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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

 

HORACIO DUQUE.

Peor que el ataque de la ultraderecha uribista y clerical contra los Acuerdos finales de paz esta resultando la serie de trampas y zancadillas que el gobierno del señor Santos y su Consejero de paz, don Sergio Jaramillo, le hace a los acuerdos de paz en materia agraria y de reforma rural integral.

No solo es el sabotaje a la dejación de las armas por parte de las Farc para impedir su rapida participacion en la politica democrática, es tambien el bloqueo a la organizacion de las Zonas Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios, e igualmente el turbio esquema del tratamiento de los cultivos de uso ilicito, en el que los militares y la policia quieren hacer prevalecer una erradicacion violenta dejando en el aire miles de familias cocaleras pendientes de los programas de sustitucion que poco avanzan debido a la paquidermia de la burocracia del post conflicto, plagada de expertos y eminencias grises de una inocultable calaña oportunista y trepadora, con seudo doctorados de perfume, mas interesados en echarse unos millones al bolsillo que en contribuir a superar las problematicas de miles de campesinos obligados a cultivar coca ante la falta de alternativas economicas formales.

Los campesinos cocaleros y casi 13 millones de jornaleros pobres,  tendrán que acudir a nuevas jornadas de movilizaciones, plantones y bloqueos de vias, como las ocurridas recientemente en Tumaco, Argelia (Cauca), Catatumbo y Guaviare, para exigir prontas y efectivas soluciones. 36 millones de pesos como medida de sustitucion es una burla a los cocaleros quienes demandan la Reforma Rural Integral, con soluciones completas a las problematicas sociales de casi 2oo mil familias que dependen de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Que las protestas cocaleras se sumen a las grandes movilizaciones populares en curso por todo el pais. Al Paro civico del Choco, al de Buenaventura, a la huelga de los educadores, de los jueces y a las movilizaciones ciudadanas de Bogota que exigen la revocatoria del inepto alcalde bolardo peñalosa.

Fiel a su naturaleza trampera, Santos y sus peones en el sector agrario, despliegan toda clase de trapisondas para enmarañar la implementación de los acuerdos en materia rural y de democratización de la propiedad agraria.

Foros van, foros vienen, y el saldo neto es que se le quiere hacer trampa a los campesinos, supuestos beneficiarios de la terminación de la guerra y la construcción de la paz.

El proyecto de Ley o de decreto-ley agrario correspondiente está plagado de toda clase de artificios para refundir los fines primordiales del Acuerdo final agrario.

Veamos.

Fondo de tierras.

La constitución del Fondo de tierras para la paz que tendría que disponer  de una nueva infraestructura institucional, y entre sus bienes tres millones de hectáreas para ser distribuidas entre campesinos pobres y sin una gota de tierra, víctimas del conflicto armado y guerrilleros en tránsito a la lucha política democrática, en el proyecto de articulado dado a conocer por los señores Samper e Irragorri, no se establece con precisión dicho Fondo ni su financiamiento. Se dice que de los tres millones de hectáreas acordadas, 1.2 millones se tomarían de territorios localizados en los Parques Nacionales. Paso completamente absurdo ecológicamente. La propuesta cercena las Unidades Agrícolas Familiares y busca impulsar la economía capitalista agraria mediante la manipulación de los derechos de propiedad en beneficio de poderosos agentes económicos, diezmando el centro del Acuerdo que busca, mediante el reparto de tierras, la conformación de una masa campesina con  derechos. Este proyecto, rechazado por la mayor parte de las organizaciones campesinas, afros e indígenas, no interpreta adecuadamente los consensos de La Habana.

La formalización de la propiedad rural.

El segundo tema relacionado con la formalización de la propiedad que alcanza el 63% del total de los propietarios en el país, formalización tendría un costo aproximado de 42 billones de pesos, no se determina de dónde provendrán.

El proyecto santista más bien está orientado a poner las bases para la ejecución de la Ley Zidres que busca grandes inversiones financieras en el desarrollo de cultivos industriales y no a la protección, ampliación y fortalecimiento de la economía campesina que es lo que pretenden los Acuerdos de paz La Habana. Y se equivoca el señor Santos si piensa que se puede ganar la contienda en las elecciones de 2018 si no se pisa el acelerador para que los beneficios de los Acuerdos lleguen al campesinado.

La dotación de bienes públicos e infraestructuras modernas.

El tercer ingrediente es el de entregar bienes públicos a las regiones más fuertemente azotadas por el conflicto tales como infraestructura de educación, salud, vías terciarias.  Sobre este aspecto  apenas se ha presentado un proyecto de Acto Legislativo que hace tránsito en el Congreso para trasladar cerca de 3 billones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías, para la construcción de vías terciarias, en perjuicio, obviamente del desarrollo de la ciencia.

El proyecto de decreto del gobierno, en vez de centrarse en cumplir los acuerdos de paz, trata de lograr por vía extraordinaria, simulando cumplir los acuerdos de paz, lo que vienen tratando de imponer los últimos gobiernos, incluido el actual, mediante diversos proyectos de ley no aprobados o leyes declaradas inconstitucionales, que consiste en echar abajo las normas vigentes que obstaculizan el acaparamiento especulativo de la tierra, exigiendo el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad y obstaculizando la acumulación de los baldíos titulados y las diversas formas de despojo de las tierras de los campesinos, indígenas y afros.

No obstante que el texto del Proyecto mantiene los artículos del capítulo sobre resguardos indígenas de la ley 160, suprime una norma esencial que está en el artículo 69, por fuera de ese capítulo:

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas.

Esta norma, vigente desde la ley 30 de 1988, que ni siquiera el Estatuto Rural de Uribe se atrevió a tocar, bloqueo la práctica de adjudicar los territorios indígenas a particulares, con el pretexto de que no habían sido constituidos como resguardos. Pero, la polémica sobre la ley Zidres reveló que hay un interés renovado en derogar esa norma, ya que la misma se negó a referirse a otro territorio indígena.

Se ve como la derogatoria en bloque de la ley 160 de 1994 permite barrer con cuanto obstáculo han encontrado los acaparadores de tierras, especialmente de baldíos. Esto es peor cunado el proyecto vuelve trizas los fundamentos de la ley 200 de 1936, haciendo realidad el sueño de los despojadores de tierras de décadas, al derogar sus dos primeros artículos y para completar, estableciendo que además del título originario del Estado, puedan acreditar propiedad las meras transacciones entre particulares realizadas hasta 1974.

Un decreto ley debería dedicarse sólo a lo estrictamente dispuesto en los acuerdos de paz, como la organización del Fondo de tierras y no pretender incluir temas de debate nacional que deben tramitarse en leyes ordinarias, ni derogar en bloque la ley 160 de 1964.

Al leer el Proyecto de decreto uno puede pensar que el uribismo no necesita de las tenebrosas habilidades de Fernando Londoño, porque ya hay otros  en este gobierno destruyendo los Acuerdos de paz.

Pura y nítida maturranga a lo Chuky.

Que mugrera de tipos estos funcionarios corruptos que gerencian la paz. 

Crece el escepticismo de la gente con la paz neoliberal santista. Que no se quejen despues. 

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

La paz y su construcción no elimina la lucha de clases. Nuevo auge de la lucha y la accion de masas para demandar derechos y el cumplimiento de los acuerdos de paz que mafia oficialista quiere renegociar. Maestros, afros del Choco y Buenaventura, bogotanos, madres comunitarias, campesinos y desplazados organizan grandes acciones en plazas y avenidas.

