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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Ley de amnistia e indulto aprobada por el Congreso de la Republica es trascendental paso en la construccion de la paz. Es una historica conquista democratica de la resistencia campesina revolucionaria.

Ley de amnistia entierra a los promotores ultraderechistas de la guerra y la masacre.

Horacio Duque.

Introduccion.

En el contexto de la implementación de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, ha sido aprobada, mediante el procedimiento Fast Track, la Ley de amnistía, indulto y procedimientos penales especiales.

El Congreso de la Republica ha procedido en los términos establecidos y con la presencia de los integrantes de Voces de la paz y la reconciliación, quienes actúan como veedores de los desarrollos legislativos y administrativos de los consensos de paz. La participación e intervención de los miembros de dicha delegación ha sido constructiva, oportuna y responsable. Los voceros de la paz han participado con intervenciones adecuadas, cargadas de sugerencias y reflexiones atinadas.

Todos los delegados de Voces de paz han brillado con sus intervenciones. Jairo Rivera, con su juventud e inteligencia; Imelda Daza, con su ponderación y transparencia ética; Pablo Cruz con su tono tranquilo y diplomático; Jairo Estrada con su conocimiento y dominio de los Acuerdos de Paz; Francisco Tolosa con su agudeza y dominio de los temas de la paz; Y Judit Maldonado con su carga de luchas agrarias y femeninas en Norte de Santander.

Felicitaciones a estos compañeros!!!!!!!!!!!!!

El articulado de la Ley.

La nueva Ley de amnistía quedo conformada por cerca de 59 artículos, organizados en cuatro títulos con sus capítulos y articulados correspondientes.

Veamos un poco el detalle de tan importante norma.

Antes hagamos una precisión conceptual.

¿Qué es el indulto?

El indulto es el perdón que se aplica a personas que fueron condenadas penalmente, en este caso beneficiará aproximadamente a 2.000 guerrilleros presos. Es de recordar que con esta ley no solo se beneficiarán miembros de las Farc, sino a todos los que “habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles”. El indulto siempre es individual.

¿Qué es la amnistía?

La amnistía es el perdón a quien no ha sido condenado todavía. Se supone que de este beneficio lo disfrutarán cerca del 90 % de los guerrilleros, en su mayoría rasos. La amnistía es colectiva.

¿Qué son los tratamientos penales especiales?

Los tratamientos penales especiales, en cambio, son los beneficios que tendrán los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en razón del conflicto armado. Serán por lo menos 5.500 agentes del Estado que se beneficiarán.

Contenido de la Ley.

El Titulo Primero se refiere al objeto y principios que dan sustento a esta trascendental medida.

Su Capitulo Primero es el objeto y ámbito de aplicación.

El Capitulo Dos establece los principios aplicables.

El Título Dos trata de las amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales.

Su Capitulo primero se refiere a la amnistía de iure.

El Capitulo segundo se refiere a las amnistías e indultos otorgados por la Sala de Amnistías e indultos del Tribunal Especial de Paz.

El Capitulo tres aborda la competencia y funcionamiento de la Sala de definición de situaciones jurídicas del Tribunal Especial de paz.

El Capitulo quinto se refiere al régimen de libertades.

El Capitulo sexto a los efecto de la amnistía.

El Titulo Tercero regula los tratamientos penales especiales  diferenciados para agentes del Estado.

Su Capitulo primero se refiere a la competencia y funcionamiento de la sala de definición de situaciones jurídicas.

El Capitulo segundo trata de los mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado.

El Capítulo tercero regula el régimen de libertades.

El Capitulo cuarto establece los criterios para la privación de la libertad  en unidad militar o policial para los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la  Paz.

El Titulo Cuarto contiene las disposiciones especiales en materia del Sistema de Defensa.

Historia de las amnistías.

En Colombia se han otorgado más de 200 amnistías e indultos desde que este país es una República y se han aprobado con el fin de darle solución a un conflicto, especialmente político. Este es uno más de tantos otorgados hasta ahora.

Amnistías y Estatuto de Roma.

Tiene condiciones especiales acerca de los delitos que serán amnistiados, sobre todo por ser la primera ley de este tipo que se aplica en la vigencia del Estatuto de Roma. Están incluidos los delitos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando, y los conexos, que en cada caso el Tribunal Especial de Paz deberá definirlos.

Seguridad jurídica para la guerrillerada de las Farc.

La ley de amnistía general le da a la guerrilla la seguridad jurídica para concentrarse en las zonas veredales.

La conexidad del narcotráfico con el delito político.

Con falacias y sofismas el sector uribista pretendió excluir el narcotráfico de los delitos conexos con la rebelión política. Es otro truco más de esta facción asociada con las mafias de la droga.

Lo cierto es que el hecho de que las Farc hayan utilizado el narcotráfico como fuente de financiación no los convierte en narcotraficantes, pues es diferente el proceso de acumulación y finalidad. Ninguna organización insurgente en el mundo le pide créditos al FMI, sino que acude a las economías ilegales: minería ilegal, contrabando, secuestro, extorsión y narcotráfico.

A este respecto es importante recordar lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX con los revolucionarios chinos liderados por Mao, que debieron utilizar la economía del opio para darle sustento a las tropas del Ejército Popular de Liberación organizado por el Partido Comunista Chino.

El reto ahora es conocer en detalle esta importante Ley que, sin duda, constituye una innegable conquista de la paz democrática.

Más importante es su aplicación inmediata por el gobierno y las Farc.

Nota. En que planeta vivira el Ministro de la Defensa, señor Villegas, para estar defendiendo la alianza de su gobierno con la OTAN, una maquina de guerra al servicio de las grandes multinacionales que ha sido utilizada para acciones criminales como la invasion de Libia y el asesinato de Ghadafi. Sera que Villegas no se ha dado cuenta que Trump, el nuevo Presidente de USA, ya anuncio su desvinculacion con dicho aparato de muerte y que Putin ha organizado el mas potente instrumento para enfrentarla en el Occidente de Rusia y el Oriente del Mar Mediterraneo. Los dias de la Otan estan contados, señor Villegas, aterrice.

Tiene razon el Presidente Maduro cuando protesta contra esta absurda determinacion de Bogota y toma las medidas correspondientes frente a esta desafiante alianza contra la paz regional. Maduro ha dicho que fortalecera su alianza militar con Rusia y China, pues no quiere que le repitan lo de Libia en la Patria de Bolivar.

Esta alianza con la Otan es otra metida de patas de Santos, Pinzon y Villegas.

Imagen articulo.

La imagen del articulo es la de Jairo Rivera uno de los integrantes de Voces por la paz en el Congreso.

 

 

 

 

 

 

Temerarias y descabelladas las acusaciones contra las Farc proferidas por el gobernador de Antioquia, Luis Perez, para atacar el proceso de paz en dicha region. ¿Que pretende? ¿Acaso ocultar sus evidentes vinculos con la Oficina de Envigado y las mafias del narcotrafico?

Horacio Duque.

El enfoque territorial de la paz y su construcción desde los municipios, departamentos y regiones, es un principio determinante para la consolidación de la paz y sus manifestaciones políticas y sociales.

Es en las periferias municipales, departamentales y regionales donde están los mayores riesgos para poner fin a la guerra y construir la paz. La matanza de líderes sociales e integrantes de movimientos alternativos que apoyan los diálogos y acuerdos de reconciliación es una evidencia de tal fenomenología. Si el desangre sigue porque las bandas paramilitares continúan por la libre acribillando dirigentes populares, todo el proceso se coloca en la penumbra y en los laberintos de la guerra sangrienta.

Detrás de todo esto, no me cabe duda, están baronías, cacicazgos y gamonalatos regionales, temerosos  de perder sus feudos hacendarios y sus imperios clientelares. Saben que la apertura democrática proyectada por los consensos de paz rompe sus dominios políticos y económicos.

No otra explicación tiene la brutal y descabellada andanada del actual gobernador de Antioquia, el señor Luis Pérez Gutiérrez, quien se despacha olímpicamente contra las 11 zonas de pre concentración de los integrantes de las Farc en ese departamento.

Con anterioridad fue el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien promueve las Convivir con otros nombres, en todo el territorio de la capital antioqueña, el encargado de esa letanía oscurantista y ultramontana contra integrantes de las Farc que participaron de cursos pedagógicos en dicha ciudad.

Sugerir explotación sexual infantil y prostitución en las áreas de influencia de las Farc, como lo hace Pérez, es francamente orquestar una campaña de difamación y sabotaje al proceso de paz, mediante la más vulgar y grotesca manipulación que difunden medios de comunicación fletados, para provocar temor, odio y pánico entre los campesinos y la sociedad regional en general.

Pérez, colocado a la defensiva por la enérgica denuncia del Secretariado de las Farc, salió a despacharse con las típicas afirmaciones de los politiqueros. Sostiene ser amigo de la paz y repite frases desgastadas sobre una supuesta prepotencia de las Farc.

¿Con amigos así para que enemigos de la paz?, bien podríamos contestarle a este charlatán de vereda.

Por fortuna han sido los alcaldes y autoridades municipales los que han salido a desmentirlo. Han dicho que lo expuesto por Pérez no tiene ningún fundamento en la vida real.

