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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Horacio Duque.

Juan Manuel Santos y Roberto Prieto, su tesorero de toda la vida, dispusieron, en los ultimos 8 años, de miles de millones de pesos aportados en sobornos por la constructora Odebrecht, privilegiada en la contratación de obras públicas por el gobierno en los últimos años. Nadaron y nadan en la plata mal habida.

En la medida en que se conocen los episodios de la criminal financiacion de las tres campañas políticas de Santos (2010, 2014 y plebiscito), este esta contra las cuerdas y al borde del precipicio. ¿Terminará su gobierno?, nos preguntamos muchos.

Desde enero Santos dio la orden de subir de perfil al tema de la corrupcion para bajarle al de la paz y acorralar de esa manera sus enemigos, pero el tiro le salio por la culata, al conocer detalles de las coimas electorales, que abruman y deprimen la sociedad, la que lleva del bulto es la paz. Asi paso con la famosa jugada del plebiscito.

La paz es la gran damnificada de la ruina política del santismo. La "via parlamentaria", como lo habiamos intuido, se convirtió en una trampa para los acuerdos de paz. Los gamonales y caciques del Senado la estan despedazando para sacarle provecho y seguir acumulando grandes fortunas.

Tenemos que acudir al poder constituyente popular para salvar la paz democratica y con justicia social.

Estamos a tiempo de impedir que la paz sea una simple y grotesca dejacion de las armas sin reformas sociales, economicas y politicas profundas, como lo planea la oligarquia.

Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales,  en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía,  también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los  primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta politica nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el ex presidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada? ¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?.

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción,  representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

Para entender el peso y la incidencia de las Farc en la constitucion de la nacionalidad colombiana hay que asumir que se trata de un bloque historico y social de larga duracion, tal como lo plantea F. Braudel en sus grandes investigaciones històricas.

El salto de las Farc a partido/movimiento politico profundiza su articulacion a los fundamentos de la nacion.

Horacio Duque.

En el anterior artículo sobre las raíces históricas de las Farc procuramos recoger distintos enfoques sobre su génesis profunda. En tal reflexión, obviamente, se deben incluir las versiones y testimonios directos de los sujetos protagónicos de los hechos que dieron pie a la constitución de dicha organización guerrillera revolucionaria.

En ese sentido, es prioritaria la consulta y estudio permanente de los documentos elaborados por los dirigentes guerrilleros de las Farc. Entre los que se destacan de Manuel Marulanda: Cuadernos de Campaña; de Jacobo Arenas: Cese el fuego: Una historia política de las FARC; al igual que Diario de la resistencia de Marquetalia, Correspondencia secreta del proceso de paz. Trabajos todos que dan cuenta de los procesos desde el punto de vista de los militantes guerrilleros. El libro de Arenas “Cese el fuego…” contiene un compendio de las reformas políticas y económicas propuestas por las Farc, así como también un relato de las conversaciones de paz iniciadas en enero de 1983, que culminan con los Acuerdos de La Uribe, que inician el cese al fuego en 1984, durante el gobierno Betancur. También expone en gran parte las conclusiones de la trascendental  Séptima Conferencia, realizada en octubre de 1982

Otros textos claves que reflejan un compromiso revolucionario son los siguientes: de Arturo Alape, La paz, la violencia: testigos de excepción, Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, y Tirofijo: los sueños y las montañas; de Alfredo Molano: Trochas y Fusiles, y de Carlos Arango: FARC: Veinte años. De Marquetalia a La Uribe y Guerrilleras FARC-EP: Crónicas y testimonios de guerra.

Para entender el hecho histórico, político, social y cultural de las Farc, resulta muy adecuado acudir a la categoría teórica de la “larga duración” elaborada por el científico francés F. Braudel, para quien en el estudio histórico se deben diferenciar, los eventos, los acontecimientos, las coyunturas, las cortas duraciones y las largas duraciones.

En la historia de la humanidad las largas duraciones se refieren a bloques que persisten a lo largo de las décadas y siglos. Por ejemplo la iglesia, el Estado, la familia, las organizaciones militares, los imperios.

Las Farc son un bloque social, político e ideológico de larga duración en la sociedad colombiana y en el ámbito regional latinoamericano.

Su próxima transformación en partido y movimiento político en los términos de los acuerdos de paz del Teatro Colon y de las reformas constitucionales en curso en el Congreso de la Republica (ver siguiente enlace electrónico https://drive.google.com/file/d/0ByvFYxFEUt1qdkRna3MyRTlITjQ/view ) validan su arraigo social y sus niveles de legitimidad popular que las propias encuestas y sondeos de opinión están indicando de manera reiterada desde el mes de enero del 2016.

El liderazgo y la tarea histórica del nuevo partido/movimiento político organizado por los dirigentes e integrantes de las Farc es parte de un complejo proceso de materialización de los consensos de paz firmados el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon.

La implementación de los acuerdos de paz avanza, con tropiezos y dificultades, hay que reconocerlo. Pero los hechos se van dando, como la reciente aprobación de la Justicia Especial de Paz, que si bien presenta algunas dificultades originadas en las presiones del poder oligárquico y militarista que actúa en el Legislativo, es un acontecimiento de apertura democrática indiscutible. Tendremos un nuevo poder judicial, diferente a la podrida justicia ordinaria, en el que debe prevalecer el derecho de las víctimas, la justicia, la verdad, la no repetición, la restauración y la reparación.

Los poderes oligárquicos y la cúpula militar han maniobrado para dejar en la impunidad sus demenciales crímenes, pero tendrán que responder, tarde que temprano, ante los tribunales internacionales que están atentos a las denuncias y exigencias de los movimientos de los derechos humanos en Colombia. Los generales activos y los de la reserva pretenden echarle tierra a sus crímenes pero la verdad y la justicia prevalecerán.

Las Farc  y los delegados de Voces de paz en el Congreso han defendido cabalmente el contenido y el sentido de los acuerdos. Los viejos y desuetos poderes han jugado sucio cambiando los textos mediante torcidas maniobras legislativas. Esa es la verdad de todo este trámite del Fast Track. Hacen trampa, pisotean los acuerdos, desconocen la buena fe, pero que cada quien responda por sus actos de traición y felonía.

En el artículo de hoy recogemos los modelos de periodización de la historia de las Farc. En primer lugar incluimos la construcción hecha por los integrantes de la guerrilla, para quienes el origen y evolución histórica es el resultado de las guerras desatadas por el Estado oligárquico contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y derechos. Son cinco en total. Inicialmente el Programa agrario de 1964 se refería a tres guerras, pero, posteriormente, con la desatada por el gobierno neoliberal de Cesar Gaviria y con la guerra paramilitar uribista del Plan Colombia, se completan cinco. Ojala esta tragedia no se repita.

Reiteramos que el objetivo de estos trabajos es construir la verdad sobre uno de las más importantes subjetividades del conflicto social y armado nacional.

Lo cierto es que el conocimiento de la complejidad del fenómeno social y político de la violencia está, sin duda, mucho más allá de las percepciones y sentimientos de quienes han sido víctimas del conflicto, y de la descripción más o menos exhaustiva de los hechos que se han producido a lo largo de un extenso período. La verdad no está en las declaraciones de quienes como sujetos han sido sus actores o testigos que tienen múltiples determinaciones, ni en el ejercicio empírico de recolección, organización y sistematización de la información factual. Tampoco tiene que ver con la verdad propia de los sistemas judiciales, cualquiera que ellos sean, cuya perspectiva no va más allá de la subsunción de conductas individuales en descripciones típicas propias de una determinada normatividad penal. Su comprensión remite, por el contrario, a una difícil labor de explicación de un conjunto de acontecimientos que, por su misma naturaleza, son objeto de las disciplinas sociales, y que no puede ser ajena a un determinado entendimiento político. En este sentido, aunque se trata evidentemente de un trabajo académico e histórico, no es ni puede ser neutral en la dimensión política y en su compromiso con los cambios sustanciales que permitan demoler el viejo y decadente sistema social y político de las oligarquías dominantes en el Estado colombiano.

La ruta histórica de las Farc.

Con distintos criterios se ha planteado una ruta histórica de las Farc sugiriendo etapas y periodos determinados.

La primera es la elaborada por las propias Farc; otras son las del Grupo del Centro Nacional de Memoria Histórica y otra es la del investigador Carlos Medina Gallego.

Las cuatro guerras contra las Farc.

En una primera versión de esa historia de acumulados y de deudas no pagadas, se dirá que las Farc han sido víctimas de “cuatro guerras”, planteada precisamente en uno de los textos de la creación de las Farc, “El programa agrario de los guerrilleros”, suscrito el 20 de julio de 1964[1]. El preámbulo de este documento, fundador de esa guerrilla, expone: “Contra nosotros se han desencadenado cuatro guerras: Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra a partir de 1962 y ésta que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que se había comenzado la operación Marquetalia”. En abril de 1993, en el contexto de la VIII Conferencia, el programa agrario fue reactualizado, conservando en la parte declarativa la idea de ser objetos de varias guerras y agregando una quinta: “y ésta que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990, cuando el dictador Cesar Gaviria y los reaccionarios Altos Mandos Militares iniciaron la operación de exterminio contra el Secretariado de las Farc en Casa Verde y de agresión contra el movimiento popular en todo el país (Ver http://bit.ly/1dRDDbK ).

Por supuesto, a las anteriores guerras hay que sumar la del fascista Uribe Vélez financiada con los dineros del plan Colombia de los gringos que tramito el señor Andrés Pastrana, desde su nefasto gobierno.

La primera guerra.

