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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Horacio Duque

Muy oportunas y esclarecedoras las tesis de la Ministra del Trabajo, Clara Lopez, sobre la actual coyuntura historica que vive Colombia con la paz firmada entre el Estado y las Farc, expresadas en una entrevista en el periodico El Tiempo, de hoy 5 de febrero del 2017.

No al apartheid ultraderechista, uribista, vargasllerista y moirista contra los combatientes revolucionarios de las Farc, es lo que nos propone Clara.

Si a la Convergencia democrática en defensa de la paz y la democracia ampliada.

Vamos todos, todo el campo popular, a rodear y llevar nuestra solidaridad y apoyo a los guerrilleros, guerrilleras y niños de las Farc en las Zonas Veredales Transitorias.

Existía amplia expectativa respecto de las decisiones políticas y electorales que tomaría Clara Lopez, la actual Ministra del Trabajo del gobierno del Presidente Santos.

Un numeroso grupo de líderes populares vinculados al Polo Social pedía su concurso como candidata presidencial, en representación de dicho movimiento político de izquierda, en el marco de las definiciones correspondientes en dicha materia, en las que participa, también, el senador maoísta de derecha (afín al recalcitrante uribismo), perteneciente al Moir, Jorge Robledo, como representante de una heteróclita alianza en la que participan otros maoístas degradados, como el ex senador Jaime Dusan, de prácticas corruptas en el saqueo de los dineros de la salud de los educadores colombianos, pues utilizo altos cargos en la Fecode para hacerse nuevo rico a la manera de los emergentes del narcotráfico y el contratismo fraudulento con el Estado.

Robledo y su comparsa de lunáticos descentrados, pues carecen de una identidad precisa por causa de su cercanía con el sartal de postverdades del Caballista paramiltar del Ubérrimo, experto en maquinaciones mediáticas y virtuales, pretenden regresar el actual debate en la izquierda y el campo democrático a las viejas reyertas de los años 70, cuando promovieron el divisionismo popular con su desconocimiento de la forma de lucha armada adoptada por la resistencia agraria y revolucionaria para contrarrestar la violencia anticomunista de la elite feudal dominante. A los del Moir de Mosquera, Robledo, Suarez, Valverde et.al les caía mejor el terrorismo de los paramilitares en el Magdalena Medio, Antioquia y los Llanos Orientales, contra los comunistas y dirigentes sociales.

Fueron enemigos de la lucha armada campesina porque preferían a las autodefensas de los pequeños, medianos y grandes ganadero, cañeros y  agricultores.

Es claro que se inclinan por un Lafaurie o un Visbal Martelo, antes que por un revolucionario como Manuel Marulanda, Raúl Reyes o Alfonso Cano.

Clara no se dejó enredar. No cayó en la trampa de estos tahúres de la vieja, descompuesta y degradada “izquierda” maoísta. Con su aguda, observadora y sencilla inteligencia capto que los retos de la Colombia de hoy son otros. Son los de la construcción de la “paz positiva” y democrática.

En la entrevista concedida hoy al diario El Tiempo de Bogotá ha hecho claridad. Mucha claridad e ignorar sus palabras sería una torpeza mayúscula.

Sus apreciaciones llegan en un momento en que el país es testigo de uno de los eventos de mayor trascendencia histórica, la marcha de más de 6 mil guerrilleros de las Farc a las 26 Zonas Veredales de transición para cumplirle a la paz. Lo que está ocurriendo es demoledor, emocionante e impactante. Ver el desplazamiento en camiones, buses, lanchas, mulas y ordenadas marchas de cientos de combatientes de la resistencia agraria, es un evento que impacta el curso de la historia de esta nación que tomo la decisión de dejar en el pasado la guerra y la violencia política.

Recojo, sin más comentarios, las certeras y esclarecedoras tesis de Clara.

“El país ha visto a los antiguos guerrilleros movilizándose por todos los medios de transporte: a pie, a mula, a caballo, en lancha, en volqueta, llegan a sus sitios de concentración para iniciar la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y la reincorporación a la vida civil; hay que darles la mano”.

“¿Qué quiere decir, Ministra, hay que darles la mano?, pregunta el periodista.

Aceptarlos. ¿Usted qué hace con alguien que llega? ¿Qué hizo en el evangelio el padre del hijo pródigo? A mí me enseñaron siempre las obras de la misericordia, pero las obras de la misericordia en su acepción civil no se las enseñan a nadie. Son: la solidaridad, la compasión, el respeto por la dignidad del otro y, desde luego, la justicia social; entonces, esos elementos hacen parte del proceso de reencuentro de la sociedad con la reconciliación”.

Y agrega:

“….casi todos defienden las alianzas, pero dicen: con todos, menos “con esos” (los de las Farc). Generar ese 'apartheid' político es muy inconveniente para la materialización de la paz en nuestro país. Tenemos que conversar con todos”.

“No tratar de señalarlos y apartarlos para no abrir las puertas de la sociedad. Cuando todo ese sector (las Farc) se somete a la Constitución y a la institucionalidad, ningún dirigente de opinión debe ahora decir que la sociedad no los va a aceptar. Eso es inadmisible” (es exactamente lo que nos propone Robledo y su comparsa maoísta).

Y continúa Clara.

“Yo estoy dispuesta a participar en la construcción de una Convergencia que le dé garantía a Colombia de una paz duradera, sostenible, con profundas reformas de gran calado social y con una lucha contra la corrupción, no de estridencia sino de prevención para proteger los recursos para construir la nueva sociedad”.

“Por supuesto, (le plantea el periodista), Usted no piensa en una convergencia de sectores de izquierda…”

“Nooo. La convergencia es con la gente sin partido, con los jóvenes, con los verdes, con el Polo, la ASI, una cantidad de gente independiente. Inclusive está el Partido Liberal. Hay grandes reservas: Claudia López, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Aurelio Irragorri, Piedad Córdoba y muchos más”.

Yo lo que veo es que se está abriendo paso una gran oportunidad entre todos los sectores que quieren defender la paz (que es lo que no le interesa a Robledo y a su comparsa maoísta degradada). Entonces usted lo que tiene que hacer es establecer un mecanismo de consulta democrática, sí, alrededor de una plataforma de reformas que permita conciliar al mayor número de figuras con opción presidencial que están aspirando.

Clara Lopez entendió las dimensiones de la coyuntura histórica en que nos encontramos. Tiene claro que con el Acuerdo de paz con las Farc Colombia inició un nuevo ciclo histórico de democracia ampliada y con justicia social. Es la que tenemos que construir con muchos colombianos honestos y trabajadores.

Nota. Hay que rodear con la solidaridad de la población las Zonas Veredales de ubicación de los guerrilleros de la resistencia agraria. Vamos todos a darles nuestro apoyo. Lo hare en el Valle del Cauca con otros compañeros. Llevaremos la solidaridad a las compañeras madres gestantes y lactantes.

 

Horacio Duque

Con la paz en curso es conveniente preguntarse de qué paz estamos hablando.

La paz es un concepto complejo, polisémico y polivalente que necesita ser discernido en sus multiples caras. 

Una epistemología de la paz exige precisar cuándo nos referimos a la paz negativa, a la paz positivia, a la paz diferencial y a la cultura de la paz como pivote de la reconciliacion.

Colombia y su Estado acumulan décadas de esfuerzos orientados a superar el fenómeno de la guerra y la confrontación bélica que ha significado un gigantesco daño en diversos ámbitos de la sociedad. Miles de muertos, desaparecidos, millones de desplazados y niveles extremos de pobreza son pruebas de una tragedia de proporciones descomunales, solo comparables con los  daños ocasionados a la especie humana por la primera y segunda guerras mundiales, ocurridas en el siglo XX.

Origen de la violencia politica.

Desde finales de los años 20 del siglo pasado, la disputa por la tierra, monopolizada  por un puñado de grandes latifundistas, herederos coloniales de la misma, ha sido el motor de un conflicto cruzado por la muerte y la sangre. Indígenas y campesinos han sido los protagonistas de históricas luchas por la democratización de la propiedad rural, recurriendo a reclamos legales y acciones de hecho con tomas de latifundios y grandes fundos dedicados a la ganadería extensiva (http://bit.ly/1UYmmOJ ).

La defensa de los privilegios asociados a la propiedad rural dio origen a una casta política proclive a la violencia, justificada con dogmas religiosos y discursos de un cerril anticomunismo contrainsurgente, opuesto a elementales ideas de la democracia política como la justicia social, los derechos políticos y la igualdad ciudadana.

El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, la “violencia” de los años 50, el surgimiento de las guerrillas rurales (Farc, ELN y EPL), la violencia del narcotráfico, el paramilitarismo y la violación masiva de los derechos humanos, como el de la vida e integridad personal, son los rostros imprescindibles de la guerra civil generalizada que atrapó casi 60 años de la historia nacional.

El conflicto colombiano es una de tantas de las guerras civiles registradas en el mundo después de la segunda guerra mundial, muchas de las cuales han sido superadas mediante diálogos y negociaciones entre las partes para poner fin a las reyertas sangrientas, con acuerdos y pactos políticos que incorporan derechos, garantías y medidas de democracia incluyente.

