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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

Horacio Duque.

Por donde se le mire el comportamiento del regimen santista respecto de los acuerdos de paz es de incumplimiento y utilizacion de los mismos para imponer su modelo neoliberal minero, agroindustrial contrainsurgente.

En el caso de los cultivos de coca la norma es la erradicacion forzosa y violenta con cárcel y masacre para los campesinos como ha ocurrido en el Chocó, Caqueta, Cauca y Putumayo.

Los cocaleros se han organizado para exigir la sustitucion voluntaria de los cultivos de coca, marihuna y amapola con efectivos apoyos economicos y materiales.

Nos encontramos en la etapa de implementación de los acuerdos de paz y en tal sentido uno de los aspectos de mayor importancia es el del tratamiento a los cultivos de coca por miles de campesinos que generan su subsistencia con dicha actividad agrícola.

El tema se abordó en los diálogos de paz de La Habana en el entendido que el negocio de las drogas se había convertido, a lo largo de los años 80 y 90, en uno de los detonantes del conflicto social y armado.

Por eso las partes firmaron un consenso para resolver tal fenomenología, mediante un conjunto de medidas orientadas a la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, marihuana y amapola, descartando el uso de la violencia, la represión policial y la coacción judicial como si los cultivadores fuesen grandes capos de las mafias del narcotráfico. Es decir darle un tratamiento político democrático a tal situación.

No obstante, en la ruta de la implementación de tal pacto lo que ha prevalecido es la incoherencia y la cultura implantada por los asesores gringos que inducen la acción contrainsurgente y punitiva.

Si bien entre el gobierno representado por el Doctor Rafael Pardo y los delegados de las Farc se han acordado unos planes de acción en Putumayo, Briceño, Caquetá, Guaviare y Catatumbo como parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito/PNIS, para avanzar en la sustitución voluntaria de los cultivos de coca por actividades agrícolas tradicionales, al Ejército, la policía y la Fiscalía se le han conferido nuevas competencias para hacer la erradicación violenta de miles de hectáreas y de esa manera concretar las metas pactadas con las agencias antidrogas del imperialismo norteamericano.

Como supuestamente las áreas cultivadas se han incrementado en los últimos 36 meses (a casi 190 hectareas), la meta de erradicación forzosa para el año en curso (2017) es equivalente a las 100 mil hectáreas.

Los campesinos cocaleros son objeto del atropello cotidiano de los dispositivos del Ejercito, la policía y la fiscalía en cumplimiento de los objetivos y competencias otorgados por la Resolución 3080 del 18 de abril del 2016 expedida por el Ministerio de Defensa y con la cual se adopta la estrategia de lucha contra el narcotráfico del sector defensa nacional.

Tal estrategia establece una ruta de acción muy en la línea de las políticas contrainsurgentes con las que opera la organización burocrática de las Fuerzas Armadas de Washington.

El esquema general de dicho protocolo incluye los siguientes aspectos:

Introducción

I. Desafíos a enfrentar en el nuevo escenario

II. Objetivo estratégico del sector defensa

III. Iniciativas y ejes estratégicos

IV. Contexto para la sostenibilidad y eficiencia de la estrategia (8)

4.1. Fortalecimiento institucional

4.2. Diseño y cumplimiento de proyectos de sustitución y desarrollo alternativo

4.3. Garantizar la disponibilidad de recursos y cooperación

4.4. Interacción y generación de confianza en las comunidades

4.5. Agilización del proceso de consulta previa por Ministerio del Interior

4.6. Marco jurídico adecuado.

V. Estrategia de fortalecimiento de la lucha contra las drogas ilícitas - Sector Defensa

5.1. Erradicación integral de cultivos ilícitos

5.1.1. Disminución y contención de cultivos ilícitos

5.1.2. Implementación del sistema integrado de monitoreo autónomo (SIMA)

5.1.3. Ampliación y fortalecimiento de operaciones de erradicación manual

5.1.4. Mantener la capacidad de erradicación por aspersión

5.2. Fortalecimiento de la interdicción integral

5.2.1. Focalización de las operaciones y acciones de interdicción

5.2.2. Desarticular y afectar los actores narcotraficantes

5.2.3. Análisis y desarrollo integrado de interdicción de la fuerza pública

5.2.4. Ampliar la vigilancia y control del espacio para mayor interdicción

5.3. Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción dominio

5.3.1. Fortalecimiento de la investigación criminal - coordinación FGN - UIAF

5.3.2. Revisión y fortalecimiento de los instrumentos legales

5.3.3. Seguridad operacional y anticipación interinstitucional

5.4. Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias

5.4.1. Prevención frente a comportamientos asociados a cultivos ilícitos

5.4.2. Contención del mercado emergente de las NSP en el país

5.4.2.1. Conocimiento de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP)

5.4.2.2. Contención al ingreso al país de NSP

5.4.2.3. Herramientas de control - mercado NSP

5.4.3. Anticipación institucional ante el surgimiento de fenómenos delictivos

5.4.3.1. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal

5.4.3.2. Interrumpir rentas ilícitas asociadas al narcotráfico

5.4.4. Programa “Juntos por la prevención de nuestro municipio”.

5.4.5. Programas y estrategias contra el consumo

5.5. Cooperación internacional

5.5.1. Fortalecimiento de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos

5.5.2. Fortalecimiento a las operaciones de interdicción

5.5.2.1. Interdicción marítima y fluvial

5.5.2.2. Interdicción aérea

5.5.2.3. Interdicción terrestre

5.5.3. Apoyo y renovación de alianzas para la cooperación internacional.

VI. Seguimiento y evaluación.

Recomiendo examinar con espíritu crítico tal documento en el siguiente enlace electrónico recuperado de http://bit.ly/2nn5CFU

Como quiera que el gobierno y el Ejercito le están dando otro sentido a los acuerdos de La Habana en dicha materia, los campesinos cocaleros se han organizado en la Cocam para programar la movilización y el rechazo de las políticas gubernamentales cargadas de arbitrariedad y violencia.

La imagen ha sido tomada de la internet recuperda del siguiente sitio electrónico http://bit.ly/2nsefRb

 

 

 

Horacio Duque.

En Cajamarca le dan contundente golpe a la megamineria neoliberal santista plagada de corrupción y saqueo de los dineros públicos.

A la "sombra de la paz" el señor Santos quiere imponer la nueva generacion de reformas neoliberales como ocurrió con la Constitución de 1991 en el gobierno de Cesar Gavira. Es el neoliberalismo de la megamineria, las Zidres y la corrupcion con las autopistas de las 4G, que encabeza una burguesia transnacioalizada que hace el corretaje entre los grandes capitales globales y las camarillas locales depredadoras de los recursos naturales y los bienes publicos..

Cajamarca es la demostracion de la crisis de legitimidad del regimen de la mermelada y de los Ñoños. Es la demostración de que el pueblo colombiano quiere un cambio real y una paz con democracia ampliada y justicia social.

Ya se conocen los resultados de la consulta adelantada el día de hoy en Cajamarca, Tolima, un municipio con cerca de 25 mil habitantes.

Los ciudadanos de este municipio rechazaron a la multinacional  Anglo Gold  Ashanti.

A la pregunta ¿Está de acuerdo SI o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos o actividades mineras?  6165 habitantes votaron por él No, mientras que el Sí obtuvo 76.

Asi  los habitantes de Cajamarca le ponen frenó el proyecto minero La Colosa.

En esta consulta popular se utilizó la verificación biométrica que permite cotejar las huellas dactilares con la información de la Registradora y de esta manera evitar el fraude electoral.

Se ha ganado una batalla contra la nueva generación de las reformas neoliberales que está impulsando el gobierno de Juan Manuel Santos. A la sombra del proceso de paz la elite oligárquica quiere despejar nuevos territorios para propiciar la explotación minera, la agroindustria de los grandes terratenientes que apalanca la ley Zidres y el despojo del Estado mediante la masiva corrupción de la contratación de las obras públicas.

Cajamarca está registrando los altos niveles de la crisis de legitimidad del régimen santista a raíz de los escándalos por los sobornos de Odebrecht instrumentalizados a través del tesorero (Roberto Prieto) de las múltiples campañas políticas del señor Santos.

Que se “acabe de enterar” el Jefe de la Casa de Nariño que el repudio contra su gestión crece por todo el territorio colombiano.

Todo nuestro apoyo a al pueblo de Cajamarca contra este demencial proyecto de destrucción de los recursos naturales.

Necesitamos amplia coalición ciudadana contra el neoliberalismo y la corrupción santista.

Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!!!.

No a la megamineria santista!!!!!.

No a la paz neoliberal!!!!!!.

Horacio Duque.

La actual crisis de legitimidad del gobierno de Santos y la Presidencia de la República explica, en gran medida, el ascenso de un General de Everfit, Óscar Naranjo, al cargo de la Vice Presidencia de la República. Un eventual alejamiento de Santos de su cargo a raíz de los graves escandalos de corrupción que invaden su gobierno por los sobornos de Odebrecht permite entender la presencia de un General en un cargo clave de la dominación oligárquica estatal.

No es casual dicha fórmula de relevo en momentos en que la aceptación y el consenso disminuyen con la manifestación del desánimo ciudadano registrado por recientes encuestas.

Ya sabemos que cuando se pierde credibilidad política y acatamiento popular, se recurre a la fuerza y la violencia extrema, mediante los grupos paramilitares y los atropellos de los aparatos de violencia y terrorismo judicial para mantener a raya la resistencia popular y sus estrategias de transformacion radical de la sociedad.

Los generales ganan margen en la actual gobernabilidad y asi lo está indicando el asunto de los militares bolivarianos en la frontera de Arauca. Santos esta sobredimensionando la presencia de los patriotas venezolanos en un punto fronterizo para desviar la atencion de sus problemas domesticos. 

No sobra decirlo y trazarlo como una premisa básica del análisis político. La formación social nacional colombiana tiene como característica esencial el dominio de una casta plutocrática minoritaria que controla a su antojo los principales recursos de la economía (tierra, industria, bancos, capitales y presupuestos públicos), de la política (el Estado, las instituciones gubernamentales, los aparatos coercitivos, las maquinas electorales, la compra del voto) y de la ideología (iglesia, escuela, medios de comunicación, redes sociales).

La expresión de ese dominio se refiere a la capacidad dirigente de ese grupo exclusivo. Pero su poder es absoluto y se vale de una compleja infraestructura política (un Estado contrainsurgente), cubierta de legitimidad y consenso para obtener obediencia y aceptación entre la comunidad. En ausencia de la misma, el recurso supletorio es el de la violencia y la coerción permanente para que la fuerza, latente o explicita, blinde la estabilidad y continuidad de las instituciones públicas.

Traigo a colación estas consideraciones a propósito de las circunstancias en que ocurre la caída de los índices de aceptación del Presidente Juan Manuel Santos. Apenas 21 de cada 100 ciudadanos se declara satisfecho con la forma en que el  Jefe de la Casa de Nariño ejerce su cargo, salpicado por los escándalos de corrupción derivados de los sobornos electorales de la constructora Odebrecht, del multimillonario desfalco en Reficar, de los pobres resultados del proceso de implementación de los acuerdos de paz y de la quiebra de la salud.

Hay, pues, una evidente crisis de legitimidad del régimen político. Hay una pérdida de consenso que hace que la elite dirigente no lo sea más y ocurra una mutación a la condición de escueta clase dominante en el que el morbo de la violencia y el uso crudo de la fuerza sean la rutina cotidiana. La oligarquía prevalente solo detenta una fuerza coercitiva pura.

Miradas las cosas desde este ángulo, es inevitable proceder a una interpretación de los recientes sucesos de mayor impacto. La lucha de clases no se congela, ella se expresa en múltiples formas y escenarios. El movimiento popular y social con mayores niveles de conciencia y perspectiva estratégica tienen el reto de pensar en salidas y alternativas en los términos de la democracia ampliada y los derechos sociales fundamentales de las mayorías ciudadanas.