La paz de las oligarquías dominantes en la sociedad colombiana quiere hacernos creer que con la terminación del conflicto social y armado vendrá una época de armonía y conciliación entre los grupos antagónicos que hacen presencia en la formación social.

La paz es el fin de la lucha de clases, un invento comunista completamente obsoleto, pues el mundo postmoderno aniquiló las clases sociales y sus diferencias radicales. Desapareció la clase obrera y en su lugar su posicionó una prospera clase media favorecida por las medidas del Estado de bienestar y los progresos de la ciencia y la tecnología.

Hoy ya no existen desuetas oligarquías ni mafias financieras, pues en su lugar lo que tenemos es emprendedores y gerentes exitosos.

Pero como la realidad es superior a tanta majadería sin fundamento, en la actual coyuntura estamos asistiendo a un nuevo auge de las luchas sociales y populares en las circunstancias en que avanza la construcción de la paz posbelica según la receta de la ONU, cuyo Consejo de Seguridad hizo presencia recientemente en Colombia.

Maestros, jueces, madres comunitarias, afrodescendientes del Choco y Buenaventura, campesinos de Arauca, desplazados de Puerto Gaitán, cocaleros, empleados del Ministerio del Trabajo y ciudadanía de Bogotá que promueve la revocatoria del inepto Alcalde Peñalosa,  adelantan grandes huelgas y acciones populares en contra del modelo económico y en favor de sus derechos fundamentales.

Como siempre, los grandes medios desinforman, esconden y mienten sobre las causas que originan estas poderosas corrientes de la inconformidad social.

La construcción de la paz es el ambiente propicio de este nuevo auge popular que también demanda estricto cumplimiento de los pactos de paz, empantanados en la trampa y el juego sucio del oficialismo santista.

Nota. El gobierno y la cupula oficialista sabotean la dejacion de las armas por parte de las Farc para retrasar y obstaculizar su participación en la vida politica nacional y local. Sienten miedo frente a la presencia del nuevo movimiento político que organiza las Farc. Sienten pasos de animal grande con las Farc en las plazas publicas.

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

En el colmo de la sinverguenzada, los gobiernos de Colombia, Mexico y otras siete satrapias latinoamericanas, le piden a Venezuela que respete los derechos humanos, segun lo informa la revista oficialista colombiana Semana, de propiedad de la familia Santos (http://bit.ly/2pHnfTP )

Uno no sabe si reír o llorar.

En el mayor colmo de cinismo los gobiernos de Colombia y México le piden a Venezuela y su gobierno el respeto por los derechos humanos a propósito de la guarimba violenta desatada por la ultraderecha que ya deja casi 40 muertos y cerca de 200 heridos, causados por los grupos vandálicos pagados por los diputados de la MUD.

Francamente es el mundo al revés.

Si en algún lugar se desconocen los derechos humanos es en los territorios de los gobiernos neoliberales de Colombia y México.

La satrapía perpetua de Bogotá acumula la más brutal vulneración de los derechos humanos fundamentales, principalmente el derecho a la vida:

  • Ocho millones de desplazados por la violencia paramilitar de terratenientes, generales, multinacionales agro mineras, políticos oficialistas, banqueros y burócratas corruptos. Es el país con mayor población desplazada en el mundo, despues de Sudan.
  • Represión violenta y crónica del Escuadrón Antimotines de la policía contra las justas protestas de campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, cocaleros, que son masacrados y mutilados con armas letales, gases venenosos y torturas.
  • Asesinato de líderes de derechos humanos y de integrantes de las Farc ubicados en Zonas veredales. Ya van casi 200 masacrados por grupos paramilitares, en los meses recientes.
  • Masificación del paramilitarismo que es organizado por las Brigadas militares y Comandos departamentales de la policía.
  • Asesinato diario de mujeres por grupos sicariales asociados con las policías departamentales.
  • Violación sistemática de menores.
  • Impunidad absoluta de casi 5000 “falsos positivos” ejecutados por generales, oficiales y soldados profesionales.
  • Desempleo e informalidad laboral de millones de personas.
  • Saqueo de la salud y desconocimiento de dicho derecho.
  • Saqueo descomunal de los recursos públicos.
  • Monopolio mediático que miente y distorsiona la realidad social del país.
  • Desconocimiento de los acuerdos de paz y planes para exterminar los líderes guerrilleros que han actuado de buena fe en sus diálogos con el gobierno.
  • Violencia en las cárceles y desconocimiento de la Ley de Amnistía e indulto.

Me podría extender en los hechos pero con lo anotado es suficiente para desenmascarar la farsa del señor Santos.

De México ni se diga.

Allí hay una masacre diaria y la impunidad es demencial

Que cinismo el de estos bandidos que deben padecer nuestros pueblos.

 

 

Horacio Duque.

No faltaba mas. En el coro de enemigos y opositores a la Constituyente comunal bolivariana convocada por el Presidente Nicolas Maduro, tambien hay que incluir a Juan Manuel Santos y su taimada Canciller Holguin. Obviamente alli esta el jefe del paramilitarismo colombiano.

Todos a una contra Venezuela Bolivariana: Imperio, Almagro/OEA, Ultraderecha regional, oposicion escualida y ultraizquierda fletada por la Cia.

En lugar de estar atizando el caos en Venezuela, Santos debería atender la enorme crisis que afecta al proceso de paz con las Farc, cuyos lideres estan siendo asesinados en las Zonas veredales y Puntos transitorios por bandas organizadas por la policia y el ejercito.

La paz con las Farc y el Eln necesita una Constituyente popular para consolidar una paz con justicia social y democracia ampliada que garantice los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.

 

Como cosa rara. Al señor Santos, Presidente de Colombia y a su Canciller, la señora Holguín, de una rancia estirpe neogranadina, genéticamente ultra derechista, tampoco les gusta la Constituyente comunal bolivariana convocada por el Jefe de Estado de Venezuela, Nicolas Maduro, mediante el Decreto 2.830 del 2 de mayo del 2017.

 

En ese agite injerencista y contra popular tienen la dulce compañía del Jefe de los paramilitares, colombianos y venezolanos, el Caballista del Uberrimo, muy conocido de marras, AUV y su rebaño de obedientes acólitos enceguecidos.

 

Los argumentos son bastante trillados. Maduro dio un golpe de Estado, es el gestor de una dictadura, y la sacrosanta democracia liberal, con su separación de poderes, ha sido arrasada por la horda comunista proletaria y marxista-leninista, autoritaria.

 

Maduro es un violador de los derechos humanos y un cruel dictador que pretende hacer de Venezuela otro régimen cubano comunista.

 

Se necesita ser muy caradura para decir estas cosas, como lo hace Santos, ignorando su propia realidad nacional.

 

Dice el viejo refrán popular que para hablar se necesita tener autoridad moral. Dar ejemplo. No tener rabo de paja, como el que tiene el Presidente de Colombia.

 

De qué democracia puede hacer gala Santos cuando en Colombia hay casi 8 millones de desplazados por la violencia, muchos de los cuales se van para Venezuela, de los grupos paramilitares al servicio de poderosos latifundistas y terratenientes, enchufados en el gobierno como Ministros, Magistrados, Legisladores y Generales.

