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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

HORACIO DUQUE.

En el colmo de la sinverguenzada, los gobiernos de Colombia, Mexico y otras siete satrapias latinoamericanas, le piden a Venezuela que respete los derechos humanos, segun lo informa la revista oficialista colombiana Semana, de propiedad de la familia Santos (http://bit.ly/2pHnfTP )

Uno no sabe si reír o llorar.

En el mayor colmo de cinismo los gobiernos de Colombia y México le piden a Venezuela y su gobierno el respeto por los derechos humanos a propósito de la guarimba violenta desatada por la ultraderecha que ya deja casi 40 muertos y cerca de 200 heridos, causados por los grupos vandálicos pagados por los diputados de la MUD.

Francamente es el mundo al revés.

Si en algún lugar se desconocen los derechos humanos es en los territorios de los gobiernos neoliberales de Colombia y México.

La satrapía perpetua de Bogotá acumula la más brutal vulneración de los derechos humanos fundamentales, principalmente el derecho a la vida:

  • Ocho millones de desplazados por la violencia paramilitar de terratenientes, generales, multinacionales agro mineras, políticos oficialistas, banqueros y burócratas corruptos. Es el país con mayor población desplazada en el mundo, despues de Sudan.
  • Represión violenta y crónica del Escuadrón Antimotines de la policía contra las justas protestas de campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, cocaleros, que son masacrados y mutilados con armas letales, gases venenosos y torturas.
  • Asesinato de líderes de derechos humanos y de integrantes de las Farc ubicados en Zonas veredales. Ya van casi 200 masacrados por grupos paramilitares, en los meses recientes.
  • Masificación del paramilitarismo que es organizado por las Brigadas militares y Comandos departamentales de la policía.
  • Asesinato diario de mujeres por grupos sicariales asociados con las policías departamentales.
  • Violación sistemática de menores.
  • Impunidad absoluta de casi 5000 “falsos positivos” ejecutados por generales, oficiales y soldados profesionales.
  • Desempleo e informalidad laboral de millones de personas.
  • Saqueo de la salud y desconocimiento de dicho derecho.
  • Saqueo descomunal de los recursos públicos.
  • Monopolio mediático que miente y distorsiona la realidad social del país.
  • Desconocimiento de los acuerdos de paz y planes para exterminar los líderes guerrilleros que han actuado de buena fe en sus diálogos con el gobierno.
  • Violencia en las cárceles y desconocimiento de la Ley de Amnistía e indulto.

Me podría extender en los hechos pero con lo anotado es suficiente para desenmascarar la farsa del señor Santos.

De México ni se diga.

Allí hay una masacre diaria y la impunidad es demencial

Que cinismo el de estos bandidos que deben padecer nuestros pueblos.

 

 

Horacio Duque.

No faltaba mas. En el coro de enemigos y opositores a la Constituyente comunal bolivariana convocada por el Presidente Nicolas Maduro, tambien hay que incluir a Juan Manuel Santos y su taimada Canciller Holguin. Obviamente alli esta el jefe del paramilitarismo colombiano.

Todos a una contra Venezuela Bolivariana: Imperio, Almagro/OEA, Ultraderecha regional, oposicion escualida y ultraizquierda fletada por la Cia.

En lugar de estar atizando el caos en Venezuela, Santos debería atender la enorme crisis que afecta al proceso de paz con las Farc, cuyos lideres estan siendo asesinados en las Zonas veredales y Puntos transitorios por bandas organizadas por la policia y el ejercito.

La paz con las Farc y el Eln necesita una Constituyente popular para consolidar una paz con justicia social y democracia ampliada que garantice los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.

 

Como cosa rara. Al señor Santos, Presidente de Colombia y a su Canciller, la señora Holguín, de una rancia estirpe neogranadina, genéticamente ultra derechista, tampoco les gusta la Constituyente comunal bolivariana convocada por el Jefe de Estado de Venezuela, Nicolas Maduro, mediante el Decreto 2.830 del 2 de mayo del 2017.

 

En ese agite injerencista y contra popular tienen la dulce compañía del Jefe de los paramilitares, colombianos y venezolanos, el Caballista del Uberrimo, muy conocido de marras, AUV y su rebaño de obedientes acólitos enceguecidos.

 

Los argumentos son bastante trillados. Maduro dio un golpe de Estado, es el gestor de una dictadura, y la sacrosanta democracia liberal, con su separación de poderes, ha sido arrasada por la horda comunista proletaria y marxista-leninista, autoritaria.

 

Maduro es un violador de los derechos humanos y un cruel dictador que pretende hacer de Venezuela otro régimen cubano comunista.

 

Se necesita ser muy caradura para decir estas cosas, como lo hace Santos, ignorando su propia realidad nacional.

 

Dice el viejo refrán popular que para hablar se necesita tener autoridad moral. Dar ejemplo. No tener rabo de paja, como el que tiene el Presidente de Colombia.

 

De qué democracia puede hacer gala Santos cuando en Colombia hay casi 8 millones de desplazados por la violencia, muchos de los cuales se van para Venezuela, de los grupos paramilitares al servicio de poderosos latifundistas y terratenientes, enchufados en el gobierno como Ministros, Magistrados, Legisladores y Generales.

 

De qué respeto a los derechos humanos  pueden hablar Santos y Holguín cuando diariamente son asesinados, en los campos y ciudades de Colombia, líderes campesinos, cocaleros, mujeres y defensores de derechos humanos, que son acribillados por el Escuadrón Anti Disturbios de la Policía/ESMAD, para impedir que los Acuerdos de paz se hagan realidad. Ya van casi 200 activistas sociales y populares acribillados en los últimos 180 días por grupos sicariales vinculados con los políticos oficialistas, las brigadas militares y los comandos departamentales de la policía. Cuando la impunidad se impuso respecto de los responsables de casi 5000 “falsos positivos” ejecutados por decenas de generales y oficiales de las Fuerzas Armadas.

 

De qué transparencia y pulcritud se pueden jactar estos funcionarios, conociendo la podredumbre del gobierno y sus burocratas, los cuales han protagonizado los más descomunales asaltos y saqueos de las rentas publicas mediante los fraudes de Reficar, Odebrecht, Saludcoop, Ministerio de Agricultura, Regalías petroleras, Caprecom, Agroingreso Seguro, restaurantes escolares, autopistas 4G, viviendas subsidiadas, despojos agrarios, etc.

 

De que seriedad y responsabilidad se pueden enorgullecer estos encopetados representantes de la oligarquía bogotana cuando a la vista tenemos el desastre de la construcción de la paz por el incumplimiento cínico de los Acuerdos de paz firmados con las Farc, cuyos integrante se encuentran en la incertidumbre debido al acecho y emboscada de las bandas neoparamilitares organizadas por las Fuerzas Militares en las cercanías de las Zonas Veredales y Puntos Transitorios. Ya van varios integrantes de las Farc masacrados, junto a sus familiares, tal como lo denunciara recientemente el Presidente Nicolas Maduro, quien como Jefe de gobierno dispone de la más privilegiada información recolectada por sus servicios de inteligencia y seguridad.

 

La oposición de Santos y Holguín a la Constituyente comunal bolivariana es la misma que adelanta el imperialismo gringo, la ultraderecha latinoamericana, el Almagro de la OEA, la oposición escuálida violenta de la MUD y la ultraizquierda fletada por la Cia en Caracas que tiene el beneplácito de la red mediática local y global.

 

Que Santos y Holguín dejen de atizar el caos en la patria de Bolívar y más bien que se dediquen a pensar en la próxima Constituyente por la paz que será inexorable convocar en Colombia para evitar el colapso definitivo del proceso de paz, sometido al asedio de los grupos fascistas que tienen el beneplácito oficialista.

 

En Colombia, como en Venezuela, también necesitamos una Constituyente popular, comunal, democrática para salvar el proceso de paz pactado con la resistencia guerrillera campesina y en negociación con el ELN. Pues, como van las cosas, al día de hoy, es seguro que en las elecciones del 2018 los enemigos y saboteadores del fin de la guerra accederán a la Casa de Nariño para reconstruir el Estado paramilitar de la mal llamada Seguridad democrática de la parapolítica.

 

Estamos a tiempo de exigir y demandar dicha Constituyente. Sigamos el ejemplo de Venezuela para que el poder popular mejore su correlación de fuerzas en la perspectiva del Socialismo revolucionario.

 

Cucuta, 5 de Mayo del 2017.

 

 

 

 

Horacio Duque.

Formidable la decisión del Presidente Nicolas Maduro de convocar una Asamblea popular y comunal bolivariana para transformar el Estado y el modelo economico rentista petrolero.

Duro golpe a los planes contrarevolucionarios de la oposicion ultraderechista escualida que ejecuta acciones vandalicas y terroristas para destruir los derechos conquistados con la revolucion socialista de 1999.

Apoyamos la potencia popular constituyente bolivariana.

Las crisis son muy importantes como para desaprovecharlas. Más cuando su contenido esencial es político. Lo político sustentado en la fuerza de la multitud, de las masas populares.

La actual crisis que afecta a la nación venezolana tiene múltiples manifestaciones y en su dimensión política existen diversos escenarios y variables que se deben caracterizar en el debate en curso a propósito de la oportuna y conveniente idea de convocar una Asamblea Constituyente popular hecha por el Presidente Nicolas Maduro, apoyado en los artículos 347, 348, 349 y 350 de la CRBV aprobada en el año 1999.

Venezuela ha vivido en una gran turbulencia desde finales del siglo XX y a lo largo de los años de la actual centuria. Los viejos poderes oligárquicos e imperiales han utilizado toda clase de procedimientos y acciones para destruir y aplastar importantes conquistas sociales, políticas, económicas, culturales y geopolíticas alcanzadas por las mayorías populares.

La utra derecha escuálida venezolana y los grandes centros de poder internacional tenían previsto hacer el cierre político del golpismo con los actos terroristas y vandálicos de los días recientes.

Ese el objetivo del juego sucio de Almagro en la OEA, que Venezuela abandono recientemente; también el propósito del acoso financiero y la descalificación por la vía diplomática, de países como Colombia, Perú, Chile, Honduras, Brasil, Argentina, México y desde luego su amo, los Estados Unidos.

Pero esos planes han fracasado. Ese fiasco es resultado de las incoherencias de la oposición reaccionaria de la MUD. La MUD fracasa porque está plagada de centrifugas y carece de ética y legitimidad popular.

Por el contrario, los hechos están demostrando que el bloque popular que lidera el Presidente Nicolas Maduro tiene clara la estrategia y sabe desplegar sus tácticas de manera oportuna y conveniente.

La Constituyente popular convocada que estará integrada por 500 ciudadanos venezolanos, será un campo de auténtica representación obrera, campesina, femenina, indígena, afro, juvenil y popular, que serán elegidos por sectores sociales y por comunidades.

Su objetivo esencial será establecer un nuevo Estado como elemento relacional estratégico que trascienda la vieja institucionalidad oligárquica aun imperante en muchos ámbitos de la maquinaria burocrática heredada.

A ese fin debe servir la agenda temática propuesta por el Presidente Maduro, la cual se refiere a:

1. Reafirmar los valores de la justicia, ganar la paz, aislar a los violentos en una constituyente para la paz.

2. Ampliar el sistema económico venezolano para dejar un sistema económico pos petrolero.

3. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por Chávez.

4. La justicia, el sistema judicial y penitenciario, la guerra contra la impunidad, el terrorismo, el narcotráfico. Aumentar las penas para una justicia severa.

5. Constitucionalizar las comunas y los consejos comunales para llevarlos al rango constitucional más alto por ser nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.

6. La defensa de la soberanía nacional, el rechazo al intervencionismo.

7. Nueva espiritualidad cultural y venezolanidad, el carácter pluriculturalidad y la identidad cultural.

8. Derechos y deberes sociales, educativos y culturales de la juventud venezolana.

9. El cambio climático, el calentamiento global y la sobrevivencia de la especie en el planeta.

Queda en muy buenas manos la preparación y organización de la Constituyente popular bolivariana, que será adelantada por una Comisión encabezada por el constituyente Elías Jaua Milano y la integran además Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Iris Varela, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Noelí Pocaterra, Elvis Amoroso, Francisco Ameliach y el procurador Reinaldo Muñoz.

Que la potencia constituyente bolivariana barra los poderes oligárquicos de la ultraderecha interior y regional.

 

 

Horacio Duqe.

Las actuales Zonas veredales y los Puntos transitorios organizados mediante decretos leyes de la Presidencia de la Republica, desde diciembre del 2016 ( http://bit.ly/2qlNlty ),  registran diversas problematicas en su 26 puntos acordados, lo que sugiere la necesidad de hacer reformas para prorrogar su vigencia y ampliar sus territorios con el objetivo de dar una base solida a la construcción de la paz mediante la implementación y verificacion de los consensos de paz alcanzados entre el gobierno y las Farc.

Hay que superar el sentido de "orden publico policial" que se imprimio inicialmente a las ZV y PT y saltar a una concepcion de democracia ampliada, justicia restaurativa, reconciliacion, equidad y participacion politica de masas en los territorios en que se han ubicado los combatientes de las Farc.

En la actualidad estamos en el proceso de la construcción de la paz mediante la implementación de los Acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre del 2016, en el Teatro Colon de la ciudad de Bogotá, entre el gobierno y las Farc.

Dicho proceso está plagado de contradicciones y vacíos, pues el salto de los documentos a la realidad concreta resalta diferencias e imprevisiones. Es lo que siempre ocurre en la ruta entre la teoría y la práctica. Una cosa es lo que se dice, se escribe o se emite en los discursos y otra muy diferente es la realidad.

La Construcción de la paz colombiana, como todas, hay que contextualizarla. En nuestro caso son muchos los elementos a considerar como el desgaste político del gobierno de Santos; la crítica coyuntura de la economía; los escándalos de corrupción que salpican a los sujetos centrales del régimen político; el oportunismo clásico de la elite política, reflejado en su filibusterismo parlamentario; la presencia del agresivo gobierno del señor Trump; la difícil situación de Venezuela, como consecuencia de los planes golpistas contra el presidente Maduro, patrocinados entre otros por la Casa de Nariño en Bogotá; y el inicio temprano de la campaña presidencial del 2018.

