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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

La Corte Constitucional debe armonizar sus tiempos con los de la paz, que es  una prioridad nacional. La Corte no puede colocarse en contravia del clamor nacional para que se ponga fin a la guerra y el conflicto social y armado.

Vergonzosas y ridiculas las presiones del ex presidente Uribe Velez, quien se amanguala con la derecha republicana, en un hotel de Trump en Washington, para llevar a la Corte Constitucional al bloqueo del fast track legislativo.

Horacio Duque.

La consolidación de la paz es una tarea de gran prioridad nacional dada la fragilidad de los consensos alcanzados en la Mesa de diálogos, pues la arremetida sistemática del bloque retardatario encabezado por el ex presidente Uribe Velez, como representante de terratenientes, generales, obispos, pastores, banqueros, caciques políticos, multinacionales, mafias del narco y grandes contratistas del Estado, no cede en su pretensión de mantener incendiado el país y en una guerra irracional, caldo de cultivo para perpetuar un régimen social y de poder profundamente antidemocrático.

El fin del conflicto ha sido una obra maestra construida a lo largo de varios años, en una paciente labor que ha comprometido la Presidencia de la Republica y los representantes plenipotenciarios de las Farc.

Dedicación, ponderación, inteligencia y espíritu transaccional, son virtudes de las que han hecho gala los integrantes de las delegaciones en la Habana en la construcción de los acuerdos agrarios, de erradicación de cultivos de uso ilícito, victimas, justicia, fin del conflicto y dejación de las armas, para transitar hacia la acción política pacífica en todo el territorio nacional y en los espacios institucionales vigentes.

Cada parte ha colocado lo suyo y más recientemente, en el contexto de la organización del Estado, el poder legislativo intervino con mucha eficacia para refrendar el Nuevo Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá.

El Ejecutivo ha dado pasos de gran impacto en la implementación de aspectos parciales, pero claves, de los pactos conocidos. Por iniciativa de la Consejería de paz se han conformado comisiones especiales encargadas de la implementación y seguimiento de los acuerdos, de la seguridad de los guerrilleros y sus principales líderes. También se han dado pasos de gran importancia, como el encargo al Consejo Superior de la Judicatura para que asuma la Secretaria Ejecutiva del Tribunal Especial de paz. Han sido anunciadas medidas para indultar decenas de guerrilleros recluidos en las cárceles y condenados por el delito de rebelión.

Las Farc, por su lado, han implementado el Cese unilateral del fuego y hostilidades, aliviando de esa manera los impactos de la guerra, y en el momento avanza en los procesos de concentración de los frentes guerrilleros para dar cumplimiento al cronograma establecido para el efecto en los documentos del Teatro Colon.

No obstante estos hechos, se presenta en la coyuntura un punto muerto de graves implicaciones. Me refiero a la posición de la Corte Constitucional, la otra rama del poder público, institución que revisa, a paso de tortuga, el tema del fast track, vital para la implementación de los consensos de la paz.

El fast track legislativo para incorporar al régimen constitucional y legal cada uno de los puntos que constituyen la Memoria histórica del fin del conflicto social y armado, no es un capricho y menos un asalto autoritario al régimen democrático como lo presenta el discurso oscurantista del bloque oligárquico fascista.

El fast track es la evidencia de la confianza y certeza de los compromisos del Estado con la resistencia campesina revolucionaria y popular. Es la garantía del cabal cumplimiento de los acuerdos firmados.

La indefinición en este frente con argucias y maniobras seudolegalistas es mortal y  absurda.

Sería un daño tremendo para Colombia no propiciar el fast track tal como está formulado en el Acto Legislativo 01 del 2016, asumiendo el hecho de la refrendación acordada ya por las Cámaras legislativas en votación mayoritaria que enriquece el clima de convivencia y concordia nacional.

Argumentar una temporalidad específica en los trámites de la Corte para justificar dilaciones y aplazamientos es ir en contravía del curso histórico visibilizado por la coyuntura.

La sociedad no entiende cómo pueda argumentarse que los tiempos de la paz no son también los tiempos de las superestructuras gubernamentales y políticas.

La Corte no puede vivir en la Luna y colocarse al margen de un tiempo histórico acelerado por los acuerdos de paz y encaminado a poner fin a tanto sufrimiento y destrucción.

Seria mortal para el futuro de Colombia que prosperen en la Corte Constitucional y sus integrantes, las descaradas presiones ejercidas por el ex presidente Uribe Velez, quien se fue hasta Washington a presionar desde un Hotel de Trump, con sus amigos de la ultraderecha republicana, a los magistrados para que hundan la via rápida legislativa que le de curso a la paz democrática en los escenarios del poder legislativo.

Nota. Gran paso el de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Choco para constituir la Región Administrativa y de Planificación/RAP, en los términos del nuevo ordenamiento territorial que fortalece la autonomía y la democracia descentralista. El próximo 12 de diciembre se dará el acto formal de conformación de dicha región en la ciudad de Tumaco (http://bit.ly/2gkhyYw ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast track legislativo, ya!.

No mas saboteo de la Corte Constitucional a la paz.

Falta que hace el Magistrado Carlos Gaviria. En sus manos la paz ya tendria la via rapida legislativa para aprobar el Nuevo Acuerdo de Paz.

Horacio Duque.

Son muchas las preguntas que suscita el comportamiento absurdo de la Corte Constitucional, la misma de la que hace parte el señor Pretelt, famoso por su comportamiento delincuencial y su descarado despojo, en connivencia con sanguinarios paramilitares,  de miles de hectáreas de víctimas de la violencia en el departamento de Córdoba y la región de Urabá.

¿Pretende dicha Corte desconocer los importantes avances del proceso de paz adelantado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Farc? ¿Se coloca tal institución al margen del comportamiento  ejemplar de los otros poderes públicos que armónicamente trabajan por la superación y el fin de la guerra? ¿Influye en sus decisiones la retórica guerrerista del expresidente Uribe Vélez, quien le tira línea, día y noche, por su Twitter?

Planteo estos interrogantes porque la nación entera está pendiente de la determinación que dicha entidad tome respecto del urgente fast track establecido en el Acto Legislativo 01 del 2016, en el que se fijan unos procedimientos sumarios y eficientes para la aprobación de leyes y reformas constitucionales  y sobre la  implementación del Acuerdo de paz alcanzado entre las partes en el teatro Colon de Bogotá. Además de las facultades extraordinarias al Presidente Santos quien ha mostrado gran compromiso con la palabra empeñada en la Mesa de La Habana.

El fast track no es un capricho de nadie. Es un imperativo para consolidar todos los avances en el proceso de diálogos para poner fin a uno de los más terribles conflictos armados del mundo moderno. Así lo entendió el Poder legislativo con su reciente y correcta aprobación del NAP, incluidos los parlamentarios del Vicepresidente Vargas Lleras.

Para el país entero constituye una afrenta el comportamiento dilatorio de la Corte Constitucional y algunos de sus Magistrados, que en un acto inverosímil de cinismo prefirieron irse, durante la semana en curso (4-11 de diciembre), de asueto a otros países, pretextando compromisos internacionales en materia judicial, como si los muertos, las víctimas y una probable reactivación de la guerra, por la suspensión de la tregua bilateral vigente, les importara un comino.

¿En qué mundo vivirán estos togados indolentes?

Me refiero a  la Presidente y ponente María Victoria Calle y Gloria Stella Ortiz que salieron para Israel y las costas orientales del mar Mediterráneo; a Aquiles Arrieta que se fue para Alemania y Polonia con toda su familia; al vicepresidente Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares que salieron para Aruba, Curazao y Centro América, no propiamente en labores constitucionales.

Parece que a estos altos funcionarios del poder judicial poco les importara la tragedia de millones de personas. Se ven más interesados en que la guerra prosiga y la paz fracase.

Por eso dilatan y escurren zancadillas para que el fast track no sea una realidad jurídica y política tal como lo demandamos todos en estos momentos cruciales.

El movimiento social, las organizaciones populares, los medios progresistas, las redes sociales, los intelectuales y los líderes demócratas tenemos que movilizarnos hacia la Corte y sus instalaciones para exigir definiciones prontas y urgentes.

No hay que comerle cuento a politólogos de pacotilla (Cuervo, Charry et.tal), que salen por los medios nacionales a decir que los tiempos de la Corte son otros y en consecuencia no se les debe exigir nada.

¡Mamola!

La paz es lo primero y esos funcionarios, con pagos mensuales que bordean los 30 millones de pesos, tienen unos deberes ineludibles  que cumplir con la sociedad, tienen que rendir cuentas a la comunidad por sus comportamientos, como encargados de delicadas funciones y competencias democráticas.

Como hace de falta Carlos Gaviria y su conducta intachable.

Nota. En el artículo (http://bit.ly/2gM0bii) en que me refería a los sucesos del sindicato de maestros del Quindío hay un error. El requisito fijado por tres asambleas para ser candidato a la nueva Junta Directiva era el siguiente: No podían ser candidatos quienes hubiesen sido directivos durante dos periodos o fracción de uno. Es lo que se llevaron por delante la moirista doña Leonora Gonzales García y sus compinches del putrefacto maoísmo local, incluidos los mercachifles de la jurisprudencia que merodean con sus negocios los territorios sindicales. Mercachifles que encabeza el hijo de un viejo ex maestro, nuevo rico, especializado en triquiñuelas prestacionales; el mismo que ofrece haciendas y  lujosos espacios campestres (por Dios de dónde saldrá tanta plata mal habida!!) para que Don Pedro Arango, directivo costeño de Fecode, se explaye en sus extravagancias aplazadas. No escogió este advenedizo social un mal sitio.

