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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

La construccion de la Paz debe apoyarse en un Plan Marco, en un CONPES y en la mas amplia participacion de la sociedad civil.

La paz necesita veedurias, control social y rendicion de cuentas, especialmene en los Planes de desarrollo con enfoque territorial en las 16 zonas priorizadas.

Horacio Duque.

Introduccion.

La implementación de los Acuerdos de paz alcanzados por el gobierno del Presidente Santos y los delegados de las Farc van tomando forma y se requiere que cada uno de sus temas, objetivos y proyectos sean conocidos por todos los ciudadanos y organizaciones populares de la sociedad civil para que los mismos se materialicen en beneficio de los sectores más débiles de la nación.

De la mayor importancia es el Plan Marco para los desarrollos de los acuerdos, el CONPES que debe aprobarse, la participación de la sociedad civil para que haga una vigilancia pormenorizada de cada una de las acciones contempladas y la calidad de los resultados que se vayan alcanzando, de mucha importancia los planes de desarrollo con enfoque territorial para las zonas priorizadas y los compromisos de los municipios y departamentos.

La paz necesita mucha transparencia y mucho compromiso ciudadano en las regiones, pues la reconciliación se construye de abajo hacia arriba.

Dada la fragilidad del trámite legislativo por causa de las practicas clientelistas de muchos legisladores, por sus descaradas ambiciones y su afán de enriquecimiento fácil con la denominada mermelada, se requiere que la sociedad civil focalice su control sobre el trámite de las leyes y actos legislativos de paz para que en su articulado no cuelguen bochornosos micos o se omitan temas concretos del texto del Acuerdo de paz. El caso del Magistrado electoral, Doctor Armando Novoa, sometido a presiones indebidas por parlamentarios corruptos es un campanazo para la opinión publica.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional.

El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables.

Prioridad a los derechos de las mujeres.

El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación con enfoque de género y étnico.

Vigencia del Plan.

El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar.

Documento CONPES.

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes. Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el acto legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno:

Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo, departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.  Los planes de desarrollo, departamentales y municipales serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos.

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregaran a los fondos dispuestos por el gobierno para esos fines.  

En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de los acuerdos.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento: se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos: sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas: se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos. Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia: en concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.  Herramientas de las nuevas tecnologías de información: asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.  

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.  Mecanismo especial para la denuncia ciudadana: en el marco de lo acordado, se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.  Fortalecimiento de los mecanismos de control interno: se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control: Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

Inicio de la implementación del Acuerdo Final.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 11 de mayo de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2016.

Prioridades para la implementación normativa.

Conforme a los acuerdos alcanzados hasta la fecha en la Mesa de Conversaciones, y en especial los de los días 11 mayo y 19 de agosto de 2016, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto legislativo 1 de 2016:

a. Ley de amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la PAZ, la Constitución Política, según acuerdos de 11 de mayo y 19 de agosto de 2016.

b. Ley de aprobación del Acuerdo Final, según acuerdo de 11 de mayo de 2016.

c. Las tres normas anteriores se tramitarán simultáneamente.

d. Acto legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, según acuerdo de 11 de mayo de 2016.

e. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dado por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

f. Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo. Incorporación a la constitución de la prohibición, de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del articulo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Pan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

 Calendario de implementación normativa.

Durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el acto legislativo 1 de 2016:

a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz.

d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

e. Reforma del Sistema de alertas tempranas. Acuerdo Final 24.08.2016 Página 178 de 297

f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz.

h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humano, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía la sociedad en especial, de las comunidades de las circunscripciones especiales de paz.

k. Ley y/ o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción. l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Implementación prioritaria.

Para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), los siguientes temas:

a. Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los planes nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios para la Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la Comisión de Seguimiento se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata.

b. Definición de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas.

c. Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas.

d. Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final.

e. Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

f. Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía

g. Convocatoria de una Conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas.

h. Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas de regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC EP a la vida política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo, antes de la fecha de realización del plebiscito de refrendación popular del Acuerdo Final.

i. Elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos.

j. Zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Nota 1.

Este viernes radicarán tres iniciativas del paquete legislativo para la paz (http://bit.ly/2hCDOui )

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que este viernes se radicarán tres iniciativas que se encuentran previstas dentro del paquete legislativo para la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc.

"Al medio día vamos a presentar el acto legislativo de Justicia Especial para la Paz, que ya está prácticamente listo; vamos a presentar una reforma a la Ley Quinta del Congreso de la República, para garantizar la participación de los tres voceros de la nueva agrupación política en el Senado y los tres voceros en la Cámara; vamos a presentar también el acto legislativo para facilitar la creación del nuevo partido político que surja de la desmovilización y el desarme de las Farc", afirmó.

Sin embargo, sobre la participación de los integrantes de Voces de Paz y Reconciliación, que este mismo jueves se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral como agrupación política, el ministro explicó que para que puedan participar en la discusión sobre la Ley de Amnistía la Cámara de Representantes y el Senado emitirán una resolución. 

"A partir de la semana entrante se hará una resolución de las mesas directivas para que puedan participar los voceros y ya mañana presentamos el proyecto de ley que reforma la Ley Quinta para permitir la participación de estos", dijo.

El borrador del acto legislativo de Justicia Especial para la Paz está compuesto por siete páginas y cerca de 17 artículos que desarrollan la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial de Paz; y las medidas de reparación integral para la construcción de paz.

Sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se establece que es un órgano autónomo y extrajudicial; se especifica que "no tendrá carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella"; y también, que la información que reciba no se podrá trasladar a autoridades judiciales para procesos.

Determina que la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas tendrá carácter humanitario y extrajudicial, y que tanto sus funcionarios como los de la Comisión no podrán ser obligados a declarar en procesos judiciales desde que el conocimiento de los hechos se hayan dado dentro de sus funciones.

En su tercer capítulo habla sobre la Jurisdicción Especial para la Paz se especifica: "administrará la justicia de manera autónoma y conocerá de manera prevalente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas por causa, con ocasión  y en relación directa o indirecta con el conflicto armado".

Sobre las tutelas en contra de las decisiones de la Jurisidicción determina que se deben presentar ante el Tribunal para la Paz. La primera instancia sería decidida por la Sección de Revisión y la segunda por la Sección de Apelaciones, y agregan: " El fallo de la tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional".

Además contiene un capítulo específico para el tema de extradición, en donde deja establecido que no se podrá conceder la extradición a personas que estén acogidas en este sistema; y deja claro que quienes se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz  y tengan sanciones no quedarán inhabilitados para participar en política.

Nota 2.

El siguiente es un ejemplo del sabotaje soterrado de los parlamentarios a los proyectos de ley del proceso de paz. Al Magistrado Armando Novoa le montaron una gavilla coordinada por Héctor Eli Rojas, ex senador y saqueador de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, un subalterno del ex ministro Jaime Castro (http://bit.ly/2h80TUp ).

¿Por qué el Congreso le negó licencia al magistrado Armando Novoa?

Aunque Novoa acudió ayer a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para

 ¿Por qué el Congreso le negó licencia al magistrado Armando Novoa?

Uno de los puntos claves del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc habla de la conformación de una Misión Especial Electoral, encargada de hacer recomendaciones sobre las reformas que requiere el sistema electoral colombiano para que sea autónomo, independiente, moderno y, sobre todo, transparente. Recientemente, sus miembros fueron definidos: Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia; Alberto Yepes, magistrado del Consejo de Estado; Jorge Enrique Guzmán, director del Departamento de Psicología Social de la Universidad Javeriana; Juan Carlos Rodríguez-Raga, profesor de la Universidad de los Andes; Salvador Romero Ballivian, experto en asuntos electorales, y Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pues resulta que Novoa acudió ayer a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para que se le autorizara formar parte de dicho organismo, lo cual le fue negado. ¿Por qué? Esto dijo en El Espectador:

¿Quién lo escoge a usted para ser miembro de esa Misión Electoral Especial?

La Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, el Centro Carter y el Instituto Holandés para la Democracia. Entonces, para poder estar dedicado de tiempo completo a la Misión, hice lo mismo que el magistrado Alberto Yepes en el Consejo de Estado, que pidió una comisión de servicios y se la otorgaron en el mismo Consejo. Me vine al Congreso a solicitar esa autorización porque el Consejo Nacional Electoral me dijo que no tenía competencia para eso y aquí me la negaron.

¿Exactamente quién se la negó?

Las plenarias de Senado, con 32 votos en contra y de la Cámara con 52. José Name, el Centro Democrático y el Partido Conservador intervinieron oponiéndose a la solicitud, y había algunos magistrados del mismo CNE haciendo lobby para que me negaran la comisión.

¿Con qué argumentos?

Pues según los comentarios, porque dizque es incompatible estar en esa comisión y ser del Consejo Electoral, pues eso podría generar conflicto de intereses. Pero si es una comisión de carácter académico, ¿qué conflicto puedo tener allí? Es como cuando nombran a un magistrado para que colabore en la comisión redactora de un código. Salvo que me propongan que me reelija indefinidamente o sacar un beneficio personal. Y ya por los pasillos hay quienes dijeron que yo era de las Farc y que tengo unos “antecedentes” con temas que he defendido, como las circunscripciones especiales, el estatuto de oposición o la misma reforma al sistema electoral, que el Congreso no quiere.

¿Cómo así que hubo magistrados del CNE que hicieron “lobby” en su contra?

Así es. No podría decir por qué, aunque supongo puede ser por malestar de que no los escogieron a ellos o para bloquear la posibilidad de desarrollo de los acuerdos de paz, porque eso en la práctica es pelear para que el CNE mantenga el statu quo actual, que es deplorable. Un Consejo que no rinde cuentas, que tiene favoritismo con algunos partidos políticos, que no tiene transparencia, que sesiona poco tiempo y cuyos magistrados se la pasan de paseo en paseo. Creo que todo eso incidió.

¿Queda cerrada entonces la posibilidad de formar parte de la Misión?

No existe ninguna restricción, porque finalmente se trata de una comisión de carácter académico y no hay conflicto de intereses. Por eso me nombraron esas entidades. Hay que elevarle una consulta al Gobierno, a la misma mesa de los plenipotenciarios y a quienes me postularon, y ver cómo queda la situación. En principio pienso que no tengo impedimento legal. Ahora, lo que queda claro es que, en la práctica, es la primera derrota del Gobierno en el trámite en el Congreso de los acuerdos de La Habana. Están tratando de impedir que se constituya en debida forma un organismo que tiene el encargo de proponer reformas electorales desde el punto de vista académico.

