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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

 

Horacio Duque.

Generales anticomunistas resucitan la idea de las Republicas independientes con la que Alvaro Gomez promovio, en los años 60 del siglo pasado, una invasion militar a Marquetalia, en Planadas, para aplastar a los comunistas y a las organizaciones agrarias que debieron transformarse en autodefensa y en entidad guerrillera que en adelante se llamaria Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc.

¿Se repetira la insensatez hoy?

No se ahorran recurso los enemigos de la paz para destruir el proceso de erradicación del conflicto armado que se adelanta mediante la implementación de los acuerdos correspondientes, sellados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre del 2016. entre el Presidente Santos y las Farc.

La última novedad corre por cuenta del conocido ex general Bonnet Locarno, en representación de la Acore, gremio de generales anticomunistas, quien ha salta a la arena para estigmantizar las Zonas veredales (http://bit.ly/2mm29cy ) donde se han ubicado los frentes guerrilleros de las Farc en el plan de dejación de las armas y su transformación en un partido y movimiento político.

Este militar revive la famosa campaña del hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, quien en 1962 orquestó toda suerte de mentiras y estigmas para presionar el ataque militar contrainsurgente sobre la vereda Marquetalia, en el Corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima.

Decir que las Zonas veredales son Repúblicas independientes donde impera la anarquía, es un disparate del tamaño de una catedral. Es desconocer olímpicamente los contenidos de los consensos en dicha materia, que las Farc cumplen de manera estricta.

Lo que se pretende es imponer un control draconiano, violento y fascista sobre los territorios en los que se han ubicado los integrantes de la guerrilla de las Farc, para impedir la relación democrática y civilista  con la población civil.

Resucitar la idea de las Repúblicas independientes es muy grave, pues un error de esas dimensiones llevo a una sanguinaria campaña del ejército contra los campesinos y los comunistas en los años 60, dando origen a las Farc, como respuesta de las masas rurales a la agresión de la ultraderecha militarista.

Hagamos un poco de historia para que nos contextualicemos en este peligroso giro de la actual situación que pretenden los enemigos de la paz.

En 1962 se posesiona como presidente el conservador Guillermo León Valencia, y los territorios de colonización donde ejercía su liderazgo e influencia el Partido Comunista, fueron puestos en la mira del gobierno, en gran parte por el anticomunismo que por los años sesenta se expandía desde el gobierno de Estados Unidos y que en Colombia introdujo el general gringo William Yarborough, mediante la conformación de los  mercenarios Lanceros y nuevas brigadas militares en los departamentos de Caldas, Valle y Tolima .

En 1962, el ejército realiza una primera operación contra la vereda de Marquetalia que obliga a los pobladores a colocarse a disposición de la resistencia agraria y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar, esta iniciativa del gobierno, lleva a los dirigentes del Partido Comunista a activar paulatinamente la autodefensa (organizada después del asesinato de Gaitán), para prepararse ante futuros ataques y para concientizar a la población sobre la situación. El PC mediante su acertada estrategia de lucha de masas y defensa de las comunidades, refuerza la organización de la autodefensa, preparándose para cualquier ataque porque la situación en estas zonas cada vez era más tensa, el ejército comenzó a rodear estos territorios para evitar que se expandiera su influencia a otros, aislándolos e impidiendo muchas veces que vendieran sus productos fuera de estas tierras, alejándolos de la posibilidad de inserción en la economía nacional y del desarrollo capitalista que se estaba dando en el país.

Los territorios de influencia Comunista fueron denominados Repúblicas Independientes por el senador conservador Álvaro Gómez en el Congreso de la República: “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”, decía ese siniestro personaje. Sus declaraciones, dan impulso a las posteriores acciones militares en las que el gobierno busca restituir su control militar en las regiones apartadas donde antes no había hecho mayor presencia, se determina que en estos territorios la creciente influencia del PC es un peligro para el mantenimiento del poder oligárquico del Frente Nacional y se decide acabar con ellas a sangre y fuego.

El ejército por orden del gobierno conservador frentenacionalista, buscará terminar violentamente con la influencia comunista en los territorios de Marquetalia, Rióchiquito, El Pato y Guayabero.

El Partido Comunista, como era obvio y necesario, se prepara para los ataques del ejército, debido a esto.

En Marquetalia, el PC organiza nuevamente la “Columna de marcha”, que ya había operado a principios de los años 50,  para movilizar a las familias de los combatientes hacia las montañas y hacia Rióchiquito con el fin de evitar que los ataques los acaben; los combatientes se quedan en Marquetalia para resistir la ofensiva militarista.

Entre finales de abril y principios de mayo de 1964, son evacuadas unas 1700 personas de la población civil de Marquetalia y de las veredas vecinas, la población queda a la expectativa del inicio de los operativos.

Comienza así la guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los lineamientos del plan LASO (Latin American Security Operation) inspirado en la nueva filosofía de la guerra contrainsurgente, con el supuesto fin de devolverle al Estado la soberanía sobre todo el territorio nacional, y quitarles a los comunistas la legitima influencia en dichas territorialidades.

Las fuerzas militares promueven la campaña de intimidación y propaganda en contra del Partido Comunista: cierran el acceso y salida de estos territorios; impiden la movilización de campesinos a otras zonas para evitar la creciente expansión del PC, y obstaculizan la comercialización de sus productos, para que económicamente les sea cada vez más difícil el mantenimiento de estos territorios, dejándolos prácticamente aislados para facilitar la acción del ejército.

Entre el 27 de mayo y el 14 de junio de 1964, se desarrollan combates entre la resistencia de Marquetalia y las Fuerzas Armadas, hasta que el ejército toma el control de la zona y los combatientes comunistas dejan definitivamente la autodefensa para convertirse en guerrilla revolucionaria agraria. Los ataques a Marquetalia, dan como resultado la activación definitiva de la estrategia revolucionaria de los comunistas.

 De esta forma, la autodefensa popular deja de ser un movimiento espontáneo para convertirse en una orientación sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas, que la recomiendan para responder organizadamente a los ataques, con un criterio militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Después de los ataques, se expide el Programa Agrario de Marquetalia el 20 de julio de 1964, que en adelante será la base para el trabajo de la guerrilla comunista en el territorio nacional. El Programa agrario de los guerrilleros, como se conocerá en adelante, establece que el cierre de todas las posibilidades de vida y lucha reivindicativa pacífica, obliga a la población campesina a la resistencia social y al inicio de la lucha armada,  debe servir además como plataforma para los diferentes destacamentos guerrilleros.

La Columna de marcha conformada después de los ataques a Marquetalia, transita las montañas, donde al ejército se le dificultaba entrar y donde los campesinos podían esconderse más fácilmente a pesar de las condiciones de la selva, allí esperaron muchos hasta que fuera seguro salir, otros buscaron territorios cercanos de colonización para asentarse, y otros se fueron para Rióchiquito donde comenzarían posteriormente los ataques del ejército, el 15 y 16 de septiembre de 1965, en condiciones parecidas a Marquetalia, los habitantes de este territorio deben ser movilizados nuevamente mediante la Columna de marcha hacia El Pato, Guayabero y otras zonas de colonización, organizando la defensa con fundamento militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Surgieron las Farc y la historia ya la conocemos ¿Pretenden estos chafarotes que todo ello se repita con otros 60 años de guerra y violencia?

