar y refrendar el Acuerdo final de paz se da apertura a una coyuntura política inédita en el campo político nacional, pues un evento de tal magnitud no se daba en la sociedad colombiana desde hace 58 años[2].

Colombia está inmersa hoy  en un profundo proceso de transformaciones, que se inició con las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, desde el año 2012 y que ha implicado un amplio cuestionamiento a los ejes centrales del ciclo estatal anterior de la Seguridad democrática y la guerra al terrorismo y la democracia representativa, así como a sus actores principales, los partidos políticos en el poder, dando lugar a un momento de amplia reconfiguración política.

Este proceso remueve estructuras estatales y proyecta reformas constitucionales de gran alcance y está ligado a la emergencia de nuevos sujetos en el campo político que irrumpen desde la sociedad civil, es decir, desde los márgenes de la política institucional, posicionando nuevas propuestas y universos simbólicos en el campo político, así como nuevas formas de articulación democrática ampliando sus límites y otorgándole un contenido distinto.

Estamos en un tramo de amplia agitación pública y de debates focalizados en los contenidos de los acuerdos consolidados en la Mesa de diálogos de La Habana para poner fin al conflicto social y armado referidos a los temas agrarios, de participación política, erradicación de cultivos de uso ilícito, derechos de las víctimas, justicia restaurativa, acuerdos especiales, cese bilateral y definitivo del fuego y hostilidades, dejación de las armas, amnistías, indultos y movilización política de la guerrilla.

Es probable que al finalizar el mes de septiembre se den las votaciones correspondientes por el SI o el NO, una vez se reúnan los requisitos pertinentes que tienen que ver con la aprobación de la ley que convoca el plebiscito, la reglamentación que expida el Consejos Nacional Electoral para las campañas respectivas y la implementación de las estrategias pedagógicas para que los ciudadanos se enteren de los detalles de lo convenido por el Estado con la guerrilla de las Farc.

Vendrán días de intensa batalla política e ideológica entre los partidarios y enemigos de los consensos de paz de La Habana.

Por lo pronto ya han ocurrido varios gestos y pronunciamientos sobre la materia. Fatal la incitación con el mensaje de las banderas negras uribistas[3]. Puro fascismo que recuerda las violentas camisas negras de Mussolini. El de Uribe es un caso psiquiátrico y reflejo de un desequilibrio generalizado con proyecciones bastante peligrosas para el contexto social y político del plebiscito, pues se trata de un sujeto con mucho peso específico que arrastrara amplios núcleos de la sociedad, especialmente en las periferias y las regiones, adversos a la pacificación. 53 de cada cien colombianos piensa que lo de Santos es un disparate y una aventura que nos empuja al caótico escenario de Venezuela, designado por ellos como el modelo comunista castrochavista. Un “significante vacío” que convoca con eficacia, para evitar las cuentas alegres de los izquierdistas. Un “significante vacío” que arrastra caudalosas masas en el Eje cafetero, en Medellín, en el eje Ibagué-Neiva, en los Llanos, en la Costa Caribe, en Cúcuta (con la avalancha de los venezolanos en los supermercados), en Bogotá y el Centro del país. Hay mucha gente asustada, mucha clase media en pánico que se opone, y hay mucho pueblo apático, azotado por la crisis económica, que está a punto de reventar con la carestía, el desempleo, el hambre y la pobreza. Que está indignado con la corruptela de los gamonales santistas, causantes del desastre de los niños de la Guajira, de la bancarrota de la salud y de la quiebra de la educación pública, carcomida por la mediocridad y la indolencia de las burocracias docentes.

Para empeorar, es nefasto el mensaje enviado a la opinión pública y al pueblo con la designación como jefe del plebiscito al artífice de la implantación del modelo neoliberal y del bombardeo a las Farc en la Uribe. Vendrá la cuenta de cobro.

Anunciar 10 millones de votos por el SI es delirante[4]. Son cuentas alegres de pésimos estrategas que piensan con el deseo y no miden el terreno movedizo en que se desplaza el proceso político del plebiscito. Cautela señores y señoras. Menos retórica y más prudencia. Decir que el plebiscito ya gano es parte de una estrategia internacional de expertos que saben cómo se comporta la curva de estas falsas expectativas. Brexit, Rajoy y Trump, son interesantes lecciones para no caer en la trampa ni en fantasías de vendedores de ilusiones.