 

De qué respeto a los derechos humanos  pueden hablar Santos y Holguín cuando diariamente son asesinados, en los campos y ciudades de Colombia, líderes campesinos, cocaleros, mujeres y defensores de derechos humanos, que son acribillados por el Escuadrón Anti Disturbios de la Policía/ESMAD, para impedir que los Acuerdos de paz se hagan realidad. Ya van casi 200 activistas sociales y populares acribillados en los últimos 180 días por grupos sicariales vinculados con los políticos oficialistas, las brigadas militares y los comandos departamentales de la policía. Cuando la impunidad se impuso respecto de los responsables de casi 5000 “falsos positivos” ejecutados por decenas de generales y oficiales de las Fuerzas Armadas.

 

De qué transparencia y pulcritud se pueden jactar estos funcionarios, conociendo la podredumbre del gobierno y sus burocratas, los cuales han protagonizado los más descomunales asaltos y saqueos de las rentas publicas mediante los fraudes de Reficar, Odebrecht, Saludcoop, Ministerio de Agricultura, Regalías petroleras, Caprecom, Agroingreso Seguro, restaurantes escolares, autopistas 4G, viviendas subsidiadas, despojos agrarios, etc.

 

De que seriedad y responsabilidad se pueden enorgullecer estos encopetados representantes de la oligarquía bogotana cuando a la vista tenemos el desastre de la construcción de la paz por el incumplimiento cínico de los Acuerdos de paz firmados con las Farc, cuyos integrante se encuentran en la incertidumbre debido al acecho y emboscada de las bandas neoparamilitares organizadas por las Fuerzas Militares en las cercanías de las Zonas Veredales y Puntos Transitorios. Ya van varios integrantes de las Farc masacrados, junto a sus familiares, tal como lo denunciara recientemente el Presidente Nicolas Maduro, quien como Jefe de gobierno dispone de la más privilegiada información recolectada por sus servicios de inteligencia y seguridad.

 

La oposición de Santos y Holguín a la Constituyente comunal bolivariana es la misma que adelanta el imperialismo gringo, la ultraderecha latinoamericana, el Almagro de la OEA, la oposición escuálida violenta de la MUD y la ultraizquierda fletada por la Cia en Caracas que tiene el beneplácito de la red mediática local y global.

 

Que Santos y Holguín dejen de atizar el caos en la patria de Bolívar y más bien que se dediquen a pensar en la próxima Constituyente por la paz que será inexorable convocar en Colombia para evitar el colapso definitivo del proceso de paz, sometido al asedio de los grupos fascistas que tienen el beneplácito oficialista.

 

En Colombia, como en Venezuela, también necesitamos una Constituyente popular, comunal, democrática para salvar el proceso de paz pactado con la resistencia guerrillera campesina y en negociación con el ELN. Pues, como van las cosas, al día de hoy, es seguro que en las elecciones del 2018 los enemigos y saboteadores del fin de la guerra accederán a la Casa de Nariño para reconstruir el Estado paramilitar de la mal llamada Seguridad democrática de la parapolítica.

 

Estamos a tiempo de exigir y demandar dicha Constituyente. Sigamos el ejemplo de Venezuela para que el poder popular mejore su correlación de fuerzas en la perspectiva del Socialismo revolucionario.

 

Cucuta, 5 de Mayo del 2017.

 

 

 

 

Horacio Duque.

Formidable la decisión del Presidente Nicolas Maduro de convocar una Asamblea popular y comunal bolivariana para transformar el Estado y el modelo economico rentista petrolero.

Duro golpe a los planes contrarevolucionarios de la oposicion ultraderechista escualida que ejecuta acciones vandalicas y terroristas para destruir los derechos conquistados con la revolucion socialista de 1999.

Apoyamos la potencia popular constituyente bolivariana.

Las crisis son muy importantes como para desaprovecharlas. Más cuando su contenido esencial es político. Lo político sustentado en la fuerza de la multitud, de las masas populares.

La actual crisis que afecta a la nación venezolana tiene múltiples manifestaciones y en su dimensión política existen diversos escenarios y variables que se deben caracterizar en el debate en curso a propósito de la oportuna y conveniente idea de convocar una Asamblea Constituyente popular hecha por el Presidente Nicolas Maduro, apoyado en los artículos 347, 348, 349 y 350 de la CRBV aprobada en el año 1999.

Venezuela ha vivido en una gran turbulencia desde finales del siglo XX y a lo largo de los años de la actual centuria. Los viejos poderes oligárquicos e imperiales han utilizado toda clase de procedimientos y acciones para destruir y aplastar importantes conquistas sociales, políticas, económicas, culturales y geopolíticas alcanzadas por las mayorías populares.

La utra derecha escuálida venezolana y los grandes centros de poder internacional tenían previsto hacer el cierre político del golpismo con los actos terroristas y vandálicos de los días recientes.

Ese el objetivo del juego sucio de Almagro en la OEA, que Venezuela abandono recientemente; también el propósito del acoso financiero y la descalificación por la vía diplomática, de países como Colombia, Perú, Chile, Honduras, Brasil, Argentina, México y desde luego su amo, los Estados Unidos.

Pero esos planes han fracasado. Ese fiasco es resultado de las incoherencias de la oposición reaccionaria de la MUD. La MUD fracasa porque está plagada de centrifugas y carece de ética y legitimidad popular.

Por el contrario, los hechos están demostrando que el bloque popular que lidera el Presidente Nicolas Maduro tiene clara la estrategia y sabe desplegar sus tácticas de manera oportuna y conveniente.

La Constituyente popular convocada que estará integrada por 500 ciudadanos venezolanos, será un campo de auténtica representación obrera, campesina, femenina, indígena, afro, juvenil y popular, que serán elegidos por sectores sociales y por comunidades.

Su objetivo esencial será establecer un nuevo Estado como elemento relacional estratégico que trascienda la vieja institucionalidad oligárquica aun imperante en muchos ámbitos de la maquinaria burocrática heredada.

A ese fin debe servir la agenda temática propuesta por el Presidente Maduro, la cual se refiere a:

1. Reafirmar los valores de la justicia, ganar la paz, aislar a los violentos en una constituyente para la paz.

2. Ampliar el sistema económico venezolano para dejar un sistema económico pos petrolero.

3. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por Chávez.

4. La justicia, el sistema judicial y penitenciario, la guerra contra la impunidad, el terrorismo, el narcotráfico. Aumentar las penas para una justicia severa.

5. Constitucionalizar las comunas y los consejos comunales para llevarlos al rango constitucional más alto por ser nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.

6. La defensa de la soberanía nacional, el rechazo al intervencionismo.

7. Nueva espiritualidad cultural y venezolanidad, el carácter pluriculturalidad y la identidad cultural.

8. Derechos y deberes sociales, educativos y culturales de la juventud venezolana.

9. El cambio climático, el calentamiento global y la sobrevivencia de la especie en el planeta.

Queda en muy buenas manos la preparación y organización de la Constituyente popular bolivariana, que será adelantada por una Comisión encabezada por el constituyente Elías Jaua Milano y la integran además Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Iris Varela, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Noelí Pocaterra, Elvis Amoroso, Francisco Ameliach y el procurador Reinaldo Muñoz.

Que la potencia constituyente bolivariana barra los poderes oligárquicos de la ultraderecha interior y regional.

 

 

Horacio Duqe.

Las actuales Zonas veredales y los Puntos transitorios organizados mediante decretos leyes de la Presidencia de la Republica, desde diciembre del 2016 ( http://bit.ly/2qlNlty ),  registran diversas problematicas en su 26 puntos acordados, lo que sugiere la necesidad de hacer reformas para prorrogar su vigencia y ampliar sus territorios con el objetivo de dar una base solida a la construcción de la paz mediante la implementación y verificacion de los consensos de paz alcanzados entre el gobierno y las Farc.