Imposible tanta insensatez.

Nota. La Asociacion de Educadores de Bogota, la ADE, y su Presidente, el compañero William Agudelo, definitivamente estan a la vanguardia de la lucha del magisterio colombiano por el derecho a la educacion y a la paz. Felicitaciones, la rueda de prensa de las Farc en las instalaciones de la ADE para dar un primer reporte sobre la dejacion de las armas por las  fue todo un acontecimiento politico.

 

 

 

 

Apoyamos las justas demandas de los educadores colombianos y exigimos transparencia en la Licitación pública para adjudicar la contratación de la salud por casi seis billones de pesos.

Los educadores estan con lapaz.

Horacio Duque.

Para el día de hoy 28 de febrero las organizaciones sindicales de los educadores han convocado importantes acciones de masas en los principales centros urbanos del país.

Los maestros del país, más de 400 mil, están demandando se atienda su pliego de peticiones y mejoras sustanciales en la calidad educativa de los estudiantes y atención del Gobierno en las inconsistencias en el programa de 'jornada única'.

El Gobierno no ha proveído a los colegios de infraestructura ni de docentes para implementar como debe ser la jornada única, tampoco el servicio de alimentación para los estudiantes.

También rechazan las pésimas condiciones en la prestación de los servicios medico asistenciales por parte de los pulpos que monopolizan la contratación con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Muchos docentes tienen problemas con pagos atrasados por ascensos en el escalafón.

Un punto clave del pliego de los docentes es el tema de la nueva contratación de la salud para ellos y sus familias.

La Fiduprevisora, el Fondo de Prestaciones del Magisterio y la cúpula de Fecode han montado un simulacro de licitación cuyo único objetivo es dejar todo en manos de las mafias que controlan con mano de hierro y delincuencial casi 6 billones de pesos que se gastan en la salud de los docentes públicos (http://bit.ly/2m9JmkA ).

Ya declararon desierta la primera licitación y ahora han convocado una nueva mediante invitación pública No 002 del 2017, con la cual la Fiduprevisora dice estar interesada en la contratación de entidades que garanticen la prestación de los servicios de salud del plan de atención integral y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que del contrato se derive.

Los directivos del Fomag se las han arreglado para darle tiempo a los actuales y viejos operadores con el fin de que hagan las maniobras necesarias que garanticen su continuidad con el mal servicio prestado en materia de salud.

De nuestra parte estamos exigiendo el correspondiente espacio para adelantar la veeduría que la Ley establece con el fin de darle transparencia y eficacia a este proceso licitatorio.

Nota. Precisamente hoy participamos en la sede de la Asociación Distrital de Educadores/ADE en la rueda de prensa realizada por Iván Márquez, Pastor Alape y Jesús Santrich sobre el asunto de la dejación de las armas por parte de las Farc, la cual avanza en los términos pactados, no obstante que el gobierno y el Congreso van a paso de tortuga en todo.

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Erradicar el paramilitarismo es la tarea de la Comision Nacional de Garantias creada para darle seguridad a los combatientes populares que saltan de la confrontaciòn armada a la lucha politica democràtica.

En las veredas, municipios, barrios y regiones se necesita organizar las comisiones de expertos y lidres para identificar plenamente las bandas paramilitares que el Ministro de Defensa y su cupula militar se niegan a reconocer.

La dejación de las armas por parte de los integrantes de las Farc y su paulatina transformación en un nuevo partido político exige la mayor responsabilidad y compromiso de las instituciones públicas y de las organizaciones democráticas.

 

El escollo más importante es el asunto de la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, el control estatal del territorio en aquellas zonas en que las FARC-EP ejercían dominio territorial, el asesinato de los líderes sociales y de manera muy preocupante los corredores geográficos dejados por las FARC-EP y la expansión y consolidación territorial del paramilitarismo llamado ahora por el gobierno de manera eufemística como Grupos Armados Organizados (GAO).

 

Los grupos paramilitares se han reactivado con el estímulo político dado desde las filas del ultraderechista uribismo y de poderosos núcleos del dispositivo militar gubernamental, anclado en la contrainsurgencia y el anticomunismo visceral.

 

Cientos de líderes sociales y de los derechos humanos han sido acribillados en los últimos 14 meses y las amenazas son crecientes. Los departamentos más afectados por tales hechos sangrientos son Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo.

 

Con los integrantes de las Farc, los riesgos de que sus líderes y militantes sean asesinados, son enormes. En la memoria histórica nacional están los casos emblemáticos de Guadalupe Salcedo, de los guerrilleros liberales del Llano, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo y de los  más de 5 mil integrantes de la Unión Patriótica.

 

Grupos paramilitares, policiales y militares, al servicio de poderosos latifundistas y gamonales políticos, asesinaron a quienes creyeron en la palabra de los representantes del Estado.

 

Fueron policías y militares activos los autores directos de tales magnicidios.

 

En el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre del 2016, hay unos compromisos muy concretos en tal sentido y para hacerlos efectivos el gobierno nacional ha expedido el Decreto-Ley 154 del 3 de febrero del 2017, por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

 

El objeto de la misma es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La Comisión armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estará integrada por:  

 

El Presidente de la República, quien la presidirá.

 

El Ministro del Interior.

 

El Ministro de Defensa.

 

El Ministro de Justicia y del Derecho.

 

El Fiscal General de la Nación.

 

El Defensor del Pueblo,

 

El Procurador General de la Nación.

 

El Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

 

Respecto de esta Unidad, el problema radica en que no se ha puesto en marcha porque en la renegociación de los Acuerdos tras el triunfo del NO-esta Unidad que ya estaba en marcha- fue torpedeada, desde poderosos intereses empresariales y del propio Fiscal Néstor Humberto Martínez, su directora Alexandra Valencia fue cesada en sus funciones y se estableció en el nuevo acuerdo que será el Comité de Selección de los Magistrados del Sistema Integral de Justicia quien elabore una terna para que el Fiscal General nombre a su reemplazo. Urge pues que el Comité de Selección elabore rápidamente la terna para que se ponga en marcha la política de desmonte de los grupos narcoparamilitares.

 

El Comandante las Fuerzas Militares.

 

El Director General la Policía Nacional.

 

Tres (3) expertos reconocidos en la materia.  