Una crisis de legitimidad como la que se da en estos momentos con el gobierno del señor Santos no es una novedad.

En nuestra historia reciente hemos sido testigos de tal fenómeno y del manejo que las elites le han dado al mismo.

Ocurrió con la toma de la Embajada de la Republica dominicana en el gobierno de Turbay Ayala y la entronización del Estatuto de Seguridad y el sistema de las torturas a los opositores; se dio con el asalto al Palacio de Justicia y la retoma de los militares en el gobierno de Betancur en 1985; fue evidente con el asesinato de varios candidatos presidenciales en el gobierno del señor Virgilio Barco; fue un hecho con el “apagón” y la Catedral de Escobar durante la administración de Gaviria; también con el proceso 8000 de Samper; con el mal manejo de Pastrana a la zona de distensión en el Caguan y su final fracaso; con los “falsos positivos” y la parapolítica de Uribe Velez; y hoy con el macro escándalo de la corrupción y las incoherencias en el proceso de paz que adelanta Santos, expresado en el triunfo del NO en las votaciones del pasado 2 de octubre del 2016.

Las salidas están en curso y el relevo en la Vice Presidencia no es ajeno a un plan de reacomodos y previsiones para que no se den sorpresas. Ha sido nombrado un General de Everfit, Oscar Naranjo, para sustituir al señor Vargas Lleras

Con la implementación de los acuerdos de paz estamos en un periodo de transición, que por supuesto implica una crisis, el cual  pone de manifiesto las contradicciones entre la racionalidad histórico-dominante y el surgimiento de nuevos sujetos históricos portadores de inéditos comportamientos colectivos. Me refiero en este caso a la transformación de las Farc en un nuevo movimiento político de acuerdo a los intereses económicos y sociales de sus integrantes.

La crisis de legitimidad de Santos tiene muchas expresiones y en la misma las causas y los efectos se complican y se superponen.

Lo que importa es entender que el nombramiento del General Naranjo en el segundo cargo del gobierno no es casual, pues de ocurrir mayores agravamientos como un eventual cese de las competencias del actual titular de la Casa de Nariño, el protagonismo del General pasa al primer plano con  la correspondiente mayor cuota de violencia y coerción.

Es lo que, entre otras cosas, enseña la experiencia histórica con el caso del General Rojas Pinilla y su “golpe de opinión” en 1953 para sortear la crisis de legitimidad del gobierno fascista de Laureano Gómez autor de una de las más feroces violencias de nuestra existencia como nación y Estado. Hay que recordar que en aquel año la primera movida de Rojas fue aprobar una amnistía para desactivar las guerrillas gaitanistas liberales y las comunistas revolucionarias del sur y oriente del Tolima. Posteriormente sus campañas anticomunistas, la guerra contra Villarrica, la corrupción y las masacres de los estudiantes arruinaron sus proyectos para perpetuarse en el Estado.

¿Es Naranjo la tabla de salvación del viejo régimen oligárquico colombiano socavado por los escándalos de Odebrecht? ¿Es posible encontrar una salida progresista a la actual crisis política con los Acuerdos de paz alcanzados, en dura lucha y resistencia por las Farc como expresión de la resistencia campesina y popular, en la Mesa de diálogos de La Habana? ¿Es posible consolidar un régimen de transición hacia la democracia ampliada con el proceso de implementación y construcción de la paz, no obstante las dificultades y obstáculo surgidos en el ámbito legislativo y gubernamental?

Son todas cuestiones que deben ser objeto de análisis en el campo social  para evitar ser atropellados por los acontecimientos y las fórmulas de gobierno que nos impongan las inveteradas castas oligárquicas colombianas.

La foto es tomada de internet en el siguiente enlace electronico recuperado de http://bit.ly/2npL7tN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Duque.

La historia de las Farc es la historia de las luchas campesinas y sociales por la tierra, los derechos y la dignidad. Es la historia del pueblo de colombia en resistencia heróica y en la batalla por la emnacipacion.

Hay quienes quieren extirpar de la memoria colectiva nacional la epopeya de los campesinos colombianos en su movilización contra los poderes de la oligarquía y de potencias extranjeras.

En la conciencia de las nuevas generaciones deben permanecer los nombres de muchos combatientes que han participado durante decadas en esta titanica lucha por la reforma agraria, las libertades democráticas, los derechos y la soberania nacional.

Jacobo Prías Alape, Ciro Trujillo, Manuel Marulanda, Jaime Guaracas, Raúl Valbuena, Jacobo Arenas, Raul Reyes, Isauro Yosa, Alfonso Cano, Jorge Briceño y muchos otros permanecen en la meoria de las masas campesinas y populares.

Antecedentes.

Los antecedentes de la conformación de las Farc se remontan a los años veinte en la lucha por la tierra, en la organización de Ligas agrarias y en la autodefensa campesina, por lo que comienzan siendo un movimiento agrario que toma posteriormente las armas como mecanismo de defensa, resistencia y supervivencia (http://bit.ly/2mObBVm ).

Para establecer las raíces, entender la fundación y caracterizar el desplazamiento histórico de las Farc, es necesario asumir que previamente ya existía un capital social y cultural, formado desde los años 30 del siglo XX en muchas de las regiones donde se materializó la constitución de dicho grupo armado, de tal forma que, su surgimiento y consolidación sólo es posible comprenderlo a partir de la existencia de este capital social y no solamente a partir de los potenciales militares de la misma (http://bit.ly/2mObBVm ).

La historia de las Farc hunde sus raíces en las luchas agrarias del Partido Comunista en los años treinta y en las expresiones de autodefensa campesina planteadas por dicho Partido durante el periodo de la violencia bipartidista agravada con el asesinato de Gaitán y la entronización del autoritarismo conservador. (1945-1964).

Varios son los hilos de continuidad que ligan los conflictos agrarios de las décadas anteriores con la creación de las Farc en 1964 y su evolución posterior: su arraigo campesino, la trascendencia de las reivindicaciones agrarias en su discurso político, la persistencia guerrillera en determinadas zonas, la cercanía política e ideológica con el Partido Comunista, el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez, las trayectorias familiares de muchos guerrilleros, la conversión de la agresión estatal a Marquetalia en el episodio fundador de las farc, etc (http://bit.ly/2mObBVm ).

La historia de los orígenes de las Farc tiene una territorialidad específica que en lo esencial compromete la violencia desarrollada en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, y las formas como la población campesina se organizó para resistirla.

El partido Comunista y las autodefensas agrarias.

El incremento de la violencia a finales de los años cuarenta dio como resultado la activación de movimientos campesinos que se encontraban prácticamente inactivos. Las persecuciones iniciadas por los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta, y a su vez de las bandas armadas creadas para la persecución de campesinos liberales y comunistas, dieron como resultado que las personas que habían participado en su mayoría en los movimientos agrarios de los años anteriores, volvieran a la organización, esta vez no a favor de la reivindicación de sus derechos, sino en defensa de su vida. En éste período la venganza y la represión configuran al movimiento campesino, y a los territorios donde se llevaban a cabo estas acciones, por la gran cantidad de personas que tuvieron que abandonar sus tierras y ubicarse en otros territorios, llevando allí la conciencia de organización, de lucha y de defensa, que hicieron posible la consolidación de las denominadas posteriormente, Repúblicas Independientes (http://bit.ly/2akHvAl ).

La autodefensa, se concibe desde el principio como un tipo de organización al mismo tiempo política y militar para responder a la violencia del enemigo. Defiende los derechos de las masas, da una respuesta a la agresión reaccionaria y se constituye como una etapa de formación y de educación para librar luchas más elevadas en determinadas condiciones. Es un proceso de politización y de organización de las masas que las conduce a la convicción de la necesidad de la lucha armada, como forma superior de la lucha de masas, que abre los caminos para los desenlaces revolucionarios por vías no pacíficas (http://bit.ly/2mObBVm ).

La violencia de los años 50.

 El período de la Violencia comprendido entre 1946-1958, constituye uno de los más importantes procesos socio-políticos del siglo pasado y de imprescindible conocimiento para comprender la dinámica de las estructuras y los procesos socio - económicos y socio - políticos colombianos en la segunda mitad del siglo XX (http://bit.ly/1CZDgUx ).

En esos años, en la transición de los grupos de autodefensa de masas a movimientos guerrilleros, fueron determinantes factores como: la desigualdad social en el campo, los conflictos por el acceso a la tierra, la lucha bipartidista y la influencia del Partido Comunista. Estos factores tuvieron una fuerte incidencia en la organización campesina y posteriormente en la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Resulta importante para el objeto de este trabajo presentar a nivel general el contexto, las características y regiones en que se da la resistencia política durante el período de la violencia, en la medida en que de ella se nutre el proceso posterior que dará origen a las guerrillas de las Farc.

Esta parte se inscribe en el periodo de análisis denominado de los conflictos sociales, políticos e ideológicos y cuya característica esencial es el paso de un modelo de confrontación centrado en los partidos por el control del poder del Estado a un modelo de confrontación en el que aparece como eje fundamental la lucha revolucionaria por la transformación de la sociedad y del Estado (http://bit.ly/2mObBVm ).

Resistencia campesina en los años 50.

Si bien después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán muchas de las organizaciones campesinas de la época quedaron sin dirección, el Partido Comunista junto con el Partido Liberal tomaría la orientación de algunos de ellos en la defensa de los movimientos campesinos, y para resistir en el período de la Violencia. En respuesta a los ataques del gobierno conservador que mediante el uso de bandas como los Chulavitas y los llamados pájaros, buscó expandir su influencia en el campo e imponerse mediante el uso de la fuerza a lo largo del país. En muchas regiones tras el asesinato de Gaitán, se presentaron revueltas, en las que campesinos liberales y comunistas se enfrentan a las autoridades conservadoras y a pesar de haber sido acciones aisladas, -sin una organización o dirección que las comandara hacia la toma del poder o hacia la claudicación del régimen conservador-, terminarían siendo el motor del inicio del período conocido como la violencia en la historia de Colombia (Medina, 2009). En muchos lugares del país fuera de las ciudades, después del asesinato de Gaitán, algunos liberales esperaban órdenes de la dirección del Partido, para continuar con las acciones contra el gobierno conservador, pero al no tener respuesta, se fueron disipando y aquietando, sin embargo, en el Partido Conservador quedó el temor de una insurrección que representaba un fuerte contrapeso en su mantenimiento del poder si llegara a consolidarse.

La conservatización de Colombia.

Esto impulsó la conservatización de todo el país, para demostrar que el régimen se mantenía con más rigor que antes del asesinato del caudillo liberal. Lugares que se encontraban prácticamente aislados del poder del Estado fueron reconocidos como regiones donde los conservadores atacaron la anterior organización liberal: nacería así la guerrilla como respuesta a esa persecución. A su vez, la situación política del país llevó a la postergación de la lucha por la tierra entre los campesinos, tras fragmentarse en una lucha partidista donde los más afectados serían ellos mismos, sin importar su filiación política. El campo quedaría rezagado del desarrollo y del crecimiento económico que se dio durante el período de 1949 a 1958 en la industria – gracias al uso de la violencia-, la lucha política sobrepasaría los intereses de los campesinos. La supervivencia, impulsaría la organización en la guerrilla para defenderse y organizarse contra el gobierno conservador, contra las bandas que perseguían a los liberales y a los comunistas, para responder ante la violencia, representando un retroceso en la lucha campesina y en los logros sobre la tierra que habían obtenido anteriormente. Las luchas contra el sistema de hacienda, quedaron en el pasado, la lucha por el poder bipartidista se impuso sobre los demás ideales y muchos tuvieron que conformar o hacer parte de una guerrilla liberal o comunista para defender sus vidas y la de sus familias de la represión del partido conservador. Lo ganado en años anteriores por los campesinos oprimidos, quedará atrás debido a que la violencia y la persecución obligaron a muchos a abandonar sus tierras, e hizo que la lucha campesina retrocediera y se concentrara prácticamente en la simple defensa de la vida (Medina, 2009).

