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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Horacio Duque.

Fracaso la licitacion convocada por el Fomag, Fiduprevisora y Fecode, para adjudicar los nuevos contratos de salud de los educadores por un valor de 5.5 billones de pesos, pues la maniobra montada por tales entidades concluyo en la obvia prevalencia de los voraces pulpos que saquean este importante renglon del Estado desde hace varias décadas.

Siguen los mismos con las mismas, gracias al falso proceso licitatorio montado.

Curioso el silencio del Senador Robledo frente a este aberrante caso, él tan diligente con otros casos de corrupcion extrema como el de Saludcoop, Banco Agrario, etc.

Después de fracasar la licitación (http://bit.ly/2kFY2rg ) para la implementación de un nuevo modelo de salud y prestaciones sociales para casi un millón de profesores colombianos, incluidas sus familias, lo único cierto es que el caos, la ineficiencia, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos presupuestados para financiar el servicio de salud de los maestros, proseguirá su marcha en los próximos meses y años.

Negación de citas médicas, entrega de pésimos medicamentos, no atención de situaciones complejas, muertes, agravamiento de enfermedades, médicos de pacotilla,  desvío de dineros para enriquecer las actuales seudo empresas dueñas de los contratos en las 5 regiones del país  establecidas, serán las notas características de este aberrante mundo impuesto por poderosas redes de corrupción delincuenciales en las que intervienen altos burócratas del Estado, seudo líderes sindicales, abogados y negociantes de todos los pelajes que hicieron de los maestros vulgares objetos de mercadería.

La complicidad proterva de oscuros intereses se las arregló para montar un escenario, desde el Fomag, Fecode y la Fiduprevisora, incluida una multimillonaria e innecesaria asesoría de D&G Consultores, que llevara hasta el punto en que concluyo con la declaración como desierto el proceso de la contratación de la salud con un nuevo, esquema que lucía perfecto pero impracticable; pero, eso sí, funcional a la continuidad de los pulpos que dominan este multimillonario negocio desde hace más de 20 años.

Ganaron las viejas telarañas de intereses afianzados en la trampa, el tráfico de influencias, las coimas, el soborno, las comisiones, los giros subrepticios desde las IPs hacia las cuentas de funcionarios  y reconocidos líderes de Fecode, que hoy ostentan asombrosos privilegios, sin que se sepa cuál es el origen lícito de las fortunas.

No se entiende cómo los órganos judiciales y de control pasan por alto las inexplicables riquezas de personas, educadores y funcionarios, cercanos al tema de la salud de los docentes colombianos.

La comunidad educativa, la sociedad civil, las veedurías ciudadanas reclaman transparencia en este ámbito de la vida pública.

En momentos en que crece la indignación contra la corrupción, la educación pública requiere erradicar este pestilente foco que degrada la vida de las personas encargadas de atender la educación de millones de colombianos.

En ese sentido la propuesta de los educadores del Cauca y de su sindicato Asoinca, para administrar directamente la salud de sus afiliados se plantea como un modelo alternativo al de las mafias nacionales que se quiere imponer con trampas y trucos delincuenciales.

 

 

 

 

 

No pueden los lideres campesinos y populares dejarse acribillar inermes por las redes del neoparamilitarismo que el oficialismo santista no ve o justifica.

Es urgente proceder a organizar y operar las Guardias campesinas y cimarronas para defender a la dirigencia y las masas populares.

Los acuerdos de paz en materia de seguridad y proteccion para los lideres populares, quedaron convertidos en letra muerta.

Santos y su gobierno no cumplen lo pactado.

Horacio Duque.

Alucina el cinismo y descaro de los Ministros santistas cuando desconocen el infame y siniestro plan que ha cobrado la vida de centenares de lideres de derechos humanos y agrarios, acribillados, a plena luz del dia y a mansalva, por los grupos neoparamilitares que cuentan con el apoyo y complicidad de brigadas, batallones y comandos de policia.

Asombra la argumentacion de Villegas, el Jefe de los militares, cuando sostiene que alli no hay nada sistematico porque los asesinados lo han sido en condiciones micro espaciales individualizadas; como si cada acto sangriento de estos no fuera un hecho particular, inspirado en una concepcion universal (anticomunista, por supuesto) y una estructra centralizada que acude al goteo diario para dar la impresión de que se trata de riñas y asuntos personales, cargados de pasiones plebeyas, a lo que el alto burocrata hace un grotesco eco.

Van mas de 160 lideres asesinados y el sofisma estatal es que no son tanto, que apenas son 80.

Las ultimas noticias indican que esto prosigue en Cordoba, Antioquia, Putumayo, Valle, Cauca y Eje Cafetero.

Lo mas grave es la indolencia y negligencia del gobierno frente a este infame derramamiento de sangre. Les importa un pito lo firmado en el Acuerdo de paz en materia de seguridad para los lideres sociales. Eso quedo en letra muerta. En un miserable canto a la bandera.

Los campesinos y sus lideres no pueden cruzarse de brazos frente a esta campaña de muerte para destruir la paz y profundizar la guerra.

En ese sentido es hoy mas urgente generalizar la organización y operación de las Guardias Campesinas y Cimarronas para que las comunidades puedan defenderse frente a la violencia y agresion de los grupos ultraderechistas empeñados en el terrorismo.

Mas grave todavia, eso ocurre en momentos en que el Ejército adelanta una arbitraria campaña para obligar a los campesinos cocaleros del Cauca, Putumayo, Valle, Choco, Caqueta y Catatumbo, a erradicar sus cultivos sin que los proyectos de sustitucion se hagan realidad para la supervivencia de ellos.

Las guardias mencionadas, como la indigena, son un instrumento legitimo para defender la vida de los dirigentes populares colocados en total indefeccion.

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@duque_2016

 

 

 

Claro que sí.

Es nauseabunda la podredumbre que rodea el servicio de la salud de los maestros colombianos, que adminstra la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En esa corrupcion tambien intervienen reconocidos directivos sindicales, que acumulan descomunales fortunas e insultantes privilegios.

Hay que garantizar la transparencia en la nueva licitacion por 5.5 billones de pesos.

Pedimos la presencia de la Veeduria ciudadana a la contratacion de la salud de casi un millon de educadores y sus familiares.

Horacio Duque.

El fenómeno de la corrupción es un cáncer que infiltró todos los focos del poder político, económico y social.

Los mayores procesos de corrupción, como instrumento de despojo de la riqueza construida colectivamente, se despliegan en macro estructuras que involucran al Estado y a potentes pulpos del ámbito privado.

Reficar, Interbolsa, Odebrecht, regalías petroleras, la Guajira, Estraval, Cambio radical, uribito, Fosyga, sisben, Indumil, Saludcoop, Palacino, Banco Agrario, son nombres asociados a operaciones de saqueo y despojo de dineros públicos o ahorros particulares.

El robo al Estado suma la bicoca de casi 100 billones de pesos, según las entidades de control.

La salud de los maestros colombianos no es ajena a esa lacra cancerigena.

La oferta de ese servicio y de otras prestaciones sociales (cesantías, pensiones, indemnizaciones) a casi un millón de personas, entre docentes y beneficiarios y familiares es una función que corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado desde 1989, que es administrado por la Fiduprevisora, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Desde hace casi más de dos décadas, el servicio médico, hospitalario y de salud, es ofrecido por varios conglomerados seudo empresariales, improvisados y organizados a varios manos, incluidas las de reconocidos nombres de las directivas de los sindicatos del magisterio.