Pienso que esta película de Pérez tiene otras oscuras intenciones. Su objetivo es ocultar sus muy evidentes vínculos con la Oficina de Envigado y con las redes de narcotráfico (muy afincadas en la diplomacia), que financiaron con millones su campaña a la gobernación.

No invento nada. Para el efecto me remito a la columna de Juan Diego Restrepo en la Revista Semana, publicada el 6 de octubre del 2016.

Restrepo es un distinguido y reputado analista, director del Portal Verdad Abierta, cuyas investigaciones y análisis se caracterizan por la mayor veracidad y objetividad.

Esta la columna.

¿Gobernador Luis Pérez, en la mira de Estados Unidos?

Por Juan Diego Restrepo.

Autoridades norteamericanas estarían acopiando información que podría vincular al mandatario antioqueño con la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Un párrafo de un informe de prensa del diario El Tiempo en su versión online, fechado el pasado 23 de mayo, me llamó la atención. Textualmente dice: “’Nadie es vinculado a la Lista Clinton por error’, asegura un agente federal y añade que se rastrean nexos con políticos”. El artículo hace referencia al empresario antioqueño José Byron Piedrahíta Ceballos, quien fue incluido recientemente en esa lista, junto con su esposa e hijos, tras una investigación adelantada durante varios años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el informe difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, se caracteriza a este empresario, oriundo del municipio de Bello, Antioquia, como un apoyo del narcotráfico en Colombia desde hace varias décadas: “José Bayron Piedrahita ha apoyado a diferentes carteles de drogas por mucho tiempo, incluyendo a los carteles de Cali y del Norte del Valle, y ahora a la ‘Oficina de Envigado’”.

Desde el 2014, cuando esta empresa criminal trasnacional fue incluida en la Lista Clinton, las autoridades norteamericanas se propusieron desmantelarla. En el comunicado que anuncia la inclusión de Piedrahíta Ceballos se reitera ese propósito al indicar que “es la séptima designación en la estrategia continua de la OFAC para sistemáticamente desmantelar a la ‘Oficina de Envigado’, señalando a sus líderes y a sus redes financieras y de apoyo”.

En esa tarea, a la que estarían aportando información algunos de los exjefes mafiosos que purgan sus condenas en Estados Unidos, también tienen en la mira a algunos políticos, tal como lo señaló el agente federal que entregó declaraciones al diario El Tiempo. De acuerdo con lo que me han contado algunas de mis fuentes, uno de ellos sería el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Diversas personas consultadas, que por obvias razones no son públicas, están preocupadas por los efectos que una investigación de esa envergadura pueda tener en el departamento, donde Estados Unidos ha invertido miles de dólares para combatir la proliferación de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y apoyar procesos de sustitución a comunidades campesinas, particularmente del Bajo Cauca antioqueño.

Pero, ¿qué tan cierto pueden ser esos supuestos nexos del gobernador de Antioquia con una estructura criminal como la llamada ‘Oficina de Envigado’? La versión que dan en el bajo mundo de Medellín y en algunas cárceles del país, donde están presos varios de sus jefes, es que, efectivamente, si habría relación, la cual, me dicen personas cercanas a ellos, se ha dado por la vía de la financiación de sus campañas políticas. “Ese señor le debe mucho a la ‘Oficina’”, asegura un abogado cercano a algunos exmiembros de esta empresa criminal, “y no en términos de plata, sino de favores, que es como se endeudan los políticos con los mafiosos”.

Justamente un financiador de su campaña a la Gobernación levantó sospechas por sus antecedentes de narcotraficante, se trata de Luis Javier Castaño Ochoa, quien en 1988 fue condenado en Estados Unidos a 51 años de prisión por delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de activos, pero por acuerdos con la justicia norteamericana su pena le fue conmutada luego de tres años de cárcel y fue dejado en libertad. Diez años después asumió como Representante a la Cámara, en reemplazo del Jorge Humberto González Noreña, quien fue asesinado por sicarios en el centro de Medellín la noche del 15 de septiembre de 1998, pero por razones de su condena en el extranjero, el Consejo de Estado le quitó su investidura en 2001.

En el fragor de lucha por la Alcaldía de Medellín en 2007, Alonso Salazar Jaramillo se enfrentó a la maquinaria criminal de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien declaró que a través de sus hombres de confianza había apoyado la campaña del periodista e investigador. Todo resultó un montaje que favorecía, finalmente, a Pérez Gutiérrez.

En 2011, se volvieron a encontrar, Salazar Jaramillo como Alcalde y Pérez Gutiérrez como candidato nuevamente. La rencilla brotó de nuevo y esta vez fue el mandatario local quien denunció “indicios” de apoyo de organizaciones criminales al aspirante a la Alcaldía de Medellín. Judicialmente no tuvo mayor eco, pero en las urnas sí, pues acabó ganando su contrincante, Aníbal Gaviria Correa.

Las autoridades estadounidenses no estuvieron al margen de esas disputas. En dos ocasiones, agosto y diciembre de 2008, Salazar Jaramillo expresó ante la Embajada norteamericana sus inquietudes sobre los posibles nexos de políticos locales con grupos criminales. Las conversaciones quedaron registradas en dos cables diplomáticos que hacen parte de la base de datos de Wikilieaks. En uno de ellos se escribió que, para ese año, “la Policía nos confirmó que investiga la presunta conexión Pérez-Berna”.

En las cárceles estadounidenses pagan sus penas criminales que hicieron parte de la llamada ‘Oficina de Envigado’, entre ellos Ericson Vargas, alias ‘Sebastián’, y Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, dos hombres que conocen a fondo esta empresa criminal y sus relaciones económicas y políticas, y quienes habrían hecho acuerdos con las autoridades norteamericanas para reducir sus penas, entre ellos aportar información clave para que la OFAC logre su propósito de desmantelar la ‘Oficina’.” (Ver http://bit.ly/24GEcrJ )

Vamos a profundizar en esta red mafiosa que da soporte a Pérez, el nuevo francotirador contra la paz.

 

Llegó la hora de la verdad en la implementacion legal y constitucional de los acuerdos de paz. Manos a la obra, señores congresistas.

Sociedad civil estara vigilante y presta a exigir se cumplan los acuerdos de paz.

Horacio Duque.

Las Farc está dando cumplimiento a los cronogramas acordados en materia de fin del conflicto y sus integrantes se desplazan, no obstante ciertas irregularidades en lo que compete al gobierno, a las zonas de concentración.

Con altibajos, el Estado y sus tres ramas de poder, se han ido acomodando a lo establecido en el Nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colon a  finales del mes de noviembre del año en curso.

El poder ejecutivo ha sido más ágil, el legislativo ha procedido adecuadamente refrendando los consensos de  paz y la Corte Constitucional no se ha quedado al margen de las exigencias históricas, aunque por la modorra de sus magistrados y el jolgorio de algunos de ellos, se necesitó de la movilización ciudadana para precipitar una decisión sobre el tramite expedito de las leyes y actos legislativos correspondientes.

Hoy lunes 18 de diciembre se inicia el trámite Fast Track del primer paquete de proyectos de ley y de Actos Legislativos que concretan en el ámbito legal  los asuntos más neurálgicos del proceso de paz y terminación de la guerra.

Los proyectos ya han sido radicados y en el seno del Congreso hace presencia un núcleo de ciudadanos, 6 delegados, con la misión de intervenir en los trámites correspondientes y en los términos de los consensos de paz para garantizar la coherencia de los textos en el espíritu de los pactos incluidos en los documentos de terminación del conflicto social y armado.

La paz necesita veeduría ciudadana. La paz necesita de la movilización ciudadana hacia el Congreso para impedir las trampas y artimañas de la politiquería corrupta y retardataria.

Para cumplir esa tarea de control ciudadano es necesario conocer en detalle los proyectos radicados.

Veamos ese paquete legislativo de la paz.

Proyectos de Ley.

Ley de Amnistía, indulto y tratamiento de penas especiales. Con 59 artículos y tres títulos en los que se señalan el objeto, los principios, la Amnistía, el indulto, otros tratamientos especiales y tratamientos especiales diferenciados para agentes del Estado.

Proyecto de Ley Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política.

Proyectos de Actos Legislativos.

Proyecto de Acto Legislativo X de 2016 Cámara, X de 2016 Senado Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado para la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Acto Legislativo Senado y de Cámara por medio del cual se adiciona un artículo transitorio Constitución que establece que en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Acto Legislativo Por medio del cual se regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Congreso de Colombia. Decreta.

ARTÍCULO PRIMERO. - El Artículo Transitorio 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución, quedará así:

ARTÍCULO TRANSITORIO 1.-Finalizado el proceso de dejación de las armas de conformidad con el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, debidamente certificado por Naciones Unidas, el Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, previa solicitud suscrita por quienes actuaron como plenipotenciarios de dicha organización en la Mesa de Conversaciones.

Conclusión.

Para la consolidación de la paz es clave que estos proyectos legislativos queden listos antes de terminar el año, para que en los siguientes 150 días se le dé curso a las otras iniciativas acordadas en el texto final de los consensos de paz.