La “primera guerra”, que inicia en 1948, se refiere a la persecución oficial contra los campesinos de zonas comunistas y liberales, y su desplazamiento a lugares por fuera del alcance de los “pájaros” o de la Policía, una vez fueron derrotadas las “juntas de gobierno” popular que emergieron tras el asesinato de Gaitán. En el sur de Tolima, de las familias de los refugiados, emergieron campesinos armados: unos, agrupados en el municipio de Rioblanco, en torno al dirigente gaitanista Gerardo Loaiza; y otros, en Chicalá (sede del comando comunista de Chaparral), bajo el mando militar de Raúl Valbuena, alias Baltasar, a los que se uniría posteriormente el mayor Lister y el comandante Olimpo (Eutiquio Leal), entre otros. Los dos grupos se fusionaron y se distribuyeron los territorios para defenderse y enfrentar a la policía Chulavita o conservadora. Luego de un desplazamiento que adoptó el nombre de “Columna de Marcha”, los guerrilleros y sus familias se ubicaron al sur del Departamento del Tolima, en El Davis, que se transformó en un pueblo con características organizativas especiales  y se convirtió en la zona donde se concentraba el comando de los comunistas, desde la que se articulaba a los grupos de Ciro Trujillo, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro y Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, quien inicialmente conforma un comando armado con diez de sus primos y otros parientes (http://bit.ly/1dRDDbK  )

Los grupos guerrilleros de estas zonas del Tolima realizaron emboscadas conjuntas contra el Ejército y la Policía, se tomaron pequeños caseríos, hicieron operaciones de “limpieza de pájaros” y expropiaron armas, comida y ganados.

Esta “primera guerra” que afrontaron los comunistas comprende otras formas de enemistad surgidas de posiciones políticas que emergieron en medio de la lucha. De un lado, hubo un deslinde de los liberales y los comunistas, y de otro, un distanciamiento de los segundos con el Gobierno del General Rojas Pinilla. La separación de los “limpios” o liberales, de los “comunes” o comunistas —apelativos colocados por gamonales liberales tolimenses y vallunos de la época— provino, en opinión de los comunistas, de las presiones del directorio liberal del Valle, que entregaba armas y halagos a los Loaizas. Los comunistas —como el comandante Olimpo—, afirmaban también que los liberales no pudieron superar el esquema dominante de enemistad bipartidista (http://bit.ly/1dRDDbK ).

Respecto a lo anterior, Marulanda Vélez señala que los liberales se encargaron de atizar la enemistad entre los dos bandos, propagando rumores contra los comunistas. Planteaban que estos se iban a adueñar de las tierras, que tenían pacto con los conservadores, que ponían a trabajar a la gente para que sus dirigentes “vivieran tranquilos”, que volvían rebeldes a las mujeres para “obligarlas a trabajar y aprovecharse de ellas”; y que por ello si los comunistas llegaban a triunfar, fusilarían a los curas y a los liberales. La existencia de tales versiones fue corroborada por Jesús María Oviedo (general Mariachi), quien con esos y otros argumentos se desprendió de las filas comunistas para pasar a las de sus enemigos. El rompimiento entre unos y otros fue precedido del asalto mutuo de sus campamentos, el hostigamiento de sus comisiones y de enfrentamientos armados, que dejaron un saldo de 47 muertos de los “limpios” y 25 de los “comunes” (http://bit.ly/1CZDgUx ). Pese a esos desafortunados antecedentes con los liberales, las autodefensas intentaron llegar a acuerdos políticos o militares al convocar a la Primera Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, realizada en Viotá en 1952.

El segundo deslinde de esa “primera guerra” se hizo frente al Gobierno del General Rojas Pinilla. Pinilla dio un golpe de Estado en 1953 y proclamó el restablecimiento del orden y el cese del enfrentamiento bipartidista, y aseguró garantías para los guerrilleros que entregaran las armas. Mientras la gran mayoría de los grupos liberales aceptaron la amnistía y se desmovilizaron, los campesinos de la autodefensa comunista se dividieron entre los que acogieron la iniciativa gubernamental y los que optaron por mantener la resistencia. Entre los segundos se encontraba el mando militar, que consideraba que en cualquier momento la guerra proseguiría. Por ello consideraron que debía adoptarse la proposición del Partido Comunista, que sugería organizar “comités de autodefensa en asociaciones pacíficas de campesinos”.

Del Davis, siguiendo la orientaciones del PC, saldrían “columnas rodadas” hacia Riochiquito, comandadas por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez; a Villarrica, bajo el mando de José A. Castañeda, alias Richard e Isauro Yosa; a Natagaima, conducida por Ave Negra; por último, en el Davis permanecieron El Llanero y su grupo, que fueron víctimas de una celada y después asesinados.

Posteriormente, en 1955, Richard se desplaza a Pato y Guayabero, y Charro Negro hacia Marquetalia, donde fundaron nuevos asentamientos comunistas.

En síntesis, lo que se ha llamado la “primera guerra” fue sin duda una lucha por la defensa de la vida campesina, de cara a la represión de los reaccionarios gobiernos del conservatismo.

Segunda Guerra.

La “segunda guerra” se explica igualmente por un acto arbitrario del Estado, que respondió a la organización pacífica de los campesinos con un operativo militar. Esa “segunda guerra” se desenvolvió en Villarrica, un antiguo escenario de conflictos agrarios en los que había actuado Erasmo Valencia en los años treinta y que al comenzar los años cincuenta se hallaba influenciado por el dirigente agrario Juan de la Cruz Varela, quien recientemente había logrado la unificación de los comandos guerrilleros del Sumapaz. Varela había optado por la desmovilización y la entrega de armas el 31 de octubre de 1953, pero sin perder el control político sobre la zona.

Con el ingreso de los comunistas provenientes del sur del Tolima, se desplegó una gran actividad proselitista en Villarrica, hasta entonces de mayoría liberal, sin llegar a ser hostil con los comunistas. Las células y los comités de autodefensa se organizan articulados al Frente Democrático de Liberación Nacional, que impulsaba el Partido Comunista y que se consideraba antes que una nueva organización, un frente político que cobijaba a diversos aliados en torno a un programa democrático. Esta misma táctica se había expresado en la primera Conferencia guerrillera de 1952, así como en la declaración política de ese evento. La paz se rompería con la ilegalización que el Gobierno del General Rojas Pinilla hizo del Partido Comunista, en febrero de 1956, y la subsiguiente entrada de tropas a la región de Villarrica, con el argumento de erradicar aquel núcleo revolucionario, refugio de los antiguos guerrilleros del Tolima. Gilberto Vieira, Secretario general del Partido Comunista, añadiría con el tiempo que en la decisión también pesó que la región quedara muy cerca de una de las  haciendas del General Rojas Pinilla. En todo caso, a finales de 1955, alrededor de cinco mil soldados se lanzaron sobre la zona, apoyados por aviones de la fuerza área, que arrojaron bombas de napalm. Al número indeterminado de muertos de ambos bandos hay que añadir más de cien mil desplazados, cientos de detenidos instalados en un campo de concentración ubicado en Cunday, en el que se practicaron fusilamientos, castraciones y diversos tipos de torturas, entre ellos la aplicación de corriente eléctrica; los que sobrevivieron fueron procesados y condenados sin que se les brindaran las mínimas garantías procesales. Cerca de cinco mil desplazados buscaron refugio, asentándose en el Alto Sumapaz-Duda, Ariari, Guayabero y El Pato.

El plebiscito de 1957 permitió que se levantara la ilegalización al Partido Comunista y que el movimiento de autodefensa se vinculara a la actividad política, aunque quedaron operando algunas pequeñas estructuras armadas con fines defensivos para neutralizar las retaliaciones y el brote de violencia bandolera de la primera mitad del periodo del Frente Nacional. Los acercamientos entre las autodefensas agrarias y el Estado conllevaron la financiación de cooperativas agrarias y la construcción de escuelas y vías de comunicación para las zonas de influencia revolucionaria. En ese clima se explica la intervención electoral del Partido Comunista en alianza con el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) debido a las restricciones electorales para candidatos de terceros partidos. Esa alianza permitió que Juan de la Cruz Varela pudiera convertirse en representante a la cámara en 1960, portando la representación del movimiento agrario y continuando con la gestión de programas para resolver las necesidades de la región del Sumapaz. Con esa representación Varela presentaría un proyecto de ley de reforma agraria en el que se recogía uno de los puntos del “programa mínimo” del Partido Comunista, que pretendía el acceso a la tierra para los campesinos desposeídos mediante la “limitación de los grandes latifundios” y los “impuestos progresivos a las tierras incultas” (http://bit.ly/1CZDgUx  ).

Tercera y cuarta guerra.

La “tercera” y la “cuarta guerra”, ocurridas en 1962 y 1964, son en realidad una sola. Las dos se refieren a dos momentos de la agresión a Marquetalia, constituida en un símbolo de la resistencia agraria y un ejemplo del quebrantamiento de la soberanía del Estado, desde finales de 1961, cuando el político conservador Álvaro Gómez denunció en el congreso la existencia de “repúblicas independientes”, toleradas por el Gobierno. Luego de esa apreciación, cayó sobre la región de Marquetalia, a comienzos de 1962, un operativo realizado por la VI Brigada, del cual participaron casi 7.000 miembros del Ejército, algunos con formación antiguerrillera. El operativo fue respondido con tácticas guerrilleras, pero fue levantado al poco tiempo, quizá porque se trataba de un ensayo para la operación militar que sobrevino dos años más tarde (http://bit.ly/1dRDDbK ).

La visión del Grupo oficialista (uribista y santista) del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El grupo del Centro Nacional de Memoria histórica en su informe del año 2013 plantea las siguientes 7 etapas significativas de la historia de las Farc (http://bit.ly/1dRDDbK ).

Respecto de este Grupo de historiadores es importante aclarar que muchos de sus análisis están cargados de prejuicios anticomunistas y de enfoques unilaterales que desconocen muchos eventos del proceso histórico de la resistencia agraria revolucionaria. Aun así, nos parece oportuno recoger su enfoque al respecto.

1. De la violencia bipartidista y las autodefensas campesinas a la creación del Bloque Sur y la expedición del Programa Agrario de las Guerrillas de Marquetalia (Primera conferencia), 1948-1964.

2. Del Bloque Sur a la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC - (Segunda Conferencia), 1964- 1966.

3. Las FARC: Reveses y reconstituciones (Tercera Conferencia), 1966- 1974.

4. Consolidación orgánica y Plan Nacional Militar (Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Conferencia), 1974-1982.

5. De la constitución de las FARC-EP a la formulación de la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional (Séptima y Octava Conferencia), 1982-1993.

6. De la Plataforma de Reconstrucción y Reconciliación Nacional a la Agenda Común por el cambio para una Nueva Colombia, 1993-2002.

7. La Novena Conferencia en el marco del Acuerdo Humanitario y la administración Uribe (2003-2007).

Aspectos históricos sobresalientes.