La salida negociada de la guerra.

Luego de décadas en que se intento superar el enfrentamiento armado con políticas institucionales de negociación civilista, por primera vez se da en Colombia un proceso sólido, coherente y consistente, diseñado claramente para obtener los resultados concretos que estamos viviendo en los actuales momentos en que ocurre la masiva desmovilización de los frentes guerrilleros de las Farc.

Los procesos fracasados.

No pudo Belisario Betancur en los años 80; tampoco Gaviria, en los 90; menos Pastrana en el Caguan, al despegar el nuevo siglo. Fracaso Uribe Vélez en sus planes de guerra para exterminar las guerrillas con el masivo apoyo financiero y logístico del Estado Norteamericano y la participación de los grupos paramilitares involucrados en masacres y exterminios masivos de población agraria cercana a la resistencia armada.

La Mesa de La Habana.

Desde el 2010, Santos se enfocó en esa tarea. Sobre la experiencia histórica y con el modelo de negociaciones exitosas en el plano internacional (Irlanda, Salvador, Sur África, Guatemala, Nepal, etc) se planificó políticamente una salida a la guerra colombiana.

En tal sentido, los acumulados científicos, iniciados desde los años 50 en el mundo, de las Ciencias sociales en materia de paz, conflicto, violencia, cultura de paz y soluciones dialogadas, contribuyeron al diseño y proyección de la nueva estrategia de paz.

Esquema que parte del reconocimiento de la naturaleza política del conflicto armado y de sus actores protagónicos.

Han transcurrido casi seis años de encuentros, diálogos, acuerdos, firma de documentos y desencuentros y el resultado hoy es una contundente realidad de extinción de los episodios bélicos sangrientos.

Hoy millones de seres humanos de este país construyen hechos de paz y convivencia.

La paz es hoy un hilo conductor de grandes masas ciudadanas en las veredas, municipios, regiones y departamentos.

De paz habla el Estado, la iglesia, los partidos, la sociedad civil y la multitud en su individualidad diversa y plural.

La paz es, entonces, un asunto de muchas implicaciones que requiere ser pensada y practicada en forma densa, coherente y adecuada.

Es cierto, la paz es una palabra popular a la que millones se refieren. Es un leitmotiv colectivo. Se habla de la paz como un derecho constitucional, de la paz cristiana, de la paz como un mensaje de Dios, de la paz como reconciliación.

Son muchas las interpretaciones y explicaciones de la misma y su presencia en el sentido común, en el mundo de vida, como lo ha sido la violencia, adquiere preponderancia, hegemonía cultural e ideológica.

Los dispositivos centrales de la sociedad, los que apalancan la organización de la familia, la comunidad y la sociedad, como el Estado, la iglesia, la escuela, los partidos, los medios de comunicación, las redes sociales, los sindicatos, las juntas comunales, enfocan y priorizan su discurso y quehacer en la reconciliación y la convivencia. En el rechazo de la violencia como metástasis del conflicto.

Las preguntas de la paz.

Colocados en este escenario conviene, entonces, formularse varias cuestiones e inquietudes: ¿Qué es la paz? ¿Cuáles son sus manifestaciones concretas? ¿A qué paz nos referimos en estos momentos? ¿Qué categorías deberían ser los referentes mentales del compromiso y la voluntad individual y colectiva para construir la paz? ¿Cuál el contenido y la metodología de la denominada pedagogía y didáctica de la paz? ¿En qué consiste una cultura de la paz?

Las anteriores son problemáticas que necesitan ser pensadas, reflexionadas y debatidas en el seno de la sociedad y en los diversos ámbitos en que la misma se configura como articulación asociativa de individuos y ciudadanos.

La paz no se construye a punta de intuición o dando palos de ciego. La misma se hace racionalmente, pensando sólidamente cada una de sus aristas y ejes constitutivos.

La ciencia de la paz.

Por supuesto, han sido las Ciencias sociales, como campo científico, las que más han hecho para entender la paz. Esa ha sido una de sus prioridades desde que finalizo la segunda guerra mundial y, más concretamente, desde los años 50 del siglo XX. Eminentes científicos han dedicado sus vidas a esa trascendental tarea. Johan Galtung (http://bit.ly/2k6Coc2 ), un destacado sociólogo y matemático noruego, hizo de la paz y la solución de los conflictos, su prioridad científica vital. Casi el 70% de las investigaciones acumuladas por la humanidad son de su hechura comprometida (http://bit.ly/2kzdfKA ).

Hoy en el mundo, existen muchas universidades, centros de investigación y redes científicas enfocadas en el estudio riguroso de la paz y su construcción, en el examen de sus conceptos fundamentales como el conflicto, la violencia, la cultura de la paz y la concertación dialogada.

En Colombia vamos a requerir que muchas universidades, muchos científicos, muchos centros de pensamiento concentren sus esfuerzos en esta materia. Varias décadas del siglo en curso tendrán como eje constitutivo e instituyente el tema de la paz.

Las 3 Rs.

A manera de ejemplo me refiero a lo que los expertos denominan las 3 Rs como desafíos principales del postconflicto. Se trata de la Reconstrucción para curar y reparar los daños de la guerra; la Reconciliación para deshacer el metaconflicto; y la Resolución para crear las condiciones que erradiquen el conflicto original.

Como lo que pretendemos no es agotar en estas breves líneas la reflexión de un vasto tema que  compromete diversas disciplinas sociales como la sociología, el derecho, la antropología, la psicología, la económica, la ciencia militar, la polemologia y otras áreas del conocimiento, para cerrar solo queremos referirnos a las preguntas formuladas en este texto.

La epistemología de la paz.

En tal sentido, es pertinente aclarar que una de las tareas intelectuales de mayor importancia en la actualidad colombiana es superar las epistemologías de la violencia para dar paso a las de la paz. El reto es darle cuerpo a un denso pensamiento en este vital asunto. Necesitamos muchos “pazologos”, para decirlo en tono amigable.

Paz compleja.

La paz es una realidad y un concepto complejo, amplio y multidimensional que se requiere analizar. Es una síntesis polisémica, porque aloja los diversos significados reconocidos en cada cultura. También es polivalente, ya que puede ser utilizada en distintos ámbitos, escalas y circunstancias personales y sociales. Y, asimismo, está dotada de cierta plasticidad, ya que se adapta en cada uno de estos ámbitos sin perder su significado central de regulación pacífica de los conflictos. La Paz es por tanto una idea muy dinámica, operativa transversalmente a todos los espacios humanos. Por todo ello sirve de cohesión para cada ámbito pero a su vez cumple esta misma función para el resto de las relaciones con otras actividades humanas; favorece el enlace, la conexión, el diálogo en y entre las distintas realidades humanas  (http://bit.ly/2l3FgdL ).

El interés teórico por la paz se ha manifestado inicialmente en las religiones y la filosofía, pero adquirió una entidad diferente a partir de las primera y segundas guerras del siglo XX, como un intento de poner freno a las formas bélicas de resolución de conflictos. Concretamente a partir del año 1950, la investigación para la paz se constituye como disciplina académica. Por esos años, la paz fue definida como “situación de no-guerra, la paz negativa” (http://bit.ly/2l3FgdL ). Se estudiaban temas como la carrera armamentista y los procesos de paz entre estados, particularmente desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

Hay diferentes concepciones de paz, según las culturas y las personas.

En todas las culturas y lenguas existe una conceptualización de la Paz, también en todos los ámbitos geográficos y en todos los momentos históricos.

Con el paso del tiempo las prácticas e ideas de paz se fueron haciendo cada vez más complejas y también, como sucede con otras experiencias, hubo préstamos de unos grupos humanos a otros. Así las ideas de paz que conocemos en la actualidad, (http://bit.ly/2l3FgdL ), surgen a partir de diferentes culturas y diversas tradiciones filosóficas y su avance depende justamente de su capacidad para integrar las múltiples fuentes que han surgido de las distintas experiencias humanas (grupos, sociedades, comunidades científicas, disciplinas, religiones, filosofías, etc.). La Paz, como todo el conocimiento humano, es el resultado de las experiencias de las comunidades culturales a lo largo de la historia, y su virtud depende en buena medida de su capacidad para escuchar con similar interés las aportaciones de cada cultura, anota Muñoz. Es completamente imprescindible recoger las aportaciones de las distintas tradiciones (la griega antigua, el judeo-cristianismo, el islam, el taoísmo, el hinduismo, los indígenas de todas las partes del mundo, Kant, Gandhi, Luther King, etc.), porque cada cultura acumula un gran volumen de experiencias y conocimientos. Además, y esto es importante, por las circunstancias del mundo contemporáneo, no existirá Paz si no es global e incluyente, y para ello es necesario que confluyan todas las experiencias de regulación pacífica de los conflictos, observa Muñoz.

Paz negativa, positiva y diferencial.