La cosa esta cuesta arriba y, porque se quiera o no, el escenario del plebiscito ha sido capturado por las  campañas presidenciales que lo contaminan y desvían hacia el terreno perverso de la politiquería de los caciques y caimanes del negocio electoral, con los daños inevitables en la legitimación de la paz.

El plebiscito no puede ser un simulacro democrático, un juego de la politiquería barata.

El tema del plebiscito y la refrendación de la paz, amerita una ruta analítica más profunda y coherente[5].

Debería ser la oportunidad para replantear el modelo de democracia imperfecta que prevalece acá, para superar las limitaciones de un modelo clientelista, corrupto y excluyente que se sostiene sobre la manipulación, la demagogia y el engaño a los ciudadanos.

Los retos analíticos del plebiscito.

En ese sentido son muchos los retos analíticos planteados por este dispositivo político.

Me refiero inicialmente a algunos temas de mayor calado como por ejemplo:

El mapeo y reconstrucción analítica más amplio sobre la diversidad de espacios, sujetos e instituciones políticas que existen en la actualidad en el país.

El reto es hacer un mapeo de espacios, fuerzas e instituciones pero no  desde un ángulo meramente descriptivo, sino mediante una reconstrucción analítica que vaya revisando el tipo de discursos, de estrategias, es decir, de prácticas e ideas políticas que despliega cada uno de estos sujetos

Hay que estudiar no sólo la pluralidad de sujetos, prácticas, ideas e instituciones sino las dinámicas de interrelación, a través de la idea de campos de conflicto, que se plantea como una especie de método para estudiar la política en las peculiares condiciones del país, hoy.

Por un lado, hay que hacer una reconstrucción histórica analítica, por tanto, selectiva, del campo político en Colombia, en diferentes momentos de la historia reciente del país, para mostrar y explicar los cambios que se están produciendo con el proceso de paz.

En ese sentido, se trata de una reconstrucción de campos políticos con perspectiva histórica, que es la que permite explicar el cambio. Al reconstruir analíticamente el campo político en diferentes momentos en Colombia otro elemento importante tiene que ver con una ampliación del horizonte de análisis. Por un buen tiempo, la ciencia política se concentró en estudiar las instituciones políticas. Por mucho tiempo predominó un enfoque institucionalista que acompañó el tiempo de las reformas neoliberales, funcionando también en buena medida como legitimación de esos cambios.

Por eso el enfoque de un análisis del ciclo político en ciernes implica una ampliación del campo analítico, que corresponde de mejor manera a la diversidad de espacios, sujetos y prácticas políticas que se despliegan en el país.

Esta ampliación del horizonte o del campo de análisis, a través de esta noción de campo político que incluye mayor diversidad y pluralidad, implica el desplazamiento hacia una combinación de ciencia política y sociología política; ya que significa mirar hacia la diversidad social y el tipo de estructuras sociales y otros ámbitos de la vida social a partir de los cuales también se organiza la vida política y las prácticas políticas que tienen influencia importante en los ámbitos institucionales del Estado.

En esta reflexión que avanzamos a propósito del plebiscito nos formulamos varias cuestiones:

¿Cuáles son las características del nuevo campo político instalado en Colombia con el funcionamiento de la Mesa de conversaciones de La Habana? ¿Cuáles son las propuestas y orientaciones objetivadas por los actores en torno a la reconfiguración del sistema político? ¿Cómo se articulan los nuevos y viejos aspectos del sistema democrático en la propuesta de un nuevo modelo político de democracia ampliada? ¿Cuáles son las representaciones simbólicas en torno a la democracia y las (re)significaciones planteadas por los movimientos sociopolíticos emergentes? Desde la percepción de los propios actores ¿Cuáles son las características de los nuevos sujetos políticos–los movimientos sociales, populares y étnicos-,  cuál es el derrotero de los partidos políticos y de la democracia? En definitiva ¿qué cambios están ocurriendo en el campo político colombiano con el proceso de paz?

Sirve recordar acá que durante las últimas décadas,  las preocupaciones en torno a la democracia en Colombia, particularmente con la Constitución de 1991 y sus atropellados desarrollos, se han centrado fundamentalmente en la gestión pública e institucional de los gobiernos de turno y en la necesidad de mantener la estabilidad política; así como en el comportamiento de los partidos políticos como factores críticos de la gobernabilidad. A partir de ello, se produjeron intensos procesos de reforma institucional tendiente a mejorar la gestión pública y política del Estado.