De prioridad la veeduría y el control ciudadano de estos trámites en las Cámaras legislativas.

 

 

 

 

Con cada miembro de la Marcha Patriotica que asesinan; con cada lider popular que acribillan, se marchita el sueño de la paz en Colombia.

Horacio Duque.

Exterminio, baile rojo, sicariato, pistoleros, lo mismo da; está en desarrollo otra demencial campaña para acribillar, uno a uno, los integrantes de la Marcha Patriótica, movimiento formado hace algunos años para dar apoyo a los diálogos de paz.

También son masacrados líderes de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes agrarios, opositores políticos, veedores ciudadanos y periodistas. Proliferan amenazas, desaparecen estudiantes, intimidan obispos, promueven campañas de terror y miedo.

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién se favorece con este baño de sangre? ¿Por qué el gobierno y sus aparatos militares y de policía permanecen indiferentes y ponen a circular afirmaciones falaces para desconocer los graves hechos? ¿Se trata de meros líos vecinales o de peleas por dineros en las juntas comunales, como la plantean integrantes de la Fiscalía y Medicina legal?

Se necesita mucho estoicismo, mucha fuerza moral, mucha convicción para mantener la esperanza en los diálogos de paz y en la implementación de los acuerdos alcanzados, para no caer en las provocaciones, en las trampas orquestadas por las fuerzas oscuras que pretenden mantener el clima de violencia y de guerra, pues es el caldo de cultivo perfecto para conservar todos los poderes, económicos, sociales, políticos y mediáticos, acumulados a lo largo de décadas y siglos.

Ya son casi 150 los atrapados por la matanza. Y crecen los temores, el miedo se generaliza, pues no se trata de un juego de niños.

Los ejecutores de todo esto son las delincuenciales elites regionales y locales, terratenientes, caciques políticos, militares, burócratas, contratistas y redes asesinas contratadas a propósito.

Pero en esto están involucradas las oligarquías centrales de la sociedad y el Estado. Que no se laven las manos. Que no se inventen sofismas.

En todo esto le cabe una enorme responsabilidad y autoría a las franjas de la ultraderecha y a sus dispositivos políticos. A un muy conocido expresidente y a su patota delirante que no desaprovecha recurso para alimentar el odio, la polarización y la muerte. La guerra es su espacio natural, la matanza es de la esencia de sus códigos de poder y dominio.

Obviamente, a las instituciones centrales del Estado no le es ajeno el fenómeno. Omiten y con tal conducta estimulan la hemorragia.

Frágil la paz en tales condiciones.

Por momentos da la impresión que lo avanzado se puede derrumbar. Que la paz se puede ir al traste.

Nada imposible si se constata el febril interés del señor Santos por convertir la reconciliación en un negocio redondo, dando garantías a las inversiones de los grandes emporios capitalistas que tienen puesta la mira en el petróleo de los Llanos del Yarí, las tierras de la Orinoquía, la biodiversidad de la Amazonía y del Chocó Biogeográfico, la riqueza de regiones con gran potencial turístico, y el apetecible mercado de 45 millones de personas (http://bit.ly/2h0DQPr ).

En esas proyecciones poco interesa la vigencia de los derechos sociales y políticos admitidos en los documentos de paz. La prioridad es erradicar las guerrillas y despejar las geografías para los poderosos pulpos internacionales.

Nota. Con la exclusión del impuesto a las gaseosas de la reforma tributaria, gracias a un Senador maoista, marcha viento en popa la candidatura presidencial del moirista Robledo, quien, seguro, recibirá a manos llenas los aportes financieros electorales del grupo Ardila Lule, ahora nuevo socio del maoísmo degradado y corrupto (Dusan) que capturo la dirección del PD.

 

 

 

 

 

 

Afirma R. Prada: Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas. Esta herencia maldita la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

Pero ello no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

Horacio Duque.

Introducción.

La implementación y materialización de los acuerdos de paz constituye un proyecto que debe comprometer todo el conjunto que define la sociedad civil democrática y popular de la nación colombiana.

Las comunidades indígenas, la población precolombina, que se acerca al millón 300 mil personas, organizadas en más de 120 familias, han sufrido los fenómenos de la violencia y vulneración de los derechos humanos, el desplazamiento, la masacre y despojo de sus tierras y bienes ancestrales, circunstancia que los ha transformado en un sujeto protagónico de las luchas por la paz y la reconciliación.

Precisamente la violencia de larga duración, la instalada desde la conquista y el dominio colonial del capitalismo central, está en la génesis del actual ciclo de violencia que se quiere superar con los acuerdos de paz alcanzados.

Los consensos previstos para poner fin a la guerra, por supuesto, suman decisiones sobre los derechos de los indígenas. Es muy probable que no sean bastante radicales pero tienen mucho valor como punto de referencia del despliegue de la conciencia, identidad y potencia emancipadora de las masas indígenas. Lo cierto es que la violencia y el atropello contra los indígenas ha sido de tales proporciones que su recuperación e incidencia debe darse en un trayecto histórico de mediana duración, tal como viene ocurriendo desde la Constituyente de 1991.

Recojamos en esta nota los elementos principales consignados en el Nuevo Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colon, referidos a las demandas colectivas de los pueblos indígenas colombianos.

De igual manera, abordemos una reflexión sobre las tareas que quedan pendientes, sobre las dimensiones de mayor envergadura de la civilización indígena que deben ser asumidos con todo el rigor y la responsabilidad social para no caer en ilusiones y falacias que desconocen la tremenda influencia del dominio colonial en la destrucción violenta de las sociedades aborígenes. Me valga de algunas consideraciones de Prada Alcorcea al respecto, las cuales considero pertinentes.

El fondo del problema, señala Prada, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas (http://bit.ly/2hxI8x1 ).

Lo alcanzado por la paz en materia de derechos de los indígenas y su implementación.

En el Nuevo Acuerdo de paz se consigna que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.

Se considera que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, por lo cual es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

En tal sentido se adoptan unos Principios.

Principios.

En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, se incluyen los principios contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios: a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y /o tradicionalmente.

Salvaguardas y garantías.

Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final del Conflicto de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.

En materia de Reforma Rural Integral.

En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras.

Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de explotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos.

En materia de participación.

Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios.

En materia de Garantías de Seguridad.

Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona.

En materia de solución del problema de drogas ilícitas.

Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello.

En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.

El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas.

Casos especiales.

Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia; los del Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare; el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta; así como en el municipio de Tumaco, río Chagüí y el del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca.

Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak; el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral; así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.

En materia de víctimas del conflicto.

El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes.

En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda.

En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.

Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto.

En materia de Implementación y Verificación.

Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.

Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.

El enfoque crítico.

Sobre la problemática de los pueblos indígenas y su articulación a la construcción de la paz, señala Prada: “la matriz del ciclo largo del conflicto y de las estructuras de larga duración no es ni el pleito geográfico político entre las regiones, ni el conflicto iniciado por liberales y conservadores, en el caso colombiano, sino la conquista colonial, la colonización y la colonialidad instituida por el Virreinato de Nueva Granada (Ver el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2hxI8x1 ).

“La hipótesis interpretativa, que él propone, es que la guerra permanenteo la genealogía de la guerra en Colombia, arranca con la guerra de conquista. Desde entonces, desde esta violencia inicial, instauradora de la cartografía y la institucionalidad colonial, se plantan las raíces, para decirlo metafóricamente, de la guerra permanente colombiana.

“Ciertamente, agrega, lo mismo podemos decir del resto de los virreinatos y capitanías coloniales en el continente; que se convirtieron en repúblicas, después de las guerras de independencia. Sin embargo, la singularidad colombiana consiste en que la guerra iniciada con la conquista no se transmuta en la filigrana de la paz institucionalizada, como ocurre con el resto de las repúblicas criollas, sino que preserva el carácter beligerante de las formas descarnadas de la guerra.

“¿Cuál, se pregunta, la interpretación de esta singularidad histórica y política? Podemos decir, por lo menos, algunas consideraciones hipotéticas; una, que se mantiene un equilibrio en la correlación de fuerzas, en coyunturas y periodos. Lo que desata constantemente la guerra, en sus distintas formas de presentarse. Otra, que las fuerzas organizadas y convocadas ideológicamente, no renuncian a sus iniciales proyectos de dominación; en el caso liberal, de hegemonía. En tercer lugar, que, en el caso colombiano, se arrincona y se acalla, tempranamente, la guerra anticolonial indígena, aunque sea parcialmente. Lo que no ocurre en el caso ecuatoriano, peruano y boliviano.

“No desaparece la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas: sin embargo, es arrinconada o exiliada a las sombras, suplantada por el pleito de las regiones y elocuentemente por la guerra entre liberales y conservadores.

“El fondo del problema, afirma, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas.

“Este es, observa, uno de los handy caps del Acuerdo de Paz. No ha considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente; la conquista, la colonización y la colonialidad. La única manera de hacerlo es reconocer plenamente los derechos colectivos y territoriales y de autogobierno de las naciones y pueblos indígenas.