Cuando menos son tres los aspectos de carácter histórico que saltan a la vista, en la interpretación del grupo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

a) La consideración de la respuesta armada del campesinado como una manera de enfrentar la agresión armada del Estado, tal y como se expresó en 1949 y 1950, en el sur del Tolima, luego en la guerra de Villarrica en 1955 y posteriormente en los años de 1960 con la invasión a Marquetalia, el Pato, Riochiquito y Guayabero, lo cual –desde el concepto de la combinación de las formas de lucha generaba el tránsito de la autodefensa a la guerrilla móvil, no por mera decisión subjetiva, sino por necesidad de supervivencia;

b) el análisis de la situación política de cada momento, en el que por la forma de organización del poder y del ejercicio de la dominación de clase no se descartaba la posibilidad de la dictadura y la necesidad de la respuesta armada;

c) un momento político y cultural en el que la lucha armada era contemplada internacionalmente como una de las vías para acceder al poder y hacer la revolución.

En suma, fueron las condiciones históricas las que originaron la política de la combinación de las formas de lucha y no ésta la que produjo aquellas.

La propuesta de Medina Gallego. Fases en la historia de las Farc.

El historiador Carlos Medina Gallego plantea las siguientes fases históricas en la existencia de las Farc (2009).

Primera Fase.

La primera fase está comprendida entre 1949 y 1978. La enmarca dentro de dos acontecimientos: el surgimiento de las guerrillas comunistas tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el comienzo de la violencia bipartidista. Finaliza con la VI Conferencia de las Farc en 1978, cuando este grupo se propuso convertirse en una guerrilla nacional, en un “Ejército Revolucionario”, y cuando definió que su proyecto era la toma del poder. Si bien esta fase contempla el surgimiento de las Farc en 1964 y le da la importancia que tiene para la historia de esa organización, subraya que hubo significativas prolongaciones entre las guerrillas comunistas y las Farc (Medina, 2009). En los primeros años de esa organización armada continuó operando la fuerte subordinación al Partido Comunista; la falta de claridad sobre sus fines estratégicos; la persistencia en ciertas zonas; la continuidad de algunos de sus métodos de guerra y de un discurso político construido sobre el conflicto agrario y la deuda histórica que habría dejado la violencia bipartidista.

Segunda fase.

La segunda fase, 1978-1991, se halla delimitada, de un lado, por la crisis política de finales de los setenta, generada por el auge de la guerrilla particularmente urbana y las protestas sociales. Esta crisis intentó ser superada por la vía militar con la expedición del llamado Estatuto de seguridad. De otro lado, se conecta con otra grave crisis, la de finales de los años ochenta, derivada del ascenso del narcotráfico, de la insurgencia y el paramilitarismo, que desemboca en la Asamblea constituyente y en la promulgación de una nueva Constitución. Esta es una fase de transición para las Farc. La guerrilla está reformulándose a sí misma, y obtiene importantes resultados: conquista nuevos territorios ofreciendo en las zonas rurales diversas formas de intercambio a partir de las peculiaridades regionales; se dota de un “Plan estratégico” para la toma del poder, que transforma la guerra y la historia reciente del país; expide normatividades internas; construye las bases de su retaguardia nacional; recibe el primer impacto de la economía del narcotráfico, entre otros. Este periodo se cierra con la acentuación del exterminio de la Unión Patriótica, tras el cual las Farc tomarán la firme decisión de hacer la guerra hasta la victoria final, distanciándose definitivamente de la negociación y del proceso constituyente de 1991 (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Tercera fase.

La tercera fase, 1991-2008, expresa el desarrollo y ralentización del Plan Estratégico, también denominado Campaña para la Nueva Colombia. En esta fase, esa guerrilla se comprometió con una acción guerrillera de mayor envergadura, desarrolló la ocupación territorial y la ofensiva militar, incluyendo la negociación como estrategia política para desembocar en la acentuación de las acciones militares o para concluir en la creación de una nueva república en sus zonas de retaguardia nacional e incluso en la posibilidad del reconocimiento del Estado de beligerancia (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Cuarta fase.

El cuarto y último periodo, 2008-2013, inicia con el Plan Renacer formulado por Alfonso Cano como comandante de las Farc y cierra con los primeros acercamientos de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la hoja de ruta para la paz, integrada por seis puntos. En esta fase, la guerrilla reconoce el impacto del Plan Patriota ejecutado durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, en consecuencia, define la estrategia para su recuperación política y militar. Las Farc se adecuan a las nuevas condiciones del conflicto, apelando con relativo éxito a una guerra de resistencia o de sobrevivencia. Para ello sigue defendiendo algunas de sus zonas históricas, incrementa sus combatientes, mantiene sus corredores estratégicos y continúa resguardándose mediante el uso de campos minados, las granadas mortero, los francotiradores y los carros bomba. Esta adaptación de las Farc a la ofensiva de la Fuerza Pública y el cuestionamiento al cada vez más lejano “principio del fin” de la guerrilla, ha llevado al Estado a rediseñar su estrategia militar mediante la aplicación del Plan Espada de Honor y a formular — en contravía de todos los pronósticos— la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Dos grandes hitos se encuentran en la historia programática de las Farc: el Programa Agrario de 1964 —reformulado en 1993— y la Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional[2].

Continuara.

Bucaramanga, 17 de marzo del 2017.

Notas.


[1] Sobre el Programa agrario de las Farc ver el siguiente enlace electrónico http://www.farc-ep.co/pdf/Programa-Agrario-de-los-guerrilleros-FARC-EP.pdf

[2] Sobre dicha Plataforma ver en el siguiente enlace electrónico consultado el 17 de marzo del 2017 http://www.farc-ep.co/octava-conferencia/plataforma-de-un-gobierno-de-reconstruccion-y-reconciliacion-nacional.html

Horacio Duque.

La Comisión de la verdad creada con la Justicia Especial de Paz/JEP, debe incluir la mas amplia y objetiva versión sobre las raíces, la fundacion y trayectoria historica de las Farc-EP como expresion de la lucha campesina contra la violencia terrateniente, militar e imperial.

Este material tiene como objetivo central realizar una recuperación de la memoria histórica de las Farc-EP, como uno de los principales protagonistas de la vida contemporánea de Colombia.

Ha sido aprobada, después de muchos tropiezos y bloqueos del gamonalato oficialista y de la ultraderecha uribista, la Justicia Especial de Paz como instrumento de reconocimiento de los derechos de las víctimas del largo conflicto social y armado nacional. La JEP incluye un mecanismo extrajudicial que es la Comisión de la Verdad.

Conocer la verdad de la constitución y existencia de las Farc como expresión de la resistencia agraria y campesina contra la violencia latifundista, militar e imperial es parte fundamental de la construcción de la verdad sobre la guerra civil colombiana que se ha prolongado, desde la década del 40 del siglo XX, por más de 70 años.

Las Farc es una subjetividad social y política que se constituyó en el contexto de prolongadas y difíciles luchas de los campesinos por el derecho a la tierra, a la vida, a las libertades y a la justicia social. Como señala Hugo Zemmelman, en su configuración es necesario considerar diversos elementos de orden individual, familiar, grupal, coyuntural, internacional y societal (http://bit.ly/1GqCIa8 ). En ese sentido un estudio objetivo de las Farc implica acudir a un enfoque multidisciplinar que incorpore el abordaje histórico, sociológico, politológico, antropológico y etnológico.

Este documento hace parte de un texto que llevara por título "Colombia: La Paz posible”, que aborda otros elementos como la caracterización del conflicto social y armado nacional, las políticas públicas de negociación y diálogos, las experiencias internacionales en solución de conflictos armados, el papel de la sociedad civil, el contenido de los acuerdos entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc,  y las negociaciones con el Eln. Por supuesto, el tratamiento de tales asuntos supone la construcción de una amplia teoría sobre la paz.

Vamos a ir publicando por partes este documento para facilitar la lectura y análisis del mismo.

Antes de abordar en detalle la génesis, la fundación, conformación y consolidación de las Farc como un actor social político y militar, dueño de un amplio potencial en tanto que contradictor del Estado y el régimen gubernamental, resulta indispensable hacer una presentación de los modelos teóricos utilizados por diversos estudios para ofrecer una explicación de dicha subjetividad social. También es de provecho recoger los esquemas que ofrecen una periodización histórica de las Farc, partiendo de su propia versión, construida desde la experiencia de las cuatro guerras registradas desde el 9 de abril de 1948.

1.      Clasificación de Pécaut sobre estudios de la insurgencia.

Sobre los estudios que se han realizado en Colombia acerca del fenómeno de la insurgencia, Daniel Pécaut propuso en 1994 una clasificación en tres categorías: Etiológicos, aquellos que tienen en cuenta el estudio de los factores explicativos sobre los orígenes de los grupos guerrilleros. Tipológicos, o sea aquellos que colocan el acento en la diferenciación de los grupos armados de acuerdo con criterios tales como su extracción socio histórica, los fundamentos ideológico-políticos, las formas de organización o los escenarios de lucha urbanos o rurales. Y Socio-geográficos, aquellos que estudian las modalidades de articulación de los grupos guerrilleros en determinadas regiones y frente a sectores sociales específicos (http://bit.ly/2mOfsBV).

2.      Tres series históricas que permiten entender las Farc.

Para Domínguez no ha habido solo una teleología que oriente el accionar de las Farc desde su nacimiento, sino varias teleologías que en diversos momentos han aparecido, desaparecido o han coexistido; su trabajo lo aborda desde la perspectiva de la sociología histórica, tratando de visualizar el proceso general de estructuración de dicha guerrilla a través de tres series históricas: La Resistencia defensiva, la Transición y el Control Territorial (2011).

En cada una de las cuales, es posible identificar, a partir del ingreso de nuevos actores a los puestos de comando, nuevas intencionalidades, nuevos intereses y orientaciones diferentes en relación con la inicial razón de ser de la lucha insurgente de esta guerrilla.

Examinemos brevemente cuáles son las series consideradas en el estudio e Domínguez.