Los hechos del sur del Tolima.

Debido a su importancia histórica en la conformación de las Farc, es necesario observar los hechos acaecidos en el sur del Tolima donde se ubicaron en lo fundamental los núcleos guerrilleros comunistas. Estos se localizaron del siguiente modo.

Chaparral.

A partir de 1949, en Chicalá, Horizontes, La Marina, Irco, todos en el municipio de Chaparral (Pizarro, 1991).

Rio blanco.

A partir de 1950, El Davis, en el municipio de Rioblanco.

Ataco.

Paujil y Peña Rica-San Miguel, en el municipio de Ataco.

Nuevos núcleos guerrilleros.

A partir de 1951, Córdoba y Sucre en el municipio de Chaparral; a partir de 1952, el Davis II (Chaparral), El Cambrín (Rioblanco) y Saldaña o El Infierno (Ataco). A partir de 1953, Calarma en los límites de los municipios de Ortega y Chaparral. Los futuros comandantes de las guerrillas comunistas tuvieron todos, casi sin excepción, su origen o su debut militar en esta región del Tolima: Jacobo Prías Alape, Ciro Trujillo, Manuel Marulanda, Jaime Guaracas, Raúl Valbuena, Isauro Yosa y muchos otros (Pizarro, 1991).

Medófilo Medina estableció las siguientes etapas de la resistencia armada comunista en la zona: 1. Agrupamiento inicial y comienzo de la respuesta armada; 2. El desplazamiento de la Columna de Marcha; 3. El establecimiento en El Davis y la actividad conjunta liberal-comunista; 4. Los enfrentamientos y la reagrupación de fuerzas; 5. Dispersión y transformación (http://bit.ly/2akHvAl ).

El Davis.

Por su valor histórico en la conformación de las guerrillas comunistas inicialmente y de las Farc en los años 60, es importante detenerse en el caso de El Davis.

Algunos guerrilleros comunistas, junto con sus familias bajo la columna de marcha, llegan a El Davis (Chaparral), donde se encuentran ubicados los combatientes de las guerrillas liberales del sur del Tolima y son invitados a quedarse, constituir un destacamento fuerte y crear un Estado Mayor Unificado para todo el Sur del Tolima (Medina, 2009). Éste será conformado, aunque no para todo el sur del departamento y coordinará algunas acciones para ambas.

El Davis, representa la unión de los comandos guerrilleros del sur del Tolima contra el régimen conservador. Para el gobierno conservador, la organización en El Davis, representaba una amenaza por la fuerte oposición que allí se generaba y por la fuerza que tomaban las guerrillas en su trabajo y actividad. Además, la organización mantiene la influencia de los Partido Liberal y Comunista en la región, acción que el gobierno busca exterminar, para imponerse allí mediante la fuerza. La unión de ambas guerrillas presentaba dificultades por las diferencias ideológicas, en sus métodos y fines de lucha; diferencias que en la lucha campesina pasaban inadvertidas por el Partido Conservador, por la fuerza que adquirían en combate y en los ataques que llevaban a cabo. En un principio representaban una fuerza solida contra el régimen y sus bandas armadas, pero internamente se distanciaban cada vez más, para los liberales fue nuevo y contrario que se hablara en la guerrilla de lucha por la conquista del poder para los obreros y campesinos y de liberar a la patria de la explotación imperialista y oligárquica. Para los liberales la lucha se presentaba de manera espontánea y para ellos significaba básicamente defenderse y obtener ganancias de la situación (Medina, 2009). La acción en El Davis, permitía a ambas guerrillas ampliar su territorio, llevar a cabo una acción política cada vez mayor, e incrementar y concientizar a muchos combatientes, representando una oposición fuerte frente al gobierno. Sin embargo, la influencia de la guerrilla liberal llegaba a ser más amplia que la del núcleo comunista, cubría un mayor territorio, por lo tanto, no sólo ideológicamente, la acción de las guerrillas comunistas molestaba a las guerrillas liberales debido a que no esperaban que la influencia comunista se extendiera en sus territorios, sino solamente se unieran para hacer frente a los conservadores, mientras volvía el partido liberal al poder. Las guerrillas liberales eran una organización que respondía a la necesidad de la defensa mutua, pero a largo plazo esta guerrilla esperaba que el Partido Liberal retomara el poder y finalizar así sus actividades militares.

En El Davis, el Partido Comunista era la fuerza dirigente que mantenía en el Estado Mayor del Destacamento una comisión política en representación del Comité Municipal del Partido en Chaparral. La disciplina partidaria contribuía a elevar la disciplina militar que regía la vida del Destacamento. La unión continuaba gracias a la dirección del PC, pero, los problemas internos se incrementaban cada vez más. La dirección del Partido Liberal, se oponía a la unión de las guerrillas porque esta significaba una oposición bastante fuerte no sólo para el régimen sino para la acción política de las elites. Además, los combatientes liberales, no tenían un mayor compromiso en la lucha, ni buscaban alcanzar mayores logros a lo largo del territorio nacional, sino controlar un ámbito local mientras coordina acciones de resistencia frente a la opresión del gobierno conservador, y obtener con ello ganancias económicas. Cuando en el Estado Mayor Unificado se quiso poner en práctica el tipo de organización militar que rigió la vida de la Columna y que se practicaba en los Destacamentos comunistas, surgieron conflictos con quienes no estaban habituados a una organización regida por normas de forzoso acatamiento. Estaban acostumbrados a obrar por cuenta propia y hacían las cosas como y cuando querían. Cuando el PC impulsó una mayor disciplina y control a los combatientes en El Davis, la lucha individual de muchos, se vio obligada a ser conjunta, más organizada y obtener triunfos colectivos: alcanzar mayores logros organizativos y obligarse a compartir sus ganancias entre todos los combatientes, iba en contra de las aspiraciones de los guerrilleros liberales. A su vez, en este período no solamente se acrecentó el número de combatientes, se dieron los primeros intentos de coordinación interregional, razón por la cual tanto la dirección liberal como el gobierno conservador, buscaron la forma de dar fin a esta unión cuyo número de combatientes aumentaba cada vez más, para evitar que éstos conformaran una sola guerrilla en todo el territorio nacional, que hiciera un contrapeso fuerte al gobierno y que se impusiera sobre ambos partidos, al tener un fuerte apoyo popular (Medina, 2009).

La columna de marcha.

A mediados de 1950 los destacamentos comunistas, con objeto de librar a la población civil del asedio oficial e inspirados en la obra de Jorge Amado "El Caballero de la Esperanza" (sobre la histórica marcha de Prestes en el Brasil), y en la Gran Marcha de Mao Tse Tung, crearon una Columna de Marcha que, tras mil dificultades se instala en el extremo sur del departamento del Tolima. Entra en contacto con los guerrilleros liberales de la zona y en diciembre de 1950 se celebra en Irco “La Primera conferencia guerrillera unificada”, la cual dio a los grupos que actuaban bajo su orientación el nombre de Ejército Revolucionario de Liberación Nacional (Pizarro, 1991). Sin embargo, no tardaría mucho tiempo para que la unidad entre comunistas y liberales se quebrara, gracias no sólo a la presión que ejerció la Dirección Liberal en este sentido, sino también a factores tales como divergencia de mando, métodos a emplear en el terreno de batalla, formas de relación con la población civil, conflictos ideológicos, distribución de los bienes, etc. La guerra entre los "limpios" (o liberales limpios) y los "comunes" (o liberales sucios), tuvo ribetes trágicos. Más eficaz que la acción oficial resultó esta guerra interna que debilitó seriamente a ambas agrupaciones y que tuvo una duración de veintidós meses (Pizarro, 1991).

La presión del gobierno de Laureano Gómez sobre los núcleos con asentamiento fijo fue tan fuerte debido al incremento de la violencia en la zona, que el PC impulsa en el sur del Tolima, la creación de la llamada Columna de marcha que buscaba, “atraer la atención del enemigo, pasado un tiempo sería disuelta y sus integrantes diseminados en pequeños grupos móviles que entrarían en una nueva fase operativa”; su fin: movilizar la influencia del PC hacia otros territorios dispersando a sus combatientes y a sus familias, razón por la cual entran en contacto con las guerrillas liberales con el fin de unirse y luchar contra el gobierno conservador y las bandas que los perseguían. La columna, tras mil dificultades, se instaló en el extremo sur del departamento del Tolima. El desplazamiento implicó no sólo el abandono de la zona de influencia de los primeros comandos de autodefensa campesina, sino que produjo una acelerada militarización del movimiento, que se vio reforzada debido a los continuos enfrentamientos con la policía conservadora a lo largo de los 3 meses que duró la marcha.

La organización de la Columna de Marcha.

La columna es dividida, el grupo dirigido por Jacobo Prías Alape y Pedro Antonio Marín, se establece en Rióchiquito (Cauca), desde donde propiciaría la colonización armada de Marquetalia en el extremo sur del Tolima; el grupo dirigido por Isauro Yosa Lister, se dirige hacia la región del Sumapaz; y el grupo dirigido por Andrés Bermúdez Llanero se queda en El Davis, debido a la esperanza que tenía la guerrilla comunista de quedarse en la zona, para no perder el terreno obtenido en las acciones pasadas donde ganaron alguna influencia entre la población. Pero la activación de divisorias haría imposible que las guerrillas liberales se aliaran de nuevo con las comunistas, razón por la cual, Llanero al quedarse en la zona sería influido por los guerrilleros liberales y se separaría definitivamente de las guerrillas comunistas así como el grupo que se quedó con él (Medina, 2009).

Las guerrillas comunistas.

A pesar de su inicial desorganización y de la persecución del gobierno conservador a los comunistas, el Partido ubicó como núcleo de asentamiento el municipio de Chaparral (Tolima), de allí surgieron las autodefensas como respuesta a la represión y como forma de organización política impulsada por el Partido Comunista (PC). Sus primeros núcleos habían nacido en 1949 en Chicalá, Horizonte e lrco en el municipio de Chaparral, y estos contarían en un principio con pocos combatientes campesinos que luego se incrementarían en número, debido al aumento de las persecuciones y a la fuerza que adquirieron en el departamento. Los comunistas deben proceder a organizar la autodefensa de los trabajadores en todas las regiones amenazadas por ataques reaccionarios, pero las acciones armadas no deben considerarse todavía como la forma fundamental de lucha ya que en este período lo más importante es impulsar y organizar la resistencia de las amplias masas (Loaiza, 2012). Las autodefensas estaban conformadas esencialmente por campesinos, contaban con una organización coordinada desde el PC, que les otorgaba mayor disciplina, táctica, estrategia, y un alto contenido político. Además de responder a las agresiones, no se olvidaron de la lucha por la tierra, así que más que una organización de momento, fueron el resultado de un amplio trabajo político y de coordinación. Los antecedentes de los movimientos agrarios de los años anteriores, sumados ahora a la influencia y táctica del PC, preparaban al campesinado para una acción más organizada. El PC impulsa la consigna de autodefensa de masas; el 22 de octubre de 1949, como respuesta a la creciente ola de asesinatos y depredaciones, realizados por la policía y los grupos adictos al régimen, se organizaron los movimientos campesinos en pro de la defensa y a la vez se impulsó en ellos la conciencia política, para la búsqueda de una acción más organizada y para resistir a los ataques.