Los contratos vigentes, que prestan 5 uniones temporales, se vencieron el pasado 15 de enero y ha sido convocada una licitacion de 5.5. billones de pesos para adjudicar los nuevos convenios en 10 zonas, organizadas para el efecto.

Para tal convocatoria se han presentado las mismas entidades que vienen prestando tales servicios como uniones temporales. Son las empresas artifices de un mal servicio, de desviacion fraudulenta de los dineros desembolsados en modo per capita y de graves daños a la salud de miles de educadores publicos y sus familiares.

Los reclamos, protestas, plantones y manifestaciones de los docentes frente a tal anomalia, se estrellan con un muro de silencio y complicidades que cuenta con el concurso de reconocidos lideres de Fecode.

No hay poder humano que logre transformar este grave conflicto, pues la llave mafiosa es tenebrosa y muy potente.

Los maestros del Cauca y su sindicato Asoinca son los mas avanzados en estas luchas, y en los actuales momentos adelantan una huelga para exigir la administracion directa de la salud docente de dicho departamento, a lo que se opone el señor Luis Grubert Ibarra, con falacias y argumentos ridiculos como si todavia Colombia estuviese en los años 60 del siglo XX y no en la sociedad red postmoderna de la Colombia del siglo XXI.

La nueva lictitacion esta empantanada porque la mafia imperante quiere conservar sus privilegios delincuenciales.

Con varios abogados hemos intentado organizar una veeduria a tal proceso pero el director del Fondo de Prestaciones del Magisterio ha desconocido tal derecho. Desconoce y refunde nuestros derechos de peticion en ese sentido para que se nos reconozca como Veedores ciudadanos de la nueva contratacion por 5, 5 billones de pesos.

Lo curioso de todo esto es que desde la cupula de Fecode se amenaza con un nuevo paro de maestros para enrarecer el proceso licitatoria y para que los viejos operadores y desfalcadores sigan alli.

Salida absurda y contra la etica que nos lleva a preguntar por el origen de las fortunas de ciertos directivos magisteriales, que de la noche a la mañana, pasan de condiciones sociales modestas a prepotentes ricachones con apartamentos de lujo, sofisticadas oficinas, fincas, vehiculos de alta gama y ostentosos privilegios que constituyen una afrenta para la sociedad y los maestros.

La salud y el Fondo de Prestaciones del Magisterio necesita una big data que permita caracterizar esta espantosa telaraña de saqueo y despojo de los dineros de los educadores y sus principales operadores y beneficiarios.

A la que se suma el sindicato de abogados que asalta los presupuestos departamentales, en complicidad con jueces corruptos, en el tramite de ciertas demandas. Abogados que han acumulado billonarias fortunas en perjuicio de la educacion de calidad de los colombianos. Tambien alli esta la mano de ciertos directivos de Fecode –supuestos adalides de la lucha de clases- para favorecer esas trampas, a cambio de prebendas de todo tipo, como la vida de reyes que se dan reconocidos jefes nacionales de en las fincas del Quindio.

Esta olla podrida de la salud del magisterio hay que destaparla porque su permanencia afecta la construccion de la paz.

Es, justamente, la tarea que nos hemos colocado en la Veeduria que hemos organizado para el efecto y que esperamos que los Ceo de la Fiduprevisora y el Fondo de prestaciones sociales no obstaculicen.

La imagen corresponde a los senadores Jaime Dusan y Jorge Robledo, dueños de sindicatos del magisterio.

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@duque_2016

 

 

 

 

 

 

 

Acertada y conveniente la decision del Presidente Juan Manuel Santos de nombrar como nuevo Vicepresidente de la Republica, al General Oscar Naranjo, integrante de la delegacion de paz en La Habana y arquitecto, junto con las Farc, del nuevo dispositivo de proteccion y seguridad para los integrantes de la insurgencia y los lideres populares.

Naranjo es clave en la erradicacion del paramilitarismo uribista y sus herederos que estan masacrando a la dirigencia social.

Bien despachado Vargas Lleras, un francotirador de la paz.

Felicitaciones al nuevo Vicepresidente de la Republica. Entendio la trascendencia historica de la paz.

Chiquita la paz del señor Petro.

Horacio Duque.

Dice el refrán que con la vara que mides serás medido. Es justamente lo que ha hecho el Presidente Juan Manuel Santos con Vargas Lleras, el actual Vicepresidente de la Republica. Este último utilizo los medios de comunicación para notificar sus desafortunadas arremetidas contra los acuerdos de paz con las Farc y sus amenazas contra el partido que se constituirá con el fin del conflicto social y armado. Mediante una entrevista radial, el Jefe de la Casa de Nariño, le ha dicho al señor de los autoritarios “coscorrones” que ya tiene reemplazo, y es el General de la Policía Oscar Naranjo.

Que Vargas Lleras se vaya a realizar su campaña politiquera en compañía de las bandolas regionales que se han enriquecido con la contratación de las autopistas y los planes de vivienda (como en la Guajira, Atlantico y Quindio). Obras que son manipuladas por las redes clientelares de  Cambio Radical para fortalecer sus feudos podridos. Me refiero al caso del Quindío, departamento en el que los seguidores de Vargas Lleras, han hecho fiestas con los planes de vivienda gratis y con las regalías que se robaron descaradamente.

Este nombramiento nos parece oportuno y acertado pues contribuye, sin lugar a dudas, a la implementación de los acuerdos de paz que Naranjo construyo con el resto de integrantes del equipo de gobierno y la delegación de las Farc.

Naranjo coloco todo su empeño en diseñar con las Farc, un completo mecanismo de seguridad y protección de los líderes guerrilleros, sociales, populares, indígenas y afros. Mecanismo que debe ser aplicado igualmente para enfrentar el paramilitarismo y sus actuales sucesores que han sido denominadas bandas criminales.

Desde la Vicepresidencia de la Republica, el General, debe dar aplicación rigurosa, conjuntamente con las Farc, a todo este dispositivo, nacional, regional y local, para resguardar a la dirigencia popular, afectada por una despiadada matanza que grupos de ultraderecha uribista están ejecutando sistemáticamente en regiones apartadas de la geografía nacional, poniendo en grave riesgo los pactos de convivencia.

Determinante, también, el papel de Naranjo en la implementación de los acuerdos sobre erradicación de cultivos ilícitos, que según el Ministro de la Defensa deberán ser reducidos en 100 mil hectáreas a  lo largo del 2017, utilizando fórmulas alternativas a la de la aspersión aérea con glifosato.

Por considerarlo de utilidad incluyo en esta nota un Anexo con una presentación del Acuerdo de paz en el tema de la seguridad y protección a los líderes de la insurgencia y del movimiento social, elaborado recientemente y publicado aca en ANNCOL.

Nota 1. Está completamente equivocado el señor Gustavo Petro cuando afirma en las reuniones electoreras que adelanta que la paz con las Farc es una “paz chiquita” y una entrega de los principios revolucionarios. Claudicación y rendición la del M-19 para integrarse, por taxis y prebendas menores, al régimen neoliberal instaurado por Cesar Gaviria con la Constitución de 1991. Chiquita la cuota que recibió este petulante seudo izquierdista que se transo por un consulado para dejar atrás su aventurerismo de novela en Zipaquirá y la Sabana. En vez de estar difamando a las Farc, Petro debería estar aclarando los desastres de su gobierno en Bogotá que afectaron el liderazgo de la Izquierda.