La primera serie es la Resistencia Defensiva. Protagonizada por un grupo humano de excluidos de la sociedad mayor, que inicialmente lucha por la preservación de la vida y en función de ello, va adoptando la forma de un sector social emergente y en proceso de diferenciación de los demás partidos y grupos sociales constituyentes del Estado y de la sociedad mayoritaria, para lo cual se encierra en una especie de “clausura material y de sentido”,  que le permite comenzar un proceso de estructuración de un imaginario social instituyente, diferente, especialmente del imaginario instituido por la sociedad mayor y que se reflejaba en los modos de hacer y de pensar originarios del Partido Liberal del cual provenía buena parte del naciente grupo armado y al cual atribuía Marulanda los primeros fracasos militares cuando describía el comportamiento de muchos de los comandantes como “demasiado liberal”, para significar no clandestino, no conspirativo, abierto, descuidado, que era como actuaban en la época de las guerrillas liberales en su época “societal”. El imaginario instituyente se comienza a crear pensando principalmente en la vida militar, ya que en lo político, al adoptar la ideología del Partido Comunista (PC), el imaginario instituido se mantuvo incólume aun hasta nuestros días.

La segunda serie es la de la Transición. Ya se han vinculado al grupo armado algunos valores y formas ideológicas contradictorias con la armazón de la sociedad mayor a partir de lo cual entra en un proceso de consolidación y expansión conservando, al menos en el discurso, el objetivo de reemplazar al Estado y al ordenamiento impuesto por los grupos sociales dominantes. Sin embargo, en esta serie se comienza a combinar, no solo todas las formas de lucha, como ya se venía haciendo desde su nacimiento, sino también, todas las formas de financiamiento de la guerra incluido, con lo cual se incorporan actores con nuevas visiones sobre el quehacer militar que introducen una visión de la guerra como una forma de vida y no como medio o instrumento para conseguir el fin político que imponía la institución del PC. Estos nuevos actores contribuyen de forma definitiva a la concreción del Nuevo Modo de Operar, que aparece como el producto más importante del imaginario instituyente desarrollado en la serie anterior. La dirección política proveniente de la ciudad se reemplaza y se incorpora en el Secretariado del Estado Mayor. Todo esto es convertido en imaginario instituido por la Séptima Conferencia realizada en 1982. La clausura se relativiza y el grupo insurgente comienza a participar en la negociación política del conflicto pero como una de las tareas de la guerra (http://bit.ly/2mOfsBV ).

La tercera serie es hacia el control territorial. Ante la quiebra del paradigma socialista en el terreno internacional, antiguos y nuevos combatientes logran construir una red diferente que pretende articularse a la sociedad dominante pero sin disolverse como organización y conservando los territorios y el patrimonio conseguidos mediante el ejercicio de la violencia. Las luchas sociales y su importancia para la conquista del poder, definitivamente pasan a un segundo plano. Antes que el control del Estado, prima ahora para las FARC, la estrategia de control de los recursos.

En la tercera serie, el análisis empírico se centra sobre las condiciones de formación y desarrollo de este grupo armado como Conglomerado organizacional, cuyos integrantes se encuentran agrupados en estructuras micro como las Escuadras, las compañías, los Destacamentos, etc., que pueden formar parte de un Frente como célula fundamental de la estructura guerrillera y en estructuras macro como los Bloques regionales. Si bien estas estructuras y el rol de los combatientes dentro de ellas son claros, las relaciones de la organización con la política, con el territorio y sus comunidades no permiten sacar conclusiones rápidas que nos sirvan para explicar fácilmente qué son las Farc. El examen de esta tercera serie ha permitido desentrañar importantes niveles de complejidad. No es tan simple entonces, realizar una caracterización de este grupo armado y de sus dinámicas con la población, como actor político. Son un movimiento cuyas raíces agraristas todavía forman parte importante de su discurso político.

3.      La violencia colectiva y la constitución de las Farc.

Loaiza Cordero se vale de La teoría de la violencia colectiva de Charles Tilly para explicar el surgimiento de las Farc. Según la misma, la violencia colectiva se define como:

Una interacción social episódica que: inflige daños físicos inmediatos a personas y/u objetos (daños, incluye la retención por la fuerza de personas u objetos pasando por encima de cualquier restricción o resistencia) e implica por lo menos a dos autores de los daños y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los daños (http://bit.ly/2m0OZSX ).

Tilly, afirma Loaiza, desarrolla una serie de mecanismos que se activan en la medida en que se incrementa la violencia colectiva, que permiten el aumento de la acción violenta. En el período de estudio, la activación de estos mecanismos, facilita la conformación de grupos armados en pro de la defensa y organización campesina contra la explotación terrateniente y la violencia estatal (http://bit.ly/2mObBVm ).

Dichos mecanismos son:

a)      De explotación y acaparamiento de oportunidades.

b)      De correduría, activación de divisorias y polarización.

c)      De incremento de la incertidumbre y espirales de señales.

Recurrir a Tilly, dice Loaiza, permite ver el inicio del conflicto en el país, desde una perspectiva diferente al estudio histórico de la violencia.

4.      Los estudios de E. Pizarro.

Sobre la historia de la guerrilla colombiana, E. Pizarro es uno de los pioneros con su trabajo, “Las FARC 1949-1966” (1991).  En este primer trabajo Pizarro realiza una reconstrucción de la historia de este grupo insurgente y sus relaciones con el PCC, desde 1947, la formación de las autodefensas campesinas después del asesinado de Jorge Eliécer Gaitán, hasta el comienzo del genocidio de la Unión Patriótica, UP, a partir de 1984, pasando por el análisis y la crítica a las tesis del IX Congreso del PCC, en 1961, en que se planteó que, la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha. A esta estrategia atribuye que, a partir de la Séptima Conferencia de las Farc 1982, la guerrilla empezara a actuar militarmente (http://bit.ly/2mOfsBV ).

Este primer trabajo de Pizarro, representa, señala Domínguez, un aporte importante por cuanto nos brinda una historia más hilada con cierta pretensión académica, de lo que es la historia de las FARC, nos brinda elementos y ciertas coordenadas para examinar la historia de este grupo armado. En este sentido se considera que es un trabajo pionero, que puede ser superado en la medida en que haya otra teoría en la que él mismo progresa después. Este trabajo deja planteadas las hipótesis que conducirían a un segundo estudio de tipo comparativo apoyado en fuentes documentales, “Insurgencia sin revolución” (1996), en el que desarrolla, una propuesta de sociología de la guerrilla utilizando como eje central, la idea de la “insurgencia crónica”, sugerida en su primer trabajo, y definida como el fenómeno que afecta a “una guerrilla sin opciones reales para acceder al poder, condenada a ser parte del paisaje político”. Este fenómeno, según el autor, ocurrió de igual forma en Filipinas y en Guatemala, donde la guerrilla logró consolidarse sin poder alcanzar el triunfo. La definición es retomada de Marc Chernick (http://bit.ly/2akHvAl ), y sirve como fundamento a la tesis central del libro, descrita por Pizarro en los siguientes términos: …

El movimiento guerrillero que surgió en Colombia con posterioridad a la revolución cubana nació en un contexto sociopolítico e institucional que no favorecía sus posibilidades de hacer tránsito hacia un éxito revolucionario. Sin embargo, debido a factores tales como una experiencia reciente de amplias luchas guerrilleras en el período de la Violencia, el relativo cerramiento del Frente Nacional, la precariedad del Estado central y su incapacidad para mediar y canalizar los conflictos sociales en las áreas rurales, se crearon condiciones para la consolidación de estos focos insurgentes.

A partir de aquí Pizarro propone dos tipos de clasificación para definir a un grupo insurgente. De un lado, las etapas de su evolución: la emergencia, la consolidación y el triunfo. Y de otro, tres tipos de guerrillas: Societal, Partisana y Militar. Considerando que la guerrilla societal es ante todo, una guerrilla telúrica que busca expresar a un sector social determinado. Es decir, es una suerte de “movimiento social armado”, dado que busca constituirse como una prolongación de un actor social organizado. Lo más lejano a esta figura es la guerrilla militar que se aproxima más a una “máquina de guerra”, dadas sus débiles articulaciones con los movimientos sociales. Se trata de una modalidad de guerrilla profesional, compuesta de actores-soldados. Mientras que la primera se prolonga en la tierra y la población, la segunda se agota en el aparato. En este último caso nos acercamos a una organización que puede, en determinadas circunstancias, bordear los límites del terrorismo. Finalmente, la guerrilla de partido es, ante todo, un actor subordinado a un proyecto político partidista el cual ejerce funciones de dirección sobre el aparato armado. Se trata de una suerte de guerrilla intermedia, entre lo limitadamente “militar” y la amplitud de lo “societal” (http://bit.ly/2mOfsBV ).

Ocho años después y en un contexto muy diferente al de mediados de los años 90, y a cuatro años de haberse iniciado el Plan Colombia, Eduardo Pizarro publica un nuevo estudio (http://bit.ly/2mOfsBV ),  en el que realiza un balance de las posibilidades reales de éxito de la guerrilla de las FARC teniendo en cuenta el enorme desprestigio con que salió de la zona de distensión, agravado por las repercusiones de los atentados del 11 de septiembre en USA, a partir de lo cual el gobierno colombiano logra que sean considerados entre los terroristas más buscados en todo el mundo; la llegada de un gobierno que gana las elecciones por su propuesta de no negociar con la guerrilla y buscar su derrota militar, además de que los recursos provenientes del Plan Colombia comienzan a producir cambios cualitativos y cuantitativos en la actitud y en la capacidad de combate de las FF.AA, que incrementan notablemente el número de hombres en armas lo que permite realizar diversas operaciones militares contra las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla, con mejores recursos tecnológicos, logísticos y de inteligencia para el combate. Todo lo cual coincide con el hecho de que la guerrilla no pudo cumplir con su plan estratégico trazado en la Octava Conferencia de 1993, en el que se proponía organizar un ejército regular en diez años, con el fin de pasar a la guerra de posiciones, previo desarrollo de la guerra de movimientos. Y si bien, desarrollaron varias acciones de guerra de movimientos durante la segunda mitad de los años 90, terminada la zona de distensión tuvieron que regresar de nuevo a la guerra de guerrillas. Todo ello lleva a E. Pizarro  a proponer la hipótesis de que en el 2000 se había llegado a un “punto de inflexión” en el desarrollo militar de las FARC, a partir del cual se inicia un proceso de derrota estratégica en el sentido de que, si bien siguen existiendo como grupo armado, ya no tienen la posibilidad de llegar al poder por medio de las armas (http://bit.ly/2mOfsBV).