Ante el incremento de la represión al Partido Comunista y a su movimiento en el sur del Tolima (Chaparral) se favorece allí la conformación de la guerrilla comunista. Algunos movimientos de autodefensa se convierten en guerrilla, con el fin de sobrevivir a los ataques y por la necesidad de responder a las agresiones de forma activa y estratégica; cuando la autodefensa no era suficiente para resistir las acciones del régimen conservador, se organiza la guerrilla en torno a la defensa principalmente, sin dejar de lado el trabajo político (Loaiza, 2012). Durante este período los comunistas no consideraron la lucha armada como el instrumento para acceder al poder, la organización se basaba en la coordinación y defensa de los combatientes campesinos y de sus familias. En los años cincuenta con el incremento de la violencia en la región, muchos más movimientos tuvieron que pasar de la autodefensa a convertirse en guerrilla, dejar el trabajo de la tierra y tomar las armas. En la guerrilla se incentivaba la unión, para que ésta fuera organizada y cohesionada en pro de la lucha, no sólo por los ataques del gobierno, sino al mismo tiempo por las reivindicaciones de los campesinos. De esta manera, gracias a la influencia del PC el movimiento campesino, fue adquiriendo experiencia tanto política como militar: se preparó a los campesinos para responder ante la agresión conservadora y latifundista cuando fuera necesario y en su momento, a regresar al trabajo pacífico cuando la situación mejorara, sin olvidar el precedente de la lucha política y de la organización en la autodefensa (Loaiza, 2012).

La guerrilla comunista por su movilización y estrategia, sobresaldrá de los grupos liberales por sus métodos de lucha, por el trabajo constante en la concientización de sus combatientes y por su organización, su crecimiento no se haría esperar. Se van conformando varios grupos o destacamentos como empieza a llamárseles, en veredas distintas: Buenos Aires, Irco, La Marina, Horizonte, Ambalema, Chicalá. La preocupación central en este momento es la militar: adiestramiento y armas (Pizarro, 1991).

Las guerrillas liberales.

Se conformaron, como reacción generalizada del campesinado liberal, espontánea e inconexamente en diversas regiones del país; los grupos guerrilleros iban convirtiéndose en los abanderados de una alternativa auténticamente democrática. La organización de estas guerrillas se basó en la defensa de los campesinos liberales y llegaron a contar con una gran cantidad de campesinos en sus filas para hacer frente a las agresiones del gobierno y a la persecución de las bandas armadas conservadoras. Estas guerrillas fueron la salida para muchos campesinos que huyendo de la violencia necesitaban protección y orientación, en algunas regiones tuvieron el apoyo tenue de la dirección del Partido Liberal, desde las ciudades, y de algunos hacendados liberales en el campo. La necesidad de organización contra el gobierno conservador fue la causa directa de su conformación y a pesar de las deficiencias del inicio: carencia de experiencia, ausencia de organización adecuada, limitaciones de orden subjetivo, en los llanos orientales contaron con la dirección de Guadalupe Salcedo y en el sur del Tolima, fueron organizadas por Gerardo Loaiza y los García. La dirección nacional liberal en las ciudades no esperaba seriamente que estas guerrillas acabaran con los conservadores, ni que el Partido Liberal asumiera plenamente el poder, al comienzo las guerrillas se sintieron respaldadas por el comando supremo del liberalismo, el cual no tuvo empacho en desplegar ante aquellas el señuelo del suministro de armas, pero la dirección a pesar de su iniciativa y acompañamiento a las guerrillas, no le brindó ninguna orientación estratégica, ni táctica militar. Las guerrillas liberales, no presentaban acciones contundentes para el Partido, ni para su actividad, más que la defensa y ataques contra los conservadores, acciones con resultados a corto plazo en las que se llevaban a cabo conquistas en determinados territorios conservadores, que posteriormente ocuparían gamonales liberales con intereses económicos particulares. Estas guerrillas se interesan en las comunistas por su estrategia y su organización militar, por su rápida movilización y cohesión, por lo que buscan una unión parcial y temporal, sin esperar una asimilación de su ideología, más que hacer frente a las bandas conservadoras. Dando inicio a la unión de las guerrillas liberales y comunistas en el sur del Tolima (Medina, 2009).

Los Guerrilleros liberales estuvieron dirigidos por hombres que fueron convirtiéndose en símbolos de la lucha armado y en leyendas y mitos en sus regiones; los casos de Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales; Juan de la Cruz Varela, en la región del Sumapaz; El Capitán Juan de Jesús Franco, en el suroeste antioqueño; Julio Guerra, en el sur de Córdoba; Rafael Rangel, en la zona Santandereana del Carare-Opón; Saúl Fajardo, en el noroeste de Cundinamarca; Jesús María Oviedo, en el sur del Tolima, entre otros )Medina, 2009).

El Sumapaz.

En la región de Sumapaz, debido a las persecuciones y a la represión del gobierno, desde Cabrera, punta de entrada al Alto Sumapaz, hasta el Duda, se consolidó una significativa franja territorial de autodefensa campesina cuyo líder e inspirador era Juan de la Cruz Varela, quien durante los años cincuenta  había organizado la resistencia tomando como refugio la vereda El Palmar, del municipio de Icononzo, de donde se vio forzado a emigrar tras una brutal y arrasadora invasión militar en 1952 que dio origen a lo que se denominó la gran marcha del oriente del Tolima hacia el Alto Sumapaz. Condujo la organización campesina, y se convertiría en el líder de la resistencia y de la autodefensa contra la violencia en la región. Varela era liberal, pero “en vista de la complejidad de la situación y la inminencia de la confrontación armada, solicitó asesoría militar a la dirigencia nacional liberal. Al no obtener respaldo se dirigió al PC y en 1952 fue enviado a la región alias Ramiro Solito, quien a pasar de tener poca experiencia instruirá al movimiento sobre la organización que impulsaba el PC frente a los ataques.

La Conferencia de Boyacá (Viotá) en 1952.

En Agosto de 1952, se realiza en Viotá la "Conferencia de Boyacá"' a la que asisten representantes de los frentes guerrilleros más importantes del país; esta asamblea se convierte en "La Primera Conferencia Nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional”; durante las deliberaciones se crea una Comisión Nacional Coordinadora, con el objeto de que se encargue de impulsar los tareas acordadas por la conferencia. Este evento reviste gran importancia en la medida en que allí se expresó la autonomía política alcanzada por el movimiento guerrillero. No obstante, el hecho más sobresaliente lo constituye la práctica legislativa que comienza a impulsarse a través de la estructuración de leyes orgánicas que determinan los parámetros de comportamiento de la vida cívica y militar en un proceso que ya se concibe como revolucionario. La primera ley del Llano se proclama el 11 Septiembre de 1952. La expedición de esta ley muestra claramente el proceso de cualificación ideológica que se viene operando en el movimiento guerrillero del Llano. Durante los primeros meses de 1953 se producen importantes avances en lo político y organizativo de la guerrilla liberal llanera. Durante este período se redactó bajo la concepción del abogado José Alvear Restrepo, "El más notable ideólogo de la resistencia llanera" como se le reconoció, la segunda Ley del Llano conocida como "La Ley que organiza la revolución en los Llanos Orientales de Colombia", la que debía ser sancionado el 18 de Junio de 1953 por una Asamblea Guerrillera. La importancia de este documento de 224 artículos consiste en el hecho de concebir la revolución como un movimiento popular de liberación encaminado a conseguir la instauración de un gobierno democrático – popular (Medina, 2009)

La polarización entre liberales y comunistas.

La polarización como mecanismo facilitó el fin de la unión de las guerrillas liberales y comunistas, la base de El Davis fue destruida, no por el gobierno directamente sino por la división interna en el campesinado y las fuerzas guerrilleras (división entre limpios y comunes), las diferencias en definitiva, serían irreconciliables y les impediría combatir juntas de nuevo. Se anulan las relaciones sociales preexistentes, y la guerrilla comunista tendrá que iniciar de nuevo la Columna de marcha, para evitar ser atacados incluso por los liberales, para movilizarse a otros territorios antes que acaben con ellos y sus familias (Loaiza, 2012). Lo que impide que la influencia comunista permanezca en determinados territorios y se movilice perdiendo combatientes. Sin embargo, algunos combatientes liberales se unirían a las guerrillas comunistas como Manuel Marulanda Vélez -Tirofijo, Fermín Charry o Jacobo Prías Alape -Charro Negro, Ciro Trujillo -Ciro Castaño, entre otros, se convertirían en cuadros del Partido Comunista, importantes para el asentamiento en los nuevos territorios donde se buscaba impulsar la autodefensa, cuando disminuyera la violencia. Las guerrillas comunistas ahora denominadas comunes por los guerrilleros liberales, debían movilizarse ante la nueva situación que se les presentaba, ya que las guerrillas liberales que se autodenominaban limpios por un lado y por otro las fuerzas oficiales, los perseguían buscando el aniquilamiento de los comunistas para evitar su expansión en el país. La persecución del gobierno, y la separación con las guerrillas liberales, lleva a que las guerrillas comunistas en el plano militar establecieron varias Comisiones “rodadas” que actuarían en la condición de nuevos destacamentos móviles. De inmediato se crearon 4 bajo la dirección de Ciro Trujillo, Jacobo Prías, Andrés Bermúdez y “Lister” respectivamente. Éstos tratarían de crear las condiciones necesarias para una posible metamorfosis de la guerrilla en movimiento amplio de masas, en el lugar que cada uno encontraría apropiado (Loaiza, 2012). Se preveía ya la primera transformación guerrilla-autodefensa campesina. La influencia del Partido Comunista, gracias a la conformación de las columnas de marcha, llegará a otras zonas de colonización, alejadas del gobierno y relativamente seguras para iniciar movimientos agrarios. Los combatientes comunistas esperaban en los lugares a donde llegaban, establecer, zonas de autodefensa, desde donde, como verdaderas minorías políticas y territoriales, buscaban resistir al modelo político impuesto por el Estado (Loaiza, 2012).

La amnistía de Rojas Pinilla y sus consecuencias.

El golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, se dio en el momento en que el número de combatientes en las guerrillas liberales y comunistas aumentaba en varias regiones del país. La actividad guerrillera se empezaba a salir de control para el mantenimiento del poder del gobierno sobre todo el territorio nacional. Los partidos políticos tradicionales, veían con preocupación la situación en el campo, debido a la fuerte influencia que estas organizaciones adquirieron en diferentes regiones de frontera, donde la poca presencia del Estado, permitió en gran parte, la organización de éstos movimientos campesinos para enfrentar la violencia, aunque estos no llegaron a unificarse y a representar una oposición sólida al gobierno (Medina, 2009).