Hay que superar el sentido de "orden publico policial" que se imprimio inicialmente a las ZV y PT y saltar a una concepcion de democracia ampliada, justicia restaurativa, reconciliacion, equidad y participacion politica de masas en los territorios en que se han ubicado los combatientes de las Farc.

En la actualidad estamos en el proceso de la construcción de la paz mediante la implementación de los Acuerdos firmados el pasado 24 de noviembre del 2016, en el Teatro Colon de la ciudad de Bogotá, entre el gobierno y las Farc.

Dicho proceso está plagado de contradicciones y vacíos, pues el salto de los documentos a la realidad concreta resalta diferencias e imprevisiones. Es lo que siempre ocurre en la ruta entre la teoría y la práctica. Una cosa es lo que se dice, se escribe o se emite en los discursos y otra muy diferente es la realidad.

La Construcción de la paz colombiana, como todas, hay que contextualizarla. En nuestro caso son muchos los elementos a considerar como el desgaste político del gobierno de Santos; la crítica coyuntura de la economía; los escándalos de corrupción que salpican a los sujetos centrales del régimen político; el oportunismo clásico de la elite política, reflejado en su filibusterismo parlamentario; la presencia del agresivo gobierno del señor Trump; la difícil situación de Venezuela, como consecuencia de los planes golpistas contra el presidente Maduro, patrocinados entre otros por la Casa de Nariño en Bogotá; y el inicio temprano de la campaña presidencial del 2018.

El marco histórico internacional.

A los efectos de las reflexiones correspondientes, en este caso sobre los desarrollos de la paz territorial y local en las Zonas veredales y Puntos transitorios, bien conviene referirse al marco general que se deriva de la experiencia internacional e histórica en la materia.

Una premisa esencial.

Por supuesto, para empezar bien sirve establecer como premisa que los diálogos de paz que se adelantan desde el 2011 en Colombia recogen un amplio repertorio de experiencias y modelos de pacificación diseñados en el Consejo de Seguridad de la ONU y por organismos internacionales patrocinados por potencia imperiales, empeñadas en imponer sus modelos liberales de libre mercado y democracias tecnocráticas.

La construcción de la paz es un concepto que abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales y sus riesgos de devenir la violencia en situaciones de paz estable, justa y duradera.

Una definición imprescindible.

Según Rafael Grasa, la construcción de paz debe entenderse:

Como un conjunto estructurado de actuaciones en la fase posterior a la violencia generalizada, para evitar el retorno o continuación del conflicto armado. Es decir, se opta por un significado moderadamente amplio y con múltiples actores y campos de actividad, que busca resultados a corto, medio y largo plazo.

Como una serie amplia de actividades concretas y multidimensionales: todo lo que permita restaurar o instaurar relaciones sociales y políticas entre personas y grupos con el fin de evitar el recurso a la violencia. Ello incluye gestión, prevención, resolución, reconstrucción y reconciliación; es decir, transformación de la situación y entorno que facilita el recurso a la violencia al aparecer conflictos.

Como una finalidad encaminada a acabar no solo con la violencia directa, sino también con las causas de fondo: la violencia estructural y simbólica.

Como un proceso largo, de no menos de quince o veinte años.

Como un protagonismo básico de actores internos, locales, aunque puede existir apoyo externo. Esos actores pueden ser privados y públicos y de diferente naturaleza.

Y como una distinción entre tres grandes dimensiones de la construcción de la paz:

a) Política;

b) Estructural (causas profundas diversas), y

c) Social, orientada a mejorar las relaciones entre personas, comunidades, grupos de interés, una auténtica transformación de la situación de conflicto.

Por todo ello, la construcción de la paz puede entenderse en un sentido estratégico, de largo plazo y largo aliento, algo que coincide con lo que se denomina transformación de los conflictos, más no su eliminación.

El esquema de la ONU.

En la perspectiva de Naciones Unidas, suelen identificarse cuatro grandes ámbitos de intervención a partir de los cuales se construyen todas las actividades de paz:

a) La seguridad y la gobernanza democrática;

b) La democratización y la participación política;

c) La recuperación socioeconómica, los problemas de desarrollo, y, de no existir, la liberalización económica, y

d) La justicia transicional.

Son los ejes centrales de la denominada paz posbélica que inspiro Butros Ghali como Secretario General de Naciones Unidas a mediados de los años noventa, la cual fue complementada con otros documentos como los siguientes:

Suplemento de un Programa de paz (1995)[1].

Los resultados del Grupo de Trabajo Interdepartamental que contienen:

  • Una Agenda para el Desarrollo (1994)[2].
  • Una agenda para la democratización (1996)[3].
  • El Informe del Panel sobre Operaciones de paz de Naciones Unidas (2000), también conocido como Informe Brahimi[4].

Otras contribuciones posteriores como los de la Comisión Carnegie para la Prevención de conflictos letales, el Informe del Secretario General sobre Prevención de Conflictos (2001), las propuestas de la Unión Europea en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, así como diversas iniciativas de la sociedad civil han ido ampliando el enfoque de construcción de paz.

Todos estos aportes han ido conformando el marco de la construcción de la paz, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos de medio y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural. Se sustenta en tres ejes principales:

- la prevención de los conflictos, que implica un análisis de las raíces y causas de la violencia, así como la definición de estrategias para intervenir cuando la escalada de tensión puede devenir en guerra. Esto supone abordar la multicausalidad de los conflictos actuales, que tiene sus raíces en desigualdades socioeconómicas, en la apropiación de recursos, en agravios históricos y étnicos, en factores políticos relacionados con la fragilidad de los Estados, entre otras. Y desarrollar estrategias en el medio y largo plazo que permitan que las tensiones existentes se resuelvan a partir de la diplomacia, la negociación y los mecanismos de alerta temprana.

- la gestión del conflicto que se refiere a todas aquellas iniciativas que se adoptan durante el conflicto armado, como la negociación, la mediación, así como las acciones de diplomacia paralela que pueden contribuir a desactivar la escalada de la violencia, o la protección de los civiles a partir de misiones internacionales.

- la rehabilitación posbélica que implica una serie de medidas en el corto plazo, encaminadas a superar las heridas de la guerra y a reconstruir las infraestructuras y las instituciones que permitan el funcionamiento del país, a impulsar procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) de los ex combatientes. Y medidas de medio y largo plazo que implican abordar las causas que originaron el conflicto armado y sentar las bases sociales, políticas y económicas para lograr una paz sostenible y duradera. En este sentido, la rehabilitación posbélica es también una forma de prevenir los conflictos y las fronteras que separan la rehabilitación de la prevención que son difusas y es necesaria enmarcarlas en el proceso conjunto de la transformación de los conflictos.

Sobre esa base se consolidó un modelo de paz cada vez más estandarizado y homogéneo que comprende los siguientes ejes: i) Seguridad y gobernanza; ii) democratización y participación política; iii) recuperación socioeconómica y liberalización; y iv) justicia transicional.

El afianzamiento de este modelo estandarizado de construcción de paz indicaría la aspiración de la comunidad internacional de favorecer una “triple transición” en el país afectado por un conflicto armado:

  1. Una transición social, que permita ir de la guerra y la violencia a la paz y la reconciliación;
  2. Una transición política que posibilite avanzar de un gobierno en Estado de guerra o bien de la ausencia de gobierno a un régimen parlamentario y representativo, y
  3. Una transición económica que contribuya a pasar de una economía de guerra, inefectiva y centralizada, a una economía de mercado, más transparente y efectiva.