La paz es ausencia de la guerra y violencia directa, en su acepción “negativa”; es democracia ampliada y derechos humanos, en su interpretación “positiva”; y siembra progresiva cuando aún persiste la violencia, es paz “diferencial”.

La paz “negativa” nos llegó con el Cese al fuego y de hostilidades, unilateral, en principio según determinación de las Farc, y bilateral, desde mediados del 2016, con resultados tangibles en la caída de los índices de muerte, de acuerdo a las entidades que hacen los seguimientos respectivos.

La paz “positiva” da sus primeros pasos con implementaciones legales e institucionales para otorgar amnistías e indultos; reconocer los derechos de las víctimas con la Justicia Restaurativa Especial de Paz; dar garantías políticas como Oposición y de seguridad a las Farc; ofrecer salud y educación técnica de calidad a los excombatientes; y entregar tierras con créditos a los campesinos.

Pero la paz, hoy, apenas si es “diferencial, pues por ahora ella se da en  aquellos espacios e instancias en las que se pueden identificar acciones que crean paz, a pesar de que estén en contextos en los que existen los conflictos violentos como el que protagonizan el ELN y las bandas criminales.

La cultura de la paz.

Siendo que la violencia es directa, cultural y estructural, la tarea que debemos emprender desde ya es la de configurar una cultura de la paz como un conjunto de “valores, actitudes y conductas”, que: i) plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; ii) que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos interviniendo sus causas; iii) que solucionan sus problemas mediante el diálogo y la negociación; y iv) que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos, sino que también les proporcionan los medios para intervenir plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades (http://bit.ly/2ksnEoK ).

Bucarmanga, 4 de febrero del 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Vargas Lleras, hijo del gran puto, hijo de satanas, compadre de las mafias, de los bandidos y corruptos que se roban a la Guajira, al Quindio y las contrataciones de las mayores obras civiles firmadas por el Estado.

Hijo del gran puto quiere llegar a la Presidencia de Colombia estigmatizando al pueblo de Bolivar, pero le salieron al paso y con ganas. 

Fue Diosdado Cabello el encargado de colocarlo en su sito, obligando a Santos y a la Canciller Holguin a emitir la correspondiente desautorizacion.

Demoledora la reacción del Diputado Diosdado Cabello en respuesta a las frases destempladas  e insultantes del Vicepresidente de Colombia, señor Vargas Lleras, contra el pueblo bolivariano de Venezuela, en un evento de entrega de desvencijadas viviendas en la población de Tibu, Norte de Santander; lugar en el que descalifico a los ciudadanos del hermano país, señalándolos despectivamente como “venecos”, infiltrados en los programas de seudo apartamentos asignados como parte de la campaña de este cacique politiquero de la oligarquía colombiana que se ha autoproclamado candidato presidencial de la caverna ultraderechista.

Hijo del gran puto ha sido la frase emitida para desenmascarar este provocador enemigo de la patria de bolívar, quien agita banderas chovinistas, a la manera del fascista Trump, para conseguir votos que respalden sus pretensiones electoreras.

No se equivoca Cabello en su reacción.

Vargas Lleras es una ficha que reúne la mayor porquería de las camarillas regionales de la política dominante. En todos los departamentos del país, los clanes y roscas que protagonizan los desfalcos y acciones criminales contra la administración y sus recursos fiscales tienen la marca vargasllerista. Empezando por la Guajira, región en la que las fichas del vicepresidente han ido a parar a la cárcel por delitos de marca mayor como homicidios, fraudes y despojos multimillonarios de las finanzas públicos. Recientemente un exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, departamento en el que diariamente mueren niños indígenas por desnutrición como consecuencia del robo de los programas de alimentación, fue condenado a 55 años de cárcel por ser el autor de varios homicidios de altos funcionarios públicos.

En el Quindío, otro departamento, ubicado en el Eje cafetero, los amigos del hijo del gran puto se echaron al bolsillo miles de millones de pesos de las regalías petroleros, al tiempo que trabajan de la mano con el poderoso cartel de las drogas del Norte del Valle con asiento en Cartago.

Vargas Lleras es el principal beneficiario de las contrataciones fraudulentas para la construcción de las dobles calzadas, aeropuertos, puertos y urbanizaciones, cuyos operadores liquidan gigantescas coimas para aceitar la maquinaria del segundo de Santos en la Casa de Nariño.

No paran allí las lindezas de este caimán bogotano. En su haber es preciso agregar su sistemático sabotaje del proceso de paz con las Farc.

En tal ámbito, su oposición ha sido soterrada y abierta para demeritar la justicia transicional de paz, con el fin de proteger los financiadores empresariales del paramilitarismo.

Hijo del gran puto es mafia, paramilitarismo, crímenes y atraco directo de los recursos del Estado.

 

 

Horacio Duque.

Recojemos el registro que hace el Periodico de Popayan, el Nuevo Liberal, del evento de constitucion del movimiento agrario (campesinos, indigenas y afros) de la coca, la Coccam.

La Coccan hace parte de las organizaciones locales, territoriales en el tema de la erradicacion de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola. 

Su constitucion y organizacion es un acontecimiento historico asociado a la emergencia de un nuevo movimiento social con su propia identidad, discurso y conciencia de los derechos de los campesinos.

Los campesinos cocaleros no son narcotraficantes, son ciudadanos que trabajan la tierra y luchan por su supervivencia y mejores condiciones de vida.

La Coccam es el fruto de los avances de la democracia ampliada acordada entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

La siguiente es la notica en el diario Nuevo Liberal, de Popayan.

En la tarde de este sábado, los labriegos de quince departamentos se movilizaron de forma pacífica por las principales calles de Popayán. La guardia campesina veló por el buen comportamiento de los campesinos. / Fotos Francisco Calderón – El Nuevo Liberal.

Los campesinos cocaleros del país dieron un paso firme en su primera actividad como Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam: fueron labriegos organizados que se movilizaron por las calles de Popayán de forma pacífica pero contundente.

Cerca de 5.000 campesinos de quince departamentos, como Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Tolima, entre otros, recorrieron las principales calles de la capital del Cauca como forma de culminar dos días de labores deliberativas, con el fin de crear una propuesta colectiva para presentársela al gobierno con el único y exclusivo fin de adelantar una sustitución gradual y con garantías de los mal llamados cultivos ilícitos.

“Compañeros y compañeras, esta actividad es un primer gran paso para la conquista de nuestros objetivos como campesinado organizado, como colombianos que le apostamos a la solución de problemas sociales…acá estamos, diciéndole al mundo que no somos narcotraficantes, ni guerrilleros, ni paramilitares…somos trabajadores de la tierra que peleamos para que el agro colombiano sea rentable, que le permita a nuestras familias contar con un sustento digno”, fueron las palabras de Luz Perly Córdoba al recibir a los marchantes en el tradicional Puente del Humilladero, luego de un nutrido y alegre recorrido.

El momento más significativo de esta actividad fue cuando los campesinos se detuvieron para entonar el himno nacional luego de arribar a la plazoleta ubicada frente a la sede en Popayán del Banco de la República: negros, indígenas y campesinos se pusieron la mano en el corazón como muestra de que ellos también son hijos de esta nación, que la aman y que luchan por sacarla adelante.

Los cocaleros, amapoleros y marimberos dejaron muy claro que tienen toda la disposición dejar atrás esa vida azarosa y peligrosa de cultivar algo que va generar una descomposición social, pero dicen que el primer paso para adelantar esto es que el Estado colombiano cumpla con su deber de acompañarlos para que un carga de cacao de los llanos orientales se pueda sacar por carretera y que su cultivador cuente con los canales de distribución necesarios para la comercialización, pero lo más importante, que su producto sea pagado a un precio justo.

“En este momento histórico para el país, nosotros como campesinado organizado estamos en la primera línea de la lucha por contribuir a la solución de nuestra problemática, entre ellas, el abandono histórico que Estado nos ha tenido, ahora, con la implementación de los puntos  uno y cuatro de los acuerdos de paz con la Farc, vemos esa oportunidad de que seamos nosotros mismos los que presentemos las soluciones a nuestros obstáculos, pero lo más importante, trabajar para superarlos”, explica Gabriel Torres,  un campesino del valle del Río Cimitarra, sur del departamento de Bolívar al exponer que la llegada de la paz permitió que la comunidad de este punto del país se organizara para sacar adelante sus iniciativas.

“Ahora que las Farc se retiraron de los territorios, empezamos a adelantar un programa de seguridad comunal, que consiste en trabajar entre todos para evitar la incursión de personas violentas a nuestras veredas o de delincuentes que quieren atentar contra la comunidad. En el Cimitarra ya pasó el caso de un personaje que entró a robar ganado de la asociación pero la misma gente reaccionó, lo detuvo pero lo más importante, se lo entregó inmediatamente a la Fiscalía, claro ejemplo de que estamos en capacidad de solucionar nuestros propios problemas. Ahora, con el tema cocalero, estamos aplicando esa capacidad organizativa para trabajar para superar este tema junto con las iniciativas del Estado”, agregó Gabriel Torres.