Para dar fin a la violencia, el general Rojas anuncia la amnistía para los alzados en armas. En el campo comenzaría la campaña para difundir la amnistía para todos los combatientes del país y para que todas las guerrillas de diferentes filiaciones políticas entregaran sus armas y volvieran a sus lugares de origen. Para muchos sectores campesinos la lucha perdió sentido cuando Rojas ofreció la amnistía. Esto sucedió debido a que la lucha campesina no había pasado de revestir la forma de una defensa justificada frente a la represión oficial y cuando el mismo gobierno ofrecía cesar las hostilidades muchos creyeron que ya se había logrado el objetivo principal: la paz.  La amnistía de Rojas mediante sus promesas de reinserción, significó para las guerrillas la desarticulación, ya que muchos campesinos esperaban que la situación mejorara, y que terminara la persecución a los combatientes para volver a sus hogares y trabajar la tierra. El General Rojas, logró dar tranquilidad en el campo, y los primeros rumores de las entregas de algunos comandos impulsa a otros a entregarse también, volviendo una relativa paz que cubriría gran parte del territorio nacional; se entregarían en su mayoría las guerrillas liberales en todo el país, y las comunistas esperarían en la autodefensa que el gobierno diera las condiciones de seguridad para la entrega de los combatientes, más no estaban dispuestos a entregar también las armas, por el temor de ataques futuros contra ellos. Las guerrillas del Sumapaz llevaron a cabo una entrega simbólica, comandadas por Juan de la Cruz Varela, porque el gobierno no había atendido en gran medida las condiciones para su entrega. Sin embargo, Varela conservó intacta su influencia y organización en el Alto Sumapaz, hecho que no dejó de preocupar nunca a Rojas, quien hizo poco por cumplir con el pliego de condiciones presentado. La amnistía, se basó en gran parte en la entrega y desmovilización de los guerrilleros, pero no consideró establecer las condiciones necesarias para dar solución a los problemas en el campo. Se concentró en su mayoría en la entrega de combatientes y no en las garantías para el retorno a las tierras y al trabajo, ni en las condiciones que habían generado la base de la organización campesina en primera instancia. Con el fin de llevar a cabo la amnistía, el gobierno impulsó la coordinación de excombatientes de las guerrillas liberales, para que ayudaran a presionar a quienes no se habían desmovilizado y a entregarlos en caso que se resistieran, por lo que comenzarían a consolidarse algunas bandas, quienes en alianza con el gobierno perseguirían a líderes especialmente comunistas, que influyeran en los campesinos, representaran alguna amenaza para el gobierno y no se hubieran desmovilizado. La amnistía representaría prácticamente una solución a corto plazo para dar fin a los movimientos guerrilleros sin desarrollar mayores cambios, sólo desarticularlos debido al peligro que representaban para los partidos liberal y conservador, por la gran influencia que ellos estaban adquiriendo a lo largo del territorio e impedir a su vez la articulación futura de las guerrillas liberales y comunistas mediante la activación de la polarización, que posibilitó que ambos se alejaran cada vez más por su ideología política y por las diferencias resaltadas por el directorio liberal. En este gobierno la violencia colectiva se desata poco a poco, en la medida en que al pasar los efectos de la amnistía, el ánimo pacífico del gobierno descenderá y con la ayuda de las bandas conformadas por antiguos guerrilleros liberales desmovilizados, se reforzará la polarización y el Partido Comunista quedará cada vez más aislado en la búsqueda de una solución pacífica al problema de la tierra, base fundamental de la organización guerrillera de los comunistas. El PC mediante la consolidación de la táctica de la autodefensa, inicia el trabajo de concientización para las organizaciones campesinas existentes desde donde incentiva posteriormente la lucha armada, en un principio por la represión del gobierno y como respuesta a la persecución y al impedimento de su acción política directa (Loaiza, 2012).

Ahora bien, si la función de la amnistía de 1953 fue el desarme y la desmovilización del movimiento guerrillero, precisamente en el momento en que éste atravesaba un período de relativo ascenso y cualificación, las condiciones de aceptación de la misma son indicativas del nivel de conciencia política alcanzado por los diferentes frentes que operaban en el territorio nacional y de su comprensión, también diferenciada, del conjunto de la situación política.

La respuesta de las guerrillas a la amnistía de Rojas.

En efecto, las respuestas dadas a la política oficial por parte de los distintos grupos guerrilleros no fueron homogéneas. Al menos cinco tipos de respuesta han sido dilucidadas: las redenciones incondicionales; las rendiciones con exigencias posteriores a la entrega; las rendiciones con exigencias previas a la entrega; las propuestas condicionadas de disolución sin promesa de entrega; y finalmente, las propuestas de conversión de la guerrilla en autodefensa sin desmovilización y sin entrega de armas (propugnada por las guerrillas de inspiración comunista). Esta última modalidad tuvo, a su vez, tres variantes regionales diferenciales no sólo por su particular experiencia histórica sino también por el papel que acertada o equivocadamente les asignaba el Partido Comunista en marco general de la resistencia: la del Tequendama, la del Sur del Tolima y la del Sumapaz. En la primera, gracias a la alianza entre el movimiento agrario y los sectores latifundistas, se logró impedir la agresión militar y la zona se mantendría como área de refugio y de seguridad de los guerrilleros comunistas; en la segunda, debido a la complejidad de los enfrentamientos (guerrillas liberales y comunistas, bandas conservadoras, Ejército, en múltiples y variables alianzas temporales) vivía en un permanente estado de tensión y conflicto; finalmente, en el Sumapaz, la fórmula adaptada permitió a los dirigentes comunistas fortalecer su implantación en la zona, mediante la conformación regional del Frente Democrático de Liberación Nacional. Con la reinserción de los alzados en armas en la mayoría de los casos o la simple desmovilización en otros, termina la primera etapa del movimiento guerrillero colombiano (Medina, 2009).

Post amnistía y nuevo ciclo de violencia.

El clima de paz propiciado por la amnistía sólo tendría una corta duración. La guerrilla y los movimientos de autodefensa comunistas se habían convertido en una fuerza regional con sus enclaves en algunas áreas del sur del Tolima (El Davis), y del oriente de este mismo departamento, como Villarrica; Teruel y Riochiquito en el Huila y Cauca; Viotá y la región del Sumapaz en Cundinamarca (Medina, 2009).

Ante el cambio de situación política, el Partido Comunista busca transformar a las guerrillas en movimiento de autodefensa. En una resolución su dirección recomendó que si no es hostilizado por las Fuerzas Armadas oficiales, el movimiento debería considerar la conveniencia de transformarse en autodefensa de masas para garantizar su trabajo pacífico, luchar por la defensa de los derechos del pueblo contra toda clase de arbitrariedades. No obstante esta decisión, debido a múltiples problemas de orden tanto nacional como regional, el movimiento guerrillero orientado por los comunistas se debatía en la incertidumbre. De hecho, la violencia política continuó aun cuando con menor intensidad que en el pasado inmediato en todo el sur del Tolima. En los primeros meses del golpe se sostuvo el enclave de El Davis, se creó un nuevo destacamento guerrillero bajo la conducción de José A. Castañeda, "Richard", en Calama, al norte de Chaparral, y se sostuvieron permanentes contactos armados con el Ejército y con bandas de antiguos guerrilleros liberales transformados en avanzadas del gobierno.

Además, en numerosas regiones, una fuente de tensión y conflicto inevitable estalló cuando los refugiados al regresar a sus tierras las encontraron ocupadas. Este es el caso, por ejemplo, del departamento del Tolima, en el cual la violencia revivió debido a que al regreso inesperado de miles de guerrilleros a sus fincas abandonadas durante cuatro o más años significó nuevas tensiones económicas para una sociedad local ya muy traumatizada. Muchos encontraron a personas extrañas viviendo en sus tierras, y en algunos casos estas habían sido vendidas en ausencia de sus verdaderos dueños. El sur y el oriente del Tolima fueron gravemente afectados por tales ventas. Estas dos regiones serán el escenario principal de la nueva ola de violencia desatada en 1955. El mantenimiento del enclave de El Davis, se iba haciendo día a día insostenible (Medina, 2009).

La euforia de la paz que se vivió en el país a partir del 13 de junio fue, en todo caso, dolorosamente corta. En 1954 la violencia, no extirpada jamás del todo, toma de nuevo una gran fuerza. Este período de la violencia fue más bárbaro e intenso que el anterior, abarcando los departamentos del Tolima, Huila, Caldas, Valle, Cauca y un sector del Carare (Medina, 2009).

La II Conferencia Regional del Sur (1953).

Ante esta situación, el Comité Regional de Chaparral decide realizar la II Conferencia Regional del Sur, el 28 de octubre de 1953, con la colaboración de la comisión Política del Estado Mayor de El Davis.

Las Comisiones rodadas.

Para la adecuada transformación en autodefensa se crearon tres comisiones "rodadas" que actuarían como destacamentos móviles, teniendo como perspectiva la creación de movimientos de masas en zonas receptivas al influjo comunista. El primero de estos grupos, al mando de Jacobo Prias Alape y Manuel Marulanda, tras fuertes enfrentamientos con los "limpios" y el Ejército regular, termina por instalarse en Riochiquito y posteriormente impulsa en el sur del Tolima el polo de colonización armada de Marquetalia. El segundo, al mando de Andrés Bermúdez, "Llanero", es aniquilado a los pocos días por los "limpios". Y el tercero, bajo la dirección de José A. Castañeda e Isauro Yosa, se instala tras múltiples escaramuzas en Villarrica. Así, pues, el Partido Comunista orientó a los destacamentos guerrilleros que influenciaba hacia el cese al fuego, pero se negó a entregar las armas y a acogerse a la amnistía. Sólo trece días después del golpe militar de Rojas, el Estado Mayor Militar de las Fuerzas Guerrilleras de la Cordillera Central de los Andes en un manifiesto en mimeógrafo había adoptado esta línea de conducta: El pueblo colombiano durante siete años de cruda violencia ha aprendido a combatir con las armas en la mano y sin ellas a sus verdugos y no está dispuesto a deponer las armas para morir de rodillas abandonando su lucha. Estas dos regiones serán el escenario principal de la nueva ola de violencia desatada en 1955 (Medina, 2009).

La guerra de Villarrica en 1955.

En el año 1954, con el fin de eliminar a la guerrilla comunista del municipio, el General Rojas inicia operativos militares en la zona y Villarrica será atacada porque en 1955 el PC es declarado ilegal y las regiones en las que tiene su base social son consideradas zonas de guerra, siendo sometidas a bombardeos indiscriminados las regiones de Villarrica en el Sumapaz y Rióchiquito en el Cauca. Esta situación agudiza la lucha en el PC, sobre el papel que debe asignarse a la lucha armada. El ataque a Villarrica busca acabar con la influencia comunista y establecer la presencia del Estado en esos territorios donde las guerrillas se desarticularon bajo movimientos agrarios pacíficos, y en los que el PC continuaba la educación política (Medina, 2009).

Desde el sur del Tolima llega a éste municipio perteneciente a la región de Sumapaz, la columna de marcha de Isauro Yosa Lister, con el fin de participar en la amnistía. La columna se conformó como resultado de la separación de las guerrillas liberales y comunistas en El Davis, en principio con el ánimo de desmovilizarse y vivir dentro del ámbito legal propuesto por el gobierno del general Rojas. Los habitantes los reciben con gran acogida por el fin del enfrentamiento entre las guerrillas y el ejército y por el inicio de la paz como muchos esperaban, en todo el país. Pero estos combatientes comunistas, buscaban convertir prematuramente la zona en autodefensa, y refuerzan el movimiento de Juan de la Cruz Varela. Esta situación, llama la atención del General Rojas debido a la expansión territorial de la guerrilla comunista después de la amnistía, con el fin de desmovilizarse, pero finalmente no se lleva a cabo la entrega y se asienta en diferentes territorios del país. La columna que dirigía Isauro Yosa se asienta indefinidamente en Villarrica, e inicia el trabajo político del PC con el fin de que la población del municipio adopte la ideología de lucha y así se incorpore a ella más fácilmente (Medina, 2009).

Esta política que impulsa el Partido Comunista va en total contravía con uno de los objetivos que se propone el gobierno militar, y que más adelante se propondrá también el Frente Nacional: recuperar para el Estado el monopolio de las armas. La creación de zonas bajo autodefensa armada será una fuente de permanente tensión y conflicto, y es uno de los factores que se hallan en el origen de la guerra de Villarrica (1955).