En ese esquema, cuando se habla de seguridad y gobernanza en construcción de paz deben siempre contemplarse al menos tres actividades principales:

  1. En primer lugar el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes (DDR);
  2. En  segundo lugar la reforma del sector de seguridad (RSS) que, en un sentido amplio, integraría desde la reforma de la policía y del Ejército hasta la de los Ministerios de defensa o el servicio de inteligencia de un país; y
  3. En tercer lugar, la consolidación del imperio de la Ley (Rule of Law), que integra principalmente la reforma del sector justicia y la lucha contra la corrupción.

Un ejercicio de sentido común.

Puede afirmarse que la construcción de la paz posbélica se convirtió en un ejercicio de “sentido común” aceptado por el conjunto de la comunidad internacional a la hora de afrontar transformaciones en situaciones de post conflicto y en nuestro caso, no hemos sido ajenos a tal sentido común imperante en los diálogos de paz.

La paz posbélica ha sido objeto de críticas y análisis enfocados en sus fundamentos metateoricos; en los consensos y paradigmas de las relaciones internacionales que subyacen en ella, que asumen los conflictos armados como postpoliticos. Igualmente a su hipotético monolitismo, pues hay en la misma visión diversos elementos como el realismo, el liberalismo, el idealismo, el cosmopolitismo y la teoría critica. Y de la misma manera se critica la naturaleza estática de dicho modelo, pues ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas.

Las contradicciones del concepto.

La amplitud de concepto construcción de paz permite abordar los conflictos armados actuales desde un enfoque holístico que considera el conflicto en su conjunto y por lo tanto la prevención, la gestión y rehabilitación del conflicto forma parte del mismo proceso. Esto resulta muy positivo porque plantea que todas las fases o momentos del conflicto son importantes y que es preciso contar con una visión global del conflicto, independientemente de la dimensión en la que se actúe. Al mismo tiempo plantea algunas dificultades a la hora de operativizar el concepto. Por una parte, por la amplitud del marco de acción y la multiplicidad de actores que intervienen. Algunos de ellos son: Naciones Unidas y los organismos regionales como la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos; las Instituciones Financieras Internacionales, la Unión Europea, los gobiernos, las Fuerzas Armadas, las ONG internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Cada uno de estos actores responden a unos objetivos y fines determinados, no siempre coincidentes entre si, lo que puede plantear serios problemas de coordinación y gestión. Por otra, por la complejidad para diseñar un marco de acción común que sea capaz de integrar a todos los actores, en el ámbito local, nacional e internacional. Pero incluso aunque se lograse técnicamente conciliar los intereses y propuestas de los distintos actores, nos encontraríamos con la falta de voluntad política para actuar en marcos de supranacionales que permitiese abordar el conflicto más allá de los intereses nacionales que puedan existir. Y además, esto resulta particularmente complejo en un mundo en el que se carece de marcos de gobernación global para abordar los conflictos de forma holística.

Es por esto, que la construcción de la paz es un marco de acción que se va conformando en función de cómo vaya evolucionando el sistema internacional.

Este modelo fue ajustado después de los atentados a las Torres gemelas de New York en el 2001, dando curso al modelo liberal del State Bulding promovido por F. Fukuyama.

Las críticas al modelo liberal de paz.

La crítica más radical de la paz liberal señala que la misma debe considerarse como una nueva forma hegemónica de dominación, que bien puede catalogarse de neocolonial y que entiende la construcción de paz como una forma de dominación por otros medios. No hay duda que los procesos de construcción de paz liberal son en su esencia proyectos neocoloniales o postcoloniales, al estar fundamentados en la desposesión de la agencia local, la dominación racial y la subyugación, como lo plantea Jabri. La paz liberal debe ser entendida primero, como un “proyecto de guerra” diferente que tiene en la noción de “humanidad” su principio organizativo  y legitimador fundamental y cuyo objetivo es la gestión biopolítica de la población. En este sentido, la paz liberal perseguirá la “gubernamentalizacion” de las sociedades post coloniales, a la vez que se encargaría de despolitizar los conflictos sociales en estas sociedades para convertirlos en asuntos técnicos. Lejos de ser un proyecto emancipador la paz liberal debe ser entendida como un proyecto que refuerza la concepción jerárquica de las subjetividades basado en la primacía del pensamiento liberal europeo en oposición a “otros” cuyos modos de articulación son diferentes.

En síntesis las discrepancias planteadas se refieren a los resultados, a la viabilidad y consistencia y a las agendas de la paz liberal.

Desde el campo crítico se han planteado tres grandes alternativas a la construcción de la paz liberal dentro del debate académico, las que se denominan como: a) la construcción de la paz consecuencialista; b) la construcción de la paz social o emancipatoria; y c) la construcción de paz multicultural.

Alternativas que bien pueden reunirse en la idea de la paz local y en lo cotidiano de las comunidades.

Elementos que hacen presencia en los denominados territorios de paz que hoy se reflejan en las Zonas veredales y los Puntos transitorios, 26 en total por todo el territorio nacional.

Dichos espacios de paz oficializados por el gobierno mediante casi 27 decretos expedidos en diciembre del 2016, desconocieron muchas de las propuestas formuladas por la delegación de las Farc en su iniciativa para organizar los Territorios de paz/Terrepaz como centros de reconciliación, democracia, justicia social, connivencia, seguridad alimentaria, conservación ambiental y laboratorios de paz.

Desconocimiento que explica en gran medida las enormes dificultades en la organización y funcionamiento de las ZV y PT, por la ineficiencia de las burocracias públicas y la corrupción que se ha instalado en la contratación de las obras de construcción y adecuación de las áreas de recepción y de residencia de los combatientes de las Farc, lo que provocó hace poco la caída del Secretario General de la Presidencia, el señor Luis Guillermo Velez.

Reformar las ZV y los PT.

Dificultades que llevan a la necesidad de abordar nuevos elementos en dichos espacios como la prórroga de su vigencia, la ampliación de sus territorios y la construcción de nuevos sentidos cargados de democracia ampliada, justicia social y reforma política progresista.

El gobierno en acuerdo con las Farc debería preparar nuevos decretos y disposiciones que superen el enfoque de simple orden público y policial que se le dio en principio a las ZV y PT en los términos de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política y la Ley 418 de 1997 modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1779 de 2016.

Igualmente se debería ya, como lo prevén los decretos de creación de las ZV y PT, proyectar su necesaria prorroga por otros 12 meses más.

De la misma manera ampliar su tamaño, pues los actuales espacios como se ha visto no son suficientes para potenciar el contenido y los alcances democratizadores de los acuerdos de paz.

Con estos cambios es posible recuperar la idea primordial de trazar unos Territorios especiales para la construcción de la paz, como el espacio social y geográfico para la transformación integral de las FARC-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar, dentro del orden constitucional surgido del proceso de diálogos y las formas de organización política y social que se derivan del ejercicio de la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, a través de cabildos o asambleas populares.

Para que en ellos se produzca la dinámica de implementación de los acuerdos logrados garantizando la sostenibilidad socioambiental, el derecho al territorio, al agua, al medio ambiente sano, a la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y al buen vivir en general.

Pues, uno de los grandes retos en el próximo futuro es la transformación estructural de los territorios más afectados por el conflicto, el abandono del Estado, la corrupción y la pobreza.