En el evento participó un delegado de las Farc,  quien destacó que es el campesinado el llamado para que sea el protagonista en la implementación del acuerdo de paz firmado con el gobierno.

“Son ustedes los que deben pelear esta paz, porque han aguantado la dureza de la guerra, son ustedes que deben decirles al gobierno que está en la obligación acompañarlos para que un cultivo lícito sea rentable, que no sean algo de asistencialismo, ni de subsidios. No, es apuntarle a un programa de seguridad alimentaria”, explicó Jairo Quintana, representante de las Farc en este evento.

Los campesinos cocaleros y sus familias entonaron el himno nacional a su llegada al Centro Histórico de la capital del Cauca.

En medio de las intervenciones, se adelantaron preguntas ante el funcionario del Gobierno Nacional, quien recalcó que hay  voluntad de trabajar con este grupo poblacional, siempre colocando las cartas sobres las mesas, despejando los temores de las partes.

“Estamos comprometidos a trabajar con ustedes, de atender sus peticiones y de construir un agendas comunes, pero siempre apuntando a dejar atrás la problemática de los cultivos ilícitos, de que los programas de Estado sean siempre la forma de superarlos y no como una excusa para que más campesinos se conviertan más cocaleros para así ser interlocutor ante nosotros”, sostuvo el representante del Gobierno.

Al final, los campesinos cocaleros se comprometieron a socializar las experiencias adquiridas en este primero encuentro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, en sus veredas, corregimientos y municipios como el primer gran paso para el propósito que los congregó en la capital del Cauca: dejar en alto al campesinado colombiano.

Leer más en: http://elnuevoliberal.com/asi-fue-la-marcha-de-los-campesinos-cocaleros-en-popayan/#ixzz4XAcr2DTF

29 de enero del 2017.

Horacio Duque.

Fracaso la licitacion convocada por el Fomag, Fiduprevisora y Fecode, para adjudicar los nuevos contratos de salud de los educadores por un valor de 5.5 billones de pesos, pues la maniobra montada por tales entidades concluyo en la obvia prevalencia de los voraces pulpos que saquean este importante renglon del Estado desde hace varias décadas.

Siguen los mismos con las mismas, gracias al falso proceso licitatorio montado.

Curioso el silencio del Senador Robledo frente a este aberrante caso, él tan diligente con otros casos de corrupcion extrema como el de Saludcoop, Banco Agrario, etc.

Después de fracasar la licitación (http://bit.ly/2kFY2rg ) para la implementación de un nuevo modelo de salud y prestaciones sociales para casi un millón de profesores colombianos, incluidas sus familias, lo único cierto es que el caos, la ineficiencia, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos presupuestados para financiar el servicio de salud de los maestros, proseguirá su marcha en los próximos meses y años.

Negación de citas médicas, entrega de pésimos medicamentos, no atención de situaciones complejas, muertes, agravamiento de enfermedades, médicos de pacotilla,  desvío de dineros para enriquecer las actuales seudo empresas dueñas de los contratos en las 5 regiones del país  establecidas, serán las notas características de este aberrante mundo impuesto por poderosas redes de corrupción delincuenciales en las que intervienen altos burócratas del Estado, seudo líderes sindicales, abogados y negociantes de todos los pelajes que hicieron de los maestros vulgares objetos de mercadería.

La complicidad proterva de oscuros intereses se las arregló para montar un escenario, desde el Fomag, Fecode y la Fiduprevisora, incluida una multimillonaria e innecesaria asesoría de D&G Consultores, que llevara hasta el punto en que concluyo con la declaración como desierto el proceso de la contratación de la salud con un nuevo, esquema que lucía perfecto pero impracticable; pero, eso sí, funcional a la continuidad de los pulpos que dominan este multimillonario negocio desde hace más de 20 años.

Ganaron las viejas telarañas de intereses afianzados en la trampa, el tráfico de influencias, las coimas, el soborno, las comisiones, los giros subrepticios desde las IPs hacia las cuentas de funcionarios  y reconocidos líderes de Fecode, que hoy ostentan asombrosos privilegios, sin que se sepa cuál es el origen lícito de las fortunas.

No se entiende cómo los órganos judiciales y de control pasan por alto las inexplicables riquezas de personas, educadores y funcionarios, cercanos al tema de la salud de los docentes colombianos.

La comunidad educativa, la sociedad civil, las veedurías ciudadanas reclaman transparencia en este ámbito de la vida pública.

En momentos en que crece la indignación contra la corrupción, la educación pública requiere erradicar este pestilente foco que degrada la vida de las personas encargadas de atender la educación de millones de colombianos.

En ese sentido la propuesta de los educadores del Cauca y de su sindicato Asoinca, para administrar directamente la salud de sus afiliados se plantea como un modelo alternativo al de las mafias nacionales que se quiere imponer con trampas y trucos delincuenciales.

 

 

 

 

 

No pueden los lideres campesinos y populares dejarse acribillar inermes por las redes del neoparamilitarismo que el oficialismo santista no ve o justifica.

Es urgente proceder a organizar y operar las Guardias campesinas y cimarronas para defender a la dirigencia y las masas populares.

Los acuerdos de paz en materia de seguridad y proteccion para los lideres populares, quedaron convertidos en letra muerta.

Santos y su gobierno no cumplen lo pactado.

Horacio Duque.

Alucina el cinismo y descaro de los Ministros santistas cuando desconocen el infame y siniestro plan que ha cobrado la vida de centenares de lideres de derechos humanos y agrarios, acribillados, a plena luz del dia y a mansalva, por los grupos neoparamilitares que cuentan con el apoyo y complicidad de brigadas, batallones y comandos de policia.

Asombra la argumentacion de Villegas, el Jefe de los militares, cuando sostiene que alli no hay nada sistematico porque los asesinados lo han sido en condiciones micro espaciales individualizadas; como si cada acto sangriento de estos no fuera un hecho particular, inspirado en una concepcion universal (anticomunista, por supuesto) y una estructra centralizada que acude al goteo diario para dar la impresión de que se trata de riñas y asuntos personales, cargados de pasiones plebeyas, a lo que el alto burocrata hace un grotesco eco.

Van mas de 160 lideres asesinados y el sofisma estatal es que no son tanto, que apenas son 80.

Las ultimas noticias indican que esto prosigue en Cordoba, Antioquia, Putumayo, Valle, Cauca y Eje Cafetero.

Lo mas grave es la indolencia y negligencia del gobierno frente a este infame derramamiento de sangre. Les importa un pito lo firmado en el Acuerdo de paz en materia de seguridad para los lideres sociales. Eso quedo en letra muerta. En un miserable canto a la bandera.

Los campesinos y sus lideres no pueden cruzarse de brazos frente a esta campaña de muerte para destruir la paz y profundizar la guerra.

En ese sentido es hoy mas urgente generalizar la organización y operación de las Guardias Campesinas y Cimarronas para que las comunidades puedan defenderse frente a la violencia y agresion de los grupos ultraderechistas empeñados en el terrorismo.

Mas grave todavia, eso ocurre en momentos en que el Ejército adelanta una arbitraria campaña para obligar a los campesinos cocaleros del Cauca, Putumayo, Valle, Choco, Caqueta y Catatumbo, a erradicar sus cultivos sin que los proyectos de sustitucion se hagan realidad para la supervivencia de ellos.

Las guardias mencionadas, como la indigena, son un instrumento legitimo para defender la vida de los dirigentes populares colocados en total indefeccion.

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@duque_2016

 

 

 

Claro que sí.

Es nauseabunda la podredumbre que rodea el servicio de la salud de los maestros colombianos, que adminstra la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En esa corrupcion tambien intervienen reconocidos directivos sindicales, que acumulan descomunales fortunas e insultantes privilegios.

Hay que garantizar la transparencia en la nueva licitacion por 5.5 billones de pesos.

Pedimos la presencia de la Veeduria ciudadana a la contratacion de la salud de casi un millon de educadores y sus familiares.

Horacio Duque.

El fenómeno de la corrupción es un cáncer que infiltró todos los focos del poder político, económico y social.

Los mayores procesos de corrupción, como instrumento de despojo de la riqueza construida colectivamente, se despliegan en macro estructuras que involucran al Estado y a potentes pulpos del ámbito privado.

Reficar, Interbolsa, Odebrecht, regalías petroleras, la Guajira, Estraval, Cambio radical, uribito, Fosyga, sisben, Indumil, Saludcoop, Palacino, Banco Agrario, son nombres asociados a operaciones de saqueo y despojo de dineros públicos o ahorros particulares.

El robo al Estado suma la bicoca de casi 100 billones de pesos, según las entidades de control.

La salud de los maestros colombianos no es ajena a esa lacra cancerigena.

La oferta de ese servicio y de otras prestaciones sociales (cesantías, pensiones, indemnizaciones) a casi un millón de personas, entre docentes y beneficiarios y familiares es una función que corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado desde 1989, que es administrado por la Fiduprevisora, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Desde hace casi más de dos décadas, el servicio médico, hospitalario y de salud, es ofrecido por varios conglomerados seudo empresariales, improvisados y organizados a varios manos, incluidas las de reconocidos nombres de las directivas de los sindicatos del magisterio.