El marco histórico internacional.

A los efectos de las reflexiones correspondientes, en este caso sobre los desarrollos de la paz territorial y local en las Zonas veredales y Puntos transitorios, bien conviene referirse al marco general que se deriva de la experiencia internacional e histórica en la materia.

Una premisa esencial.

Por supuesto, para empezar bien sirve establecer como premisa que los diálogos de paz que se adelantan desde el 2011 en Colombia recogen un amplio repertorio de experiencias y modelos de pacificación diseñados en el Consejo de Seguridad de la ONU y por organismos internacionales patrocinados por potencia imperiales, empeñadas en imponer sus modelos liberales de libre mercado y democracias tecnocráticas.

La construcción de la paz es un concepto que abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales y sus riesgos de devenir la violencia en situaciones de paz estable, justa y duradera.

Una definición imprescindible.

Según Rafael Grasa, la construcción de paz debe entenderse:

Como un conjunto estructurado de actuaciones en la fase posterior a la violencia generalizada, para evitar el retorno o continuación del conflicto armado. Es decir, se opta por un significado moderadamente amplio y con múltiples actores y campos de actividad, que busca resultados a corto, medio y largo plazo.

Como una serie amplia de actividades concretas y multidimensionales: todo lo que permita restaurar o instaurar relaciones sociales y políticas entre personas y grupos con el fin de evitar el recurso a la violencia. Ello incluye gestión, prevención, resolución, reconstrucción y reconciliación; es decir, transformación de la situación y entorno que facilita el recurso a la violencia al aparecer conflictos.

Como una finalidad encaminada a acabar no solo con la violencia directa, sino también con las causas de fondo: la violencia estructural y simbólica.

Como un proceso largo, de no menos de quince o veinte años.

Como un protagonismo básico de actores internos, locales, aunque puede existir apoyo externo. Esos actores pueden ser privados y públicos y de diferente naturaleza.

Y como una distinción entre tres grandes dimensiones de la construcción de la paz:

a) Política;

b) Estructural (causas profundas diversas), y

c) Social, orientada a mejorar las relaciones entre personas, comunidades, grupos de interés, una auténtica transformación de la situación de conflicto.

Por todo ello, la construcción de la paz puede entenderse en un sentido estratégico, de largo plazo y largo aliento, algo que coincide con lo que se denomina transformación de los conflictos, más no su eliminación.

El esquema de la ONU.

En la perspectiva de Naciones Unidas, suelen identificarse cuatro grandes ámbitos de intervención a partir de los cuales se construyen todas las actividades de paz:

a) La seguridad y la gobernanza democrática;

b) La democratización y la participación política;

c) La recuperación socioeconómica, los problemas de desarrollo, y, de no existir, la liberalización económica, y

d) La justicia transicional.

Son los ejes centrales de la denominada paz posbélica que inspiro Butros Ghali como Secretario General de Naciones Unidas a mediados de los años noventa, la cual fue complementada con otros documentos como los siguientes:

Suplemento de un Programa de paz (1995)[1].

Los resultados del Grupo de Trabajo Interdepartamental que contienen:

  • Una Agenda para el Desarrollo (1994)[2].
  • Una agenda para la democratización (1996)[3].
  • El Informe del Panel sobre Operaciones de paz de Naciones Unidas (2000), también conocido como Informe Brahimi[4].

Otras contribuciones posteriores como los de la Comisión Carnegie para la Prevención de conflictos letales, el Informe del Secretario General sobre Prevención de Conflictos (2001), las propuestas de la Unión Europea en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, así como diversas iniciativas de la sociedad civil han ido ampliando el enfoque de construcción de paz.

Todos estos aportes han ido conformando el marco de la construcción de la paz, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos de medio y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural. Se sustenta en tres ejes principales:

- la prevención de los conflictos, que implica un análisis de las raíces y causas de la violencia, así como la definición de estrategias para intervenir cuando la escalada de tensión puede devenir en guerra. Esto supone abordar la multicausalidad de los conflictos actuales, que tiene sus raíces en desigualdades socioeconómicas, en la apropiación de recursos, en agravios históricos y étnicos, en factores políticos relacionados con la fragilidad de los Estados, entre otras. Y desarrollar estrategias en el medio y largo plazo que permitan que las tensiones existentes se resuelvan a partir de la diplomacia, la negociación y los mecanismos de alerta temprana.

- la gestión del conflicto que se refiere a todas aquellas iniciativas que se adoptan durante el conflicto armado, como la negociación, la mediación, así como las acciones de diplomacia paralela que pueden contribuir a desactivar la escalada de la violencia, o la protección de los civiles a partir de misiones internacionales.

- la rehabilitación posbélica que implica una serie de medidas en el corto plazo, encaminadas a superar las heridas de la guerra y a reconstruir las infraestructuras y las instituciones que permitan el funcionamiento del país, a impulsar procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) de los ex combatientes. Y medidas de medio y largo plazo que implican abordar las causas que originaron el conflicto armado y sentar las bases sociales, políticas y económicas para lograr una paz sostenible y duradera. En este sentido, la rehabilitación posbélica es también una forma de prevenir los conflictos y las fronteras que separan la rehabilitación de la prevención que son difusas y es necesaria enmarcarlas en el proceso conjunto de la transformación de los conflictos.

Sobre esa base se consolidó un modelo de paz cada vez más estandarizado y homogéneo que comprende los siguientes ejes: i) Seguridad y gobernanza; ii) democratización y participación política; iii) recuperación socioeconómica y liberalización; y iv) justicia transicional.

El afianzamiento de este modelo estandarizado de construcción de paz indicaría la aspiración de la comunidad internacional de favorecer una “triple transición” en el país afectado por un conflicto armado:

  1. Una transición social, que permita ir de la guerra y la violencia a la paz y la reconciliación;
  2. Una transición política que posibilite avanzar de un gobierno en Estado de guerra o bien de la ausencia de gobierno a un régimen parlamentario y representativo, y
  3. Una transición económica que contribuya a pasar de una economía de guerra, inefectiva y centralizada, a una economía de mercado, más transparente y efectiva.

En ese esquema, cuando se habla de seguridad y gobernanza en construcción de paz deben siempre contemplarse al menos tres actividades principales:

  1. En primer lugar el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes (DDR);
  2. En  segundo lugar la reforma del sector de seguridad (RSS) que, en un sentido amplio, integraría desde la reforma de la policía y del Ejército hasta la de los Ministerios de defensa o el servicio de inteligencia de un país; y
  3. En tercer lugar, la consolidación del imperio de la Ley (Rule of Law), que integra principalmente la reforma del sector justicia y la lucha contra la corrupción.

Un ejercicio de sentido común.

Puede afirmarse que la construcción de la paz posbélica se convirtió en un ejercicio de “sentido común” aceptado por el conjunto de la comunidad internacional a la hora de afrontar transformaciones en situaciones de post conflicto y en nuestro caso, no hemos sido ajenos a tal sentido común imperante en los diálogos de paz.

La paz posbélica ha sido objeto de críticas y análisis enfocados en sus fundamentos metateoricos; en los consensos y paradigmas de las relaciones internacionales que subyacen en ella, que asumen los conflictos armados como postpoliticos. Igualmente a su hipotético monolitismo, pues hay en la misma visión diversos elementos como el realismo, el liberalismo, el idealismo, el cosmopolitismo y la teoría critica. Y de la misma manera se critica la naturaleza estática de dicho modelo, pues ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas.

Las contradicciones del concepto.

La amplitud de concepto construcción de paz permite abordar los conflictos armados actuales desde un enfoque holístico que considera el conflicto en su conjunto y por lo tanto la prevención, la gestión y rehabilitación del conflicto forma parte del mismo proceso. Esto resulta muy positivo porque plantea que todas las fases o momentos del conflicto son importantes y que es preciso contar con una visión global del conflicto, independientemente de la dimensión en la que se actúe. Al mismo tiempo plantea algunas dificultades a la hora de operativizar el concepto. Por una parte, por la amplitud del marco de acción y la multiplicidad de actores que intervienen. Algunos de ellos son: Naciones Unidas y los organismos regionales como la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos; las Instituciones Financieras Internacionales, la Unión Europea, los gobiernos, las Fuerzas Armadas, las ONG internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Cada uno de estos actores responden a unos objetivos y fines determinados, no siempre coincidentes entre si, lo que puede plantear serios problemas de coordinación y gestión. Por otra, por la complejidad para diseñar un marco de acción común que sea capaz de integrar a todos los actores, en el ámbito local, nacional e internacional. Pero incluso aunque se lograse técnicamente conciliar los intereses y propuestas de los distintos actores, nos encontraríamos con la falta de voluntad política para actuar en marcos de supranacionales que permitiese abordar el conflicto más allá de los intereses nacionales que puedan existir. Y además, esto resulta particularmente complejo en un mundo en el que se carece de marcos de gobernación global para abordar los conflictos de forma holística.

Es por esto, que la construcción de la paz es un marco de acción que se va conformando en función de cómo vaya evolucionando el sistema internacional.

Este modelo fue ajustado después de los atentados a las Torres gemelas de New York en el 2001, dando curso al modelo liberal del State Bulding promovido por F. Fukuyama.

Las críticas al modelo liberal de paz.

La crítica más radical de la paz liberal señala que la misma debe considerarse como una nueva forma hegemónica de dominación, que bien puede catalogarse de neocolonial y que entiende la construcción de paz como una forma de dominación por otros medios. No hay duda que los procesos de construcción de paz liberal son en su esencia proyectos neocoloniales o postcoloniales, al estar fundamentados en la desposesión de la agencia local, la dominación racial y la subyugación, como lo plantea Jabri. La paz liberal debe ser entendida primero, como un “proyecto de guerra” diferente que tiene en la noción de “humanidad” su principio organizativo  y legitimador fundamental y cuyo objetivo es la gestión biopolítica de la población. En este sentido, la paz liberal perseguirá la “gubernamentalizacion” de las sociedades post coloniales, a la vez que se encargaría de despolitizar los conflictos sociales en estas sociedades para convertirlos en asuntos técnicos. Lejos de ser un proyecto emancipador la paz liberal debe ser entendida como un proyecto que refuerza la concepción jerárquica de las subjetividades basado en la primacía del pensamiento liberal europeo en oposición a “otros” cuyos modos de articulación son diferentes.

En síntesis las discrepancias planteadas se refieren a los resultados, a la viabilidad y consistencia y a las agendas de la paz liberal.

Desde el campo crítico se han planteado tres grandes alternativas a la construcción de la paz liberal dentro del debate académico, las que se denominan como: a) la construcción de la paz consecuencialista; b) la construcción de la paz social o emancipatoria; y c) la construcción de paz multicultural.

Alternativas que bien pueden reunirse en la idea de la paz local y en lo cotidiano de las comunidades.

Elementos que hacen presencia en los denominados territorios de paz que hoy se reflejan en las Zonas veredales y los Puntos transitorios, 26 en total por todo el territorio nacional.

Dichos espacios de paz oficializados por el gobierno mediante casi 27 decretos expedidos en diciembre del 2016, desconocieron muchas de las propuestas formuladas por la delegación de las Farc en su iniciativa para organizar los Territorios de paz/Terrepaz como centros de reconciliación, democracia, justicia social, connivencia, seguridad alimentaria, conservación ambiental y laboratorios de paz.

Desconocimiento que explica en gran medida las enormes dificultades en la organización y funcionamiento de las ZV y PT, por la ineficiencia de las burocracias públicas y la corrupción que se ha instalado en la contratación de las obras de construcción y adecuación de las áreas de recepción y de residencia de los combatientes de las Farc, lo que provocó hace poco la caída del Secretario General de la Presidencia, el señor Luis Guillermo Velez.

Reformar las ZV y los PT.

Dificultades que llevan a la necesidad de abordar nuevos elementos en dichos espacios como la prórroga de su vigencia, la ampliación de sus territorios y la construcción de nuevos sentidos cargados de democracia ampliada, justicia social y reforma política progresista.

El gobierno en acuerdo con las Farc debería preparar nuevos decretos y disposiciones que superen el enfoque de simple orden público y policial que se le dio en principio a las ZV y PT en los términos de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política y la Ley 418 de 1997 modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1779 de 2016.

Igualmente se debería ya, como lo prevén los decretos de creación de las ZV y PT, proyectar su necesaria prorroga por otros 12 meses más.

De la misma manera ampliar su tamaño, pues los actuales espacios como se ha visto no son suficientes para potenciar el contenido y los alcances democratizadores de los acuerdos de paz.

Con estos cambios es posible recuperar la idea primordial de trazar unos Territorios especiales para la construcción de la paz, como el espacio social y geográfico para la transformación integral de las FARC-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar, dentro del orden constitucional surgido del proceso de diálogos y las formas de organización política y social que se derivan del ejercicio de la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, a través de cabildos o asambleas populares.

Para que en ellos se produzca la dinámica de implementación de los acuerdos logrados garantizando la sostenibilidad socioambiental, el derecho al territorio, al agua, al medio ambiente sano, a la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y al buen vivir en general.

Pues, uno de los grandes retos en el próximo futuro es la transformación estructural de los territorios más afectados por el conflicto, el abandono del Estado, la corrupción y la pobreza.

Hay que hacer coincidir esos territorios con los que serán priorizados para los Programas de Desarrollo Territorial de la Reforma Rural Integral (RRI).

Los nuevos Territorios de paz deben ser los ejes más dinámicos de desarrollo nacional para la paz que concentren mayores esfuerzos institucionales, de sectores productivos, de las comunidades y de la insurgencia, de modo que se logren remover todas las causas del conflicto, sin desconocer que los acuerdos tienen un carácter universal y que deben otorgar los beneficios de la reconciliación a todos los colombianos.

 En esa dirección es prioritaria la creación del Consejo Nacional de la Normalización Territorial (CONATER), como parte de los decretos que introduzcan las reformas necesarias a los decretos que crearon las ZV y los PT.

Notas.

[1] Véase BOUTROS-GHALI (1995). “Suplemento de un programa de paz”, recuperado de http://bit.ly/2oO1Ckp

[2] Véase Naciones Unidas (1994). “Una Agenda para el desarrollo”, recuperado de http://bit.ly/2okFgTR 

[3] Véase Naciones Unidas (1996), “Una agenda para la democratización”, recuperado de http://bit.ly/1KJg2Eq

[4] Véase Naciones Unidas (2000) “Informe Brahimi”, en http://bit.ly/2pnMHxW

Horacio Duque.