 

Dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.­

 

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sin perjuicio de las funciones y competencias correspondientes a las diferentes autoridades y entidades públicas, cumplirá las siguientes funciones:

 

1. Diseñar, hacer seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del decreto citado. 2. Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el arto 1 de este decreto, que será adoptado por el Gobierno Nacional. 3. Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 el decreto mencionado 4. Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal; 5. Recomendar reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones a que hace referencia el artículo 10. 6. Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1 del Decreto mencionado y hacer seguimiento del contenido de dichos informes. 7. Diseñar y construir las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10, entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI. 8. Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 9. Proponer a las autoridades competentes mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos. 10. informar periódicamente a las Ramas del Poder Público, a la opinión pública y a los organismos internacionales, los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 11. Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la "Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición" y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo. 12. Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10. 13. Hacer seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formular propuestas para actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y que en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 10. 14. políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 10, definiendo tratamientos específicos para los integrantes dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.15.La aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto comisión. 16. Participar en el diseño de un nuevo Sistema prevención y la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades las y conductas criminales.

 

El cumplimiento de todas estas funciones demanda la conformación inmediata de un Cuerpo Élite para que actúe contra las organizaciones narcoparamilitares.

 

Como bien lo señala Santana, los retos de la Comisión son mayúsculos. Desmantelar y erradicar el paramilitarismo es, tal vez, el principal, pues está muy afincado en la mentalidad contrainsurgente de las Fuerzas Militares del gobierno (http://bit.ly/2l6Ysmp ).

 

Organismos de Derechos Humanos e investigación social, agrega Santana, han señalado que en lo corrido del año 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales según Indepaz mientras que el Cinep señala que fueron asesinados 92 líderes sociales y en lo que va corrido del año 2017 han sido asesinados 12 líderes sociales principalmente en zonas dejadas por las FARC-EP. Este es el reto mayor.

 

En su XII informe sobre la presencia de grupos paramilitares la Unidad Investigativa de Indepaz ha presentado un completo reporte sobre la presencia y las actuaciones de éstas organizaciones criminales durante lo corrido del año 2016. Allí se señala que 2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, junto con el inicio del cese al fuego bilateral y definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia. Sin embargo, en contradicción con estos dos eventos, 2016 fue un año de incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana (http://bit.ly/2lzwC5F )

 

En el informe se reseña que el Ministerio de la Defensa Nacional ha configurado unos lineamientos para enfrentarlas. En primer lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Y en una directiva ministerial, las nuevas GAO se clasifican así:

 

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.

 

Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.

 

Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fin específico y en un lugar determinado.

 

Agrega el informe de Indepaz que en esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en los años pasados que de ninguna manera indica que ya no actúan en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.

 

Se señala que durante el año 2016 se registraron actividades criminales de grupos narcoparamilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. En este período se identificaron trece estructuras clasificadas en dos tipos: las que tienen una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con injerencia a nivel nacional; y las que actúan a niveles regionales y municipales, que no se han consolidado o que aparecen por primera vez este año. Dentro de las primeras se encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros, estos últimos como la fusión entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En el segundo tipo están, entre otros, La Constru, los Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC y AUC (http://bit.ly/2lzwC5F ).

 

El Clan del Golfo se ha venido consolidando como la estructura con mayor incidencia en el territorio nacional, los Rastrojos continúan con una tendencia a desaparecer, las Águilas Negras duplicaron los municipios en los que hacen presencia y los Puntilleros mantienen control sobre la zona de los llanos orientales. El resto de bandas paramilitares tienen presencia en regiones sin una estructura nacional -agrega el informe- aunque realizan alianzas con las organizaciones paramilitares que tienen alcance nacional. Así mismo el informe señala que las principales actividades de estos grupos paramilitares son: actividades económicas a gran escala en el narcotráfico (control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). Minería; control de zonas mineras, explotación y comercialización. Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros indocumentados. Servicios de Seguridad Privada. Lavado de activos. Contrabando.

 

También realizan actividades económicas de menor escala: microtráfico, préstamos gota a gota, redes de prostitución, extorsión, sicariato. Para facilitar el desarrollo de sus actividades criminales –dice el informe de Indepaz- infiltran a las Fuerzas Armadas y de Policía; venta de armas, de información y participación en las demás actividades de economía ilícita; penetran organismos como la Fiscalía, para obtener fallos para su conveniencia; penetran a los gobiernos locales para apropiarse de sus recursos, obtener decisiones políticas favorables para lo cual inciden en los procesos electorales. Estas bandas criminales enfrentan a la fuerza pública y han recurrido al asesinato de miembros de la Policía Nacional mediante las llamadas operaciones pistola. Pero también afectan a la población civil mediante las amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, reclutan menores, asesinan a pobladores, desplazan a las comunidades. Pero al mismo tiempo se han convertido en los principales empleadores en algunos municipios del país (http://bit.ly/2lzwC5F ).

Nota. Nos oponemos a la militarizacion de Cali tal como lo estan proponiendo sectores ultraderechistas de la ciudad (http://bit.ly/2lR0Kuo )

 

Horacio Duque.

Es tal el caos en el cumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno en los acuerdos de paz que se hace necesario reprogramar la agenda para la dejacion de las armas por los guerrilleros de las Farc.

Unos meses màs en ese sentido no tienen por qué afectar los objetivos y resultados generales de los consensos para terminar la guerra.

Que el gobierno acelere sus tareas y que le ponga freno al sabotaje del Fiscal y el Vice presidente, quienes pretenden desconocer la refrendacion hecha por el poder legislativo del Acuerdo de paz del teatro Colon.

El Fiscal, el Procurador y los de Cambio radical quieren adulterar los textos de los consensos. 

Las Farc han elevado una muy fundamentada petición para que el cronograma consensuado entre las partes sobre la dejación de las armas sea reorganizado en función de las nuevas circunstancias que han sobrevenido con la implementación de los acuerdos firmados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre.

En la solicitud dada a conocer subyace una premisa consignada en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que conviene citar:

“3. Fin del conflicto Proceso integral y simultáneo que implica:

1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre; o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

 

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes” (http://bit.ly/2luLp1v ).

El cronograma para la dejación de las armas por parte de las Farc se planifico con las siguientes fechas: 1 de marzo, el 30%; 1 de mayo, el 30%; y 40%, el 1 de junio.

Sin embargo está fallando el proceso integral y simultáneo del fin del conflicto por varias razones:

  • Las 26 zonas veredales y puntos transitorios en los que deben localizarse los guerrilleros de las Farc no están listas porque no se han hecho por parte del gobierno las adecuaciones mínimas necesarias en lo relacionado con vivienda, agua, salud, vías, redes y protección. La Ley de orden público, hecha por burócratas, gamonales y caciques politiqueros, en contubernio con generales fascistas, fijaron unos criterios tan absurdos para la organización de tales espacios, con el fin de mantener aisladas a las Farc de la población civil, que hoy son el principal obstáculo en la transformación de tales territorios como lugares de localización transitoria de la guerrillerada agraria. Están pagando su propia mala fe, pues mientras las Farc cumplen con disciplina y honradez, el gobierno descubre su naturaleza tramposa.
  • La amnistía y el indulto, no obstante una ley y varios decretos a la mano, es una gran mentira, pues los integrantes de la vieja y corrupta justicia ordinaria (jueces de ejecución de penas), conjuntamente con la tenebrosa guardia del Inpec, se las han arreglado para impedir la libertad de miles de presos políticos y sociales encadenados en cárceles y penitenciarias.
  • Las adecuaciones institucionales y la implementación de los acuerdos mediante la aprobación de actos legislativos, leyes y decretos especiales, no avanza porque hay una tenebrosa mafia concertada en el sabotaje y destrucción de tales instrumentos. Desde la Fiscalía y la Vice presidencia de la Republica han echado a rodar un plan para impedir que se aprueben a tiempo la justicia especial de paz, la constitucionalidad de los acuerdos, las garantías al nuevo partido político de la paz, la reforma agraria integral y la presencia de los integrantes de las voces de paz en las cámaras legislativas.
  • El paramilitarismo, ignorado e invisibilizado por el Ministerio de la Defensa, está ingresando a los territorios de la resistencia agraria, acribillando líderes sociales y reorganizando, con sectores de los organismos de seguridad del gobierno, las economías del narcotráfico y las rutas de exportación de la droga hacia Europa, Brasil y USA.
  • Los departamentos y municipios del país están ignorando los acuerdos de paz en los respectivos planes de desarrollo.
  • La corrupción también ha desplazado sus garras hacia los precarios fondos de la paz y con el cuento de las vías terciarias se ha orquestado por Ministros y consejeros presidenciales una nueva modalidad de contratismo directo para despojar los billones de pesos acumulados del sistema general de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación.
  • Los pactos para sustituir los cultivos de uso ilícito, son desconocidos y el gobierno sigue adelante con su estrategia antidroga, involucrando masivamente al Ejército (Resolución 3080 del 2016) y la policía en programas de erradicación que atropellan y judicializan a miles de familias campesinas que subsisten con el cultivo de la hoja de coca, mientras los poderosos capos siguen muy campantes con su negocio.
  • La ultraderecha uribista y pastranista avanza con sus campañas de mentiras y manipulación, hablando de un fantasmático golpe de Estado, desconociendo de esa manera la fuerza constitucional y legal de los acuerdos de paz, lo que de por si es una acción abiertamente desestabilizadora que debería tener la correspondiente respuesta del gobierno y sus representantes.

Todos estos hechos son los que hacen necesaria y conveniente la reprogramación  de las fechas para la dejación de las armas. Unas semanas más, o unos meses más, no tienen por qué afectar el acuerdo para la terminación de la guerra, que tan buenos resultados presenta hasta el momento en cuanto a la erradicación de la violencia directa.

Horacio Duque.

Una siniestra cadena de complicidades de la vieja justicia ordinaria representada por jueces de ejecucion de penas y la Guardia del Inpec, ha montado un demoledor bloqueo a la Ley 1280 del 2016, de amnistía e indulto, para impedir la libertad de casi 6000 presos politicos de las Farc. 

Se trata de un desleal golpe al proceso de paz que afecta su sostenibilidad y avances.

Por todos lados le aparecen tropiezos a la ejecución de los acuerdos de paz firmados el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá por Santos y Rodrigo Londoño.

Las Zonas Veredales Transitorias no están listas, todos los días asesinan líderes sociales, la justicia especial de paz está bloqueada en el Senado, la protesta social continua siendo penalizada con montajes  judiciales de la Fiscalía y la Ley 1820 del 2016 que determinó la amnistía e indulto la convirtieron en letra muerta en los juzgados y oficinas del Inpec.

Casi 6000 presos políticos y sociales de la guerrilla esperaban, en diciembre pasado, que con la aprobación de la amnistía y el indulto, las puertas de las cárceles y penitenciarias se abrirían para alcanzar su libertad.

Van más de 45 días de vigencia de la Ley 1820 de diciembre del 2016, aprobada mediante el mecanismo del Fast Track, pero los jueces de penas, de conocimiento, fiscales y guardias del Inpec, se han concertado para bloquear la aplicación de dicha normatividad, impidiendo la libertad de los combatientes revolucionarios y luchadores sociales.

Son distintas las maniobras utilizadas para mantener en prisión a miles de personas. Cuando no es el control de constitucionalidad pendiente, se alega que las boletas de libertad llegaran cuando el último de los guerrilleros deje las armas en los contenedores de la ONU.

Pero no es solo eso. La guardia carcelaria ha incrementado, en los últimos meses, la persecución y el atropello de los miembros de las Farc que se encuentran en los centros penitenciarios.

Entre tanto la indiferencia del gobierno es absoluta.

Con la amnistía y el indulto sucede igual que con las Zonas Veredales Transitoria, las cuales la burocracia santista no adecuó ni dotó para localizar los frentes guerrilleros que han llegado a tales sitios con el fin de dar cumplimiento a lo pactado. Los alimentos están podridos y no hay atención médica integral, especialmente para las madres gestantes y lactantes.

Parecida situación se presenta con la seguridad acordada para los líderes de origen popular. Todos los días llegan noticias del asesinato de integrantes de organizaciones sociales por los grupos paramilitares que, con la complicidad de las Fuerzas Militares y de Policía, copan las áreas en las que hacían presencia las columnas guerrilleras.

El gobierno no ha procedido a organizar los esquemas de seguridad de los militantes populares y menos a desmantelar y erradicar las redes sicariales del neoparamilitarismo, que el Ministro de Defensa dice no existen de manera sistemática.

A pesar de lo escrito en los acuerdos de paz, la Fiscalía y el Esmad continúan con los montajes criminales contra las protestas y movimientos sociales. Las capturas de los líderes del paro camionera son una prueba contundente en tal sentido.

Para completar, la Fiscalía, y su titular Humberto Martínez Neira, ha orquestado un permanente bloqueo del trámite del Acto legislativo que crea un Titulo Constitucional Transitorio para institucionalizar la Justicia Especial de Paz. Con los argumentos del ultraderechista uribismo, el Fiscal ha montado un abierto sabotaje al trámite de tan importante instrumento jurídico.

En todo este caos le cabe una enorme responsabilidad al Presidente Santos, quien ha pretendido utilizar la paz para apuntalar el modelo neoliberal y la agresión contra la Republica Bolivariana de Venezuela.

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Tal como van  de mal las cosas con la implementación de los acuerdos de paz, plagada de irregularidades e incumplimientos del gobierno de Santos en las Zonas Veredales Transitorias y en la aprobacion de las leyes de la paz, quien mas se beneficia politicamente de ello es el ex Presidente Alvaro Uribe Velez y sus estrategias para regresar, con uno de sus candidatos, a la Presidencia de la Republica en las votaciones del 2018.

Sube la temperatura política con ocasión de las campañas políticas para seleccionar los candidatos de los partidos y movimientos políticos a la presidencia de la república, que será votada en el primer semestre del año 2018.

Hay muchas cábalas y nombres en la palestra pública.

La pregunta que resulta obligado plantearse en estos momentos es por la persona o grupo más opcionádo para llegar a ser el próximo jefe de la Casa de Nariño, durante el periodo comprendido entre los años 2028-2022.