“Se especula mucho, sigue, sin reflexionar, sobre la minoridad de las poblaciones indígenas, en comparación con el conjunto de la población colombiana, considerada mestiza. Lo que se olvida, en estas apresuradas descripciones, es que no se trata de la cuantificación del problema de la crisis de legitimidad, sino de la cualidad histórica inscrita en las estructuras institucionales del Estado-nación. Por otra parte, en eso de definir y englobar al grueso de la población en la categoría general de mestizos, no se cuestiona el supuesto insostenible del que parte; el suponer una homogeneidad de lo mestizo, incluso, matizando, la continuidad de lo mestizo. En primer lugar, lo mestizo supone la mezcla, la hibridación y la simbiosis;  esto implica, por lo menos, visibilizar la gama de singularidades mestizas, que suponen el trasfondo indígena, incluso en el caso de los “criollos blancos”; quienes al nacer en el nuevo continente, eran considerados indianos. Categoría administrativa, no del todo equivocada, pues los indianos nacían en otra tierra, en otra atmosfera, en otro cielo y en otro barroco cultural.

“Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas.

“Esta herencia maldita, sostiene, la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

“Lo que expusimos, en forma de hipótesis interpretativas, no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

Tema que se dibuja en el texto del Acuerdo de Paz.

Nota1. Matanza de la Marcha Patriótica y de los líderes sociales y de derechos humanos es la que está en curso en las regiones y periferias, ejecutada por una maquina macabra de guerra montada por las elites regionales, bajo la mirada indiferente, y cómplice del curubito oligárquico bogotano. Van casi 150 asesinatos y aquí no se habla sino de paz. La paz de los negocios mineros, agroindustriales, ecológicos y financieros de la piratería global.

Nota. 2. Camina el paquete legislativo de la paz con los proyectos de amnistía, jurisdicción especial de paz, Estatuto de la oposición, bloque de constitucionalidad y nuevo movimiento político de la paz. Hay que acompañar a los integrantes de Voces por la Paz en su labor de seguimiento y veeduría para que la artimaña filibustera parlamentaria no desvié los sentidos de la paz.

 

 

 

La construccion de la Paz debe apoyarse en un Plan Marco, en un CONPES y en la mas amplia participacion de la sociedad civil.

La paz necesita veedurias, control social y rendicion de cuentas, especialmene en los Planes de desarrollo con enfoque territorial en las 16 zonas priorizadas.

Horacio Duque.

Introduccion.

La implementación de los Acuerdos de paz alcanzados por el gobierno del Presidente Santos y los delegados de las Farc van tomando forma y se requiere que cada uno de sus temas, objetivos y proyectos sean conocidos por todos los ciudadanos y organizaciones populares de la sociedad civil para que los mismos se materialicen en beneficio de los sectores más débiles de la nación.

De la mayor importancia es el Plan Marco para los desarrollos de los acuerdos, el CONPES que debe aprobarse, la participación de la sociedad civil para que haga una vigilancia pormenorizada de cada una de las acciones contempladas y la calidad de los resultados que se vayan alcanzando, de mucha importancia los planes de desarrollo con enfoque territorial para las zonas priorizadas y los compromisos de los municipios y departamentos.

La paz necesita mucha transparencia y mucho compromiso ciudadano en las regiones, pues la reconciliación se construye de abajo hacia arriba.

Dada la fragilidad del trámite legislativo por causa de las practicas clientelistas de muchos legisladores, por sus descaradas ambiciones y su afán de enriquecimiento fácil con la denominada mermelada, se requiere que la sociedad civil focalice su control sobre el trámite de las leyes y actos legislativos de paz para que en su articulado no cuelguen bochornosos micos o se omitan temas concretos del texto del Acuerdo de paz. El caso del Magistrado electoral, Doctor Armando Novoa, sometido a presiones indebidas por parlamentarios corruptos es un campanazo para la opinión publica.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional.

El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables.

Prioridad a los derechos de las mujeres.

El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación con enfoque de género y étnico.

Vigencia del Plan.

El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar.

Documento CONPES.

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes. Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el acto legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno:

Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo, departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.  Los planes de desarrollo, departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos.

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregaran a los fondos dispuestos por el gobierno para esos fines.  

En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de los acuerdos.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento: se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos: sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas: se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos. Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia: en concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.  Herramientas de las nuevas tecnologías de información: asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.  

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.  Mecanismo especial para la denuncia ciudadana: en el marco de lo acordado, se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.  Fortalecimiento de los mecanismos de control interno: se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control: Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

Inicio de la implementación del Acuerdo Final.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 11 de mayo de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2016.

Prioridades para la implementación normativa.

Conforme a los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la Mesa de Conversaciones, y en especial los de los días 11 mayo y 19 de agosto de 2016, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto legislativo 1 de 2016:

a. Ley de amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la PAZ, la Constitución Política, según acuerdos de 11 de mayo y 19 de agosto de 2016.

b. Ley de aprobación del Acuerdo Final, según acuerdo de 11 de mayo de 2016.

c. Las tres normas anteriores se tramitarán simultáneamente.

d. Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, según acuerdo de 11 de mayo de 2016.

e. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dado por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

f. Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo. Incorporación a la constitución de la prohibición, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del articulo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Pan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

 Calendario de implementación normativa.

Durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el acto legislativo 1 de 2016:

a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz.

d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

e. Reforma del Sistema de alertas tempranas. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 178 de 297

f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz.

h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humano, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía la sociedad en especial, de las comunidades de las circunscripciones especiales de paz.

k. Ley y/ o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción. l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Implementación prioritaria.

Para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), los siguientes temas:

a. Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata.

b. Definición de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas.

c. Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas.

d. Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final.

e. Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

f. Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía

g. Convocatoria de una Conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas.

h. Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas de regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC EP a la vida política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo, antes de la fecha de realización del plebiscito de refrendación popular del Acuerdo Final.

i. Elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos.

j. Zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Nota 1.

Este viernes radicarán tres iniciativas del paquete legislativo para la paz (http://bit.ly/2hCDOui )

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que este viernes se radicarán tres iniciativas que se encuentran previstas dentro del paquete legislativo para la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc.

"Al medio día vamos a presentar el acto legislativo de Justicia Especial para la Paz, que ya está prácticamente listo; vamos a presentar una reforma a la Ley Quinta del Congreso de la República, para garantizar la participación de los tres voceros de la nueva agrupación política en el Senado y los tres voceros en la Cámara; vamos a presentar también el acto legislativo para facilitar la creación del nuevo partido político que surja de la desmovilización y el desarme de las Farc", afirmó.

Sin embargo, sobre la participación de los integrantes de Voces de Paz y Reconciliación, que este mismo jueves se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral como agrupación política, el ministro explicó que para que puedan participar en la discusión sobre la Ley de Amnistía la Cámara de Representantes y el Senado emitirán una resolución. 

"A partir de la semana entrante se hará una resolución de las mesas directivas para que puedan participar los voceros y ya mañana presentamos el proyecto de ley que reforma la Ley Quinta para permitir la participación de estos", dijo.

El borrador del acto legislativo de Justicia Especial para la Paz está compuesto por siete páginas y cerca de 17 artículos que desarrollan la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial de Paz; y las medidas de reparación integral para la construcción de paz.

Sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se establece que es un órgano autónomo y extrajudicial; se especifica que "no tendrá carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella"; y también, que la información que reciba no se podrá trasladar a autoridades judiciales para procesos.

Determina que la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas tendrá carácter humanitario y extrajudicial, y que tanto sus funcionarios como los de la Comisión no podrán ser obligados a declarar en procesos judiciales desde que el conocimiento de los hechos se hayan dado dentro de sus funciones.

En su tercer capítulo habla sobre la Jurisdicción Especial para la Paz se especifica: "administrará la justicia de manera autónoma y conocerá de manera prevalente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas por causa, con ocasión  y en relación directa o indirecta con el conflicto armado".

Sobre las tutelas en contra de las decisiones de la Jurisidicción determina que se deben presentar ante el Tribunal para la Paz. La primera instancia sería decidida por la Sección de Revisión y la segunda por la Sección de Apelaciones, y agregan: " El fallo de la tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional".

Además contiene un capítulo específico para el tema de extradición, en donde deja establecido que no se podrá conceder la extradición a personas que estén acogidas en este sistema; y deja claro que quienes se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz  y tengan sanciones no quedarán inhabilitados para participar en política.

Nota 2.

El siguiente es un ejemplo del sabotaje soterrado de los parlamentarios a los proyectos de ley del proceso de paz. Al Magistrado Armando Novoa le montaron una gavilla coordinada por Héctor Eli Rojas, ex senador y saqueador de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, un subalterno del ex ministro Jaime Castro (http://bit.ly/2h80TUp ).

¿Por qué el Congreso le negó licencia al magistrado Armando Novoa?

Aunque Novoa acudió ayer a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para

 ¿Por qué el Congreso le negó licencia al magistrado Armando Novoa?

