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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Revocar Presidente, gobernadores y alcaldes es un asunto de incumbencia democratica de amplios sectores sociales colombianos en los primeros dias del 2017.

A Peñalosa, el alcalde de Bogota, lo quieren revocar por clientelista, neoliberal, antisocial, deshonesto, enemigo de la naturaleza y perseguidor policial de los movimientos populares capitalinos.

Fuerte campanazo para todos estos funcionarios. Que escuchen la voz del pueblo.

Horacio Duque.

Con los primeros días del 2017 han aflorado por el territorio nacional grupos ciudadanos para solicitar la revocatoria de varios alcaldes, gobernadores y del presidente Juan Manuel Santos.

La revocatoria es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador, a un alcalde o al Jefe de la Casa de Nariño.

Su reglamentación y bases están incluidas en la reciente Ley de participación democrática, la 1757 del 2015 (Ver http://bit.ly/2f2L2cI ), la cual reformo la Ley 134 de 1994, mediante una acción que lidero el ex Viceministro del Interior, Doctor Juan Fernando Londoño, amplio conocedor, defensor y promotor de los procesos de democratización política.

La revocatoria es, por supuesto, una institución muy importante pero su aplicación no ha presentado los mejores resultados durante casi 20 años. Sera necesario volver sobre la misma para corregir las limitaciones que la tornan ineficaz.

Por supuesto, no se trata de adoptar un mecanismo destructor y desestabilizador para que aventureros y anarquistas de todos los pelambres orquesten campañas orientadas a paralizar las instituciones públicas y comunitarias.

La revocatoria del mandato, más allá de las interpretaciones perversas, debe ser un mecanismo profiláctico para combatir graves enfermedades crónicas de los gobiernos y no munición ordinaria de francotiradores desesperados, al que se debe recurrir cuando ya se hayan agotado otras posibilidades que se encuadren dentro del diálogo, las objeciones, los reclamos, incluso la protesta social.

Es bueno no olvidar que en tan breve tiempo transcurrido puede ser posible, a lo sumo, conseguir un cargo en la burocracia pero muy complicado exigir cuentas del desarrollo coherente y sistemático de una política pública que demanda más tiempos para su maduración y ejecución.

Alguna medida debe haber, alguna proporción o gradualidad que permita agotar etapas, antes de acudir  al mecanismo extremo que pretende extirpar al gobernante,  desaparecerlo de la escena política, mucho más cuando el resultado de su elección, que no le pertenece a él, es una conquista de la  democracia con todas sus imperfecciones y dolencias.

Por el momento las peticiones de revocatoria del mandato se focalizan en el Presidente Juan Manuel Santos, los Alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa; Bucaramanga, Rodolfo Hernández; Neiva, Rodrigo Lara; Pereira, Juan Pablo Gallo; Tebaida, Rosa Patricia Buitrago; y el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

En el caso del Presidente Santos, los promotores son los uribistas del Centro Democrático que argumentan discrepar de los acuerdos de paz, de la reforma tributaria, del salario mínimo,  de los robos de Reficar, Isagen y la mermelada de las regalías.

Con Peñalosa, las quejas se refieren a su incumplimiento en la construcción del Metro, por favorecer los negocios de los pulpos del transporte pegados a Transmilenio; la absurda urbanización de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, afectando los derechos ambientales de los bogotanos; la privatización neoliberal de la ETB; el atropello policial de los movimientos sociales; y su falta de títulos universitarios legales.

A Hernández, el de Bucaramanga, el viejo oligarca urbanizador y negociante de la vivienda popular, lo quieren revocar por no cumplir con su plan de gobierno y su falta de gestión. Ha sido un fiasco completo este caimán de los negocios urbanos que se las da de pulcro y ético.

A Rodrigo Lara, el de Neiva, le están exigiendo que cumpla y erradique la corrupción de la administración municipal.

A Juan Pablo Gallo, el Alcalde de Pereira, lo acusan de corrupción y contratismo oscuro en varios frentes del gobierno local.

A Rosa Buitrago, de La Tebaida, la patria chica de Timochenko, le reclaman que cumpla con las metas de empleo, seguridad, educación y salud.

A Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío, lo quieren revocar los uribistas en sociedad con las mafias de la exgobernadora Sandra Hurtado y su marido, un prominente Jefe del Cartel del Norte del Valle, con asiento en Cartago, que es un predio de Hernando Gómez, alias Rasguño, quien a pesar de estar purgando una larga pena en Gringolandia, sigue mandando en tal municipio, mediante senadores, diputados y políticos de bolsillo de toda la región cafetera. No le perdonan a Osorio haber quitado las fichas corruptas del gobierno departamental, que pertenecen a la cuerda de los mafiosos.

Todos estos procesos revocatorios, a pesar de que tienen muy pocas posibilidades de prosperar, son importantes, pues tienen la ventaja de ser un llamado de atención (un campanazo) a los respectivos funcionarios para que escuchen la voz del pueblo que se muestra inconforme con sus gestiones.

La revocatoria del mandato no debe verse como una amenaza, es una oportunidad para  profundizar la democracia y el pluralismo político.

 

 

 

 

 

 

La paz se construye y enraíza en las regiones y sus comunidades populares.

Voces de paz se hace presente en el Tolima y en los territorios de expresión de la resistencia agraria.

El colmo del cinismo la afirmación del Ministro Villegas y los generales de su cúpula de que en Colombia no hay paramilitarismo. Entretanto crecen las amenazas y asesinatos ejecutados por las bandas paramilitares en diversos lugares del territorio nacional.

Horacio Duque.

El Tolima (Dulima, rio de nieve o nube en lengua Pijao) es uno de los 32 departamentos de Colombia, con una densa historia social, política y cultural.

Fue formalmente creado en 1861 a partir de los territorios de la antigua provincia colonial de Mariquita.

Su territorio ha sido históricamente espacio de civilizaciones indígenas muy independientes y rebeldes, con un notorio sentido anticolonial.

Actualmente está integrado por 47 municipios y seis provincias.

En el Tolima se constituyeron las Farc, fue en los años 60 del siglo XX. Su origen es un aguerrido grupo de campesinos e indígenas organizados para resistir la violencia latifundista y oligárquica.

En la actual etapa, de diálogos, negociaciones y construcción de la paz, sus habitantes, más de 1 millón 500, y sus líderes, han manifestado su compromiso con los acuerdos y consensos que buscan poner fin a un largo conflicto armado, con graves impactos entre los sectores más vulnerables de dicha región.