 

 

 

 

Horacio Duque.

La implementacion y verificacion de la paz requiere una consistente red de instituciones publicas.

Reza el texto del Acuerdo de paz sobre la materia de la siguiente manera (http://bit.ly/2gMm6q5 ):

  1. La CSIVI.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal (Ver al respecto el siguiente enlace http://bit.ly/2npcdz2 ). La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prórroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente Acuerdo y por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa Conversaciones de La Habana. 

  1. Objetivos de la CSIVI.

Los objetivos de la Comisión serán:

Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación.

  1. La buena fe recíproca.

La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

  1. Derechos prioritarios de la mujer.

Con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final se creará una Instancia Especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En el marco de la CSIVI se definirá su composición y funcionamiento en consulta con las organizaciones de mujeres.

  1. Participación ciudadana.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. La implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

  1. Plan Marco de la paz.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contendrá las distintas fuentes de financiación y las instituciones responsables de la implementación según corresponda. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres y de los pueblos étnicos, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación al respecto. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar.

Respecto de la elaboración ya probación del Plan Marco de la paz, el Ministro para el post conflicto, Doctor Rafael pardo ha indicado lo siguiente.

Antes de que termine marzo (2017), el Gobierno deberá presentar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, en el que quedará consignado cómo se ejecutará el acuerdo en los próximos quince años.

Ese plan marco define qué se hace —son 88 líneas de proyectos hasta ahora identificadas—, dónde se hace —en qué municipios—, cuándo se hace y cuánto vale.

Antes de este extenso plan de trabajo se han venido implementado dos iniciativas: un plan de cien días enfocado en 51 municipios, donde hay zonas veredales y donde están las sitios con más cultivos ilícitos en el país; y la Estrategia de Respuesta Rápida.

Esta estrategia no tiene una focalización precisa, hay temas que no son exclusivamente de los municipios. Se están haciendo ferias de trámites; sistemas locales de justicia; reparaciones colectivas. Se han focalizado reparaciones individuales en estos municipios por parte de las Farc; el programa de Manos a la Paz; el fortalecimiento de juntas de acción comunal; tres programas del Ministerio de Agricultura; y se están haciendo 67 pilotos de catastro.

El programa de los cien días vincula a varias entidades del Estado las cuales deben estar funcionando desde mediados del próximo mes de abril.

Este programa tiene cerca de 700 proyectos, en donde 51 de ellos –que toca 51 municipios-, tiene que ver con la construcción de 50 kilómetros de vías.

A 21 municipios deben llegar entre una o seis acciones de posconflicto y a 20 municipios deben llegar entre 31 y 53 intervenciones. Lo que se suma a los planes de largo aliento.

“¿Cuáles son las que cubren todo el país?, dos ejemplos: en todas las zonas rurales del país hayan sido de conflicto o no, va a haber un programa de catastro multipropósito. Es decir, un sistema en el cual se determina el plan de la propiedad y la finca con el título de la propiedad”, dice.

En este momento para ese programa hay identificados 4 millones de predios, tardaría 6 años y vale 3,6 billones de pesos. El otro ejemplo de programas que cubrirán todo el país, es la cobertura que se quiere alcanzar en seguridad social para todos los productores campesinos independiente si están en áreas que fueron de conflicto o no.

A eso se suma el trabajo que se hará para que llegue el mínimo vital institucional en varios municipios en donde se harán intervenciones de distintas índoles, la aplicación de los Programas de Desarrollo Territorial, PDT, en 16 municipios que serán los mismo que tendrán circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, y el mejoramiento de vivienda que se hará en todas las zonas donde hay zonas veredales transitorias.

Respecto de las normas de paz expedidas, hay algo así como unas 37 normas ya expedidas; unas 40 para su firma por el Presidente y están pendientes 40 normas que están en una revisión final, o en construcción o para discusión interna del gobierno (ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2npfCy7 ).

  1. Conpes de paz.

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes.

  1. Plan cuatrienal de la paz.

Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

  1. Implementación temprana.

Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana (D+1 hasta D+180) que presentará a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.

  1. Papel de los departamentos y municipios.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno:

Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

  1. Paz y Regalías petroleras y mineras.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados para los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Los recursos de regalías serán una fuente más de las diferentes fuentes para la implementación del Acuerdo en los territorios, para que estos proyectos fortalezcan el desarrollo de sus municipios y departamentos. 

Los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

12. Los empresarios y la paz.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos: 

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. 

  1. Paz y cooperación internacional.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregarán a los fondos dispuestos por el Gobierno para esos fines.   

  1. La paz y los derechos de los niños.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

  1. Paz y sociedad civil.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

  1. Paz y tecnología de la información.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

  1. Paz sin corrupción.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento. Se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos. Sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

  1. Paz y rendición de cuentas.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas. Se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos.

  1. Paz y Veedurías ciudadanas.

Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. En concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.

Herramientas de las nuevas tecnologías de información. Asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.

  1.   Paz y denuncia ciudadana.

Mecanismo especial para la denuncia ciudadana. En el marco de lo acordado se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.

Fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control. Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

  1. Funciones de la CSIVI.

Funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

La CSIVI tendrá las siguientes funciones: 

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir entre las partes firmantes del Acuerdo Final en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia entre las partes que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas.

Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto del acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V.

En particular, la CSIVI deberá: Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final, lo cual no afecta las competencias de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. o Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso. Para estos efectos se tendrá en cuenta el listado no exhaustivo de proyectos incluido en el Acuerdo de paz. Lo anterior sin perjuicio de las competencias del Congreso de la República.

La CSIVI tendrá interlocución con las agencias, estados y organizaciones donantes que contribuyan económicamente a la implementación de los acuerdos y/o que forman parte del acompañamiento internacional de la misma. La CSIVI podrá solicitar informes de seguimiento y ejecución sobre los distintos programas y proyectos que reciban de la cooperación internacional en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, o proponer borradores de normas que se consideren necesarias para la implementación del Acuerdo Final, sin perjuicio de las facultades ordinarias del Congreso de la República u Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana,  o producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos.

La CSIVI podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. 

Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CSIVI en el Acuerdo Final.

  1. Acompañamiento internacional.

 La CSIVI contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela.

  1. Secretaria Técnica.

La CSIVI contará con una Secretaría Técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera.

A las reuniones de la CSIVI podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.

  1. CSIVI Ampliada.

Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSIVI realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde.

  1. Informes de la CSIVI.

La CSIVI presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.

  1. Ubicación y Temporalidad.

La CSIVI podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSIVI sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido.

  1. Inicio de la implementación del Acuerdo Final.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016.

Mientras la Reforma Rural Integral de los acuerdos de paz firmados con las Farc no dispone de un peso para hacerla realidad, el gamonal Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, se trago, durante mas de treinta meses de gestion politiquera, 9 billones de besos que repartió a dedo entre seudo empresarios corruptos, ongs de bolsillo  y gobernadores de las redes clientelares mediante convenios interadministrativos con los gobiernos departamentales.

Las comisiones del 30 y 40% pulularon.

Uribito se quedó en pañales.

Que la democracia ampliada de la paz por lo menos sirva para destapar este descomunal saqueo del Estado, todo para apuntalar una vanidosa candidatura presidencial de la rancia y violenta oligarquia caucana.

Horacio Duque.

Descomunal la sinvergüenzada y el descaro de la oligarquía colombiana.

Aceptado que el problema agrario es el principal foco de la violencia y las guerras del siglo XX y las del presente siglo, buena parte de los diálogos de paz y los acuerdos para terminar el conflicto armado han consistido en la construcción de consensos para erradicar las perversas relaciones sociales imperantes en el campo colombiano. Coincidencias que comprenden una diversidad de asuntos como la Reforma Rural Integral, la creación de un Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas y siete para formalizar, la actualización del catastro rural y políticas financieras y de adecuación de infraestructuras viales y sociales.

Temas todos muy bonitos incluidos en un mamotreto que igual puede pasar a engordar los anaqueles de la memoria oficial.

Digo bonitos porque la realidad es mucho más cruel y áspera.

Para más de 13 millones de campesinos sumidos en la pobreza la paz agraria parece más un mal chiste por cuanto la política gubernamental en cuanto a los temas rurales va por otro camino. El de la corrupción, el clientelismo, el despilfarro y la reproducción de la vieja estructura feudal latifundaria.

No salimos del asombro al conocer el grotesco cuadro de Uribito, el ex ministro de agricultura del Caballista de marras, viejo prostático desvencijado, quien repartió, como en una piñata, miles de millones de pesos del presupuesto de inversiones del Ministerio de Agricultura, entre reinas de belleza, paramilitares, narcotraficantes y terratenientes. El tamaño de su vagabundería lo refleja el encarte penal y penitenciario en que se encuentra este delincuencial sujeto.

Pero al pasar revista a la gestión del actual gamonal caucano que funge como Ministro de Agricultura, el señoraso Aurelio Iragorri Valencia, vástago de una casta feudal de la peor historia de violencia en el departamento del Cauca, primogénito de un Cacique a perpetuidad en la región, las sorpresas son mayúsculas.

Uribito es un pobre pendejo.

Increíble. Mientras el gobierno derrochaba cinismo en La Habana discurseando con la reforma agraria integral, Iragorri, muy taimado se gastaba, como plata de bolsillo, 9 billones de pesos, que es la cifra presupuestal apropiada para inversiones agrarias, la mayor en la historia del Ministerio de Agricultura.

9 billones de pesos han sido repartidos a dedo por Iragorri, a lo largo de los 30 meses de gestión, entre seudo empresarios corruptos, ongs de bolsillos y gobernadores de la rosca politiquera con la firma de convenios interadministrativos, omitiendo licitaciones públicas y concursos de méritos.  Eso sí con comisiones del 30 y 40 por ciento que sería bueno saber en las cuentas de quien están. No será difícil saberlo en esta danza de corrupción que ha descubierto la opinión pública a propósito de las millonarias coimas de Odebrecht.

Con razón hoy el señor hoy se da ínfulas de candidato presidencial. Compro, con 9 billones de pesos, una extensa red de maquinarias electoreras en veredas, municipios y regiones para promover sus aspiraciones.