 

 

 

 

 

 

Hay que exigir con plantones, cadenas humanas y acciones colectivas, que la Corte Constitucional de vía libre al fast track legislativo para profundizar la implementacion de los Acuerdos de paz.

Que los Magistrados no se atraviesen como mulas muertas en la terminacion de la guerra y la construccion de la paz.

Que los togados suspendan sus viajes de jolgorio a otros paises, con millonarios viaticos pagados por las victimas de la paz.

Horacio Duque.

La terminación de la guerra y de la violencia que azota millones de colombianos es una prioridad nacional. Alcanzar la paz es un objetivo central de la nación que compromete la voluntad y determinación del actual gobierno y de los representantes de las Farc, a lo largo de los últimos años.

Después de superarse muchos problemas ya se tiene un Acuerdo entre las partes, la refrendación de sus textos avanzó con la aprobación del poder legislativo y todas las expectativas se centran en la implementación de los temas contemplados en los textos correspondientes.

Entre los consensos alcanzados quedo estipulado que la materialización de las coincidencias en las diversas materias tratadas, como la agraria, la de víctimas, la del fin del conflicto y otras, recurriría a un procedimiento expedito para consolidar así los logros de la pacificación, como la dejación de las armas por los integrantes de las Farc.

En ese sentido, desde hace algunos meses se aprobó un Acto legislativo (el 01 del 2016), en el Congreso nacional, para determinar un rápido trámite de las leyes y reformas constitucionales cuyo contenido está vinculado con los acuerdos de paz. De igual manera, se le otorgaron facultades especiales al Presidente de la Republica para expedir decretos y políticas relacionadas con el mismo tema; y se fijaron criterios en materia presupuestal y de gasto público, para darle sustento a los planes correspondientes.

El articulado de dicha reforma constitucional condicionaba la aplicación del Acuerdo de paz de Cartagena a su aprobación en el Plebiscito convocado para el efecto. Pero tal cosa no se dio y su uso termino en aquel evento, sin que se le pueda aplicar al NAP.

Dicho instrumento está siendo estudiado en estos momentos por la Corte Constitucional a raíz de algunas demandas presentadas en su contra.

La revisión que se adelanta por dicho órgano estatal debe concluir con la autorización del fast track para el trámite de las leyes de paz, para de esa manera evitar una grave crisis en las negociaciones con las Farc.

Desafortunadamente la actitud de tal tribunal parece hacer caso omiso de las prioridades de la paz.

La Corte Constitucional y algunos de sus integrantes parecen actuar como una rueda suelta en el conjunto del Estado, desconociendo que la separación de poderes también implica una amplia armonía con las otras instancias gubernamentales.

Varias leyes y reformas constitucionales están pendientes de que la Corte de vía libre al fast track. Es el caso de la Ley de amnistía y de otras esenciales como las que crean el Tribunal Especial de paz y las medidas de reforma agraria.

El Presidente Juan Manuel Santos ha urgido a la Corte para que se pronuncie prontamente, pues los tiempos de la paz así lo exigen. También lo han pedido Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes de las delegaciones en la Mesa de diálogos de La Habana.

Ciertas lumbreras de la politología de baranda han salido con el cuento de que los tiempos de la Corte son otros y ella puede tomarse otros meses más, desconociendo que los tiempos de la guerra y la paz no dan esperen. Puras cantinfladas.

La nación reclama de la Corte Constitucional celeridad y claridad en este tema. Sus magistrados son funcionarios públicos, pagados, muy bien remunerados (30 millones) con los tributos de todos y no pueden evadir el cumplimiento de sus deberes. Deben estar a la altura del momento histórico en que estamos, que es el del fin de un largo conflicto armado con millones de víctimas.

Francamente es una burla y un atropello al derecho a la paz de todos, la determinación de aplazar una decisión sobre el fast track hasta el 12 de diciembre, pues ciertos togados han preferido dar prelación a sus compromisos de placer y asueto en otros países, mientras en Colombia siguen acribillando líderes de los derechos humanos.

Mientras todos los colombianos clamamos por la paz, varios magistrados se van de viaje al exterior, de paseo decembrino, importándoles un bledo la guerra que carcome este país. La Presidente y ponente María Victoria Calle y Gloria Stella Ortiz salieron para Israel; Aquiles Arrieta viajó a Alemania; el vicepresidente Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares salieron para Centro América.

Por eso es que estamos tan jodidos en este país. No hay derecho. Tenemos que movilizarnos en masa, a lo largo de la semana, para exigir con plantones y cadenas humanas que la Corte trabaje y asuma con seriedad las responsabilidades que le corresponden.

No podemos permitir que el señor Uribe Vélez siga presionando y amenazando para que desde la Corte Constitucional se dañe la paz.

Nota. Hay quienes amenazan con el cuento del señor Trump para meter miedo en el proceso de paz. Les recuerdo que Trump primero debera hacer frente al incendio que consume su propio rancho por la creciente inconformidad de los desempleados blancos, los afrodescendientes y los mexicanos.        

 

 

 

 

 

 

 

 

A la memoria de Dolly Alzate y sus perseverantes, valientes y silenciosas luchas al lado de los campesinos y las mujeres del campo, en el Retorno, Guaviare.

Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Agítense, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza.

Antonio Gramsci.

La implementacion de los acuerdos de paz esta en curso y surgen ideas y propuestas para la conformación de un "sancocho nacional" como nuevo movimiento politico de las guerrillas campesinas para ampliar la democracia.

Horacio Duque.

Introducción.

Superada la crisis del proceso de paz suscitada por los resultados adversos del plebiscito del 2 de octubre y el sabotaje sistemático del sector uribista, consolidado un Nuevo Acuerdo de Paz, firmado recientemente por las partes en el Teatro Colon de Bogotá, recuperado el curso de la terminación del conflicto social y armado, proyectada la refrendación en el escenario representativo del Legislativo y previstas las acciones inmediatas de la implementación de los elementos consensuados a lo largo de seis años, resulta conveniente reflexionar sobre los múltiples elementos de la  arquitectura perfilada para aclimatar la paz y la convivencia.

Por supuesto, la solidez y coherencia de  tal reflexión debe acudir a un enfoque multidisciplinar para integrar enfoques de orden histórico, sociológico y politológico.

Pierden seriedad ciertos análisis sesgados y caprichosos que descalifican ligeramente lo acordado por las Farc con el gobierno del Presidente Santos para poner término a su lucha armada de casi 60 años como expresión de la resistencia frente a la violencia de las elites agrarias y mafiosas. Las críticas formuladas para sugerir claudicación y renuncia a principios fundamentales son muy débiles y hacen parte de una retórica delirante que desconoce la realidad y las dimensiones de los procesos políticos emancipatorios. Están en su derecho, por supuesto, pero deberían considerar su nivel de disparate y falta de objetividad. Es fácil despacharse desde la comodidad de las ciudades, los escritorios y las cafeterías contra quienes han mostrado con hechos y sacrificios su capacidad de lucha y consistencia moral. Decir que “Timochenko y su camarilla” se entregaron al régimen capitalista, como lo repiten algunas mediocridades, no amerita mayor preocupación.

La movilización política de los combatientes agrarios y revolucionarios, la constitución de un nuevo movimiento político, la elegibilidad de los guerrilleros, la garantía de su seguridad y preservación de la vida, el Estatuto de la oposición, las reformas electorales y el acceso a los medios de comunicación en condiciones de igualdad, el respeto por la protesta popular y la acción de los movimientos sociales, son asuntos trascendentales que se posicionan sensiblemente en la opinión pública y el debate nacional. Son un acervo político y hacen parte de las acumulaciones hegemónicas de la masa. Acumulación histórica que lleva a la actual fase de democratización.

Las propuestas de un “gobierno de transición” para defender la paz y la conformación de una especie de “sancocho nacional” como partido político, a la manera como lo proponía Jaime Bateman en los años 80, son ideas que han generado controversia  y expectativa.

El “sancocho nacional”.

Un “sancocho nacional” es una aleación política que, a mi juicio, pretende articular elementos sociales y políticos heterogéneos para proyectar un bloque contrahegemonico que sustituya la dominación violenta y retrograda de quienes pivotan en la violencia, la manipulación religiosa y moral.

De lo que se trata es de establecer un bloque político que articule las más disimiles manifestaciones sociales identificadas con la paz.

La paz como “significante vacío”.

La paz debería ser un “significante vacío” que condense las diferentes demandas de los segmentos coincidentes en las posibilidades de la misma como plataforma de transformación profunda de la sociedad. Un “significante vacío” como aquel que en 1917, en Rusia,  dio curso a un salto radical de la vieja estructura feudal predominante en aquella nación. Me refiero a la consiga de “Pan, tierra y paz” que unió a las mayorías sociales para sacudirse el atraso y totalitarismo zarista.

Construir pueblo.

Por supuesto, surgen interrogantes y controversias sobre los potenciales y las condiciones de posibilidad de dicha iniciativa planteada desde el campo de las Farc, como estrategia para construir pueblo. El pueblo de la paz.