En la actual coyuntura un asunto de la mayor trascendencia es la conformación de dos Zonas Veredales Transitorias de Normalización/ZVTN en los municipios de Planadas e Icononzo.

En Planadas, un municipio situado al Sur del Tolima, con cerca de 35 mil habitantes, mediante el Decreto 2017 de diciembre del 2016 (http://bit.ly/2jFx5Ua ), se dispuso que la vereda El Jordán será una ZVTN por los próximos seis meses.

E, igualmente, mediante el decreto 2006 de diciembre del 2016 (http://bit.ly/2j2CXDI ), se determinó, por la Presidencia de la Republica, organizar otra ZVTN, en la vereda La Fila, del municipio de Icononzo (10 mil habitantes), lugar en el que permanecerán por 180 días los miembros de las Farc mientras se da el proceso de dejación de las armas y la conformación de un nuevo movimiento político con las organizaciones cooperativas y solidarias previstas.

El día 10 de enero, en la ciudad de Ibagué, se reunió un grupo de personas para proyectar un plan de trabajo con un conjunto de actividades orientadas a profundizar el compromiso de la sociedad civil regional con la implementación de los Acuerdos de paz.

El primer paso consistió en dar un amplio respaldo a Voces de paz y convivencia, la entidad organizada desde finales del año anterior para hacer la veeduría y seguimiento a la implementación legislativa y ejecutiva de los pactos de paz.

Jairo Rivera, uno de sus integrantes, expuso ampliamente en dicho encuentro la necesidad de una mayor vinculación de todas las expresiones de la sociedad regional en la arquitectura de la convivencia y de la paz positiva como materialización de la justicia, la democracia ampliada, la equidad y la no violencia.

Este núcleo primordial de acción por la paz en el Tolima se propone propiciar encuentros populares en las dos zonas ya indicadas, con el fin de profundizar los diálogos y las gestiones correspondientes a los avances de la paz.

De tales encuentros populares deben ser protagonistas los estudiantes de bachillerato, los profesores, los universitarios, los líderes comunales, los campesinos, las mujeres, los empresarios y las redes religiosas que involucran amplias capas de la sociedad.

Un evento mayor consistirá en la realización, a finales del mes de febrero, de una Audiencia pública de rendición de cuentas sobre los avances de la paz en el Tolima.

De lo que se trata es de apalancar, obviamente, una discursividad que sirva de referencia a un nuevo imaginario social de la paz y fuente de nuevos códigos que enriquezcan el sentido común para modificar el que está más asociado con el individualismo, el mercantilismo, la violencia y el neoliberalismo.

Llega Voces de paz y reconciliación al Tolima y su experiencia en los próximos días será un piloto referente para el resto de regiones y departamento de la nación.

Nota. Campeones en cinismo el Ministro Villegas de Defensa y su cúpula de generalotes que con el mayor descaro salen, orondos y majos, a proclamar que el paramilitarismo ya no existe en esta república ensangrentada por la ultraderecha mocha cabezas. Los paramilitares, señores del gobierno, se están reorganizando y operan libremente por todo el territorio. En el Tolima están muy instalados en Ibagué y han desatado una campaña de amenazas de muerte contra un centenar de activistas agrarios y populares. Igual en Armenia y el Norte del Valle, allí tienen amenazados a reconocidos defensores de derechos humanos que están sin protección y conminados a abandonar sus actividades profesionales y lugares de residencia.

Doctor Villegas, deje a un lado tanta mentira y engaño y asuma su responsabilidad con los acuerdos de paz.

 

 

 

 

 

Un gobierno de transicion a la paz es una prioridad nacional para dejar atras, de manera cierta, decadas de violencia y atropellos.

Fast track es el pivote de la nueva institucionalidad de la "paz positiva" con derechos, equidad, solidaridad y erradicaicon del neoliberalismo.

Un gobierno de transicion a la reconciliacion es mas que la "paz negativa" de la simple "no guerra".

Horacio Duque.

La transición en los regímenes políticos es un tema objeto de amplia reflexión en la Ciencia política. La literatura sobre la materia es abundante y el análisis correspondiente cuenta con especialistas muy reputados, como Guillermo O’Donnell, politólogo argentino, con importantes aportes sobre la materia a propósito de las transiciones desde el autoritarismo a la democracia liberal en Argentina, Chile, Brasil y los Estados del Sur de Europa, en las décadas finales del siglo XX.

En su importante intervención en el Teatro Colon de Bogotá, el pasado 24 de noviembre, el Comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, con ocasión de la firma del Acuerdo definitivo de paz, planteo la hipótesis de la proyección de un gobierno de transición para la paz.

Una transición, al decir de los expertos, es el paso de un sistema a otro. En este caso, nos encontramos en el camino de la superación del régimen de violencia que predomino por más de 5 décadas en la historia colombiana,  y en la tarea de construir la paz, que ha dado sus primeros pasos con la “paz negativa” (Johan Galtung), como ausencia de la guerra, por la efectividad del Cese bilateral del fuego y hostilidades entre las partes. Hay aún, obviamente, elementos de una “paz imperfecta”, dada las dificultades que registran las negociaciones con el ELN y el EPL.

La “paz positiva” con derechos, equidad, democracia ampliada, sin neoliberalismo, con unas Fuerzas Armadas comprometidas en la erradicación de la violencia, sin matanza de líderes sociales y con  una justicia especial, demanda un nuevo edificio institucional, una gobernabilidad y gobernanza comprometidas con los pactos y consensos establecidos entre el Estado y la insurgencia agraria.

Por encima de sesgos ideológicos o de prejuicios políticos, tal infraestructura ya está en curso. El Fast Track es el axial que pivota el nuevo andamiaje de la no violencia al hacer realidad las instituciones y las reglas correspondientes (Douglass North) . Ya ha sido aprobada la Ley de amnistía e indulto y en los próximos días será creada la Jurisdicción especial de paz, el Tribunal respectivo, con la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los desaparecidos.

Para reforzar esa arquitectura transicional,  el evento de mayor trascendencia debe ocurrir durante las próximas semanas para aprobar el Acto Legislativo que dispone que La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 (Ver http://bit.ly/2difGiL ) y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.  

Por el Fast Track, el Presidente Juan Manuel Santos, tiene facultades extraordinarias, para que vía decretos y documentos Conpes, se implementen los otros consensos que ya cuentan con una importante red de instituciones en las Comisiones de seguimiento, reincorporación y verificación.

Transición, no restauración (Ver http://bit.ly/2hPgDLW ), es la ruta de la consolidación de la paz,

Nota.