Este artículo es una alerta a las veedurías ciudadanas para ubicar esta malla de corruptela con los dineros de los campesinos.

Nosotros estamos revisando uno a uno los contratos de inversión firmados por Iragorri Valencia y los resultados concretos de tales convenios.

Estamos analizando los archivos del Secop en el Ministerio de Hacienda y los hallazgos ponen los pelos de punta del saqueo ejecutado desde la cúpula Ministerial.

Para algo debe servir la democracia ampliada que conquistamos con la paz. Para destapar esta cueva infame de saqueo y asalto de los dineros estatales.

Son 9 billones de pesos que ya no existen para la reforma rural integral, para la compra de 3 millones de hectáreas, para organizar las instituciones encargadas de adelantar la formalización de siete millones de hectáreas.

Para los campesinos solo hay limosnas que utilizan ciertas farsas de liderazgo para comprar camionetas y computadoras.

Solo hay plomo y masacre de los lideres sociales.

Una infamia.

Que responda Iragorri Valencia.

 

 

 

 

 

 

La implementacion de los acuerdos de paz debe sortear toda clase de obstaculos, como el filibusterismo de los politiqueros del Senado y la corruptela del Ministerio de Agricultura.

Iragorri se gasto 9 billones de pesos de inversiones del sector agrario en convenios con empresarios corruptos, con ongs de bolsillos y en convenios interadministrativos con gobernadores politiqueros que desconocen los acuerdos de paz para terminar la guerra.

Uribito es un pendejo comparado con Iragorri Valencia y sus  desvergonzadas andanzas; el politiquero del Cauca utiliza los dineros de la reforma agraria para aceitar las maquinarias clientelares de los bandidos del Congreso que obstruyen la Justicia Especial de Paz.

Horacio Duque.

La implementación de los acuerdos de paz en los meses siguientes es algo crucial para la consolidación de los consensos con las Farc.

Ya se han instalado varias comisiones, se han expedido decretos, aprobado leyes y se avanza en el trámite de varios proyectos normativos.

La participación de la sociedad civil es vital para que la materialización de los pactos se haga realidad, pues los enemigos del fin de la guerra siguen bastante activos tal como lo hemos podido observar en el trámite de la Justicia Especial de Paz, bloqueada y ralentizada por el filibusterismo parlamentario.

Con el fin de dar apoyo a las acciones de implementación y verificación quiero volver sobre ciertos elementos incluidos en el Acuerdo General de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon.

Me refiero a los principios, a los mecanismos y al Plan Marco.

Veamos hoy los principios que sustentan la construcción normativa e institucional de la paz.

Sin perjuicio de los principios específicos contemplados para la implementación de los diferentes acuerdos, reza el Acuerdo, el Gobierno Nacional y las FARC- EP acordaron los siguientes principios orientadores para la Implementación del Acuerdo Final:

• Enfoque de derechos: La implementación de todos los acuerdos alcanzados debe contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, ya que son universales, imperativos indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna, respetando el principio pro homine, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad.

• Respeto a la igualdad y no discriminación: En la implementación del presente Acuerdo se respetará la igualdad en sus diferentes dimensiones y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a los diferentes planes y programas contemplados en este Acuerdo, sin discriminación alguna. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia.

• Enfoque de género: En el presente Acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. Para garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en las mujeres, en particular la violencia sexual. Respecto de los derechos de las víctimas su protección comprende el tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado especialmente sobre las mujeres. Además, se deberán adoptar acciones diferenciadas para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a los planes y programas contenidos en este Acuerdo. Se garantizará la participación de las mujeres y sus organizaciones y su representación equitativa en los diferentes espacios de participación. El enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de manera transversal en la implementación de la totalidad del Acuerdo.

• Respeto a libertad de cultos: implica el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad, culto, creencia, confesión sin discriminación o estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo Final se promoverá la participación activa de las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y las organizaciones del sector religioso en la construcción de la Paz. Así mismo, se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado.

• Integración territorial e inclusión social: las medidas que se adopten en la implementación deben promover la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de éstas en el país, así como la inclusión de las diferentes poblaciones y comunidades, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

• Fortalecimiento y articulación institucional: para construir una paz estable y duradera y en general para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos en democracia, se requiere fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio. Las políticas públicas que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios. Se reafirma el fundamento constitucional según el cual el Estado colombiano es descentralizado administrativamente y que los Entes Territoriales tienen autonomía, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, y por tanto se garantizará que la implementación se haga en coordinación y con el concurso de las autoridades locales. La implementación del Acuerdo se deberá realizar con pleno respeto de las competencias de las autoridades territoriales, sin detrimento de lo acordado. En particular, las medidas deben promover el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los departamentos, municipios y demás entidades territoriales, de manera que puedan ejercer el liderazgo en la coordinación de planes y programas necesarios en la construcción de la paz; y la articulación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar que actúen de manera integral, coordinada, articulada y ordenada en los territorios.

• Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”: La implementación de los planes y programas acordados debe tener en cuenta las iniciativas y procesos de desarrollo y reconocer los esfuerzos de la sociedad en la construcción de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” y profundizar la democracia, erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier otra actuación que degrade los demás principios.

La implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente, y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno. Se buscará que las instancias y los mecanismos de articulación institucional que se crean en los diferentes puntos del Acuerdo Final contribuyan a fortalecer dicha institucionalidad y de ésta manera fortalecer la democracia.

• Eficacia, eficiencia e idoneidad: para lo cual se optimizarán tiempos y recursos asociados a la implementación mediante mecanismos especiales y de gestión pública eficiente, reducción de trámites, y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos. Se garantizará que los servidores públicos responsables del Gobierno en la implementación de los planes y programas sean idóneos y cumplan con las calidades técnicas y meritocráticas pertinentes.

• Priorización: la implementación de los acuerdos es un proceso continuo y urgente que parte de la definición de los planes y programas que se requieren de manera más inmediata, de acuerdo con un cronograma de implementación que tenga en cuenta las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles. Los PDET, como programas que articulan la implementación de los planes y proyectos acordados, deberán ser priorizados en el marco de la implementación del Acuerdo Final.

• Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción. Todo lo anterior con el fin de garantizar que la totalidad de los recursos públicos asignados a la implementación se ejecuten correcta y estrictamente dentro de los términos del Acuerdo Final.

• Principios democráticos: en la interpretación e implementación del presente Acuerdo y de las normas que lo incorporen al ordenamiento jurídico se respetará el carácter unitario del Estado Social de Derecho, el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos y la primacía de los derechos inalienables de la persona, así como los diferentes esfuerzos y procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales.

Nota. Más de dos años va a completar como Ministro de Agricultura el señor Aurelio Iragorri Valencia y durante su gestión dicha entidad ha contado con el mayor monto de recursos de su historia para inversiones en el agro colombiano. Son más de 9 billones de pesos, los cuales se han gastado en proyectos colocados al margen de los acuerdos de paz para terminar la guerra. La politiquería y la corrupción son la característica de tales inversiones. Iragorri se ha gastado esa plata en contratación directa con empresarios corruptos, ongs de bolsillos y convenios interadministrativos con los gobernadores de la cuerda politiquera de este funcionario y su progenitor, el gran gamonal del Cauca. Las comisiones del 30% son la norma. Se han enriquecido roscas clientelares y caciques electorales. Se van conociendo datos y el escándalo de la corruptela en el Ministerio de Agricultura de Iragorri puede ser peor que lo de Obredrecht. Que intervengan las veedurías ciudadanas. Que se conozcan los contratos de Iragorri adjudicados a dedo y con recomendación de la casta política que obstruye la aprobación de la Justicia especial de Paz.

 

 

 

Horacio Duque.

Generales anticomunistas resucitan la idea de las Republicas independientes con la que Alvaro Gomez promovio, en los años 60 del siglo pasado, una invasion militar a Marquetalia, en Planadas, para aplastar a los comunistas y a las organizaciones agrarias que debieron transformarse en autodefensa y en entidad guerrillera que en adelante se llamaria Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc.

¿Se repetira la insensatez hoy?

No se ahorran recurso los enemigos de la paz para destruir el proceso de erradicación del conflicto armado que se adelanta mediante la implementación de los acuerdos correspondientes, sellados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre del 2016. entre el Presidente Santos y las Farc.

La última novedad corre por cuenta del conocido ex general Bonnet Locarno, en representación de la Acore, gremio de generales anticomunistas, quien ha salta a la arena para estigmantizar las Zonas veredales (http://bit.ly/2mm29cy ) donde se han ubicado los frentes guerrilleros de las Farc en el plan de dejación de las armas y su transformación en un partido y movimiento político.

Este militar revive la famosa campaña del hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, quien en 1962 orquestó toda suerte de mentiras y estigmas para presionar el ataque militar contrainsurgente sobre la vereda Marquetalia, en el Corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima.

Decir que las Zonas veredales son Repúblicas independientes donde impera la anarquía, es un disparate del tamaño de una catedral. Es desconocer olímpicamente los contenidos de los consensos en dicha materia, que las Farc cumplen de manera estricta.

Lo que se pretende es imponer un control draconiano, violento y fascista sobre los territorios en los que se han ubicado los integrantes de la guerrilla de las Farc, para impedir la relación democrática y civilista  con la población civil.

Resucitar la idea de las Repúblicas independientes es muy grave, pues un error de esas dimensiones llevo a una sanguinaria campaña del ejército contra los campesinos y los comunistas en los años 60, dando origen a las Farc, como respuesta de las masas rurales a la agresión de la ultraderecha militarista.

Hagamos un poco de historia para que nos contextualicemos en este peligroso giro de la actual situación que pretenden los enemigos de la paz.

En 1962 se posesiona como presidente el conservador Guillermo León Valencia, y los territorios de colonización donde ejercía su liderazgo e influencia el Partido Comunista, fueron puestos en la mira del gobierno, en gran parte por el anticomunismo que por los años sesenta se expandía desde el gobierno de Estados Unidos y que en Colombia introdujo el general gringo William Yarborough, mediante la conformación de los  mercenarios Lanceros y nuevas brigadas militares en los departamentos de Caldas, Valle y Tolima .