Al contrario de la estigmatizacion promovida por los grandes medios, Tumaco (1640), la Perla del Pacifico, avanza en hechos de paz como la organizacion de la Zona veredal en La Variante y la eleccion de un nuevo alcalde, Julio Cesar Rivera, que cuenta con el apoyo de la sociedad civil urbana y rural.

Se requiere que el Plan de Desarrollo "Tumaco nuestra Pazion" (http://bit.ly/2qgZZwZ ) se reformado para incluir los Acuerdos de paz alcanzados con las Farc. 

No tengo clara la motivación de la avalancha periodística y mediática que sataniza y criminaliza la histórica ciudad de Tumaco, en el pacífico sur del territorio colombiano.

Tumaco es el emporio de las drogas y la catedral de la criminalidad nacional. La quintaesencia de la maldad, vociferan todos a una.

Por momentos creo que se trata de una maniobra distractora orientada a favorecer otros focos claves en el negocio de las drogas que administran poderosos narcos incrustados en los cuerpos de seguridad del gobierno nacional.  En efecto, pienso que el mayor porcentaje del trasiego multimillonario de la cocaína hacia el mercado global es controlado por prominentes integrantes de la policía, de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, por destacados funcionarios de la administración y por políticos que integran las cámaras legislativas, dueños de las administraciones aduaneras de puertos y aeropuertos (Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa marta, El Dorado, etc).

Tumaco es una cortina de humo para tapar otras rutas muy eficaces de la mafia oficialista policial.

Por supuesto, en Tumaco hay violencia, como en muchos otros lugares de Colombia, sin embargo el tratamiento de tal fenómeno repite el viejo modelo represivo y autoritario que le da prioridad a instrumentos tan peligrosos como el Esmad, dueño de las vías principales de la ciudad y maquinaria depredadora de la organización agraria cocalera.

Hay que anotar que la carretera de acceso a la ciudad, desde Pasto, está totalmente militarizada y bajo el control de piquetes de asalto y vulneración de los derechos civiles y democráticos.

El Esmad y los policías y militares erradicadores de los cultivos de coca, son el foco de una violencia letal que siembra el caos entre la población tumaqueña.

Si bien es cierto en Tumaco se registra un alto número de hectáreas en cultivos de coca,  que realizan modestos campesinos para garantizar su sustento, no menos lo es que las medidas del gobierno para terminar con dicha actividad son completamente absurdas. Como gastarse 450 millones de dólares en erradicadores militares y policiales, para eliminar 50 mil hectáreas con medidas de fuerza y violencia, cuando una política concertada con los cocaleros permitiría canalizar esos billones en apoyar proyectos productivos de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

La acción policial y militar desplegada en Tumaco contra los cocaleros es demencial y necesita ser replanteada con urgencia. De no ser así el problema crecerá y, en el futuro, lo que veremos serán nuevas formas de violencia y de resistencia popular.

Tumaco necesita otros enfoques de sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales.

Tumaco es una importante ciudad, Distrito Especial, con más de 220 mil habitantes, repartidos en casi 180 corregimientos. Fundada en 1640 recoge una bella tradición ligada a la cultura Tumaco- La Tolita, cuyos restos arqueológicos son muy destacados y forman parte del patrimonio cultural del actual municipio

Recientemente fue elegido como nuevo alcalde Julio Cesar Rivera, para sustituir a la destituida alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara.

Rivera reunió el apoyo de las comunidades urbanas y rurales que acogieron con entusiasmo sus propuestas.

En sus manos está la tarea de construir la paz en Tumaco, donde ha sido organizada una Zona Veredal en el área de la Variante con acceso a la Playa del Rio Mira. Zona veredal que presenta notables retrasos en su adecuación por culpa de la negligencia e indolencia gubernamental que ha firmado unos contratos fraudulentos con empresas fantasmas y de bolsillo.

Hacer realidad la paz en Tumaco implica adelantar obras que beneficien a las comunidades en la sustitución efectiva de los cultivos de coca con proyectos productivos integrales de cacao, cítricos, ganaderos, pecuarios; con proyectos de vivienda rural; con proyectos de saneamiento; de agua potable; de energías alternativas; con proyectos educativos para la validación de bachillerato, la formación técnica, tecnológica, universitaria y científica; con proyectos de recuperación de bosques, ríos y humedales.

Ojala el nuevo alcalde de Tumaco avance rápidamente con sus compromisos e incorpore como un primer paso al Plan de Desarrollo los aspectos centrales del Acuerdo de Paz que deben ser materializados en el ámbito local y cotidiano de las comunidades de la Perla del Pacifico.

Nota 1. Esperemos que la politiquería de los viejos y nuevos gamonales del oficialismo santista no desvíen el sentido de la reforma política y electoral para la paz, cuyo principal objetivo es la ampliación de la democracia.

Nota 2. Primero se cae Santos o Peña Nieto (México), que el Presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Ocho millones de desplazados, la impunidad de los falsos positivos ejecutados por los militares, la violenta arremetida del Esmad y otros cuerpos policiales contra los manifestantes en Colombia, son situaciones mucho más graves que las que se presentan en estos días con la guarimba terrorista en Venezuela, utilizada por el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas, incluida la santouribista bogotana, para presionar un golpe de Estado contra del Presidente Maduro. Ni me extiendo en lo de México, donde hay una masacre contra indígenas y estudiantes, casi todos los días, y el señor de la OEA ni se da por enterado para pedir la salida de PN.

Nota 3. Otra metida de patas del escritor William Ospina con su carga seudo literaria a favor de la ultra derecha guarimbera y fascista venezolana. Repite la historia del 2014 con su apoyo al candidato parapolitico del caballista del Ubérrimo, OIZ.

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Materializar en normas, leyes e instituciones las recomendaciones de la Mision electoral para transformar el sistema electoral nacional es una prioridad en la ruta de concretar e implementar los acuerdos en lo relacionado con la  participacion politica y la democracia ampliada.

La superación del prolongado conflicto social y armado colombiano exige resolver los problemas asociados con la exclusión política y la manipulación de las instituciones públicas para desconocer derechos democráticos esenciales de la ciudadanía.

El acuerdo de paz sobre participación política alcanzado por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos con las Farc el pasado 24 de noviembre plantea la idea de construir una Democracia ampliada con nuevos espacios de intervención y deliberación política. Propone el objetivo de un Sistema electoral más incluyente y, en especial, uno que represente mejor a las minorías políticas y a los territorios afectados por el conflicto armado. 

 

En tal dirección, en el punto 2.3.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se consensuo, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, la creación de una Misión electoral especial conformada por 7 expertos/as de alto nivel, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y 6 expertos/as los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

 

La Resolución 65 del 17 de enero del 2017 del Ministerio del Interior se expidió para conformar tal Misión electoral especial que el pasado 24 de marzo presento un informe preliminar sobre la materia que le fue encomendada.

 

El documento de la Misión Electoral se concentra en tres ejes principales: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral, temas íntimamente vinculados a  cuestiones relacionadas con la representación política, la transparencia, y la existencia de organizaciones fuertes abiertas a nuevas expresiones políticas.

 

En su informe la Misión Electoral Especial señala que su propuesta busca: construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales; mejorar la calidad de la representación política, con énfasis en las oportunidades para jóvenes, grupos étnicos y mujeres; impulsar un sistema de organizaciones políticas fuertes, menos personalista y clientelista, y abierto a nuevas expresiones políticas; promover un sistema de financiamiento que reduzca los costos de la actividad política, genere transparencia, controles, y aumente la proporción de la contribución del Estado; establecer un sistema electoral más sencillo para la ciudadanía, los candidatos, y los organismos electorales, que incentive la participación.

 

Nueva arquitectura institucional.

 

La propuesta busca cambiar la estructura formal de las instituciones que debe repercutir en la democratización de la vida política y la realidad electoral.

 

Se propone la creación de dos órganos, el Consejo Electoral Colombiano con funciones técnicas, logísticas y administrativas, administrando el registro civil y el padrón electoral, y controlando el financiamiento de la política, con presencia territorial permanente, departamental y municipal. Se sugiere que su composición conste de una Directiva de cinco miembros de elección no partidista ni de origen alguno tal, por un periodo de duración de ocho años, ternas, cooptación y equilibrio de género. Que se encargue además de educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados.

 

El otro órgano que se plantea, de carácter judicial, es la Corte Electoral, encargada de la jurisdicción electoral e integrada al poder público, se encargaría de resolver lo contencioso electoral y definiría: la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo de los elegidos por voto popular. Sería el árbitro en las disputas partidistas, define la separación definitiva del cargo, pérdida de la investidura, pérdida del cargo de los elegidos por voto popular.  Se sugiere que su composición conste de  seis regionales con tres magistrados de carrera y en el orden nacional por cinco magistrados, todos ellos de origen no partidario, y nombrados por un período de ocho años. Las ternas serían enviadas el Senado de la República una por el Presidente de la República y dos por la Corte Constitucional. Los tres magistrados así elegidos nombrarían  a los dos restantes.

 

El propósito de este nuevo diseño institucional es poner fin a la fragmentación de tareas que hoy asumen cinco entidades distintas, a saber: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía General. Se adopta la figura de tribunal especializado en temas electorales, vigente en 18 de los 23  países de Sur America.

 

Es absolutamente avanzada la propuesta de erradicar el control partidista de la organización electoral.

 

Aunque se habla de la arquitectura institucional no se debe omitir que los asuntos electorales se mueven en un mar de complejidades que involucran la cultura política de los colombianos, comportamientos, identidades sociales, manejo de la información, personerías jurídicas, organización interna de los partidos políticos y controles efectivos, entre otros factores. 

 

En este contexto es evidente que la apertura que se busca para fortalecer la democracia y ampliar la participación pasa por luchar contra la captura del Estado por parte de grupos y sectores que controlan las dinámicas electorales que anteponen sus intereses particulares al interés general.

 

Financiación electoral.

 

El financiamiento y las campañas estarían centradas en los partidos y no en los candidatos y contaría con un fuerte gasto estatal.

 

Con el fin de controlar fenómenos de corrupción ligados al financiamiento de las campañas de los candidatos y poner un tope real a los gastos de campaña, la sugerencia de la Misión Electoral Especial  es generar un modelo de financiamiento mixto en el que el gobierno provea la mayor parte de los recursos. De este modo se reducirían los costos de la política, con mayores y efectivos controles, brindando oportunidades a nuevas organizaciones políticas. En época electoral el aporte directo del Estado a los partidos se distribuiría en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en resultados precedentes y 10 por ciento de manera equitativa)  y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados de la elección).

 

Cambios en el sistema de elecciones y de financiación.

 

En materia del sistema de elección la Misión propone que se mantenga la circunscripción nacional con 100 senadores, elegidos en lista cerrada y bloqueada, mediante el método de representación proporcional (formula d´Hondt). El principal beneficio sería la reducción de los costos de las campañas, que serían asumidos por los partidos y no por los candidatos. La novedad aquí es la introducción de la lista cerrada y la consiguiente eliminación de las listas abiertas con voto preferente.

 

En la Cámara de representantes se propone elevar de los 168 que actualmente la componen a 200 diputados elegidos departamentalmente (mínimo 4 representantes) con la introducción de un sistema mixto y de representación proporcional, que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con base en los parámetros definidos en la ley. Aumento de la representación femenina mediante un incremento de la cuota de género que tienda hacia la paridad, alternancia y universalidad y mayor apoyo financiero y de formación política en los partidos.

 

Es evidente que solo la unificación de las listas permitirá una competencia entre partidos y no entre individuos como la base para “impulsar un sistema de organizaciones políticas fuerte, menos personalista y clientelista y abierto a nuevas expresiones políticas” como lo señaló la Misión, aunque a renglón seguido la Misión electoral propone algo que va exactamente en la dirección contraria al establecer en Colombia un sistema mixto de elección en la Cámara de Representantes con 95 circunscripciones uninominales, foco de clientelismo, corrupción y subordinación ciudadana.

 

Con el objetivo de aumentar la participación y reducir el clientelismo, el voto sería obligatorio y el transporte de los electores a las urnas gratuito.

 

Los anteriores son los elementos centrales de la propuesta de reforma electoral para la paz.

 

 

Horacio Duque.

Por donde se le mire el comportamiento del regimen santista respecto de los acuerdos de paz es de incumplimiento y utilizacion de los mismos para imponer su modelo neoliberal minero, agroindustrial contrainsurgente.

En el caso de los cultivos de coca la norma es la erradicacion forzosa y violenta con cárcel y masacre para los campesinos como ha ocurrido en el Chocó, Caqueta, Cauca y Putumayo.

Los cocaleros se han organizado para exigir la sustitucion voluntaria de los cultivos de coca, marihuna y amapola con efectivos apoyos economicos y materiales.

Nos encontramos en la etapa de implementación de los acuerdos de paz y en tal sentido uno de los aspectos de mayor importancia es el del tratamiento a los cultivos de coca por miles de campesinos que generan su subsistencia con dicha actividad agrícola.

El tema se abordó en los diálogos de paz de La Habana en el entendido que el negocio de las drogas se había convertido, a lo largo de los años 80 y 90, en uno de los detonantes del conflicto social y armado.

Por eso las partes firmaron un consenso para resolver tal fenomenología, mediante un conjunto de medidas orientadas a la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, marihuana y amapola, descartando el uso de la violencia, la represión policial y la coacción judicial como si los cultivadores fuesen grandes capos de las mafias del narcotráfico. Es decir darle un tratamiento político democrático a tal situación.

No obstante, en la ruta de la implementación de tal pacto lo que ha prevalecido es la incoherencia y la cultura implantada por los asesores gringos que inducen la acción contrainsurgente y punitiva.

Si bien entre el gobierno representado por el Doctor Rafael Pardo y los delegados de las Farc se han acordado unos planes de acción en Putumayo, Briceño, Caquetá, Guaviare y Catatumbo como parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito/PNIS, para avanzar en la sustitución voluntaria de los cultivos de coca por actividades agrícolas tradicionales, al Ejército, la policía y la Fiscalía se le han conferido nuevas competencias para hacer la erradicación violenta de miles de hectáreas y de esa manera concretar las metas pactadas con las agencias antidrogas del imperialismo norteamericano.