Risible la reyerta de comadres entre los ideólogos de cabecera del Caballista del Ubérrimo. Botero, director del Portal Debate (Ver http://bit.ly/2i9h7xf ), y Mackenzie, columnista del mismo, discrepan por las posiciones del prestigioso y ponderado senador del Centro Democrático, Doctor Iván Duque Escobar, escogido como el mejor legislador del 2016. Mackenzie es un energúmeno  ex maoísta que anda promoviendo escenarios de putsch contra el gobierno constitucional del Presidente JM Santos. Peleas entre maoísmos degradados por la derecha, como lo diagnostica Badiou, el filósofo francés, él sí de izquierda maoísta. Son de la misma cuerda extremista de José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel. La tapa seria que Robledo y Aurelio Suarez, del Moir, entren a terciar en esa puja. Nada raro, dadas tantas coincidencias entre estos maoístas que se han convertido en la vocería de los modos rurales del capitalismo cañero y ganadero.

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@duque_2016

 

 

 

La construccion de la "paz positiva" en los territorios es clave para que se fortalezca su legitimidad. 

En Antioquia la sociedad civil pide participacion en la organizacion y funcionamiento de los territorios de paz.

Horacio Duque.

La construcción territorial de la paz ya está en curso, como parte de la misma el gobierno nacional expidió 27 decretos (Ver http://bit.ly/2i1ykZm ) para organizar los espacios de ubicación de los integrantes de las Farc en su transición a la movilización política y social con el fin de hacer realidad la “paz positiva” con derechos y justicia social efectiva para las comunidades y las familias campesinas, que supere el enfoque de la simple “paz negativa” como ausencia de guerra y la “paz imperfecta”.

Para el departamento de Antioquia han sido expedidos los decretos 2010, 2016 y 2025, que trazan las regulaciones de los territorios de paz en Ituango, Remedios, Yondo y Anorí.

Pero como la aplicación de los acuerdos de paz presenta demoras, la llegada de los combatientes guerrilleros ha registrado dificultades debiendo conformarse, por el momento, 11 Puntos de Preagrupamientos Temporal/PPT, en el caso de la región antioqueña.

La paz y su implementación, tiene en el enfoque territorial un elemento bastante sensible. Es en los espacios geográficos en los que la realidad de la paz se visualiza mejor usando conceptos como terreno, bloque, región, localidad, vereda, municipio, departamento, que simbolizan el espacio donde se juega la hegemonía popular y nacional. Hablar de topografía es hacerlo de clases sociales, de formas de propiedad, de enclaves militares, de medios de comunicación, de rebaños religiosos y de grupos culturales.

En esos espacios se dan procesos que conforman la correlación de fuerzas en los ámbitos social, normativo y político.  

Es en los espacios regionales donde se asientan los dominios políticos, ideológicos y militares de las oligarquías tradicionales. Es allí donde se despliega con mucha eficacia la violencia, la coerción, la manipulación y subordinación del pueblo.

En este caso concreto, nos referimos a un departamento con 63.600 kilómetros cuadrados; casi 7 millones de habitantes; 125 municipios; un Área Metropolitana de 4 millones de habitantes; y 9 sub regiones.

Con un enorme dispositivo militar centralizado en la Séptima División del Ejército que tiene bajo su mando las brigadas 4, 11, 17, Brigada de Selva 15, la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. A lo que se agregan los dispositivos de policía, Marina y Fuerza Aérea con una base estratégica en Rio Negro.

La transformación de las Farc en una fuerza política y civil en Antioquia está ocasionando un alto impacto regional, provocando el nerviosismo de una elite política bastante reaccionaria y corrupta que se niega a la democracia ampliada y la paz.

Su rechazo a los desarrollos de la paz se expresa por boca del gobernador Luis Pérez, quien aún no se acostumbra a la democracia ampliada, y por eso acude a la mentira y difamación para lanzar acusaciones falsas sobre prostitución infantil, desorden público, con consumo desproporcionado de licor, e intimidaciones a la población civil y a las autoridades municipales, por los militantes de las Farc; aseveraciones que los propios alcaldes antioqueños han rechazado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, ha desmentido con investigaciones profesionalmente documentadas.

Luis Pérez está utilizando la democracia y los medios de comunicación para engañar, para insultar y agredir, evitando la controversia y el debate pluralista sobre el histórico proceso de paz y sus proyecciones en el departamento de Antioquia.  

Rectifique gobernador, sigue usted con el mismo lenguaje politiquero de los últimos 100 años. Juéguele limpio y con transparencia a la paz.

Para evitar esta grotesca manipulación politiquera, en la que ya se infiltro, obviamente el caballista del Ubérrimo, con sus consabidas intrigas, varias organizaciones sociales, científicas, universitarias, religiosas, empresariales, académicas, sindicales, femeninas, institucionales y democráticas, hemos organizado una Veeduría de control ciudadano al proceso de paz en Antioquia para acompañar su correcta implementación mediante propuestas e iniciativas que hagan una realidad la paz para los antioqueños.

Por eso pedimos tener presencia en la Comisión que desde este martes 3 de enero/2017 ira a los 11 Puntos de Preagrupamiento de Paz de Antioquia, integrada por Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria Departamental de Gobierno, Luis Guillermo Pardo, Asesor de Paz, Tatiana Gutiérrez, Gerente de Paz de la Gobernación y el Coronel de la Policía Nacional, Wilson Pardo, comandante de la Policía, quien de acuerdo con los Protocolos debe ir de civil a las zonas de localización de las Farc.

En ese sentido, para que no se diga que nos oponemos a todo con el fin de sabotear el funcionamiento del gobierno departamental, encontramos oportuna y acorde con los pactos agrarios de paz, el proyecto de Luis Pérez de conformar una Empresa de Desarrollo Agroindustrial para Antioquia (Ver http://bit.ly/2i1ykIO ), como parte del actual Plan de Desarrollo de Antioquia  “Pensar en Grande” (Ver http://bit.ly/1QYp6wx ); es muy buena idea que esperamos tenga un gran énfasis en la Innovación social, con importantes avances en Medellín y el Área Metropolitana del Aburra (Ver http://bit.ly/1LS0DAm ).

Tambien encontramos plausible el proyecto regional para la recuperacion del ferrocarril de Antioquia que mejorara las condiciones de movilidad de cientos de campesinos. ( Ver http://bit.ly/2i1ykIO )

En igual sentido nos parecen oportunas las medidas proyectadas para resolver los graves problemas financieros de SaviaSalud (Ver http://bit.ly/2ioQpDZ ), arruinada por el saqueo de los politiqueros de Antioquia, pues su hueco fiscal es casi de un billón de pesos afectando hospitales, médicos, enfermeros y, por supuesto, a miles de personas en condiciones de extrema pobreza, con graves problemas de salud.