Hay que hacer coincidir esos territorios con los que serán priorizados para los Programas de Desarrollo Territorial de la Reforma Rural Integral (RRI).

Los nuevos Territorios de paz deben ser los ejes más dinámicos de desarrollo nacional para la paz que concentren mayores esfuerzos institucionales, de sectores productivos, de las comunidades y de la insurgencia, de modo que se logren remover todas las causas del conflicto, sin desconocer que los acuerdos tienen un carácter universal y que deben otorgar los beneficios de la reconciliación a todos los colombianos.

 En esa dirección es prioritaria la creación del Consejo Nacional de la Normalización Territorial (CONATER), como parte de los decretos que introduzcan las reformas necesarias a los decretos que crearon las ZV y los PT.

Notas.

[1] Véase BOUTROS-GHALI (1995). “Suplemento de un programa de paz”, recuperado de http://bit.ly/2oO1Ckp

[2] Véase Naciones Unidas (1994). “Una Agenda para el desarrollo”, recuperado de http://bit.ly/2okFgTR 

[3] Véase Naciones Unidas (1996), “Una agenda para la democratización”, recuperado de http://bit.ly/1KJg2Eq

[4] Véase Naciones Unidas (2000) “Informe Brahimi”, en http://bit.ly/2pnMHxW

Horacio Duque.

Al contrario de la estigmatizacion promovida por los grandes medios, Tumaco (1640), la Perla del Pacifico, avanza en hechos de paz como la organizacion de la Zona veredal en La Variante y la eleccion de un nuevo alcalde, Julio Cesar Rivera, que cuenta con el apoyo de la sociedad civil urbana y rural.

Se requiere que el Plan de Desarrollo "Tumaco nuestra Pazion" (http://bit.ly/2qgZZwZ ) se reformado para incluir los Acuerdos de paz alcanzados con las Farc. 

No tengo clara la motivación de la avalancha periodística y mediática que sataniza y criminaliza la histórica ciudad de Tumaco, en el pacífico sur del territorio colombiano.

Tumaco es el emporio de las drogas y la catedral de la criminalidad nacional. La quintaesencia de la maldad, vociferan todos a una.

Por momentos creo que se trata de una maniobra distractora orientada a favorecer otros focos claves en el negocio de las drogas que administran poderosos narcos incrustados en los cuerpos de seguridad del gobierno nacional.  En efecto, pienso que el mayor porcentaje del trasiego multimillonario de la cocaína hacia el mercado global es controlado por prominentes integrantes de la policía, de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, por destacados funcionarios de la administración y por políticos que integran las cámaras legislativas, dueños de las administraciones aduaneras de puertos y aeropuertos (Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa marta, El Dorado, etc).

Tumaco es una cortina de humo para tapar otras rutas muy eficaces de la mafia oficialista policial.

Por supuesto, en Tumaco hay violencia, como en muchos otros lugares de Colombia, sin embargo el tratamiento de tal fenómeno repite el viejo modelo represivo y autoritario que le da prioridad a instrumentos tan peligrosos como el Esmad, dueño de las vías principales de la ciudad y maquinaria depredadora de la organización agraria cocalera.

Hay que anotar que la carretera de acceso a la ciudad, desde Pasto, está totalmente militarizada y bajo el control de piquetes de asalto y vulneración de los derechos civiles y democráticos.

El Esmad y los policías y militares erradicadores de los cultivos de coca, son el foco de una violencia letal que siembra el caos entre la población tumaqueña.

Si bien es cierto en Tumaco se registra un alto número de hectáreas en cultivos de coca,  que realizan modestos campesinos para garantizar su sustento, no menos lo es que las medidas del gobierno para terminar con dicha actividad son completamente absurdas. Como gastarse 450 millones de dólares en erradicadores militares y policiales, para eliminar 50 mil hectáreas con medidas de fuerza y violencia, cuando una política concertada con los cocaleros permitiría canalizar esos billones en apoyar proyectos productivos de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

La acción policial y militar desplegada en Tumaco contra los cocaleros es demencial y necesita ser replanteada con urgencia. De no ser así el problema crecerá y, en el futuro, lo que veremos serán nuevas formas de violencia y de resistencia popular.

Tumaco necesita otros enfoques de sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales.

Tumaco es una importante ciudad, Distrito Especial, con más de 220 mil habitantes, repartidos en casi 180 corregimientos. Fundada en 1640 recoge una bella tradición ligada a la cultura Tumaco- La Tolita, cuyos restos arqueológicos son muy destacados y forman parte del patrimonio cultural del actual municipio

Recientemente fue elegido como nuevo alcalde Julio Cesar Rivera, para sustituir a la destituida alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara.

Rivera reunió el apoyo de las comunidades urbanas y rurales que acogieron con entusiasmo sus propuestas.

En sus manos está la tarea de construir la paz en Tumaco, donde ha sido organizada una Zona Veredal en el área de la Variante con acceso a la Playa del Rio Mira. Zona veredal que presenta notables retrasos en su adecuación por culpa de la negligencia e indolencia gubernamental que ha firmado unos contratos fraudulentos con empresas fantasmas y de bolsillo.

Hacer realidad la paz en Tumaco implica adelantar obras que beneficien a las comunidades en la sustitución efectiva de los cultivos de coca con proyectos productivos integrales de cacao, cítricos, ganaderos, pecuarios; con proyectos de vivienda rural; con proyectos de saneamiento; de agua potable; de energías alternativas; con proyectos educativos para la validación de bachillerato, la formación técnica, tecnológica, universitaria y científica; con proyectos de recuperación de bosques, ríos y humedales.

Ojala el nuevo alcalde de Tumaco avance rápidamente con sus compromisos e incorpore como un primer paso al Plan de Desarrollo los aspectos centrales del Acuerdo de Paz que deben ser materializados en el ámbito local y cotidiano de las comunidades de la Perla del Pacifico.

Nota 1. Esperemos que la politiquería de los viejos y nuevos gamonales del oficialismo santista no desvíen el sentido de la reforma política y electoral para la paz, cuyo principal objetivo es la ampliación de la democracia.

Nota 2. Primero se cae Santos o Peña Nieto (México), que el Presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Ocho millones de desplazados, la impunidad de los falsos positivos ejecutados por los militares, la violenta arremetida del Esmad y otros cuerpos policiales contra los manifestantes en Colombia, son situaciones mucho más graves que las que se presentan en estos días con la guarimba terrorista en Venezuela, utilizada por el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas, incluida la santouribista bogotana, para presionar un golpe de Estado contra del Presidente Maduro. Ni me extiendo en lo de México, donde hay una masacre contra indígenas y estudiantes, casi todos los días, y el señor de la OEA ni se da por enterado para pedir la salida de PN.

Nota 3. Otra metida de patas del escritor William Ospina con su carga seudo literaria a favor de la ultra derecha guarimbera y fascista venezolana. Repite la historia del 2014 con su apoyo al candidato parapolitico del caballista del Ubérrimo, OIZ.

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

Materializar en normas, leyes e instituciones las recomendaciones de la Mision electoral para transformar el sistema electoral nacional es una prioridad en la ruta de concretar e implementar los acuerdos en lo relacionado con la  participacion politica y la democracia ampliada.

La superación del prolongado conflicto social y armado colombiano exige resolver los problemas asociados con la exclusión política y la manipulación de las instituciones públicas para desconocer derechos democráticos esenciales de la ciudadanía.