Como supuestamente las áreas cultivadas se han incrementado en los últimos 36 meses (a casi 190 hectareas), la meta de erradicación forzosa para el año en curso (2017) es equivalente a las 100 mil hectáreas.

Los campesinos cocaleros son objeto del atropello cotidiano de los dispositivos del Ejercito, la policía y la fiscalía en cumplimiento de los objetivos y competencias otorgados por la Resolución 3080 del 18 de abril del 2016 expedida por el Ministerio de Defensa y con la cual se adopta la estrategia de lucha contra el narcotráfico del sector defensa nacional.

Tal estrategia establece una ruta de acción muy en la línea de las políticas contrainsurgentes con las que opera la organización burocrática de las Fuerzas Armadas de Washington.

El esquema general de dicho protocolo incluye los siguientes aspectos:

Introducción

I. Desafíos a enfrentar en el nuevo escenario

II. Objetivo estratégico del sector defensa

III. Iniciativas y ejes estratégicos

IV. Contexto para la sostenibilidad y eficiencia de la estrategia (8)

4.1. Fortalecimiento institucional

4.2. Diseño y cumplimiento de proyectos de sustitución y desarrollo alternativo

4.3. Garantizar la disponibilidad de recursos y cooperación

4.4. Interacción y generación de confianza en las comunidades

4.5. Agilización del proceso de consulta previa por Ministerio del Interior

4.6. Marco jurídico adecuado.

V. Estrategia de fortalecimiento de la lucha contra las drogas ilícitas - Sector Defensa

5.1. Erradicación integral de cultivos ilícitos

5.1.1. Disminución y contención de cultivos ilícitos

5.1.2. Implementación del sistema integrado de monitoreo autónomo (SIMA)

5.1.3. Ampliación y fortalecimiento de operaciones de erradicación manual

5.1.4. Mantener la capacidad de erradicación por aspersión

5.2. Fortalecimiento de la interdicción integral

5.2.1. Focalización de las operaciones y acciones de interdicción

5.2.2. Desarticular y afectar los actores narcotraficantes

5.2.3. Análisis y desarrollo integrado de interdicción de la fuerza pública

5.2.4. Ampliar la vigilancia y control del espacio para mayor interdicción

5.3. Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción dominio

5.3.1. Fortalecimiento de la investigación criminal - coordinación FGN - UIAF

5.3.2. Revisión y fortalecimiento de los instrumentos legales

5.3.3. Seguridad operacional y anticipación interinstitucional

5.4. Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias

5.4.1. Prevención frente a comportamientos asociados a cultivos ilícitos

5.4.2. Contención del mercado emergente de las NSP en el país

5.4.2.1. Conocimiento de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP)

5.4.2.2. Contención al ingreso al país de NSP

5.4.2.3. Herramientas de control - mercado NSP

5.4.3. Anticipación institucional ante el surgimiento de fenómenos delictivos

5.4.3.1. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal

5.4.3.2. Interrumpir rentas ilícitas asociadas al narcotráfico

5.4.4. Programa “Juntos por la prevención de nuestro municipio”.

5.4.5. Programas y estrategias contra el consumo

5.5. Cooperación internacional

5.5.1. Fortalecimiento de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos

5.5.2. Fortalecimiento a las operaciones de interdicción

5.5.2.1. Interdicción marítima y fluvial

5.5.2.2. Interdicción aérea

5.5.2.3. Interdicción terrestre

5.5.3. Apoyo y renovación de alianzas para la cooperación internacional.

VI. Seguimiento y evaluación.

Recomiendo examinar con espíritu crítico tal documento en el siguiente enlace electrónico recuperado de http://bit.ly/2nn5CFU

Como quiera que el gobierno y el Ejercito le están dando otro sentido a los acuerdos de La Habana en dicha materia, los campesinos cocaleros se han organizado en la Cocam para programar la movilización y el rechazo de las políticas gubernamentales cargadas de arbitrariedad y violencia.

La imagen ha sido tomada de la internet recuperda del siguiente sitio electrónico http://bit.ly/2nsefRb

 

 

 

Horacio Duque.

En Cajamarca le dan contundente golpe a la megamineria neoliberal santista plagada de corrupción y saqueo de los dineros públicos.

A la "sombra de la paz" el señor Santos quiere imponer la nueva generacion de reformas neoliberales como ocurrió con la Constitución de 1991 en el gobierno de Cesar Gavira. Es el neoliberalismo de la megamineria, las Zidres y la corrupcion con las autopistas de las 4G, que encabeza una burguesia transnacioalizada que hace el corretaje entre los grandes capitales globales y las camarillas locales depredadoras de los recursos naturales y los bienes publicos..

Cajamarca es la demostracion de la crisis de legitimidad del regimen de la mermelada y de los Ñoños. Es la demostración de que el pueblo colombiano quiere un cambio real y una paz con democracia ampliada y justicia social.

Ya se conocen los resultados de la consulta adelantada el día de hoy en Cajamarca, Tolima, un municipio con cerca de 25 mil habitantes.

Los ciudadanos de este municipio rechazaron a la multinacional  Anglo Gold  Ashanti.

A la pregunta ¿Está de acuerdo SI o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos o actividades mineras?  6165 habitantes votaron por él No, mientras que el Sí obtuvo 76.

Asi  los habitantes de Cajamarca le ponen frenó el proyecto minero La Colosa.

En esta consulta popular se utilizó la verificación biométrica que permite cotejar las huellas dactilares con la información de la Registradora y de esta manera evitar el fraude electoral.

Se ha ganado una batalla contra la nueva generación de las reformas neoliberales que está impulsando el gobierno de Juan Manuel Santos. A la sombra del proceso de paz la elite oligárquica quiere despejar nuevos territorios para propiciar la explotación minera, la agroindustria de los grandes terratenientes que apalanca la ley Zidres y el despojo del Estado mediante la masiva corrupción de la contratación de las obras públicas.

Cajamarca está registrando los altos niveles de la crisis de legitimidad del régimen santista a raíz de los escándalos por los sobornos de Odebrecht instrumentalizados a través del tesorero (Roberto Prieto) de las múltiples campañas políticas del señor Santos.

Que se “acabe de enterar” el Jefe de la Casa de Nariño que el repudio contra su gestión crece por todo el territorio colombiano.

Todo nuestro apoyo a al pueblo de Cajamarca contra este demencial proyecto de destrucción de los recursos naturales.

Necesitamos amplia coalición ciudadana contra el neoliberalismo y la corrupción santista.

Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!!!.

No a la megamineria santista!!!!!.

No a la paz neoliberal!!!!!!.

Horacio Duque.

La actual crisis de legitimidad del gobierno de Santos y la Presidencia de la República explica, en gran medida, el ascenso de un General de Everfit, Óscar Naranjo, al cargo de la Vice Presidencia de la República. Un eventual alejamiento de Santos de su cargo a raíz de los graves escandalos de corrupción que invaden su gobierno por los sobornos de Odebrecht permite entender la presencia de un General en un cargo clave de la dominación oligárquica estatal.

No es casual dicha fórmula de relevo en momentos en que la aceptación y el consenso disminuyen con la manifestación del desánimo ciudadano registrado por recientes encuestas.

Ya sabemos que cuando se pierde credibilidad política y acatamiento popular, se recurre a la fuerza y la violencia extrema, mediante los grupos paramilitares y los atropellos de los aparatos de violencia y terrorismo judicial para mantener a raya la resistencia popular y sus estrategias de transformacion radical de la sociedad.

Los generales ganan margen en la actual gobernabilidad y asi lo está indicando el asunto de los militares bolivarianos en la frontera de Arauca. Santos esta sobredimensionando la presencia de los patriotas venezolanos en un punto fronterizo para desviar la atencion de sus problemas domesticos. 

No sobra decirlo y trazarlo como una premisa básica del análisis político. La formación social nacional colombiana tiene como característica esencial el dominio de una casta plutocrática minoritaria que controla a su antojo los principales recursos de la economía (tierra, industria, bancos, capitales y presupuestos públicos), de la política (el Estado, las instituciones gubernamentales, los aparatos coercitivos, las maquinas electorales, la compra del voto) y de la ideología (iglesia, escuela, medios de comunicación, redes sociales).

La expresión de ese dominio se refiere a la capacidad dirigente de ese grupo exclusivo. Pero su poder es absoluto y se vale de una compleja infraestructura política (un Estado contrainsurgente), cubierta de legitimidad y consenso para obtener obediencia y aceptación entre la comunidad. En ausencia de la misma, el recurso supletorio es el de la violencia y la coerción permanente para que la fuerza, latente o explicita, blinde la estabilidad y continuidad de las instituciones públicas.

Traigo a colación estas consideraciones a propósito de las circunstancias en que ocurre la caída de los índices de aceptación del Presidente Juan Manuel Santos. Apenas 21 de cada 100 ciudadanos se declara satisfecho con la forma en que el  Jefe de la Casa de Nariño ejerce su cargo, salpicado por los escándalos de corrupción derivados de los sobornos electorales de la constructora Odebrecht, del multimillonario desfalco en Reficar, de los pobres resultados del proceso de implementación de los acuerdos de paz y de la quiebra de la salud.

Hay, pues, una evidente crisis de legitimidad del régimen político. Hay una pérdida de consenso que hace que la elite dirigente no lo sea más y ocurra una mutación a la condición de escueta clase dominante en el que el morbo de la violencia y el uso crudo de la fuerza sean la rutina cotidiana. La oligarquía prevalente solo detenta una fuerza coercitiva pura.

Miradas las cosas desde este ángulo, es inevitable proceder a una interpretación de los recientes sucesos de mayor impacto. La lucha de clases no se congela, ella se expresa en múltiples formas y escenarios. El movimiento popular y social con mayores niveles de conciencia y perspectiva estratégica tienen el reto de pensar en salidas y alternativas en los términos de la democracia ampliada y los derechos sociales fundamentales de las mayorías ciudadanas.

Una crisis de legitimidad como la que se da en estos momentos con el gobierno del señor Santos no es una novedad.

En nuestra historia reciente hemos sido testigos de tal fenómeno y del manejo que las elites le han dado al mismo.

Ocurrió con la toma de la Embajada de la Republica dominicana en el gobierno de Turbay Ayala y la entronización del Estatuto de Seguridad y el sistema de las torturas a los opositores; se dio con el asalto al Palacio de Justicia y la retoma de los militares en el gobierno de Betancur en 1985; fue evidente con el asesinato de varios candidatos presidenciales en el gobierno del señor Virgilio Barco; fue un hecho con el “apagón” y la Catedral de Escobar durante la administración de Gaviria; también con el proceso 8000 de Samper; con el mal manejo de Pastrana a la zona de distensión en el Caguan y su final fracaso; con los “falsos positivos” y la parapolítica de Uribe Velez; y hoy con el macro escándalo de la corrupción y las incoherencias en el proceso de paz que adelanta Santos, expresado en el triunfo del NO en las votaciones del pasado 2 de octubre del 2016.

Las salidas están en curso y el relevo en la Vice Presidencia no es ajeno a un plan de reacomodos y previsiones para que no se den sorpresas. Ha sido nombrado un General de Everfit, Oscar Naranjo, para sustituir al señor Vargas Lleras

Con la implementación de los acuerdos de paz estamos en un periodo de transición, que por supuesto implica una crisis, el cual  pone de manifiesto las contradicciones entre la racionalidad histórico-dominante y el surgimiento de nuevos sujetos históricos portadores de inéditos comportamientos colectivos. Me refiero en este caso a la transformación de las Farc en un nuevo movimiento político de acuerdo a los intereses económicos y sociales de sus integrantes.

La crisis de legitimidad de Santos tiene muchas expresiones y en la misma las causas y los efectos se complican y se superponen.

Lo que importa es entender que el nombramiento del General Naranjo en el segundo cargo del gobierno no es casual, pues de ocurrir mayores agravamientos como un eventual cese de las competencias del actual titular de la Casa de Nariño, el protagonismo del General pasa al primer plano con  la correspondiente mayor cuota de violencia y coerción.

Es lo que, entre otras cosas, enseña la experiencia histórica con el caso del General Rojas Pinilla y su “golpe de opinión” en 1953 para sortear la crisis de legitimidad del gobierno fascista de Laureano Gómez autor de una de las más feroces violencias de nuestra existencia como nación y Estado. Hay que recordar que en aquel año la primera movida de Rojas fue aprobar una amnistía para desactivar las guerrillas gaitanistas liberales y las comunistas revolucionarias del sur y oriente del Tolima. Posteriormente sus campañas anticomunistas, la guerra contra Villarrica, la corrupción y las masacres de los estudiantes arruinaron sus proyectos para perpetuarse en el Estado.

¿Es Naranjo la tabla de salvación del viejo régimen oligárquico colombiano socavado por los escándalos de Odebrecht? ¿Es posible encontrar una salida progresista a la actual crisis política con los Acuerdos de paz alcanzados, en dura lucha y resistencia por las Farc como expresión de la resistencia campesina y popular, en la Mesa de diálogos de La Habana? ¿Es posible consolidar un régimen de transición hacia la democracia ampliada con el proceso de implementación y construcción de la paz, no obstante las dificultades y obstáculo surgidos en el ámbito legislativo y gubernamental?

Son todas cuestiones que deben ser objeto de análisis en el campo social  para evitar ser atropellados por los acontecimientos y las fórmulas de gobierno que nos impongan las inveteradas castas oligárquicas colombianas.

La foto es tomada de internet en el siguiente enlace electronico recuperado de http://bit.ly/2npL7tN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

La historia de las Farc es la historia de las luchas campesinas y sociales por la tierra, los derechos y la dignidad. Es la historia del pueblo de colombia en resistencia heróica y en la batalla por la emnacipacion.

Hay quienes quieren extirpar de la memoria colectiva nacional la epopeya de los campesinos colombianos en su movilización contra los poderes de la oligarquía y de potencias extranjeras.

En la conciencia de las nuevas generaciones deben permanecer los nombres de muchos combatientes que han participado durante decadas en esta titanica lucha por la reforma agraria, las libertades democráticas, los derechos y la soberania nacional.