Uno de los puntos claves del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc habla de la conformación de una Misión Especial Electoral, encargada de hacer recomendaciones sobre las reformas que requiere el sistema electoral colombiano para que sea autónomo, independiente, moderno y, sobre todo, transparente. Recientemente, sus miembros fueron definidos: Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia; Alberto Yepes, magistrado del Consejo de Estado; Jorge Enrique Guzmán, director del Departamento de Psicología Social de la Universidad Javeriana; Juan Carlos Rodríguez-Raga, profesor de la Universidad de los Andes; Salvador Romero Ballivian, experto en asuntos electorales, y Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pues resulta que Novoa acudió ayer a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para que se le autorizara formar parte de dicho organismo, lo cual le fue negado. ¿Por qué? Esto dijo en El Espectador:

¿Quién lo escoge a usted para ser miembro de esa Misión Electoral Especial?

La Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, el Centro Carter y el Instituto Holandés para la Democracia. Entonces, para poder estar dedicado de tiempo completo a la Misión, hice lo mismo que el magistrado Alberto Yepes en el Consejo de Estado, que pidió una comisión de servicios y se la otorgaron en el mismo Consejo. Me vine al Congreso a solicitar esa autorización porque el Consejo Nacional Electoral me dijo que no tenía competencia para eso y aquí me la negaron.

¿Exactamente quién se la negó?

Las plenarias de Senado, con 32 votos en contra y de la Cámara con 52. José Name, el Centro Democrático y el Partido Conservador intervinieron oponiéndose a la solicitud, y había algunos magistrados del mismo CNE haciendo lobby para que me negaran la comisión.

¿Con qué argumentos?

Pues según los comentarios, porque dizque es incompatible estar en esa comisión y ser del Consejo Electoral, pues eso podría generar conflicto de intereses. Pero si es una comisión de carácter académico, ¿qué conflicto puedo tener allí? Es como cuando nombran a un magistrado para que colabore en la comisión redactora de un código. Salvo que me propongan que me reelija indefinidamente o sacar un beneficio personal. Y ya por los pasillos hay quienes dijeron que yo era de las Farc y que tengo unos “antecedentes” con temas que he defendido, como las circunscripciones especiales, el estatuto de oposición o la misma reforma al sistema electoral, que el Congreso no quiere.

¿Cómo así que hubo magistrados del CNE que hicieron “lobby” en su contra?

Así es. No podría decir por qué, aunque supongo puede ser por malestar de que no los escogieron a ellos o para bloquear la posibilidad de desarrollo de los acuerdos de paz, porque eso en la práctica es pelear para que el CNE mantenga el statu quo actual, que es deplorable. Un Consejo que no rinde cuentas, que tiene favoritismo con algunos partidos políticos, que no tiene transparencia, que sesiona poco tiempo y cuyos magistrados se la pasan de paseo en paseo. Creo que todo eso incidió.

¿Queda cerrada entonces la posibilidad de formar parte de la Misión?

No existe ninguna restricción, porque finalmente se trata de una comisión de carácter académico y no hay conflicto de intereses. Por eso me nombraron esas entidades. Hay que elevarle una consulta al Gobierno, a la misma mesa de los plenipotenciarios y a quienes me postularon, y ver cómo queda la situación. En principio pienso que no tengo impedimento legal. Ahora, lo que queda claro es que, en la práctica, es la primera derrota del Gobierno en el trámite en el Congreso de los acuerdos de La Habana. Están tratando de impedir que se constituya en debida forma un organismo que tiene el encargo de proponer reformas electorales desde el punto de vista académico.

 

 

 

Voces de paz, agremiacion politica civil de la resistencia campesina y popular, emerge como la expresion de una corriente social comprometida con la construccion de la paz.

¿Será un partido-movimiento?

Horacio Duque.

Introducción.

La implementación de los acuerdos de paz sobreviene y se dan una seria de acontecimientos de la mayor trascendencia.

La noticia de la constitución de la nueva agrupación política por parte de las Farc, Voces de paz (http://bit.ly/2hGEnGk ), es un hecho que impacta el campo político, el cual amerita una profunda reflexión.

Nos encontramos en el tránsito de la guerra de guerrillas de movimientos a una guerra política de posiciones para la construcción de una nueva hegemonía nacional y popular.

En tal sentido conviene plantearse, de manera preliminar, unas cuestiones para contribuir a que este esfuerzo se abra paso y consolide como un horizonte de posibilidades para las masas populares y la democracia ampliada que nos ha traído la paz.

¿Qué prácticas aberrantes del pasado deben superarse para lograr atraer a millones de ciudadanos, sumidos en la apatía política y en un repudio despolitizado de la corrupción y el neoliberalismo? ¿Qué formas de organización debe darse la nueva asociación política?

¿Voces de paz debe constituirse como un partido-movimiento que lo asimile con los potentes movimientos sociales surgidos en los años recientes, como una confluencia de expresiones campesinas, populares, indígenas, intelectuales, ambientalistas, feministas y afro descendientes?

¿Qué papel debe atribuirse a su equipo de dirección?

Lo organizativo. Superar viejas y malsanas prácticas.

La construcción de una nueva agremiación política por parte de las Farc, ponen en el centro del debate la problemática de la organización y la estructura de una nueva fuerza política.

Ante los desafíos abiertos en el ámbito institucional  como resultado de los Acuerdos de paz, resulta indispensable abordar un debate político y organizativo para afrontar esta nueva etapa política.

Se trata de problemas o tensiones que no son novedosos, la novedad es la oportunidad de cambio social y político que vive nuestro país.

De manera puntual, se requiere asumir modelos organizativos que aborden desafíos inmediatos: superación de la forma partido tradicional, despliegue instituyente hacia lo social, eliminación de tendencias burocráticas y centralistas, creación de mecanismos que promuevan la democracia y la pluralidad internas, etc.

El ‘devenir Príncipe’ de las clases subalternas, anota Gramsci, supone dotarse de una consistencia organizativa y un proyecto estratégico claro que supere las posiciones 'subversivistas' inorgánicas que “mantienen un estado febril sin porvenir constructivo”.

Dicha consistencia no debe caer, sin embargo, en una excesiva centralización en la que los órganos de dirección suplanten al partido y ahoguen la iniciativa política de las bases y otras formas organizativas de clase.

Son innumerables los ejemplos de organizaciones que se fueron fosilizando a causa de un creciente dogmatismo ideológico, una férrea centralización o dinámicas irreversibles de burocratización tan bien descritas por Robert Michels.

El desafío pasa, entonces, por diseñar e implementar mecanismos concretos que inhiban esta tendencia y permitir que las organizaciones se mantengan como espacios vivos y dinámicos.

Gramsci resalta la necesidad de un programa intensivo de formación que permita que “todo miembro del Partido sea un elemento político activo, sea un dirigente”. La formación política no pasa sólo por aspectos teóricos sino que aborda cuestiones relacionadas con la intervención práctica y con el fomento de una determinada ética militante, alejada del narcisismo vanguardista, el oportunismo burocrático y la sacralización del partido marcada por el conservadurismo y la burocratización

Un militante de la paz no debería ser un soldado acrítico sino ante todo un organizador, para quien la lealtad y el crecimiento de su organización es importante, pero aún más la creación de una sociedad abigarrada y en movimiento capaz de resistir y sobre todo crear alternativas a la dominación neoliberal.

El problema de la organización de la nueva fuerza política debe ser afrontado de forma democrática y productiva, traduciendo sus conclusiones en orientaciones y líneas de actuación.

El partido-movimiento[1].

Si algo  tendrá que caracterizar a Voces de paz, para diferenciarse claramente de las maquinarias clientelares tradicionales, será su especial vinculación con distintos movimientos sociales y populares. En esto, les resulta aplicable, en mayor o menor medida, la definición de “partido-movimiento” sugerida por Herbert Kitschelt (2006) (Ver http://bit.ly/2h2AqYJ ) para referirse, fundamentalmente, a los partidos de la izquierda libertaria surgidos en distintos países a principios de los ochenta.

Estos partidos se caracterizaban por mantener rasgos organizativos y programáticos similares a los de un movimiento social. En lo organizativo mantienen procedimientos internos de toma de decisiones de tipo participativo y tienen una estructura más horizontal y menor jerárquica que la de otros partidos. Sus programas, por otra parte, tienden a centrarse en algunos temas concretos y a ser menos comprensivos. Pero, a diferencia de los movimientos sociales, se trata de formaciones que compiten en la arena electoral, sin que ello impida que, de vez en cuando, sigan recurriendo a formas de acción colectiva propias de los movimientos sociales, como es la protesta en la calle. No es tanto en los programas donde se espera encontrar diferencias, sino en los rasgos organizativos que permiten considerar a la nueva agremiación como un “partido-movimiento”.

Crear institucionalidad popular.

Un partido-movimiento debe otorgar un lugar central a la creación de una institucionalidad popular que exceda a las funciones de representación y buscar una articulación permanente entre las expresiones contemporáneas plebeyas. El nivel de protagonismo de los sectores plebeyos y populares y la capacidad de desbordar y exceder a las vanguardias jacobinas son buenos indicadores tanto de la salud de una organización política como de la potencia de un proceso de cambio político y social.

Características del partido-movimiento.

En primer lugar, la forma-movimiento señala ante todo la existencia de una multiplicidad de instancias organizativas que, en relación con la forma-partido, presentan mayores cotas de plasticidad, dinamismo, informalidad y descentralización.