 

 

 

Voces de paz, agremiacion politica civil de la resistencia campesina y popular, emerge como la expresion de una corriente social comprometida con la construccion de la paz.

¿Será un partido-movimiento?

Horacio Duque.

Introducción.

La implementación de los acuerdos de paz sobreviene y se dan una seria de acontecimientos de la mayor trascendencia.

La noticia de la constitución de la nueva agrupación política por parte de las Farc, Voces de paz (http://bit.ly/2hGEnGk ), es un hecho que impacta el campo político, el cual amerita una profunda reflexión.

Nos encontramos en el tránsito de la guerra de guerrillas de movimientos a una guerra política de posiciones para la construcción de una nueva hegemonía nacional y popular.

En tal sentido conviene plantearse, de manera preliminar, unas cuestiones para contribuir a que este esfuerzo se abra paso y consolide como un horizonte de posibilidades para las masas populares y la democracia ampliada que nos ha traído la paz.

¿Qué prácticas aberrantes del pasado deben superarse para lograr atraer a millones de ciudadanos, sumidos en la apatía política y en un repudio despolitizado de la corrupción y el neoliberalismo? ¿Qué formas de organización debe darse la nueva asociación política?

¿Voces de paz debe constituirse como un partido-movimiento que lo asimile con los potentes movimientos sociales surgidos en los años recientes, como una confluencia de expresiones campesinas, populares, indígenas, intelectuales, ambientalistas, feministas y afro descendientes?

¿Qué papel debe atribuirse a su equipo de dirección?

Lo organizativo. Superar viejas y malsanas prácticas.

La construcción de una nueva agremiación política por parte de las Farc, ponen en el centro del debate la problemática de la organización y la estructura de una nueva fuerza política.

Ante los desafíos abiertos en el ámbito institucional  como resultado de los Acuerdos de paz, resulta indispensable abordar un debate político y organizativo para afrontar esta nueva etapa política.

Se trata de problemas o tensiones que no son novedosos, la novedad es la oportunidad de cambio social y político que vive nuestro país.

De manera puntual, se requiere asumir modelos organizativos que aborden desafíos inmediatos: superación de la forma partido tradicional, despliegue instituyente hacia lo social, eliminación de tendencias burocráticas y centralistas, creación de mecanismos que promuevan la democracia y la pluralidad internas, etc.

El ‘devenir Príncipe’ de las clases subalternas, anota Gramsci, supone dotarse de una consistencia organizativa y un proyecto estratégico claro que supere las posiciones 'subversivistas' inorgánicas que “mantienen un estado febril sin porvenir constructivo”.

Dicha consistencia no debe caer, sin embargo, en una excesiva centralización en la que los órganos de dirección suplanten al partido y ahoguen la iniciativa política de las bases y otras formas organizativas de clase.

Son innumerables los ejemplos de organizaciones que se fueron fosilizando a causa de un creciente dogmatismo ideológico, una férrea centralización o dinámicas irreversibles de burocratización tan bien descritas por Robert Michels.

El desafío pasa, entonces, por diseñar e implementar mecanismos concretos que inhiban esta tendencia y permitir que las organizaciones se mantengan como espacios vivos y dinámicos.

Gramsci resalta la necesidad de un programa intensivo de formación que permita que “todo miembro del Partido sea un elemento político activo, sea un dirigente”. La formación política no pasa sólo por aspectos teóricos sino que aborda cuestiones relacionadas con la intervención práctica y con el fomento de una determinada ética militante, alejada del narcisismo vanguardista, el oportunismo burocrático y la sacralización del partido marcada por el conservadurismo y la burocratización

Un militante de la paz no debería ser un soldado acrítico sino ante todo un organizador, para quien la lealtad y el crecimiento de su organización es importante, pero aún más la creación de una sociedad abigarrada y en movimiento capaz de resistir y sobre todo crear alternativas a la dominación neoliberal.

El problema de la organización de la nueva fuerza política debe ser afrontado de forma democrática y productiva, traduciendo sus conclusiones en orientaciones y líneas de actuación.

El partido-movimiento[1].

Si algo  tendrá que caracterizar a Voces de paz, para diferenciarse claramente de las maquinarias clientelares tradicionales, será su especial vinculación con distintos movimientos sociales y populares. En esto, les resulta aplicable, en mayor o menor medida, la definición de “partido-movimiento” sugerida por Herbert Kitschelt (2006) (Ver http://bit.ly/2h2AqYJ ) para referirse, fundamentalmente, a los partidos de la izquierda libertaria surgidos en distintos países a principios de los ochenta.

Estos partidos se caracterizaban por mantener rasgos organizativos y programáticos similares a los de un movimiento social. En lo organizativo mantienen procedimientos internos de toma de decisiones de tipo participativo y tienen una estructura más horizontal y menor jerárquica que la de otros partidos. Sus programas, por otra parte, tienden a centrarse en algunos temas concretos y a ser menos comprensivos. Pero, a diferencia de los movimientos sociales, se trata de formaciones que compiten en la arena electoral, sin que ello impida que, de vez en cuando, sigan recurriendo a formas de acción colectiva propias de los movimientos sociales, como es la protesta en la calle. No es tanto en los programas donde se espera encontrar diferencias, sino en los rasgos organizativos que permiten considerar a la nueva agremiación como un “partido-movimiento”.

Crear institucionalidad popular.

Un partido-movimiento debe otorgar un lugar central a la creación de una institucionalidad popular que exceda a las funciones de representación y buscar una articulación permanente entre las expresiones contemporáneas plebeyas. El nivel de protagonismo de los sectores plebeyos y populares y la capacidad de desbordar y exceder a las vanguardias jacobinas son buenos indicadores tanto de la salud de una organización política como de la potencia de un proceso de cambio político y social.

Características del partido-movimiento.

En primer lugar, la forma-movimiento señala ante todo la existencia de una multiplicidad de instancias organizativas que, en relación con la forma-partido, presentan mayores cotas de plasticidad, dinamismo, informalidad y descentralización.

En segundo lugar, se caracteriza por un tipo de acción y organización colectiva fundamentalmente extra-institucional y que, si bien puede producir impactos en la forma-Estado y las políticas públicas, no tiene como objetivo central la participación en los órganos de representación política sino una vertebración organizativa de lo social.

En tercer lugar y estrechamente vinculado a lo anterior, la forma-movimiento se ha especializado en una política situacional, que busca desplegar o fortalecer la potencia de auto organización de los sujetos afectados por una determinada problemática. Este trabajo en situación, que tiene su revés en un excesivo particularismo o sectorialización, ha permitido enriquecer y profundizar el conocimiento sobre los múltiples mecanismos de dominio y explotación pero también sobre las formas de resistencia y subjetivación política –pensemos la contribución del movimiento feminista o anticolonial por poner tan solo dos ejemplos–. Ha permitido a su vez a que sea en la forma-movimiento donde se han producido mayores niveles de innovación –organizativa, técnica, comunicativa, etc.– y donde se han ensayado prototipos organizativos capaces de adaptarse y anticiparse en muchos casos a los cambios sociales y subjetivos en curso.

La propuesta es pensar la relación partido/movimiento en términos de articulación y ensamblaje y no de dicotomía o disyunción.

El desafío es ensamblar las piezas de la forma-partido y la forma-movimiento, abordando la relación desde un análisis institucional interesado ante todo en su funcionamiento, sus dispositivos y su adaptabilidad a los objetivos y actores presentes en el actual momento político. Desde esta perspectiva, resulta indispensable analizar y extraer saberes organizativos de muchas experiencias de movimientos.

Como demuestra la historia, cuando el capital avanza y deja de someterse al mando democrático, la vida –incluido el planeta– se vuelve precaria y vulnerable. No es casual que las situaciones en las que se han articulado movimientos en los últimos años estén atravesadas por la desposesión y la precarización, rasgos centrales de la regulación neoliberal del conflicto capital-vida.

Lo que estos movimientos señalan son escenarios donde existe una disputa, viva y encarnada, por el significante democracia y la orientación de las políticas públicas: luchas por la vivienda; en defensa de la salud, la educación y otros servicios públicos; galaxia de micro-conflictos entorno al desempleo, la exclusión y la desregulación laboral; demandas y conflictos vinculados a la democracia urbana; redes por la defensa de los bienes comunes –naturales o digitales–,etc.

Un partido-movimiento debe habitar e intervenir en estas situaciones porque en ellas se juega la vida. Y para ello debe incorporar dispositivos más propios del mejor sindicalismo, las asociaciones vecinales y las redes, que de los partidos políticos tradicionales oligárquicos. En la actual ofensiva neoliberal sobre la vida el partido-movimiento tiene que ser capaz de articularse también como una agremiación social, combinando funciones de asesoramiento, organización, conflicto, negociación colectiva y defensa y ampliación de derechos.

El desafío de crear y fortalecer procesos de organización frente a la precarización y forzar una tendencia para fortalecer los salarios directos e indirectos es una cuestión inaplazable. Sabemos que para construir una nueva mayoría no bastará con buenos y honestos representantes institucionales. Necesitamos una sociedad abigarrada que acompañe y protagonice, desde múltiples situaciones y escenarios, el proceso de cambio social en curso, para lo cual precisamos de modelos organizativos que sepan ensamblar de la forma más virtuosa posible los mejores dispositivos de la forma-partido, la forma-sindicato y la forma-movimiento.

El Partido de Movimiento opera mediante una racionalidad política basada en la expresión –y con ello la tendencia a una ampliación de la potencia política de lo social que se despliega también en lo estatal– y tiene como referencia central a la 'sociedad en movimiento'. En segundo lugar, esto se traduce en un modelo organizativo de tres patas que, si bien funcionan de forma articulada, responden a lógicas y modos de hacer singulares: la institución, el territorio y las prácticas prefigurativas.

El trabajo institucional asume el desafío de implementar nuevas formas de expresión y representación radicalmente democráticas así como impulsar, con rigor y eficiencia, políticas públicas al servicio de los sectores populares.

Además de formar organizadores y promover una ética militante basada en la 'leninista sencillez', un partido-movimiento debe dotarse de instrumentos que aseguren su permeabilidad y apertura con una membresía laxa.

Lo que requiere de formas de participación que se adapten a la flexibilidad de los tiempos y las situaciones vitales de la gente –no todo el mundo puede o quiere participar en calidad de militante– y crear programas de trabajo y líneas de intervención que permitan una vinculación productiva al proyecto, sostenida en el hacer –con múltiples modos e intensidades– y no tanto en admirar, criticar o debatir ad nauseam las acciones de la dirección. Esto requiere una apuesta firme por una democracia interna que lejos de conformarse con plebiscitar decisiones ya tomadas, confía en la descentralización y en la inteligencia colectiva de sus bases para el diseño, ejecución y evaluación de los planes de trabajo y las orientaciones políticas.