Jacobo Prías Alape, Ciro Trujillo, Manuel Marulanda, Jaime Guaracas, Raúl Valbuena, Jacobo Arenas, Raul Reyes, Isauro Yosa, Alfonso Cano, Jorge Briceño y muchos otros permanecen en la meoria de las masas campesinas y populares.

Antecedentes.

Los antecedentes de la conformación de las Farc se remontan a los años veinte en la lucha por la tierra, en la organización de Ligas agrarias y en la autodefensa campesina, por lo que comienzan siendo un movimiento agrario que toma posteriormente las armas como mecanismo de defensa, resistencia y supervivencia (http://bit.ly/2mObBVm ).

Para establecer las raíces, entender la fundación y caracterizar el desplazamiento histórico de las Farc, es necesario asumir que previamente ya existía un capital social y cultural, formado desde los años 30 del siglo XX en muchas de las regiones donde se materializó la constitución de dicho grupo armado, de tal forma que, su surgimiento y consolidación sólo es posible comprenderlo a partir de la existencia de este capital social y no solamente a partir de los potenciales militares de la misma (http://bit.ly/2mObBVm ).

La historia de las Farc hunde sus raíces en las luchas agrarias del Partido Comunista en los años treinta y en las expresiones de autodefensa campesina planteadas por dicho Partido durante el periodo de la violencia bipartidista agravada con el asesinato de Gaitán y la entronización del autoritarismo conservador. (1945-1964).

Varios son los hilos de continuidad que ligan los conflictos agrarios de las décadas anteriores con la creación de las Farc en 1964 y su evolución posterior: su arraigo campesino, la trascendencia de las reivindicaciones agrarias en su discurso político, la persistencia guerrillera en determinadas zonas, la cercanía política e ideológica con el Partido Comunista, el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez, las trayectorias familiares de muchos guerrilleros, la conversión de la agresión estatal a Marquetalia en el episodio fundador de las farc, etc (http://bit.ly/2mObBVm ).

La historia de los orígenes de las Farc tiene una territorialidad específica que en lo esencial compromete la violencia desarrollada en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, y las formas como la población campesina se organizó para resistirla.

El partido Comunista y las autodefensas agrarias.

El incremento de la violencia a finales de los años cuarenta dio como resultado la activación de movimientos campesinos que se encontraban prácticamente inactivos. Las persecuciones iniciadas por los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta, y a su vez de las bandas armadas creadas para la persecución de campesinos liberales y comunistas, dieron como resultado que las personas que habían participado en su mayoría en los movimientos agrarios de los años anteriores, volvieran a la organización, esta vez no a favor de la reivindicación de sus derechos, sino en defensa de su vida. En éste período la venganza y la represión configuran al movimiento campesino, y a los territorios donde se llevaban a cabo estas acciones, por la gran cantidad de personas que tuvieron que abandonar sus tierras y ubicarse en otros territorios, llevando allí la conciencia de organización, de lucha y de defensa, que hicieron posible la consolidación de las denominadas posteriormente, Repúblicas Independientes (http://bit.ly/2akHvAl ).

La autodefensa, se concibe desde el principio como un tipo de organización al mismo tiempo política y militar para responder a la violencia del enemigo. Defiende los derechos de las masas, da una respuesta a la agresión reaccionaria y se constituye como una etapa de formación y de educación para librar luchas más elevadas en determinadas condiciones. Es un proceso de politización y de organización de las masas que las conduce a la convicción de la necesidad de la lucha armada, como forma superior de la lucha de masas, que abre los caminos para los desenlaces revolucionarios por vías no pacíficas (http://bit.ly/2mObBVm ).

La violencia de los años 50.

 El período de la Violencia comprendido entre 1946-1958, constituye uno de los más importantes procesos socio-políticos del siglo pasado y de imprescindible conocimiento para comprender la dinámica de las estructuras y los procesos socio - económicos y socio - políticos colombianos en la segunda mitad del siglo XX (http://bit.ly/1CZDgUx ).

En esos años, en la transición de los grupos de autodefensa de masas a movimientos guerrilleros, fueron determinantes factores como: la desigualdad social en el campo, los conflictos por el acceso a la tierra, la lucha bipartidista y la influencia del Partido Comunista. Estos factores tuvieron una fuerte incidencia en la organización campesina y posteriormente en la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Resulta importante para el objeto de este trabajo presentar a nivel general el contexto, las características y regiones en que se da la resistencia política durante el período de la violencia, en la medida en que de ella se nutre el proceso posterior que dará origen a las guerrillas de las Farc.

Esta parte se inscribe en el periodo de análisis denominado de los conflictos sociales, políticos e ideológicos y cuya característica esencial es el paso de un modelo de confrontación centrado en los partidos por el control del poder del Estado a un modelo de confrontación en el que aparece como eje fundamental la lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad y del Estado (http://bit.ly/2mObBVm ).

Resistencia campesina en los años 50.

Si bien después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán muchas de las organizaciones campesinas de la época quedaron sin dirección, el Partido Comunista junto con el Partido Liberal tomaría la orientación de algunos de ellos en la defensa de los movimientos campesinos, y para resistir en el período de la Violencia. En respuesta a los ataques del gobierno conservador que mediante el uso de bandas como los Chulavitas y los llamados pájaros, buscó expandir su influencia en el campo e imponerse mediante el uso de la fuerza a lo largo del país. En muchas regiones tras el asesinato de Gaitán, se presentaron revueltas, en las que campesinos liberales y comunistas se enfrentan a las autoridades conservadoras y a pesar de haber sido acciones aisladas, -sin una organización o dirección que las comandara hacia la toma del poder o hacia la claudicación del régimen conservador-, terminarían siendo el motor del inicio del período conocido como la violencia en la historia de Colombia (Medina, 2009). En muchos lugares del país fuera de las ciudades, después del asesinato de Gaitán, algunos liberales esperaban órdenes de la dirección del Partido, para continuar con las acciones contra el gobierno conservador, pero al no tener respuesta, se fueron disipando y aquietando, sin embargo, en el Partido Conservador quedó el temor de una insurrección que representaba un fuerte contrapeso en su mantenimiento del poder si llegara a consolidarse.

La conservatización de Colombia.

Esto impulsó la conservatización de todo el país, para demostrar que el régimen se mantenía con más rigor que antes del asesinato del caudillo liberal. Lugares que se encontraban prácticamente aislados del poder del Estado fueron reconocidos como regiones donde los conservadores atacaron la anterior organización liberal: nacería así la guerrilla como respuesta a esa persecución. A su vez, la situación política del país llevó a la postergación de la lucha por la tierra entre los campesinos, tras fragmentarse en una lucha partidista donde los más afectados serían ellos mismos, sin importar su filiación política. El campo quedaría rezagado del desarrollo y del crecimiento económico que se dio durante el período de 1949 a 1958 en la industria – gracias al uso de la violencia-, la lucha política sobrepasaría los intereses de los campesinos. La supervivencia, impulsaría la organización en la guerrilla para defenderse y organizarse contra el gobierno conservador, contra las bandas que perseguían a los liberales y a los comunistas, para responder ante la violencia, representando un retroceso en la lucha campesina y en los logros sobre la tierra que habían obtenido anteriormente. Las luchas contra el sistema de hacienda, quedaron en el pasado, la lucha por el poder bipartidista se impuso sobre los demás ideales y muchos tuvieron que conformar o hacer parte de una guerrilla liberal o comunista para defender sus vidas y la de sus familias de la represión del partido conservador. Lo ganado en años anteriores por los campesinos oprimidos, quedará atrás debido a que la violencia y la persecución obligaron a muchos a abandonar sus tierras, e hizo que la lucha campesina retrocediera y se concentrara prácticamente en la simple defensa de la vida (Medina, 2009).

Los hechos del sur del Tolima.

Debido a su importancia histórica en la conformación de las Farc, es necesario observar los hechos acaecidos en el sur del Tolima donde se ubicaron en lo fundamental los núcleos guerrilleros comunistas. Estos se localizaron del siguiente modo.

Chaparral.

A partir de 1949, en Chicalá, Horizontes, La Marina, Irco, todos en el municipio de Chaparral (Pizarro, 1991).

Rio blanco.

A partir de 1950, El Davis, en el municipio de Rioblanco.

Ataco.

Paujil y Peña Rica-San Miguel, en el municipio de Ataco.

Nuevos núcleos guerrilleros.

A partir de 1951, Córdoba y Sucre en el municipio de Chaparral; a partir de 1952, el Davis II (Chaparral), El Cambrín (Rioblanco) y Saldaña o El Infierno (Ataco). A partir de 1953, Calarma en los límites de los municipios de Ortega y Chaparral. Los futuros comandantes de las guerrillas comunistas tuvieron todos, casi sin excepción, su origen o su debut militar en esta región del Tolima: Jacobo Prías Alape, Ciro Trujillo, Manuel Marulanda, Jaime Guaracas, Raúl Valbuena, Isauro Yosa y muchos otros (Pizarro, 1991).

Medófilo Medina estableció las siguientes etapas de la resistencia armada comunista en la zona: 1. Agrupamiento inicial y comienzo de la respuesta armada; 2. El desplazamiento de la Columna de Marcha; 3. El establecimiento en El Davis y la actividad conjunta liberal-comunista; 4. Los enfrentamientos y la reagrupación de fuerzas; 5. Dispersión y transformación (http://bit.ly/2akHvAl ).

El Davis.

Por su valor histórico en la conformación de las guerrillas comunistas inicialmente y de las Farc en los años 60, es importante detenerse en el caso de El Davis.

Algunos guerrilleros comunistas, junto con sus familias bajo la columna de marcha, llegan a El Davis (Chaparral), donde se encuentran ubicados los combatientes de las guerrillas liberales del sur del Tolima y son invitados a quedarse, constituir un destacamento fuerte y crear un Estado Mayor Unificado para todo el Sur del Tolima (Medina, 2009). Éste será conformado, aunque no para todo el sur del departamento y coordinará algunas acciones para ambas.

El Davis, representa la unión de los comandos guerrilleros del sur del Tolima contra el régimen conservador. Para el gobierno conservador, la organización en El Davis, representaba una amenaza por la fuerte oposición que allí se generaba y por la fuerza que tomaban las guerrillas en su trabajo y actividad. Además, la organización mantiene la influencia de los Partido Liberal y Comunista en la región, acción que el gobierno busca exterminar, para imponerse allí mediante la fuerza. La unión de ambas guerrillas presentaba dificultades por las diferencias ideológicas, en sus métodos y fines de lucha; diferencias que en la lucha campesina pasaban inadvertidas por el Partido Conservador, por la fuerza que adquirían en combate y en los ataques que llevaban a cabo. En un principio representaban una fuerza solida contra el régimen y sus bandas armadas, pero internamente se distanciaban cada vez más, para los liberales fue nuevo y contrario que se hablara en la guerrilla de lucha por la conquista del poder para los obreros y campesinos y de liberar a la patria de la explotación imperialista y oligárquica. Para los liberales la lucha se presentaba de manera espontánea y para ellos significaba básicamente defenderse y obtener ganancias de la situación (Medina, 2009). La acción en El Davis, permitía a ambas guerrillas ampliar su territorio, llevar a cabo una acción política cada vez mayor, e incrementar y concientizar a muchos combatientes, representando una oposición fuerte frente al gobierno. Sin embargo, la influencia de la guerrilla liberal llegaba a ser más amplia que la del núcleo comunista, cubría un mayor territorio, por lo tanto, no sólo ideológicamente, la acción de las guerrillas comunistas molestaba a las guerrillas liberales debido a que no esperaban que la influencia comunista se extendiera en sus territorios, sino solamente se unieran para hacer frente a los conservadores, mientras volvía el partido liberal al poder. Las guerrillas liberales eran una organización que respondía a la necesidad de la defensa mutua, pero a largo plazo esta guerrilla esperaba que el Partido Liberal retomara el poder y finalizar así sus actividades militares.

En El Davis, el Partido Comunista era la fuerza dirigente que mantenía en el Estado Mayor del Destacamento una comisión política en representación del Comité Municipal del Partido en Chaparral. La disciplina partidaria contribuía a elevar la disciplina militar que regía la vida del Destacamento. La unión continuaba gracias a la dirección del PC, pero, los problemas internos se incrementaban cada vez más. La dirección del Partido Liberal, se oponía a la unión de las guerrillas porque esta significaba una oposición bastante fuerte no sólo para el régimen sino para la acción política de las elites. Además, los combatientes liberales, no tenían un mayor compromiso en la lucha, ni buscaban alcanzar mayores logros a lo largo del territorio nacional, sino controlar un ámbito local mientras coordina acciones de resistencia frente a la opresión del gobierno conservador, y obtener con ello ganancias económicas. Cuando en el Estado Mayor Unificado se quiso poner en práctica el tipo de organización militar que rigió la vida de la Columna y que se practicaba en los Destacamentos comunistas, surgieron conflictos con quienes no estaban habituados a una organización regida por normas de forzoso acatamiento. Estaban acostumbrados a obrar por cuenta propia y hacían las cosas como y cuando querían. Cuando el PC impulsó una mayor disciplina y control a los combatientes en El Davis, la lucha individual de muchos, se vio obligada a ser conjunta, más organizada y obtener triunfos colectivos: alcanzar mayores logros organizativos y obligarse a compartir sus ganancias entre todos los combatientes, iba en contra de las aspiraciones de los guerrilleros liberales. A su vez, en este período no solamente se acrecentó el número de combatientes, se dieron los primeros intentos de coordinación interregional, razón por la cual tanto la dirección liberal como el gobierno conservador, buscaron la forma de dar fin a esta unión cuyo número de combatientes aumentaba cada vez más, para evitar que éstos conformaran una sola guerrilla en todo el territorio nacional, que hiciera un contrapeso fuerte al gobierno y que se impusiera sobre ambos partidos, al tener un fuerte apoyo popular (Medina, 2009).

La columna de marcha.