En esa línea, en Colombia se inició un proceso de reformas institucionales con la Carta del 91 orientadas a fortalecer la gobernabilidad del Estado y mejorar la calidad del sistema democrático/liberal, que también incluyeron el reconocimiento formal a los movimientos sociales, indígenas y afros. Sin embargo, estas reformas resultaron ciertamente limitadas, en muchos casos, meramente enunciativas y formales, no se orientaron a resolver el problema central del sistema democrático nacional, que era su creciente desvinculación de las necesidades y expectativas de la sociedad.

De esta manera, se consolidó un sistema político elitista y excluyente funcional a los intereses de los grupos de poder ligados a los partidos predominantes, mientras la sociedad civil se debatía en un conjunto de necesidades irresueltas y demandas fragmentadas de carácter corporativo.

No obstante, de manera simultánea, se producía la emergencia de nuevos sujetos colectivos portadores de nuevos referentes discursivos e identitarios, como los movimientos de mujeres, los ambientalistas, los actores territoriales y fundamentalmente los pueblos indígenas y afrodescendientes y sindicatos agrarios, que fueron incursionando en el campo político electoral regional con renovadas formas de representación social y política.

Una nueva hegemonía política.

Con el proceso de paz en curso, ciertamente, en Colombia se ha iniciado el proceso de construcción de una nueva hegemonía, entendida como un “complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales” (Grmasci), de ahí que la situación política se torne muy compleja e involucre no sólo aspectos coyunturales sino también estructurales.

Ante estas nuevas configuraciones políticas y sociológicas, resulta apremiante una lectura atenta de los rasgos y connotaciones que adquiere la democracia, la acción colectiva y las emisiones discursivas de los sujetos, en la medida en que es ahí, en el territorio de las prácticas, donde se gestan las “nuevas” significaciones de la política y sus nuevos derroteros.

Una relectura de la democracia.

Ahora bien, con el fin de abordar el alcance y orientación de los cambios suscitados en el campo político por el proceso de paz, pretendemos retomar algunas categorías conceptuales que trascienden una visión de la política y del poder limitadas a la práctica institucional, y proponemos una (re)lectura del concepto de democracia como elemento articulador del campo político  actual.

A partir de ahí, focalizamos nuestra atención, a propósito del plebiscito, en cinco dimensiones de análisis que se encuentran interrelacionadas:

Un análisis de la dinámica política a partir de los campos de conflicto que han dado lugar a la emergencia de nuevos sujetos, discursos y representaciones simbólicas en la disputa por el poder.

Un estudio minucioso del proceso de objetivación de lo político plasmado en los textos de los acuerdos parciales de paz y en el nuevo marco normativo e institucional como la Ley del plebiscito y el Acuerdo Legislativo de paz, a partir de las iniciativas de los actores sociales y políticos que propiciaron dichos cambios.

Un seguimiento a las formas de organización y acción política: partidos, movimientos sociales y movimientos políticos, sus repertorios de movilización, y las características que adquieren en este proceso.

Una relectura de la democracia en el marco de su profundización y ampliación a otros formatos de ejercicio del poder y de la política, situados en las interfaces entre el Estado y la sociedad.

Consideramos que los cambios acontecidos y que vedran en el campo político no se restringen al ámbito político institucional ni a la sustitución de unos grupos de poder por otros, sino que abarcan el conjunto de dimensiones señaladas y sus interacciones.

Proponemos, con ocasión de la campaña y votaciones del plebiscito, realizar una lectura multidimensional de los aspectos más relevantes de la realidad sociopolítica que permiten un abordaje integral del proceso, recoger sucesos que se encontraban desconectados, así como demostrar la complejidad de las relaciones sociales y de los fenómenos emergentes; lo que supone abordar las luchas políticas, estrategias y procesos del campo político sin descuidar las transformaciones propiamente institucionales.

Priorizando el concepto de campo político y no así el de sistema, para ampliar la visión de lo político hacia la sociedad civil, hacia las formas de existencia de la política y el poder fuera de las fronteras institucionales, desde donde devienen maneras complementarias o alternativas de darse lo político como las asambleas, las cumbres, las mingas, los cabildos, los sindicatos, las comunidades indígenas, donde se generan y recrean prácticas y habitus políticos, que dan cuenta de la coexistencia de diversos modos de ejercicio democrático –de la demodiversidad–.