Sin salud no hay paz. 

Lo que si es otro exabrupto es nombrar militares como vice alcaldes de los municipios, casi 125. Lo mejor es diseñar otros mecanismos conjuntamente con las Farc, el gobierno nacional y la sociedad civil para erradicar el paramilitarismo de las Bacrim que controla la Oficina de Envigado. (Ver http://bit.ly/2i1ykIO )

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@duque_2016

 

 

 

 

 

Tenemos histórica Ley de amnistía e indulto para miles de prisioneros politicos de la resistencia agraria y popular.

Horacio Duque.

Fue sancionada, hoy 31 de diciembre del año 2016, por el Presidente Juan Manuel Santos la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

Es la Ley 1280 del 2016.

Se trata de un formidable acontecimiento que materializa la paz democrática y las garantías a los combatientes revolucionarios de la resistencia agraria y popular.

Tenemos que exigir a jueces, fiscales y funcionarios del Inpec su inmediato cumplimiento, otorgando la libertad a miles de presos políticos y líderes populares encarcelados con artimañas y maniobras fascistas desde hace muchos años.

Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas!.

Que se abran las cárceles, ya ¡!

Para hacer efectiva esta conquista es prioritario estudiarla, analizarla, conocerla y utilizarla.

En principios miremos su objeto, su alcance, su ámbito de aplicación y principios fundamentales.

Hay que saber que un complemento de esta histórica Ley es el Acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de paz, que debe tramitarse en los primeros días de enero en los términos del Fast Track.

La Ley incluye un artículo especial que refrenda los Acuerdos de paz en los términos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, autorizando el Fast Track.

Objeto.

La ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Ámbito de aplicación.

La ley se aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica. En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica.

Alcance.

Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Del mismo modo, se aplicarán respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Principios aplicables.

La filosofía de la Amnistía e indulto.

Derecho a la paz.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla.

Integralidad.

Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos de las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos especiales de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Lo anterior se aplicará del mismo modo respecto de todas las sanciones administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Prevalencia.

Las amnistías, indultos y los tratamientos penales tales como la extinción de responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal establecidos en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a este. La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 sobre extinción de dominio. En lo que respecta a la sanción disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

Reconocimiento del delito político.

Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible. En virtud de la naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Los agentes del estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta Ley.

Deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar.

Lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz.

Favorabilidad.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se deriven de la presente Ley, se respetarán los principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa. Seguridad Jurídica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de la presente ley tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y duradera. Éstas sólo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma.

Esta filosofía lo que pone en evidencia es el carácter social y político de la rebelión y resistencia de los campesinos y sectores populares de nuestra nación.

Manos a la obra.

Ley de amnistia e indulto aprobada por el Congreso de la Republica es trascendental paso en la construccion de la paz. Es una historica conquista democratica de la resistencia campesina revolucionaria.

Ley de amnistia entierra a los promotores ultraderechistas de la guerra y la masacre.

Horacio Duque.

Introduccion.

En el contexto de la implementación de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, ha sido aprobada, mediante el procedimiento Fast Track, la Ley de amnistía, indulto y procedimientos penales especiales.

El Congreso de la Republica ha procedido en los términos establecidos y con la presencia de los integrantes de Voces de la paz y la reconciliación, quienes actúan como veedores de los desarrollos legislativos y administrativos de los consensos de paz. La participación e intervención de los miembros de dicha delegación ha sido constructiva, oportuna y responsable. Los voceros de la paz han participado con intervenciones adecuadas, cargadas de sugerencias y reflexiones atinadas.

Todos los delegados de Voces de paz han brillado con sus intervenciones. Jairo Rivera, con su juventud e inteligencia; Imelda Daza, con su ponderación y transparencia ética; Pablo Cruz con su tono tranquilo y diplomático; Jairo Estrada con su conocimiento y dominio de los Acuerdos de Paz; Francisco Tolosa con su agudeza y dominio de los temas de la paz; Y Judit Maldonado con su carga de luchas agrarias y femeninas en Norte de Santander.

Felicitaciones a estos compañeros!!!!!!!!!!!!!

El articulado de la Ley.

La nueva Ley de amnistía quedo conformada por cerca de 59 artículos, organizados en cuatro títulos con sus capítulos y articulados correspondientes.

Veamos un poco el detalle de tan importante norma.

Antes hagamos una precisión conceptual.

¿Qué es el indulto?

El indulto es el perdón que se aplica a personas que fueron condenadas penalmente, en este caso beneficiará aproximadamente a 2.000 guerrilleros presos. Es de recordar que con esta ley no solo se beneficiarán miembros de las Farc, sino a todos los que “habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles”. El indulto siempre es individual.

¿Qué es la amnistía?

La amnistía es el perdón a quien no ha sido condenado todavía. Se supone que de este beneficio lo disfrutarán cerca del 90 % de los guerrilleros, en su mayoría rasos. La amnistía es colectiva.

¿Qué son los tratamientos penales especiales?

Los tratamientos penales especiales, en cambio, son los beneficios que tendrán los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en razón del conflicto armado. Serán por lo menos 5.500 agentes del Estado que se beneficiarán.

Contenido de la Ley.

El Titulo Primero se refiere al objeto y principios que dan sustento a esta trascendental medida.

Su Capitulo Primero es el objeto y ámbito de aplicación.

El Capitulo Dos establece los principios aplicables.

El Título Dos trata de las amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales.

Su Capitulo primero se refiere a la amnistía de iure.

El Capitulo segundo se refiere a las amnistías e indultos otorgados por la Sala de Amnistías e indultos del Tribunal Especial de Paz.

El Capitulo tres aborda la competencia y funcionamiento de la Sala de definición de situaciones jurídicas del Tribunal Especial de paz.

El Capitulo quinto se refiere al régimen de libertades.

El Capitulo sexto a los efecto de la amnistía.

El Titulo Tercero regula los tratamientos penales especiales  diferenciados para agentes del Estado.

Su Capitulo primero se refiere a la competencia y funcionamiento de la sala de definición de situaciones jurídicas.

El Capitulo segundo trata de los mecanismos de tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado.

El Capítulo tercero regula el régimen de libertades.