Los contratos vigentes, que prestan 5 uniones temporales, se vencieron el pasado 15 de enero y ha sido convocada una licitacion de 5.5. billones de pesos para adjudicar los nuevos convenios en 10 zonas, organizadas para el efecto.

Para tal convocatoria se han presentado las mismas entidades que vienen prestando tales servicios como uniones temporales. Son las empresas artifices de un mal servicio, de desviacion fraudulenta de los dineros desembolsados en modo per capita y de graves daños a la salud de miles de educadores publicos y sus familiares.

Los reclamos, protestas, plantones y manifestaciones de los docentes frente a tal anomalia, se estrellan con un muro de silencio y complicidades que cuenta con el concurso de reconocidos lideres de Fecode.

No hay poder humano que logre transformar este grave conflicto, pues la llave mafiosa es tenebrosa y muy potente.

Los maestros del Cauca y su sindicato Asoinca son los mas avanzados en estas luchas, y en los actuales momentos adelantan una huelga para exigir la administracion directa de la salud docente de dicho departamento, a lo que se opone el señor Luis Grubert Ibarra, con falacias y argumentos ridiculos como si todavia Colombia estuviese en los años 60 del siglo XX y no en la sociedad red postmoderna de la Colombia del siglo XXI.

La nueva lictitacion esta empantanada porque la mafia imperante quiere conservar sus privilegios delincuenciales.

Con varios abogados hemos intentado organizar una veeduria a tal proceso pero el director del Fondo de Prestaciones del Magisterio ha desconocido tal derecho. Desconoce y refunde nuestros derechos de peticion en ese sentido para que se nos reconozca como Veedores ciudadanos de la nueva contratacion por 5, 5 billones de pesos.

Lo curioso de todo esto es que desde la cupula de Fecode se amenaza con un nuevo paro de maestros para enrarecer el proceso licitatoria y para que los viejos operadores y desfalcadores sigan alli.

Salida absurda y contra la etica que nos lleva a preguntar por el origen de las fortunas de ciertos directivos magisteriales, que de la noche a la mañana, pasan de condiciones sociales modestas a prepotentes ricachones con apartamentos de lujo, sofisticadas oficinas, fincas, vehiculos de alta gama y ostentosos privilegios que constituyen una afrenta para la sociedad y los maestros.

La salud y el Fondo de Prestaciones del Magisterio necesita una big data que permita caracterizar esta espantosa telaraña de saqueo y despojo de los dineros de los educadores y sus principales operadores y beneficiarios.

A la que se suma el sindicato de abogados que asalta los presupuestos departamentales, en complicidad con jueces corruptos, en el tramite de ciertas demandas. Abogados que han acumulado billonarias fortunas en perjuicio de la educacion de calidad de los colombianos. Tambien alli esta la mano de ciertos directivos de Fecode –supuestos adalides de la lucha de clases- para favorecer esas trampas, a cambio de prebendas de todo tipo, como la vida de reyes que se dan reconocidos jefes nacionales de en las fincas del Quindio.

Esta olla podrida de la salud del magisterio hay que destaparla porque su permanencia afecta la construccion de la paz.

Es, justamente, la tarea que nos hemos colocado en la Veeduria que hemos organizado para el efecto y que esperamos que los Ceo de la Fiduprevisora y el Fondo de prestaciones sociales no obstaculicen.

La imagen corresponde a los senadores Jaime Dusan y Jorge Robledo, dueños de sindicatos del magisterio.

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@duque_2016

 

 

 

 

 

 

 

Acertada y conveniente la decision del Presidente Juan Manuel Santos de nombrar como nuevo Vicepresidente de la Republica, al General Oscar Naranjo, integrante de la delegacion de paz en La Habana y arquitecto, junto con las Farc, del nuevo dispositivo de proteccion y seguridad para los integrantes de la insurgencia y los lideres populares.

Naranjo es clave en la erradicacion del paramilitarismo uribista y sus herederos que estan masacrando a la dirigencia social.

Bien despachado Vargas Lleras, un francotirador de la paz.

Felicitaciones al nuevo Vicepresidente de la Republica. Entendio la trascendencia historica de la paz.

Chiquita la paz del señor Petro.

Horacio Duque.

Dice el refrán que con la vara que mides serás medido. Es justamente lo que ha hecho el Presidente Juan Manuel Santos con Vargas Lleras, el actual Vicepresidente de la Republica. Este último utilizo los medios de comunicación para notificar sus desafortunadas arremetidas contra los acuerdos de paz con las Farc y sus amenazas contra el partido que se constituirá con el fin del conflicto social y armado. Mediante una entrevista radial, el Jefe de la Casa de Nariño, le ha dicho al señor de los autoritarios “coscorrones” que ya tiene reemplazo, y es el General de la Policía Oscar Naranjo.

Que Vargas Lleras se vaya a realizar su campaña politiquera en compañía de las bandolas regionales que se han enriquecido con la contratación de las autopistas y los planes de vivienda (como en la Guajira, Atlantico y Quindio). Obras que son manipuladas por las redes clientelares de  Cambio Radical para fortalecer sus feudos podridos. Me refiero al caso del Quindío, departamento en el que los seguidores de Vargas Lleras, han hecho fiestas con los planes de vivienda gratis y con las regalías que se robaron descaradamente.

Este nombramiento nos parece oportuno y acertado pues contribuye, sin lugar a dudas, a la implementación de los acuerdos de paz que Naranjo construyo con el resto de integrantes del equipo de gobierno y la delegación de las Farc.

Naranjo coloco todo su empeño en diseñar con las Farc, un completo mecanismo de seguridad y protección de los líderes guerrilleros, sociales, populares, indígenas y afros. Mecanismo que debe ser aplicado igualmente para enfrentar el paramilitarismo y sus actuales sucesores que han sido denominadas bandas criminales.

Desde la Vicepresidencia de la Republica, el General, debe dar aplicación rigurosa, conjuntamente con las Farc, a todo este dispositivo, nacional, regional y local, para resguardar a la dirigencia popular, afectada por una despiadada matanza que grupos de ultraderecha uribista están ejecutando sistemáticamente en regiones apartadas de la geografía nacional, poniendo en grave riesgo los pactos de convivencia.

Determinante, también, el papel de Naranjo en la implementación de los acuerdos sobre erradicación de cultivos ilícitos, que según el Ministro de la Defensa deberán ser reducidos en 100 mil hectáreas a  lo largo del 2017, utilizando fórmulas alternativas a la de la aspersión aérea con glifosato.

Por considerarlo de utilidad incluyo en esta nota un Anexo con una presentación del Acuerdo de paz en el tema de la seguridad y protección a los líderes de la insurgencia y del movimiento social, elaborado recientemente y publicado aca en ANNCOL.

Nota 1. Está completamente equivocado el señor Gustavo Petro cuando afirma en las reuniones electoreras que adelanta que la paz con las Farc es una “paz chiquita” y una entrega de los principios revolucionarios. Claudicación y rendición la del M-19 para integrarse, por taxis y prebendas menores, al régimen neoliberal instaurado por Cesar Gaviria con la Constitución de 1991. Chiquita la cuota que recibió este petulante seudo izquierdista que se transo por un consulado para dejar atrás su aventurerismo de novela en Zipaquirá y la Sabana. En vez de estar difamando a las Farc, Petro debería estar aclarando los desastres de su gobierno en Bogotá que afectaron el liderazgo de la Izquierda.

Nota 2. Las agencias imperialistas de inteligencia y terrorismo (Cia, DEA, etc) han desatado una de sus conocidas campañas de mentiras para desacreditar al nuevo Vicepresidente de Venezuela, compañero Tarek El Aissami. Narcotraficante, terrorista, islamista, son los epítetos utilizados por esas entidades para atacar a Tarek. Eso lo único que logra es crecer el prestigio y liderazgo del nuevo Vicepresidente a quien felicitamos y apoyamos desde el movimiento popular colombiano.

La foto de la Nota es la del General Oscar Naranjo.

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Anexo sobre el Acuerdo de Paz en materia de proteccion y seguridad para los lideres de la paz.

Es urgente implementar, sin mas dilaciones, la estrategia acordada entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc para erradicar el paramilitarismo de las elites locales, regionales y nacionales que lo promueven y financian con el fin de mantener sus privilegios y exterminar la oposicion democratica y popular.

 

Hay que vincular a la sociedad civil en la ejecucion del acuerdo alcanzado en esta materia en la Mesa de conversaciones de La Habana.

 

Entre la delegación del gobierno del señor Santos y los representantes de las Farc se ha tejido un documento clave para combatir el paramilitarismo y rodear de garantías a los combatientes revolucionarios de la insurgencia que harán su tránsito a la movilización política legal. De su construcción se han encargado Oscar Naranjo, Policía del gobierno y Pablo Catatumbo, plenipotenciario de la guerrilla.