El 4 de abril de 1955 se inician en forma los operativos militares en Villarrica con la creación del Destacamento Sumapaz, al mando del teniente coronel Hernando Forero Gómez. Con esta acción, realizada con el pretexto de combatir a los "bandoleros comunistas" que pretenden crear un fortín impenetrable a las puertas de Bogotá, el Ejército inició operaciones en toda la región, las cuales se fueron extendiendo rápidamente primero hacia el Sumapaz y después hacia el oriente del Tolima. Participaron en estos operativos alrededor de cinco mil soldados. Este contingente militar debió enfrentar la resistencia armada de unos 800 hombres de la región. En solidaridad con los campesinos agredidos, el Partido Comunista ordenó a los grupos de autodefensa asentados en Tierradentro y el sur del Tolima reactivarse como guerrilla móvil, lo cual realizaron bajo la conducción de Ciro Trujillo y Manuel Marulanda, respectivamente. A pesar de su escasa extensión y débil poblamiento, la región de Villarrica alcanzará la dimensión de un caso extremo pero ejemplar (Beltrán, 2015).

El 4 de abril de 1955, la dictadura militar publicó un decreto declarando zona de operaciones militares a Villarrica, Cabrera, Venecia, Melgar, Icononzo, Pandi, Carmen de Apicalá y Cunday. Según ese decreto los habitantes de los municipios afectados que no respetaron el toque de queda o no portaran salvoconducto militar serían tratados por las tropas del ejército como enemigos en la zona de operaciones de la campaña (Beltrán, 2015).

Para junio, el ejército había logrado avances en su agresión a Villarrica, haciendo peligrar la capacidad de resistencia de sus habitantes, en especial gracias al bombardeo aéreo sistemático de la zona, incluso la utilización de bombas de Napalm. Ante la imposibilidad de mantener indefinidamente la lucha de posiciones fundada en el movimiento de autodefensa, el Partido Comunista recomendó, de una parte, su transformación en guerrilla móvil, y de otra, la apertura de negociaciones para buscar una salida política. Esta última se efectuó el 21 de junio de 1955 en Cabrera, con la asistencia de representantes del alto mando militar y de los campesinos del oriente del Tolima y del Sumapaz, así como de representantes del propio Partido. Sin embargo, las exigencias de los coroneles Navas Pardo y Forero Gómez de una rendición incondicional de los guerrilleros y la entrega de las armas condujo a un fracaso de las negociaciones, tras dos meses de conversaciones. Los alzados en armas insistían en conservar las armas, como garantía frente a la violencia oficial. La tregua se rompió, reactivándose la confrontación bajo la modalidad de lucha guerrillera a todo lo ancho del oriente y en la región montañosa del Sumapaz. Esto se debió a que el movimiento guerrillero de Villarrica se retiró de la zona, una vez fueron copados, para proseguir la lucha en el páramo del Sumapaz y en las selvas vírgenes de Guayabero y El Pato, donde los campesinos revolucionarios instalaron sus bases e iniciaron cultivos. A su vez, la autodefensa del Sumapaz se retiró también en forma organizada hacia el páramo. En otras palabras, la resistencia campesina no se disolvió como daban a entender los triunfalistas comunicados militares, sino que se desplazó a otras zonas prolongando el conflicto (Medina, 2009).

Como consecuencia directa o indirecta de la agresión militar de estos municipios del oriente del Tolima y el suroccidente de Cundinamarca, emigraron no menos de 100 mil personas. La confrontación armada en estas regiones de la cordillera central dará así origen a la segunda gran ola de "colonización armada". Los campesinos agredidos organizaron en su repliegue la llamada Columna de Marcha, que reunió durante tres meses de movilización hasta el cañón del Río Duda, a tres mil integrantes al mando de José A. Castañeda, 'Richard". En esta región fundaron una colonia. "La organización militar y partidista permaneció y se profundizó. Con el correr de los días, la gran colonia resolvió ampliar y consolidar la colonización no sólo por razones económicas sino como estrategia para afianzar la autodefensa. Salieron, entonces, contingentes de colonos armados y organizados hacia El Pato, hacia La Uribe, hacia el Caguán, hacia el Ariari y por fin, hacia el Guayabero (Medina, 2009). En esta forma, y en ausencia de una intervención estatal, se fue generando paulatinamente un poder local, en el cual predominaba una mentalidad más de participación social que de sustitución social. En este período, al igual que en la anterior etapa, el movimiento guerrillero de inspiración comunista se combinó con la autodefensa campesina.

En cuanto hace a las guerrillas comunistas, esta nueva etapa de autodefensa será mucho más prolongada que las anteriores, pese a algunas escaramuzas menores con el Ejército o a enfrentamientos graves con grupos de "pájaros" o "guerrilleros limpios".

Pero, la persecución a los combatientes comunistas, los obliga a movilizarse nuevamente bajo la Columna de marcha hacia territorios de frontera, y serán cada vez más excluidos, en la búsqueda de soluciones conjuntas al problema agrario (Pizarro, 1989).

La persecución al Partido Comunista por parte del gobierno, lleva a los combatientes a regiones de frontera donde establecen movimientos agrarios, que representan una autoridad alterna al Estado, donde los mismos cuadros dirigentes del PC establecen las leyes que deben regir en dichos territorios, e inician una fuerte campaña de propaganda y educación política.

Marquetalia.

En 1955, Jacobo Prias Alape impulsa las acciones que dan origen a la fundación de Marquetalia. La región es conocida como El Támara, una zona selvática que ha servido de refugio para la defensa de muchas familias durante la época de la violencia y se va tornando en un lugar estratégico para el desarrollo de la lucha de resistencia. Allí, se funda el movimiento agrario más importante del PC, que se convertirá en su centro de acción rural, y será dirigido posteriormente por Manuel Marulanda Vélez, desde allí se promoverá la coordinación con los demás grupos comunistas. Era un territorio baldío de la nación y por eso el propio movimiento estaba en condiciones de entregar la tierra a quien quisiera trabajarla realizando algo así como una reforma agraria en pequeño, los bienes que tenía el movimiento fueron repartidos entre todos como una forma de comenzar a trabajar. El nuevo movimiento agrario se dio su propia dirección ajustada a las características de la nueva situación, no ya militar sino agraria.  Muchos de los habitantes de la región que estaban en desacuerdo con el asentamiento de los comunistas, abandonaron estos territorios con el fin de alejarse del conflicto, a pesar de las pretendidas intenciones pacíficas de los militantes rurales del PC. En estos territorios se busca en un principio desarticular la acción militar, pero continúa de igual forma la vigilancia y la organización para estar preparados ante un eventual ataque del gobierno. Sin embargo, regresan al trabajo de la tierra, donde el mismo PC ejerce la autoridad, establece sus propias leyes y normas de acción que rigen a los campesinos de estos lugares. En el proceso de legitimación de su poder, la fuerza y la coacción emanada de las autodefensas y sus destacamentos armados se combinarán con el trabajo de propaganda y educación política tendiente a elaborar ciertos consensos y a la búsqueda de una aceptabilidad mínima dentro de la comunidad (Medina, 2009).

El Movimiento Agrario de Marquetalia funciona esencialmente como movimiento social y autodefensa campesina, entendida ésta como la forma específica de organización en torno al trabajo agrario, la producción campesina y la defensa del territorio en forma simultánea. El énfasis fundamental de estas autodefensas está centrado en la lucha por la tierra y la construcción de economías campesinas; las prácticas de autodefensa en el campo militar consisten en lo esencial en enfrentar en la zona cualquier tipo de agresión militar o paramilitar a la población.

Desde inicios de 1958 hasta 1963, el Movimiento Agrario de Marquetalia se consagra a construir la economía campesina y a defender la región de la acción de los grupos paramilitares, en particular de los llamados “limpios” cuya idea es eliminar a la dirigencia de las autodefensas campesinas. El asesinato de Jacobo Prías Alape en Gaitania, a manos de los “limpios” (Medina, 2009), quienes son dirigidos por Mariachi, abre el camino de una serie de asesinatos, expropiaciones y desplazamientos de población y anuncia una época difícil para el Movimiento Agrario de Marquetalia, que encontraría solo un pequeño respiro entre 1962 y 1964, momento para el cual se inicia la Operación Marquetalia dirigida a poner fin a lo que en el Congreso los dirigentes conservadores denominan las Repúblicas Independientes (Pizarro, 1989).

Con el Golpe militar de Rojas Pinilla se produce la amnistía y la desmovilización de la guerrilla liberal. Los grupos a la expectativa del proceso que adelanta el gobierno regresan en busca del El Davis, en donde concurren las guerrillas de Manuel Marulanda y Jacobo Prias Alape (Charro Negro) con las guerrillas comandadas por Isauro Yosa, que conjuntamente con su Estado Mayor convocan a los dos primeros a una reunión para estudiar la situación y tomar determinaciones sobre el camino a seguir frente a la amnistía, la desmovilización y el futuro de la guerrilla. Jacobo Prias Alape reúne su grupo y el de Manuel Marulanda Vélez y los pone al tanto de la situación. Les habla de la amnistía y del indulto de Rojas, y los dejó en libertad para decidir si continúan en la lucha o regresan a EL Davis con sus familias y a sus fincas: Nosotros hemos decidido continuar en la lucha –dijo- porque sabemos que este no es el gobierno que necesitamos los colombianos. Son los militares quienes han tomado el poder y por lo tanto ellos también nos van a seguir persiguiendo. Eso va a suceder en un tiempo muy corto. La amnistía o indulto es solo una jugada o una trampa para tratar de acabar con el movimiento guerrillero. De ochenta hombres que tiene el grupo solo quedan en ese momento en la guerrilla nueve combatientes, más Marulanda y Prias Alape. Entre los planes acordados por las dos guerrillas se ha establecido que la dirección de EL Davis se va a situar en Peñas Ricas, donde esperarían durante algún tiempo a la guerrilla de Prias Alape y Manuel Marulanda que marcharía para salir del Tolima, cruzar el Huila y llegar a Rióchiquito. Tienen la intención de explorar la zona para trasladarse allí a todo el grupo. Veintiséis guerrilleros marchan hacia Rióchiquito con Prias Alape y Marulanda como primero y segundo comandante respectivamente. Semanas después de travesía y enfrentamientos llegan a los límites entre el Huila y Cauca, en un sitio denominado Rio negro. Allí dejan parte del personal, y los dos mandos, conjuntamente con siete guerrilleros, arrancan el viaje de regreso. Durante el recorrido hay enfrentamientos con el ejército y la policía en los que pierde la vida “Virgen Santa” hermano de Jacobo Prias Alape. Al llegar a la región de El Davis, se informan que el grupo de Isauro Yosa se ha desplazado de esa zona sin rumbo conocido, los dos grupos quedan incomunicados. Manuel y Jacobo se dirigen hacia la región de Nazareno, en inmediaciones de Gaitania, pero la situación en esa región está muy peligrosa porque el ejército y los liberales “limpios”, Leopoldo García (Capitán peligro) y José María Oviedo (Mariachi), habían dirigido todas sus actividades para combatir las guerrillas liberales y comunistas que sostienen una relación y persisten en la lucha contra el gobierno (Medina, 2009).

Marulanda Vélez y Prias Alape emprenden con su grupo de nuevo el regreso al Cauca y moviéndose un tiempo entre Rio Negro y Rióchiquito, donde hallan inicialmente resistencia de la población indígena y el apoyo de los colonos liberales, en particular de Miguel Madrid, quien al poco tiempo es asesinado en Nátaga, mientras hace mercado. Cuando el ejército comienza a meterse en la zona la población indígena no solo apoya a la guerrilla y se introduce con ella a la selva, sino que algunos de ellos se vuelven guerrilleros (Medina, 2009). Durante este tiempo se inicia un trabajo de planificación y organización de las guerrillas de Rióchiquito. Se comienza por el sitio de Belalcazar, municipio de Tierradentro, en donde se busca contacto con gente del Tolima que ha hecho parte del grupo de Peñas Ricas. El trabajo se hace en medio de las dificultades que hay para comunicarse con los indígenas y algunas delaciones que generan enfrentamientos y pérdidas de armas y logística (Medina, 2009).