El desafío no es construir una organización que tienda a unificar sobre sí a las fuerzas del cambio sino el articular con la máxima potencia política a la multiplicidad, es nombrar procesos dinámicos que exceden y desbordan a los actores políticos formales.

Lecciones para un partido-movimiento.

En términos estrictamente políticos emergen dos lecciones inmediatas para un partido-movimiento que intervenga en la coyuntura.

En primer lugar, el desafío no es construir una organización inmensa que tienda a unificar sobre sí a las fuerzas del cambio sino el articular con la máxima potencia política a la multiplicidad de actores con los que se comparte una construcción hegemónica 'en común'. Pasar del catch-all party al articulate-all party. Un partido-movimiento no busca absorber o subordinar a otras experiencias sino producir la mejor articulación posible con ellas, componiendo –no imponiendo– de ese modo un proceso expansivo de cambio. En la práctica esta articulación entre demandas y actores diferentes y asimétricos muestra toda su complejidad y emergen multitud de conflictos. Los procesos de confluencia ensayados en los últimos años reflejan esa dificultad, pero también una enorme potencia política y el desarrollo de una cultura de la articulación y una 'diplomacia de base' que deben ser optimizadas.

En segundo lugar, si no se expande no es política. Esta voluntad expansiva exige tener mirada larga y vocación mayoritaria, siendo capaces de desbordar a las organizaciones formales y determinadas identidades ideológicas para interpelar y afectar al conjunto de la sociedad. Y aquí es donde se requiere del mismo modo de significantes abiertos y prácticas discursivas inclusivas como de un contacto y cooperación material con la miríada de actores que habitan e intervienen en la formación de la cultura popular y el sentido común.

Sobre la dirección política[2].

Lo sabemos desde siempre, dice Monereo. Antonio Gramsci se encargó de recalcarlo con mucha fuerza: la clave de un partido en construcción, en un contexto de crisis orgánica, es su dirección política. Ésta será la tarea decisiva a definir en la nueva etapa de construcción de la paz, concretar con precisión el proyecto y el equipo dirigente capaz de realizarlo, sabiendo que no tenemos todo el tiempo del mundo y que los poderes nos acosarán. La lucha de clases es así y no caben falsos idealismos: pretender cambiar el sistema y que los poderes te aplaudan, no parece posible.

Hablo de equipo dirigente, de una dirección política capaz de construir organización en todas las localidades, pueblos, ciudades, en los centros de trabajo; de promover la existencia de centenares de círculos insertados sólidamente en el territorio y en el conflicto social, de formar a centenares de cuadros capaces de gestionar nuestro “sector público democrático”, de impulsar alianzas sociales y de construir una institucionalidad alternativa. La dirección política de una fuerza transformadora y antagonista es algo más que hacer ruedas de prensa, intervenir en tertulias o aparecer en las instituciones; es construir sentido común, propiciar formas de vida que promuevan la cooperación, la solidaridad, el apoyo mutuo.  Para decirlo con más precisión: una dirección que construya poder social, hegemonía cultural y democratice las instituciones.

Dejo a consideración de los lectores estas primeras puntadas de un debate que se enfoca en el hecho más importante del salto de las armas a la política civilista.

Notas.

[1] Esta parte del análisis recoge en gran parte la reflexión de Nicos Sguiglia sobre el tema del partido-movimiento que se puede localizar en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2gD0Y1i . Igualmente asumimos en enfoque de Irene Martin en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2gLkLAB

[2] Remito al siguiente artículo de Manolo Monereo para establecer los alcances del tema del papel de la dirección política de un partido-movimiento. Ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2h2zkft

La disputa por la construcción de la paz se traslada ahora al terreno del Estado y sus instituciones.

Hay que avanzar en los procesos de acumulacion politica, con las nuevas herramientas, para enfrentar adecuadamente el sabotaje y la arremetida de la ultraderecha fascista.

Horacio Duque.

Si no se acelera es bien probable que el pan se nos queme en la puerta del horno. Para que la paz sea una realidad tangible, es prioritario iniciar ya la implementación y ejecución de los Acuerdos firmados entre el gobierno y las Farc, en los primeros días de diciembre del año en curso.

La implementación es un todo orgánico y de materialización simultánea en distintos campos. El Presidente y la parte ejecutiva del gobierno, deben hacer lo que le corresponde; el Parlamento debe trabajar, a toda marcha, para expedir las Leyes y Actos legislativos; las Farc deben hacer lo que les corresponde en su tarea de construir una agremiación política y de gestionar en el plano estatal y del gobierno lo que ha sido pactado.

Por supuesto, la sociedad civil tiene grandes retos y para asumirlos es necesario conocer los detalles de los acuerdos en materia de implementación.

En tal sentido, vamos a tratar en detalle esta materia, mediante varios artículos, breves y pedagógicos.

Iniciamos con la parte institucional y la reforma estatal que conlleva dichos desarrollos; es, justamente, en el nivel del Estado y sus instituciones donde se plantea la continuidad de la disputa entre el autoritarismo y la democracia ampliada que proyecta el Acuerdo de paz.

La lucha por la paz sigue su marcha y hay que irla construyendo y consolidando en el día a día, sin cruzarse de brazos, ni anticipando eventuales contratiempos que puedan ocurrir en el futuro mediato o inmediato. Todo dependerá de la correlación de fuerzas, de los acumulados políticos que se logren mediante la concreción de las transformaciones sociales, económicas y políticas.

Nadie ha dicho que no sobrevendrán dificultades y peores arremetidas de la ultraderecha. Pero hace cinco años las cosas eran mucho peor.

Es muy probable que en el 2017 estalle una crisis fiscal o económica, porque a Santos le fracase su reforma tributaria y todo evolucione hacia una mayor profundidad de la lucha de clases, pues las masas radicalizadas exigirán soluciones muy concretas a sus problemas. Hay que estar preparados para ello y adecuar las consignas de la paz a una coyuntura de esas características, para medidas y propuestas de mayor calado. Nada está escrito al respecto.

Hay que estar preparado para que una ola popular, un movimiento social muy potente ponga las cosas en su sitio y nos obligue a plantear fórmulas innovadoras en el campo de la acción política. Formulas en las que lo de menos son los viejos repertorios de una izquierda completamente desubicada e incompetente para encauzar las revueltas sociales.

Pero entremos en materia.

La Comisión de Implementación, seguimiento y verificación.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, adoptaron un acuerdo para crear la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final, se proyecta, debe crearse la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias” (http://bit.ly/2ghaDLU ), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC EP o del movimiento político que surja de su tránsito a la vida legal.

La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prorroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente y por plenipotenciarios de las FARC-EP, en la Mesa Conversaciones de La Habana.

Objetivos de la Comisión.

Los objetivos de la Comisión serán la resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación.

La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.

Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo la agremiación política que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general.

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz. 

Funciones de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).

La CSVR tendrá las siguientes funciones:

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por los mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas.

Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V.

En particular, la CSVR deberá:  

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final.

Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por Presidente de la República.

Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final.

Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana.

Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos.

La CSVR podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales.

Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CVSR en el Acuerdo Final.

Composición.

La CSVR estará compuesta por tres delegados/as del Gobierno Nacional, tres delegados de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, y contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela.

La CSVR contará con una Secretaria técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. A las reuniones de la comisión podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.

CSVR Ampliada.

Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSVR realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde.

La CSVR presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.

Ubicación y Temporalidad.

La CSVR podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSVR sesionará de forma regular con el  formato indicado hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido en el acuerdo.

Composición del mecanismo de verificación y funciones.

El mecanismo de verificación estará compuesto por las siguientes instancias:

Notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por parte de las FARC-EP, que tendrán las siguientes funciones: a. Realizarán los pronunciamientos públicos, en relación con los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y puntos de discusión y controversia, todo ello en coordinación con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, en adelante la CSVR. b. En relación con los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos, los notables, en coordinación con los representantes de los países que hacen parte del componente internacional de verificación, presentarán recomendaciones de solución.

Componente internacional de verificación.

El componente internacional de verificación que hace parte de la CSVR, estará integrado por un representante de cada uno de los países: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, que como garantes y acompañantes han estado presentes a lo largo del proceso de diálogo para poner fin al conflicto. Su participación se desarrollará sin perjuicio de las tareas de acompañamiento que cumplan para la implementación de los acuerdos. El componente funcionará con los siguientes criterios:  a. Se ajustará a los protocolos establecidos por la CSVR para la verificación de la implementación de los acuerdos. El protocolo se construirá con los países que integran el componente internacional. b. Coordinará con la CSVR los procesos de verificación. c. Comprobará el cumplimiento de los protocolos de implementación y verificación. d. Podrá consultar a institutos con capacidad en el terreno u otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar a la verificación de la implementación de los acuerdos. e. Coordinará sus actividades con los criterios de funcionamiento y alcance que la CSVR le haya asignado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU (http://ntrda.me/2hOMo83 ). f. Rendirá sus observaciones de cumplimiento a la CSVR durante los primeros 18 meses y posterior a ello, se realizarán semestralmente, basándose en los informes del Instituto Kroc. Las observaciones de cumplimiento serán transmitidas a la CSVR y a los notables.

Componente técnico. El papel del Instituto Kroc.

El Instituto Kroc (http://ntrda.me/2hOMo83 ), con sujeción a los criterios y líneas de acción que defina la comisión de seguimiento, desarrollará entre otras, las siguientes actividades: a. Diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos. b. Aportará las buenas prácticas y experiencias para un seguimiento efectivo a la implementación de los acuerdos. c. Brindará el soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento a la implementación de los acuerdos. d. Construirá con rigor metodológico un modelo de evaluación y seguimiento que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz. e. Su esfuerzo de trabajo técnico podrá ser complementado con las buenas prácticas y experiencias de otras instituciones e institutos que sean convenidos por el componente internacional de verificación y aprobados por la CSVR. f. Los informes, matrices y productos generados por el Instituto Kroc, tendrán como destinatario el Componente Internacional de Verificación y la CSVR, de conformidad con los criterios de confidencialidad que allí se establezcan. g. Las actividades de acompañamiento internacional y los informes de los componentes temáticos, serán tenidos en cuenta como un insumo para asegurar el seguimiento objetivo al cumplimiento de la implementación de los acuerdos.

Misión política de verificación de las Naciones Unidas.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo.

Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes: Acuerdo 3.2. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Reincorporación política b. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. c. Reincorporación económica y social. Acuerdo 3.4. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva b. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. c. Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. d. La Misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado y con experiencias en Derechos Humanos.