La derecha y el establecimiento político tradicional han descalificado tal proyecto. Nace muerto. No tiene posibilidades. La gente odia a las Farc por narcoterrorista. Su partido político estará condenado a la marginalidad y no saldrán  del escaso 1.5% que ha caracterizado a los comunistas y sus conocidos aliados a lo largo de 90 años. Sus planteamientos son vetustos, anticuados, jurásico y no interpretan en lo más mínimo la idiosincrasia del pueblo colombiano. Los derrotaremos en las urnas, son mamertos, proclaman al tiempo Santos y Vargas Lleras. Uribe dice que eso es pan comido. Puro castrochavismo, comunismo trasnochado al que se le debe hacer “resistencia civil” y exterminio social, porque las masas lo repudian.

Una tarea difícil.

Obviamente no basta con proclamar la iniciativa del “sancocho nacional” para que la gente salga en masa a respaldarla. Eso no será fácil. Tendrá muchas dificultades y enemigos muy poderosos bloqueándola, descalificándola y distorsionándola.

La tarea es compleja. Se trata de un reto bastante fuerte, pero se debe asumir. Lo que pasa es que se requiere mucha flexibilidad, mucha imaginación, mucha apertura, mucha paciencia, mucho respeto. Se necesita superar viejas prácticas sectarias, dogmáticas, clientelares, culturales, propias de nichos y guetos delirantes y excluyentes.

Interpretar el nuevo clima político.

Mi sugerencia es que hay que interpretar adecuadamente el nuevo clima creado por el proceso de paz y la apertura política que se proyecta para establecer una democracia ampliada, mediante la concreción de las tres columnas centrales del consenso político establecido en el NAP  firmado en el Teatro Colon y que se refieren a tres temáticas:

Garantías para la oposición política. Se creará un “estatuto de la oposición”, un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que contiene las garantías para la actividad política. Se incluyen expresamente las reglas para la participación del nuevo partido político en el que se transformarán las FARC, tales como el acceso a medios de comunicación, financiamiento estatal y reconocimiento jurídico.

Participación Ciudadana. Se acuerda el respeto al derecho a la movilización y la protesta pacífica, las garantías para la reconciliación y la no estigmatización por ninguna razón, la participación ciudadana en veedurías, medios de comunicación y en la planeación del desarrollo en los diversos niveles de gobierno, para lo cual se crearán Consejos Territoriales de Planeación. En garantía al tránsito de las FARC a la legalidad, se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que tendrá a su cargo la pedagogía de paz y la capacitación sobre el acuerdo de paz y la convivencia dirigida a funcionarios y funcionarias estatales.

Participación Electoral. Se establecen medidas obligatorias para la lucha contra la corrupción y la transparencia en los procesos electorales, lo que supone modificaciones en el sistema político y en el régimen electoral, que serán realizadas a partir de recomendaciones de 7 instituciones independientes. Como proceso de tránsito a la democracia, se crearán 16 Circunscripciones Especiales de paz que elegirán 16 Representantes a la Cámara por 2 periodos electorales, en las cuales no podrán participar ninguna de las formaciones políticas con personería jurídica (incluyendo el partido de las FARC), ( Ver http://bit.ly/2gPh908 ).

Profundizar en el análisis de la democracia.

Es por tal razón que se necesita profundizar el análisis sobre la democracia política y sus manifestaciones concretas. Desplegar una serie de consideraciones sintéticas que recojan los elementos estructurales de la crisis estatal y económica de la formación social, para lo cual se  requiere utilizar varios temas o niveles analíticos.

La ruta del proceso de paz.

Con el proceso de paz Colombia atraviesa por un profundo sendero de transformaciones, que se inició hace seis años con el cuestionamiento implícito a los ejes centrales del ciclo estatal anterior, la democracia representativa y el modelo económico neoliberal, así como a sus actores principales, los partidos políticos en el poder, dando lugar a un momento de amplia crisis estatal y reconfiguración política.

Este proceso, que ha impactado las estructuras estatales convencionales y generado una de las reformas políticas más profundas en la memoria histórica colombiana, está ligado a la emergencia de nuevos sujetos en el campo político que irrumpen desde la sociedad civil, es decir, desde las periferias de la política institucional, han posicionado nuevas propuestas y universos simbólicos en el campo político, así como nuevas formas de articulación democrática ampliando sus límites y otorgándole un contenido distinto.

La democracia como orden político produce, entre otras cosa, apertura del tiempo histórico. Un régimen democrático se instaura sobre la base de un conjunto de convicciones; una de ellas es que las sociedades y naciones son posibles de construir, reformar y dirigir en diferentes direcciones en el tiempo y en los contextos regionales y mundiales, de acuerdo a la dinámica de la deliberación que se organiza en su seno, sobre la base de principios de igualdad en la participación política.

Democracia ampliada y apertura del tiempo histórico.

En este sentido, el proceso de paz de los últimos años con las Farc configura una apertura del tiempo histórico, pero desde fuera del escenario de lo que estrictamente podríamos llamar régimen político, es decir, desde otros espacios de vida política que estaban desconectados e, inclusive, en contradicción con aquellos ámbitos institucionales reconocidos por el Estado y organizados por el Estado para incluir representación y participación. Esto implica que las condiciones y fuerzas de democratización se fueron generando, sobre todo, desde fuera del sistema de partidos y desde fuera del régimen político, y lo fueron penetrando a partir de procesos que produjeron un cambio en la composición del sistema de partidos y, por lo tanto, las reformas se están procesando, en parte, hoy en el seno del Estado a propósito de la negociación política de paz.      

Estos procesos que vienen de espacios externos al régimen político, porque también son espacios políticos, están creando la condición de posibilidad de realización de varios escenarios participativos y de una Asamblea Constituyente que debería tener como tarea diseñar las condiciones institucionales para el gobierno del país en el largo plazo, pues siempre hay una tendencia a que se produzca un nuevo cierre respecto a cuáles serían los espacios, formas y sujetos de la participación política y del gobierno en el país promovida por la ultraderecha. En este sentido, la democratización, que hay que enfrentar y producir, tendría que evitar la constitución de nuevas formas de monopolio político y, más bien, ir ampliando las áreas de igualdad.

Releer la democracia.

Ante las nuevas realidades políticas y sociológicas, resulta prioritario una lectura centrada de los rasgos y connotaciones que adquiere la democracia, la acción colectiva y las emisiones discursivas de los sujetos, en la medida en que es ahí, en el territorio de las prácticas, donde se gestan las “nuevas” significaciones de la política colombiana y sus nuevos derroteros, pues la tendencia predominante en el seno de la ciencia política ha sido definir democracia como un método de selección y renovación de los gobernantes, a través de elecciones y del funcionamiento de un sistema de partidos competitivos.

La democracia no puede leerse sólo en sus anclajes institucionales sino fundamentalmente en su relación con la sociedad civil, las organizaciones sociales y las contradicciones estructurales que de ella emergen.

Cabe concebir a la democracia como un proceso, como un régimen político, como una cultura política, como un conjunto de espacios políticos, y también cabe tomar en cuenta a los procesos de constitución de sujetos.

La objetivación de los consensos de paz.

Por eso lo que hoy se requiere es un estudio minucioso del proceso de objetivación de los consensos de paz entre el gobierno y las Farc, que se plasmaran en nuevos marcos normativos, legales, de políticas públicas y constitucionales, a partir de las iniciativas de los actores sociales y políticos involucrados, con amplia implicación democratizadora.

Recuperar algunas categorías políticas.

Ahora bien, con el fin de abordar el alcance y orientación de los cambios suscitados en el campo político desde los inicios del proceso de paz, se requiere recuperar algunas categorías conceptuales que trascienden una visión de la política y del poder limitadas a la práctica institucional, y plantear una (re)lectura del concepto de democracia como elemento articulador del campo político colombiano actual, asumiendo que el campo político, más que el puramente institucional, es el espacio de interacciones, cooperación, coincidencias y conflictos, que remite a la esfera de las luchas hegemónicas por el poder (Dussel), pues al hilo de su argumentación, todo campo político es un ámbito atravesado por fuerzas, por objetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas voluntades se estructuran en universos específicos. El concepto de campo político, desplaza o más bien amplía el análisis hacia la sociedad civil y permite identificar la red de relaciones de fuerzas o nodos, en que cada ciudadano, cada representante o cada organización operan (Dussel).

 Lo que requerimos es una reinterpretación de la democracia en el marco de su profundización y ampliación a otros formatos de ejercicio del poder y de la política, situados en las interfaces entre el Estado y la sociedad civil, pues  son palpable las  (re)significaciones de la democracia en este periodo de profundas transformaciones toda vez que el proyecto democrático-participativo incluido en la paz se orienta a la ampliación del campo de la política y a la construcción de ciudadanía por medio de innovaciones en la relación entre Estado y sociedad, así como a una (re)politización de los conflictos y su (re)significación en el campo político.

Las preocupaciones y análisis sobre la democracia en Colombia siempre se han centrado fundamentalmente en la gestión pública e institucional de los gobiernos de turno y en la necesidad de mantener la estabilidad política; así como en el comportamiento de los partidos políticos como factores críticos de la gobernabilidad.

Las limitaciones en dichos paradigmas interpretativos sobre la democracia y sus efectos en los sistemas políticos, nos ponen, nuevamente, ante el desafío de encontrar nuevas narrativas, lecturas críticas y renovadas de la relación entre el Estado y la sociedad, del sistema de representación política y de los núcleos en que se dirime el poder.

Superar la visión monológica de la democracia.