A mediados de 1950 los destacamentos comunistas, con objeto de librar a la población civil del asedio oficial e inspirados en la obra de Jorge Amado "El Caballero de la Esperanza" (sobre la histórica marcha de Prestes en el Brasil), y en la Gran Marcha de Mao Tse Tung, crearon una Columna de Marcha que, tras mil dificultades se instala en el extremo sur del departamento del Tolima. Entra en contacto con los guerrilleros liberales de la zona y en diciembre de 1950 se celebra en Irco “La Primera conferencia guerrillera unificada”, la cual dio a los grupos que actuaban bajo su orientación el nombre de Ejército Revolucionario de Liberación Nacional (Pizarro, 1991). Sin embargo, no tardaría mucho tiempo para que la unidad entre comunistas y liberales se quebrara, gracias no sólo a la presión que ejerció la Dirección Liberal en este sentido, sino también a factores tales como divergencia de mando, métodos a emplear en el terreno de batalla, formas de relación con la población civil, conflictos ideológicos, distribución de los bienes, etc. La guerra entre los "limpios" (o liberales limpios) y los "comunes" (o liberales sucios), tuvo ribetes trágicos. Más eficaz que la acción oficial resultó esta guerra interna que debilitó seriamente a ambas agrupaciones y que tuvo una duración de veintidós meses (Pizarro, 1991).

La presión del gobierno de Laureano Gómez sobre los núcleos con asentamiento fijo fue tan fuerte debido al incremento de la violencia en la zona, que el PC impulsa en el sur del Tolima, la creación de la llamada Columna de marcha que buscaba, “atraer la atención del enemigo, pasado un tiempo sería disuelta y sus integrantes diseminados en pequeños grupos móviles que entrarían en una nueva fase operativa”; su fin: movilizar la influencia del PC hacia otros territorios dispersando a sus combatientes y a sus familias, razón por la cual entran en contacto con las guerrillas liberales con el fin de unirse y luchar contra el gobierno conservador y las bandas que los perseguían. La columna, tras mil dificultades, se instaló en el extremo sur del departamento del Tolima. El desplazamiento implicó no sólo el abandono de la zona de influencia de los primeros comandos de autodefensa campesina, sino que produjo una acelerada militarización del movimiento, que se vio reforzada debido a los continuos enfrentamientos con la policía conservadora a lo largo de los 3 meses que duró la marcha.

La organización de la Columna de Marcha.

La columna es dividida, el grupo dirigido por Jacobo Prías Alape y Pedro Antonio Marín, se establece en Rióchiquito (Cauca), desde donde propiciaría la colonización armada de Marquetalia en el extremo sur del Tolima; el grupo dirigido por Isauro Yosa Lister, se dirige hacia la región del Sumapaz; y el grupo dirigido por Andrés Bermúdez Llanero se queda en El Davis, debido a la esperanza que tenía la guerrilla comunista de quedarse en la zona, para no perder el terreno obtenido en las acciones pasadas donde ganaron alguna influencia entre la población. Pero la activación de divisorias haría imposible que las guerrillas liberales se aliaran de nuevo con las comunistas, razón por la cual, Llanero al quedarse en la zona sería influido por los guerrilleros liberales y se separaría definitivamente de las guerrillas comunistas así como el grupo que se quedó con él (Medina, 2009).

Las guerrillas comunistas.

A pesar de su inicial desorganización y de la persecución del gobierno conservador a los comunistas, el Partido ubicó como núcleo de asentamiento el municipio de Chaparral (Tolima), de allí surgieron las autodefensas como respuesta a la represión y como forma de organización política impulsada por el Partido Comunista (PC). Sus primeros núcleos habían nacido en 1949 en Chicalá, Horizonte e lrco en el municipio de Chaparral, y estos contarían en un principio con pocos combatientes campesinos que luego se incrementarían en número, debido al aumento de las persecuciones y a la fuerza que adquirieron en el departamento. Los comunistas deben proceder a organizar la autodefensa de los trabajadores en todas las regiones amenazadas por ataques reaccionarios, pero las acciones armadas no deben considerarse todavía como la forma fundamental de lucha ya que en este período lo más importante es impulsar y organizar la resistencia de las amplias masas (Loaiza, 2012). Las autodefensas estaban conformadas esencialmente por campesinos, contaban con una organización coordinada desde el PC, que les otorgaba mayor disciplina, táctica, estrategia, y un alto contenido político. Además de responder a las agresiones, no se olvidaron de la lucha por la tierra, así que más que una organización de momento, fueron el resultado de un amplio trabajo político y de coordinación. Los antecedentes de los movimientos agrarios de los años anteriores, sumados ahora a la influencia y táctica del PC, preparaban al campesinado para una acción más organizada. El PC impulsa la consigna de autodefensa de masas; el 22 de octubre de 1949, como respuesta a la creciente ola de asesinatos y depredaciones, realizados por la policía y los grupos adictos al régimen, se organizaron los movimientos campesinos en pro de la defensa y a la vez se impulsó en ellos la conciencia política, para la búsqueda de una acción más organizada y para resistir a los ataques.

Ante el incremento de la represión al Partido Comunista y a su movimiento en el sur del Tolima (Chaparral) se favorece allí la conformación de la guerrilla comunista. Algunos movimientos de autodefensa se convierten en guerrilla, con el fin de sobrevivir a los ataques y por la necesidad de responder a las agresiones de forma activa y estratégica; cuando la autodefensa no era suficiente para resistir las acciones del régimen conservador, se organiza la guerrilla en torno a la defensa principalmente, sin dejar de lado el trabajo político (Loaiza, 2012). Durante este período los comunistas no consideraron la lucha armada como el instrumento para acceder al poder, la organización se basaba en la coordinación y defensa de los combatientes campesinos y de sus familias. En los años cincuenta con el incremento de la violencia en la región, muchos más movimientos tuvieron que pasar de la autodefensa a convertirse en guerrilla, dejar el trabajo de la tierra y tomar las armas. En la guerrilla se incentivaba la unión, para que ésta fuera organizada y cohesionada en pro de la lucha, no sólo por los ataques del gobierno, sino al mismo tiempo por las reivindicaciones de los campesinos. De esta manera, gracias a la influencia del PC el movimiento campesino, fue adquiriendo experiencia tanto política como militar: se preparó a los campesinos para responder ante la agresión conservadora y latifundista cuando fuera necesario y en su momento, a regresar al trabajo pacífico cuando la situación mejorara, sin olvidar el precedente de la lucha política y de la organización en la autodefensa (Loaiza, 2012).

La guerrilla comunista por su movilización y estrategia, sobresaldrá de los grupos liberales por sus métodos de lucha, por el trabajo constante en la concientización de sus combatientes y por su organización, su crecimiento no se haría esperar. Se van conformando varios grupos o destacamentos como empieza a llamárseles, en veredas distintas: Buenos Aires, Irco, La Marina, Horizonte, Ambalema, Chicalá. La preocupación central en este momento es la militar: adiestramiento y armas (Pizarro, 1991).

Las guerrillas liberales.

Se conformaron, como reacción generalizada del campesinado liberal, espontánea e inconexamente en diversas regiones del país; los grupos guerrilleros iban convirtiéndose en los abanderados de una alternativa auténticamente democrática. La organización de estas guerrillas se basó en la defensa de los campesinos liberales y llegaron a contar con una gran cantidad de campesinos en sus filas para hacer frente a las agresiones del gobierno y a la persecución de las bandas armadas conservadoras. Estas guerrillas fueron la salida para muchos campesinos que huyendo de la violencia necesitaban protección y orientación, en algunas regiones tuvieron el apoyo tenue de la dirección del Partido Liberal, desde las ciudades, y de algunos hacendados liberales en el campo. La necesidad de organización contra el gobierno conservador fue la causa directa de su conformación y a pesar de las deficiencias del inicio: carencia de experiencia, ausencia de organización adecuada, limitaciones de orden subjetivo, en los llanos orientales contaron con la dirección de Guadalupe Salcedo y en el sur del Tolima, fueron organizadas por Gerardo Loaiza y los García. La dirección nacional liberal en las ciudades no esperaba seriamente que estas guerrillas acabaran con los conservadores, ni que el Partido Liberal asumiera plenamente el poder, al comienzo las guerrillas se sintieron respaldadas por el comando supremo del liberalismo, el cual no tuvo empacho en desplegar ante aquellas el señuelo del suministro de armas, pero la dirección a pesar de su iniciativa y acompañamiento a las guerrillas, no le brindó ninguna orientación estratégica, ni táctica militar. Las guerrillas liberales, no presentaban acciones contundentes para el Partido, ni para su actividad, más que la defensa y ataques contra los conservadores, acciones con resultados a corto plazo en las que se llevaban a cabo conquistas en determinados territorios conservadores, que posteriormente ocuparían gamonales liberales con intereses económicos particulares. Estas guerrillas se interesan en las comunistas por su estrategia y su organización militar, por su rápida movilización y cohesión, por lo que buscan una unión parcial y temporal, sin esperar una asimilación de su ideología, más que hacer frente a las bandas conservadoras. Dando inicio a la unión de las guerrillas liberales y comunistas en el sur del Tolima (Medina, 2009).

Los Guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armado y en leyendas y mitos en sus regiones; los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; El Capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona Santandereana del Carare-Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros )Medina, 2009).

El Sumapaz.

En la región de Sumapaz, debido a las persecuciones y a la represión del gobierno, desde Cabrera, punta de entrada al Alto Sumapaz, hasta el Duda, se consolidó una significativa franja territorial de autodefensa campesina cuyo líder e inspirador era Juan de la Cruz Varela, quien durante los años cincuenta  había organizado la resistencia tomando como refugio la vereda El Palmar, del municipio de Icononzo, de donde se vio forzado a emigrar tras una brutal y arrasadora invasión militar en 1952 que dio origen a lo que se denominó la gran marcha del oriente del Tolima hacia el Alto Sumapaz. Condujo la organización campesina, y se convertiría en el líder de la resistencia y de la autodefensa contra la violencia en la región. Varela era liberal, pero “en vista de la complejidad de la situación y la inminencia de la confrontación armada, solicitó asesoría militar a la dirigencia nacional liberal. Al no obtener respaldo se dirigió al PC y en 1952 fue enviado a la región alias Ramiro Solito, quien a pasar de tener poca experiencia instruirá al movimiento sobre la organización que impulsaba el PC frente a los ataques.

La Conferencia de Boyacá (Viotá) en 1952.

En Agosto de 1952, se realiza en Viotá la "Conferencia de Boyacá"' a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en "La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Nacional Coordinadora, con el objeto de que se encargue de impulsar los tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario. La primera ley del Llano se proclama el 11 Septiembre de 1952. La expedición de esta ley muestra claramente el proceso de cualificación ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano. Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este período se redactó bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo, "El más notable ideólogo de la resistencia llanera" como se le reconoció, la segunda Ley del Llano conocida como "La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia", la que debía ser sancionado el 18 de Junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático – popular (Medina, 2009)

La polarización entre liberales y comunistas.

La polarización como mecanismo facilitó el fin de la unión de las guerrillas liberales y comunistas, la base de El Davis fue destruida, no por el gobierno directamente sino por la división interna en el campesinado y las fuerzas guerrilleras (división entre limpios y comunes), las diferencias en definitiva, serían irreconciliables y les impediría combatir juntas de nuevo. Se anulan las relaciones sociales preexistentes, y la guerrilla comunista tendrá que iniciar de nuevo la Columna de marcha, para evitar ser atacados incluso por los liberales, para movilizarse a otros territorios antes que acaben con ellos y sus familias (Loaiza, 2012). Lo que impide que la influencia comunista permanezca en determinados territorios y se movilice perdiendo combatientes. Sin embargo, algunos combatientes liberales se unirían a las guerrillas comunistas como Manuel Marulanda Vélez -Tirofijo, Fermín Charry o Jacobo Prías Alape -Charro Negro, Ciro Trujillo -Ciro Castaño, entre otros, se convertirían en cuadros del Partido Comunista, importantes para el asentamiento en los nuevos territorios donde se buscaba impulsar la autodefensa, cuando disminuyera la violencia. Las guerrillas comunistas ahora denominadas comunes por los guerrilleros liberales, debían movilizarse ante la nueva situación que se les presentaba, ya que las guerrillas liberales que se autodenominaban limpios por un lado y por otro las fuerzas oficiales, los perseguían buscando el aniquilamiento de los comunistas para evitar su expansión en el país. La persecución del gobierno, y la separación con las guerrillas liberales, lleva a que las guerrillas comunistas en el plano militar establecieron varias Comisiones “rodadas” que actuarían en la condición de nuevos destacamentos móviles. De inmediato se crearon 4 bajo la dirección de Ciro Trujillo, Jacobo Prías, Andrés Bermúdez y “Lister” respectivamente. Éstos tratarían de crear las condiciones necesarias para una posible metamorfosis de la guerrilla en movimiento amplio de masas, en el lugar que cada uno encontraría apropiado (Loaiza, 2012). Se preveía ya la primera transformación guerrilla-autodefensa campesina. La influencia del Partido Comunista, gracias a la conformación de las columnas de marcha, llegará a otras zonas de colonización, alejadas del gobierno y relativamente seguras para iniciar movimientos agrarios. Los combatientes comunistas esperaban en los lugares a donde llegaban, establecer, zonas de autodefensa, desde donde, como verdaderas minorías políticas y territoriales, buscaban resistir al modelo político impuesto por el Estado (Loaiza, 2012).

La amnistía de Rojas Pinilla y sus consecuencias.

El golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, se dio en el momento en que el número de combatientes en las guerrillas liberales y comunistas aumentaba en varias regiones del país. La actividad guerrillera se empezaba a salir de control para el mantenimiento del poder del gobierno sobre todo el territorio nacional. Los partidos políticos tradicionales, veían con preocupación la situación en el campo, debido a la fuerte influencia que estas organizaciones adquirieron en diferentes regiones de frontera, donde la poca presencia del Estado, permitió en gran parte, la organización de éstos movimientos campesinos para enfrentar la violencia, aunque estos no llegaron a unificarse y a representar una oposición sólida al gobierno (Medina, 2009).