Calidades del verificador.

El verificador, entendido para efectos de este acuerdo, como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos, estará fuera de la controversia y la opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz. El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU derechos humanos) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Así mismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos.

Temporalidad del componente internacional de verificación.

La CSVR previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor Presidente de la República la finalización de su funcionamiento.

Componente de acompañamiento internacional.

El acompañamiento internacional incluido en el punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna, y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional en los términos como se define en el acuerdo, tendrá conexión con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional:

Criterios generales.

Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales:

Soberanía: el acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos. Imparcialidad: se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos, y los valores democráticos, como garantía para que la implementación de los mismos, contribuya a la construcción de la paz. Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos: el apoyo del acompañamiento internacional, radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Acompañamiento internacional.

Las FARC-EP y el Gobierno Nacional acordaron que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo general para el fin del conflicto.

Acuerdo Instancia de acompañamiento internacional.

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral - Unión Europea - FAO - Vía Campesina

2. Participación política: apertura democrática para construir la paz - Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD.

3.1. Reincorporación - Unión europea - UNESCO - PNUD - OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes).

3.2.El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. - Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3.3. Lucha para el desmantelamiento de organizaciones - UNODC y Estados Unidos

3.4 Unidad especial de investigación - Estados Unidos - Unión Europea

3.5. Garantías de seguridad y personal - Estados Unidos - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas - UNODC - Comisión Global de Drogas

5. Víctimas Derechos Humanos de las víctimas - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. - CICR - ICTJ - Podrán ser invitadas por la CSVR, otras instituciones que realizan acompañamiento internacional. Unidad de búsqueda de desaparecidos - Suecia – CICR.

Conclusión.

Como se puede concluir en este componente de la implementación está prevista toda una malla institucional alternativa para procurar la materialización los acuerdos y consensos de paz.

Es lo que debe ocurrir con otras instancias de dimensión gubernamental previstas para respaldar las acciones concretas de la paz. Me refiero a la ‘Comisión Nacional de Garantías de Seguridad’, la ‘Unidad Especial de Investigación’, el ‘Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política’, o el ‘Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios’, las cuales dependerán de la legislación que expida el Congreso en desarrollo de sus competencias y según el fast Track aprobado por la Honorable Corte Constitucional el dia de ayer martes 13 de diciembre.

Nota 1. Un grupo de 900 maestros del Quindío han tomado la decisión de conformar un Frente Amplio por la democracia sindical para resolver la difícil problemática del Suteq a la que ya se hacía mención con anterioridad ( Ver http://bit.ly/2hx1Arc ).

Nota 2. Paz en la tumba de Juan Daniel Jaramillo. Fuimos compañeros de Universidad en la Facultad de Derecho, y a pesar de nuestras discrepancias ideologicas compartimos una buena y cordial amistad (http://bit.ly/2huLYHs ).

 

 

 

 

Prevaleció la razon y la paz en la Corte Constitucional, la cual le dio via libre al fast track legislativo para avanzar en la implementacion de los consensos de paz.

Crucial y definitiva la movilizacion de masas y la agitacion en la sociedad civil para exigir de la Corte un pronunciamiento acorde con las acciones para poner fin a la guerra. 

No se salieron con la suya los reconocidos enemigos de la paz que se agrupan alrededor del nefasto y retardatario ex presidente de marras.

Horacio Duque.

Se necesitó de una formidable movilización y agitación en el campo de la sociedad civil, con plantones y artículos de opinión, exigiendo a la Corte Constitucional aplicación y buen criterio en el examen del denominado Fast Track legislativo (Vía rápida) establecido en el Acto Legislativo 01 de 2016 (http://bit.ly/2difGiL ), con ocasión de una demanda presentada por un reconocido constitucionalista  por su no conformidad con el texto de la Carta de 1991, para obtener el importante pronunciamiento dado a conocer hoy 13 de diciembre de 2016.

Los grupos de ultraderecha, representados por el señor Uribe Vélez, recurrieron a todo tipo de presiones, mentiras y amenazas jurídicas, para obligar a los Magistrados de dicha institución a pronunciarse en un sentido contrario a los contenidos de los acuerdos pactados entre el Estado y los delegados de las Farc para poner fin al conflicto social y armado.

Les salió el tiro por la culata.

Prevaleció el interés supremo de la paz por encima de los odios y amarguras de los promotores y negociantes de la guerra.

En efecto 8, de los 9 Togados, han determinado que el Fast Track es constitucional y que la refrendación dada por el Poder Legislativo al Acuerdo de Paz del Teatro Colon es válido y puede ser profundizado con nuevas medidas que lo reafirmen, en el texto de las leyes y reformas constitucionales que se aprueben en los próximos 180 días.

¿Qué dice el Acto Legislativo 01 de 2016?

En esos términos es importante resaltar las normas contenidas en el Acto legislativo mencionado, que abrevian el trámite de los proyectos de Ley y de Actos Legislativos que se pongan a consideración de las corporaciones legislativas, pero que además le otorgan facultades extraordinarias al Presidente para avanzar en la implementación de los consensos de paz.

Dice así el artículo 1º.  “Procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República. El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se regirá por las siguientes reglas: a) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional, y su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera; b) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial.  En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre  cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él; c) El título de las leyes y los actos legislativos a los que se refiere este artículo, deberá  corresponder precisamente a su contenido y a su texto procederá esta fórmula: "El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, DECRETA d) El primer debate de los proyectos de ley se surtirá en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las plenarias de cada una de las Cámaras; e) Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su naturaleza; los actos legislativos serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será de 8 días. g) Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta; h) Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno nacional; i) Todos los proyectos y de acto legislativo podrán tramitarse en sesiones extraordinarias; j) En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación; k) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las Leyes Estatuarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados. En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República”.

Artículo 2°. “La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así: Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición”.

¿Cuáles son las Leyes y Actos legislativos para la paz que deben tramitarse?

Conviene, entonces, examinar en detalle los proyectos de Ley y Acto legislativo incluidos en el Nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colon a principios de diciembre, para estar atentos a los desarrollos pertinentes que ya el Presidente del Senado, Doctor Lizcano, dice se tramitaran con el mayor rigor.

Veamos tales proyectos:

“Conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional garantizará el siguiente calendario de implementación legislativa: El Acuerdo Final se incorporará conforme a las normas constitucionales (http://bit.ly/2gMm6q5 ).

De forma prioritaria y urgente se tramitarán los siguientes proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el Acto Legislativo 1:

a. Ley de Amnistía y Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Constitución Política.

b. Acto legislativo para la incorporación de un artículo transitorio a la Constitución Política, según acuerdo de 9 de noviembre de 2016.

c. Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

d. Las normas incluidas en los literales anteriores se tramitarán simultáneamente.

e. Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a lo establecido en el numeral 46 del Acuerdo de creación de dicha jurisdicción, normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios: el sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimento a los principios contemplados en el numeral 14.

f. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

g. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

h. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC-EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

i. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del Artículo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

j. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

k. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.

Calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016 (http://bit.ly/2gMm6q5 )

a. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

b. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

c. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz.

d. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

e. Reforma del Sistema de alertas tempranas.

f. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

g. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz.

h. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

i. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

j. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía, la sociedad, en especial de las comunidades de las Circunscripciones Especiales de Paz.

k. Ley y/o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción.

l. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

m. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

n. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.

Conclusión.

La implementación de los acuerdos de paz amerita la puesta en vigencia de esta trascendental reforma del Estado y de sus instituciones.

Como sociedad civil nos corresponde ejercer una permanente veeduría y control social sobre cada uno de los trámites y pasos previstos para seguir apalancado la construcción de la paz.

 

 

La Corte Constitucional debe armonizar sus tiempos con los de la paz, que es  una prioridad nacional. La Corte no puede colocarse en contravia del clamor nacional para que se ponga fin a la guerra y el conflicto social y armado.

Vergonzosas y ridiculas las presiones del ex presidente Uribe Velez, quien se amanguala con la derecha republicana, en un hotel de Trump en Washington, para llevar a la Corte Constitucional al bloqueo del fast track legislativo.

Horacio Duque.

La consolidación de la paz es una tarea de gran prioridad nacional dada la fragilidad de los consensos alcanzados en la Mesa de diálogos, pues la arremetida sistemática del bloque retardatario encabezado por el ex presidente Uribe Velez, como representante de terratenientes, generales, obispos, pastores, banqueros, caciques políticos, multinacionales, mafias del narco y grandes contratistas del Estado, no cede en su pretensión de mantener incendiado el país y en una guerra irracional, caldo de cultivo para perpetuar un régimen social y de poder profundamente antidemocrático.

El fin del conflicto ha sido una obra maestra construida a lo largo de varios años, en una paciente labor que ha comprometido la Presidencia de la Republica y los representantes plenipotenciarios de las Farc.

Dedicación, ponderación, inteligencia y espíritu transaccional, son virtudes de las que han hecho gala los integrantes de las delegaciones en la Habana en la construcción de los acuerdos agrarios, de erradicación de cultivos de uso ilícito, victimas, justicia, fin del conflicto y dejación de las armas, para transitar hacia la acción política pacífica en todo el territorio nacional y en los espacios institucionales vigentes.

Cada parte ha colocado lo suyo y más recientemente, en el contexto de la organización del Estado, el poder legislativo intervino con mucha eficacia para refrendar el Nuevo Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá.

El Ejecutivo ha dado pasos de gran impacto en la implementación de aspectos parciales, pero claves, de los pactos conocidos. Por iniciativa de la Consejería de paz se han conformado comisiones especiales encargadas de la implementación y seguimiento de los acuerdos, de la seguridad de los guerrilleros y sus principales líderes. También se han dado pasos de gran importancia, como el encargo al Consejo Superior de la Judicatura para que asuma la Secretaria Ejecutiva del Tribunal Especial de paz. Han sido anunciadas medidas para indultar decenas de guerrilleros recluidos en las cárceles y condenados por el delito de rebelión.

Las Farc, por su lado, han implementado el Cese unilateral del fuego y hostilidades, aliviando de esa manera los impactos de la guerra, y en el momento avanza en los procesos de concentración de los frentes guerrilleros para dar cumplimiento al cronograma establecido para el efecto en los documentos del Teatro Colon.

No obstante estos hechos, se presenta en la coyuntura un punto muerto de graves implicaciones. Me refiero a la posición de la Corte Constitucional, la otra rama del poder público, institución que revisa, a paso de tortuga, el tema del fast track, vital para la implementación de los consensos de la paz.