Nota 2. Las agencias imperialistas de inteligencia y terrorismo (Cia, DEA, etc) han desatado una de sus conocidas campañas de mentiras para desacreditar al nuevo Vicepresidente de Venezuela, compañero Tarek El Aissami. Narcotraficante, terrorista, islamista, son los epítetos utilizados por esas entidades para atacar a Tarek. Eso lo único que logra es crecer el prestigio y liderazgo del nuevo Vicepresidente a quien felicitamos y apoyamos desde el movimiento popular colombiano.

La foto de la Nota es la del General Oscar Naranjo.

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Anexo sobre el Acuerdo de Paz en materia de proteccion y seguridad para los lideres de la paz.

Es urgente implementar, sin mas dilaciones, la estrategia acordada entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc para erradicar el paramilitarismo de las elites locales, regionales y nacionales que lo promueven y financian con el fin de mantener sus privilegios y exterminar la oposicion democratica y popular.

 

Hay que vincular a la sociedad civil en la ejecucion del acuerdo alcanzado en esta materia en la Mesa de conversaciones de La Habana.

 

Entre la delegación del gobierno del señor Santos y los representantes de las Farc se ha tejido un documento clave para combatir el paramilitarismo y rodear de garantías a los combatientes revolucionarios de la insurgencia que harán su tránsito a la movilización política legal. De su construcción se han encargado Oscar Naranjo, Policía del gobierno y Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla.

 

Se trata de un muy sólido instrumento político para ejecutar la estrategia  de erradicación del paramilitarismo como fenómeno violento que acompaña el Estado oligárquico colombiano desde finales de la segunda guerra mundial y con ocasión de la participación de soldados colombianos en la infame guerra contra el pueblo de Corea.

 

El paramilitarismo fue implantado por los asesores gringos de las Fuerzas Armadas Colombianas en plena Guerra fría, como parte de la ofensiva anticomunista y contrainsurgente de los gobiernos norteamericanos.

 

Dicho material se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

Dada su trascendencia y sus alcances iniciales es conveniente verlo en detalle. Analizarlo y compartirlo directamente con las comunidades agrarias y populares para exigir su estricta aplicación en las localidades y regiones donde pulula esta perversa organización criminal de paramilitarismo que además de ser una agencia es una cultura y una patología de las elites dominantes.

 

Quiero abordar en este primer artículo el aspecto de la  Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones delincuenciales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que en adelante se conocerá como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

 

En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal d, (http://bit.ly/298kHFA) que trata sobre la implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto:

 

El diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

 

El seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección se realizará en la Instancia de Alto Nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo.

 

La Comisión la preside el Presidente de la Republica.

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.

 

Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla.

 

El enfoque de su trabajo.

 

El trabajo de la Comisión estará enfocado a:

 

a) La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del Plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo;

 

b) Formulará y evaluará el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

c) Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

d) Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal;

 

e) Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo;

 

f) Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes;

 

g) Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

 

h) Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

i) Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos;

 

j) Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

k) Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz- (http://bit.ly/227tOL3);

 

l) Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

m) Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.

 

n) Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.

 

o) Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.

 

Se trata, pues, de un importante dispositivo institucional que ojala se eche a rodar desde ya para desactivar esta potente máquina de muerte y exterminio en las regiones.

 

Armenia, 27 de junio 2016.

 

La construccion de una paz estable y duradera demanda la materializacion de los acuerdos de paz para erradicar y extirpar el paramilitarismo.

 

Hay que proceder a la conformacion de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

A raíz de los trascendentales avances de las conversaciones de paz entre el gobierno del señor Santos y las Farc, el país y su campo político viven una innegable apertura democrática que adquiere las dimensiones de una democracia ampliada favorable para las libertades políticas, la conciencia, la identidad y organización de las masas populares.

 

Parte de esa dinámica son los acuerdos firmados el 23 de junio del año en curso entre las delegaciones concurrentes sobre el delicado tema de la seguridad de los combatientes revolucionarios en tránsito a la movilización política desde las 23 zonas de ubicación y los 8 campamentos correspondientes, e igualmente para los movimientos sociales y populares duramente golpeados por las fuerzas oscuras de la violencia paramilitar que sigue vigente como un instrumento de los señores de la guerra: terratenientes, generales, gamonales y empresarios.

 

La erradicación del paramilitarismo es un desafío central en la construcción de la paz.

 

En esta columna queremos aproximarnos a otros de los dispositivos acordados en la Mesa de La Habana y que se convierte en columna central de la nueva institucionalidad para actuar a fondo contra la violencia ilegal de estos paramilitares que registran una asombrosa capacidad de mutación. Tanto que el Fiscal encargado, Perdomo, ha dicho que los mismos no existen, aunque le confiere a las bandas criminales o Gao el mismo comportamiento de las autodefensas exterminadoras de la oposición democrática y popular.

 

Veamos en concreto este nuevo instrumento acordado en los diálogos de paz.

 

Se trata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5.1.2 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

Dicha Unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato.

 

Su mandato y misión será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

La Unidad Especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la Jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera.

 

Esta Unidad Especial de Investigación tendrá las siguientes características:

 

- Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.

 

- El Director/a de la Unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la Unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores/as públicos adscritos a la misma.

 

- La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción.

 

- La Unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la jurisdicción ordinaria.

 

- Su Director/a deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado/a por un período de 6 años. Al Director/a de la Unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el Director/a de la Unidad podrá ser destituido/a del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Director/a de la Unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria.

 

- Esta Unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia.

 

- Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios/asespecializados/as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto/as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios/as tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El Director/a ostentará el mando funcional de los funcionarios/as del CTI adscritos a su Unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios/as de la Policía Judicial adscritos a la misma.

 

- Los servidores/as públicos que la integren serán elegidos/as por el Director/a de la Unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios/as, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público.

 

- Esta Unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas objeto de su mandato, incluyendo las conductas criminales que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

 

- Esta Unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, considerando la experiencia judicial acumulada en los últimos años, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, incluyendo la perspectiva de género.

 

- Para garantizar su desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuesto suficientes para su funcionamiento. La financiación para el funcionamiento de la Unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. La partida que el Gobierno colombiano aporte a estos efectos será de obligatoria inclusión en el presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación que será sometido a la aprobación del Congreso y de destinación específica para la Unidad. Los recursos se ejecutarán según el plan que establezca su Director/a, sin perjuicio de los controles establecidos legalmente. La Unidad podrá solicitar fondos extraordinarios al Estado o a la cooperación internacional y en este último caso podrá negociar y recibir fondos internacionales para su funcionamiento. La Unidad podrá celebrar cualquier convenio o acuerdo de cooperación internacional para fortalecer el cumplimiento de su mandato.

 

- La Unidad de Investigación, compartirá periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un informe sobre los avances y resultados.

 

- La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la Unidad, solicitará a la Unión Europea el envío de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la Unidad y asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la Unidad a través de la Fiscalía General de la Nación.

 

- Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz. Podrá utilizar los mecanismos de acceso a documentos y fuentes de información previstos para la Jurisdicción Especial para la Paz (numeral 69 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz).

 

- La Unidad garantizará la reserva legal en el cumplimiento de sus funciones y tomará las medidas necesarias para proteger a los testigos y víctimas que así lo requieran.

 

Competencia.

 

La Unidad Especial:

 

Perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato.

 

Investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores/as, instigadores/as, organizadores/as y financiadores/as de estas estructuras a la autoridad competente a efectos de apertura de juicio o de investigación por otro órgano que resultara competente.