Con la creación del comando Guerrillero de Marquetalia, la zona prospera y en pocos meses es centro de una gran actividad armada que resulta en comando superior de una importante organización guerrillera, que cuenta con gente en Chaparral, Natagaima y el Quindío. Cuando la dictadura de Rojas lanza la agresión contra Villarrica, en el Tolima, mucha gente se desplaza en 1955 hacia Rióchiquito. Entre esa gente figura Ciro Trujillo, quien llega a la región con cuatro hombres armados, lo que constituye un apoyo importante para el movimiento que se desarrolla allí.

En El Davis, pese a que la organización es más fuerte y los grupos más grandes y mejor armados, la acción del ejército y los “limpios” va reduciendo la capacidad de confrontación de los grupos. Cuando se pierde el contacto entre los de El Davis y los de Marulanda y el Charry, los primeros se van a Villarrica. Alfonso Castañeda (Richard) sale por los lados de Ortega; Ave Negra va hacia Natagaima y en El Davis se queda una compañía al mando del Capitán Llanero que sucumbe a las maniobras y engaños de los “limpios” y el ejército. En 1955, “Richard”, se desplaza a las regiones del El Pato y Guayabero, funda los movimientos guerrilleros de esas zonas. Es una época en que se produce un desdoblamiento territorial de la guerrilla que sería importante en la conformación de las autodefensas campesinas y en el fortalecimiento de movimiento agrario de los años siguientes.

La caída de Rojas Pinilla y la Junta de Generales.

Finalmente, el descontento de las elites y de la población con las acciones violentas durante el gobierno del General, da como resultado que el 10 de mayo de 1957 se establezca la Junta Militar de gobierno que remueve del poder a Rojas e inicia nuevamente un período de relativa calma.

El Plebiscito y el Frente Nacional.

En 1957 la Junta Militar y los directorios políticos de los partidos tradicionales convocan el Plebiscito Nacional e invitan a la población a votar por él. El movimiento guerrillero de Izquierda orienta la consigna de votar en blanco. El país está en las puertas de inicio del Frente Nacional.

El bandolerismo.

El proceso de conciliación Liberal-Conservadora, resultante de los pactos de Benidorm y Sitges, logra alcanzar legitimidad a través de un plebiscito el 7 de diciembre de 1957 y, posteriormente, legalidad mediante un acuerdo constitucional en el que se establece la fórmula de la paridad y la alternación en la conducción del Estado, generándose allí un proceso de exclusión de toda fuerza política ajena a los partidos tradicionales, lo que daría origen, implícitamente, a una nueva forma de confrontación social y política que caracterizaría los años venideros.

Lejos de solucionar los problemas estructurales de orden social y político la dictadura de Rojas y los primeros gobiernos del Frente Nacional redefinieron el carácter de la violencia; un proceso de reestructuración de las formas violentas de expresión social comenzó a gestarse en el tránsito de la guerrilla liberal al bandolerismo social y político y de éste a la lucha armada revolucionaria.

La explicación del bandolerismo.

Varios autores buscan dar explicación al conjunto de relaciones en torno al cual giran los aspectos económicos, sociales y políticos de la violencia; conciben el bandolerismo como una manifestación social y política que contribuye a explicar la compleja red de relaciones que se establecieron entre los campesinos y los gamonales, y entre éstos y el Estado, en un período de la historia en que la confrontación social y política se caracterizó por el empleo de mecanismos violentos. Esos autores consideran que el bandolerismo no puede ser entendido aisladamente, ni en relación estática entre los campesinos y las clases dominantes, ni como un exabrupto del proceso histórico en nuestro país; piensan, que ante todo, lo que reflejó el bandolerismo es la fragmentación del movimiento social como resultado del éxito que tuvieron las clases dominantes en su táctica de desorganización de las clases populares, que ante una serie de luchas, pero también de derrotas sucumben ante el doble juego de la amnistía y la represión. En esta medida el bandolerismo surge como mecanismo de resistencia frente al aniquilamiento de la organización campesina de la que estuvo acompañada la contraofensiva de las clases dominantes; es por esto que esos autores se preocupan por demostrar cómo el bandolerismo nace de las ruinas de un fuerte y bien estructurado movimiento campesino y cómo por razones de su origen cuenta durante largo tiempo con el apoyo de la población trabajadora rural (Medina, 2009).

Horacio Duque.

Juan Manuel Santos y Roberto Prieto, su tesorero de toda la vida, dispusieron, en los ultimos 8 años, de miles de millones de pesos aportados en sobornos por la constructora Odebrecht, privilegiada en la contratación de obras públicas por el gobierno en los últimos años. Nadaron y nadan en la plata mal habida.

En la medida en que se conocen los episodios de la criminal financiacion de las tres campañas políticas de Santos (2010, 2014 y plebiscito), este esta contra las cuerdas y al borde del precipicio. ¿Terminará su gobierno?, nos preguntamos muchos.

Desde enero Santos dio la orden de subir de perfil al tema de la corrupcion para bajarle al de la paz y acorralar de esa manera sus enemigos, pero el tiro le salio por la culata, al conocer detalles de las coimas electorales, que abruman y deprimen la sociedad, la que lleva del bulto es la paz. Asi paso con la famosa jugada del plebiscito.

La paz es la gran damnificada de la ruina política del santismo. La "via parlamentaria", como lo habiamos intuido, se convirtió en una trampa para los acuerdos de paz. Los gamonales y caciques del Senado la estan despedazando para sacarle provecho y seguir acumulando grandes fortunas.

Tenemos que acudir al poder constituyente popular para salvar la paz democratica y con justicia social.

Estamos a tiempo de impedir que la paz sea una simple y grotesca dejacion de las armas sin reformas sociales, economicas y politicas profundas, como lo planea la oligarquia.

Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales,  en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía,  también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los  primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta politica nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el ex presidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada? ¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?.

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción,  representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

Para entender el peso y la incidencia de las Farc en la constitucion de la nacionalidad colombiana hay que asumir que se trata de un bloque historico y social de larga duracion, tal como lo plantea F. Braudel en sus grandes investigaciones històricas.

El salto de las Farc a partido/movimiento politico profundiza su articulacion a los fundamentos de la nacion.

Horacio Duque.

En el anterior artículo sobre las raíces históricas de las Farc procuramos recoger distintos enfoques sobre su génesis profunda. En tal reflexión, obviamente, se deben incluir las versiones y testimonios directos de los sujetos protagónicos de los hechos que dieron pie a la constitución de dicha organización guerrillera revolucionaria.

En ese sentido, es prioritaria la consulta y estudio permanente de los documentos elaborados por los dirigentes guerrilleros de las Farc. Entre los que se destacan de Manuel Marulanda: Cuadernos de Campaña; de Jacobo Arenas: Cese el fuego: Una historia política de las FARC; al igual que Diario de la resistencia de Marquetalia, Correspondencia secreta del proceso de paz. Trabajos todos que dan cuenta de los procesos desde el punto de vista de los militantes guerrilleros. El libro de Arenas “Cese el fuego…” contiene un compendio de las reformas políticas y económicas propuestas por las Farc, así como también un relato de las conversaciones de paz iniciadas en enero de 1983, que culminan con los Acuerdos de La Uribe, que inician el cese al fuego en 1984, durante el gobierno Betancur. También expone en gran parte las conclusiones de la trascendental  Séptima Conferencia, realizada en octubre de 1982

Otros textos claves que reflejan un compromiso revolucionario son los siguientes: de Arturo Alape, La paz, la violencia: testigos de excepción, Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, y Tirofijo: los sueños y las montañas; de Alfredo Molano: Trochas y Fusiles, y de Carlos Arango: FARC: Veinte años. De Marquetalia a La Uribe y Guerrilleras FARC-EP: Crónicas y testimonios de guerra.

Para entender el hecho histórico, político, social y cultural de las Farc, resulta muy adecuado acudir a la categoría teórica de la “larga duración” elaborada por el científico francés F. Braudel, para quien en el estudio histórico se deben diferenciar, los eventos, los acontecimientos, las coyunturas, las cortas duraciones y las largas duraciones.

En la historia de la humanidad las largas duraciones se refieren a bloques que persisten a lo largo de las décadas y siglos. Por ejemplo la iglesia, el Estado, la familia, las organizaciones militares, los imperios.

Las Farc son un bloque social, político e ideológico de larga duración en la sociedad colombiana y en el ámbito regional latinoamericano.

Su próxima transformación en partido y movimiento político en los términos de los acuerdos de paz del Teatro Colon y de las reformas constitucionales en curso en el Congreso de la Republica (ver siguiente enlace electrónico https://drive.google.com/file/d/0ByvFYxFEUt1qdkRna3MyRTlITjQ/view ) validan su arraigo social y sus niveles de legitimidad popular que las propias encuestas y sondeos de opinión están indicando de manera reiterada desde el mes de enero del 2016.

El liderazgo y la tarea histórica del nuevo partido/movimiento político organizado por los dirigentes e integrantes de las Farc es parte de un complejo proceso de materialización de los consensos de paz firmados el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon.

La implementación de los acuerdos de paz avanza, con tropiezos y dificultades, hay que reconocerlo. Pero los hechos se van dando, como la reciente aprobación de la Justicia Especial de Paz, que si bien presenta algunas dificultades originadas en las presiones del poder oligárquico y militarista que actúa en el Legislativo, es un acontecimiento de apertura democrática indiscutible. Tendremos un nuevo poder judicial, diferente a la podrida justicia ordinaria, en el que debe prevalecer el derecho de las víctimas, la justicia, la verdad, la no repetición, la restauración y la reparación.

Los poderes oligárquicos y la cúpula militar han maniobrado para dejar en la impunidad sus demenciales crímenes, pero tendrán que responder, tarde que temprano, ante los tribunales internacionales que están atentos a las denuncias y exigencias de los movimientos de los derechos humanos en Colombia. Los generales activos y los de la reserva pretenden echarle tierra a sus crímenes pero la verdad y la justicia prevalecerán.

Las Farc  y los delegados de Voces de paz en el Congreso han defendido cabalmente el contenido y el sentido de los acuerdos. Los viejos y desuetos poderes han jugado sucio cambiando los textos mediante torcidas maniobras legislativas. Esa es la verdad de todo este trámite del Fast Track. Hacen trampa, pisotean los acuerdos, desconocen la buena fe, pero que cada quien responda por sus actos de traición y felonía.

En el artículo de hoy recogemos los modelos de periodización de la historia de las Farc. En primer lugar incluimos la construcción hecha por los integrantes de la guerrilla, para quienes el origen y evolución histórica es el resultado de las guerras desatadas por el Estado oligárquico contra los campesinos para despojarlos de sus tierras y derechos. Son cinco en total. Inicialmente el Programa agrario de 1964 se refería a tres guerras, pero, posteriormente, con la desatada por el gobierno neoliberal de Cesar Gaviria y con la guerra paramilitar uribista del Plan Colombia, se completan cinco. Ojala esta tragedia no se repita.

Reiteramos que el objetivo de estos trabajos es construir la verdad sobre uno de las más importantes subjetividades del conflicto social y armado nacional.

Lo cierto es que el conocimiento de la complejidad del fenómeno social y político de la violencia está, sin duda, mucho más allá de las percepciones y sentimientos de quienes han sido víctimas del conflicto, y de la descripción más o menos exhaustiva de los hechos que se han producido a lo largo de un extenso período. La verdad no está en las declaraciones de quienes como sujetos han sido sus actores o testigos que tienen múltiples determinaciones, ni en el ejercicio empírico de recolección, organización y sistematización de la información factual. Tampoco tiene que ver con la verdad propia de los sistemas judiciales, cualquiera que ellos sean, cuya perspectiva no va más allá de la subsunción de conductas individuales en descripciones típicas propias de una determinada normatividad penal. Su comprensión remite, por el contrario, a una difícil labor de explicación de un conjunto de acontecimientos que, por su misma naturaleza, son objeto de las disciplinas sociales, y que no puede ser ajena a un determinado entendimiento político. En este sentido, aunque se trata evidentemente de un trabajo académico e histórico, no es ni puede ser neutral en la dimensión política y en su compromiso con los cambios sustanciales que permitan demoler el viejo y decadente sistema social y político de las oligarquías dominantes en el Estado colombiano.