El fast track legislativo para incorporar al régimen constitucional y legal cada uno de los puntos que constituyen la Memoria histórica del fin del conflicto social y armado, no es un capricho y menos un asalto autoritario al régimen democrático como lo presenta el discurso oscurantista del bloque oligárquico fascista.

El fast track es la evidencia de la confianza y certeza de los compromisos del Estado con la resistencia campesina revolucionaria y popular. Es la garantía del cabal cumplimiento de los acuerdos firmados.

La indefinición en este frente con argucias y maniobras seudolegalistas es mortal y  absurda.

Sería un daño tremendo para Colombia no propiciar el fast track tal como está formulado en el Acto Legislativo 01 del 2016, asumiendo el hecho de la refrendación acordada ya por las Cámaras legislativas en votación mayoritaria que enriquece el clima de convivencia y concordia nacional.

Argumentar una temporalidad específica en los trámites de la Corte para justificar dilaciones y aplazamientos es ir en contravía del curso histórico visibilizado por la coyuntura.

La sociedad no entiende cómo pueda argumentarse que los tiempos de la paz no son también los tiempos de las superestructuras gubernamentales y políticas.

La Corte no puede vivir en la Luna y colocarse al margen de un tiempo histórico acelerado por los acuerdos de paz y encaminado a poner fin a tanto sufrimiento y destrucción.

Seria mortal para el futuro de Colombia que prosperen en la Corte Constitucional y sus integrantes, las descaradas presiones ejercidas por el ex presidente Uribe Velez, quien se fue hasta Washington a presionar desde un Hotel de Trump, con sus amigos de la ultraderecha republicana, a los magistrados para que hundan la via rápida legislativa que le de curso a la paz democrática en los escenarios del poder legislativo.

Nota. Gran paso el de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Choco para constituir la Región Administrativa y de Planificación/RAP, en los términos del nuevo ordenamiento territorial que fortalece la autonomía y la democracia descentralista. El próximo 12 de diciembre se dará el acto formal de conformación de dicha región en la ciudad de Tumaco (http://bit.ly/2gkhyYw ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast track legislativo, ya!.

No mas saboteo de la Corte Constitucional a la paz.

Falta que hace el Magistrado Carlos Gaviria. En sus manos la paz ya tendria la via rapida legislativa para aprobar el Nuevo Acuerdo de Paz.

Horacio Duque.

Son muchas las preguntas que suscita el comportamiento absurdo de la Corte Constitucional, la misma de la que hace parte el señor Pretelt, famoso por su comportamiento delincuencial y su descarado despojo, en connivencia con sanguinarios paramilitares,  de miles de hectáreas de víctimas de la violencia en el departamento de Córdoba y la región de Urabá.

¿Pretende dicha Corte desconocer los importantes avances del proceso de paz adelantado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Farc? ¿Se coloca tal institución al margen del comportamiento  ejemplar de los otros poderes públicos que armónicamente trabajan por la superación y el fin de la guerra? ¿Influye en sus decisiones la retórica guerrerista del expresidente Uribe Vélez, quien le tira línea, día y noche, por su Twitter?

Planteo estos interrogantes porque la nación entera está pendiente de la determinación que dicha entidad tome respecto del urgente fast track establecido en el Acto Legislativo 01 del 2016, en el que se fijan unos procedimientos sumarios y eficientes para la aprobación de leyes y reformas constitucionales  y sobre la  implementación del Acuerdo de paz alcanzado entre las partes en el teatro Colon de Bogotá. Además de las facultades extraordinarias al Presidente Santos quien ha mostrado gran compromiso con la palabra empeñada en la Mesa de La Habana.

El fast track no es un capricho de nadie. Es un imperativo para consolidar todos los avances en el proceso de diálogos para poner fin a uno de los más terribles conflictos armados del mundo moderno. Así lo entendió el Poder legislativo con su reciente y correcta aprobación del NAP, incluidos los parlamentarios del Vicepresidente Vargas Lleras.

Para el país entero constituye una afrenta el comportamiento dilatorio de la Corte Constitucional y algunos de sus Magistrados, que en un acto inverosímil de cinismo prefirieron irse, durante la semana en curso (4-11 de diciembre), de asueto a otros países, pretextando compromisos internacionales en materia judicial, como si los muertos, las víctimas y una probable reactivación de la guerra, por la suspensión de la tregua bilateral vigente, les importara un comino.

¿En qué mundo vivirán estos togados indolentes?

Me refiero a  la Presidente y ponente María Victoria Calle y Gloria Stella Ortiz que salieron para Israel y las costas orientales del mar Mediterráneo; a Aquiles Arrieta que se fue para Alemania y Polonia con toda su familia; al vicepresidente Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares que salieron para Aruba, Curazao y Centro América, no propiamente en labores constitucionales.

Parece que a estos altos funcionarios del poder judicial poco les importara la tragedia de millones de personas. Se ven más interesados en que la guerra prosiga y la paz fracase.

Por eso dilatan y escurren zancadillas para que el fast track no sea una realidad jurídica y política tal como lo demandamos todos en estos momentos cruciales.

El movimiento social, las organizaciones populares, los medios progresistas, las redes sociales, los intelectuales y los líderes demócratas tenemos que movilizarnos hacia la Corte y sus instalaciones para exigir definiciones prontas y urgentes.

No hay que comerle cuento a politólogos de pacotilla (Cuervo, Charry et.tal), que salen por los medios nacionales a decir que los tiempos de la Corte son otros y en consecuencia no se les debe exigir nada.

¡Mamola!

La paz es lo primero y esos funcionarios, con pagos mensuales que bordean los 30 millones de pesos, tienen unos deberes ineludibles  que cumplir con la sociedad, tienen que rendir cuentas a la comunidad por sus comportamientos, como encargados de delicadas funciones y competencias democráticas.

Como hace de falta Carlos Gaviria y su conducta intachable.

Nota. En el artículo (http://bit.ly/2gM0bii) en que me refería a los sucesos del sindicato de maestros del Quindío hay un error. El requisito fijado por tres asambleas para ser candidato a la nueva Junta Directiva era el siguiente: No podían ser candidatos quienes hubiesen sido directivos durante dos periodos o fracción de uno. Es lo que se llevaron por delante la moirista doña Leonora Gonzales García y sus compinches del putrefacto maoísmo local, incluidos los mercachifles de la jurisprudencia que merodean con sus negocios los territorios sindicales. Mercachifles que encabeza el hijo de un viejo ex maestro, nuevo rico, especializado en triquiñuelas prestacionales; el mismo que ofrece haciendas y  lujosos espacios campestres (por Dios de dónde saldrá tanta plata mal habida!!) para que Don Pedro Arango, directivo costeño de Fecode, se explaye en sus extravagancias aplazadas. No escogió este advenedizo social un mal sitio.

 

 

 

 

 

 

Hay que exigir con plantones, cadenas humanas y acciones colectivas, que la Corte Constitucional de vía libre al fast track legislativo para profundizar la implementacion de los Acuerdos de paz.

Que los Magistrados no se atraviesen como mulas muertas en la terminacion de la guerra y la construccion de la paz.

Que los togados suspendan sus viajes de jolgorio a otros paises, con millonarios viaticos pagados por las victimas de la paz.

Horacio Duque.

La terminación de la guerra y de la violencia que azota millones de colombianos es una prioridad nacional. Alcanzar la paz es un objetivo central de la nación que compromete la voluntad y determinación del actual gobierno y de los representantes de las Farc, a lo largo de los últimos años.

Después de superarse muchos problemas ya se tiene un Acuerdo entre las partes, la refrendación de sus textos avanzó con la aprobación del poder legislativo y todas las expectativas se centran en la implementación de los temas contemplados en los textos correspondientes.

Entre los consensos alcanzados quedo estipulado que la materialización de las coincidencias en las diversas materias tratadas, como la agraria, la de víctimas, la del fin del conflicto y otras, recurriría a un procedimiento expedito para consolidar así los logros de la pacificación, como la dejación de las armas por los integrantes de las Farc.

En ese sentido, desde hace algunos meses se aprobó un Acto legislativo (el 01 del 2016), en el Congreso nacional, para determinar un rápido trámite de las leyes y reformas constitucionales cuyo contenido está vinculado con los acuerdos de paz. De igual manera, se le otorgaron facultades especiales al Presidente de la Republica para expedir decretos y políticas relacionadas con el mismo tema; y se fijaron criterios en materia presupuestal y de gasto público, para darle sustento a los planes correspondientes.

El articulado de dicha reforma constitucional condicionaba la aplicación del Acuerdo de paz de Cartagena a su aprobación en el Plebiscito convocado para el efecto. Pero tal cosa no se dio y su uso termino en aquel evento, sin que se le pueda aplicar al NAP.

Dicho instrumento está siendo estudiado en estos momentos por la Corte Constitucional a raíz de algunas demandas presentadas en su contra.

La revisión que se adelanta por dicho órgano estatal debe concluir con la autorización del fast track para el trámite de las leyes de paz, para de esa manera evitar una grave crisis en las negociaciones con las Farc.

Desafortunadamente la actitud de tal tribunal parece hacer caso omiso de las prioridades de la paz.

La Corte Constitucional y algunos de sus integrantes parecen actuar como una rueda suelta en el conjunto del Estado, desconociendo que la separación de poderes también implica una amplia armonía con las otras instancias gubernamentales.

Varias leyes y reformas constitucionales están pendientes de que la Corte de vía libre al fast track. Es el caso de la Ley de amnistía y de otras esenciales como las que crean el Tribunal Especial de paz y las medidas de reforma agraria.

El Presidente Juan Manuel Santos ha urgido a la Corte para que se pronuncie prontamente, pues los tiempos de la paz así lo exigen. También lo han pedido Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes de las delegaciones en la Mesa de diálogos de La Habana.

Ciertas lumbreras de la politología de baranda han salido con el cuento de que los tiempos de la Corte son otros y ella puede tomarse otros meses más, desconociendo que los tiempos de la guerra y la paz no dan esperen. Puras cantinfladas.

La nación reclama de la Corte Constitucional celeridad y claridad en este tema. Sus magistrados son funcionarios públicos, pagados, muy bien remunerados (30 millones) con los tributos de todos y no pueden evadir el cumplimiento de sus deberes. Deben estar a la altura del momento histórico en que estamos, que es el del fin de un largo conflicto armado con millones de víctimas.

Francamente es una burla y un atropello al derecho a la paz de todos, la determinación de aplazar una decisión sobre el fast track hasta el 12 de diciembre, pues ciertos togados han preferido dar prelación a sus compromisos de placer y asueto en otros países, mientras en Colombia siguen acribillando líderes de los derechos humanos.