 

Asumirá las investigaciones en los supuestos en los que se hayan producido compulsas de copias en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de Justicia y Paz para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales incluidas en este acuerdo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

 

Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

 

Asumirá las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios/as del Estado.

 

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, continuará conduciendo la investigación penal, y adicionalmente, dará traslado a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

 

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, la Unidad solicitará ante las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras.

 

Velará porque no existan normas que, directa o indirectamente, permitan o promuevan la existencia de estructuras paramilitares o sucesoras de estas, informando sobre lo anterior a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se adopten las medidas pertinentes.

 

Podrá informar periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de los avances y obstáculos en el cumplimiento de su misión.

 

Coordinará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz el intercambio de información sobre lo que sea de su competencia.

 

 

 

Cuerpo elite de la Policía.

 

Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad.

 

Garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscal, jueces y otros servidores/as públicos.

 

Los servidores/as públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se les garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad evitando cualquier perturbación, o amenaza a sus funciones y brindando las respectivas garantías de seguridad.

 

La construcción de la paz demanda que todo este aparato institucional de acción ofensiva contra el paramilitarismo se materialice pies esas organizaciones están muy activas destruyendo las posibilidades regionales de la convivencia, la paz y la democracia ampliada.

 

 

En la construccion de la paz, las Farc organizaran su movilizacion politica con un nuevo partido. Hay que implementar ya todas las medidas de proteccion  de sus mimebros acordadas para prevenir la repeticion del exterminio de la Union Patriotica.

 

El drama vivido por la Unión Patriótica no puede ser repetido. El exterminio espantoso de sus militantes por los grupos paramilitares es una amenaza que debe ser conjurada.

 

El paramilitarismo que es el alma y  esencia del Estado oligárquico colombiano mutara e intentara acribillar a los integrantes del nuevo partido político que organicen las Farc y el movimiento social agrario en su legitima acción política.

 

En ese sentido son prioritarias las medidas acordadas en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno y la delegación guerrillera para generar un sistema de seguridad efectivo para el ejercicio de la política democrática y transformadora.

 

Acá queremos referirnos a este punto neurálgico en la construcción de la paz, el cual fue acordado el pasado 23 de junio y que requiere ser implementado rápidamente, especialmente en las regiones y zonas donde el conflicto ha sido más agudo.

 

Veamos pues los detalles de lo consensuado.

 

Se creara un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

 

El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el consenso sobre Participación Política.

 

Medidas de protección, seguridad personal y colectiva.

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado “Un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integrantes –hombres y mujeres- en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del “Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz”, acuerdan:

 

Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

 

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política (http://bit.ly/298kHFA), la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

 

La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: numeral 2.1.2.1 ver http://bit.ly/298kHFA ) desarrollará e implementará, los siguientes  componentes del Sistema de Seguridad:

 

- Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las Entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas:

 

Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas.

 

- Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

 

- Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1.   literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

 

La Instancia estará conformada por:

 

a) El Presidente de la República.

 

b) El Ministro del Interior.

 

c) El Ministro de Defensa.

 

d) El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

 

e) El Comandante de las Fuerzas Militares.

 

f) El Director de la Policía Nacional.

 

g) El Director de la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.

 

La Instancia de Alto Nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

 

El Gobierno Nacional garantizará la participación en la Alta Instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado/a de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados/as de entidades del Estado y órganos de control.

 

Delegado/a Presidencial:

 

El Presidente de la República, designará un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores/as de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

 

Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo "Participación política: Apertura democrática para construir la paz", numeral 2.1.2.1, literal c, (http://bit.ly/298kHFA ) que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

Este Programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes.

 

Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo que se establezca en el Acuerdo Final y desde la firma del mismo.

 

Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP.

 

 El Gobierno Nacional, creará una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección especializada de seguridad y protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo.

 

Mesa Técnica de Seguridad y Protección:

 

El Gobierno Nacional, pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este Acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Mesa Técnica tendrá las siguientes funciones:

 

Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

 

Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Mesa Técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección, será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades. Así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo.

 

A iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el Delegado/a Presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos -decretos y desarrollos- que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

La Mesa Técnica estará integrada por las y los delegados/as del Gobierno Nacional, en cabeza del Delegado/a Presidencial, el Director/a de la UNP y el Subdirector/a de la nueva subdirección especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario/a, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá el o la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia.

 

Antes de la firma del Acuerdo Final, participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes.

 

Firmado el acuerdo los delegados/as designados/as por las FARC-EP seguirán haciendo parte de la Mesa Técnica. Creado el movimiento político se incorporarán a la Mesa Técnica las y los representantes que este designe.

 

Exigimos que este esquema institucional sea organizado desde ya para que la construcción de la paz sea una realidad inmediata. Sin dilaciones y sin trampas como las que están colocando ciertas fichas del sistema judicial ord

Las claves de la paz y su avance estan en las veredas, municipios y territorios.

La ultraderecha paramilitar tolimense ha desatado una campaña sucia para estigmatizar los municipios en que se estableceran Zonas Veredales Transitorias de Normalizacion.

Quieren asustar a la gente con montajes como el que promueve el ex senador Carlos Garcia Orjuela para sabotear la ZVTN de Iconozo.

La vereda el Jordan, de Planadas, sera punto de concentracion de los guerrilleros de las Farc en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Horacio Duque. 

Planadas es uno de los 47 municipios del departamento del Tolima. Su fundación data del año 1966 y en la actualidad tiene una población cercana a los 30 mil habitantes.

El municipio hace parte de la provincia del Sur del Tolima conformada por Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Rioblanco y Roncesvalles, con una población cercana a los 250 mil habitantes.

Mediante el Decreto 2017 presidencial de diciembre del 2016 se organizó en la vereda el Jordán (hay 97 veredas) una Zona Veredal Transitoria de Normalización en desarrollo de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y las Farc el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

El actual alcalde es el señor José Funor Dussan García quien adelanta su gestión mediante la implementación del Plan de Desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro pueblo” (http://bit.ly/2jxEkKw ).   

Su página Web se encuentra en la siguiente dirección (Ver http://bit.ly/2jSKXdX ) y es la ventana de la alcaldía municipal que debe servir para consultas permanente respecto de la administración y sus labores de política pública y de ejecución presupuestal, en el marco de la democracia ampliada y participativa que cuenta con herramientas claves como las Audiencias públicas, las veedurías ciudadanas, las rendiciones de cuentas, los derechos de petición y los planes de acción.

De mucha trascendencia para los desarrollos del municipio es el Contrato Plan Sur del Departamento del Tolima que compromete inversiones por 900 mil millones de pesos y se enfoca en el desarrollo rural integral con enfoque territorial con cuatro prioridades: Desarrollo rural con enfoque territorial, infraestructura, vías terciarias, sostenibilidad ambiental y desarrollo social (Ver http://bit.ly/2jkOoJy ).

La organización de la ZVTN es un hecho de paz de gran impacto en Planadas y toda la provincia del Sur tolimense.

Su consolidación y capacidad transformadora esta en estrecha relación con el acompañamiento de la sociedad civil regional.

En ese sentido, en Ibagué y los otros municipios, varios grupos están organizando la presencia de colegios, estudiantes, profesores, trabajadores, mujeres, empresarios, iglesias, partidos y otras agremiaciones sociales para que acompañen la ZVTN y sus integrantes en su reincorporación a la sociedad civil regional, mediante la organización de un nuevo partido político y de redes productivas cooperativas que garanticen la estabilidad de los combatientes guerrilleros.