El Capitulo cuarto establece los criterios para la privación de la libertad  en unidad militar o policial para los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicción Especial para la  Paz.

El Titulo Cuarto contiene las disposiciones especiales en materia del Sistema de Defensa.

Historia de las amnistías.

En Colombia se han otorgado más de 200 amnistías e indultos desde que este país es una República y se han aprobado con el fin de darle solución a un conflicto, especialmente político. Este es uno más de tantos otorgados hasta ahora.

Amnistías y Estatuto de Roma.

Tiene condiciones especiales acerca de los delitos que serán amnistiados, sobre todo por ser la primera ley de este tipo que se aplica en la vigencia del Estatuto de Roma. Están incluidos los delitos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando, y los conexos, que en cada caso el Tribunal Especial de Paz deberá definirlos.

Seguridad jurídica para la guerrillerada de las Farc.

La ley de amnistía general le da a la guerrilla la seguridad jurídica para concentrarse en las zonas veredales.

La conexidad del narcotráfico con el delito político.

Con falacias y sofismas el sector uribista pretendió excluir el narcotráfico de los delitos conexos con la rebelión política. Es otro truco más de esta facción asociada con las mafias de la droga.

Lo cierto es que el hecho de que las Farc hayan utilizado el narcotráfico como fuente de financiación no los convierte en narcotraficantes, pues es diferente el proceso de acumulación y finalidad. Ninguna organización insurgente en el mundo le pide créditos al FMI, sino que acude a las economías ilegales: minería ilegal, contrabando, secuestro, extorsión y narcotráfico.

A este respecto es importante recordar lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX con los revolucionarios chinos liderados por Mao, que debieron utilizar la economía del opio para darle sustento a las tropas del Ejército Popular de Liberación organizado por el Partido Comunista Chino.

El reto ahora es conocer en detalle esta importante Ley que, sin duda, constituye una innegable conquista de la paz democrática.

Más importante es su aplicación inmediata por el gobierno y las Farc.

Nota. En que planeta vivira el Ministro de la Defensa, señor Villegas, para estar defendiendo la alianza de su gobierno con la OTAN, una maquina de guerra al servicio de las grandes multinacionales que ha sido utilizada para acciones criminales como la invasion de Libia y el asesinato de Ghadafi. Sera que Villegas no se ha dado cuenta que Trump, el nuevo Presidente de USA, ya anuncio su desvinculacion con dicho aparato de muerte y que Putin ha organizado el mas potente instrumento para enfrentarla en el Occidente de Rusia y el Oriente del Mar Mediterraneo. Los dias de la Otan estan contados, señor Villegas, aterrice.

Tiene razon el Presidente Maduro cuando protesta contra esta absurda determinacion de Bogota y toma las medidas correspondientes frente a esta desafiante alianza contra la paz regional. Maduro ha dicho que fortalecera su alianza militar con Rusia y China, pues no quiere que le repitan lo de Libia en la Patria de Bolivar.

Esta alianza con la Otan es otra metida de patas de Santos, Pinzon y Villegas.

Imagen articulo.

La imagen del articulo es la de Jairo Rivera uno de los integrantes de Voces por la paz en el Congreso.

 

 

 

 

 

 

Temerarias y descabelladas las acusaciones contra las Farc proferidas por el gobernador de Antioquia, Luis Perez, para atacar el proceso de paz en dicha region. ¿Que pretende? ¿Acaso ocultar sus evidentes vinculos con la Oficina de Envigado y las mafias del narcotrafico?

Horacio Duque.

El enfoque territorial de la paz y su construcción desde los municipios, departamentos y regiones, es un principio determinante para la consolidación de la paz y sus manifestaciones políticas y sociales.

Es en las periferias municipales, departamentales y regionales donde están los mayores riesgos para poner fin a la guerra y construir la paz. La matanza de líderes sociales e integrantes de movimientos alternativos que apoyan los diálogos y acuerdos de reconciliación es una evidencia de tal fenomenología. Si el desangre sigue porque las bandas paramilitares continúan por la libre acribillando dirigentes populares, todo el proceso se coloca en la penumbra y en los laberintos de la guerra sangrienta.

Detrás de todo esto, no me cabe duda, están baronías, cacicazgos y gamonalatos regionales, temerosos  de perder sus feudos hacendarios y sus imperios clientelares. Saben que la apertura democrática proyectada por los consensos de paz rompe sus dominios políticos y económicos.

No otra explicación tiene la brutal y descabellada andanada del actual gobernador de Antioquia, el señor Luis Pérez Gutiérrez, quien se despacha olímpicamente contra las 11 zonas de pre concentración de los integrantes de las Farc en ese departamento.

Con anterioridad fue el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien promueve las Convivir con otros nombres, en todo el territorio de la capital antioqueña, el encargado de esa letanía oscurantista y ultramontana contra integrantes de las Farc que participaron de cursos pedagógicos en dicha ciudad.

Sugerir explotación sexual infantil y prostitución en las áreas de influencia de las Farc, como lo hace Pérez, es francamente orquestar una campaña de difamación y sabotaje al proceso de paz, mediante la más vulgar y grotesca manipulación que difunden medios de comunicación fletados, para provocar temor, odio y pánico entre los campesinos y la sociedad regional en general.

Pérez, colocado a la defensiva por la enérgica denuncia del Secretariado de las Farc, salió a despacharse con las típicas afirmaciones de los politiqueros. Sostiene ser amigo de la paz y repite frases desgastadas sobre una supuesta prepotencia de las Farc.

¿Con amigos así para que enemigos de la paz?, bien podríamos contestarle a este charlatán de vereda.

Por fortuna han sido los alcaldes y autoridades municipales los que han salido a desmentirlo. Han dicho que lo expuesto por Pérez no tiene ningún fundamento en la vida real.

Pienso que esta película de Pérez tiene otras oscuras intenciones. Su objetivo es ocultar sus muy evidentes vínculos con la Oficina de Envigado y con las redes de narcotráfico (muy afincadas en la diplomacia), que financiaron con millones su campaña a la gobernación.

No invento nada. Para el efecto me remito a la columna de Juan Diego Restrepo en la Revista Semana, publicada el 6 de octubre del 2016.

Restrepo es un distinguido y reputado analista, director del Portal Verdad Abierta, cuyas investigaciones y análisis se caracterizan por la mayor veracidad y objetividad.

Esta la columna.

¿Gobernador Luis Pérez, en la mira de Estados Unidos?

Por Juan Diego Restrepo.