Mientras todos los colombianos clamamos por la paz, varios magistrados se van de viaje al exterior, de paseo decembrino, importándoles un bledo la guerra que carcome este país. La Presidente y ponente María Victoria Calle y Gloria Stella Ortiz salieron para Israel; Aquiles Arrieta viajó a Alemania; el vicepresidente Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares salieron para Centro América.

Por eso es que estamos tan jodidos en este país. No hay derecho. Tenemos que movilizarnos en masa, a lo largo de la semana, para exigir con plantones y cadenas humanas que la Corte trabaje y asuma con seriedad las responsabilidades que le corresponden.

No podemos permitir que el señor Uribe Vélez siga presionando y amenazando para que desde la Corte Constitucional se dañe la paz.

Nota. Hay quienes amenazan con el cuento del señor Trump para meter miedo en el proceso de paz. Les recuerdo que Trump primero debera hacer frente al incendio que consume su propio rancho por la creciente inconformidad de los desempleados blancos, los afrodescendientes y los mexicanos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

A la memoria de Dolly Alzate y sus perseverantes, valientes y silenciosas luchas al lado de los campesinos y las mujeres del campo, en el Retorno, Guaviare.

Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Agítense, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza.

Antonio Gramsci.

La implementacion de los acuerdos de paz esta en curso y surgen ideas y propuestas para la conformación de un "sancocho nacional" como nuevo movimiento politico de las guerrillas campesinas para ampliar la democracia.

Horacio Duque.

Introducción.

Superada la crisis del proceso de paz suscitada por los resultados adversos del plebiscito del 2 de octubre y el sabotaje sistemático del sector uribista, consolidado un Nuevo Acuerdo de Paz, firmado recientemente por las partes en el Teatro Colon de Bogotá, recuperado el curso de la terminación del conflicto social y armado, proyectada la refrendación en el escenario representativo del Legislativo y previstas las acciones inmediatas de la implementación de los elementos consensuados a lo largo de seis años, resulta conveniente reflexionar sobre los múltiples elementos de la  arquitectura perfilada para aclimatar la paz y la convivencia.

Por supuesto, la solidez y coherencia de  tal reflexión debe acudir a un enfoque multidisciplinar para integrar enfoques de orden histórico, sociológico y politológico.

Pierden seriedad ciertos análisis sesgados y caprichosos que descalifican ligeramente lo acordado por las Farc con el gobierno del Presidente Santos para poner término a su lucha armada de casi 60 años como expresión de la resistencia frente a la violencia de las elites agrarias y mafiosas. Las críticas formuladas para sugerir claudicación y renuncia a principios fundamentales son muy débiles y hacen parte de una retórica delirante que desconoce la realidad y las dimensiones de los procesos políticos emancipatorios. Están en su derecho, por supuesto, pero deberían considerar su nivel de disparate y falta de objetividad. Es fácil despacharse desde la comodidad de las ciudades, los escritorios y las cafeterías contra quienes han mostrado con hechos y sacrificios su capacidad de lucha y consistencia moral. Decir que “Timochenko y su camarilla” se entregaron al régimen capitalista, como lo repiten algunas mediocridades, no amerita mayor preocupación.

La movilización política de los combatientes agrarios y revolucionarios, la constitución de un nuevo movimiento político, la elegibilidad de los guerrilleros, la garantía de su seguridad y preservación de la vida, el Estatuto de la oposición, las reformas electorales y el acceso a los medios de comunicación en condiciones de igualdad, el respeto por la protesta popular y la acción de los movimientos sociales, son asuntos trascendentales que se posicionan sensiblemente en la opinión pública y el debate nacional. Son un acervo político y hacen parte de las acumulaciones hegemónicas de la masa. Acumulación histórica que lleva a la actual fase de democratización.

Las propuestas de un “gobierno de transición” para defender la paz y la conformación de una especie de “sancocho nacional” como partido político, a la manera como lo proponía Jaime Bateman en los años 80, son ideas que han generado controversia  y expectativa.

El “sancocho nacional”.

Un “sancocho nacional” es una aleación política que, a mi juicio, pretende articular elementos sociales y políticos heterogéneos para proyectar un bloque contrahegemonico que sustituya la dominación violenta y retrograda de quienes pivotan en la violencia, la manipulación religiosa y moral.

De lo que se trata es de establecer un bloque político que articule las más disimiles manifestaciones sociales identificadas con la paz.

La paz como “significante vacío”.

La paz debería ser un “significante vacío” que condense las diferentes demandas de los segmentos coincidentes en las posibilidades de la misma como plataforma de transformación profunda de la sociedad. Un “significante vacío” como aquel que en 1917, en Rusia,  dio curso a un salto radical de la vieja estructura feudal predominante en aquella nación. Me refiero a la consiga de “Pan, tierra y paz” que unió a las mayorías sociales para sacudirse el atraso y totalitarismo zarista.

Construir pueblo.

Por supuesto, surgen interrogantes y controversias sobre los potenciales y las condiciones de posibilidad de dicha iniciativa planteada desde el campo de las Farc, como estrategia para construir pueblo. El pueblo de la paz.

La derecha y el establecimiento político tradicional han descalificado tal proyecto. Nace muerto. No tiene posibilidades. La gente odia a las Farc por narcoterrorista. Su partido político estará condenado a la marginalidad y no saldrán  del escaso 1.5% que ha caracterizado a los comunistas y sus conocidos aliados a lo largo de 90 años. Sus planteamientos son vetustos, anticuados, jurásico y no interpretan en lo más mínimo la idiosincrasia del pueblo colombiano. Los derrotaremos en las urnas, son mamertos, proclaman al tiempo Santos y Vargas Lleras. Uribe dice que eso es pan comido. Puro castrochavismo, comunismo trasnochado al que se le debe hacer “resistencia civil” y exterminio social, porque las masas lo repudian.

Una tarea difícil.

Obviamente no basta con proclamar la iniciativa del “sancocho nacional” para que la gente salga en masa a respaldarla. Eso no será fácil. Tendrá muchas dificultades y enemigos muy poderosos bloqueándola, descalificándola y distorsionándola.

La tarea es compleja. Se trata de un reto bastante fuerte, pero se debe asumir. Lo que pasa es que se requiere mucha flexibilidad, mucha imaginación, mucha apertura, mucha paciencia, mucho respeto. Se necesita superar viejas prácticas sectarias, dogmáticas, clientelares, culturales, propias de nichos y guetos delirantes y excluyentes.

Interpretar el nuevo clima político.

Mi sugerencia es que hay que interpretar adecuadamente el nuevo clima creado por el proceso de paz y la apertura política que se proyecta para establecer una democracia ampliada, mediante la concreción de las tres columnas centrales del consenso político establecido en el NAP  firmado en el Teatro Colon y que se refieren a tres temáticas:

Garantías para la oposición política. Se creará un “estatuto de la oposición”, un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que contiene las garantías para la actividad política. Se incluyen expresamente las reglas para la participación del nuevo partido político en el que se transformarán las FARC, tales como el acceso a medios de comunicación, financiamiento estatal y reconocimiento jurídico.

Participación Ciudadana. Se acuerda el respeto al derecho a la movilización y la protesta pacífica, las garantías para la reconciliación y la no estigmatización por ninguna razón, la participación ciudadana en veedurías, medios de comunicación y en la planeación del desarrollo en los diversos niveles de gobierno, para lo cual se crearán Consejos Territoriales de Planeación. En garantía al tránsito de las FARC a la legalidad, se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que tendrá a su cargo la pedagogía de paz y la capacitación sobre el acuerdo de paz y la convivencia dirigida a funcionarios y funcionarias estatales.

Participación Electoral. Se establecen medidas obligatorias para la lucha contra la corrupción y la transparencia en los procesos electorales, lo que supone modificaciones en el sistema político y en el régimen electoral, que serán realizadas a partir de recomendaciones de 7 instituciones independientes. Como proceso de tránsito a la democracia, se crearán 16 Circunscripciones Especiales de paz que elegirán 16 Representantes a la Cámara por 2 periodos electorales, en las cuales no podrán participar ninguna de las formaciones políticas con personería jurídica (incluyendo el partido de las FARC), ( Ver http://bit.ly/2gPh908 ).

Profundizar en el análisis de la democracia.

Es por tal razón que se necesita profundizar el análisis sobre la democracia política y sus manifestaciones concretas. Desplegar una serie de consideraciones sintéticas que recojan los elementos estructurales de la crisis estatal y económica de la formación social, para lo cual se  requiere utilizar varios temas o niveles analíticos.

La ruta del proceso de paz.

Con el proceso de paz Colombia atraviesa por un profundo sendero de transformaciones, que se inició hace seis años con el cuestionamiento implícito a los ejes centrales del ciclo estatal anterior, la democracia representativa y el modelo económico neoliberal, así como a sus actores principales, los partidos políticos en el poder, dando lugar a un momento de amplia crisis estatal y reconfiguración política.

Este proceso, que ha impactado las estructuras estatales convencionales y generado una de las reformas políticas más profundas en la memoria histórica colombiana, está ligado a la emergencia de nuevos sujetos en el campo político que irrumpen desde la sociedad civil, es decir, desde las periferias de la política institucional, han posicionado nuevas propuestas y universos simbólicos en el campo político, así como nuevas formas de articulación democrática ampliando sus límites y otorgándole un contenido distinto.

La democracia como orden político produce, entre otras cosa, apertura del tiempo histórico. Un régimen democrático se instaura sobre la base de un conjunto de convicciones; una de ellas es que las sociedades y naciones son posibles de construir, reformar y dirigir en diferentes direcciones en el tiempo y en los contextos regionales y mundiales, de acuerdo a la dinámica de la deliberación que se organiza en su seno, sobre la base de principios de igualdad en la participación política.

Democracia ampliada y apertura del tiempo histórico.

En este sentido, el proceso de paz de los últimos años con las Farc configura una apertura del tiempo histórico, pero desde fuera del escenario de lo que estrictamente podríamos llamar régimen político, es decir, desde otros espacios de vida política que estaban desconectados e, inclusive, en contradicción con aquellos ámbitos institucionales reconocidos por el Estado y organizados por el Estado para incluir representación y participación. Esto implica que las condiciones y fuerzas de democratización se fueron generando, sobre todo, desde fuera del sistema de partidos y desde fuera del régimen político, y lo fueron penetrando a partir de procesos que produjeron un cambio en la composición del sistema de partidos y, por lo tanto, las reformas se están procesando, en parte, hoy en el seno del Estado a propósito de la negociación política de paz.      