Para ello, en principio es necesario abandonar una visión monológica de la democracia asociada a la estabilidad institucional, y más bien partir de las contradicciones donde el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consiste en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo.

En consecuencia, es inevitable que la democracia vaya mutando su contenido y produzca nuevos efectos de verdad, condiciones que (re)definen lo que es y no es aceptable; pues las condiciones del discurso y los propios discursos no son dados de una vez y para siempre, sino que se transforman a través del tiempo, mediante cambios generales y relativamente repentinos de un episteme a otro, como lo señalara M. Foucault.

En ese sentido, no es posible repensar, también, la democracia sin discutir la noción de ciudadanía.

Esto nos lleva a plantear una concepción de la democracia en torno a otros núcleos, que retoman tanto su primer origen, la polis, como también los núcleos fuertes de la experiencia moderna, que tienen relación con la idea de concebir el núcleo central de la democracia en una combinación de las ideas de igualdad política y autogobierno.

Es decir, un país es democrático en la medida en que introduce y amplía las áreas de igualdad política, en principio, y a través de eso amplía también las áreas de igualdad en otros aspectos de la vida social. Este es un principio para organizar el autogobierno, un régimen político que permita que un país pueda, predominantemente, responder a las pulsiones internas de autogobierno.

Las elecciones no pueden ser el principal criterio para definir el carácter democrático o no de una forma de vida política y el régimen político y de instituciones que la gobiernan. Son un aspecto secundario, y cabe pensar en cómo está articulado con estos otros elementos del núcleo central, es decir, con la igualdad y el autogobierno.

En este sentido, la democratización en el país que ha traído el proceso de paz, tiene más bien como tarea mantener la apertura política y diseñar los espacios políticos e institucionales que permitan mantener la misma, que es el margen de libertad y autogobierno, en términos de capacidad de reforma, a partir de las propias fuerzas y fines que, además, necesitamos para enfrentar como un proceso de construcción, la configuración de un necesario gobierno de transición en el país, para encarar el problema de la igualdad.

En breve, la democratización en curso  implicará ir desarmando las estructuras patrimoniales caciquiles y feudales, que están fuertemente vinculadas a la base del presidencialismo actual, para avanzar hacia formas de cogobierno, es decir, de dirección compartida en un régimen de transición.

Quizás los gobernantes de turno no entienden que, en democracia, el lugar del poder es “un lugar vacío”, es decir que ningún grupo “es” el poder, sino que lo ocupa circunstancialmente, a diferencia de otros sistemas que encarnan en personas o grupos dominantes.

Conclusión.

La viabilidad de un nuevo movimiento político promovido por las Farc está estrechamente asociada con un nuevo modelo de democracia política, con la ampliación de esta mediante la superación de los enfoques institucionalistas y electorales.

Profundizar la democracia implica generar las condiciones para que una fuerza política renovadora, “un sancocho nacional”, afiance el sentido transformador de los acuerdos de paz consolidados.

Armenia, 28 de noviembre del 2016.

 

 

El transito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

 

Uno de los desafíos mas importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

 

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

 

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Horacio Duque.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

 

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

 

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

 

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

 

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

 

Varios, a mi juicio.

 

El mas complicado es el de la violencia oscura que ya se ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

 

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista  se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

 

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

 

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

 

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

 

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

Nota. Se acerca la justicia al oscuro Senador Armando Benedeti. Acostumbrado al saqueo millonario de diversas entidades publicas y a la compra de votos, sus tropelias y desmanes quedaban en la mas absoluta impunidad. Es dueño de fortunas inexplicables, junto a su Padre y hermano. Es un ladron de "cuello rojo" y en el Fondo de Prestaciones Sociales de los maestros el tiro parece que le salio por la culata, ha sido desenmascarado por su vinculacion en el bochornoso carrusel de las fraudulentas pensiones de los docentes en el departamento de Cordoba. Casi que no!!!!!!!!!!. 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Los Cabildos abierto se han ofrecido como un mecanismo de refrendacion de los nuevos Acuerdos de paz. Ellos no son incompatibles con la Contituyente por la paz, bien pueden ser espacios de la democracia deliberativa que contribuyan al proceso de conformacion de la Constituyente.

Introducción.

Se amplía el debate sobre la refrendación de un nuevo texto de los acuerdos de paz. Por supuesto lo primero es la definición de dicho documento el cual debe mantener lo esencial del Acuerdo de Cartagena firmado el pasado 26 de septiembre.

La controversia al respecto debe enriquecer la democracia ampliada y la apertura política en los términos de los nuevos derechos políticos y sociales conquistados hasta el momento en la Mesa de conversaciones de Cuba.

Los Cabildos abiertos que prevé la ley han sido postulados como un procedimiento de refrendación que, de aceptarse, deben ser adelantados en los 1113 municipio que existen en la actualidad.

Los Cabildos son un elemento básico de la democracia deliberativa y del discurso ético que la acompaña. Estos no son incompatibles con la iniciativa de la Asamblea Constituyente por la paz que hemos venido planteando como instrumento de la resistencia agraria y el poder constituyente popular para avanzar en la construcción de un modelo político progresista y antineoliberal.

En este documento recogemos diversos aspectos políticos y legales del Cabildo abierto. En ese sentido nos identificamos con las apreciaciones del ex magistrado Rodrigo Uprimny, las cuales nos sirven de punto de reflexión para fortalecer una deliberación transparente respecto de los nuevos consensos de paz y de su legitimación popular.

Los Cabildos abiertos.

Este documento pretende abordar algunas cuestiones sobre la figura del Cabildo Abierto como herramienta que contribuya a reforzar y consolidar el Acuerdo de paz con las Farc para terminar el conflicto social y armado e iniciar el proceso de construcción de la paz.

Qué son los CA?

El Cabildo abierto es una institución de la democracia participativa y deliberativa consagrado en la Ley 134 de 1994, complementada y parcialmente modificada en la Ley 1757 de 2015. Su interpretación ha sido desarrollada por cuatro sentencias relevantes de la Corte Constitucional: la C-180 de 1994 (Verhttp://bit.ly/2f2L2cI ) , la T-637 de 2001 (Verhttp://bit.ly/2ewSI4a ) , la T-350 de 2014 (Ver http://bit.ly/2eEckSb ) y la C-150 de 2015 (Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-150-15.htm ).

 

Dicho mecanismo ha sido sugerido recientemente como una alternativa de grandes posibilidades para afianzar los pactos de paz y avanzar en su implementación.

 

Los cabildos abiertos (CA) son una alternativa jurídica y política frente al estrecho triunfo del No en el plebiscito. Y que podrían incluso constituir un mecanismo alternativo de refrendación.

 

Los cabildos pueden ser un mecanismo de refrendación de un acuerdo con algunos ajustes que no contradigan su esencia fundamental.

 

El Cabildo abierto es una imaginativa iniciativa que acude al Constituyente primario para consultarle sobre un tema trascendental para Colombia, aun cuando el Cabildo abierto es para temas locales, la paz siendo nacional cobra valor en todas las ciudades, en los 1.113 municipios, en la gran cantidad de localidades, extensiva a las barriadas, las esquinas y todos los hogares.

 

No se han realizado muchos CA significativos en los últimos 25 años de la Constitución de 1991, ni se han dado importantes sistematizaciones oficiales o académicas de los resultados de estas experiencias.

 

Los Cabildos Abiertos pueden ser un mecanismo democrático adicional, y en cierta medida intermedio, entre las movilizaciones ciudadanas y las negociaciones de La Mesa de diálogos, que podría contribuir significativamente a superar la compleja situación que está viviendo el proceso de paz por los resultados del plebiscito.

 

Acudir al Constituyente primario para entrar a opinar y reorientar la política pública sobre un tema tan vital como lo es la paz en Colombia, se convierte en un procedimiento esencial, novedoso y muy práctico.

 

Vamos a tratar la materia con un conjunto de tesis para aportar al debate correspondiente.

 

Tesis 1.

Naturaleza jurídica.

 

La naturaleza jurídica de un CA es la de ser una asamblea de los ciudadanos y la institución representantiva local (junta administradora, concejo o asamblea departamental) pues los ciudadanos debaten entre sí y con los miembros de esas instancias y formulan peticiones y propuestas que deben ser respondidas por esas instituciones locales. El Cabildo en sí mismo no toma entonces decisiones sino que es una instancia participativa y deliberativa, pero los concejos, las asambleas y las juntas administradoras, al responder a las peticiones ciudadanas, pueden adquirir “compromisos decisorios” y dichos compromisos serán obligatorios y las autoridades deben proceder a su ejecución.

 

La Constitución de 1991 consagra el Cabildo Abierto como uno de los mecanismos de participación ciudadana. Precisó que sólo se requiere que el 5 X 1.000 del censo de cada municipio haga la solicitud para que el concejo se transforme en un cabildo abierto donde la asistencia debe ser certificada por la Registraduría.

 

El Cabildo abierto es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad, establece el Artículo 9 de la Ley 134 de 1994).

 

Lo que hace la Ley 134 de 1994 en materia de cabildo abierto es desarrollar en el derecho positivo una serie de formalismos que deben agotarse para que opere el cabildo, teniendo en cuenta que los ciudadanos que intervienen en el mismo no adoptan propiamente decisiones, aunque sea este un espacio donde se definirá precisamente la suerte que tendrán sus propuestas.

 

Tesis 2.

Convocatoria.