 

Se trata de un muy sólido instrumento político para ejecutar la estrategia  de erradicación del paramilitarismo como fenómeno violento que acompaña el Estado oligárquico colombiano desde finales de la segunda guerra mundial y con ocasión de la participación de soldados colombianos en la infame guerra contra el pueblo de Corea.

 

El paramilitarismo fue implantado por los asesores gringos de las Fuerzas Armadas Colombianas en plena Guerra fría, como parte de la ofensiva anticomunista y contrainsurgente de los gobiernos norteamericanos.

 

Dicho material se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

Dada su trascendencia y sus alcances iniciales es conveniente verlo en detalle. Analizarlo y compartirlo directamente con las comunidades agrarias y populares para exigir su estricta aplicación en las localidades y regiones donde pulula esta perversa organización criminal de paramilitarismo que además de ser una agencia es una cultura y una patología de las elites dominantes.

 

Quiero abordar en este primer artículo el aspecto de la  Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones delincuenciales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, que en adelante se conocerá como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

 

En cumplimiento de lo acordado en el punto 2.1.2.1 relacionado con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, literal d, (http://bit.ly/298kHFA) que trata sobre la implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto:

 

El diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

 

El seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección se realizará en la Instancia de Alto Nivel que se incluye en el 3.4.7.1.1 de este acuerdo.

 

La Comisión la preside el Presidente de la Republica.

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.

 

Mientras se surte el proceso de formalización del nuevo partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, la mesa de conversaciones definirá dos experto/as independientes para integrarla.

 

El enfoque de su trabajo.

 

El trabajo de la Comisión estará enfocado a:

 

a) La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será la instancia para el diseño, el seguimiento, la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del Plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles objeto de este acuerdo;

 

b) Formulará y evaluará el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

c) Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

d) Coordinará con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuya a complementar el esfuerzo estatal;

 

e) Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo;

 

f) Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y hará seguimiento del contenido de dichos informes;

 

g) Diseñará y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo; entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

 

h) Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas a fin de identificar aquellas disposiciones que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

i) Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos;

 

j) Informará periódicamente a las ramas del poder público, a la opinión pública y a los organismos internacionales acerca de los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

k) Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz- (http://bit.ly/227tOL3);

 

l) Realizará recomendaciones a las ramas del poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo;

 

m) Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formulará propuestas tendientes a actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales objeto de este Acuerdo.

 

n) Diseñará políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo objeto de este acuerdo, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las anteriores. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.

 

o) Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión.

 

Se trata, pues, de un importante dispositivo institucional que ojala se eche a rodar desde ya para desactivar esta potente máquina de muerte y exterminio en las regiones.

 

Armenia, 27 de junio 2016.

 

La construccion de una paz estable y duradera demanda la materializacion de los acuerdos de paz para erradicar y extirpar el paramilitarismo.

 

Hay que proceder a la conformacion de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

A raíz de los trascendentales avances de las conversaciones de paz entre el gobierno del señor Santos y las Farc, el país y su campo político viven una innegable apertura democrática que adquiere las dimensiones de una democracia ampliada favorable para las libertades políticas, la conciencia, la identidad y organización de las masas populares.

 

Parte de esa dinámica son los acuerdos firmados el 23 de junio del año en curso entre las delegaciones concurrentes sobre el delicado tema de la seguridad de los combatientes revolucionarios en tránsito a la movilización política desde las 23 zonas de ubicación y los 8 campamentos correspondientes, e igualmente para los movimientos sociales y populares duramente golpeados por las fuerzas oscuras de la violencia paramilitar que sigue vigente como un instrumento de los señores de la guerra: terratenientes, generales, gamonales y empresarios.

 

La erradicación del paramilitarismo es un desafío central en la construcción de la paz.

 

En esta columna queremos aproximarnos a otros de los dispositivos acordados en la Mesa de La Habana y que se convierte en columna central de la nueva institucionalidad para actuar a fondo contra la violencia ilegal de estos paramilitares que registran una asombrosa capacidad de mutación. Tanto que el Fiscal encargado, Perdomo, ha dicho que los mismos no existen, aunque le confiere a las bandas criminales o Gao el mismo comportamiento de las autodefensas exterminadoras de la oposición democrática y popular.

 

Veamos en concreto este nuevo instrumento acordado en los diálogos de paz.

 

Se trata de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y para la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

En el marco del fin del conflicto y con el fin de asegurar la efectividad de la lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que representen la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, el Gobierno Nacional impulsará las medidas necesarias para la creación y puesta en marcha, en el marco de la jurisdicción ordinaria, de una Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del punto 5.1.2 del Acuerdo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

Dicha Unidad se mantendrá durante el tiempo necesario para concluir su mandato.

 

Su mandato y misión será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

 

La Unidad Especial, a través del cumplimiento de sus funciones en la Jurisdicción ordinaria, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la medida en que aportará al fortalecimiento de la justicia y al desmantelamiento de las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, garantizará a su vez la no repetición del fenómeno paramilitar, prevendrá la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, y aportará así a la construcción de una paz estable y duradera.

 

Esta Unidad Especial de Investigación tendrá las siguientes características:

 

- Se creará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación. La Unidad decidirá lo necesario para su funcionamiento y la conformación de sus grupos de trabajo e investigación, promoviendo en estos espacios la participación efectiva de las mujeres. Tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, llevarlas a la práctica y para emprender actuaciones ante cualquier jurisdicción.

 

- El Director/a de la Unidad será el responsable de la toma de decisiones respecto de cualquier función o competencia de la Unidad, pudiendo delegar dichas responsabilidades, en todo o en parte, en otros servidores/as públicos adscritos a la misma.

 

- La Unidad investigará, acumulará casos en lo que sea de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre que no haya vencido el plazo legal para las postulaciones. La Unidad podrá solicitar ante el órgano competente la acumulación, en el juzgado de mayor instancia, de las competencias judiciales por todos los delitos cometidos por la organización criminal, dentro de la respectiva jurisdicción.

 

- La Unidad realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación ante la jurisdicción de Justicia y Paz ni ante la jurisdicción ordinaria.

 

- Su Director/a deberá ser jurista, satisfacer criterios de idoneidad técnica y transparencia y deberá tener experiencia en el campo de las investigaciones penales y haber demostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado, y será designado/a por un período de 6 años. Al Director/a de la Unidad le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación. En ningún caso el Director/a de la Unidad podrá ser destituido/a del cargo por faltas que no sean consideradas gravísimas conforme al régimen disciplinario vigente. Los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Director/a de la Unidad serán conocidos en única instancia por la Comisión Nacional Disciplinaria.

 

- Esta Unidad desplegará su capacidad de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género, para enfrentar la amenaza, con énfasis en zonas donde confluyen variables que ponen en peligro las comunidades y la construcción de la paz, priorizando la investigación de estructuras de crimen organizado que se encuentren dentro de su competencia.

 

- Contará con una unidad especial de Policía Judicial conformada por funcionarios/asespecializados/as de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, experto/as en distintas materias, que deberán tener conocimiento del desarrollo y la consolidación de las organizaciones de crimen organizado, incluyendo conocimiento del fenómeno paramilitar y de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Se buscará que dichos funcionarios/as tengan conocimiento en violencia y justicia de género. El Director/a ostentará el mando funcional de los funcionarios/as del CTI adscritos a su Unidad, y el mando funcional de los demás funcionarios/as de la Policía Judicial adscritos a la misma.

 

- Los servidores/as públicos que la integren serán elegidos/as por el Director/a de la Unidad, aplicando mecanismos especiales de selección, incorporación y seguimiento al desempeño de sus funcionarios/as, priorizando altos estándares de transparencia, efectividad y conocimiento en la aplicación del enfoque de género en el ejercicio público.

 

- Esta Unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas objeto de su mandato, incluyendo las conductas criminales que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

 

- Esta Unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, considerando la experiencia judicial acumulada en los últimos años, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, incluyendo la perspectiva de género.

 

- Para garantizar su desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuesto suficientes para su funcionamiento. La financiación para el funcionamiento de la Unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional. La partida que el Gobierno colombiano aporte a estos efectos será de obligatoria inclusión en el presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación que será sometido a la aprobación del Congreso y de destinación específica para la Unidad. Los recursos se ejecutarán según el plan que establezca su Director/a, sin perjuicio de los controles establecidos legalmente. La Unidad podrá solicitar fondos extraordinarios al Estado o a la cooperación internacional y en este último caso podrá negociar y recibir fondos internacionales para su funcionamiento. La Unidad podrá celebrar cualquier convenio o acuerdo de cooperación internacional para fortalecer el cumplimiento de su mandato.

 

- La Unidad de Investigación, compartirá periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un informe sobre los avances y resultados.

 

- La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gobierno Nacional, a petición de la Unidad, solicitará a la Unión Europea el envío de una misión temporal de acompañamiento para fortalecer las capacidades de lucha contra el crimen organizado de la Unidad y asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales, sin perjuicio de la cooperación internacional adicional que pueda requerir la Unidad a través de la Fiscalía General de la Nación.