Estos procesos que vienen de espacios externos al régimen político, porque también son espacios políticos, están creando la condición de posibilidad de realización de varios escenarios participativos y de una Asamblea Constituyente que debería tener como tarea diseñar las condiciones institucionales para el gobierno del país en el largo plazo, pues siempre hay una tendencia a que se produzca un nuevo cierre respecto a cuáles serían los espacios, formas y sujetos de la participación política y del gobierno en el país promovida por la ultraderecha. En este sentido, la democratización, que hay que enfrentar y producir, tendría que evitar la constitución de nuevas formas de monopolio político y, más bien, ir ampliando las áreas de igualdad.

Releer la democracia.

Ante las nuevas realidades políticas y sociológicas, resulta prioritario una lectura centrada de los rasgos y connotaciones que adquiere la democracia, la acción colectiva y las emisiones discursivas de los sujetos, en la medida en que es ahí, en el territorio de las prácticas, donde se gestan las “nuevas” significaciones de la política colombiana y sus nuevos derroteros, pues la tendencia predominante en el seno de la ciencia política ha sido definir democracia como un método de selección y renovación de los gobernantes, a través de elecciones y del funcionamiento de un sistema de partidos competitivos.

La democracia no puede leerse sólo en sus anclajes institucionales sino fundamentalmente en su relación con la sociedad civil, las organizaciones sociales y las contradicciones estructurales que de ella emergen.

Cabe concebir a la democracia como un proceso, como un régimen político, como una cultura política, como un conjunto de espacios políticos, y también cabe tomar en cuenta a los procesos de constitución de sujetos.

La objetivación de los consensos de paz.

Por eso lo que hoy se requiere es un estudio minucioso del proceso de objetivación de los consensos de paz entre el gobierno y las Farc, que se plasmaran en nuevos marcos normativos, legales, de políticas públicas y constitucionales, a partir de las iniciativas de los actores sociales y políticos involucrados, con amplia implicación democratizadora.

Recuperar algunas categorías políticas.

Ahora bien, con el fin de abordar el alcance y orientación de los cambios suscitados en el campo político desde los inicios del proceso de paz, se requiere recuperar algunas categorías conceptuales que trascienden una visión de la política y del poder limitadas a la práctica institucional, y plantear una (re)lectura del concepto de democracia como elemento articulador del campo político colombiano actual, asumiendo que el campo político, más que el puramente institucional, es el espacio de interacciones, cooperación, coincidencias y conflictos, que remite a la esfera de las luchas hegemónicas por el poder (Dussel), pues al hilo de su argumentación, todo campo político es un ámbito atravesado por fuerzas, por objetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos. El concepto de campo político, desplaza o más bien amplía el análisis hacia la sociedad civil y permite identificar la red de relaciones de fuerzas o nodos, en que cada ciudadano, cada representante o cada organización operan (Dussel).

 Lo que requerimos es una reinterpretación de la democracia en el marco de su profundización y ampliación a otros formatos de ejercicio del poder y de la política, situados en las interfaces entre el Estado y la sociedad civil, pues  son palpable las  (re)significaciones de la democracia en este periodo de profundas transformaciones toda vez que el proyecto democrático-participativo incluido en la paz se orienta a la ampliación del campo de la política y a la construcción de ciudadanía por medio de innovaciones en la relación entre Estado y sociedad, así como a una (re)politización de los conflictos y su (re)significación en el campo político.

Las preocupaciones y análisis sobre la democracia en Colombia siempre se han centrado fundamentalmente en la gestión pública e institucional de los gobiernos de turno y en la necesidad de mantener la estabilidad política; así como en el comportamiento de los partidos políticos como factores críticos de la gobernabilidad.

Las limitaciones en dichos paradigmas interpretativos sobre la democracia y sus efectos en los sistemas políticos, nos ponen, nuevamente, ante el desafío de encontrar nuevas narrativas, lecturas críticas y renovadas de la relación entre el Estado y la sociedad, del sistema de representación política y de los núcleos en que se dirime el poder.

Superar la visión monológica de la democracia.

Para ello, en principio es necesario abandonar una visión monológica de la democracia asociada a la estabilidad institucional, y más bien partir de las contradicciones donde el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consiste en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo.

En consecuencia, es inevitable que la democracia vaya mutando su contenido y produzca nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro, como lo señalara M. Foucault.

En ese sentido, no es posible repensar, también, la democracia sin discutir la noción de ciudadanía.

Esto nos lleva a plantear una concepción de la democracia en torno a otros núcleos, que retoman tanto su primer origen, la polis, como también los núcleos fuertes de la experiencia moderna, que tienen relación con la idea de concebir el núcleo central de la democracia en una combinación de las ideas de igualdad política y autogobierno.

Es decir, un país es democrático en la medida en que introduce y amplía las áreas de igualdad política, en principio, y a través de eso amplía también las áreas de igualdad en otros aspectos de la vida social. Este es un principio para organizar el autogobierno, un régimen político que permita que un país pueda, predominantemente, responder a las pulsiones internas de autogobierno.

Las elecciones no pueden ser el principal criterio para definir el carácter democrático o no de una forma de vida política y el régimen político y de instituciones que la gobiernan. Son un aspecto secundario, y cabe pensar en cómo está articulado con estos otros elementos del núcleo central, es decir, con la igualdad y el autogobierno.

En este sentido, la democratización en el país que ha traído el proceso de paz, tiene más bien como tarea mantener la apertura política y diseñar los espacios políticos e institucionales que permitan mantener la misma, que es el margen de libertad y autogobierno, en términos de capacidad de reforma, a partir de las propias fuerzas y fines que, además, necesitamos para enfrentar como un proceso de construcción, la configuración de un necesario gobierno de transición en el país, para encarar el problema de la igualdad.

En breve, la democratización en curso  implicará ir desarmando las estructuras patrimoniales caciquiles y feudales, que están fuertemente vinculadas a la base del presidencialismo actual, para avanzar hacia formas de cogobierno, es decir, de dirección compartida en un régimen de transición.

Quizás los gobernantes de turno no entienden que, en democracia, el lugar del poder es “un lugar vacío”, es decir que ningún grupo “es” el poder, sino que lo ocupa circunstancialmente, a diferencia de otros sistemas que encarnan en personas o grupos dominantes.

Conclusión.

La viabilidad de un nuevo movimiento político promovido por las Farc está estrechamente asociada con un nuevo modelo de democracia política, con la ampliación de esta mediante la superación de los enfoques institucionalistas y electorales.

Profundizar la democracia implica generar las condiciones para que una fuerza política renovadora, “un sancocho nacional”, afiance el sentido transformador de los acuerdos de paz consolidados.

Armenia, 28 de noviembre del 2016.

 

 

El transito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

 

Uno de los desafíos mas importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

 

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

 

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Horacio Duque.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

 

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

 

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

 

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

 

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

 

Varios, a mi juicio.

 

El mas complicado es el de la violencia oscura que ya se ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

 

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista  se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

 

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

 

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

 

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

 

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

Nota. Se acerca la justicia al oscuro Senador Armando Benedeti. Acostumbrado al saqueo millonario de diversas entidades publicas y a la compra de votos, sus tropelias y desmanes quedaban en la mas absoluta impunidad. Es dueño de fortunas inexplicables, junto a su Padre y hermano. Es un ladron de "cuello rojo" y en el Fondo de Prestaciones Sociales de los maestros el tiro parece que le salio por la culata, ha sido desenmascarado por su vinculacion en el bochornoso carrusel de las fraudulentas pensiones de los docentes en el departamento de Cordoba. Casi que no!!!!!!!!!!. 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Los Cabildos abierto se han ofrecido como un mecanismo de refrendacion de los nuevos Acuerdos de paz. Ellos no son incompatibles con la Contituyente por la paz, bien pueden ser espacios de la democracia deliberativa que contribuyan al proceso de conformacion de la Constituyente.

Introducción.

Se amplía el debate sobre la refrendación de un nuevo texto de los acuerdos de paz. Por supuesto lo primero es la definición de dicho documento el cual debe mantener lo esencial del Acuerdo de Cartagena firmado el pasado 26 de septiembre.

La controversia al respecto debe enriquecer la democracia ampliada y la apertura política en los términos de los nuevos derechos políticos y sociales conquistados hasta el momento en la Mesa de conversaciones de Cuba.

Los Cabildos abiertos que prevé la ley han sido postulados como un procedimiento de refrendación que, de aceptarse, deben ser adelantados en los 1113 municipio que existen en la actualidad.

Los Cabildos son un elemento básico de la democracia deliberativa y del discurso ético que la acompaña. Estos no son incompatibles con la iniciativa de la Asamblea Constituyente por la paz que hemos venido planteando como instrumento de la resistencia agraria y el poder constituyente popular para avanzar en la construcción de un modelo político progresista y antineoliberal.

En este documento recogemos diversos aspectos políticos y legales del Cabildo abierto. En ese sentido nos identificamos con las apreciaciones del ex magistrado Rodrigo Uprimny, las cuales nos sirven de punto de reflexión para fortalecer una deliberación transparente respecto de los nuevos consensos de paz y de su legitimación popular.

Los Cabildos abiertos.

Este documento pretende abordar algunas cuestiones sobre la figura del Cabildo Abierto como herramienta que contribuya a reforzar y consolidar el Acuerdo de paz con las Farc para terminar el conflicto social y armado e iniciar el proceso de construcción de la paz.

Qué son los CA?

El Cabildo abierto es una institución de la democracia participativa y deliberativa consagrado en la Ley 134 de 1994, complementada y parcialmente modificada en la Ley 1757 de 2015. Su interpretación ha sido desarrollada por cuatro sentencias relevantes de la Corte Constitucional: la C-180 de 1994 (Verhttp://bit.ly/2f2L2cI ) , la T-637 de 2001 (Verhttp://bit.ly/2ewSI4a ) , la T-350 de 2014 (Ver http://bit.ly/2eEckSb ) y la C-150 de 2015 (Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-150-15.htm ).

 

Dicho mecanismo ha sido sugerido recientemente como una alternativa de grandes posibilidades para afianzar los pactos de paz y avanzar en su implementación.

 

Los cabildos abiertos (CA) son una alternativa jurídica y política frente al estrecho triunfo del No en el plebiscito. Y que podrían incluso constituir un mecanismo alternativo de refrendación.

 

Los cabildos pueden ser un mecanismo de refrendación de un acuerdo con algunos ajustes que no contradigan su esencia fundamental.

 

El Cabildo abierto es una imaginativa iniciativa que acude al Constituyente primario para consultarle sobre un tema trascendental para Colombia, aun cuando el Cabildo abierto es para temas locales, la paz siendo nacional cobra valor en todas las ciudades, en los 1.113 municipios, en la gran cantidad de localidades, extensiva a las barriadas, las esquinas y todos los hogares.