Como están las cosas quien tiene las mayores opciones de acceder a dicho cargo es el ex Presidente Álvaro Uribe o alguien por él escogido entre los líderes del Centro Democrático (Duque, Holmes, Santos, Zuluaga, Ramos o Londoño).

El doctor Uribe Vélez adelanta una incansable y disciplinada campaña política por todo el país y su discurso es un eficaz instrumento de interpelación de amplios grupos populares. Triunfó en recientes votaciones adelantadas en tres municipios que acudieron a escoger su alcalde por ausencia del titular en Cerete, San Ángel y El Fresno.

Un verdadero campanazo.

No comparto sus ideas pero eso no me impide reconocer que se trata de un verdadero profesional de la política, caracterizado por la coherencia, la perseverancia y la agudeza para entender los mundos de vida de las capas populares que lo acompañan y respaldan con entusiasmo.

Dos datos consolidan la hipótesis de sus amplios potenciales presidenciales para recuperar el poder nacional.

Uno es que en el 2018 solo habrá dos partidos con posibilidades reales de llegar a la segunda vuelta: el Centro Democrático y la Unidad Nacional. En la primera vuelta de 2014 el Centro Democrático obtuvo con Oscar Iván Zuluaga 3’759.971 votos y la Unidad Nacional, con Juan Manuel Santos 3’301.815, mientras candidatos que de nuevo aparecen para el 2018 como Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador y Clara López por el Polo Democrático, sólo obtuvieron 1’995.698 y 1’958.414, respectivamente.

Otros nombres adicionales que entran en la baraja como Vargas Lleras, de Cambio Radical y Petro, del Polo Democrático Alternativo, obtuvieron en la primera vuelta de 2010, 1’473.627 y 1’331.267, respectivamente. Nada hace pensar que los volúmenes electorales de esos partidos minoritarios hayan aumentado de manera significativa. La única votación nacional posterior a 2014 fue la del Plebiscito de 2016 que fue una repetición al detalle de la segunda vuelta electoral de 2014, en la cual es difícil discriminar de quienes fueron los votos por el Sí o por el No, pero confirmó una polarización que confirmaría también a los dos partidos que tendrían la mayor opción para pasar a la segunda vuelta en 2018.

Pero como la política está llena de sorpresas, no sobra recordar, igualmente, que el Partido Verde con Antanas Mockus y la candidatura a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, quien será otro candidato en 2018, obtuvo 3’134.220 votos en 2010, desplazando a los partidos tradicionales en la segunda vuelta en una gigantesca Ola Verde que murió luego tristemente.

Ante ese panorama no es difícil pensar que debería haber unas alianzas previas a la primera vuelta electoral. Las más obvias son dos. La del Partido Liberal cuya última participación presidencial en 2010 lo colocó en un penoso último lugar y el triunfante Partido de la Unidad Nacional, basada en el hecho de que el último tiene los votos pero el primero tiene el candidato.

Una alianza de Humberto de la Calle como candidato a la Presidencia con un representante de la Unidad Nacional a la Vicepresidencia sería imbatible si la opinión pública considera positivo lo que se haya hecho hasta entonces en la ejecución de las normas e instituciones nacidas del proceso de paz.

Pero una fórmula entre el candidato a la Presidencia del Centro Democrático escogido por Álvaro Uribe (¿Iván Duque?) con la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, que es la candidata conservadora con más votos, sería imbatible si los electores consideran que los resultados del proceso de paz son negativos y poco significativos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres y en la superación de las lacras éticas que carcomen, como la corrupción de la mermelada y la contratación fraudulenta, el ejercicio de la política.

Quien, como Vargas Lleras, quede por fuera de esas dos alternativas muere.

No es difícil, entonces, inferir que el proceso de paz será pieza clave en la campaña presidencial en curso, y como van las cosas quien puede sacar el mejor partido del desastre gubernamental en esta materia es el ex Presidente Uribe Vélez y quien escoja como su candidato presidencial.

Un triunfo presidencial del Centro Democrático en el 2018, es la muerte de los acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos y las Farc. Así de sencillo. Obviamente será también el regreso a la guerra y la confrontación violenta con otros actores y sujetos políticos.

Lo demás es cuento.

 

 

 

 

Horacio Duque.

Hay que anticiparse a los enemigos de la paz y a sus falsos amigos, avanzando en la conformación de una Gran coalición por la reconciliación en el modo como lo propone Humberto de la Calle para alcanzar un contundente triunfo en la primera vuelta de las votaciones presidenciales del 2018.

Si lo que prevalece es la insensatez y el oportunismo de algunos sectores, el triunfo del expresidente Alvaro Uribe sera un hecho, pues su popularidad y audiencia es amplia y se extiende tal como lo confirman las recientes votaciones por alcaldes en algunos municipios del pais. Uribe Velez está demostrando que no claudica y persistirá en sus tésis y en su convocatoria populista.

Desde el ángulo del constructivismo, una potente teoría social que alude a como se construyen y desarticulan las realidades sociales con las practicas discursivas, entendidas como relatos que guían el desempeño de grupos sociales y políticos determinados, los avances y consensos en materia de paz alcanzados por el Estado con las Farc a lo largo de los últimos años, aun corren graves riesgos dada la oposición y sabotaje de los núcleos mas rabiosos de la ultraderecha feudal y religiosa. Además, el triunfalismo y la arrogancia de algunos segmentos, comprometidos e involucrados en los diálogos, es fatal para la proyección histórica de los pactos formalizados en el Teatro Colon, el 24 de noviembre del 2016.

No sabe uno que es peor, si la oposición abierta de la ultraderecha o el triunfalismo oportunista de quienes se dicen amigos de la paz pero han montado un tribunal para armar roscas de compadres y amigotes en busca de prebendas. Son los recién llegados que aparecen más “papistas que el Papa”. De eso hay muchas experiencias en la historia de los movimientos sociales y populares.

Está en curso una áspera campaña presidencial para escoger el sucesor del actual jefe de la Casa de Nariño, a quien parece se le agota el combustible político, y, obviamente, el tema de la paz y su construcción será una prioridad en los debates.

De manera explícita, desde el Centro Democrático, uno de sus más reconocidos voceros, ha dicho que de ser ellos los vencedores en las votaciones del 2018, cosa nada improbable, pues, Álvaro Uribe conserva una amplia popularidad y audiencia entre los colombianos, desmontaran todos los elementos de la paz como la Justicia transicional, la reforma rural integral, la amnistía y la organización de las guerrillas como un partico político legal.

Grave anuncio.

Una alerta que debe recogerse desde ya, para avanzar en la constitución de una Gran Coalición por la paz, como la propone el Doctor Humberto de la Calle en entrevista concedida al diario El Tiempo (http://bit.ly/2lFmWUB ).

Una Gran Coalición que recoja a todos los sectores y grupos defensores de la terminación de la guerra y la violencia, con un candidato presidencial de prestigio, comprometido y de amplio reconocimiento que alcance una contundente victoria en las votaciones de la primera vuelta del 2018.