En segundo lugar, se caracteriza por un tipo de acción y organización colectiva fundamentalmente extra-institucional y que, si bien puede producir impactos en la forma-Estado y las políticas públicas, no tiene como objetivo central la participación en los órganos de representación política sino una vertebración organizativa de lo social.

En tercer lugar y estrechamente vinculado a lo anterior, la forma-movimiento se ha especializado en una política situacional, que busca desplegar o fortalecer la potencia de auto organización de los sujetos afectados por una determinada problemática. Este trabajo en situación, que tiene su revés en un excesivo particularismo o sectorialización, ha permitido enriquecer y profundizar el conocimiento sobre los múltiples mecanismos de dominio y explotación pero también sobre las formas de resistencia y subjetivación política –pensemos la contribución del movimiento feminista o anticolonial por poner tan solo dos ejemplos–. Ha permitido a su vez a que sea en la forma-movimiento donde se han producido mayores niveles de innovación –organizativa, técnica, comunicativa, etc.– y donde se han ensayado prototipos organizativos capaces de adaptarse y anticiparse en muchos casos a los cambios sociales y subjetivos en curso.

La propuesta es pensar la relación partido/movimiento en términos de articulación y ensamblaje y no de dicotomía o disyunción.

El desafío es ensamblar las piezas de la forma-partido y la forma-movimiento, abordando la relación desde un análisis institucional interesado ante todo en su funcionamiento, sus dispositivos y su adaptabilidad a los objetivos y actores presentes en el actual momento político. Desde esta perspectiva, resulta indispensable analizar y extraer saberes organizativos de muchas experiencias de movimientos.

Como demuestra la historia, cuando el capital avanza y deja de someterse al mando democrático, la vida –incluido el planeta– se vuelve precaria y vulnerable. No es casual que las situaciones en las que se han articulado movimientos en los últimos años estén atravesadas por la desposesión y la precarización, rasgos centrales de la regulación neoliberal del conflicto capital-vida.

Lo que estos movimientos señalan son escenarios donde existe una disputa, viva y encarnada, por el significante democracia y la orientación de las políticas públicas: luchas por la vivienda; en defensa de la salud, la educación y otros servicios públicos; galaxia de micro-conflictos entorno al desempleo, la exclusión y la desregulación laboral; demandas y conflictos vinculados a la democracia urbana; redes por la defensa de los bienes comunes –naturales o digitales–,etc.

Un partido-movimiento debe habitar e intervenir en estas situaciones porque en ellas se juega la vida. Y para ello debe incorporar dispositivos más propios del mejor sindicalismo, las asociaciones vecinales y las redes, que de los partidos políticos tradicionales oligárquicos. En la actual ofensiva neoliberal sobre la vida el partido-movimiento tiene que ser capaz de articularse también como una agremiación social, combinando funciones de asesoramiento, organización, conflicto, negociación colectiva y defensa y ampliación de derechos.

El desafío de crear y fortalecer procesos de organización frente a la precarización y forzar una tendencia para fortalecer los salarios directos e indirectos es una cuestión inaplazable. Sabemos que para construir una nueva mayoría no bastará con buenos y honestos representantes institucionales. Necesitamos una sociedad abigarrada que acompañe y protagonice, desde múltiples situaciones y escenarios, el proceso de cambio social en curso, para lo cual precisamos de modelos organizativos que sepan ensamblar de la forma más virtuosa posible los mejores dispositivos de la forma-partido, la forma-sindicato y la forma-movimiento.

El Partido de Movimiento opera mediante una racionalidad política basada en la expresión –y con ello la tendencia a una ampliación de la potencia política de lo social que se despliega también en lo estatal– y tiene como referencia central a la 'sociedad en movimiento'. En segundo lugar, esto se traduce en un modelo organizativo de tres patas que, si bien funcionan de forma articulada, responden a lógicas y modos de hacer singulares: la institución, el territorio y las prácticas prefigurativas.

El trabajo institucional asume el desafío de implementar nuevas formas de expresión y representación radicalmente democráticas así como impulsar, con rigor y eficiencia, políticas públicas al servicio de los sectores populares.

Además de formar organizadores y promover una ética militante basada en la 'leninista sencillez', un partido-movimiento debe dotarse de instrumentos que aseguren su permeabilidad y apertura con una membresía laxa.

Lo que requiere de formas de participación que se adapten a la flexibilidad de los tiempos y las situaciones vitales de la gente –no todo el mundo puede o quiere participar en calidad de militante– y crear programas de trabajo y líneas de intervención que permitan una vinculación productiva al proyecto, sostenida en el hacer –con múltiples modos e intensidades– y no tanto en admirar, criticar o debatir ad nauseam las acciones de la dirección. Esto requiere una apuesta firme por una democracia interna que lejos de conformarse con plebiscitar decisiones ya tomadas, confía en la descentralización y en la inteligencia colectiva de sus bases para el diseño, ejecución y evaluación de los planes de trabajo y las orientaciones políticas.

El desafío no es construir una organización que tienda a unificar sobre sí a las fuerzas del cambio sino el articular con la máxima potencia política a la multiplicidad, es nombrar procesos dinámicos que exceden y desbordan a los actores políticos formales.

Lecciones para un partido-movimiento.

En términos estrictamente políticos emergen dos lecciones inmediatas para un partido-movimiento que intervenga en la coyuntura.

En primer lugar, el desafío no es construir una organización inmensa que tienda a unificar sobre sí a las fuerzas del cambio sino el articular con la máxima potencia política a la multiplicidad de actores con los que se comparte una construcción hegemónica 'en común'. Pasar del catch-all party al articulate-all party. Un partido-movimiento no busca absorber o subordinar a otras experiencias sino producir la mejor articulación posible con ellas, componiendo –no imponiendo– de ese modo un proceso expansivo de cambio. En la práctica esta articulación entre demandas y actores diferentes y asimétricos muestra toda su complejidad y emergen multitud de conflictos. Los procesos de confluencia ensayados en los últimos años reflejan esa dificultad, pero también una enorme potencia política y el desarrollo de una cultura de la articulación y una 'diplomacia de base' que deben ser optimizadas.

En segundo lugar, si no se expande no es política. Esta voluntad expansiva exige tener mirada larga y vocación mayoritaria, siendo capaces de desbordar a las organizaciones formales y determinadas identidades ideológicas para interpelar y afectar al conjunto de la sociedad. Y aquí es donde se requiere del mismo modo de significantes abiertos y prácticas discursivas inclusivas como de un contacto y cooperación material con la miríada de actores que habitan e intervienen en la formación de la cultura popular y el sentido común.

Sobre la dirección política[2].

Lo sabemos desde siempre, dice Monereo. Antonio Gramsci se encargó de recalcarlo con mucha fuerza: la clave de un partido en construcción, en un contexto de crisis orgánica, es su dirección política. Ésta será la tarea decisiva a definir en la nueva etapa de construcción de la paz, concretar con precisión el proyecto y el equipo dirigente capaz de realizarlo, sabiendo que no tenemos todo el tiempo del mundo y que los poderes nos acosarán. La lucha de clases es así y no caben falsos idealismos: pretender cambiar el sistema y que los poderes te aplaudan, no parece posible.

Hablo de equipo dirigente, de una dirección política capaz de construir organización en todas las localidades, pueblos, ciudades, en los centros de trabajo; de promover la existencia de centenares de círculos insertados sólidamente en el territorio y en el conflicto social, de formar a centenares de cuadros capaces de gestionar nuestro “sector público democrático”, de impulsar alianzas sociales y de construir una institucionalidad alternativa. La dirección política de una fuerza transformadora y antagonista es algo más que hacer ruedas de prensa, intervenir en tertulias o aparecer en las instituciones; es construir sentido común, propiciar formas de vida que promuevan la cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo.  Para decirlo con más precisión: una dirección que construya poder social, hegemonía cultural y democratice las instituciones.

Dejo a consideración de los lectores estas primeras puntadas de un debate que se enfoca en el hecho más importante del salto de las armas a la política civilista.

Notas.

[1] Esta parte del análisis recoge en gran parte la reflexión de Nicos Sguiglia sobre el tema del partido-movimiento que se puede localizar en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2gD0Y1i . Igualmente asumimos en enfoque de Irene Martin en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2gLkLAB

[2] Remito al siguiente artículo de Manolo Monereo para establecer los alcances del tema del papel de la dirección política de un partido-movimiento. Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2h2zkft

La disputa por la construcción de la paz se traslada ahora al terreno del Estado y sus instituciones.

Hay que avanzar en los procesos de acumulacion politica, con las nuevas herramientas, para enfrentar adecuadamente el sabotaje y la arremetida de la ultraderecha fascista.

Horacio Duque.

Si no se acelera es bien probable que el pan se nos queme en la puerta del horno. Para que la paz sea una realidad tangible, es prioritario iniciar ya la implementación y ejecución de los Acuerdos firmados entre el gobierno y las Farc, en los primeros días de diciembre del año en curso.