Para dar fin a la violencia, el general Rojas anuncia la amnistía para los alzados en armas. En el campo comenzaría la campaña para difundir la amnistía para todos los combatientes del país y para que todas las guerrillas de diferentes filiaciones políticas entregaran sus armas y volvieran a sus lugares de origen. Para muchos sectores campesinos la lucha perdió sentido cuando Rojas ofreció la amnistía. Esto sucedió debido a que la lucha campesina no había pasado de revestir la forma de una defensa justificada frente a la represión oficial y cuando el mismo gobierno ofrecía cesar las hostilidades muchos creyeron que ya se había logrado el objetivo principal: la paz.  La amnistía de Rojas mediante sus promesas de reinserción, significó para las guerrillas la desarticulación, ya que muchos campesinos esperaban que la situación mejorara, y que terminara la persecución a los combatientes para volver a sus hogares y trabajar la tierra. El General Rojas, logró dar tranquilidad en el campo, y los primeros rumores de las entregas de algunos comandos impulsa a otros a entregarse también, volviendo una relativa paz que cubriría gran parte del territorio nacional; se entregarían en su mayoría las guerrillas liberales en todo el país, y las comunistas esperarían en la autodefensa que el gobierno diera las condiciones de seguridad para la entrega de los combatientes, más no estaban dispuestos a entregar también las armas, por el temor de ataques futuros contra ellos. Las guerrillas del Sumapaz llevaron a cabo una entrega simbólica, comandadas por Juan de la Cruz Varela, porque el gobierno no había atendido en gran medida las condiciones para su entrega. Sin embargo, Varela conservó intacta su influencia y organización en el Alto Sumapaz, hecho que no dejó de preocupar nunca a Rojas, quien hizo poco por cumplir con el pliego de condiciones presentado. La amnistía, se basó en gran parte en la entrega y desmovilización de los guerrilleros, pero no consideró establecer las condiciones necesarias para dar solución a los problemas en el campo. Se concentró en su mayoría en la entrega de combatientes y no en las garantías para el retorno a las tierras y al trabajo, ni en las condiciones que habían generado la base de la organización campesina en primera instancia. Con el fin de llevar a cabo la amnistía, el gobierno impulsó la coordinación de excombatientes de las guerrillas liberales, para que ayudaran a presionar a quienes no se habían desmovilizado y a entregarlos en caso que se resistieran, por lo que comenzarían a consolidarse algunas bandas, quienes en alianza con el gobierno perseguirían a líderes especialmente comunistas, que influyeran en los campesinos, representaran alguna amenaza para el gobierno y no se hubieran desmovilizado. La amnistía representaría prácticamente una solución a corto plazo para dar fin a los movimientos guerrilleros sin desarrollar mayores cambios, sólo desarticularlos debido al peligro que representaban para los partidos liberal y conservador, por la gran influencia que ellos estaban adquiriendo a lo largo del territorio e impedir a su vez la articulación futura de las guerrillas liberales y comunistas mediante la activación de la polarización, que posibilitó que ambos se alejaran cada vez más por su ideología política y por las diferencias resaltadas por el directorio liberal. En este gobierno la violencia colectiva se desata poco a poco, en la medida en que al pasar los efectos de la amnistía, el ánimo pacífico del gobierno descenderá y con la ayuda de las bandas conformadas por antiguos guerrilleros liberales desmovilizados, se reforzará la polarización y el Partido Comunista quedará cada vez más aislado en la búsqueda de una solución pacífica al problema de la tierra, base fundamental de la organización guerrillera de los comunistas. El PC mediante la consolidación de la táctica de la autodefensa, inicia el trabajo de concientización para las organizaciones campesinas existentes desde donde incentiva posteriormente la lucha armada, en un principio por la represión del gobierno y como respuesta a la persecución y al impedimento de su acción política directa (Loaiza, 2012).

Ahora bien, si la función de la amnistía de 1953 fue el desarme y la desmovilización del movimiento guerrillero, precisamente en el momento en que éste atravesaba un período de relativo ascenso y cualificación, las condiciones de aceptación de la misma son indicativas del nivel de conciencia política alcanzado por los diferentes frentes que operaban en el territorio nacional y de su comprensión, también diferenciada, del conjunto de la situación política.

La respuesta de las guerrillas a la amnistía de Rojas.

En efecto, las respuestas dadas a la política oficial por parte de los distintos grupos guerrilleros no fueron homogéneas. Al menos cinco tipos de respuesta han sido dilucidadas: las redenciones incondicionales; las rendiciones con exigencias posteriores a la entrega; las rendiciones con exigencias previas a la entrega; las propuestas condicionadas de disolución sin promesa de entrega; y finalmente, las propuestas de conversión de la guerrilla en autodefensa sin desmovilización y sin entrega de armas (propugnada por las guerrillas de inspiración comunista). Esta última modalidad tuvo, a su vez, tres variantes regionales diferenciales no sólo por su particular experiencia histórica sino también por el papel que acertada o equivocadamente les asignaba el Partido Comunista en marco general de la resistencia: la del Tequendama, la del Sur del Tolima y la del Sumapaz. En la primera, gracias a la alianza entre el movimiento agrario y los sectores latifundistas, se logró impedir la agresión militar y la zona se mantendría como área de refugio y de seguridad de los guerrilleros comunistas; en la segunda, debido a la complejidad de los enfrentamientos (guerrillas liberales y comunistas, bandas conservadoras, Ejército, en múltiples y variables alianzas temporales) vivía en un permanente estado de tensión y conflicto; finalmente, en el Sumapaz, la fórmula adaptada permitió a los dirigentes comunistas fortalecer su implantación en la zona, mediante la conformación regional del Frente Democrático de Liberación Nacional. Con la reinserción de los alzados en armas en la mayoría de los casos o la simple desmovilización en otros, termina la primera etapa del movimiento guerrillero colombiano (Medina, 2009).

Post amnistía y nuevo ciclo de violencia.

El clima de paz propiciado por la amnistía sólo tendría una corta duración. La guerrilla y los movimientos de autodefensa comunistas se habían convertido en una fuerza regional con sus enclaves en algunas áreas del sur del Tolima (El Davis), y del oriente de este mismo departamento, como Villarrica; Teruel y Riochiquito en el Huila y Cauca; Viotá y la región del Sumapaz en Cundinamarca (Medina, 2009).

Ante el cambio de situación política, el Partido Comunista busca transformar a las guerrillas en movimiento de autodefensa. En una resolución su dirección recomendó que si no es hostilizado por las Fuerzas Armadas oficiales, el movimiento debería considerar la conveniencia de transformarse en autodefensa de masas para garantizar su trabajo pacífico, luchar por la defensa de los derechos del pueblo contra toda clase de arbitrariedades. No obstante esta decisión, debido a múltiples problemas de orden tanto nacional como regional, el movimiento guerrillero orientado por los comunistas se debatía en la incertidumbre. De hecho, la violencia política continuó aun cuando con menor intensidad que en el pasado inmediato en todo el sur del Tolima. En los primeros meses del golpe se sostuvo el enclave de El Davis, se creó un nuevo destacamento guerrillero bajo la conducción de José A. Castañeda, "Richard", en Calama, al norte de Chaparral, y se sostuvieron permanentes contactos armados con el Ejército y con bandas de antiguos guerrilleros liberales transformados en avanzadas del gobierno.

Además, en numerosas regiones, una fuente de tensión y conflicto inevitable estalló cuando los refugiados al regresar a sus tierras las encontraron ocupadas. Este es el caso, por ejemplo, del departamento del Tolima, en el cual la violencia revivió debido a que al regreso inesperado de miles de guerrilleros a sus fincas abandonadas durante cuatro o más años significó nuevas tensiones económicas para una sociedad local ya muy traumatizada. Muchos encontraron a personas extrañas viviendo en sus tierras, y en algunos casos estas habían sido vendidas en ausencia de sus verdaderos dueños. El sur y el oriente del Tolima fueron gravemente afectados por tales ventas. Estas dos regiones serán el escenario principal de la nueva ola de violencia desatada en 1955. El mantenimiento del enclave de El Davis, se iba haciendo día a día insostenible (Medina, 2009).

La euforia de la paz que se vivió en el país a partir del 13 de junio fue, en todo caso, dolorosamente corta. En 1954 la violencia, no extirpada jamás del todo, toma de nuevo una gran fuerza. Este período de la violencia fue más bárbaro e intenso que el anterior, abarcando los departamentos del Tolima, Huila, Caldas, Valle, Cauca y un sector del Carare (Medina, 2009).

La II Conferencia Regional del Sur (1953).

Ante esta situación, el Comité Regional de Chaparral decide realizar la II Conferencia Regional del Sur, el 28 de octubre de 1953, con la colaboración de la comisión Política del Estado Mayor de El Davis.

Las Comisiones rodadas.

Para la adecuada transformación en autodefensa se crearon tres comisiones "rodadas" que actuarían como destacamentos móviles, teniendo como perspectiva la creación de movimientos de masas en zonas receptivas al influjo comunista. El primero de estos grupos, al mando de Jacobo Prias Alape y Manuel Marulanda, tras fuertes enfrentamientos con los "limpios" y el Ejército regular, termina por instalarse en Riochiquito y posteriormente impulsa en el sur del Tolima el polo de colonización armada de Marquetalia. El segundo, al mando de Andrés Bermúdez, "Llanero", es aniquilado a los pocos días por los "limpios". Y el tercero, bajo la dirección de José A. Castañeda e Isauro Yosa, se instala tras múltiples escaramuzas en Villarrica. Así, pues, el Partido Comunista orientó a los destacamentos guerrilleros que influenciaba hacia el cese al fuego, pero se negó a entregar las armas y a acogerse a la amnistía. Sólo trece días después del golpe militar de Rojas, el Estado Mayor Militar de las Fuerzas Guerrilleras de la Cordillera Central de los Andes en un manifiesto en mimeógrafo había adoptado esta línea de conducta: El pueblo colombiano durante siete años de cruda violencia ha aprendido a combatir con las armas en la mano y sin ellas a sus verdugos y no está dispuesto a deponer las armas para morir de rodillas abandonando su lucha. Estas dos regiones serán el escenario principal de la nueva ola de violencia desatada en 1955 (Medina, 2009).

La guerra de Villarrica en 1955.

En el año 1954, con el fin de eliminar a la guerrilla comunista del municipio, el General Rojas inicia operativos militares en la zona y Villarrica será atacada porque en 1955 el PC es declarado ilegal y las regiones en las que tiene su base social son consideradas zonas de guerra, siendo sometidas a bombardeos indiscriminados las regiones de Villarrica en el Sumapaz y Rióchiquito en el Cauca. Esta situación agudiza la lucha en el PC, sobre el papel que debe asignarse a la lucha armada. El ataque a Villarrica busca acabar con la influencia comunista y establecer la presencia del Estado en esos territorios donde las guerrillas se desarticularon bajo movimientos agrarios pacíficos, y en los que el PC continuaba la educación política (Medina, 2009).

Desde el sur del Tolima llega a éste municipio perteneciente a la región de Sumapaz, la columna de marcha de Isauro Yosa Lister, con el fin de participar en la amnistía. La columna se conformó como resultado de la separación de las guerrillas liberales y comunistas en El Davis, en principio con el ánimo de desmovilizarse y vivir dentro del ámbito legal propuesto por el gobierno del general Rojas. Los habitantes los reciben con gran acogida por el fin del enfrentamiento entre las guerrillas y el ejército y por el inicio de la paz como muchos esperaban, en todo el país. Pero estos combatientes comunistas, buscaban convertir prematuramente la zona en autodefensa, y refuerzan el movimiento de Juan de la Cruz Varela. Esta situación, llama la atención del General Rojas debido a la expansión territorial de la guerrilla comunista después de la amnistía, con el fin de desmovilizarse, pero finalmente no se lleva a cabo la entrega y se asienta en diferentes territorios del país. La columna que dirigía Isauro Yosa se asienta indefinidamente en Villarrica, e inicia el trabajo político del PC con el fin de que la población del municipio adopte la ideología de lucha y así se incorpore a ella más fácilmente (Medina, 2009).

Esta política que impulsa el Partido Comunista va en total contravía con uno de los objetivos que se propone el gobierno militar, y que más adelante se propondrá también el Frente Nacional: recuperar para el Estado el monopolio de las armas. La creación de zonas bajo autodefensa armada será una fuente de permanente tensión y conflicto, y es uno de los factores que se hallan en el origen de la guerra de Villarrica (1955).

El 4 de abril de 1955 se inician en forma los operativos militares en Villarrica con la creación del Destacamento Sumapaz, al mando del teniente coronel Hernando Forero Gómez. Con esta acción, realizada con el pretexto de combatir a los "bandoleros comunistas" que pretenden crear un fortín impenetrable a las puertas de Bogotá, el Ejército inició operaciones en toda la región, las cuales se fueron extendiendo rápidamente primero hacia el Sumapaz y después hacia el oriente del Tolima. Participaron en estos operativos alrededor de cinco mil soldados. Este contingente militar debió enfrentar la resistencia armada de unos 800 hombres de la región. En solidaridad con los campesinos agredidos, el Partido Comunista ordenó a los grupos de autodefensa asentados en Tierradentro y el sur del Tolima reactivarse como guerrilla móvil, lo cual realizaron bajo la conducción de Ciro Trujillo y Manuel Marulanda, respectivamente. A pesar de su escasa extensión y débil poblamiento, la región de Villarrica alcanzará la dimensión de un caso extremo pero ejemplar (Beltrán, 2015).

El 4 de abril de 1955, la dictadura militar publicó un decreto declarando zona de operaciones militares a Villarrica, Cabrera, Venecia, Melgar, Icononzo, Pandi, Carmen de Apicalá y Cunday. Según ese decreto los habitantes de los municipios afectados que no respetaron el toque de queda o no portaran salvoconducto militar serían tratados por las tropas del ejército como enemigos en la zona de operaciones de la campaña (Beltrán, 2015).