Avanzar en esa dirección es uno de los grandes retos para los próximos meses.

Esa Gran Coalición hay que construirla desde las veredas, los municipios, los departamentos y las regiones diversas de la geografía nacional.

Doy un ejemplo concreto. En el departamento del Cauca y sus 41 municipios estamos preparando un encuentro de alcaldes para afianzar su compromiso con la paz y el desarrollo de la región, especialmente de cara al Pacifico, mediante infraestructuras que permitan acceder al Puerto de Guapi en el Pacifico.

Por la paz, la consigna es sumar y sumar. No vetar, ni excluir a nadie, como lo vienen haciendo ciertos personajes oportunistas que se creen dueños de los sueños de millones de colombianos.

Nota. Como lo anota Álvaro Villarraga (http://bit.ly/2kZaf83 ), a diferencia de El Salvador, Irlanda y Sur África, la de Colombia no es una “paz perfecta”; es una paz “imperfecta”, como la de Filipinas, pues los avances alcanzados como los acuerdos con las Farc, coexisten con fenómenos extendidos de violencia política como los que ocurren con el ELN, el EPL, el Clan del Golfo y las pandillas urbanas de Medellín, Bello, Cali, Bogotá, Barranquilla y otras redes urbanas. Villarraga anota, con mucho conocimiento, que el Clan del Golfo es una mutación de antiguos núcleos maoístas asociados con las luchas campesinas de Córdoba, Uraba, Putumayo y el Catatumbo. Algo similar a otros movimientos maoistas como los naxalistas del centro de la India y del norte y centro del Perú.

Una “paz imperfecta” puede dar pie a un rebrote de la guerra social y política especialmente en los actuales momentos de incremento de la agresión imperial encabezada por D. Trump contra los pueblos latinoamericanos. En México bien puede ocurrir una generalizada reacción popular armada contra la tiranía imperial trumpiana y su muro de la infamia.

 

 

 

Horacio Duque.

Como con la justicia restaurativa de la Jep, en el campo de la educación se han concertado los intereses neoliberales y plutocráticos para impedir la implementación de los acuerdos de paz en dicha materia.

Un proyecto de Decreto Ley que propone los espacios para la educación técnica, tecnológica y científica en el sector rural que será objeto de una amplia reforma integral, es estigmatizado con mentiras y sofismas por los grupos que monopolizan y se enriquecen como billonarios con el negocio turbio de planteles y universidades de garaje.

Con lenguajes seudo cientificos y con argumentos inconsistentes los asesores del mercado neoliberal (Oscar Sánchez y Cajiao) educativo quieren impedir los ajustes institucionales y legales de paz en el sector educativo nacional.

Sabotean la Catedra de la paz y la ciencia de la paz y ahora, aliados con el uribismo parapolítico, pretenden que todo siga igual.

No se saldrán con la suya.

Ayyy!!! Amilkar Acosta, otro de la  delincuencial elite guajira metiendo las manos en los dineros publicos. Qué verguenza. Qué cinismo el de estos politiqueros. 

La implementación de los acuerdos de paz es un sistema complejo y denso que compromete muchas variables de la sociedad y su Estado.

En el texto del Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá, el día 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y Rodrigo Londoño, sobresale por sus implicaciones el tema de los ajustes institucionales y las adecuaciones en la estructura y funciones del Estado para la construcción de la paz.

Son muchos los frentes implicados en tal sentido. Ya se conoce el trámite legislativo para crear la Justicia Especial de Paz/Jep y los mecanismos extrajudiciales respectivos como la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los 190 mil desaparecidos en los últimos 120 meses.

La oposición a estos desarrollos del consenso de paz entre el Estado y las Farc no se ha hecho esperar y ya se conoce el rosario de contrarreformas planteadas y agitadas por el viejo sistema de la jurisdicción ordinaria. El más beligerante en tal sentido ha sido el Fiscal Néstor Humberto Martínez, funcionario que ha hecho circular una retahíla de imprecisiones, las cuales corresponden al repertorio uribista de ataques a la justicia de paz, para intentar desnaturalizar el Proyecto de Acto legislativo que establece un artículo transitorio en la Constitución con los pactos en materia de justicia transicional restaurativa. También desde la Corte Suprema y del Consejo de Estado se han hecho sentir voces estentóreas en defensa de las leyes carceleras y punitivas del ojo por ojo y el diente por diente. El más reciente coletazo de estos sabotajes corre por cuenta del nuevo Procurador Fernando Carrillo quien ha pretendido meter sus narices en la Jep para conservar los privilegios que tiene en la justicia ordinaria con la fronda burocrática que hace presencia en los procesos judiciales no obstante el papel de los conocidos jueces de garantías.

Los opositores a las reformas de la paz también se dejan sentir contra los necesarios e inevitables ajustes en el sistema educativo nacional.

En efecto, la Ministra del Trabajo, el Director del Sena y la Ministra de Educación, han hecho conocer un Proyecto de Decreto ley, el cual debe firmar el Presidente de la Republica en ejercicio de las facultades extraordinarias de paz que le otorgo el Acto Legislativo 01 del 2016 declarado exequible por la Corte Constitucional que valido el “Fast Track” o vía rápida para ejecutar los pactos de reconciliación.

Dicho proyecto “Por el cual se trazan los lineamientos para contribuir en la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y al sector productivo del país, fortaleciendo la formación profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo socioeconómico, y se dictan otras disposiciones” (http://bit.ly/2kCg9vq ), se inscribe, en su motivación y articulado, en los sentidos y propósitos que animan los amplios consensos alcanzados para dar por terminado el conflicto social y armado y pasar a la construcción de la institucionalidad correspondiente a la reconciliación entre los colombianos.

El borrador conocido está organizado en cinco títulos y 29 artículos que se refieren a su objeto, finalidad, componentes de la estrategia, el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria – SISNACET, la oferta de maestrías técnicas, la educación técnica y formación profesional, el Marco Nacional de Cualificaciones MNC, Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC),  y la Transferencia del contrato de aprendizaje al sector rural y de la construcción.

Y quién dijo miedo, al modo de la obstrucción ultraderechista del uribismo, los poderosos gamonales del sector oficial y privado de la educación, agremiados en diversas corporaciones que defienden aberrantes privilegios mercantiles y burocráticos, organizaron un coro plañidero para estigmatizar la iniciativa de paz.

Bien es sabido que la educación colombiana, pública y privada, sobresale por su pésima calidad. La misma ha sido convertida en un siniestro negocio de mercaderes convertidos en multimillonarios de nuevo tipo. Universidades como la Antonio Nariño, San Martin, Unisinu y una red de instituciones de garaje son verdaderas cloacas y alcantarillas de sórdidos negociantes que explotan a millones de jóvenes excluidos del sistema universitario público, en el que, igualmente, se refugian mediocridades académicas y docentes, interesados exclusivamente en prebendas burocráticas y salariales, ignorando las demandas y desafíos de una educación científica y moderna.