El campo de conflicto.

Por otro lado, identificamos la categoría de conflicto –campo de conflictividad– como central para la reconstrucción del proceso ya que permite no sólo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas y discursos, sino también las contradicciones y fracturas sociales, así como la dinámica de la democracia. Por los aspectos anotados, la categoría de conflicto nos aleja de una visión esencialista del sujeto y de la idea del postconflicto patrocinada desde las esferas oficiales.

Estos son los desafíos teóricos y prácticos que planeta el Plebiscito que camina.

Notas.

[1] Ver sobre dicho pronunciamiento de la Corte Constitucional el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/29KtNG8

[2] Sobre el plebiscito de 1957 ver el siguiente reporte periodístico http://bit.ly/29Vr2F6

[3] Sobre la posición del ex presidente Uribe Vélez en el Plebiscito ver el siguiente artículo de su autoría http://bit.ly/29TT9ak

[4] Ver al respecto el siguiente reporte periodístico http://bit.ly/2ab4anw

[5] La ruta analítica planteada en este texto se apoya en las reflexiones de Luis Tapias, Raúl Prada y María T. Zegada a propósito de las transformaciones ocurridas en Bolivia en los años recientes. Ver http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/democracia-margenes-bolivia.pdf

 

Manipulando la sociedad civil, reconocidas familias latifundarias/ganaderas del departamento del Cesar (Araujo, Lafaurie), arrecian su sabotaje al proceso de paz con las Farc.

En la medida que se acerca la fecha para la votación del plebiscito como mecanismo de legitimación del proceso de paz con las Farc, crece la controversia y el debate sobre los acuerdos y consensos alcanzados en La Mesa de diálogos para poner término a la guerra y el conflicto social y armado.

Por supuesto, se radicaliza la postura absurda de los partidarios de la guerra y la lucha violenta.

La validación popular del Acuerdo final de paz le da realce a la sociedad civil, dada su gran importancia en la consolidación de la paz.

En los análisis y reflexiones sobre el tema surgen los más diversos enfoques de la sociedad civil para acomodarla a intereses parciales y a caprichosas interpretaciones de los consensos alcanzados en la Mesa de conversaciones.

La visión más corriente y vulgar de la sociedad civil la plantea como una suma de organizaciones y entidades de diversa naturaleza, sin diferenciarlas desde la perspectiva de los intereses que cada una de ellas gestiona.

Es una especie de neocorporativismo usado demagógicamente para posar de libertario, justiciero y ético, que es lo que sucede con el jurista Jaime Araujo, quien tiene su propio artefacto de sociedad civil de bolsillo para hacer un protagonismo de baranda contra los pactos de paz alcanzados, luego de 5 años, en la Mesa de La Habana, entre el gobierno del Presidente Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc, los cuales tilda de golpistas contra la Constitución (Santos es dictador civil), de promotores de la impunidad (desconociendo olímpicamente lo ocurrido en la violencia de los años 50 con la constitución del Frente Nacional y los acuerdos del 91 para desmovilizar el M19 y el EPL, que omitieron la verdad y la justicia), apalancadores de la explotación agraria capitalista anticampesina y desconocedores de los derechos humanos como de  la justicia social.

Araujo, integrante de una reconocida y reaccionaria familia ganadera del Caribe colombiano; un pintoresco personaje de provincia cesarense, con ínfulas de majestad  hacendaria ganadera, a la manera de Lafaurie, ignora que la sociedad civil es una construcción social que se llena de contenido político de acuerdo con unos referentes ideológicos, en este caso cada una de las coincidencias cristalizadas alrededor de la agenda temática de la paz con las Farc.

Acompañado por un grupo energúmeno, poseído de odio y fanatismo violento, mismo que comanda un sujeto desmovilizado del m19 de nombre Walter Perez, anuncian guerra, algarabía y jerigonza contra la insurgencia en movilización política. Perez es una especie de lumpenesco sicario verbal.

Como la coincidencia con la oposición de la ultraderecha es un hecho, surge allí un núcleo, que disfrazado de supuesta “izquierda”, pone en riesgo la construcción de la paz y la seguridad de los nuevos liderazgos revolucionarios.

Debe tomar nota el gobierno de este descontrolado coletazo de fuerzas oscuras que amenazan prematuramente la convivencia, por su manifiesta agresividad.