 

- Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz. Podrá utilizar los mecanismos de acceso a documentos y fuentes de información previstos para la Jurisdicción Especial para la Paz (numeral 69 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz).

 

- La Unidad garantizará la reserva legal en el cumplimiento de sus funciones y tomará las medidas necesarias para proteger a los testigos y víctimas que así lo requieran.

 

Competencia.

 

La Unidad Especial:

 

Perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato.

 

Investigará las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores/as, instigadores/as, organizadores/as y financiadores/as de estas estructuras a la autoridad competente a efectos de apertura de juicio o de investigación por otro órgano que resultara competente.

 

Asumirá las investigaciones en los supuestos en los que se hayan producido compulsas de copias en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción de Justicia y Paz para que se investigue la responsabilidad penal de aquellas personas que integraron redes de apoyo de organizaciones criminales incluidas en este acuerdo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

 

Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

 

Asumirá las investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales incluidas en su mandato, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y funcionarios/as del Estado.

 

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, continuará conduciendo la investigación penal, y adicionalmente, dará traslado a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría General de la República, con el fin de que se inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.

 

De encontrar evidencia sobre la responsabilidad de funcionarios/as públicos, la Unidad solicitará ante las autoridades judiciales competentes la imposición de penas accesorias como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, entre otras.

 

Velará porque no existan normas que, directa o indirectamente, permitan o promuevan la existencia de estructuras paramilitares o sucesoras de estas, informando sobre lo anterior a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se adopten las medidas pertinentes.

 

Podrá informar periódicamente a la opinión pública nacional e internacional acerca de los avances y obstáculos en el cumplimiento de su misión.

 

Coordinará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz el intercambio de información sobre lo que sea de su competencia.

 

 

 

Cuerpo elite de la Policía.

 

Como garantía de una acción inmediata del Estado contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Las y los integrantes que conformen el Cuerpo Élite, serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad.

 

Garantías básicas para el ejercicio de la función de fiscal, jueces y otros servidores/as públicos.

 

Los servidores/as públicos con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se les garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad evitando cualquier perturbación, o amenaza a sus funciones y brindando las respectivas garantías de seguridad.

 

La construcción de la paz demanda que todo este aparato institucional de acción ofensiva contra el paramilitarismo se materialice pies esas organizaciones están muy activas destruyendo las posibilidades regionales de la convivencia, la paz y la democracia ampliada.

 

 

En la construccion de la paz, las Farc organizaran su movilizacion politica con un nuevo partido. Hay que implementar ya todas las medidas de proteccion  de sus mimebros acordadas para prevenir la repeticion del exterminio de la Union Patriotica.

 

El drama vivido por la Unión Patriótica no puede ser repetido. El exterminio espantoso de sus militantes por los grupos paramilitares es una amenaza que debe ser conjurada.

 

El paramilitarismo que es el alma y  esencia del Estado oligárquico colombiano mutara e intentara acribillar a los integrantes del nuevo partido político que organicen las Farc y el movimiento social agrario en su legitima acción política.

 

En ese sentido son prioritarias las medidas acordadas en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno y la delegación guerrillera para generar un sistema de seguridad efectivo para el ejercicio de la política democrática y transformadora.

 

Acá queremos referirnos a este punto neurálgico en la construcción de la paz, el cual fue acordado el pasado 23 de junio y que requiere ser implementado rápidamente, especialmente en las regiones y zonas donde el conflicto ha sido más agudo.

 

Veamos pues los detalles de lo consensuado.

 

Se creara un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

 

El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el consenso sobre Participación Política.

 

Medidas de protección, seguridad personal y colectiva.

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado “Un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integrantes –hombres y mujeres- en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del “Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz”, acuerdan:

 

Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

 

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política (http://bit.ly/298kHFA), la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

 

La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: numeral 2.1.2.1 ver http://bit.ly/298kHFA ) desarrollará e implementará, los siguientes  componentes del Sistema de Seguridad:

 

- Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las Entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas:

 

Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas.

 

- Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

 

- Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1.   literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

 

La Instancia estará conformada por:

 

a) El Presidente de la República.

 

b) El Ministro del Interior.

 

c) El Ministro de Defensa.

 

d) El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

 

e) El Comandante de las Fuerzas Militares.

 

f) El Director de la Policía Nacional.

 

g) El Director de la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.

 

La Instancia de Alto Nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

 

El Gobierno Nacional garantizará la participación en la Alta Instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado/a de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados/as de entidades del Estado y órganos de control.

 

Delegado/a Presidencial:

 

El Presidente de la República, designará un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores/as de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

 

Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo "Participación política: Apertura democrática para construir la paz", numeral 2.1.2.1, literal c, (http://bit.ly/298kHFA ) que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

Este Programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes.

 

Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo que se establezca en el Acuerdo Final y desde la firma del mismo.

 

Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP.

 

 El Gobierno Nacional, creará una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección especializada de seguridad y protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo.

 

Mesa Técnica de Seguridad y Protección:

 

El Gobierno Nacional, pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este Acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Mesa Técnica tendrá las siguientes funciones:

 

Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

 

Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.

 

La Mesa Técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección, será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades. Así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo.

 

A iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el Delegado/a Presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos -decretos y desarrollos- que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

La Mesa Técnica estará integrada por las y los delegados/as del Gobierno Nacional, en cabeza del Delegado/a Presidencial, el Director/a de la UNP y el Subdirector/a de la nueva subdirección especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario/a, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá el o la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia.

 

Antes de la firma del Acuerdo Final, participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes.

 

Firmado el acuerdo los delegados/as designados/as por las FARC-EP seguirán haciendo parte de la Mesa Técnica. Creado el movimiento político se incorporarán a la Mesa Técnica las y los representantes que este designe.

 

Exigimos que este esquema institucional sea organizado desde ya para que la construcción de la paz sea una realidad inmediata. Sin dilaciones y sin trampas como las que están colocando ciertas fichas del sistema judicial ord

Las claves de la paz y su avance estan en las veredas, municipios y territorios.

La ultraderecha paramilitar tolimense ha desatado una campaña sucia para estigmatizar los municipios en que se estableceran Zonas Veredales Transitorias de Normalizacion.

Quieren asustar a la gente con montajes como el que promueve el ex senador Carlos Garcia Orjuela para sabotear la ZVTN de Iconozo.

La vereda el Jordan, de Planadas, sera punto de concentracion de los guerrilleros de las Farc en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Horacio Duque. 

Planadas es uno de los 47 municipios del departamento del Tolima. Su fundación data del año 1966 y en la actualidad tiene una población cercana a los 30 mil habitantes.

El municipio hace parte de la provincia del Sur del Tolima conformada por Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Rioblanco y Roncesvalles, con una población cercana a los 250 mil habitantes.

Mediante el Decreto 2017 presidencial de diciembre del 2016 se organizó en la vereda el Jordán (hay 97 veredas) una Zona Veredal Transitoria de Normalización en desarrollo de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y las Farc el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

El actual alcalde es el señor José Funor Dussan García quien adelanta su gestión mediante la implementación del Plan de Desarrollo “Desarrollo para el campo, progreso para nuestro pueblo” (http://bit.ly/2jxEkKw ).   

Su página Web se encuentra en la siguiente dirección (Ver http://bit.ly/2jSKXdX ) y es la ventana de la alcaldía municipal que debe servir para consultas permanente respecto de la administración y sus labores de política pública y de ejecución presupuestal, en el marco de la democracia ampliada y participativa que cuenta con herramientas claves como las Audiencias públicas, las veedurías ciudadanas, las rendiciones de cuentas, los derechos de petición y los planes de acción.

De mucha trascendencia para los desarrollos del municipio es el Contrato Plan Sur del Departamento del Tolima que compromete inversiones por 900 mil millones de pesos y se enfoca en el desarrollo rural integral con enfoque territorial con cuatro prioridades: Desarrollo rural con enfoque territorial, infraestructura, vías terciarias, sostenibilidad ambiental y desarrollo social (Ver http://bit.ly/2jkOoJy ).

La organización de la ZVTN es un hecho de paz de gran impacto en Planadas y toda la provincia del Sur tolimense.

Su consolidación y capacidad transformadora esta en estrecha relación con el acompañamiento de la sociedad civil regional.

En ese sentido, en Ibagué y los otros municipios, varios grupos están organizando la presencia de colegios, estudiantes, profesores, trabajadores, mujeres, empresarios, iglesias, partidos y otras agremiaciones sociales para que acompañen la ZVTN y sus integrantes en su reincorporación a la sociedad civil regional, mediante la organización de un nuevo partido político y de redes productivas cooperativas que garanticen la estabilidad de los combatientes guerrilleros.

La paz depende mucho de estos procesos territoriales pero también de una nueva cultura política que se apoye en los nuevos imaginarios sociales de la reconciliación y en sentidos comunes progresistas que reconfiguren los mundos de vida que facilitan la interpelación con discursos violentos y engañosos como los que agencia la ultraderecha fascista mediante mentiras, engaños y manipulaciones grotescas de los consensos de paz alcanzados para poner fin al prolongado conflicto social y armado que por décadas golpeo esta región colombiana.