Autoridades norteamericanas estarían acopiando información que podría vincular al mandatario antioqueño con la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Un párrafo de un informe de prensa del diario El Tiempo en su versión online, fechado el pasado 23 de mayo, me llamó la atención. Textualmente dice: “’Nadie es vinculado a la Lista Clinton por error’, asegura un agente federal y añade que se rastrean nexos con políticos”. El artículo hace referencia al empresario antioqueño José Byron Piedrahíta Ceballos, quien fue incluido recientemente en esa lista, junto con su esposa e hijos, tras una investigación adelantada durante varios años por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el informe difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, se caracteriza a este empresario, oriundo del municipio de Bello, Antioquia, como un apoyo del narcotráfico en Colombia desde hace varias décadas: “José Bayron Piedrahita ha apoyado a diferentes carteles de drogas por mucho tiempo, incluyendo a los carteles de Cali y del Norte del Valle, y ahora a la ‘Oficina de Envigado’”.

Desde el 2014, cuando esta empresa criminal trasnacional fue incluida en la Lista Clinton, las autoridades norteamericanas se propusieron desmantelarla. En el comunicado que anuncia la inclusión de Piedrahíta Ceballos se reitera ese propósito al indicar que “es la séptima designación en la estrategia continua de la OFAC para sistemáticamente desmantelar a la ‘Oficina de Envigado’, señalando a sus líderes y a sus redes financieras y de apoyo”.

En esa tarea, a la que estarían aportando información algunos de los exjefes mafiosos que purgan sus condenas en Estados Unidos, también tienen en la mira a algunos políticos, tal como lo señaló el agente federal que entregó declaraciones al diario El Tiempo. De acuerdo con lo que me han contado algunas de mis fuentes, uno de ellos sería el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Diversas personas consultadas, que por obvias razones no son públicas, están preocupadas por los efectos que una investigación de esa envergadura pueda tener en el departamento, donde Estados Unidos ha invertido miles de dólares para combatir la proliferación de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y apoyar procesos de sustitución a comunidades campesinas, particularmente del Bajo Cauca antioqueño.

Pero, ¿qué tan cierto pueden ser esos supuestos nexos del gobernador de Antioquia con una estructura criminal como la llamada ‘Oficina de Envigado’? La versión que dan en el bajo mundo de Medellín y en algunas cárceles del país, donde están presos varios de sus jefes, es que, efectivamente, si habría relación, la cual, me dicen personas cercanas a ellos, se ha dado por la vía de la financiación de sus campañas políticas. “Ese señor le debe mucho a la ‘Oficina’”, asegura un abogado cercano a algunos exmiembros de esta empresa criminal, “y no en términos de plata, sino de favores, que es como se endeudan los políticos con los mafiosos”.

Justamente un financiador de su campaña a la Gobernación levantó sospechas por sus antecedentes de narcotraficante, se trata de Luis Javier Castaño Ochoa, quien en 1988 fue condenado en Estados Unidos a 51 años de prisión por delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de activos, pero por acuerdos con la justicia norteamericana su pena le fue conmutada luego de tres años de cárcel y fue dejado en libertad. Diez años después asumió como Representante a la Cámara, en reemplazo del Jorge Humberto González Noreña, quien fue asesinado por sicarios en el centro de Medellín la noche del 15 de septiembre de 1998, pero por razones de su condena en el extranjero, el Consejo de Estado le quitó su investidura en 2001.

En el fragor de lucha por la Alcaldía de Medellín en 2007, Alonso Salazar Jaramillo se enfrentó a la maquinaria criminal de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien declaró que a través de sus hombres de confianza había apoyado la campaña del periodista e investigador. Todo resultó un montaje que favorecía, finalmente, a Pérez Gutiérrez.

En 2011, se volvieron a encontrar, Salazar Jaramillo como Alcalde y Pérez Gutiérrez como candidato nuevamente. La rencilla brotó de nuevo y esta vez fue el mandatario local quien denunció “indicios” de apoyo de organizaciones criminales al aspirante a la Alcaldía de Medellín. Judicialmente no tuvo mayor eco, pero en las urnas sí, pues acabó ganando su contrincante, Aníbal Gaviria Correa.

Las autoridades estadounidenses no estuvieron al margen de esas disputas. En dos ocasiones, agosto y diciembre de 2008, Salazar Jaramillo expresó ante la Embajada norteamericana sus inquietudes sobre los posibles nexos de políticos locales con grupos criminales. Las conversaciones quedaron registradas en dos cables diplomáticos que hacen parte de la base de datos de Wikilieaks. En uno de ellos se escribió que, para ese año, “la Policía nos confirmó que investiga la presunta conexión Pérez-Berna”.

En las cárceles estadounidenses pagan sus penas criminales que hicieron parte de la llamada ‘Oficina de Envigado’, entre ellos Ericson Vargas, alias ‘Sebastián’, y Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, dos hombres que conocen a fondo esta empresa criminal y sus relaciones económicas y políticas, y quienes habrían hecho acuerdos con las autoridades norteamericanas para reducir sus penas, entre ellos aportar información clave para que la OFAC logre su propósito de desmantelar la ‘Oficina’.” (Ver http://bit.ly/24GEcrJ )

Vamos a profundizar en esta red mafiosa que da soporte a Pérez, el nuevo francotirador contra la paz.

 

Llegó la hora de la verdad en la implementacion legal y constitucional de los acuerdos de paz. Manos a la obra, señores congresistas.

Sociedad civil estara vigilante y presta a exigir se cumplan los acuerdos de paz.

Horacio Duque.

Las Farc está dando cumplimiento a los cronogramas acordados en materia de fin del conflicto y sus integrantes se desplazan, no obstante ciertas irregularidades en lo que compete al gobierno, a las zonas de concentración.

Con altibajos, el Estado y sus tres ramas de poder, se han ido acomodando a lo establecido en el Nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colon a  finales del mes de noviembre del año en curso.

El poder ejecutivo ha sido más ágil, el legislativo ha procedido adecuadamente refrendando los consensos de  paz y la Corte Constitucional no se ha quedado al margen de las exigencias históricas, aunque por la modorra de sus magistrados y el jolgorio de algunos de ellos, se necesitó de la movilización ciudadana para precipitar una decisión sobre el tramite expedito de las leyes y actos legislativos correspondientes.

Hoy lunes 18 de diciembre se inicia el trámite Fast Track del primer paquete de proyectos de ley y de Actos Legislativos que concretan en el ámbito legal  los asuntos más neurálgicos del proceso de paz y terminación de la guerra.