 

La mecánica de la convocatoria es la siguiente: los ciudadanos piden que se realice un cabildo sobre un tema específico y si la convocatoria reúne firmas de al menos 5 por mil del censo electoral local, que no es algo excesivo, el concejo, la asamblea o la junta administrativa local deben convocarlo dentro del mes siguiente, y el alcalde o le gobernador, según el caso, deben asistir.

 

El procedimiento comienza por la solicitud que deben hacer por lo menos el 0,5% del censo electoral respectivo –también las organizaciones civiles pueden participar en el proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos–, ante la secretaría del Concejo o de la Junta Administradora Local, entidad que debe divulgar el lugar, fecha y temas que se tratarán en el cabildo. Al mismo pueden asistir las personas interesadas –habitantes del lugar– pero sólo pueden hacer uso de la palabra el vocero de quienes solicitaron el cabildo y aquellos que se inscriban al menos con tres días de antelación y presenten el resumen escrito de su intervención. Todos ellos pueden participar en la deliberación; la decisión es adoptada por la Corporación respectiva, dando respuesta escrita y razonada a las solicitudes ciudadanas.

 

La petición de convocatoria a cabildo abierto debe ser resuelta en 15 días y el lugar de sesión no necesariamente es la sede del Concejo, también puede ser una plaza pública.

 

Tesis 3.

Cabildos abiertos y democracia deliberativa.

 

Los Cabildos Abiertos son importantes porque representan un espacio participativo y deliberativo que posibilitaría acercamientos entre quienes votaron SI, quienes votaron No y quienes se abstuvieron; y, además, los Cabildos Abiertos se articularían a la movilización social y generarían pronunciamientos de los concejos municipales o distritales, las juntas administradoras locales o las asambleas departamentales sobre la paz, con un importante efecto político, sobre todo si muchas instancias locales se pronuncian en forma concordante o semejante.

 

La deliberación pública puede ser esencial puesto que ésta, como lo han mostrado los defensores de la democracia deliberativa permite, a través del intercambio razonado de información y argumentos, corregir errores, superar prejuicios y construir colectivamente una visión del bien público (en este caso la paz) más allá e prejuicios y preferencias iniciales. Y es que la democracia no es sólo el voto sino también, según la vieja y conocida caracterización de John Stuart Mill, el gobierno a través de la discusión pública. Y en este plebiscito hubo una votación (aunque con alta abstención) pero muy poca discusión pública genuina.

 

Tesis 4.

Potenciales y limitaciones del Cabildo Abierto.

 

Los Cabildos Abiertos tienen potencialidades esperanzadoras pero también tienen limitaciones jurídicas y riesgos que no se deben ignorar, como que sean usados para dilatar por parte del uribismo y otros enemigos de la paz.

 

Hay que reconocer los riesgos y limitaciones de recurrir a ellos y, por tanto, su convocatoria debería estar liderada por los movimientos sociales y los estudiantes y tener un temario muy acotado, basado en el comunicado conjunto de la Mesa de la Habana del 7 de octubre, esto es, exclusivamente para señalar si el municipio aprueba el acuerdo final o para debatir propuestas específicas de ajustes y precisiones al Acuerdo.

 

Sus potenciales son los siguientes:

 

Primero. Son una especie de mecanismo bisagra entre la movilización social informal por la paz, que debe seguir y fortalecerse, y los pronunciamientos más formales e institucionales sobre la paz, pues la convocatoria y realización del Cabildo puede articularse a la movilización social pero, a su vez, obliga a un pronunciamiento formal de las instancias oficiales locales, como los concejos o las asambleas. Si los ciudadanos formulan peticiones específicas a los gobernadores o alcaldes, estos también deberán responder formalmente a esas peticiones.

 

Segundo Los Cabildos tienen una dimensión deliberativa (de la cual carecen las marchas y concentraciones) y si se realizan adecuadamente, acompañados de otros espacios de discusión local, permitirían acercamientos entre los sectores del SI y del NO.

 

Tercero. Como los Cabildos son también una instancia participativa, permitiría que quienes se abstuvieron de votar puedan ahora participar en la discusión sobre la paz y expresar su opinión sobre el tema.

 

Cuarto. Por esa razón, los Cabildos permitirían que la salida a la crisis se resuelva también por la deliberación y movilización ciudadanas.  La idea sería que los pronunciamientos de las distintas instancias representativas locales de aquellos lugares donde hayan sido realizados los CA sirvan de insumos legítimos y relevantes para las decisiones de la Mesa de La Habana sobre los ajustes y precisiones que puedan ser necesarios al Acuerdo de La Habana y de esa manera la mesa de negociaciones tiene una visión más amplia (más allá de las posiciones de las fuerzas políticas) de lo que la sociedad colombiana quiere frente al Acuerdo de la Habana.

 

Que sean los estudiantes, quienes han liderado las actuales movilizaciones sociales por la paz, quienes, cuando sea posible, lideren las convocatorias de los Cabildos en los distintos municipios, localidades o departamentos; y cuando no sea posible, que esa labor recaiga sobre movimientos sociales no partidistas; que en esas convocatorias se delimite el alcance de la discusión en el Cabildo y del pronunciamiento de la institución representativa local (concejo, asamblea o junta administradora loca), en forma tal que las deliberaciones recaigan exclusivamente sobre el acuerdo, ya sea para determinar si se le apoya globalmente o no, o cuales serían los ajustes y aclaraciones necesarios para que esa localidad lo apoye; podría incluirse en la convocatoria los puntos del acuerdo a ser debatidos, a partir de las objeciones ya conocidas sobre los acuerdos; debería quedar claro que el CA o el pronunciamiento de la entidad territorial no pretende lograr una autorización jurídica para que se realice una aplicación fragmentada de los acuerdos de paz en los distintos municipios, sino que es un espacio ciudadano para una discusión de los mismos y para que haya un pronunciamiento de la instancia representativa local; no debería haber preguntas ni interrogantes específicos a gobernadores ni a alcaldes pues lo que se busca es un pronunciamiento de la institución representativa local que interprete la posición que surja del Cabildo; debería insistirse en la importancia de adoptar en los Cabildos una genuina ética de la discusión pública a fin de potenciar los efectos pacificadores de la democracia deliberativa: deberíamos comprometernos a buscar acuerdos, sin negar nuestras diferencias, y siendo leales con los argumentos y evitando falsedades. Esto implica un pacto de honestidad intelectual o simplemente de orden en el debate, que conduzca a excluir temas que no tienen que ver con la paz y que crearon mucho ruido y confusión entre la ciudadanía, como sucedió con la discusión de reforma tributaria o de la llamada ideología de género, que nada tienen que ver con las negociaciones de paz.

 

Podría pensarse, por ejemplo, en que previamente a la realización del CA pudieran realizarse encuentros informales para debatir localmente los ajustes y precisiones que razonablemente pudieran introducirse a los Acuerdos de paz.

 

Tesis 5.

Valor y consecuencias de los Cabildos Abiertos.

 

Se podría pensar que los Acuerdos ajustados se entenderían refrendados si, por ejemplo, son aprobados, luego de un Cabildo, por la mayoría de los concejos municipales del país, siempre y cuando esos municipios representaran a la mayoría de la población, sin necesidad de que los acuerdos fueran sometidos a un nuevo plebiscito. O incluso podría pensarse en que fueran Cabildos departamentales y que la refrendación correspondiera a las asambleas departamentales.

 

Fue, sin ser partidarios de dicha Constitución, el mecanismo usado por Núñez para refrendar las bases de lo que sería la Constitución de 1886; en efecto, el elemento que legitimó la asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1886 fue que sus principios y bases fueron sometidos a la aprobación de las municipalidades y de 619 que votaron, lo hicieron afirmativamente 605, y 14 negativamente.

 

Tesis 6.

Darle el apoyo al Acuerdo de paz y a la Mesa de conversaciones.

 

El objetivo central de los Cabildos abiertos en todo el país sería darle todo el apoyo político a la Mesa de diálogos de La Habana y al Acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena en cuanto concierne a la legitimación de los mismos, y señalar que los  Acuerdos de La Habana, que ¡“están legalmente vigentes”!

 

Armenia, 3 de noviembre de 2016.

 

 

Horacio Duque.

Ideas, preguntas y propuestas para fortalecer la iniciativa de la convocatoria y elección de la Constituyente por la paz.

Introducción.

En política hay hechos que no se pueden ignorar. Existe un Acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano en cabeza del señor Santos e, igualmente, tenemos un pronunciamiento ciudadano en un plebiscito que lo rechazo por escaso margen.

El texto del consenso de paz está en el aire y su esencia se intenta recuperar mediante un complejo proceso de negociaciones adelantado por el gobierno con los representantes del No. Simultáneamente la Mesa de La Habana con las Farc ha sido reactivada con el objetivo de construir un nuevo pacto que permita rescatar lo construido a lo largo de seis años de diálogos en materia agraria, democracia ampliada, drogas, victimas, justicia, terminación del conflicto e implementación de las coincidencias.

Si bien el Acuerdo de Cartagena es un protocolo de gran valor, base de la apertura democrática y del fin del más prolongado conflicto social y armado de nuestra historia, punto de referencia de una nueva gramatica política y de una discursividad asociada con las demandas populares y nacionales, tampoco es lo máximo respecto de los cambios profundos que demanda la grave crisis sistémica que azota la sociedad y el régimen político.