La paz depende mucho de estos procesos territoriales pero también de una nueva cultura política que se apoye en los nuevos imaginarios sociales de la reconciliación y en sentidos comunes progresistas que reconfiguren los mundos de vida que facilitan la interpelación con discursos violentos y engañosos como los que agencia la ultraderecha fascista mediante mentiras, engaños y manipulaciones grotescas de los consensos de paz alcanzados para poner fin al prolongado conflicto social y armado que por décadas golpeo esta región colombiana.

Iremos a Planadas con los colegios y los estudiantes del departamento a darle una Voz de aliento a la resistencia agraria que se ubicara en la Vereda el Jordán de Planadas.

La fotografia corresponde a la vereda del Jordán.

HDGA

 

 

 

 

 

 

El fascismo esta en auge y en el caso de Colombia, su arremetida ya cuenta con un plan para derrocar al Presidente Juan Manuel Santos, jefe constitucional del Estado.

Van por el proceso de paz para enterrarlo definitivamente con la violencia, la matanza, la manipulacion, la demagogía seudo democrática y la presion abierta que infunda miedo y panico en la sociedad.

La unidad de los democratas y defensores de la paz es un imperativo del momento historico.

Horacio Duque.

El fascismo como la modalidad más extrema del terrorismo de las elites políticas oligárquicas está en auge por todo el mundo. Para explicar ese rebrote infernal es preciso asociarlo con la crisis económica y financiera del capitalismo, desatada desde el 2008 y con grandes repercusiones históricas y geográficas.

De igual forma sucedió con la gran depresión de 1928 que destruyó la economía capitalista de aquella época dando origen a gigantescas crisis políticas y a la violencia de las clases dominantes contra el pueblo y la clase obrera.

Esa quiebra bursátil fue el caldo de cultivo para el ascenso del Nazismo (Nacionalsocialismo) en Alemania, encabezado por Hitler quien desato la segunda guerra mundial con los desastres humanos conocidos.

Hoy observamos tendencias similares muy peligrosas por todo el planeta. Ha triunfado Trump en los Estados Unidos y su gobierno anuncia momentos terribles para todos dada su condición racista, xenófoba, machista y supremacista. El gabinete nombrado por el nuevo Presidente gringo es una verdadera jauría de locos violentos dispuestos a todo. Por toda Europa las hordas neonazis están alborotadas. En Francia, Alemania, Suiza y Gran Bretaña, esos movimientos crecen mediante la demagogia y manipulación del miedo a las corrientes migratorias generadas por las guerras del Medio Oriente, organizadas por las potencias imperialistas.

En Colombia el fascismo también saca pecho y se encarna en el denominado uribismo y su articulación en el conocido Centro Democrático, que es una fachada política en la que se camuflan fichas extremistas de esencia autoritaria y totalitaria, con muy arraigados imaginarios anticomunistas violentos. En realidad el Centro Democrático no es otra cosa que la infraestructura de las bandas paramilitares y los ejércitos privados del latifundio feudal imperante en las regiones.

El uribismo es una asociación de individuos y corrientes sociales que se inclinan por la fuerza bruta y la imposición de sus privilegios y creencias ideológicas retrogradas.

El ataque a los acuerdos de paz con las Farc para poner fin al prolongado conflicto social y armado es hoy su prioridad, acusando al Presidente Santos de ser un traidor por su compromiso con los consensos alcanzados sobre la materia con la insurgencia agraria.

Para alcanzar sus objetivos han organizado una estrategia de golpe que, suma acciones políticas y armadas, para derrocar las actuales autoridades constitucionales y legales representadas por el Presidente Juan Manuel Santos.

Un campo de sus planes está referido a la proyección de un referendo revocatorio que, edulcorado con ataques a los altos sueldos de los funcionarios públicos y con distorsiones vulgares de los acuerdos de paz, se plantea la meta de revocar el mandato del Jefe de la Casa de Nariño y la derogatoria de las leyes y actos legislativos que implementan los acuerdos de paz.

Recojo los elementos de dicho plan en la presentación que hace Libardo Botero Campuzano en el Portal Debate, muy cercano a las sensibilidades y andanzas del caudillo ultraderechista, quien deberá ser juzgado (como ocurrió con Pinochet y Fujimori) prontamente por el Tribunal de Paz por su trayectoria asesina y mafiosa, tal como lo ha demostrado el periodista Gonzalo Guillen.

Dice Botero Campuzano:

“….el meollo de la propuesta, lo que ha generado enorme simpatía, es la revocatoria del presidente. Desde hace más de dos años, como se ha corroborado en multitudinarias marchas, como lo ratificó luego el plebiscito, millones de colombianos claman por la salida de Santos.

“Su mandato, el de Santos, es ilegítimo por su origen, y más ilegítimo por sus ejecutorias, como el desconocimiento del plebiscito y la imposición atrabiliaria del acuerdo con las Farc. Por eso y por la corrupción incalificable que ha desatado su administración, así como por el manejo desastroso de la economía, la salud, la educación y demás responsabilidades del primer mandatario, las gentes anhelan su revocatoria inmediata”, según este aventurero delirante.

“Aunque esa figura no está contemplada ni regulada por la ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, no está prohibida por la Constitución. Por el contrario, se halla implícitamente contenida en su artículo 40 -como lo sostiene certeramente la promotora del referendo-, cuando establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y que una de las formas de hacer efectivo ese derecho es poder “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley”. No hay ningún funcionario elegido que se excluya de esa posibilidad; lo único que sucede en el caso del Presidente es que no ha sido contemplado (pero tampoco prohibido) ni reglamentado por ley. De tal manera juristas de la talla de Jaime Castro han señalado que “si ese referendo es aprobado, se podrá adelantar revocatoria del Presidente”; además, el referendo “no requiere autorización previa ni aprobación posterior del Consejo de Estado”.

“Entonces, si no queda en el Congreso nada qué hacer, la única opción válida que tiene el CD -distinta a quedarse paralizado o dedicado a protestar y dejar constancias- es apelar de nuevo al pueblo, a través de la única vía legítima que permite aún nuestro ordenamiento, si no es bloqueada arbitrariamente por alguna de las instancias superiores del Estado: utilizar la figura del referendo, en este caso derogatorio. Si se logra por este medio dar al traste con una o varias de las medidas principales que ponen en práctica los acuerdos, como el acto legislativo del “Fast Track”, la ley de amnistía, la que creará la Justicia Especial para la Paz (JEP), y la que acepta los acuerdos como “especiales” e incorporables automáticamente a la Constitución, se habrán logrado derrotar los pilares de su aplicación, obligando a una reconfiguración de los acuerdos.

“El hecho es que en el referendo de la señora Sánchez, que es un referendo constitucional aprobatorio, la Registraduría aceptó que se contemplaran varias preguntas de contenidos muy disímiles (Ver Resolución 13324 del 20dici2016). El único requisito legal en el caso del derogatorio es que cuando se inscriba el comité ante las autoridades respectivas, hayan corrido menos de seis meses desde que las normas que se quieren anular hayan entrado en vigor. Que es el caso de todas, en estos momentos, incluido el “Fast Track” que para la misma Corte Constitucional solo entró a cobrar vigencia a fines del año pasado. De resto, se requerirían firmas con al menos el 10% del censo electoral, unos tres y medio millones, para que se convoque obligatoriamente. Y por su carácter, no tiene que pasar por el Congreso.