Los proyectos ya han sido radicados y en el seno del Congreso hace presencia un núcleo de ciudadanos, 6 delegados, con la misión de intervenir en los trámites correspondientes y en los términos de los consensos de paz para garantizar la coherencia de los textos en el espíritu de los pactos incluidos en los documentos de terminación del conflicto social y armado.

La paz necesita veeduría ciudadana. La paz necesita de la movilización ciudadana hacia el Congreso para impedir las trampas y artimañas de la politiquería corrupta y retardataria.

Para cumplir esa tarea de control ciudadano es necesario conocer en detalle los proyectos radicados.

Veamos ese paquete legislativo de la paz.

Proyectos de Ley.

Ley de Amnistía, indulto y tratamiento de penas especiales. Con 59 artículos y tres títulos en los que se señalan el objeto, los principios, la Amnistía, el indulto, otros tratamientos especiales y tratamientos especiales diferenciados para agentes del Estado.

Proyecto de Ley Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política.

Proyectos de Actos Legislativos.

Proyecto de Acto Legislativo X de 2016 Cámara, X de 2016 Senado Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado para la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Acto Legislativo Senado y de Cámara por medio del cual se adiciona un artículo transitorio Constitución que establece que en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Acto Legislativo Por medio del cual se regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Congreso de Colombia. Decreta.

ARTÍCULO PRIMERO. - El Artículo Transitorio 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución, quedará así:

ARTÍCULO TRANSITORIO 1.-Finalizado el proceso de dejación de las armas de conformidad con el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, debidamente certificado por Naciones Unidas, el Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, previa solicitud suscrita por quienes actuaron como plenipotenciarios de dicha organización en la Mesa de Conversaciones.

Conclusión.

Para la consolidación de la paz es clave que estos proyectos legislativos queden listos antes de terminar el año, para que en los siguientes 150 días se le dé curso a las otras iniciativas acordadas en el texto final de los consensos de paz.

De prioridad la veeduría y el control ciudadano de estos trámites en las Cámaras legislativas.

 

 

 

 

Con cada miembro de la Marcha Patriotica que asesinan; con cada lider popular que acribillan, se marchita el sueño de la paz en Colombia.

Horacio Duque.

Exterminio, baile rojo, sicariato, pistoleros, lo mismo da; está en desarrollo otra demencial campaña para acribillar, uno a uno, los integrantes de la Marcha Patriótica, movimiento formado hace algunos años para dar apoyo a los diálogos de paz.

También son masacrados líderes de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes agrarios, opositores políticos, veedores ciudadanos y periodistas. Proliferan amenazas, desaparecen estudiantes, intimidan obispos, promueven campañas de terror y miedo.

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién se favorece con este baño de sangre? ¿Por qué el gobierno y sus aparatos militares y de policía permanecen indiferentes y ponen a circular afirmaciones falaces para desconocer los graves hechos? ¿Se trata de meros líos vecinales o de peleas por dineros en las juntas comunales, como la plantean integrantes de la Fiscalía y Medicina legal?

Se necesita mucho estoicismo, mucha fuerza moral, mucha convicción para mantener la esperanza en los diálogos de paz y en la implementación de los acuerdos alcanzados, para no caer en las provocaciones, en las trampas orquestadas por las fuerzas oscuras que pretenden mantener el clima de violencia y de guerra, pues es el caldo de cultivo perfecto para conservar todos los poderes, económicos, sociales, políticos y mediáticos, acumulados a lo largo de décadas y siglos.

Ya son casi 150 los atrapados por la matanza. Y crecen los temores, el miedo se generaliza, pues no se trata de un juego de niños.

Los ejecutores de todo esto son las delincuenciales elites regionales y locales, terratenientes, caciques políticos, militares, burócratas, contratistas y redes asesinas contratadas a propósito.

Pero en esto están involucradas las oligarquías centrales de la sociedad y el Estado. Que no se laven las manos. Que no se inventen sofismas.

En todo esto le cabe una enorme responsabilidad y autoría a las franjas de la ultraderecha y a sus dispositivos políticos. A un muy conocido expresidente y a su patota delirante que no desaprovecha recurso para alimentar el odio, la polarización y la muerte. La guerra es su espacio natural, la matanza es de la esencia de sus códigos de poder y dominio.

Obviamente, a las instituciones centrales del Estado no le es ajeno el fenómeno. Omiten y con tal conducta estimulan la hemorragia.

Frágil la paz en tales condiciones.

Por momentos da la impresión que lo avanzado se puede derrumbar. Que la paz se puede ir al traste.

Nada imposible si se constata el febril interés del señor Santos por convertir la reconciliación en un negocio redondo, dando garantías a las inversiones de los grandes emporios capitalistas que tienen puesta la mira en el petróleo de los Llanos del Yarí, las tierras de la Orinoquía, la biodiversidad de la Amazonía y del Chocó Biogeográfico, la riqueza de regiones con gran potencial turístico, y el apetecible mercado de 45 millones de personas (http://bit.ly/2h0DQPr ).

En esas proyecciones poco interesa la vigencia de los derechos sociales y políticos admitidos en los documentos de paz. La prioridad es erradicar las guerrillas y despejar las geografías para los poderosos pulpos internacionales.

Nota. Con la exclusión del impuesto a las gaseosas de la reforma tributaria, gracias a un Senador maoista, marcha viento en popa la candidatura presidencial del moirista Robledo, quien, seguro, recibirá a manos llenas los aportes financieros electorales del grupo Ardila Lule, ahora nuevo socio del maoísmo degradado y corrupto (Dusan) que capturo la dirección del PD.

 

 

 

 

 

 

Afirma R. Prada: Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas. Esta herencia maldita la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

Pero ello no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

Horacio Duque.

Introducción.

La implementación y materialización de los acuerdos de paz constituye un proyecto que debe comprometer todo el conjunto que define la sociedad civil democrática y popular de la nación colombiana.

Las comunidades indígenas, la población precolombina, que se acerca al millón 300 mil personas, organizadas en más de 120 familias, han sufrido los fenómenos de la violencia y vulneración de los derechos humanos, el desplazamiento, la masacre y despojo de sus tierras y bienes ancestrales, circunstancia que los ha transformado en un sujeto protagónico de las luchas por la paz y la reconciliación.

Precisamente la violencia de larga duración, la instalada desde la conquista y el dominio colonial del capitalismo central, está en la génesis del actual ciclo de violencia que se quiere superar con los acuerdos de paz alcanzados.