Ya sabemos que desde sus inicios, la delegación del gobierno colocó en La Mesa de conversaciones, unas líneas rojas para impedir alteraciones del modelo económico neoliberal, para no tocar las Fuerzas Armadas y las doctrinas contrainsurgentes que le dan sustento y para sostener el régimen político con su sistema electoral y de partidos clientelares.

Es lo que explica en gran medida el rechazo santista a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente.

Aun así, en el nuevo escenario planteado con las votaciones del pasado 2 de octubre, tanto la ultraderecha como la derecha gubernamental, han formulado en práctica coincidencia, un conjunto de propuestas que desmantelan lo construido durante varios años. De hecho, estas dos corrientes de la elite dominante, convergen en una contrarreforma que afecta las bases mínimas de una paz  democrática.

Todo ello es fácil percibirlo a propósito de la justicia especial de paz, de la reforma agraria, de la participación política, del blindaje constitucional, de los derechos políticos de las Farc, de la erradicación del paramilitarismo, de la renovación de la política, de la implementación, de la dejación de las armas y del Cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo.

La extravagancia de la ultraderecha es asombrosa. Nos quiere regresar al oscuro periodo de la mal llamada seguridad democrática y al imperio de la impunidad en materia de masacres, falsos positivos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos.

El gobierno no se queda corto en sus intenciones y pretende meterle candado al modelo neoliberal con una regresiva reforma tributaria, con las Zidres, con la megamineria, con el código de policía, con más prebendas a la politiquería, con ventajas electorales para los gamonales del régimen y con los aberrantes monopolios mediáticos que desvían la esencia de la problemática nacional.

Súmele a lo anterior la fragilidad y las incertidumbres sobre la implementación de nuevos consensos para terminar definitivamente la guerra.

No hay claridad y cualquier cosa puede suceder en momentos en que crecen las premuras y afanes del señor Santos, afectado, por lo demás, por una gran debilidad política e institucional, pues con los días el desafecto ciudadano crece frente a su gobierno.

La coyuntura demanda mucha imaginación, mucho esfuerzo político para encontrar la mejor ruta y la mejor fórmula de salida al enredo en que nos encontramos, del cual solo la oligarquía saca partido para darle continuidad a su sistema de dominación.

No es con pañitos de agua tibia que damos el salto. No es con procesos gradualistas y de simple acumulación que se pueden atender los desafíos y retos de la coyuntura.

Asi ocurrió en 1990 cuando un sector de la clase dominante diseño, promovió e impuso una formula constituyente al margen de los impedimentos y obstáculos legales del texto de 1886 con sus respectivas reformas.

Se puede acudir a la actual Constitución. Se puede traer a colación el texto de los artículos 374 y 376 de la misma para generar un marco de referencia, pero creo que eso no es suficiente.

Un cuerpo constituyente soberano hoy tiene que ser el reflejo y el resultado de la potencia del poder constituyente de la resistencia campesina y popular.

Una Constituyente de la paz no puede ser hechura de la clase política dominante vinculada con la corrupción y la degradación del campo político.

Una Constituyente tiene que ser el resultado de una conquista del proceso de paz.

Hechas esas consideraciones, lo que procede es profundizar la reflexión y el análisis sobre dicho mecanismo.

Preguntas sobre la Constituyente.

Al respecto bien sirve plantearse algunas preguntas ¿En qué consistiría un pacto político para convocarla? ¿Quiénes intervendrían en este? ¿Cuáles serían las bases de su convocatoria? ¿Cuántos delegados la integrarían? ¿Cuál sería el sistema electoral para escoger sus miembros? ¿Qué cuotas se darían a los representantes de las Farc, de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los afrodescendientes, de los intelectuales? ¿Cuál sería la agenda de la Constituyente? ¿Cuáles serían los ejes de su reglamento para funcionar? ¿Durante cuánto tiempo funcionaria la Constituyente? ¿Cómo sería la reglamentación de la campaña para su elección y difusión entre la ciudadanía?

Estas son cuestiones que deben debatirse y analizarse para crear las condiciones políticas de dicho mecanismo.

Las propuestas iniciales de las Farc.

Entre tanto, traigo nuevamente las ideas formuladas desde fines del año 2013 por la delegación de las Farc en la Mesa de diálogos de Cuba (http://bit.ly/2ebnj50 ).

Son tesis que seguramente tendrán que actualizarse a la luz de los acontecimientos presentados a lo largo 35 meses en materia de paz y superación del conflicto.

1. Proceso de paz y poder constituyente.

En consideración a la oportunidad histórica sin igual de un Acuerdo final que permita avanzar hacia la construcción del noble propósito de la paz con justicia social, la democratización real y la reconciliación nacional; de dejar a un lado las fuerzas militaristas y de ultraderecha empecinadas en una prolongación indefinida de la confrontación armada; de dotar dicho Acuerdo con la mayor participación social y popular y legitimidad posible, se apelará a la voluntad del pueblo soberano, al poder intrínseco del constituyente primario y soberano.

Todo ello, en consonancia con lo señalado en el preámbulo del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado por las FARC-EP y el Gobierno nacional”, el 26 de agosto de 2012, cuando estipula que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos (…)”.

2. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz.

Se convocará la Asamblea Nacional Constituyente como máxima expresión del constituyente primario y soberano.

3. Gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente.

La convocatoria se fundará en un “Gran Acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente”, concebido como expresión de la voluntad política colectiva y del compromiso de las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales de la Nación para contribuir a la construcción de un Acuerdo final.

El propósito del mencionado gran acuerdo consiste en darle viabilidad jurídica y política a la iniciativa; establecer los criterios para el logro de la más amplia movilización y participación social y popular; concertar propósito y principios, naturaleza, composición, materia y alcances legislativos de la Asamblea, sin perjuicio de las definiciones propias del constituyente soberano. El “Gran Acuerdo político nacional” se comprende como una expresión elevada de la participación social en la construcción del Acuerdo final…

4. Movilización social por una Asamblea Nacional Constituyente.

Para tal efecto, se activarán los dispositivos comunicacionales a que hubiere lugar, incluida su financiación. De manera especial, se estimulará la participación de los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, comprendidas las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes. La generación de condiciones para transitar hacia la paz con justicia social exige la mayor legitimidad.

5. Poderes públicos y Asamblea Nacional Constituyente.

En el entendido de que el alzamiento armado no ha sido contra algún gobierno en particular, sino contra el Estado en su conjunto, el “Gran acuerdo político nacional” debe comprometer a todos los poderes públicos, sin perjuicio de las facultades y funciones que les han sido conferidos. La convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente han de ser expresivas de una voluntad de Estado en la búsqueda de un bien común mayor: la paz con justicia social, estable y duradera.

6. Diseños normativos.

En reconocimiento del origen político del derecho, harán parte del “Gran acuerdo político nacional” los diseños normativos, incluidos las reformas, el procedimiento y los tiempos a que hubiere lugar, para darle una viabilidad jurídica y política a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

7. Propósito y principios.

a. Definir los fundamentos normativos para la reconciliación nacional y una paz con justicia social, estable y duradera.

b. Preservar y reafirmar el compromiso con el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución de 1991, incluido el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas y afro descendientes.

c. Sentar las bases normativas para una profundización real de la democracia política, económica, social y cultural.

d. Reafirmar los principios universales de soberanía y autodeterminación en lo concerniente a la búsqueda de alternativas entre el bien común de la paz y la denominada justicia transicional.

La Constitución que surja del proceso constituyente será el verdadero Tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación y rija el destino de la nación colombiana.

8. Naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente posee un doble carácter. Es una Asamblea de refrendación de acuerdos, en la medida en que éstos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la Mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. La Asamblea es también de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente primario y soberano. En todo caso, al momento de refrendación de la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también se someterán a consideración los temas que hayan sido acordados entre el Gobierno y las FARC-EP. Dichos temas no serán objeto de estudio por parte de la Asamblea.

9. Composición.

Las Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes; combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación, con uno de elección general. Con miras a garantizar la más amplia participación social y popular y la mayor representatividad y legitimidad posibles, la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final; por representantes de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, por representantes de los trabajadores organizados; de las víctimas del conflicto; de las mujeres organizadas; de los estudiantes organizados; de las comunidades LGTBI; de los militares retirados; de los nacionales residentes, refugiados, o exiliados en el exterior; y el resto, por representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Nación.

10. Designación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serán escogidos por designación directa o mediante elección popular, según el caso. Los miembros designados de manera directa corresponden a las fuerzas guerrilleras que se han encontrado en la condición de alzamiento armado contra el Estado. La designación directa se ejerce en representación de la totalidad de los combatientes, como reconocimiento y parte del tránsito al ejercicio pleno de la política, y en atención a las previsibles condiciones de asimetría en la competencia política. Los miembros escogidos mediante elección popular serán de dos tipos. Los electos en circunscripciones especiales en los términos de acciones afirmativas electorales, las cuales serán creadas en reconocimiento de una historia de exclusión, segregación y abandono estatal, y de la asimetría en la competencia electoral.

Las circunscripciones especiales se les concederán a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, a los trabajadores organizados, a las víctimas del conflicto, a las mujeres organizadas, a los estudiantes organizados, a la comunidad LGTBI, a los nacionales residentes, refugiados o exiliados en el exterior. Asimismo, a los militares retirados. Los demás miembros de la Asamblea serán escogidos a través de elección general y directa y con un sistema electoral transparente.