 

 

 

 

Buena noticia para los partidarios de la paz con el SI en el plebiscito, la desbandada de la ultraderecha uribista.

Vamos todos a darle un apoyo contundente al Acuerdo final de paz con millones de votos por el SI.

Una verdadera implosión está en curso en el bloque opositor a la paz y a la posibilidad de que prontamente se firme el Acuerdo final de paz entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc. Allí reina, por fortuna, la confusión y el galimatías político, propio de las capillas dogmáticas y sectarias.

No resistieron el paso por el desierto de una oposición irracional e hirsuta. Por años fueron poseedores de aberrantes privilegios burocráticos, diplomáticos, presupuestales, sociales y políticos. Ahora, cuando les dio la pataleta por sabotear la paz, no resistieron y saltan en  pedazos. Se fragmentaron y cada quien reclama su parcela ultraderechista para desplazarse como verdaderos orates en el escenario de la opinión pública.

Veamos este mapa en declive.

Primero fue Plinio Apuleyo. Creo que no resistió la falta de una embajada y sin mucho aspaviento se despachó en reciente columna en el diario el Tiempo para afirmar, y lo cito  sin modificar una coma:

La columna lleva por título “Hay que doblar la página”.

Dice el mentado y senil columnista:

“Apartándonos de la atronadora celebración del llamado fin de la guerra y de las críticas de la oposición que hierven en las redes sociales, es hora de ver con fría objetividad la nueva realidad que vive el país”.

“Razón de sobra tienen las Farc y el Gobierno para considerarse victoriosos con el cese bilateral del fuego y la aproximación a un acuerdo definitivo”.

“La verdad es que, como lo he dicho ya, no podemos llorar sobre la leche derramada. Lo acordado hasta ahora es irreversible. Nadie quiere que las Farc vuelvan a sus oprobiosas andanzas: terrorismo, secuestros, reclutamiento de menores, atentados a los oleoductos, ataques a bases militares y toma de pueblos”.

“Ante esta nueva realidad, la oposición no puede tomar como eje de su lucha política la crítica a lo acordado…. Mucho temo que sus electores esperan más bien propuestas claras y definidas para hacer frente a los inmensos problemas que se nos vienen encima. La noble resistencia civil no basta. Desde ya, la oposición debe centrar su atención en las elecciones presidenciales del 2018”. (http://bit.ly/29DEL3r).

Contundente la deserción del veterano vocero de la derecha liberal oportunista.

Los efectos no se han hecho esperar.

Ya se oficializo la pelea entre los principales gamonales de esta caverna demencial.

José Obdulio reclama ser el Jefe de la campaña al NO a la paz y de la ridícula resistencia civil, cargo que pretende el delincuencial Oscar Ivan, el gestor de las chuzadas electorales en las pasadas elecciones presidenciales.

Argumenta que Zuluaga no puede pretender monopolizar todos los cargos políticos del CD. Yo creo que tiene razón.

Holmes Trujillo, saca a relucir su silente desacuerdo con las otras fichas del uribismo y propone, motu proprio, su proyecto de abstención en las votaciones del plebiscito de la paz.

Holmes quiere oficializar su propio rebaño y apalancar su candidatura presidencial para el 2018.

Afirma este desvencijado figurón del clientelismo liberal valluno que:

“Un partido como el Centro Democrático…. debe hacer campaña a favor de la abstención”.

“¿Cuál es, entonces, la manera de reflejar en el proceso de refrendación las convicciones anteriores?.”

“Haciendo campaña a favor de la abstención”.

“Que es, en los mecanismos de participación, una manera activa de decidir, a diferencia del significado negativo e inútil que tiene cuando se vota por personas”. (http://bit.ly/29HX8Vg)

Conclusión.

Bienvenida la división y dispersión de los enemigos de la paz.

Los enemigos de la paz no resistieron el multitudinario clamor nacional para que la guerra finalice.

La paz es lo primero. No lo entendió la ultraderecha que vive de la guerra y la masacre. Es su imaginario y su fantasía cruel.

Por eso hace hasta lo imposible para sabotear la paz, como ocurre con el tal paro camionero.

Es lo que no entienden, por lo demás, otros sectores radicalizados de ultraizquierda que delirantes creen encontrarse al pie de una revolución postergada por década, por causa entre otras cosas del sectarismo y dogmatismo de camarillas delirantes.