El acuerdo de paz sobre participación política alcanzado por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos con las Farc el pasado 24 de noviembre plantea la idea de construir una Democracia ampliada con nuevos espacios de intervención y deliberación política. Propone el objetivo de un Sistema electoral más incluyente y, en especial, uno que represente mejor a las minorías políticas y a los territorios afectados por el conflicto armado. 

 

En tal dirección, en el punto 2.3.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se consensuo, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, la creación de una Misión electoral especial conformada por 7 expertos/as de alto nivel, así: un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) y 6 expertos/as los cuales se seleccionarán por las siguientes organizaciones, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

 

La Resolución 65 del 17 de enero del 2017 del Ministerio del Interior se expidió para conformar tal Misión electoral especial que el pasado 24 de marzo presento un informe preliminar sobre la materia que le fue encomendada.

 

El documento de la Misión Electoral se concentra en tres ejes principales: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral, temas íntimamente vinculados a  cuestiones relacionadas con la representación política, la transparencia, y la existencia de organizaciones fuertes abiertas a nuevas expresiones políticas.

 

En su informe la Misión Electoral Especial señala que su propuesta busca: construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales; mejorar la calidad de la representación política, con énfasis en las oportunidades para jóvenes, grupos étnicos y mujeres; impulsar un sistema de organizaciones políticas fuertes, menos personalista y clientelista, y abierto a nuevas expresiones políticas; promover un sistema de financiamiento que reduzca los costos de la actividad política, genere transparencia, controles, y aumente la proporción de la contribución del Estado; establecer un sistema electoral más sencillo para la ciudadanía, los candidatos, y los organismos electorales, que incentive la participación.

 

Nueva arquitectura institucional.

 

La propuesta busca cambiar la estructura formal de las instituciones que debe repercutir en la democratización de la vida política y la realidad electoral.

 

Se propone la creación de dos órganos, el Consejo Electoral Colombiano con funciones técnicas, logísticas y administrativas, administrando el registro civil y el padrón electoral, y controlando el financiamiento de la política, con presencia territorial permanente, departamental y municipal. Se sugiere que su composición conste de una Directiva de cinco miembros de elección no partidista ni de origen alguno tal, por un periodo de duración de ocho años, ternas, cooptación y equilibrio de género. Que se encargue además de educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados.

 

El otro órgano que se plantea, de carácter judicial, es la Corte Electoral, encargada de la jurisdicción electoral e integrada al poder público, se encargaría de resolver lo contencioso electoral y definiría: la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo de los elegidos por voto popular. Sería el árbitro en las disputas partidistas, define la separación definitiva del cargo, pérdida de la investidura, pérdida del cargo de los elegidos por voto popular.  Se sugiere que su composición conste de  seis regionales con tres magistrados de carrera y en el orden nacional por cinco magistrados, todos ellos de origen no partidario, y nombrados por un período de ocho años. Las ternas serían enviadas el Senado de la República una por el Presidente de la República y dos por la Corte Constitucional. Los tres magistrados así elegidos nombrarían  a los dos restantes.

 

El propósito de este nuevo diseño institucional es poner fin a la fragmentación de tareas que hoy asumen cinco entidades distintas, a saber: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía General. Se adopta la figura de tribunal especializado en temas electorales, vigente en 18 de los 23  países de Sur America.

 

Es absolutamente avanzada la propuesta de erradicar el control partidista de la organización electoral.

 

Aunque se habla de la arquitectura institucional no se debe omitir que los asuntos electorales se mueven en un mar de complejidades que involucran la cultura política de los colombianos, comportamientos, identidades sociales, manejo de la información, personerías jurídicas, organización interna de los partidos políticos y controles efectivos, entre otros factores. 

 

En este contexto es evidente que la apertura que se busca para fortalecer la democracia y ampliar la participación pasa por luchar contra la captura del Estado por parte de grupos y sectores que controlan las dinámicas electorales que anteponen sus intereses particulares al interés general.

 

Financiación electoral.

 

El financiamiento y las campañas estarían centradas en los partidos y no en los candidatos y contaría con un fuerte gasto estatal.

 

Con el fin de controlar fenómenos de corrupción ligados al financiamiento de las campañas de los candidatos y poner un tope real a los gastos de campaña, la sugerencia de la Misión Electoral Especial  es generar un modelo de financiamiento mixto en el que el gobierno provea la mayor parte de los recursos. De este modo se reducirían los costos de la política, con mayores y efectivos controles, brindando oportunidades a nuevas organizaciones políticas. En época electoral el aporte directo del Estado a los partidos se distribuiría en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en resultados precedentes y 10 por ciento de manera equitativa)  y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados de la elección).

 

Cambios en el sistema de elecciones y de financiación.

 

En materia del sistema de elección la Misión propone que se mantenga la circunscripción nacional con 100 senadores, elegidos en lista cerrada y bloqueada, mediante el método de representación proporcional (formula d´Hondt). El principal beneficio sería la reducción de los costos de las campañas, que serían asumidos por los partidos y no por los candidatos. La novedad aquí es la introducción de la lista cerrada y la consiguiente eliminación de las listas abiertas con voto preferente.

 

En la Cámara de representantes se propone elevar de los 168 que actualmente la componen a 200 diputados elegidos departamentalmente (mínimo 4 representantes) con la introducción de un sistema mixto y de representación proporcional, que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con base en los parámetros definidos en la ley. Aumento de la representación femenina mediante un incremento de la cuota de género que tienda hacia la paridad, alternancia y universalidad y mayor apoyo financiero y de formación política en los partidos.

 

Es evidente que solo la unificación de las listas permitirá una competencia entre partidos y no entre individuos como la base para “impulsar un sistema de organizaciones políticas fuerte, menos personalista y clientelista y abierto a nuevas expresiones políticas” como lo señaló la Misión, aunque a renglón seguido la Misión electoral propone algo que va exactamente en la dirección contraria al establecer en Colombia un sistema mixto de elección en la Cámara de Representantes con 95 circunscripciones uninominales, foco de clientelismo, corrupción y subordinación ciudadana.

 

Con el objetivo de aumentar la participación y reducir el clientelismo, el voto sería obligatorio y el transporte de los electores a las urnas gratuito.

 

Los anteriores son los elementos centrales de la propuesta de reforma electoral para la paz.

 

 

Horacio Duque.

Por donde se le mire el comportamiento del regimen santista respecto de los acuerdos de paz es de incumplimiento y utilizacion de los mismos para imponer su modelo neoliberal minero, agroindustrial contrainsurgente.

En el caso de los cultivos de coca la norma es la erradicacion forzosa y violenta con cárcel y masacre para los campesinos como ha ocurrido en el Chocó, Caqueta, Cauca y Putumayo.

Los cocaleros se han organizado para exigir la sustitucion voluntaria de los cultivos de coca, marihuna y amapola con efectivos apoyos economicos y materiales.

Nos encontramos en la etapa de implementación de los acuerdos de paz y en tal sentido uno de los aspectos de mayor importancia es el del tratamiento a los cultivos de coca por miles de campesinos que generan su subsistencia con dicha actividad agrícola.

El tema se abordó en los diálogos de paz de La Habana en el entendido que el negocio de las drogas se había convertido, a lo largo de los años 80 y 90, en uno de los detonantes del conflicto social y armado.

Por eso las partes firmaron un consenso para resolver tal fenomenología, mediante un conjunto de medidas orientadas a la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, marihuana y amapola, descartando el uso de la violencia, la represión policial y la coacción judicial como si los cultivadores fuesen grandes capos de las mafias del narcotráfico. Es decir darle un tratamiento político democrático a tal situación.