11. Materia de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin perjuicio de las definiciones propias de la Asamblea Nacional Constituyente, la materia de la Asamblea será concertada en el marco del “Gran Acuerdo político nacional”. En todo caso, se trata de perfeccionar diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales y de reconocimiento de derechos de comunidades indígenas, afro descendientes y mujeres. La Asamblea se ocupará de igual manera de los temas que no hayan sido objeto de acuerdo en la Mesa de Conversaciones.

12. Alcances legislativos.

Los eventuales alcances legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de leyes orgánicas, de leyes marco, o de leyes estatutarias, según el caso, en aquellas materias que contribuyan a la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho y propicien una mayor democratización política, económica, social y cultural de la Nación, serán definidos por la propia Asamblea en sus deliberaciones, atendiendo los propósitos y principios del “Gran Acuerdo político nacional”. Si a ello se llegare, se conformará por un período preciso un cuerpo legislativo especial, cuya composición será determinada por la propia Asamblea.

La Constituyente en la actual Carta.

En este debate preliminar cito los textos de la actual Carta política sobre la materia.

ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral.

La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

Nota. Hay consternación generalizada en el Quindío por la manera como la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, Toto su compañero permanente y el tío de este, el Representante a la Cámara, Atilano Giraldo, todos ellos integrantes de Cambio Radical, despojaron, mediante contratación fraudulenta, los dineros transferidos a la gobernación por concepto de regalías petroleras. Esos dineros mal habidos se utilizaron para comprar miles de hectáreas en Génova y otros municipios de la Cordillera en donde existen abundantes concesiones mineras. Para tales irregularidades no hay fiscalía, ni autoridades policiales, ni jueces que adelanten las correspondientes acciones penales. Hay indignación en el Quindío por todo esto. Las cosas son iguales a las de la Guajira.

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

La manguala Santouribista pretende enterrar el Acuerdo de Paz de Cartagena y reemplazarlo por la Seguridad Democratica, la megamineria y las Zidres.

Hay que levantar la bandera de la Constituyente soberana por la paz.

La idea de la Constituyente.

La idea de una Asamblea Constituyente soberana y popular por la paz, para que se encargue de consolidar los Acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos, en representación del Estado, y las Farc como expresión de la resistencia agraria, se ha planteado de manera reiterada durante los 6 años de diálogos adelantados en la Mesa de La Habana.

La delegación de la guerrilla le ha dado sustento a tal iniciativa, resaltando su conveniencia y necesidad.

Se trata de un mecanismo político extraordinario que refleja el poder constituyente de las masas y la multitud abigarrada.

Dicha hipótesis fue rechazada desde siempre por la elite política oligárquica mediante argumentos expresados por Santos para estigmatizarla, descalificarla y descartarla.

Mejor un plebiscito, sostenía, como mecanismo de refrendación de los consensos de paz.

Una Constituyente no era útil, ni necesaria, pues sus decisiones destruirían lo acordado. Daría al traste con el Pacto de paz de Cartagena. Sus amigos, los contratistas de siempre, le acompañaban en esa percepción e iban más lejos: la Constituyente era y es un salto al vacío. Una experimento arriesgado y aventurero que debía y debe rechazarse.

Pero, a la luz de los hechos, de la sabia experiencia, lo que en realidad se está dando es todo lo contrario.

Santouribismo al ataque.

Se impuso el Plebiscito, y después de su derrota, el Acuerdo de paz quedó en el limbo. Prácticamente se volvió un cadáver que las aves carroñeras de la ultraderecha uribista y la derecha santista desguazan sin contemplación. Entre toda esta jauría se disputan la manera de eliminar la Paz de La Habana y Cartagena.

El santouribismo quiere enterrar la reforma rural integral y los derechos agrarios alcanzados para apuntalar el despojo de 6 millones de hectáreas a casi 8 millones de campesinos desplazados.

Quiere eliminar la justicia especial de paz para dejar en la impunidad masacres, desapariciones, falsos positivos, parapolítica y paramilitarismo. Para que Santiago Uribe quede libre e igual el señor Uribito pueda seguir muy campante por las calles de Miami, aletiando su impunidad y tropelías. Para que los rebeldes guerrilleros se pudran en las cárceles y mazmorras del régimen.

Quiere suspender la democracia ampliada, la representación política de las Farc, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad de los guerrilleros, el estatuto de la oposición y las garantías para los movimientos sociales.

Quiere cercenar los derechos de las mujeres, indígenas, afros, lgtbi y de otras minorías campesinas.

En suma quiere enterrar y fulminar los importantes avances para terminar el conflicto social y armado que se consolidaron en las negociaciones de los últimos seis años.

Santos abogado del uribismo.

Santos está aprovechando los famosos ajustes planteados por el regresivo pliego de Uribe y Ordoñez para afirmar la contrareforma de la paz. Se convirtió en el abogado de las facciones fascistas para obligar  a la contraparte a ceder en todo, a rendirse y omitir las demandas históricas del movimiento de la resistencia agraria y popular.

Pretende coronar la paz neoliberal que oxigene el régimen de dominación oligárquica. Es lo que nos explica su afán, sus presiones y sus amenazas contra las Farc.

El descaro es tal que si nos descuidamos nos zampa su  retorcida reforma tributaria en nombre de la paz.

Rescatar la Constituyente.

La Constituyente es una alternativa que se debe rescatar de manera urgente.

Hay nuevos elementos planteados para que la misma cobre curso sin tardanza.

La tesis de R. Jimeno.

Jimeno plantea que “la Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes” (http://bit.ly/2eo4ufW ).

La propuesta de Gutiérrez Sanin.

Gutiérrez Sanin ha propuesto “convocar lo más pronto posible a un Cuerpo colegiado, una suerte de congresito, para que delibere y decida sobre los acuerdos de paz…… Un cuerpo colegiado que discuta y apruebe (o rechace) un texto final del acuerdo, quizás con elementos adicionales que justifiquen la nueva convocatoria. Ventajas: plena legitimidad democrática, pluralismo, múltiples voces. Como escuchar al país es quizás la demanda fundamental del Eln, se podría tener al menos expectativas razonables de que entrara en el proceso. Y éste sería mucho más deliberativo que un plebiscito. En una elección de esta naturaleza cabrían, y podrían expresarse, todos los matices de opinión del país. Naturalmente, también hay riesgos y costos. Es claro que de esta no vamos a salir gratis. Las partes del acuerdo tendrían que someterlo a un debate abierto. Pero se preservaría la arquitectura básica de aquel. Una coalición pro-paz tendría buenas oportunidades de salir avante. Los partidarios de la paz no podemos olvidar en ningún momento que somos la mitad (mal contada) del país. Y esas elecciones se podrían convocar para abril o mayo del próximo año. No soy abogado, pero hablando con los que saben todo esto no parece irrealizable” (http://bit.ly/2dYN1g0 ).

Agitar la bandera de la Constituyente.

No hay que darse por derrotado en este cometido. Exigir y demandar la Constituyente es lo más consecuente, ético y lógico con la lucha histórica que representa las Farc.

Hacerle más concesiones a Santos es plegarse a su esquema neoliberal y excluyente. A su sistema de corrupción y despojo de los patrimonios estatales.

Es plegarse a su camarilla politiquera, enemiga de la sociedad.

Nota. El santouribismo tambien funciona en la conjura imperialista para destruir a Venezuela. Desde Bogota se orquestan, con el consentimiento de Santos, las campañas mediaticas contra el Gobierno del Presidente Maduro.

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

El gobierno de Santos practicamente no existe, duro hasta el pasado 2 de octubre, y la campaña electoral por la Presidencia ya camina. Vargas Lleras, uno de los aspirantes mas solidos, va jugando duro y en ese sentido promueve una "rebelion" contra la casacada de impuestos de la reforma tributaria neoliberal.

Se mueve con ganas el Vicepresidente y acude al discurso populista para ganar audiencia y puntos. Tiene razon en sus criticas, aunque son muy oportunistas.

Política liquida.

Según el benemérito sociólogo polaco Zygmunt Bauman vivimos el mundo de la liquidez perpetua. Todo lo solido se desvanece en el aire, al decir de otro prominente intelectual  norteamericano, Marshall Berman.

Traigo a colación estas reflexiones a propósito de los giros inesperados que va tomando el campo político colombiano con ocasión del proceso de paz y de los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en el que como ya es sabido triunfo, por una precaria diferencia, la campaña promovida por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Todo es muy provisional e inestable por estos días.

La inocuidad de Santos.

El contenido de la historicidad en curso en gran medida debe explicarse por la inocuidad política en que se mueve el gobierno del señor Santos. Desde el 3 de octubre prácticamente periclito el periodo constitucional del actual Jefe de la Casa de Nariño y se activó, un tanto prematuramente, la campaña para elegir el próximo Presidente de la Nación.

La campaña electoral por la Presidencia.

Estamos en los preliminares de una muy intensa controversia política, que se desplegara en los próximos 19 meses,  y las fichas más visibles van mostrando sus cartas para los efectos de estrategias y objetivos principales.

Uribe Vélez toma la delantera.

Uribe Vélez parece tener una muy buena ventaja, pues durante los meses de preparación de las votaciones de la refrendación de paz acumuló una nada despreciable experiencia y más destreza para lidiar con éxito a sus contradictores. El horizonte le luce muy favorable a sus aspiraciones. Quiere repetir en la Presidencia del Estado y bien puede ser que lo logre con el apoyo de poderosos intereses económicos, militares, paramilitares e internacionales.

Los planes de Vargas lleras.