No entienden que la paz es lo primero. Que la paz es el valor supremo de la nación en el momento presente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campesinos del Quindio, piden desde su Cumbre agraria alternativa y democratica, una Audiencia con la Mesa de conversaciones de paz de La Habana, para exponer su pliego de peticiones y las dificiles condiciones de pobreza de mas de 100 campesinos.

Solicitan que el Acuerdo final de paz se firme en el Quindio, en Genova, de donde es oriundo Manuel Marulanda Velez.

El pasado sábado 9 de julio se realizó en Armenia, la capital del Quindío, La Cumbre agraria alternativa y democratica.

En dicha asamblea participaron delegaciones campesinas de Génova, Barcelona, Calarcá, Quimbaya y Circasia.

Más de 200 asistentes, liderados por el jurista Cesar Arias, debatieron sobre los avances del proceso de paz y la inminente y positiva firma de un acuerdo final que ponga fin a la prolongada y atroz guerra colombiana.

De igual manera, los asistentes, ampliaron el debate sobre el Pliego de peticiones de los campesinos quindianos, que recientemente fue radicado en el despacho del Ministro de Agricultura, para que sean resueltas sus principales demandas relacionadas con el acceso a la tierra, la vivienda, la salud, las vías terciarias, la seguridad alimentaria, la jurisdicción rural especial, la infraestructura y la formalización laboral.

La Cumbre agraria alternativa del Quindío es una forma  renovada de organización social que difiere de los modelos feudales, autoritarias, dogmáticas y verticalistas que se promueven desde ciertas concepciones obsoletas que pretenden un control totalitario y caudillesco de las masas agrarias, como si se tratara de recuas políticas clientelares.

Entre las conclusiones de la Cumbre está la de solicitar una audiencia a la Mesa de conversaciones de paz de La Habana para exponer los diversos problemas que afectan a más de 100 mil campesinos de la región que se debaten en la pobreza y la miseria.

De igual manera, para solicitar que el Acuerdo final de paz se firme en el Quindío, departamento de donde son oriundos importantes líderes de las Farc.

Nota. Risible el retiro descontrolado de los opositores a la paz y al plebiscito para legitimarlo. Unos siguen tercos en el absurdo No a la paz. Y los otros, a punto de tirar la toalla, salen ahora con la tesis de la abstención. Vueltas que da la vida, Doctor Carlos Holmes. Bueno verlo por este desierto. Le recomiendo que se lea la última columna de  Plinio Apuleyo Mendoza. Eso le ahorra tanto disparate senil.

 

 

 

 

El fin del conflicto social y armado y la construccion de la paz transforma el campo politico trascendiendo lo puramente institucional.

Las concepciones del poder, la democracia y el conflicto se transforman para propiciar el protagonismo de la multitud y de las masas populares.

La transformación de la guerrilla de las Farc en un movimiento político y social ha suscitado una importante controversia alrededor de lo que sería su presencia en las cámaras legislativas, la introducción de circunscripciones electorales especiales en las regiones de mayor conflictividad y los espacios en las redes y los medios masivos de comunicación.

El debate induce el análisis más amplio sobre la política y el campo político, más allá de lo puramente institucional, en la nueva etapa de construcción de la paz.

Aparecen ahora nuevos elementos para repensar el campo político colombiano desde el ángulo del poder, la política y la democracia.

En la perspectiva de la paz y en  términos conceptuales, priorizamos el concepto de campo político y no así el de sistema, para ampliar la visión de lo político hacia la sociedad civil, hacia las formas de existencia de la política y el poder fuera de los ámbitos institucionales, desde donde devienen maneras complementarias o alternativas de darse lo político como las mingas, cumbres agrarias, asambleas, los cabildos, los sindicatos, las comunidades indígenas, los sindicatos agrarios, donde se generan y recrean prácticas y habitus políticos, que dan cuenta de la coexistencia de diversos modos de ejercicio democrático –de la demodiversidad–.

Igualmente, resaltamos la categoría de conflicto (no post) –campo de conflictividad– como central para la reconstitución del proceso social ya que permite no sólo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas y discursos, sino también las contradicciones y fracturas sociales, así como la dinámica de la democracia. Así, la categoría de conflicto nos aparta de una visión esencialista del sujeto.