“Dicho todo esto, afirma Botero, las alternativas prácticas no son sencillas, ante la presencia de dos referendos, uno aprobatorio y otro derogatorio. Pero podría pensarse en un escenario en que se adelante la recolección de firmas simultáneamente por los dos referendos, en acuerdo con los promotores del primero, buscando también conjuntamente que, al final, y si se recogen las firmas necesarias, se voten el mismo día. Ya en la campaña para la votación, al punto que habría que hacerle énfasis del primer referendo sería exclusivamente al segundo, donde se pregunta si se aprueba la revocatoria de Santos (a mi juicio los otros dos no son pertinentes).

“El esfuerzo para esta tarea es descomunal, argumenta. No habrá apoyo oficial, sino saboteo y ataques. Pero se cuenta con una inmensa audiencia en la ciudadanía, que proporcionará, sin duda, los cuantiosos recursos materiales que demande todo el proceso, para la publicidad, las reuniones, las movilizaciones, en fin. Y, por supuesto, es indispensable contar con una amplia coalición, que agrupe a todas las vertientes que apoyaron el NO para el plebiscito de octubre pasado, de la manera más coordinada posible.

“Estos, en mi opinión, son los retos básicos que tiene el CD en 2017. Si, con la ayuda de todos los sectores que están descontentos y se sienten traicionados y maltratados, los afronta con éxito, podrá sentar las bases para la salvación de Colombia y la conquista y construcción de un gobierno distinto” (Ver http://bit.ly/2jsKGuA ).

Sumele a esta retorica falsamente democrática la demanda de otro de estos escribientes, Eduardo Mackenzie, de adelantar acciones armadas y violentas para acabar con Santos y el tema no es como para morirse de la risa o echarse a dormir (Ver http://bit.ly/2jFZtBz ).

Que tomen nota en la  Casa de Nariño de toda esta conspiración anunciada a los cuatro vientos para destruir lo poco de democracia, paz y libertades que existe hoy.

Se nos vino encima esta bestia infernal neonazi y fascista con todo su arsenal de muerte y odio.

 

 

 

 

 

Revocar Presidente, gobernadores y alcaldes es un asunto de incumbencia democratica de amplios sectores sociales colombianos en los primeros dias del 2017.

A Peñalosa, el alcalde de Bogota, lo quieren revocar por clientelista, neoliberal, antisocial, deshonesto, enemigo de la naturaleza y perseguidor policial de los movimientos populares capitalinos.

Fuerte campanazo para todos estos funcionarios. Que escuchen la voz del pueblo.

Horacio Duque.

Con los primeros días del 2017 han aflorado por el territorio nacional grupos ciudadanos para solicitar la revocatoria de varios alcaldes, gobernadores y del presidente Juan Manuel Santos.

La revocatoria es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador, a un alcalde o al Jefe de la Casa de Nariño.

Su reglamentación y bases están incluidas en la reciente Ley de participación democrática, la 1757 del 2015 (Ver http://bit.ly/2f2L2cI ), la cual reformo la Ley 134 de 1994, mediante una acción que lidero el ex Viceministro del Interior, Doctor Juan Fernando Londoño, amplio conocedor, defensor y promotor de los procesos de democratización política.

La revocatoria es, por supuesto, una institución muy importante pero su aplicación no ha presentado los mejores resultados durante casi 20 años. Sera necesario volver sobre la misma para corregir las limitaciones que la tornan ineficaz.

Por supuesto, no se trata de adoptar un mecanismo destructor y desestabilizador para que aventureros y anarquistas de todos los pelambres orquesten campañas orientadas a paralizar las instituciones públicas y comunitarias.

La revocatoria del mandato, más allá de las interpretaciones perversas, debe ser un mecanismo profiláctico para combatir graves enfermedades crónicas de los gobiernos y no munición ordinaria de francotiradores desesperados, al que se debe recurrir cuando ya se hayan agotado otras posibilidades que se encuadren dentro del diálogo, las objeciones, los reclamos, incluso la protesta social.

Es bueno no olvidar que en tan breve tiempo transcurrido puede ser posible, a lo sumo, conseguir un cargo en la burocracia pero muy complicado exigir cuentas del desarrollo coherente y sistemático de una política pública que demanda más tiempos para su maduración y ejecución.

Alguna medida debe haber, alguna proporción o gradualidad que permita agotar etapas, antes de acudir  al mecanismo extremo que pretende extirpar al gobernante,  desaparecerlo de la escena política, mucho más cuando el resultado de su elección, que no le pertenece a él, es una conquista de la  democracia con todas sus imperfecciones y dolencias.

Por el momento las peticiones de revocatoria del mandato se focalizan en el Presidente Juan Manuel Santos, los Alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa; Bucaramanga, Rodolfo Hernández; Neiva, Rodrigo Lara; Pereira, Juan Pablo Gallo; Tebaida, Rosa Patricia Buitrago; y el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

En el caso del Presidente Santos, los promotores son los uribistas del Centro Democrático que argumentan discrepar de los acuerdos de paz, de la reforma tributaria, del salario mínimo,  de los robos de Reficar, Isagen y la mermelada de las regalías.

Con Peñalosa, las quejas se refieren a su incumplimiento en la construcción del Metro, por favorecer los negocios de los pulpos del transporte pegados a Transmilenio; la absurda urbanización de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, afectando los derechos ambientales de los bogotanos; la privatización neoliberal de la ETB; el atropello policial de los movimientos sociales; y su falta de títulos universitarios legales.

A Hernández, el de Bucaramanga, el viejo oligarca urbanizador y negociante de la vivienda popular, lo quieren revocar por no cumplir con su plan de gobierno y su falta de gestión. Ha sido un fiasco completo este caimán de los negocios urbanos que se las da de pulcro y ético.

A Rodrigo Lara, el de Neiva, le están exigiendo que cumpla y erradique la corrupción de la administración municipal.

A Juan Pablo Gallo, el Alcalde de Pereira, lo acusan de corrupción y contratismo oscuro en varios frentes del gobierno local.

A Rosa Buitrago, de La Tebaida, la patria chica de Timochenko, le reclaman que cumpla con las metas de empleo, seguridad, educación y salud.

A Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío, lo quieren revocar los uribistas en sociedad con las mafias de la exgobernadora Sandra Hurtado y su marido, un prominente Jefe del Cartel del Norte del Valle, con asiento en Cartago, que es un predio de Hernando Gómez, alias Rasguño, quien a pesar de estar purgando una larga pena en Gringolandia, sigue mandando en tal municipio, mediante senadores, diputados y políticos de bolsillo de toda la región cafetera. No le perdonan a Osorio haber quitado las fichas corruptas del gobierno departamental, que pertenecen a la cuerda de los mafiosos.

Todos estos procesos revocatorios, a pesar de que tienen muy pocas posibilidades de prosperar, son importantes, pues tienen la ventaja de ser un llamado de atención (un campanazo) a los respectivos funcionarios para que escuchen la voz del pueblo que se muestra inconforme con sus gestiones.

La revocatoria del mandato no debe verse como una amenaza, es una oportunidad para  profundizar la democracia y el pluralismo político.

 

 

 

 

 

 

La paz se construye y enraíza en las regiones y sus comunidades populares.

Voces de paz se hace presente en el Tolima y en los territorios de expresión de la resistencia agraria.