Para junio, el ejército había logrado avances en su agresión a Villarrica, haciendo peligrar la capacidad de resistencia de sus habitantes, en especial gracias al bombardeo aéreo sistemático de la zona, incluso la utilización de bombas de Napalm. Ante la imposibilidad de mantener indefinidamente la lucha de posiciones fundada en el movimiento de autodefensa, el Partido Comunista recomendó, de una parte, su transformación en guerrilla móvil, y de otra, la apertura de negociaciones para buscar una salida política. Esta última se efectuó el 21 de junio de 1955 en Cabrera, con la asistencia de representantes del alto mando militar y de los campesinos del oriente del Tolima y del Sumapaz, así como de representantes del propio Partido. Sin embargo, las exigencias de los coroneles Navas Pardo y Forero Gómez de una rendición incondicional de los guerrilleros y la entrega de las armas condujo a un fracaso de las negociaciones, tras dos meses de conversaciones. Los alzados en armas insistían en conservar las armas, como garantía frente a la violencia oficial. La tregua se rompió, reactivándose la confrontación bajo la modalidad de lucha guerrillera a todo lo ancho del oriente y en la región montañosa del Sumapaz. Esto se debió a que el movimiento guerrillero de Villarrica se retiró de la zona, una vez fueron copados, para proseguir la lucha en el páramo del Sumapaz y en las selvas vírgenes de Guayabero y El Pato, donde los campesinos revolucionarios instalaron sus bases e iniciaron cultivos. A su vez, la autodefensa del Sumapaz se retiró también en forma organizada hacia el páramo. En otras palabras, la resistencia campesina no se disolvió como daban a entender los triunfalistas comunicados militares, sino que se desplazó a otras zonas prolongando el conflicto (Medina, 2009).

Como consecuencia directa o indirecta de la agresión militar de estos municipios del oriente del Tolima y el suroccidente de Cundinamarca, emigraron no menos de 100 mil personas. La confrontación armada en estas regiones de la cordillera central dará así origen a la segunda gran ola de "colonización armada". Los campesinos agredidos organizaron en su repliegue la llamada Columna de Marcha, que reunió durante tres meses de movilización hasta el cañón del Río Duda, a tres mil integrantes al mando de José A. Castañeda, 'Richard". En esta región fundaron una colonia. "La organización militar y partidista permaneció y se profundizó. Con el correr de los días, la gran colonia resolvió ampliar y consolidar la colonización no sólo por razones económicas sino como estrategia para afianzar la autodefensa. Salieron, entonces, contingentes de colonos armados y organizados hacia El Pato, hacia La Uribe, hacia el Caguán, hacia el Ariari y por fin, hacia el Guayabero (Medina, 2009). En esta forma, y en ausencia de una intervención estatal, se fue generando paulatinamente un poder local, en el cual predominaba una mentalidad más de participación social que de sustitución social. En este período, al igual que en la anterior etapa, el movimiento guerrillero de inspiración comunista se combinó con la autodefensa campesina.

En cuanto hace a las guerrillas comunistas, esta nueva etapa de autodefensa será mucho más prolongada que las anteriores, pese a algunas escaramuzas menores con el Ejército o a enfrentamientos graves con grupos de "pájaros" o "guerrilleros limpios".

Pero, la persecución a los combatientes comunistas, los obliga a movilizarse nuevamente bajo la Columna de marcha hacia territorios de frontera, y serán cada vez más excluidos, en la búsqueda de soluciones conjuntas al problema agrario (Pizarro, 1989).

La persecución al Partido Comunista por parte del gobierno, lleva a los combatientes a regiones de frontera donde establecen movimientos agrarios, que representan una autoridad alterna al Estado, donde los mismos cuadros dirigentes del PC establecen las leyes que deben regir en dichos territorios, e inician una fuerte campaña de propaganda y educación política.

Marquetalia.

En 1955, Jacobo Prias Alape impulsa las acciones que dan origen a la fundación de Marquetalia. La región es conocida como El Támara, una zona selvática que ha servido de refugio para la defensa de muchas familias durante la época de la violencia y se va tornando en un lugar estratégico para el desarrollo de la lucha de resistencia. Allí, se funda el movimiento agrario más importante del PC, que se convertirá en su centro de acción rural, y será dirigido posteriormente por Manuel Marulanda Vélez, desde allí se promoverá la coordinación con los demás grupos comunistas. Era un territorio baldío de la nación y por eso el propio movimiento estaba en condiciones de entregar la tierra a quien quisiera trabajarla realizando algo así como una reforma agraria en pequeño, los bienes que tenía el movimiento fueron repartidos entre todos como una forma de comenzar a trabajar. El nuevo movimiento agrario se dio su propia dirección ajustada a las características de la nueva situación, no ya militar sino agraria.  Muchos de los habitantes de la región que estaban en desacuerdo con el asentamiento de los comunistas, abandonaron estos territorios con el fin de alejarse del conflicto, a pesar de las pretendidas intenciones pacíficas de los militantes rurales del PC. En estos territorios se busca en un principio desarticular la acción militar, pero continúa de igual forma la vigilancia y la organización para estar preparados ante un eventual ataque del gobierno. Sin embargo, regresan al trabajo de la tierra, donde el mismo PC ejerce la autoridad, establece sus propias leyes y normas de acción que rigen a los campesinos de estos lugares. En el proceso de legitimación de su poder, la fuerza y la coacción emanada de las autodefensas y sus destacamentos armados se combinarán con el trabajo de propaganda y educación política tendiente a elaborar ciertos consensos y a la búsqueda de una aceptabilidad mínima dentro de la comunidad (Medina, 2009).

El Movimiento Agrario de Marquetalia funciona esencialmente como movimiento social y autodefensa campesina, entendida ésta como la forma específica de organización en torno al trabajo agrario, la producción campesina y la defensa del territorio en forma simultánea. El énfasis fundamental de estas autodefensas está centrado en la lucha por la tierra y la construcción de economías campesinas; las prácticas de autodefensa en el campo militar consisten en lo esencial en enfrentar en la zona cualquier tipo de agresión militar o paramilitar a la población.

Desde inicios de 1958 hasta 1963, el Movimiento Agrario de Marquetalia se consagra a construir la economía campesina y a defender la región de la acción de los grupos paramilitares, en particular de los llamados “limpios” cuya idea es eliminar a la dirigencia de las autodefensas campesinas. El asesinato de Jacobo Prías Alape en Gaitania, a manos de los “limpios” (Medina, 2009), quienes son dirigidos por Mariachi, abre el camino de una serie de asesinatos, expropiaciones y desplazamientos de población y anuncia una época difícil para el Movimiento Agrario de Marquetalia, que encontraría solo un pequeño respiro entre 1962 y 1964, momento para el cual se inicia la Operación Marquetalia dirigida a poner fin a lo que en el Congreso los dirigentes conservadores denominan las Repúblicas Independientes (Pizarro, 1989).

Con el Golpe militar de Rojas Pinilla se produce la amnistía y la desmovilización de la guerrilla liberal. Los grupos a la expectativa del proceso que adelanta el gobierno regresan en busca del El Davis, en donde concurren las guerrillas de Manuel Marulanda y Jacobo Prias Alape (Charro Negro) con las guerrillas comandadas por Isauro Yosa, que conjuntamente con su Estado Mayor convocan a los dos primeros a una reunión para estudiar la situación y tomar determinaciones sobre el camino a seguir frente a la amnistía, la desmovilización y el futuro de la guerrilla. Jacobo Prias Alape reúne su grupo y el de Manuel Marulanda Vélez y los pone al tanto de la situación. Les habla de la amnistía y del indulto de Rojas, y los dejó en libertad para decidir si continúan en la lucha o regresan a EL Davis con sus familias y a sus fincas: Nosotros hemos decidido continuar en la lucha –dijo- porque sabemos que este no es el gobierno que necesitamos los colombianos. Son los militares quienes han tomado el poder y por lo tanto ellos también nos van a seguir persiguiendo. Eso va a suceder en un tiempo muy corto. La amnistía o indulto es solo una jugada o una trampa para tratar de acabar con el movimiento guerrillero. De ochenta hombres que tiene el grupo solo quedan en ese momento en la guerrilla nueve combatientes, más Marulanda y Prias Alape. Entre los planes acordados por las dos guerrillas se ha establecido que la dirección de EL Davis se va a situar en Peñas Ricas, donde esperarían durante algún tiempo a la guerrilla de Prias Alape y Manuel Marulanda que marcharía para salir del Tolima, cruzar el Huila y llegar a Rióchiquito. Tienen la intención de explorar la zona para trasladarse allí a todo el grupo. Veintiséis guerrilleros marchan hacia Rióchiquito con Prias Alape y Marulanda como primero y segundo comandante respectivamente. Semanas después de travesía y enfrentamientos llegan a los límites entre el Huila y Cauca, en un sitio denominado Rio negro. Allí dejan parte del personal, y los dos mandos, conjuntamente con siete guerrilleros, arrancan el viaje de regreso. Durante el recorrido hay enfrentamientos con el ejército y la policía en los que pierde la vida “Virgen Santa” hermano de Jacobo Prias Alape. Al llegar a la región de El Davis, se informan que el grupo de Isauro Yosa se ha desplazado de esa zona sin rumbo conocido, los dos grupos quedan incomunicados. Manuel y Jacobo se dirigen hacia la región de Nazareno, en inmediaciones de Gaitania, pero la situación en esa región está muy peligrosa porque el ejército y los liberales “limpios”, Leopoldo García (Capitán peligro) y José María Oviedo (Mariachi), habían dirigido todas sus actividades para combatir las guerrillas liberales y comunistas que sostienen una relación y persisten en la lucha contra el gobierno (Medina, 2009).

Marulanda Vélez y Prias Alape emprenden con su grupo de nuevo el regreso al Cauca y moviéndose un tiempo entre Rio Negro y Rióchiquito, donde hallan inicialmente resistencia de la población indígena y el apoyo de los colonos liberales, en particular de Miguel Madrid, quien al poco tiempo es asesinado en Nátaga, mientras hace mercado. Cuando el ejército comienza a meterse en la zona la población indígena no solo apoya a la guerrilla y se introduce con ella a la selva, sino que algunos de ellos se vuelven guerrilleros (Medina, 2009). Durante este tiempo se inicia un trabajo de planificación y organización de las guerrillas de Rióchiquito. Se comienza por el sitio de Belalcazar, municipio de Tierradentro, en donde se busca contacto con gente del Tolima que ha hecho parte del grupo de Peñas Ricas. El trabajo se hace en medio de las dificultades que hay para comunicarse con los indígenas y algunas delaciones que generan enfrentamientos y pérdidas de armas y logística (Medina, 2009).

Con la creación del comando Guerrillero de Marquetalia, la zona prospera y en pocos meses es centro de una gran actividad armada que resulta en comando superior de una importante organización guerrillera, que cuenta con gente en Chaparral, Natagaima y el Quindío. Cuando la dictadura de Rojas lanza la agresión contra Villarrica, en el Tolima, mucha gente se desplaza en 1955 hacia Rióchiquito. Entre esa gente figura Ciro Trujillo, quien llega a la región con cuatro hombres armados, lo que constituye un apoyo importante para el movimiento que se desarrolla allí.

En El Davis, pese a que la organización es más fuerte y los grupos más grandes y mejor armados, la acción del ejército y los “limpios” va reduciendo la capacidad de confrontación de los grupos. Cuando se pierde el contacto entre los de El Davis y los de Marulanda y el Charry, los primeros se van a Villarrica. Alfonso Castañeda (Richard) sale por los lados de Ortega; Ave Negra va hacia Natagaima y en El Davis se queda una compañía al mando del Capitán Llanero que sucumbe a las maniobras y engaños de los “limpios” y el ejército. En 1955, “Richard”, se desplaza a las regiones del El Pato y Guayabero, funda los movimientos guerrilleros de esas zonas. Es una época en que se produce un desdoblamiento territorial de la guerrilla que sería importante en la conformación de las autodefensas campesinas y en el fortalecimiento de movimiento agrario de los años siguientes.

La caída de Rojas Pinilla y la Junta de Generales.

Finalmente, el descontento de las elites y de la población con las acciones violentas durante el gobierno del General, da como resultado que el 10 de mayo de 1957 se establezca la Junta Militar de gobierno que remueve del poder a Rojas e inicia nuevamente un período de relativa calma.

El Plebiscito y el Frente Nacional.

En 1957 la Junta Militar y los directorios políticos de los partidos tradicionales convocan el Plebiscito Nacional e invitan a la población a votar por él. El movimiento guerrillero de Izquierda orienta la consigna de votar en blanco. El país está en las puertas de inicio del Frente Nacional.

El bandolerismo.

El proceso de conciliación Liberal-Conservadora, resultante de los pactos de Benidorm y Sitges, logra alcanzar legitimidad a través de un plebiscito el 7 de diciembre de 1957 y, posteriormente, legalidad mediante un acuerdo constitucional en el que se establece la fórmula de la paridad y la alternación en la conducción del Estado, generándose allí un proceso de exclusión de toda fuerza política ajena a los partidos tradicionales, lo que daría origen, implícitamente, a una nueva forma de confrontación social y política que caracterizaría los años venideros.

Lejos de solucionar los problemas estructurales de orden social y político la dictadura de Rojas y los primeros gobiernos del Frente Nacional redefinieron el carácter de la violencia; un proceso de reestructuración de las formas violentas de expresión social comenzó a gestarse en el tránsito de la guerrilla liberal al bandolerismo social y político y de éste a la lucha armada revolucionaria.

La explicación del bandolerismo.

Varios autores buscan dar explicación al conjunto de relaciones en torno al cual giran los aspectos económicos, sociales y políticos de la violencia; conciben el bandolerismo como una manifestación social y política que contribuye a explicar la compleja red de relaciones que se establecieron entre los campesinos y los gamonales, y entre éstos y el Estado, en un período de la historia en que la confrontación social y política se caracterizó por el empleo de mecanismos violentos. Esos autores consideran que el bandolerismo no puede ser entendido aisladamente, ni en relación estática entre los campesinos y las clases dominantes, ni como un exabrupto del proceso histórico en nuestro país; piensan, que ante todo, lo que reflejó el bandolerismo es la fragmentación del movimiento social como resultado del éxito que tuvieron las clases dominantes en su táctica de desorganización de las clases populares, que ante una serie de luchas, pero también de derrotas sucumben ante el doble juego de la amnistía y la represión. En esta medida el bandolerismo surge como mecanismo de resistencia frente al aniquilamiento de la organización campesina de la que estuvo acompañada la contraofensiva de las clases dominantes; es por esto que esos autores se preocupan por demostrar cómo el bandolerismo nace de las ruinas de un fuerte y bien estructurado movimiento campesino y cómo por razones de su origen cuenta durante largo tiempo con el apoyo de la población trabajadora rural (Medina, 2009).

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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