Los consensos previstos para poner fin a la guerra, por supuesto, suman decisiones sobre los derechos de los indígenas. Es muy probable que no sean bastante radicales pero tienen mucho valor como punto de referencia del despliegue de la conciencia, identidad y potencia emancipadora de las masas indígenas. Lo cierto es que la violencia y el atropello contra los indígenas ha sido de tales proporciones que su recuperación e incidencia debe darse en un trayecto histórico de mediana duración, tal como viene ocurriendo desde la Constituyente de 1991.

Recojamos en esta nota los elementos principales consignados en el Nuevo Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colon, referidos a las demandas colectivas de los pueblos indígenas colombianos.

De igual manera, abordemos una reflexión sobre las tareas que quedan pendientes, sobre las dimensiones de mayor envergadura de la civilización indígena que deben ser asumidos con todo el rigor y la responsabilidad social para no caer en ilusiones y falacias que desconocen la tremenda influencia del dominio colonial en la destrucción violenta de las sociedades aborígenes. Me valga de algunas consideraciones de Prada Alcorcea al respecto, las cuales considero pertinentes.

El fondo del problema, señala Prada, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas (http://bit.ly/2hxI8x1 ).

Lo alcanzado por la paz en materia de derechos de los indígenas y su implementación.

En el Nuevo Acuerdo de paz se consigna que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.

Se considera que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, por lo cual es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

En tal sentido se adoptan unos Principios.

Principios.

En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, se incluyen los principios contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios: a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y /o tradicionalmente.

Salvaguardas y garantías.

Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final del Conflicto de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.

En materia de Reforma Rural Integral.

En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras.

Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de explotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos.

En materia de participación.

Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios.

En materia de Garantías de Seguridad.

Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona.

En materia de solución del problema de drogas ilícitas.

Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello.

En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.

El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas.

Casos especiales.

Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia; los del Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare; el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta; así como en el municipio de Tumaco, río Chagüí y el del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca.

Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak; el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral; así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.

En materia de víctimas del conflicto.

El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes.

En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda.

En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.

Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto.

En materia de Implementación y Verificación.

Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.

Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.

El enfoque crítico.

Sobre la problemática de los pueblos indígenas y su articulación a la construcción de la paz, señala Prada: “la matriz del ciclo largo del conflicto y de las estructuras de larga duración no es ni el pleito geográfico político entre las regiones, ni el conflicto iniciado por liberales y conservadores, en el caso colombiano, sino la conquista colonial, la colonización y la colonialidad instituida por el Virreinato de Nueva Granada (Ver el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2hxI8x1 ).

“La hipótesis interpretativa, que él propone, es que la guerra permanenteo la genealogía de la guerra en Colombia, arranca con la guerra de conquista. Desde entonces, desde esta violencia inicial, instauradora de la cartografía y la institucionalidad colonial, se plantan las raíces, para decirlo metafóricamente, de la guerra permanente colombiana.

“Ciertamente, agrega, lo mismo podemos decir del resto de los virreinatos y capitanías coloniales en el continente; que se convirtieron en repúblicas, después de las guerras de independencia. Sin embargo, la singularidad colombiana consiste en que la guerra iniciada con la conquista no se transmuta en la filigrana de la paz institucionalizada, como ocurre con el resto de las repúblicas criollas, sino que preserva el carácter beligerante de las formas descarnadas de la guerra.

“¿Cuál, se pregunta, la interpretación de esta singularidad histórica y política? Podemos decir, por lo menos, algunas consideraciones hipotéticas; una, que se mantiene un equilibrio en la correlación de fuerzas, en coyunturas y periodos. Lo que desata constantemente la guerra, en sus distintas formas de presentarse. Otra, que las fuerzas organizadas y convocadas ideológicamente, no renuncian a sus iniciales proyectos de dominación; en el caso liberal, de hegemonía. En tercer lugar, que, en el caso colombiano, se arrincona y se acalla, tempranamente, la guerra anticolonial indígena, aunque sea parcialmente. Lo que no ocurre en el caso ecuatoriano, peruano y boliviano.

“No desaparece la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas: sin embargo, es arrinconada o exiliada a las sombras, suplantada por el pleito de las regiones y elocuentemente por la guerra entre liberales y conservadores.

“El fondo del problema, afirma, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas.

“Este es, observa, uno de los handy caps del Acuerdo de Paz. No ha considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente; la conquista, la colonización y la colonialidad. La única manera de hacerlo es reconocer plenamente los derechos colectivos y territoriales y de autogobierno de las naciones y pueblos indígenas.

“Se especula mucho, sigue, sin reflexionar, sobre la minoridad de las poblaciones indígenas, en comparación con el conjunto de la población colombiana, considerada mestiza. Lo que se olvida, en estas apresuradas descripciones, es que no se trata de la cuantificación del problema de la crisis de legitimidad, sino de la cualidad histórica inscrita en las estructuras institucionales del Estado-nación. Por otra parte, en eso de definir y englobar al grueso de la población en la categoría general de mestizos, no se cuestiona el supuesto insostenible del que parte; el suponer una homogeneidad de lo mestizo, incluso, matizando, la continuidad de lo mestizo. En primer lugar, lo mestizo supone la mezcla, la hibridación y la simbiosis;  esto implica, por lo menos, visibilizar la gama de singularidades mestizas, que suponen el trasfondo indígena, incluso en el caso de los “criollos blancos”; quienes al nacer en el nuevo continente, eran considerados indianos. Categoría administrativa, no del todo equivocada, pues los indianos nacían en otra tierra, en otra atmosfera, en otro cielo y en otro barroco cultural.

“Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas.

“Esta herencia maldita, sostiene, la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

“Lo que expusimos, en forma de hipótesis interpretativas, no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

Tema que se dibuja en el texto del Acuerdo de Paz.

Nota1. Matanza de la Marcha Patriótica y de los líderes sociales y de derechos humanos es la que está en curso en las regiones y periferias, ejecutada por una maquina macabra de guerra montada por las elites regionales, bajo la mirada indiferente, y cómplice del curubito oligárquico bogotano. Van casi 150 asesinatos y aquí no se habla sino de paz. La paz de los negocios mineros, agroindustriales, ecológicos y financieros de la piratería global.

Nota. 2. Camina el paquete legislativo de la paz con los proyectos de amnistía, jurisdicción especial de paz, Estatuto de la oposición, bloque de constitucionalidad y nuevo movimiento político de la paz. Hay que acompañar a los integrantes de Voces por la Paz en su labor de seguimiento y veeduría para que la artimaña filibustera parlamentaria no desvié los sentidos de la paz.

 

 

 

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