El colmo del cinismo la afirmación del Ministro Villegas y los generales de su cúpula de que en Colombia no hay paramilitarismo. Entretanto crecen las amenazas y asesinatos ejecutados por las bandas paramilitares en diversos lugares del territorio nacional.

Horacio Duque.

El Tolima (Dulima, rio de nieve o nube en lengua Pijao) es uno de los 32 departamentos de Colombia, con una densa historia social, política y cultural.

Fue formalmente creado en 1861 a partir de los territorios de la antigua provincia colonial de Mariquita.

Su territorio ha sido históricamente espacio de civilizaciones indígenas muy independientes y rebeldes, con un notorio sentido anticolonial.

Actualmente está integrado por 47 municipios y seis provincias.

En el Tolima se constituyeron las Farc, fue en los años 60 del siglo XX. Su origen es un aguerrido grupo de campesinos e indígenas organizados para resistir la violencia latifundista y oligárquica.

En la actual etapa, de diálogos, negociaciones y construcción de la paz, sus habitantes, más de 1 millón 500, y sus líderes, han manifestado su compromiso con los acuerdos y consensos que buscan poner fin a un largo conflicto armado, con graves impactos entre los sectores más vulnerables de dicha región.

En la actual coyuntura un asunto de la mayor trascendencia es la conformación de dos Zonas Veredales Transitorias de Normalización/ZVTN en los municipios de Planadas e Icononzo.

En Planadas, un municipio situado al Sur del Tolima, con cerca de 35 mil habitantes, mediante el Decreto 2017 de diciembre del 2016 (http://bit.ly/2jFx5Ua ), se dispuso que la vereda El Jordán será una ZVTN por los próximos seis meses.

E, igualmente, mediante el decreto 2006 de diciembre del 2016 (http://bit.ly/2j2CXDI ), se determinó, por la Presidencia de la Republica, organizar otra ZVTN, en la vereda La Fila, del municipio de Icononzo (10 mil habitantes), lugar en el que permanecerán por 180 días los miembros de las Farc mientras se da el proceso de dejación de las armas y la conformación de un nuevo movimiento político con las organizaciones cooperativas y solidarias previstas.

El día 10 de enero, en la ciudad de Ibagué, se reunió un grupo de personas para proyectar un plan de trabajo con un conjunto de actividades orientadas a profundizar el compromiso de la sociedad civil regional con la implementación de los Acuerdos de paz.

El primer paso consistió en dar un amplio respaldo a Voces de paz y convivencia, la entidad organizada desde finales del año anterior para hacer la veeduría y seguimiento a la implementación legislativa y ejecutiva de los pactos de paz.

Jairo Rivera, uno de sus integrantes, expuso ampliamente en dicho encuentro la necesidad de una mayor vinculación de todas las expresiones de la sociedad regional en la arquitectura de la convivencia y de la paz positiva como materialización de la justicia, la democracia ampliada, la equidad y la no violencia.

Este núcleo primordial de acción por la paz en el Tolima se propone propiciar encuentros populares en las dos zonas ya indicadas, con el fin de profundizar los diálogos y las gestiones correspondientes a los avances de la paz.

De tales encuentros populares deben ser protagonistas los estudiantes de bachillerato, los profesores, los universitarios, los líderes comunales, los campesinos, las mujeres, los empresarios y las redes religiosas que involucran amplias capas de la sociedad.

Un evento mayor consistirá en la realización, a finales del mes de febrero, de una Audiencia pública de rendición de cuentas sobre los avances de la paz en el Tolima.

De lo que se trata es de apalancar, obviamente, una discursividad que sirva de referencia a un nuevo imaginario social de la paz y fuente de nuevos códigos que enriquezcan el sentido común para modificar el que está más asociado con el individualismo, el mercantilismo, la violencia y el neoliberalismo.

Llega Voces de paz y reconciliación al Tolima y su experiencia en los próximos días será un piloto referente para el resto de regiones y departamento de la nación.

Nota. Campeones en cinismo el Ministro Villegas de Defensa y su cúpula de generalotes que con el mayor descaro salen, orondos y majos, a proclamar que el paramilitarismo ya no existe en esta república ensangrentada por la ultraderecha mocha cabezas. Los paramilitares, señores del gobierno, se están reorganizando y operan libremente por todo el territorio. En el Tolima están muy instalados en Ibagué y han desatado una campaña de amenazas de muerte contra un centenar de activistas agrarios y populares. Igual en Armenia y el Norte del Valle, allí tienen amenazados a reconocidos defensores de derechos humanos que están sin protección y conminados a abandonar sus actividades profesionales y lugares de residencia.

Doctor Villegas, deje a un lado tanta mentira y engaño y asuma su responsabilidad con los acuerdos de paz.

 

 

 

 

 

Un gobierno de transicion a la paz es una prioridad nacional para dejar atras, de manera cierta, decadas de violencia y atropellos.

Fast track es el pivote de la nueva institucionalidad de la "paz positiva" con derechos, equidad, solidaridad y erradicaicon del neoliberalismo.

Un gobierno de transicion a la reconciliacion es mas que la "paz negativa" de la simple "no guerra".

Horacio Duque.

La transición en los regímenes políticos es un tema objeto de amplia reflexión en la Ciencia política. La literatura sobre la materia es abundante y el análisis correspondiente cuenta con especialistas muy reputados, como Guillermo O’Donnell, politólogo argentino, con importantes aportes sobre la materia a propósito de las transiciones desde el autoritarismo a la democracia liberal en Argentina, Chile, Brasil y los Estados del Sur de Europa, en las décadas finales del siglo XX.

En su importante intervención en el Teatro Colon de Bogotá, el pasado 24 de noviembre, el Comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, con ocasión de la firma del Acuerdo definitivo de paz, planteo la hipótesis de la proyección de un gobierno de transición para la paz.

Una transición, al decir de los expertos, es el paso de un sistema a otro. En este caso, nos encontramos en el camino de la superación del régimen de violencia que predomino por más de 5 décadas en la historia colombiana,  y en la tarea de construir la paz, que ha dado sus primeros pasos con la “paz negativa” (Johan Galtung), como ausencia de la guerra, por la efectividad del Cese bilateral del fuego y hostilidades entre las partes. Hay aún, obviamente, elementos de una “paz imperfecta”, dada las dificultades que registran las negociaciones con el ELN y el EPL.

La “paz positiva” con derechos, equidad, democracia ampliada, sin neoliberalismo, con unas Fuerzas Armadas comprometidas en la erradicación de la violencia, sin matanza de líderes sociales y con  una justicia especial, demanda un nuevo edificio institucional, una gobernabilidad y gobernanza comprometidas con los pactos y consensos establecidos entre el Estado y la insurgencia agraria.

Por encima de sesgos ideológicos o de prejuicios políticos, tal infraestructura ya está en curso. El Fast Track es el axial que pivota el nuevo andamiaje de la no violencia al hacer realidad las instituciones y las reglas correspondientes (Douglass North) . Ya ha sido aprobada la Ley de amnistía e indulto y en los próximos días será creada la Jurisdicción especial de paz, el Tribunal respectivo, con la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los desaparecidos.

Para reforzar esa arquitectura transicional,  el evento de mayor trascendencia debe ocurrir durante las próximas semanas para aprobar el Acto Legislativo que dispone que La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 (Ver http://bit.ly/2difGiL ) y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.  

Por el Fast Track, el Presidente Juan Manuel Santos, tiene facultades extraordinarias, para que vía decretos y documentos Conpes, se implementen los otros consensos que ya cuentan con una importante red de instituciones en las Comisiones de seguimiento, reincorporación y verificación.