Es el mismo orden educativo burocrático neoliberal, oficial y privado, que impide, con múltiples argucias, la implementación de la catedra y la pedagogía de la paz. La investigación y los estudios para la paz.

Rectores, directivos y docentes anquilosados, en todos los niveles y sectores, le sacan el cuerpo a la paz e ignoran los compromisos éticos en ese sentido.

Obviamente hay excepciones en algunas universidades y colegios, pero la norma es el desconocimiento de los acuerdos de paz y sus compromisos puntuales.

Por supuesto, la paz necesita de la educación. Los campesinos (casi 13 millones) y la reforma rural integral, los indígenas, las mujeres, los afros, las víctimas, la sociedad necesita el concurso de la educación, publica y privada, para sacar adelante la erradicación de la violencia.

Es lo que hace conveniente y necesaria la hipótesis de las Ministras del Trabajo y Educación y del Director del Sena.

De nada sirve atravesarse como una mula muerta para defender los aberrantes y billonarios privilegios de los negociantes de la educación y de la burocracia docente y administrativa que parasita y engorda en las oficinas del gobierno.

El desarrollo agrario, ecomun (red de cooperativas), las vías terciarias, los proyectos productivos para sustituir la coca, la democracia ampliada, la participación politica, los derechos de los movimientos sociales, los guerrilleros en movilización politica, las víctimas, necesitan con urgencia un sistema de educación terciaria técnica, tecnológica, universitaria y profesional para el trabajo, para el desarrollo humano, para la seguridad alimentaria y para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La sociedad civil democrática tiene que actuar para impedir que los mandamases del negocio y los privilegios educativos se le atraviesen a la paz con sofismas y tesis engañosas, como las que sacan a relucir ciertas fichas (también extrañamente enriquecidas como “nuevos ricos”) que presumen de eminencias educativas (Cajiao, Oscar Sánchez et.al), que en realidad son mandaderos de los intereses corporativos plutocráticos acumulados con la educación neoliberal (http://bit.ly/2jX1qcz y http://bit.ly/2kgKTRz ).

Nota. La Guajira no es solo un gobierno fallido. Lo es también su sociedad con sus valores éticos y democráticos por el suelo. Esa es una tierra de nadie o de bandidos, para ser más precisos. Kiko Gómez (50 años de cárcel por asesino), Oneida (pendiente de ir al Buen Pastor, a no ser que los de Cambio Radical dispongan lo contrario), Ballesteros, De Luque y ahora Amilkar Acosta (estrenando cortinas de humus y aun vestido de seda wayyu), quien presume de intelectual perfumado, sale de la Federación de Departamentos, ciertamente manejado por él como un anquilosado feudo guajiro, con niños wayuu muriéndose a granel por desnutrición, por adjudicar a dedo un jugoso contrato por casi 20 mil millones de pesos, desconociendo normas mínimas de transparencia y pulcritud (http://bit.ly/2ljTswd ). Podrida esta elite guajira asociada a la politiquería tradicional, como el señor Acosta y su nauseabundo entorno.

La foto corresponde a las protestas universitarias contra los hampones directivos de la Universidad de San Martin que se ambolsillaron mas de un billon de pesos de las matriculas estudiantiles.

Bucaramanga, 7 de febrero del 2017.

 

 

Horacio Duque.

El país está gratamente impresionado con el masivo, ordenado y disciplinado desplazamiento de la guerrillerada de las Farc hacia las 26 Zonas veredales transitorias.

Está en curso el salto hacia la movilización politica de los combatientes de la resistencia agraria.

La oligarquia pretende la desmovilizacion y division del proceso popular contenido en la histórica marcha de las Farc/Ep.

Los nuevos territorios son espacios de lucha y de acción para defender y ejecutar la reforma agraria popular y  organizar la democracia ampliada.

Enorme impacto está ocasionando en toda la sociedad la marcha de los combatientes guerrilleros de la resistencia agraria que encabeza las Farc-EP.

Miles de guerrilleros se desplazan, de manera organizada y disciplinada, hacia las denominadas Zonas Veredales y Puntos Transitorios, que de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de paz del Teatro Colon, son 26.

El gobierno no ha dado cumplimiento a sus compromisos en cuanto a la organización e instalación de las infraestructuras correspondiente como consecuencia de la decidía, negligencia y burocratismo de las entidades correspondientes y sus encargados.

No obstante ese lunar, los miembros de las Farc avanzan en sus tareas y se instalan para dar los pasos siguientes.

Las guerrillas van a transformar y llenar de otros sentidos políticos y culturales, estos espacios territoriales para que la población, los campesinos, indígenas, afros y trabajadores del campo, modifiquen sus condiciones sociales, las estructuras de la propiedad, los esquemas de poder y las redes de dominación feudal con sus respectivos gamonales y caciques de toda laya.

Las Zonas Veredales deben ser escenarios y escuelas de la democracia ampliada, de la reforma rural popular, de las victimas organizadas reclamando sus derechos, de las mujeres, de los jóvenes y de todas las expresiones de la vida popular nacional que ven en la paz, particularmente la “positiva”, el momento histórico de los cambios y de las reformas progresistas que superen el régimen oligárquico existente en las veredas, localidades, municipios y regiones.

Desde tales espacios geográficos, los integrantes de la resistencia agraria proyectan nuevos momentos de movilización politica. La tal desmovilización es una vil mercadería promocionada por las elites y sus redes mediáticas para dividir y desarticular las materialidades concretas del poder popular.

En los términos del Acuerdo de paz, las Farc saltaran paulatinamente a ser un movimiento popular de acuerdo a sus intereses políticos, sociales, económicos, estratégicos y culturales.

Sus líderes, sus militantes, sus simpatizantes, los guerrilleros, los milicianos, los intelectuales, las mujeres, todos se volcaran, en los días, semanas y meses del futuro, a realizar las tareas correspondientes como partido/movimiento, con representación y presencia en las instituciones del Estado, en todos los niveles y sectores (hay que protagonizar un “asalto” pacifico de las instituciones públicas para reorientarlas en función de los intereses colectivos); como redes de cooperativas gestionando proyectos productivos, educativos, de salud, de vivienda, de vías, de autodefensa, de ahorro social, etc; como referentes de articulación colectiva que permita la constitución de nuevas subjetividades enmarcadas en la lucha democrática por la solidaridad y el socialismo.

Como todo esto no sucede por inercia, porque si, pues las realidades sociales se construyen de manera consciente, con discursos, con conciencia, con identidad, con medios, con redes, la tarea inmediata de millones de colombianos es brindar la solidaridad, acompañar a los combatientes en las Zonas veredales y puntos de ubicación.

Que los estudiantes, los sindicatos, las juntas comunales, las organizaciones comunitarias, las iglesias, los colegios, las universidades y demás expresiones del país adelanten una multitudinaria movilización en apoyo y respaldo de la heroica resistencia agraria que construye la paz para Colombia.

Es la respuesta que tenemos que dar al apartheid político que la oligarquía quiere montar contra las Farc en este momento crucial del salto histórico que está significando el fin del conflicto social y armado.