 

No se han realizado muchos CA significativos en los últimos 25 años de la Constitución de 1991, ni se han dado importantes sistematizaciones oficiales o académicas de los resultados de estas experiencias.

 

Los Cabildos Abiertos pueden ser un mecanismo democrático adicional, y en cierta medida intermedio, entre las movilizaciones ciudadanas y las negociaciones de La Mesa de diálogos, que podría contribuir significativamente a superar la compleja situación que está viviendo el proceso de paz por los resultados del plebiscito.

 

Acudir al Constituyente primario para entrar a opinar y reorientar la política pública sobre un tema tan vital como lo es la paz en Colombia, se convierte en un procedimiento esencial, novedoso y muy práctico.

 

Vamos a tratar la materia con un conjunto de tesis para aportar al debate correspondiente.

 

Tesis 1.

Naturaleza jurídica.

 

La naturaleza jurídica de un CA es la de ser una asamblea de los ciudadanos y la institución representantiva local (junta administradora, concejo o asamblea departamental) pues los ciudadanos debaten entre sí y con los miembros de esas instancias y formulan peticiones y propuestas que deben ser respondidas por esas instituciones locales. El Cabildo en sí mismo no toma entonces decisiones sino que es una instancia participativa y deliberativa, pero los concejos, las asambleas y las juntas administradoras, al responder a las peticiones ciudadanas, pueden adquirir “compromisos decisorios” y dichos compromisos serán obligatorios y las autoridades deben proceder a su ejecución.

 

La Constitución de 1991 consagra el Cabildo Abierto como uno de los mecanismos de participación ciudadana. Precisó que sólo se requiere que el 5 X 1.000 del censo de cada municipio haga la solicitud para que el concejo se transforme en un cabildo abierto donde la asistencia debe ser certificada por la Registraduría.

 

El Cabildo abierto es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad, establece el Artículo 9 de la Ley 134 de 1994).

 

Lo que hace la Ley 134 de 1994 en materia de cabildo abierto es desarrollar en el derecho positivo una serie de formalismos que deben agotarse para que opere el cabildo, teniendo en cuenta que los ciudadanos que intervienen en el mismo no adoptan propiamente decisiones, aunque sea este un espacio donde se definirá precisamente la suerte que tendrán sus propuestas.

 

Tesis 2.

Convocatoria.

 

La mecánica de la convocatoria es la siguiente: los ciudadanos piden que se realice un cabildo sobre un tema específico y si la convocatoria reúne firmas de al menos 5 por mil del censo electoral local, que no es algo excesivo, el concejo, la asamblea o la junta administrativa local deben convocarlo dentro del mes siguiente, y el alcalde o le gobernador, según el caso, deben asistir.

 

El procedimiento comienza por la solicitud que deben hacer por lo menos el 0,5% del censo electoral respectivo –también las organizaciones civiles pueden participar en el proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos–, ante la secretaría del Concejo o de la Junta Administradora Local, entidad que debe divulgar el lugar, fecha y temas que se tratarán en el cabildo. Al mismo pueden asistir las personas interesadas –habitantes del lugar– pero sólo pueden hacer uso de la palabra el vocero de quienes solicitaron el cabildo y aquellos que se inscriban al menos con tres días de antelación y presenten el resumen escrito de su intervención. Todos ellos pueden participar en la deliberación; la decisión es adoptada por la Corporación respectiva, dando respuesta escrita y razonada a las solicitudes ciudadanas.

 

La petición de convocatoria a cabildo abierto debe ser resuelta en 15 días y el lugar de sesión no necesariamente es la sede del Concejo, también puede ser una plaza pública.

 

Tesis 3.

Cabildos abiertos y democracia deliberativa.

 

Los Cabildos Abiertos son importantes porque representan un espacio participativo y deliberativo que posibilitaría acercamientos entre quienes votaron SI, quienes votaron No y quienes se abstuvieron; y, además, los Cabildos Abiertos se articularían a la movilización social y generarían pronunciamientos de los concejos municipales o distritales, las juntas administradoras locales o las asambleas departamentales sobre la paz, con un importante efecto político, sobre todo si muchas instancias locales se pronuncian en forma concordante o semejante.

 

La deliberación pública puede ser esencial puesto que ésta, como lo han mostrado los defensores de la democracia deliberativa permite, a través del intercambio razonado de información y argumentos, corregir errores, superar prejuicios y construir colectivamente una visión del bien público (en este caso la paz) más allá e prejuicios y preferencias iniciales. Y es que la democracia no es sólo el voto sino también, según la vieja y conocida caracterización de John Stuart Mill, el gobierno a través de la discusión pública. Y en este plebiscito hubo una votación (aunque con alta abstención) pero muy poca discusión pública genuina.

 

Tesis 4.

Potenciales y limitaciones del Cabildo Abierto.

 

Los Cabildos Abiertos tienen potencialidades esperanzadoras pero también tienen limitaciones jurídicas y riesgos que no se deben ignorar, como que sean usados para dilatar por parte del uribismo y otros enemigos de la paz.

 

Hay que reconocer los riesgos y limitaciones de recurrir a ellos y, por tanto, su convocatoria debería estar liderada por los movimientos sociales y los estudiantes y tener un temario muy acotado, basado en el comunicado conjunto de la Mesa de la Habana del 7 de octubre, esto es, exclusivamente para señalar si el municipio aprueba el acuerdo final o para debatir propuestas específicas de ajustes y precisiones al Acuerdo.

 

Sus potenciales son los siguientes:

 

Primero. Son una especie de mecanismo bisagra entre la movilización social informal por la paz, que debe seguir y fortalecerse, y los pronunciamientos más formales e institucionales sobre la paz, pues la convocatoria y realización del Cabildo puede articularse a la movilización social pero, a su vez, obliga a un pronunciamiento formal de las instancias oficiales locales, como los concejos o las asambleas. Si los ciudadanos formulan peticiones específicas a los gobernadores o alcaldes, estos también deberán responder formalmente a esas peticiones.

 

Segundo Los Cabildos tienen una dimensión deliberativa (de la cual carecen las marchas y concentraciones) y si se realizan adecuadamente, acompañados de otros espacios de discusión local, permitirían acercamientos entre los sectores del SI y del NO.

 

Tercero. Como los Cabildos son también una instancia participativa, permitiría que quienes se abstuvieron de votar puedan ahora participar en la discusión sobre la paz y expresar su opinión sobre el tema.

 

Cuarto. Por esa razón, los Cabildos permitirían que la salida a la crisis se resuelva también por la deliberación y movilización ciudadanas.  La idea sería que los pronunciamientos de las distintas instancias representativas locales de aquellos lugares donde hayan sido realizados los CA sirvan de insumos legítimos y relevantes para las decisiones de la Mesa de La Habana sobre los ajustes y precisiones que puedan ser necesarios al Acuerdo de La Habana y de esa manera la mesa de negociaciones tiene una visión más amplia (más allá de las posiciones de las fuerzas políticas) de lo que la sociedad colombiana quiere frente al Acuerdo de la Habana.

 

Que sean los estudiantes, quienes han liderado las actuales movilizaciones sociales por la paz, quienes, cuando sea posible, lideren las convocatorias de los Cabildos en los distintos municipios, localidades o departamentos; y cuando no sea posible, que esa labor recaiga sobre movimientos sociales no partidistas; que en esas convocatorias se delimite el alcance de la discusión en el Cabildo y del pronunciamiento de la institución representativa local (concejo, asamblea o junta administradora loca), en forma tal que las deliberaciones recaigan exclusivamente sobre el acuerdo, ya sea para determinar si se le apoya globalmente o no, o cuales serían los ajustes y aclaraciones necesarios para que esa localidad lo apoye; podría incluirse en la convocatoria los puntos del acuerdo a ser debatidos, a partir de las objeciones ya conocidas sobre los acuerdos; debería quedar claro que el CA o el pronunciamiento de la entidad territorial no pretende lograr una autorización jurídica para que se realice una aplicación fragmentada de los acuerdos de paz en los distintos municipios, sino que es un espacio ciudadano para una discusión de los mismos y para que haya un pronunciamiento de la instancia representativa local; no debería haber preguntas ni interrogantes específicos a gobernadores ni a alcaldes pues lo que se busca es un pronunciamiento de la institución representativa local que interprete la posición que surja del Cabildo; debería insistirse en la importancia de adoptar en los Cabildos una genuina ética de la discusión pública a fin de potenciar los efectos pacificadores de la democracia deliberativa: deberíamos comprometernos a buscar acuerdos, sin negar nuestras diferencias, y siendo leales con los argumentos y evitando falsedades. Esto implica un pacto de honestidad intelectual o simplemente de orden en el debate, que conduzca a excluir temas que no tienen que ver con la paz y que crearon mucho ruido y confusión entre la ciudadanía, como sucedió con la discusión de reforma tributaria o de la llamada ideología de género, que nada tienen que ver con las negociaciones de paz.

 

Podría pensarse, por ejemplo, en que previamente a la realización del CA pudieran realizarse encuentros informales para debatir localmente los ajustes y precisiones que razonablemente pudieran introducirse a los Acuerdos de paz.

 

Tesis 5.

Valor y consecuencias de los Cabildos Abiertos.

 

Se podría pensar que los Acuerdos ajustados se entenderían refrendados si, por ejemplo, son aprobados, luego de un Cabildo, por la mayoría de los concejos municipales del país, siempre y cuando esos municipios representaran a la mayoría de la población, sin necesidad de que los acuerdos fueran sometidos a un nuevo plebiscito. O incluso podría pensarse en que fueran Cabildos departamentales y que la refrendación correspondiera a las asambleas departamentales.

 

Fue, sin ser partidarios de dicha Constitución, el mecanismo usado por Núñez para refrendar las bases de lo que sería la Constitución de 1886; en efecto, el elemento que legitimó la asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1886 fue que sus principios y bases fueron sometidos a la aprobación de las municipalidades y de 619 que votaron, lo hicieron afirmativamente 605, y 14 negativamente.

 

Tesis 6.

Darle el apoyo al Acuerdo de paz y a la Mesa de conversaciones.

 

El objetivo central de los Cabildos abiertos en todo el país sería darle todo el apoyo político a la Mesa de diálogos de La Habana y al Acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena en cuanto concierne a la legitimación de los mismos, y señalar que los  Acuerdos de La Habana, que ¡“están legalmente vigentes”!

 

Armenia, 3 de noviembre de 2016.

 

 

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