Transición, no restauración (Ver http://bit.ly/2hPgDLW ), es la ruta de la consolidación de la paz,

Nota.

Risible la reyerta de comadres entre los ideólogos de cabecera del Caballista del Ubérrimo. Botero, director del Portal Debate (Ver http://bit.ly/2i9h7xf ), y Mackenzie, columnista del mismo, discrepan por las posiciones del prestigioso y ponderado senador del Centro Democrático, Doctor Iván Duque Escobar, escogido como el mejor legislador del 2016. Mackenzie es un energúmeno  ex maoísta que anda promoviendo escenarios de putsch contra el gobierno constitucional del Presidente JM Santos. Peleas entre maoísmos degradados por la derecha, como lo diagnostica Badiou, el filósofo francés, él sí de izquierda maoísta. Son de la misma cuerda extremista de José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel. La tapa seria que Robledo y Aurelio Suarez, del Moir, entren a terciar en esa puja. Nada raro, dadas tantas coincidencias entre estos maoístas que se han convertido en la vocería de los modos rurales del capitalismo cañero y ganadero.

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@duque_2016

 

 

 

La construccion de la "paz positiva" en los territorios es clave para que se fortalezca su legitimidad. 

En Antioquia la sociedad civil pide participacion en la organizacion y funcionamiento de los territorios de paz.

Horacio Duque.

La construcción territorial de la paz ya está en curso, como parte de la misma el gobierno nacional expidió 27 decretos (Ver http://bit.ly/2i1ykZm ) para organizar los espacios de ubicación de los integrantes de las Farc en su transición a la movilización política y social con el fin de hacer realidad la “paz positiva” con derechos y justicia social efectiva para las comunidades y las familias campesinas, que supere el enfoque de la simple “paz negativa” como ausencia de guerra y la “paz imperfecta”.

Para el departamento de Antioquia han sido expedidos los decretos 2010, 2016 y 2025, que trazan las regulaciones de los territorios de paz en Ituango, Remedios, Yondo y Anorí.

Pero como la aplicación de los acuerdos de paz presenta demoras, la llegada de los combatientes guerrilleros ha registrado dificultades debiendo conformarse, por el momento, 11 Puntos de Preagrupamientos Temporal/PPT, en el caso de la región antioqueña.

La paz y su implementación, tiene en el enfoque territorial un elemento bastante sensible. Es en los espacios geográficos en los que la realidad de la paz se visualiza mejor usando conceptos como terreno, bloque, región, localidad, vereda, municipio, departamento, que simbolizan el espacio donde se juega la hegemonía popular y nacional. Hablar de topografía es hacerlo de clases sociales, de formas de propiedad, de enclaves militares, de medios de comunicación, de rebaños religiosos y de grupos culturales.

En esos espacios se dan procesos que conforman la correlación de fuerzas en los ámbitos social, normativo y político.  

Es en los espacios regionales donde se asientan los dominios políticos, ideológicos y militares de las oligarquías tradicionales. Es allí donde se despliega con mucha eficacia la violencia, la coerción, la manipulación y subordinación del pueblo.

En este caso concreto, nos referimos a un departamento con 63.600 kilómetros cuadrados; casi 7 millones de habitantes; 125 municipios; un Área Metropolitana de 4 millones de habitantes; y 9 sub regiones.

Con un enorme dispositivo militar centralizado en la Séptima División del Ejército que tiene bajo su mando las brigadas 4, 11, 17, Brigada de Selva 15, la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. A lo que se agregan los dispositivos de policía, Marina y Fuerza Aérea con una base estratégica en Rio Negro.

La transformación de las Farc en una fuerza política y civil en Antioquia está ocasionando un alto impacto regional, provocando el nerviosismo de una elite política bastante reaccionaria y corrupta que se niega a la democracia ampliada y la paz.

Su rechazo a los desarrollos de la paz se expresa por boca del gobernador Luis Pérez, quien aún no se acostumbra a la democracia ampliada, y por eso acude a la mentira y difamación para lanzar acusaciones falsas sobre prostitución infantil, desorden público, con consumo desproporcionado de licor, e intimidaciones a la población civil y a las autoridades municipales, por los militantes de las Farc; aseveraciones que los propios alcaldes antioqueños han rechazado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, ha desmentido con investigaciones profesionalmente documentadas.

Luis Pérez está utilizando la democracia y los medios de comunicación para engañar, para insultar y agredir, evitando la controversia y el debate pluralista sobre el histórico proceso de paz y sus proyecciones en el departamento de Antioquia.  

Rectifique gobernador, sigue usted con el mismo lenguaje politiquero de los últimos 100 años. Juéguele limpio y con transparencia a la paz.

Para evitar esta grotesca manipulación politiquera, en la que ya se infiltro, obviamente el caballista del Ubérrimo, con sus consabidas intrigas, varias organizaciones sociales, científicas, universitarias, religiosas, empresariales, académicas, sindicales, femeninas, institucionales y democráticas, hemos organizado una Veeduría de control ciudadano al proceso de paz en Antioquia para acompañar su correcta implementación mediante propuestas e iniciativas que hagan una realidad la paz para los antioqueños.

Por eso pedimos tener presencia en la Comisión que desde este martes 3 de enero/2017 ira a los 11 Puntos de Preagrupamiento de Paz de Antioquia, integrada por Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria Departamental de Gobierno, Luis Guillermo Pardo, Asesor de Paz, Tatiana Gutiérrez, Gerente de Paz de la Gobernación y el Coronel de la Policía Nacional, Wilson Pardo, comandante de la Policía, quien de acuerdo con los Protocolos debe ir de civil a las zonas de localización de las Farc.

En ese sentido, para que no se diga que nos oponemos a todo con el fin de sabotear el funcionamiento del gobierno departamental, encontramos oportuna y acorde con los pactos agrarios de paz, el proyecto de Luis Pérez de conformar una Empresa de Desarrollo Agroindustrial para Antioquia (Ver http://bit.ly/2i1ykIO ), como parte del actual Plan de Desarrollo de Antioquia  “Pensar en Grande” (Ver http://bit.ly/1QYp6wx ); es muy buena idea que esperamos tenga un gran énfasis en la Innovación social, con importantes avances en Medellín y el Área Metropolitana del Aburra (Ver http://bit.ly/1LS0DAm ).

Tambien encontramos plausible el proyecto regional para la recuperacion del ferrocarril de Antioquia que mejorara las condiciones de movilidad de cientos de campesinos. ( Ver http://bit.ly/2i1ykIO )

En igual sentido nos parecen oportunas las medidas proyectadas para resolver los graves problemas financieros de SaviaSalud (Ver http://bit.ly/2ioQpDZ ), arruinada por el saqueo de los politiqueros de Antioquia, pues su hueco fiscal es casi de un billón de pesos afectando hospitales, médicos, enfermeros y, por supuesto, a miles de personas en condiciones de extrema pobreza, con graves problemas de salud.

Sin salud no hay paz. 

Lo que si es otro exabrupto es nombrar militares como vice alcaldes de los municipios, casi 125. Lo mejor es diseñar otros mecanismos conjuntamente con las Farc, el gobierno nacional y la sociedad civil para erradicar el paramilitarismo de las Bacrim que controla la Oficina de Envigado. (Ver http://bit.ly/2i1ykIO )

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@duque_2016

 

 

 

 

 

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