En 1962, el ejército realiza una primera operación contra la vereda de Marquetalia que obliga a los pobladores a colocarse a disposición de la resistencia agraria y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar, esta iniciativa del gobierno, lleva a los dirigentes del Partido Comunista a activar paulatinamente la autodefensa (organizada después del asesinato de Gaitán), para prepararse ante futuros ataques y para concientizar a la población sobre la situación. El PC mediante su acertada estrategia de lucha de masas y defensa de las comunidades, refuerza la organización de la autodefensa, preparándose para cualquier ataque porque la situación en estas zonas cada vez era más tensa, el ejército comenzó a rodear estos territorios para evitar que se expandiera su influencia a otros, aislándolos e impidiendo muchas veces que vendieran sus productos fuera de estas tierras, alejándolos de la posibilidad de inserción en la economía nacional y del desarrollo capitalista que se estaba dando en el país.

Los territorios de influencia Comunista fueron denominados Repúblicas Independientes por el senador conservador Álvaro Gómez en el Congreso de la República: “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”, decía ese siniestro personaje. Sus declaraciones, dan impulso a las posteriores acciones militares en las que el gobierno busca restituir su control militar en las regiones apartadas donde antes no había hecho mayor presencia, se determina que en estos territorios la creciente influencia del PC es un peligro para el mantenimiento del poder oligárquico del Frente Nacional y se decide acabar con ellas a sangre y fuego.

El ejército por orden del gobierno conservador frentenacionalista, buscará terminar violentamente con la influencia comunista en los territorios de Marquetalia, Rióchiquito, El Pato y Guayabero.

El Partido Comunista, como era obvio y necesario, se prepara para los ataques del ejército, debido a esto.

En Marquetalia, el PC organiza nuevamente la “Columna de marcha”, que ya había operado a principios de los años 50,  para movilizar a las familias de los combatientes hacia las montañas y hacia Rióchiquito con el fin de evitar que los ataques los acaben; los combatientes se quedan en Marquetalia para resistir la ofensiva militarista.

Entre finales de abril y principios de mayo de 1964, son evacuadas unas 1700 personas de la población civil de Marquetalia y de las veredas vecinas, la población queda a la expectativa del inicio de los operativos.

Comienza así la guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los lineamientos del plan LASO (Latin American Security Operation) inspirado en la nueva filosofía de la guerra contrainsurgente, con el supuesto fin de devolverle al Estado la soberanía sobre todo el territorio nacional, y quitarles a los comunistas la legitima influencia en dichas territorialidades.

Las fuerzas militares promueven la campaña de intimidación y propaganda en contra del Partido Comunista: cierran el acceso y salida de estos territorios; impiden la movilización de campesinos a otras zonas para evitar la creciente expansión del PC, y obstaculizan la comercialización de sus productos, para que económicamente les sea cada vez más difícil el mantenimiento de estos territorios, dejándolos prácticamente aislados para facilitar la acción del ejército.

Entre el 27 de mayo y el 14 de junio de 1964, se desarrollan combates entre la resistencia de Marquetalia y las Fuerzas Armadas, hasta que el ejército toma el control de la zona y los combatientes comunistas dejan definitivamente la autodefensa para convertirse en guerrilla revolucionaria agraria. Los ataques a Marquetalia, dan como resultado la activación definitiva de la estrategia revolucionaria de los comunistas.

 De esta forma, la autodefensa popular deja de ser un movimiento espontáneo para convertirse en una orientación sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas, que la recomiendan para responder organizadamente a los ataques, con un criterio militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Después de los ataques, se expide el Programa Agrario de Marquetalia el 20 de julio de 1964, que en adelante será la base para el trabajo de la guerrilla comunista en el territorio nacional. El Programa agrario de los guerrilleros, como se conocerá en adelante, establece que el cierre de todas las posibilidades de vida y lucha reivindicativa pacífica, obliga a la población campesina a la resistencia social y al inicio de la lucha armada,  debe servir además como plataforma para los diferentes destacamentos guerrilleros.

La Columna de marcha conformada después de los ataques a Marquetalia, transita las montañas, donde al ejército se le dificultaba entrar y donde los campesinos podían esconderse más fácilmente a pesar de las condiciones de la selva, allí esperaron muchos hasta que fuera seguro salir, otros buscaron territorios cercanos de colonización para asentarse, y otros se fueron para Rióchiquito donde comenzarían posteriormente los ataques del ejército, el 15 y 16 de septiembre de 1965, en condiciones parecidas a Marquetalia, los habitantes de este territorio deben ser movilizados nuevamente mediante la Columna de marcha hacia El Pato, Guayabero y otras zonas de colonización, organizando la defensa con fundamento militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Surgieron las Farc y la historia ya la conocemos ¿Pretenden estos chafarotes que todo ello se repita con otros 60 años de guerra y violencia?

Imposible tanta insensatez.

Nota. La Asociacion de Educadores de Bogota, la ADE, y su Presidente, el compañero William Agudelo, definitivamente estan a la vanguardia de la lucha del magisterio colombiano por el derecho a la educacion y a la paz. Felicitaciones, la rueda de prensa de las Farc en las instalaciones de la ADE para dar un primer reporte sobre la dejacion de las armas por las  fue todo un acontecimiento politico.

 

 

 

 

Apoyamos las justas demandas de los educadores colombianos y exigimos transparencia en la Licitación pública para adjudicar la contratación de la salud por casi seis billones de pesos.

Los educadores estan con lapaz.

Horacio Duque.

Para el día de hoy 28 de febrero las organizaciones sindicales de los educadores han convocado importantes acciones de masas en los principales centros urbanos del país.

Los maestros del país, más de 400 mil, están demandando se atienda su pliego de peticiones y mejoras sustanciales en la calidad educativa de los estudiantes y atención del Gobierno en las inconsistencias en el programa de 'jornada única'.

El Gobierno no ha proveído a los colegios de infraestructura ni de docentes para implementar como debe ser la jornada única, tampoco el servicio de alimentación para los estudiantes.

También rechazan las pésimas condiciones en la prestación de los servicios medico asistenciales por parte de los pulpos que monopolizan la contratación con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Muchos docentes tienen problemas con pagos atrasados por ascensos en el escalafón.

Un punto clave del pliego de los docentes es el tema de la nueva contratación de la salud para ellos y sus familias.

La Fiduprevisora, el Fondo de Prestaciones del Magisterio y la cúpula de Fecode han montado un simulacro de licitación cuyo único objetivo es dejar todo en manos de las mafias que controlan con mano de hierro y delincuencial casi 6 billones de pesos que se gastan en la salud de los docentes públicos (http://bit.ly/2m9JmkA ).

Ya declararon desierta la primera licitación y ahora han convocado una nueva mediante invitación pública No 002 del 2017, con la cual la Fiduprevisora dice estar interesada en la contratación de entidades que garanticen la prestación de los servicios de salud del plan de atención integral y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que del contrato se derive.

Los directivos del Fomag se las han arreglado para darle tiempo a los actuales y viejos operadores con el fin de que hagan las maniobras necesarias que garanticen su continuidad con el mal servicio prestado en materia de salud.

De nuestra parte estamos exigiendo el correspondiente espacio para adelantar la veeduría que la Ley establece con el fin de darle transparencia y eficacia a este proceso licitatorio.

Nota. Precisamente hoy participamos en la sede de la Asociación Distrital de Educadores/ADE en la rueda de prensa realizada por Iván Márquez, Pastor Alape y Jesús Santrich sobre el asunto de la dejación de las armas por parte de las Farc, la cual avanza en los términos pactados, no obstante que el gobierno y el Congreso van a paso de tortuga en todo.

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Erradicar el paramilitarismo es la tarea de la Comision Nacional de Garantias creada para darle seguridad a los combatientes populares que saltan de la confrontaciòn armada a la lucha politica democràtica.

En las veredas, municipios, barrios y regiones se necesita organizar las comisiones de expertos y lidres para identificar plenamente las bandas paramilitares que el Ministro de Defensa y su cupula militar se niegan a reconocer.

La dejación de las armas por parte de los integrantes de las Farc y su paulatina transformación en un nuevo partido político exige la mayor responsabilidad y compromiso de las instituciones públicas y de las organizaciones democráticas.

 

El escollo más importante es el asunto de la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, el control estatal del territorio en aquellas zonas en que las FARC-EP ejercían dominio territorial, el asesinato de los líderes sociales y de manera muy preocupante los corredores geográficos dejados por las FARC-EP y la expansión y consolidación territorial del paramilitarismo llamado ahora por el gobierno de manera eufemística como Grupos Armados Organizados (GAO).

 

Los grupos paramilitares se han reactivado con el estímulo político dado desde las filas del ultraderechista uribismo y de poderosos núcleos del dispositivo militar gubernamental, anclado en la contrainsurgencia y el anticomunismo visceral.

 

Cientos de líderes sociales y de los derechos humanos han sido acribillados en los últimos 14 meses y las amenazas son crecientes. Los departamentos más afectados por tales hechos sangrientos son Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo.

 

Con los integrantes de las Farc, los riesgos de que sus líderes y militantes sean asesinados, son enormes. En la memoria histórica nacional están los casos emblemáticos de Guadalupe Salcedo, de los guerrilleros liberales del Llano, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo y de los  más de 5 mil integrantes de la Unión Patriótica.

 

Grupos paramilitares, policiales y militares, al servicio de poderosos latifundistas y gamonales políticos, asesinaron a quienes creyeron en la palabra de los representantes del Estado.

 

Fueron policías y militares activos los autores directos de tales magnicidios.

 

En el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre del 2016, hay unos compromisos muy concretos en tal sentido y para hacerlos efectivos el gobierno nacional ha expedido el Decreto-Ley 154 del 3 de febrero del 2017, por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

 

El objeto de la misma es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La Comisión armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estará integrada por:  

 

El Presidente de la República, quien la presidirá.

 

El Ministro del Interior.

 

El Ministro de Defensa.

 

El Ministro de Justicia y del Derecho.

 

El Fiscal General de la Nación.

 

El Defensor del Pueblo,

 

El Procurador General de la Nación.