Bucaramanga, 6 de febrero del 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque

Muy oportunas y esclarecedoras las tesis de la Ministra del Trabajo, Clara Lopez, sobre la actual coyuntura historica que vive Colombia con la paz firmada entre el Estado y las Farc, expresadas en una entrevista en el periodico El Tiempo, de hoy 5 de febrero del 2017.

No al apartheid ultraderechista, uribista, vargasllerista y moirista contra los combatientes revolucionarios de las Farc, es lo que nos propone Clara.

Si a la Convergencia democrática en defensa de la paz y la democracia ampliada.

Vamos todos, todo el campo popular, a rodear y llevar nuestra solidaridad y apoyo a los guerrilleros, guerrilleras y niños de las Farc en las Zonas Veredales Transitorias.

Existía amplia expectativa respecto de las decisiones políticas y electorales que tomaría Clara Lopez, la actual Ministra del Trabajo del gobierno del Presidente Santos.

Un numeroso grupo de líderes populares vinculados al Polo Social pedía su concurso como candidata presidencial, en representación de dicho movimiento político de izquierda, en el marco de las definiciones correspondientes en dicha materia, en las que participa, también, el senador maoísta de derecha (afín al recalcitrante uribismo), perteneciente al Moir, Jorge Robledo, como representante de una heteróclita alianza en la que participan otros maoístas degradados, como el ex senador Jaime Dusan, de prácticas corruptas en el saqueo de los dineros de la salud de los educadores colombianos, pues utilizo altos cargos en la Fecode para hacerse nuevo rico a la manera de los emergentes del narcotráfico y el contratismo fraudulento con el Estado.

Robledo y su comparsa de lunáticos descentrados, pues carecen de una identidad precisa por causa de su cercanía con el sartal de postverdades del Caballista paramiltar del Ubérrimo, experto en maquinaciones mediáticas y virtuales, pretenden regresar el actual debate en la izquierda y el campo democrático a las viejas reyertas de los años 70, cuando promovieron el divisionismo popular con su desconocimiento de la forma de lucha armada adoptada por la resistencia agraria y revolucionaria para contrarrestar la violencia anticomunista de la elite feudal dominante. A los del Moir de Mosquera, Robledo, Suarez, Valverde et.al les caía mejor el terrorismo de los paramilitares en el Magdalena Medio, Antioquia y los Llanos Orientales, contra los comunistas y dirigentes sociales.

Fueron enemigos de la lucha armada campesina porque preferían a las autodefensas de los pequeños, medianos y grandes ganadero, cañeros y  agricultores.

Es claro que se inclinan por un Lafaurie o un Visbal Martelo, antes que por un revolucionario como Manuel Marulanda, Raúl Reyes o Alfonso Cano.

Clara no se dejó enredar. No cayó en la trampa de estos tahúres de la vieja, descompuesta y degradada “izquierda” maoísta. Con su aguda, observadora y sencilla inteligencia capto que los retos de la Colombia de hoy son otros. Son los de la construcción de la “paz positiva” y democrática.

En la entrevista concedida hoy al diario El Tiempo de Bogotá ha hecho claridad. Mucha claridad e ignorar sus palabras sería una torpeza mayúscula.

Sus apreciaciones llegan en un momento en que el país es testigo de uno de los eventos de mayor trascendencia histórica, la marcha de más de 6 mil guerrilleros de las Farc a las 26 Zonas Veredales de transición para cumplirle a la paz. Lo que está ocurriendo es demoledor, emocionante e impactante. Ver el desplazamiento en camiones, buses, lanchas, mulas y ordenadas marchas de cientos de combatientes de la resistencia agraria, es un evento que impacta el curso de la historia de esta nación que tomo la decisión de dejar en el pasado la guerra y la violencia política.

Recojo, sin más comentarios, las certeras y esclarecedoras tesis de Clara.

“El país ha visto a los antiguos guerrilleros movilizándose por todos los medios de transporte: a pie, a mula, a caballo, en lancha, en volqueta, llegan a sus sitios de concentración para iniciar la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y la reincorporación a la vida civil; hay que darles la mano”.

“¿Qué quiere decir, Ministra, hay que darles la mano?, pregunta el periodista.

Aceptarlos. ¿Usted qué hace con alguien que llega? ¿Qué hizo en el evangelio el padre del hijo pródigo? A mí me enseñaron siempre las obras de la misericordia, pero las obras de la misericordia en su acepción civil no se las enseñan a nadie. Son: la solidaridad, la compasión, el respeto por la dignidad del otro y, desde luego, la justicia social; entonces, esos elementos hacen parte del proceso de reencuentro de la sociedad con la reconciliación”.

Y agrega:

“….casi todos defienden las alianzas, pero dicen: con todos, menos “con esos” (los de las Farc). Generar ese 'apartheid' político es muy inconveniente para la materialización de la paz en nuestro país. Tenemos que conversar con todos”.

“No tratar de señalarlos y apartarlos para no abrir las puertas de la sociedad. Cuando todo ese sector (las Farc) se somete a la Constitución y a la institucionalidad, ningún dirigente de opinión debe ahora decir que la sociedad no los va a aceptar. Eso es inadmisible” (es exactamente lo que nos propone Robledo y su comparsa maoísta).

Y continúa Clara.

“Yo estoy dispuesta a participar en la construcción de una Convergencia que le dé garantía a Colombia de una paz duradera, sostenible, con profundas reformas de gran calado social y con una lucha contra la corrupción, no de estridencia sino de prevención para proteger los recursos para construir la nueva sociedad”.

“Por supuesto, (le plantea el periodista), Usted no piensa en una convergencia de sectores de izquierda…”

“Nooo. La convergencia es con la gente sin partido, con los jóvenes, con los verdes, con el Polo, la ASI, una cantidad de gente independiente. Inclusive está el Partido Liberal. Hay grandes reservas: Claudia López, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Aurelio Irragorri, Piedad Córdoba y muchos más”.

Yo lo que veo es que se está abriendo paso una gran oportunidad entre todos los sectores que quieren defender la paz (que es lo que no le interesa a Robledo y a su comparsa maoísta degradada). Entonces usted lo que tiene que hacer es establecer un mecanismo de consulta democrática, sí, alrededor de una plataforma de reformas que permita conciliar al mayor número de figuras con opción presidencial que están aspirando.

Clara Lopez entendió las dimensiones de la coyuntura histórica en que nos encontramos. Tiene claro que con el Acuerdo de paz con las Farc Colombia inició un nuevo ciclo histórico de democracia ampliada y con justicia social. Es la que tenemos que construir con muchos colombianos honestos y trabajadores.

Nota. Hay que rodear con la solidaridad de la población las Zonas Veredales de ubicación de los guerrilleros de la resistencia agraria. Vamos todos a darles nuestro apoyo. Lo hare en el Valle del Cauca con otros compañeros. Llevaremos la solidaridad a las compañeras madres gestantes y lactantes.

 

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