No obstante, en la ruta de la implementación de tal pacto lo que ha prevalecido es la incoherencia y la cultura implantada por los asesores gringos que inducen la acción contrainsurgente y punitiva.

Si bien entre el gobierno representado por el Doctor Rafael Pardo y los delegados de las Farc se han acordado unos planes de acción en Putumayo, Briceño, Caquetá, Guaviare y Catatumbo como parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito/PNIS, para avanzar en la sustitución voluntaria de los cultivos de coca por actividades agrícolas tradicionales, al Ejército, la policía y la Fiscalía se le han conferido nuevas competencias para hacer la erradicación violenta de miles de hectáreas y de esa manera concretar las metas pactadas con las agencias antidrogas del imperialismo norteamericano.

Como supuestamente las áreas cultivadas se han incrementado en los últimos 36 meses (a casi 190 hectareas), la meta de erradicación forzosa para el año en curso (2017) es equivalente a las 100 mil hectáreas.

Los campesinos cocaleros son objeto del atropello cotidiano de los dispositivos del Ejercito, la policía y la fiscalía en cumplimiento de los objetivos y competencias otorgados por la Resolución 3080 del 18 de abril del 2016 expedida por el Ministerio de Defensa y con la cual se adopta la estrategia de lucha contra el narcotráfico del sector defensa nacional.

Tal estrategia establece una ruta de acción muy en la línea de las políticas contrainsurgentes con las que opera la organización burocrática de las Fuerzas Armadas de Washington.

El esquema general de dicho protocolo incluye los siguientes aspectos:

Introducción

I. Desafíos a enfrentar en el nuevo escenario

II. Objetivo estratégico del sector defensa

III. Iniciativas y ejes estratégicos

IV. Contexto para la sostenibilidad y eficiencia de la estrategia (8)

4.1. Fortalecimiento institucional

4.2. Diseño y cumplimiento de proyectos de sustitución y desarrollo alternativo

4.3. Garantizar la disponibilidad de recursos y cooperación

4.4. Interacción y generación de confianza en las comunidades

4.5. Agilización del proceso de consulta previa por Ministerio del Interior

4.6. Marco jurídico adecuado.

V. Estrategia de fortalecimiento de la lucha contra las drogas ilícitas - Sector Defensa

5.1. Erradicación integral de cultivos ilícitos

5.1.1. Disminución y contención de cultivos ilícitos

5.1.2. Implementación del sistema integrado de monitoreo autónomo (SIMA)

5.1.3. Ampliación y fortalecimiento de operaciones de erradicación manual

5.1.4. Mantener la capacidad de erradicación por aspersión

5.2. Fortalecimiento de la interdicción integral

5.2.1. Focalización de las operaciones y acciones de interdicción

5.2.2. Desarticular y afectar los actores narcotraficantes

5.2.3. Análisis y desarrollo integrado de interdicción de la fuerza pública

5.2.4. Ampliar la vigilancia y control del espacio para mayor interdicción

5.3. Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción dominio

5.3.1. Fortalecimiento de la investigación criminal - coordinación FGN - UIAF

5.3.2. Revisión y fortalecimiento de los instrumentos legales

5.3.3. Seguridad operacional y anticipación interinstitucional

5.4. Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias

5.4.1. Prevención frente a comportamientos asociados a cultivos ilícitos

5.4.2. Contención del mercado emergente de las NSP en el país

5.4.2.1. Conocimiento de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP)

5.4.2.2. Contención al ingreso al país de NSP

5.4.2.3. Herramientas de control - mercado NSP

5.4.3. Anticipación institucional ante el surgimiento de fenómenos delictivos

5.4.3.1. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal

5.4.3.2. Interrumpir rentas ilícitas asociadas al narcotráfico

5.4.4. Programa “Juntos por la prevención de nuestro municipio”.

5.4.5. Programas y estrategias contra el consumo

5.5. Cooperación internacional

5.5.1. Fortalecimiento de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos

5.5.2. Fortalecimiento a las operaciones de interdicción

5.5.2.1. Interdicción marítima y fluvial

5.5.2.2. Interdicción aérea

5.5.2.3. Interdicción terrestre

5.5.3. Apoyo y renovación de alianzas para la cooperación internacional.

VI. Seguimiento y evaluación.

Recomiendo examinar con espíritu crítico tal documento en el siguiente enlace electrónico recuperado de http://bit.ly/2nn5CFU

Como quiera que el gobierno y el Ejercito le están dando otro sentido a los acuerdos de La Habana en dicha materia, los campesinos cocaleros se han organizado en la Cocam para programar la movilización y el rechazo de las políticas gubernamentales cargadas de arbitrariedad y violencia.

La imagen ha sido tomada de la internet recuperda del siguiente sitio electrónico http://bit.ly/2nsefRb

 

 

 

Horacio Duque.

En Cajamarca le dan contundente golpe a la megamineria neoliberal santista plagada de corrupción y saqueo de los dineros públicos.

A la "sombra de la paz" el señor Santos quiere imponer la nueva generacion de reformas neoliberales como ocurrió con la Constitución de 1991 en el gobierno de Cesar Gavira. Es el neoliberalismo de la megamineria, las Zidres y la corrupcion con las autopistas de las 4G, que encabeza una burguesia transnacioalizada que hace el corretaje entre los grandes capitales globales y las camarillas locales depredadoras de los recursos naturales y los bienes publicos..

Cajamarca es la demostracion de la crisis de legitimidad del regimen de la mermelada y de los Ñoños. Es la demostración de que el pueblo colombiano quiere un cambio real y una paz con democracia ampliada y justicia social.

Ya se conocen los resultados de la consulta adelantada el día de hoy en Cajamarca, Tolima, un municipio con cerca de 25 mil habitantes.

Los ciudadanos de este municipio rechazaron a la multinacional  Anglo Gold  Ashanti.

A la pregunta ¿Está de acuerdo SI o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos o actividades mineras?  6165 habitantes votaron por él No, mientras que el Sí obtuvo 76.

Asi  los habitantes de Cajamarca le ponen frenó el proyecto minero La Colosa.

En esta consulta popular se utilizó la verificación biométrica que permite cotejar las huellas dactilares con la información de la Registradora y de esta manera evitar el fraude electoral.

Se ha ganado una batalla contra la nueva generación de las reformas neoliberales que está impulsando el gobierno de Juan Manuel Santos. A la sombra del proceso de paz la elite oligárquica quiere despejar nuevos territorios para propiciar la explotación minera, la agroindustria de los grandes terratenientes que apalanca la ley Zidres y el despojo del Estado mediante la masiva corrupción de la contratación de las obras públicas.

Cajamarca está registrando los altos niveles de la crisis de legitimidad del régimen santista a raíz de los escándalos por los sobornos de Odebrecht instrumentalizados a través del tesorero (Roberto Prieto) de las múltiples campañas políticas del señor Santos.

Que se “acabe de enterar” el Jefe de la Casa de Nariño que el repudio contra su gestión crece por todo el territorio colombiano.

Todo nuestro apoyo a al pueblo de Cajamarca contra este demencial proyecto de destrucción de los recursos naturales.

Necesitamos amplia coalición ciudadana contra el neoliberalismo y la corrupción santista.

Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!!!.

No a la megamineria santista!!!!!.

No a la paz neoliberal!!!!!!.

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
  • marx_foto_misu_joaco_pinzon

Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

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