 

El Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

 

Respecto de esta Unidad, el problema radica en que no se ha puesto en marcha porque en la renegociación de los Acuerdos tras el triunfo del NO-esta Unidad que ya estaba en marcha- fue torpedeada, desde poderosos intereses empresariales y del propio Fiscal Néstor Humberto Martínez, su directora Alexandra Valencia fue cesada en sus funciones y se estableció en el nuevo acuerdo que será el Comité de Selección de los Magistrados del Sistema Integral de Justicia quien elabore una terna para que el Fiscal General nombre a su reemplazo. Urge pues que el Comité de Selección elabore rápidamente la terna para que se ponga en marcha la política de desmonte de los grupos narcoparamilitares.

 

El Comandante las Fuerzas Militares.

 

El Director General la Policía Nacional.

 

Tres (3) expertos reconocidos en la materia.  

 

Dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.­

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sin perjuicio de las funciones y competencias correspondientes a las diferentes autoridades y entidades públicas, cumplirá las siguientes funciones:

 

1. Diseñar, hacer seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del decreto citado. 2. Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el arto 1 de este decreto, que será adoptado por el Gobierno Nacional. 3. Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 el decreto mencionado 4. Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal; 5. Recomendar reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones a que hace referencia el artículo 10. 6. Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1 del Decreto mencionado y hacer seguimiento del contenido de dichos informes. 7. Diseñar y construir las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10, entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI. 8. Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 9. Proponer a las autoridades competentes mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos. 10. informar periódicamente a las Ramas del Poder Público, a la opinión pública y a los organismos internacionales, los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 11. Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la "Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición" y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo. 12. Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 13. Hacer seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formular propuestas para actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y que en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 10. 14. políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 10, definiendo tratamientos específicos para los integrantes dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.15.La aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto comisión. 16. Participar en el diseño de un nuevo Sistema prevención y la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades las y conductas criminales.

 

El cumplimiento de todas estas funciones demanda la conformación inmediata de un Cuerpo Élite para que actúe contra las organizaciones narcoparamilitares.

 

Como bien lo señala Santana, los retos de la Comisión son mayúsculos. Desmantelar y erradicar el paramilitarismo es, tal vez, el principal, pues está muy afincado en la mentalidad contrainsurgente de las Fuerzas Militares del gobierno (http://bit.ly/2l6Ysmp ).

 

Organismos de Derechos Humanos e investigación social, agrega Santana, han señalado que en lo corrido del año 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales según Indepaz mientras que el Cinep señala que fueron asesinados 92 líderes sociales y en lo que va corrido del año 2017 han sido asesinados 12 líderes sociales principalmente en zonas dejadas por las FARC-EP. Este es el reto mayor.

 

En su XII informe sobre la presencia de grupos paramilitares la Unidad Investigativa de Indepaz ha presentado un completo reporte sobre la presencia y las actuaciones de éstas organizaciones criminales durante lo corrido del año 2016. Allí se señala que 2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, junto con el inicio del cese al fuego bilateral y definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia. Sin embargo, en contradicción con estos dos eventos, 2016 fue un año de incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana (http://bit.ly/2lzwC5F )

 

En el informe se reseña que el Ministerio de la Defensa Nacional ha configurado unos lineamientos para enfrentarlas. En primer lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Y en una directiva ministerial, las nuevas GAO se clasifican así:

 

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.

 

Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.

 

Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fin específico y en un lugar determinado.

 

Agrega el informe de Indepaz que en esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en los años pasados que de ninguna manera indica que ya no actúan en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.

 

Se señala que durante el año 2016 se registraron actividades criminales de grupos narcoparamilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. En este período se identificaron trece estructuras clasificadas en dos tipos: las que tienen una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con injerencia a nivel nacional; y las que actúan a niveles regionales y municipales, que no se han consolidado o que aparecen por primera vez este año. Dentro de las primeras se encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros, estos últimos como la fusión entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En el segundo tipo están, entre otros, La Constru, los Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC y AUC (http://bit.ly/2lzwC5F ).

 

El Clan del Golfo se ha venido consolidando como la estructura con mayor incidencia en el territorio nacional, los Rastrojos continúan con una tendencia a desaparecer, las Águilas Negras duplicaron los municipios en los que hacen presencia y los Puntilleros mantienen control sobre la zona de los llanos orientales. El resto de bandas paramilitares tienen presencia en regiones sin una estructura nacional -agrega el informe- aunque realizan alianzas con las organizaciones paramilitares que tienen alcance nacional. Así mismo el informe señala que las principales actividades de estos grupos paramilitares son: actividades económicas a gran escala en el narcotráfico (control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). Minería; control de zonas mineras, explotación y comercialización. Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros indocumentados. Servicios de Seguridad Privada. Lavado de activos. Contrabando.

 

También realizan actividades económicas de menor escala: microtráfico, préstamos gota a gota, redes de prostitución, extorsión, sicariato. Para facilitar el desarrollo de sus actividades criminales –dice el informe de Indepaz- infiltran a las Fuerzas Armadas y de Policía; venta de armas, de información y participación en las demás actividades de economía ilícita; penetran organismos como la Fiscalía, para obtener fallos para su conveniencia; penetran a los gobiernos locales para apropiarse de sus recursos, obtener decisiones políticas favorables para lo cual inciden en los procesos electorales. Estas bandas criminales enfrentan a la fuerza pública y han recurrido al asesinato de miembros de la Policía Nacional mediante las llamadas operaciones pistola. Pero también afectan a la población civil mediante las amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, reclutan menores, asesinan a pobladores, desplazan a las comunidades. Pero al mismo tiempo se han convertido en los principales empleadores en algunos municipios del país (http://bit.ly/2lzwC5F ).

Nota. Nos oponemos a la militarizacion de Cali tal como lo estan proponiendo sectores ultraderechistas de la ciudad (http://bit.ly/2lR0Kuo )

 

Horacio Duque.

Es tal el caos en el cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno en los acuerdos de paz que se hace necesario reprogramar la agenda para la dejacion de las armas por los guerrilleros de las Farc.

Unos meses màs en ese sentido no tienen por qué afectar los objetivos y resultados generales de los consensos para terminar la guerra.

Que el gobierno acelere sus tareas y que le ponga freno al sabotaje del Fiscal y el Vice presidente, quienes pretenden desconocer la refrendacion hecha por el poder legislativo del Acuerdo de paz del teatro Colon.

El Fiscal, el Procurador y los de Cambio radical quieren adulterar los textos de los consensos. 

Las Farc han elevado una muy fundamentada petición para que el cronograma consensuado entre las partes sobre la dejación de las armas sea reorganizado en función de las nuevas circunstancias que han sobrevenido con la implementación de los acuerdos firmados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre.

En la solicitud dada a conocer subyace una premisa consignada en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que conviene citar:

“3. Fin del conflicto Proceso integral y simultáneo que implica:

1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre; o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

 

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes” (http://bit.ly/2luLp1v ).

El cronograma para la dejación de las armas por parte de las Farc se planifico con las siguientes fechas: 1 de marzo, el 30%; 1 de mayo, el 30%; y 40%, el 1 de junio.

Sin embargo está fallando el proceso integral y simultáneo del fin del conflicto por varias razones:

  • Las 26 zonas veredales y puntos transitorios en los que deben localizarse los guerrilleros de las Farc no están listas porque no se han hecho por parte del gobierno las adecuaciones mínimas necesarias en lo relacionado con vivienda, agua, salud, vías, redes y protección. La Ley de orden público, hecha por burócratas, gamonales y caciques politiqueros, en contubernio con generales fascistas, fijaron unos criterios tan absurdos para la organización de tales espacios, con el fin de mantener aisladas a las Farc de la población civil, que hoy son el principal obstáculo en la transformación de tales territorios como lugares de localización transitoria de la guerrillerada agraria. Están pagando su propia mala fe, pues mientras las Farc cumplen con disciplina y honradez, el gobierno descubre su naturaleza tramposa.
  • La amnistía y el indulto, no obstante una ley y varios decretos a la mano, es una gran mentira, pues los integrantes de la vieja y corrupta justicia ordinaria (jueces de ejecución de penas), conjuntamente con la tenebrosa guardia del Inpec, se las han arreglado para impedir la libertad de miles de presos políticos y sociales encadenados en cárceles y penitenciarias.
  • Las adecuaciones institucionales y la implementación de los acuerdos mediante la aprobación de actos legislativos, leyes y decretos especiales, no avanza porque hay una tenebrosa mafia concertada en el sabotaje y destrucción de tales instrumentos. Desde la Fiscalía y la Vice presidencia de la Republica han echado a rodar un plan para impedir que se aprueben a tiempo la justicia especial de paz, la constitucionalidad de los acuerdos, las garantías al nuevo partido político de la paz, la reforma agraria integral y la presencia de los integrantes de las voces de paz en las cámaras legislativas.
  • El paramilitarismo, ignorado e invisibilizado por el Ministerio de la Defensa, está ingresando a los territorios de la resistencia agraria, acribillando líderes sociales y reorganizando, con sectores de los organismos de seguridad del gobierno, las economías del narcotráfico y las rutas de exportación de la droga hacia Europa, Brasil y USA.
  • Los departamentos y municipios del país están ignorando los acuerdos de paz en los respectivos planes de desarrollo.
  • La corrupción también ha desplazado sus garras hacia los precarios fondos de la paz y con el cuento de las vías terciarias se ha orquestado por Ministros y consejeros presidenciales una nueva modalidad de contratismo directo para despojar los billones de pesos acumulados del sistema general de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación.
  • Los pactos para sustituir los cultivos de uso ilícito, son desconocidos y el gobierno sigue adelante con su estrategia antidroga, involucrando masivamente al Ejército (Resolución 3080 del 2016) y la policía en programas de erradicación que atropellan y judicializan a miles de familias campesinas que subsisten con el cultivo de la hoja de coca, mientras los poderosos capos siguen muy campantes con su negocio.
  • La ultraderecha uribista y pastranista avanza con sus campañas de mentiras y manipulación, hablando de un fantasmático golpe de Estado, desconociendo de esa manera la fuerza constitucional y legal de los acuerdos de paz, lo que de por si es una acción abiertamente desestabilizadora que debería tener la correspondiente respuesta del gobierno y sus representantes.

Todos estos hechos son los que hacen necesaria y conveniente la reprogramación  de las fechas para la dejación de las armas. Unas semanas más, o unos meses más, no tienen por qué afectar el acuerdo para la terminación de la guerra, que tan buenos resultados presenta hasta el momento en cuanto a la erradicación de la violencia directa.

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

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