La implementación es un todo orgánico y de materialización simultánea en distintos campos. El Presidente y la parte ejecutiva del gobierno, deben hacer lo que le corresponde; el Parlamento debe trabajar, a toda marcha, para expedir las Leyes y Actos legislativos; las Farc deben hacer lo que les corresponde en su tarea de construir una agremiación política y de gestionar en el plano estatal y del gobierno lo que ha sido pactado.

Por supuesto, la sociedad civil tiene grandes retos y para asumirlos es necesario conocer los detalles de los acuerdos en materia de implementación.

En tal sentido, vamos a tratar en detalle esta materia, mediante varios artículos, breves y pedagógicos.

Iniciamos con la parte institucional y la reforma estatal que conlleva dichos desarrollos; es, justamente, en el nivel del Estado y sus instituciones donde se plantea la continuidad de la disputa entre el autoritarismo y la democracia ampliada que proyecta el Acuerdo de paz.

La lucha por la paz sigue su marcha y hay que irla construyendo y consolidando en el día a día, sin cruzarse de brazos, ni anticipando eventuales contratiempos que puedan ocurrir en el futuro mediato o inmediato. Todo dependerá de la correlación de fuerzas, de los acumulados políticos que se logren mediante la concreción de las transformaciones sociales, económicas y políticas.

Nadie ha dicho que no sobrevendrán dificultades y peores arremetidas de la ultraderecha. Pero hace cinco años las cosas eran mucho peor.

Es muy probable que en el 2017 estalle una crisis fiscal o económica, porque a Santos le fracase su reforma tributaria y todo evolucione hacia una mayor profundidad de la lucha de clases, pues las masas radicalizadas exigirán soluciones muy concretas a sus problemas. Hay que estar preparados para ello y adecuar las consignas de la paz a una coyuntura de esas características, para medidas y propuestas de mayor calado. Nada está escrito al respecto.

Hay que estar preparado para que una ola popular, un movimiento social muy potente ponga las cosas en su sitio y nos obligue a plantear fórmulas innovadoras en el campo de la acción política. Formulas en las que lo de menos son los viejos repertorios de una izquierda completamente desubicada e incompetente para encauzar las revueltas sociales.

Pero entremos en materia.

La Comisión de Implementación, seguimiento y verificación.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, adoptaron un acuerdo para crear la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final, se proyecta, debe crearse la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias” (http://bit.ly/2ghaDLU ), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC EP o del movimiento político que surja de su tránsito a la vida legal.

La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prorroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente y por plenipotenciarios de las FARC-EP, en la Mesa Conversaciones de La Habana.

Objetivos de la Comisión.

Los objetivos de la Comisión serán la resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación.

La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.

Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo la agremiación política que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general.

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz. 

Funciones de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).

La CSVR tendrá las siguientes funciones:

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por los mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas.

Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V.

En particular, la CSVR deberá:  

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final.

Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por Presidente de la República.

Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final.

Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana.

Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos.

La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales.

Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CVSR en el Acuerdo Final.

Composición.

La CSVR estará compuesta por tres delegados/as del Gobierno Nacional, tres delegados de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela.

La CSVR contará con una Secretaria técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. A las reuniones de la comisión podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.

CSVR Ampliada.

Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSVR realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde.

La CSVR presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.

Ubicación y Temporalidad.

La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSVR sesionará de forma regular con el  formato indicado hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido en el acuerdo.

Composición del mecanismo de verificación y funciones.

El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias:

Notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por parte de las FARC-EP, que tendrán las siguientes funciones: a. Realizarán los pronunciamientos públicos, en relación con los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y puntos de discusión y controversia, todo ello en coordinación con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, en adelante la CSVR. b. En relación con los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos, los notables, en coordinación con los representantes de los países que hacen parte del componente internacional de verificación, presentarán recomendaciones de solución.

Componente internacional de verificación.

El componente internacional de verificación que hace parte de la CSVR, estará integrado por un representante de cada uno de los países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompañantes han estado presentes a lo largo del proceso de diálogo para poner fin al conflicto. Su participación se desarrollará sin perjuicio de las tareas de acompañamiento que cumplan para la implementación de los acuerdos. El componente funcionará con los siguientes criterios:  a. Se ajustará a los protocolos establecidos por la CSVR para la verificación de la implementación de los acuerdos. El protocolo se construirá con los países que integran el componente internacional. b. Coordinará con la CSVR los procesos de verificación. c. Comprobará el cumplimiento de los protocolos de implementación y verificación. d. Podrá consultar a institutos con capacidad en el terreno u otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar a la verificación de la implementación de los acuerdos. e. Coordinará sus actividades con los criterios de funcionamiento y alcance que la CSVR le haya asignado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU (http://ntrda.me/2hOMo83 ). f. Rendirá sus observaciones de cumplimiento a la CSVR durante los primeros 18 meses y posterior a ello, se realizarán semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc. Las observaciones de cumplimiento serán transmitidas a la CSVR y a los notables.

Componente técnico. El papel del Instituto Kroc.

El Instituto Kroc (http://ntrda.me/2hOMo83 ), con sujeción a los criterios y líneas de acción que defina la comisión de seguimiento, desarrollará entre otras, las siguientes actividades: a. Diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. b. Aportará las buenas prácticas y experiencias para un seguimiento efectivo a la implementación de los acuerdos. c. Brindará el soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento a la implementación de los acuerdos. d. Construirá con rigor metodológico un modelo de evaluación y seguimiento que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz. e. Su esfuerzo de trabajo técnico podrá ser complementado con las buenas prácticas y experiencias de otras instituciones e institutos que sean convenidos por el componente internacional de verificación y aprobados por la CSVR. f. Los informes, matrices y productos generados por el Instituto Kroc, tendrán como destinatario el Componente Internacional de Verificación y la CSVR, de conformidad con los criterios de confidencialidad que allí se establezcan. g. Las actividades de acompañamiento internacional y los informes de los componentes temáticos, serán tenidos en cuenta como un insumo para asegurar el seguimiento objetivo al cumplimiento de la implementación de los acuerdos.

Misión política de verificación de las Naciones Unidas.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo.

Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes: Acuerdo 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Reincorporación política b. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. c. Reincorporación económica y social. Acuerdo 3.4. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva b. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. c. Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. d. La Misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado y con experiencias en Derechos Humanos.

Calidades del verificador.

El verificador, entendido para efectos de este acuerdo, como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos, estará fuera de la controversia y la opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz. El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU derechos humanos) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Así mismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos.

Temporalidad del componente internacional de verificación.

La CSVR previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor Presidente de la República la finalización de su funcionamiento.

Componente de acompañamiento internacional.

El acompañamiento internacional incluido en el punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna, y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional en los términos como se define en el acuerdo, tendrá conexión con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional:

Criterios generales.

Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales:

Soberanía: el acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos. Imparcialidad: se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos, y los valores democráticos, como garantía para que la implementación de los mismos, contribuya a la construcción de la paz. Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos: el apoyo del acompañamiento internacional, radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Acompañamiento internacional.

Las FARC-EP y el Gobierno Nacional acordaron que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo general para el fin del conflicto.

Acuerdo Instancia de acompañamiento internacional.

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - Unión Europea - FAO - Vía Campesina

2. Participación política: apertura democrática para construir la paz - Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD.

3.1. Reincorporación - Unión europea - UNESCO - PNUD - OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes).

3.2.El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. - Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3.3. Lucha para el desmantelamiento de organizaciones - UNODC y Estados Unidos

3.4 Unidad especial de investigación - Estados Unidos - Unión Europea

3.5. Garantías de seguridad y personal - Estados Unidos - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas - UNODC - Comisión Global de Drogas

5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. - CICR - ICTJ - Podrán ser invitadas por la CSVR, otras instituciones que realizan acompañamiento internacional. Unidad de búsqueda de desaparecidos - Suecia – CICR.

Conclusión.

Como se puede concluir en este componente de la implementación está prevista toda una malla institucional alternativa para procurar la materialización los acuerdos y consensos de paz.

Es lo que debe ocurrir con otras instancias de dimensión gubernamental previstas para respaldar las acciones concretas de la paz. Me refiero a la ‘Comisión Nacional de Garantías de Seguridad’, la ‘Unidad Especial de Investigación’, el ‘Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política’, o el ‘Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios’, las cuales dependerán de la legislación que expida el Congreso en desarrollo de sus competencias y según el fast Track aprobado por la Honorable Corte Constitucional el dia de ayer martes 13 de diciembre.

Nota 1. Un grupo de 900 maestros del Quindío han tomado la decisión de conformar un Frente Amplio por la democracia sindical para resolver la difícil problemática del Suteq a la que ya se hacía mención con anterioridad ( Ver http://bit.ly/2hx1Arc ).

Nota 2. Paz en la tumba de Juan Daniel Jaramillo. Fuimos compañeros de Universidad en la Facultad de Derecho, y a pesar de nuestras discrepancias ideologicas compartimos una buena y cordial amistad (http://bit.ly/2huLYHs ).

 

 

 

 

Prevaleció la razon y la paz en la Corte Constitucional, la cual le dio via libre al fast track legislativo para avanzar en la implementacion de los consensos de paz.