German Vargas Lleras es otro de los más importantes aspirantes a la Presidencia. También ha hecho progresos sobresalientes en tal cometido.

Durante el plebiscito camino cuidadosamente, mediante elaborados silencios y en su momento arremetió contra la Jurisdicción Especial de Paz, cuestionando las revisiones penales de casos ya cerrados en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicias. En tal posición recibió el espaldarazo de poderosos empresarios comprometidos con la financiación de los grupos paramilitares.

La orientación a sus delegados regionales fue ambigua  y contradictoria en materia de apoyos al Plebiscito. Por ejemplo, en el caso del Quindío, su socia, la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, promovió abiertamente la votación por el No, el cual alcanzo una cifra superior a los votos del Sí, 120 mil contra 75 mil. Eso sin perjuicio de que la mencionada dirigente sea una de las principales beneficiarias de las cuotas burocráticas y partidas presupuestales en el Sistema General de regalías.

Pasado el Plebiscito, en posteriores intervenciones se reafirmó en sus objeciones a distintos elementos del Acuerdo de paz e incluso le advirtió a las Farc que las derrotaría y barrería en las urnas electorales, nada cuestionable desde el punto de vista político, pues, al fin y al cabo, es lo que puede esperarse de un gamonal derechista como VLL.

El alzamiento contra la reforma tributaria.

La más reciente movida del Vicepresidente tiene que ver con el llamado a sus seguidores y a los beneficiarios de los programas de vivienda de interés social  para que salgan a realizar manifestaciones y protestas contra la reforma tributaria y los nuevos impuestos que crea sobre las empresas constructoras ejecutoras de dichos proyectos.

Por supuesto, Vargas Lleras tiene toda la razón en su posición, solo que se trata de un acto oportunista, calculado en función de sus planes electorales. Sabe que llego el momento de abandonar el barco santista que naufraga y está a la deriva.

El tanteo político.

Tantea el señor y entre sus cálculos no descarta que lo excluyan del gobierno, como lo propone Roy Barreras, para fortalecer su postura en el juego electoral.

Bien que le hacen, dirá.

La “rebelión” de Vargas Lleras contra los nuevos impuestos es un acto populista que debilita aún más a Santos, afectando de paso las posibilidades de los diálogos para ajustar el Acuerdo de paz.

Ajustes que por momentos no parecen estar bien encaminados por causa de la mala fe con que procede la delegación santista en la Mesa de La Habana, a la que no le faltaran ciertas ganas de incluir entre los cambios a los consensos del 26 de septiembre, el texto de la malhadada reforma tributaria neoliberal, para intentar darle cierto aire de legitimidad a la cascada de impuestos contra los pobres y las clases medias.

Con Santos todo es posible, peor si esta en desgracia y asustado.

Armenia, 28 de octubre del 2016.

Nota. Más que Campamentos con mermelada en la Plaza de Bolívar, lo que la paz reclama con urgencia son las Asambleas pre constituyentes en las regiones y de todo el país en Bogotá, que bien pueden ser preparadas con los Cabildos abiertos municipales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Convocar otro Plebiscito para la paz neoliberal y enmermelada es otro disparate mayor del Jefe de la Casa de Nariño.

Fijo los derrotan de nuevo. El ex Presidente Uribe ya sabe como hacerlo (con mentiras y embustes) y con mucha eficacia. 

Se van a gastar las platas de la absurda reforma tributaria que aprobaran a las carreras, en mas propaganda contrapedagogica y en la compra venta de votos por parte de los gamonales santistas.

Otro Plebiscito es parte de la campaña presidencial de Santos, en la que ya tambien avanzan Uribe (y sus tres pollitos), Vargas Lleras y cierta Izquierda sistemica y pro santista que agoniza junto al regimen oligarquico.

La salida a la crisis esta en la Constiuyente soberana de la paz. Para el efecto es necesario convocar, en semanas, una pre Constituyente nacional en Bogota, previas Asambleas regionales. 

Lo demas es puro fetichismo juridico liberal.

La pregunta que nos planteamos es la siguiente ¿es la convocatoria a otro plebiscito la salida a la crisis en que se encuentra el proceso de paz?

No lo veo tan claro. Me explico.

Después de la derrota de su invento plebiscitario del pasado 2 de octubre, Santos parece un zombi, un muerto resucitado que es esclavo de las demás agencias que gravitan en el campo político.

El Jefe de debate de ese experimento, el neoliberal y desvergonzado expresidente Cesar Gaviria, por lo menos tuvo la precaución de escabullirse y quién sabe en qué Catedral pereirana o gringa estará celebrando el acceso de F. Carrillo a la Procuraduría, con el apoyo cerrado de todo el Establishment, con más de 300 empresarios en la primera línea de la defensa de la propiedad privada y la explotación de los trabajadores.

Como la crisis del régimen es sistémica y nos movemos en el caos completo, sin reglas de juego, no podemos asumir así no más cualquier ocurrencia o disparate que se le ocurra al Jefe de la Casa de Nariño.

Como si no fuera suficiente con el dislate del primer domingo de octubre, en el que se sumaron todas las equivocaciones y omisiones, ahora se nos propone de nuevo un entuerto mayor: convocar un nuevo plebiscito para refrendar los nuevos Acuerdos que supuestamente se pactaran en la última semana de noviembre con la delegación de Londoño.

Muy seguramente el No repetirá la dosis conocida. El triunfo de los adversarios santistas será superior y, ahí sí, la debacle tendrá proporciones incalculables. De marca mayor.

Y hasta mejor porque la crisis del poder oligárquico se profundizara.

La euforia legalista del fetichismo liberal.

En medio de la euforia legalista y del fetichismo jurídico, los magos de la jurisprudencia constitucional liberal a la Montesquieu, han afinando la batería de sofismas para justificar semejante despropósito.

Un nuevo plebiscito es una afrenta a la sociedad y a las penurias que padecen millones de colombianos como consecuencia de la descomunal crisis económica y financiera que se quiere solventar con otro atraco tributario como el que ha puesto en curso el tándem Santos/Cárdenas en el aparato legislativo, que muy seguramente recibirá aprobación exprés por la aplanadora “enmermelada” de los caciques y gamonales de la coalición dominante. Los mismos que se robaron las regalías petroleras, las platas de la venta de Isagen y las inversiones de las 4G, asociados a Vargas Lleras.

Coger otro medio billón de pesos, originados en las cargas tributarias que se establecerán con IVA del 19% y un impuesto a los ingresos de 700 mil familias de la clase media, lo que facilitará es una derrota aplastante de los consensos de paz.

Las masas se levantaran indignadas contra el abuso santista y politiquero de utilizar los escasos dineros del presupuesto público en más propaganda estéril y en más mermelada para los gamonales y los “movimientos sociales” fletados desde la Casa de Nariño.

Vargas Lleras despego campaña por la Presidencia.

Es tan cierto lo anterior que ya el Vicepresidente Vargas Lleras empezó su campaña presidencial atacando, de manera oportunista, la reforma tributaria, mediante la convocatoria a la movilización de los beneficiarios de la vivienda de interés social/VIP y con el patrocinio de los constructores corruptos que han sido favorecidos con la contratación privilegiada desde el Ministerio de Vivienda.

Todo servido en bandeja de plata para el Ex Presidente Uribe Velez.

Para el Ex presidente Álvaro Uribe, esto es como pan servido. Con su gran capacidad de trabajo, de ir de pueblo en pueblo para hacer su torva pedagogía, y de manipulación torticera, la ocasión se la pintan calva para avanzar en los potenciales que ha mostrado para retornar, él mismo, a la Presidencia de la Republica en el 2018. Ese señor no se pone con pendejadas, ni derrocha el glamour encopetado de los integrantes del sanedrín santistas, en donde el oportunismo de la cooptación también aporta al desacierto.

La salida es la Constituyente de la paz.

Por enésima vez hay que decirlo, y con mucha entereza, la salida de la guerra y la construcción de la paz tienen un punto central de referencia. Es la convocatoria y reunión de una Constituyente soberana y popular.

Una Constituyente que debe organizarse, a partir de un pacto político, con un nuevo sistema electoral que permita la representación de las fuerzas sociales y populares desconocidas históricamente por el poder oligárquico que encarna el señor Santos y el ex presidente Uribe Vélez.

Acciones afirmativas específicas deben garantizar la representación justa y adecuada de los integrantes de las Farc, de los sectores agrarios, de los indígenas, de los afros, de las mujeres, de los Lgtbi, de los jóvenes, de los intelectuales, de las capas medias y de los trabajadores.

Reunir una Pre Constituyente en Bogota.

En ese sentido, la propuesta que formulamos es la siguiente:

Convocar de manera inmediata una Asamblea Pre constituyente en Bogotá, con la antesala de  Pre constituyentes en las 8 principales regiones de Colombia.

La Pre constituyente debe estar integrada por representantes de las Farc y de los movimientos sociales y comunales. Allí no debe concurrir la clase politiquera santopastranouribista. Se trata de un evento soberano que dibuje y proyecte la Asamblea Constituyente de la paz. Esa debe ser su principal función.

Nota. Obama y la oligarquía bogotana siguen con sus planes para asaltar la gigantesca renta petrolera de Venezuela, mediante la desestabilización política y el golpe de Estado contra las instituciones vigentes allí. Rechazamos la intriga imperialista y oligárquica. Se quieren robar completica la riqueza de los hidrocarburos de la patria de Bolívar.

Armenia, 28 de octubre del 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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