Iremos a Planadas con los colegios y los estudiantes del departamento a darle una Voz de aliento a la resistencia agraria que se ubicara en la Vereda el Jordán de Planadas.

La fotografia corresponde a la vereda del Jordán.

HDGA

 

 

 

 

 

 

El fascismo esta en auge y en el caso de Colombia, su arremetida ya cuenta con un plan para derrocar al Presidente Juan Manuel Santos, jefe constitucional del Estado.

Van por el proceso de paz para enterrarlo definitivamente con la violencia, la matanza, la manipulacion, la demagogía seudo democrática y la presion abierta que infunda miedo y panico en la sociedad.

La unidad de los democratas y defensores de la paz es un imperativo del momento historico.

Horacio Duque.

El fascismo como la modalidad más extrema del terrorismo de las elites políticas oligárquicas está en auge por todo el mundo. Para explicar ese rebrote infernal es preciso asociarlo con la crisis económica y financiera del capitalismo, desatada desde el 2008 y con grandes repercusiones históricas y geográficas.

De igual forma sucedió con la gran depresión de 1928 que destruyó la economía capitalista de aquella época dando origen a gigantescas crisis políticas y a la violencia de las clases dominantes contra el pueblo y la clase obrera.

Esa quiebra bursátil fue el caldo de cultivo para el ascenso del Nazismo (Nacionalsocialismo) en Alemania, encabezado por Hitler quien desato la segunda guerra mundial con los desastres humanos conocidos.

Hoy observamos tendencias similares muy peligrosas por todo el planeta. Ha triunfado Trump en los Estados Unidos y su gobierno anuncia momentos terribles para todos dada su condición racista, xenófoba, machista y supremacista. El gabinete nombrado por el nuevo Presidente gringo es una verdadera jauría de locos violentos dispuestos a todo. Por toda Europa las hordas neonazis están alborotadas. En Francia, Alemania, Suiza y Gran Bretaña, esos movimientos crecen mediante la demagogia y manipulación del miedo a las corrientes migratorias generadas por las guerras del Medio Oriente, organizadas por las potencias imperialistas.

En Colombia el fascismo también saca pecho y se encarna en el denominado uribismo y su articulación en el conocido Centro Democrático, que es una fachada política en la que se camuflan fichas extremistas de esencia autoritaria y totalitaria, con muy arraigados imaginarios anticomunistas violentos. En realidad el Centro Democrático no es otra cosa que la infraestructura de las bandas paramilitares y los ejércitos privados del latifundio feudal imperante en las regiones.

El uribismo es una asociación de individuos y corrientes sociales que se inclinan por la fuerza bruta y la imposición de sus privilegios y creencias ideológicas retrogradas.

El ataque a los acuerdos de paz con las Farc para poner fin al prolongado conflicto social y armado es hoy su prioridad, acusando al Presidente Santos de ser un traidor por su compromiso con los consensos alcanzados sobre la materia con la insurgencia agraria.

Para alcanzar sus objetivos han organizado una estrategia de golpe que, suma acciones políticas y armadas, para derrocar las actuales autoridades constitucionales y legales representadas por el Presidente Juan Manuel Santos.

Un campo de sus planes está referido a la proyección de un referendo revocatorio que, edulcorado con ataques a los altos sueldos de los funcionarios públicos y con distorsiones vulgares de los acuerdos de paz, se plantea la meta de revocar el mandato del Jefe de la Casa de Nariño y la derogatoria de las leyes y actos legislativos que implementan los acuerdos de paz.

Recojo los elementos de dicho plan en la presentación que hace Libardo Botero Campuzano en el Portal Debate, muy cercano a las sensibilidades y andanzas del caudillo ultraderechista, quien deberá ser juzgado (como ocurrió con Pinochet y Fujimori) prontamente por el Tribunal de Paz por su trayectoria asesina y mafiosa, tal como lo ha demostrado el periodista Gonzalo Guillen.

Dice Botero Campuzano:

“….el meollo de la propuesta, lo que ha generado enorme simpatía, es la revocatoria del presidente. Desde hace más de dos años, como se ha corroborado en multitudinarias marchas, como lo ratificó luego el plebiscito, millones de colombianos claman por la salida de Santos.

“Su mandato, el de Santos, es ilegítimo por su origen, y más ilegítimo por sus ejecutorias, como el desconocimiento del plebiscito y la imposición atrabiliaria del acuerdo con las Farc. Por eso y por la corrupción incalificable que ha desatado su administración, así como por el manejo desastroso de la economía, la salud, la educación y demás responsabilidades del primer mandatario, las gentes anhelan su revocatoria inmediata”, según este aventurero delirante.

“Aunque esa figura no está contemplada ni regulada por la ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana, no está prohibida por la Constitución. Por el contrario, se halla implícitamente contenida en su artículo 40 -como lo sostiene certeramente la promotora del referendo-, cuando establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y que una de las formas de hacer efectivo ese derecho es poder “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley”. No hay ningún funcionario elegido que se excluya de esa posibilidad; lo único que sucede en el caso del Presidente es que no ha sido contemplado (pero tampoco prohibido) ni reglamentado por ley. De tal manera juristas de la talla de Jaime Castro han señalado que “si ese referendo es aprobado, se podrá adelantar revocatoria del Presidente”; además, el referendo “no requiere autorización previa ni aprobación posterior del Consejo de Estado”.

“Entonces, si no queda en el Congreso nada qué hacer, la única opción válida que tiene el CD -distinta a quedarse paralizado o dedicado a protestar y dejar constancias- es apelar de nuevo al pueblo, a través de la única vía legítima que permite aún nuestro ordenamiento, si no es bloqueada arbitrariamente por alguna de las instancias superiores del Estado: utilizar la figura del referendo, en este caso derogatorio. Si se logra por este medio dar al traste con una o varias de las medidas principales que ponen en práctica los acuerdos, como el acto legislativo del “Fast Track”, la ley de amnistía, la que creará la Justicia Especial para la Paz (JEP), y la que acepta los acuerdos como “especiales” e incorporables automáticamente a la Constitución, se habrán logrado derrotar los pilares de su aplicación, obligando a una reconfiguración de los acuerdos.

“El hecho es que en el referendo de la señora Sánchez, que es un referendo constitucional aprobatorio, la Registraduría aceptó que se contemplaran varias preguntas de contenidos muy disímiles (Ver Resolución 13324 del 20dici2016). El único requisito legal en el caso del derogatorio es que cuando se inscriba el comité ante las autoridades respectivas, hayan corrido menos de seis meses desde que las normas que se quieren anular hayan entrado en vigor. Que es el caso de todas, en estos momentos, incluido el “Fast Track” que para la misma Corte Constitucional solo entró a cobrar vigencia a fines del año pasado. De resto, se requerirían firmas con al menos el 10% del censo electoral, unos tres y medio millones, para que se convoque obligatoriamente. Y por su carácter, no tiene que pasar por el Congreso.

“Dicho todo esto, afirma Botero, las alternativas prácticas no son sencillas, ante la presencia de dos referendos, uno aprobatorio y otro derogatorio. Pero podría pensarse en un escenario en que se adelante la recolección de firmas simultáneamente por los dos referendos, en acuerdo con los promotores del primero, buscando también conjuntamente que, al final, y si se recogen las firmas necesarias, se voten el mismo día. Ya en la campaña para la votación, al punto que habría que hacerle énfasis del primer referendo sería exclusivamente al segundo, donde se pregunta si se aprueba la revocatoria de Santos (a mi juicio los otros dos no son pertinentes).

“El esfuerzo para esta tarea es descomunal, argumenta. No habrá apoyo oficial, sino saboteo y ataques. Pero se cuenta con una inmensa audiencia en la ciudadanía, que proporcionará, sin duda, los cuantiosos recursos materiales que demande todo el proceso, para la publicidad, las reuniones, las movilizaciones, en fin. Y, por supuesto, es indispensable contar con una amplia coalición, que agrupe a todas las vertientes que apoyaron el NO para el plebiscito de octubre pasado, de la manera más coordinada posible.

“Estos, en mi opinión, son los retos básicos que tiene el CD en 2017. Si, con la ayuda de todos los sectores que están descontentos y se sienten traicionados y maltratados, los afronta con éxito, podrá sentar las bases para la salvación de Colombia y la conquista y construcción de un gobierno distinto” (Ver http://bit.ly/2jsKGuA ).

Sumele a esta retorica falsamente democrática la demanda de otro de estos escribientes, Eduardo Mackenzie, de adelantar acciones armadas y violentas para acabar con Santos y el tema no es como para morirse de la risa o echarse a dormir (Ver http://bit.ly/2jFZtBz ).

Que tomen nota en la  Casa de Nariño de toda esta conspiración anunciada a los cuatro vientos para destruir lo poco de democracia, paz y libertades que existe hoy.

Se nos vino encima esta bestia infernal neonazi y fascista con todo su arsenal de muerte y odio.

 

 

 

 

 

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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