Crucial y definitiva la movilizacion de masas y la agitacion en la sociedad civil para exigir de la Corte un pronunciamiento acorde con las acciones para poner fin a la guerra. 

No se salieron con la suya los reconocidos enemigos de la paz que se agrupan alrededor del nefasto y retardatario ex presidente de marras.

Horacio Duque.

Se necesitó de una formidable movilización y agitación en el campo de la sociedad civil, con plantones y artículos de opinión, exigiendo a la Corte Constitucional aplicación y buen criterio en el examen del denominado Fast Track legislativo (Vía rápida) establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016 (http://bit.ly/2difGiL ), con ocasión de una demanda presentada por un reconocido constitucionalista  por su no conformidad con el texto de la Carta de 1991, para obtener el importante pronunciamiento dado a conocer hoy 13 de diciembre de 2016.

Los grupos de ultraderecha, representados por el señor Uribe Vélez, recurrieron a todo tipo de presiones, mentiras y amenazas jurídicas, para obligar a los Magistrados de dicha institución a pronunciarse en un sentido contrario a los contenidos de los acuerdos pactados entre el Estado y los delegados de las Farc para poner fin al conflicto social y armado.

Les salió el tiro por la culata.

Prevaleció el interés supremo de la paz por encima de los odios y amarguras de los promotores y negociantes de la guerra.

En efecto 8, de los 9 Togados, han determinado que el Fast Track es constitucional y que la refrendación dada por el Poder Legislativo al Acuerdo de Paz del Teatro Colon es válido y puede ser profundizado con nuevas medidas que lo reafirmen, en el texto de las leyes y reformas constitucionales que se aprueben en los próximos 180 días.

¿Qué dice el Acto Legislativo 01 de 2016?

En esos términos es importante resaltar las normas contenidas en el Acto legislativo mencionado, que abrevian el trámite de los proyectos de Ley y de Actos Legislativos que se pongan a consideración de las corporaciones legislativas, pero que además le otorgan facultades extraordinarias al Presidente para avanzar en la implementación de los consensos de paz.

Dice así el artículo 1º.  “Procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas: a) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional, y su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera; b) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial.  En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre  cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él; c) El título de las leyes y los actos legislativos a los que se refiere este artículo, deberá  corresponder precisamente a su contenido y a su texto procederá esta fórmula: "El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, DECRETA d) El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras; e) Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su naturaleza; los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días. g) Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta; h) Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno nacional; i) Todos los proyectos y de acto legislativo podrán tramitarse en sesiones extraordinarias; j) En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación; k) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatuarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados. En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República”.

Artículo 2°. “La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición”.

¿Cuáles son las Leyes y Actos legislativos para la paz que deben tramitarse?

Conviene, entonces, examinar en detalle los proyectos de Ley y Acto legislativo incluidos en el Nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colon a principios de diciembre, para estar atentos a los desarrollos pertinentes que ya el Presidente del Senado, Doctor Lizcano, dice se tramitaran con el mayor rigor.

Veamos tales proyectos:

“Conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: El Acuerdo Final se incorporará conforme a las normas constitucionales (http://bit.ly/2gMm6q5 ).

De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto Legislativo 1:

a. Ley de Amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Constitución Política.

b. Acto legislativo para la incorporación de un artículo transitorio a la Constitución Política, según acuerdo de 9 de noviembre de 2016.

c. Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

d. Las normas incluidas en los literales anteriores se tramitarán simultáneamente.

e. Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a lo establecido en el numeral 46 del Acuerdo de creación de dicha jurisdicción, normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios: el sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimento a los principios contemplados en el numeral 14.

f. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC-EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del Artículo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

Calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016 (http://bit.ly/2gMm6q5 )

a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz.

d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

e. Reforma del Sistema de alertas tempranas.

f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz.

h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía, la sociedad, en especial de las comunidades de las Circunscripciones Especiales de Paz.

k. Ley y/o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción.

l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Conclusión.

La implementación de los acuerdos de paz amerita la puesta en vigencia de esta trascendental reforma del Estado y de sus instituciones.

Como sociedad civil nos corresponde ejercer una permanente veeduría y control social sobre cada uno de los trámites y pasos previstos para seguir apalancado la construcción de la paz.

 

 

La Corte Constitucional debe armonizar sus tiempos con los de la paz, que es  una prioridad nacional. La Corte no puede colocarse en contravia del clamor nacional para que se ponga fin a la guerra y el conflicto social y armado.

Vergonzosas y ridiculas las presiones del ex presidente Uribe Velez, quien se amanguala con la derecha republicana, en un hotel de Trump en Washington, para llevar a la Corte Constitucional al bloqueo del fast track legislativo.

Horacio Duque.

La consolidación de la paz es una tarea de gran prioridad nacional dada la fragilidad de los consensos alcanzados en la Mesa de diálogos, pues la arremetida sistemática del bloque retardatario encabezado por el ex presidente Uribe Velez, como representante de terratenientes, generales, obispos, pastores, banqueros, caciques políticos, multinacionales, mafias del narco y grandes contratistas del Estado, no cede en su pretensión de mantener incendiado el país y en una guerra irracional, caldo de cultivo para perpetuar un régimen social y de poder profundamente antidemocrático.

El fin del conflicto ha sido una obra maestra construida a lo largo de varios años, en una paciente labor que ha comprometido la Presidencia de la Republica y los representantes plenipotenciarios de las Farc.

Dedicación, ponderación, inteligencia y espíritu transaccional, son virtudes de las que han hecho gala los integrantes de las delegaciones en la Habana en la construcción de los acuerdos agrarios, de erradicación de cultivos de uso ilícito, victimas, justicia, fin del conflicto y dejación de las armas, para transitar hacia la acción política pacífica en todo el territorio nacional y en los espacios institucionales vigentes.

Cada parte ha colocado lo suyo y más recientemente, en el contexto de la organización del Estado, el poder legislativo intervino con mucha eficacia para refrendar el Nuevo Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá.

El Ejecutivo ha dado pasos de gran impacto en la implementación de aspectos parciales, pero claves, de los pactos conocidos. Por iniciativa de la Consejería de paz se han conformado comisiones especiales encargadas de la implementación y seguimiento de los acuerdos, de la seguridad de los guerrilleros y sus principales líderes. También se han dado pasos de gran importancia, como el encargo al Consejo Superior de la Judicatura para que asuma la Secretaria Ejecutiva del Tribunal Especial de paz. Han sido anunciadas medidas para indultar decenas de guerrilleros recluidos en las cárceles y condenados por el delito de rebelión.

Las Farc, por su lado, han implementado el Cese unilateral del fuego y hostilidades, aliviando de esa manera los impactos de la guerra, y en el momento avanza en los procesos de concentración de los frentes guerrilleros para dar cumplimiento al cronograma establecido para el efecto en los documentos del Teatro Colon.

No obstante estos hechos, se presenta en la coyuntura un punto muerto de graves implicaciones. Me refiero a la posición de la Corte Constitucional, la otra rama del poder público, institución que revisa, a paso de tortuga, el tema del fast track, vital para la implementación de los consensos de la paz.

El fast track legislativo para incorporar al régimen constitucional y legal cada uno de los puntos que constituyen la Memoria histórica del fin del conflicto social y armado, no es un capricho y menos un asalto autoritario al régimen democrático como lo presenta el discurso oscurantista del bloque oligárquico fascista.

El fast track es la evidencia de la confianza y certeza de los compromisos del Estado con la resistencia campesina revolucionaria y popular. Es la garantía del cabal cumplimiento de los acuerdos firmados.

La indefinición en este frente con argucias y maniobras seudolegalistas es mortal y  absurda.

Sería un daño tremendo para Colombia no propiciar el fast track tal como está formulado en el Acto Legislativo 01 del 2016, asumiendo el hecho de la refrendación acordada ya por las Cámaras legislativas en votación mayoritaria que enriquece el clima de convivencia y concordia nacional.

Argumentar una temporalidad específica en los trámites de la Corte para justificar dilaciones y aplazamientos es ir en contravía del curso histórico visibilizado por la coyuntura.

La sociedad no entiende cómo pueda argumentarse que los tiempos de la paz no son también los tiempos de las superestructuras gubernamentales y políticas.

La Corte no puede vivir en la Luna y colocarse al margen de un tiempo histórico acelerado por los acuerdos de paz y encaminado a poner fin a tanto sufrimiento y destrucción.

Seria mortal para el futuro de Colombia que prosperen en la Corte Constitucional y sus integrantes, las descaradas presiones ejercidas por el ex presidente Uribe Velez, quien se fue hasta Washington a presionar desde un Hotel de Trump, con sus amigos de la ultraderecha republicana, a los magistrados para que hundan la via rápida legislativa que le de curso a la paz democrática en los escenarios del poder legislativo.

Nota. Gran paso el de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Choco para constituir la Región Administrativa y de Planificación/RAP, en los términos del nuevo ordenamiento territorial que fortalece la autonomía y la democracia descentralista. El próximo 12 de diciembre se dará el acto formal de conformación de dicha región en la ciudad de Tumaco (http://bit.ly/2gkhyYw ).

 

 

 

 

 

 

 

 

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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