Sin duda, aquellos elementos teórico conceptuales que resultaban útiles para comprender la dinámica política durante las últimas décadas, signada por el ejercicio de la democracia representativa o seudo participativa, la práctica electoral y la gestión partidaria, pierden fuerza en la medida en que surgen nuevos elementos de la realidad que complejizan esta concepción básicamente institucional de la política, y resultan insuficientes para comprender los acontecimientos políticos que marcan el proceso de paz jalonado por los diálogos de La Habana desde el segundo semestre del 2012.

Tanto el acuerdo sobre democracia ampliada, participación política y la movilización civil de las Farc, hace imprescindible ampliar la visión de lo político y del poder a partir del concepto de campo político, y de la ubicación de los espacios de poder en los intersticios de la vida cotidiana de la sociedad trascendiendo el ámbito político-institucional; también incorporar la noción de campo de conflicto como el lugar en que se dirime la disputa por el poder y donde se constituyen los sujetos, y por último, reelaborar las categorías de democracia e institucionalidad en el marco de la historia y de las distintas lecturas e interpretaciones sobre el tema, partiendo de la necesidad de ampliar este concepto.

El campo político.

Por tanto, resulta útil, en primer lugar, retomar el concepto de campo político propuesto por Bourdieu (2001) [1] porque esta categoría permite abarcar una dimensión más amplia de la acción, instituciones, sistemas y discursos políticos con que operan los sujetos o actores. El campo político, visto como un campo de fuerzas, revela los principales espacios de conflicto y los actores que se constituyen en torno a la disputa por los capitales o recursos en juego; en definitiva, pone en evidencia la disputa por el poder.

En el mismo sentido, Dussel (2006) [2], a partir de un análisis teórico minucioso de los momentos de lo político, sus dimensiones y esferas, propone un acercamiento a lo concreto, conflictivo y crítico de la realidad política y sus posibilidades de deconstrucción y paralela construcción de un orden político alternativo. El filósofo asume el concepto de campo político, cercano al de Pierre Bourdieu, para delimitar el objeto de la y lo político y diferenciarlo de los otros campos del mundo cotidiano. De ahí que “el campo es el espacio de interacciones, cooperación, coincidencias y conflictos, que remite a la esfera de las luchas hegemónicas por el poder”. Puntualiza que: “Todo campo político es un ámbito atravesado por fuerzas, por objetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos […] cada sujeto, como actor es agente que se define en relación a los otros”.

El concepto de campo político, desplaza o más bien amplía el análisis hacia la sociedad civil y permite identificar la red de relaciones de fuerzas o nodos, en que cada ciudadano, cada representante o cada organización operan.

Noción ampliada de poder.

Del mismo modo, resulta pertinente ampliar la noción de poder, que no se restringe a los espacios convencionales de gestión y acción política, sino que abarca todos los intersticios de la vida social. Como afirma Foucault (1983) [3], el poder no se localiza en una institución o en el Estado, no se posee, sino que se ejerce, y se encuentra diseminado en las distintas dimensiones de la vida social y política, en sus hogares moleculares. Agrega que “en todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie es dueño o poseedor, sin embargo, sabemos que se ejerce en determinada dirección; no sabemos quién lo tiene pero sí sabemos quién no lo tiene”.

Lo cierto es que la política y la lucha por el poder involucran una disputa sobre el conjunto de significaciones culturales, y el cuestionamiento a las prácticas dominantes relacionadas tanto con los universos simbólicos como con la redistribución de los recursos.

En efecto, remite a la constitución de una nueva gramática social capaz de cambiar las relaciones de género, de raza, de etnia y la apropiación privada de los recursos públicos, e implica una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad, como lo sugiere De Souza Santos [4].

Es esta la cartografía política que emerge con los pactos para terminar el conflicto social y armado tal como se lo ha propuesto la negociación entre el gobierno del presidente Santos y los delegados de las Farc.

Son los términos de referencia de la nueva política que surge con el ciclo que propicia el fin de la guerra.

Notas.

[1] BOURDIEU, Pierre 2001 El campo político.

[2] DUSSEL, Enrique 2006 20 Tesis de política (México: Siglo xxi).

[3] FOUCAULT, Michael 1983 El discurso del poder (México: Folios) y FOUCAULT, Michael 1985 Un diálogo sobre el poder (Madrid: Alianza).

[4] DE SOUZA SANTOS, Boaventura 2004 Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia, Cuaderno de Diálogo y Deliberación Nº 5 (La Paz: cne).

 

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