La ruta histórica de las Farc.

Con distintos criterios se ha planteado una ruta histórica de las Farc sugiriendo etapas y periodos determinados.

La primera es la elaborada por las propias Farc; otras son las del Grupo del Centro Nacional de Memoria Histórica y otra es la del investigador Carlos Medina Gallego.

Las cuatro guerras contra las Farc.

En una primera versión de esa historia de acumulados y de deudas no pagadas, se dirá que las Farc han sido víctimas de “cuatro guerras”, planteada precisamente en uno de los textos de la creación de las Farc, “El programa agrario de los guerrilleros”, suscrito el 20 de julio de 1964[1]. El preámbulo de este documento, fundador de esa guerrilla, expone: “Contra nosotros se han desencadenado cuatro guerras: Una a partir de 1948, otra a partir de 1954, otra a partir de 1962 y ésta que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares declararon oficialmente que se había comenzado la operación Marquetalia”. En abril de 1993, en el contexto de la VIII Conferencia, el programa agrario fue reactualizado, conservando en la parte declarativa la idea de ser objetos de varias guerras y agregando una quinta: “y ésta que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990, cuando el dictador Cesar Gaviria y los reaccionarios Altos Mandos Militares iniciaron la operación de exterminio contra el Secretariado de las Farc en Casa Verde y de agresión contra el movimiento popular en todo el país (Ver http://bit.ly/1dRDDbK ).

Por supuesto, a las anteriores guerras hay que sumar la del fascista Uribe Vélez financiada con los dineros del plan Colombia de los gringos que tramito el señor Andrés Pastrana, desde su nefasto gobierno.

La primera guerra.

La “primera guerra”, que inicia en 1948, se refiere a la persecución oficial contra los campesinos de zonas comunistas y liberales, y su desplazamiento a lugares por fuera del alcance de los “pájaros” o de la Policía, una vez fueron derrotadas las “juntas de gobierno” popular que emergieron tras el asesinato de Gaitán. En el sur de Tolima, de las familias de los refugiados, emergieron campesinos armados: unos, agrupados en el municipio de Rioblanco, en torno al dirigente gaitanista Gerardo Loaiza; y otros, en Chicalá (sede del comando comunista de Chaparral), bajo el mando militar de Raúl Valbuena, alias Baltasar, a los que se uniría posteriormente el mayor Lister y el comandante Olimpo (Eutiquio Leal), entre otros. Los dos grupos se fusionaron y se distribuyeron los territorios para defenderse y enfrentar a la policía Chulavita o conservadora. Luego de un desplazamiento que adoptó el nombre de “Columna de Marcha”, los guerrilleros y sus familias se ubicaron al sur del Departamento del Tolima, en El Davis, que se transformó en un pueblo con características organizativas especiales  y se convirtió en la zona donde se concentraba el comando de los comunistas, desde la que se articulaba a los grupos de Ciro Trujillo, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro y Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, quien inicialmente conforma un comando armado con diez de sus primos y otros parientes (http://bit.ly/1dRDDbK  )

Los grupos guerrilleros de estas zonas del Tolima realizaron emboscadas conjuntas contra el Ejército y la Policía, se tomaron pequeños caseríos, hicieron operaciones de “limpieza de pájaros” y expropiaron armas, comida y ganados.

Esta “primera guerra” que afrontaron los comunistas comprende otras formas de enemistad surgidas de posiciones políticas que emergieron en medio de la lucha. De un lado, hubo un deslinde de los liberales y los comunistas, y de otro, un distanciamiento de los segundos con el Gobierno del General Rojas Pinilla. La separación de los “limpios” o liberales, de los “comunes” o comunistas —apelativos colocados por gamonales liberales tolimenses y vallunos de la época— provino, en opinión de los comunistas, de las presiones del directorio liberal del Valle, que entregaba armas y halagos a los Loaizas. Los comunistas —como el comandante Olimpo—, afirmaban también que los liberales no pudieron superar el esquema dominante de enemistad bipartidista (http://bit.ly/1dRDDbK ).

Respecto a lo anterior, Marulanda Vélez señala que los liberales se encargaron de atizar la enemistad entre los dos bandos, propagando rumores contra los comunistas. Planteaban que estos se iban a adueñar de las tierras, que tenían pacto con los conservadores, que ponían a trabajar a la gente para que sus dirigentes “vivieran tranquilos”, que volvían rebeldes a las mujeres para “obligarlas a trabajar y aprovecharse de ellas”; y que por ello si los comunistas llegaban a triunfar, fusilarían a los curas y a los liberales. La existencia de tales versiones fue corroborada por Jesús María Oviedo (general Mariachi), quien con esos y otros argumentos se desprendió de las filas comunistas para pasar a las de sus enemigos. El rompimiento entre unos y otros fue precedido del asalto mutuo de sus campamentos, el hostigamiento de sus comisiones y de enfrentamientos armados, que dejaron un saldo de 47 muertos de los “limpios” y 25 de los “comunes” (http://bit.ly/1CZDgUx ). Pese a esos desafortunados antecedentes con los liberales, las autodefensas intentaron llegar a acuerdos políticos o militares al convocar a la Primera Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, realizada en Viotá en 1952.

El segundo deslinde de esa “primera guerra” se hizo frente al Gobierno del General Rojas Pinilla. Pinilla dio un golpe de Estado en 1953 y proclamó el restablecimiento del orden y el cese del enfrentamiento bipartidista, y aseguró garantías para los guerrilleros que entregaran las armas. Mientras la gran mayoría de los grupos liberales aceptaron la amnistía y se desmovilizaron, los campesinos de la autodefensa comunista se dividieron entre los que acogieron la iniciativa gubernamental y los que optaron por mantener la resistencia. Entre los segundos se encontraba el mando militar, que consideraba que en cualquier momento la guerra proseguiría. Por ello consideraron que debía adoptarse la proposición del Partido Comunista, que sugería organizar “comités de autodefensa en asociaciones pacíficas de campesinos”.

Del Davis, siguiendo la orientaciones del PC, saldrían “columnas rodadas” hacia Riochiquito, comandadas por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez; a Villarrica, bajo el mando de José A. Castañeda, alias Richard e Isauro Yosa; a Natagaima, conducida por Ave Negra; por último, en el Davis permanecieron El Llanero y su grupo, que fueron víctimas de una celada y después asesinados.

Posteriormente, en 1955, Richard se desplaza a Pato y Guayabero, y Charro Negro hacia Marquetalia, donde fundaron nuevos asentamientos comunistas.

En síntesis, lo que se ha llamado la “primera guerra” fue sin duda una lucha por la defensa de la vida campesina, de cara a la represión de los reaccionarios gobiernos del conservatismo.

Segunda Guerra.

La “segunda guerra” se explica igualmente por un acto arbitrario del Estado, que respondió a la organización pacífica de los campesinos con un operativo militar. Esa “segunda guerra” se desenvolvió en Villarrica, un antiguo escenario de conflictos agrarios en los que había actuado Erasmo Valencia en los años treinta y que al comenzar los años cincuenta se hallaba influenciado por el dirigente agrario Juan de la Cruz Varela, quien recientemente había logrado la unificación de los comandos guerrilleros del Sumapaz. Varela había optado por la desmovilización y la entrega de armas el 31 de octubre de 1953, pero sin perder el control político sobre la zona.

Con el ingreso de los comunistas provenientes del sur del Tolima, se desplegó una gran actividad proselitista en Villarrica, hasta entonces de mayoría liberal, sin llegar a ser hostil con los comunistas. Las células y los comités de autodefensa se organizan articulados al Frente Democrático de Liberación Nacional, que impulsaba el Partido Comunista y que se consideraba antes que una nueva organización, un frente político que cobijaba a diversos aliados en torno a un programa democrático. Esta misma táctica se había expresado en la primera Conferencia guerrillera de 1952, así como en la declaración política de ese evento. La paz se rompería con la ilegalización que el Gobierno del General Rojas Pinilla hizo del Partido Comunista, en febrero de 1956, y la subsiguiente entrada de tropas a la región de Villarrica, con el argumento de erradicar aquel núcleo revolucionario, refugio de los antiguos guerrilleros del Tolima. Gilberto Vieira, Secretario general del Partido Comunista, añadiría con el tiempo que en la decisión también pesó que la región quedara muy cerca de una de las  haciendas del General Rojas Pinilla. En todo caso, a finales de 1955, alrededor de cinco mil soldados se lanzaron sobre la zona, apoyados por aviones de la fuerza área, que arrojaron bombas de napalm. Al número indeterminado de muertos de ambos bandos hay que añadir más de cien mil desplazados, cientos de detenidos instalados en un campo de concentración ubicado en Cunday, en el que se practicaron fusilamientos, castraciones y diversos tipos de torturas, entre ellos la aplicación de corriente eléctrica; los que sobrevivieron fueron procesados y condenados sin que se les brindaran las mínimas garantías procesales. Cerca de cinco mil desplazados buscaron refugio, asentándose en el Alto Sumapaz-Duda, Ariari, Guayabero y El Pato.

El plebiscito de 1957 permitió que se levantara la ilegalización al Partido Comunista y que el movimiento de autodefensa se vinculara a la actividad política, aunque quedaron operando algunas pequeñas estructuras armadas con fines defensivos para neutralizar las retaliaciones y el brote de violencia bandolera de la primera mitad del periodo del Frente Nacional. Los acercamientos entre las autodefensas agrarias y el Estado conllevaron la financiación de cooperativas agrarias y la construcción de escuelas y vías de comunicación para las zonas de influencia revolucionaria. En ese clima se explica la intervención electoral del Partido Comunista en alianza con el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) debido a las restricciones electorales para candidatos de terceros partidos. Esa alianza permitió que Juan de la Cruz Varela pudiera convertirse en representante a la cámara en 1960, portando la representación del movimiento agrario y continuando con la gestión de programas para resolver las necesidades de la región del Sumapaz. Con esa representación Varela presentaría un proyecto de ley de reforma agraria en el que se recogía uno de los puntos del “programa mínimo” del Partido Comunista, que pretendía el acceso a la tierra para los campesinos desposeídos mediante la “limitación de los grandes latifundios” y los “impuestos progresivos a las tierras incultas” (http://bit.ly/1CZDgUx  ).

Tercera y cuarta guerra.

La “tercera” y la “cuarta guerra”, ocurridas en 1962 y 1964, son en realidad una sola. Las dos se refieren a dos momentos de la agresión a Marquetalia, constituida en un símbolo de la resistencia agraria y un ejemplo del quebrantamiento de la soberanía del Estado, desde finales de 1961, cuando el político conservador Álvaro Gómez denunció en el congreso la existencia de “repúblicas independientes”, toleradas por el Gobierno. Luego de esa apreciación, cayó sobre la región de Marquetalia, a comienzos de 1962, un operativo realizado por la VI Brigada, del cual participaron casi 7.000 miembros del Ejército, algunos con formación antiguerrillera. El operativo fue respondido con tácticas guerrilleras, pero fue levantado al poco tiempo, quizá porque se trataba de un ensayo para la operación militar que sobrevino dos años más tarde (http://bit.ly/1dRDDbK ).

La visión del Grupo oficialista (uribista y santista) del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El grupo del Centro Nacional de Memoria histórica en su informe del año 2013 plantea las siguientes 7 etapas significativas de la historia de las Farc (http://bit.ly/1dRDDbK ).

Respecto de este Grupo de historiadores es importante aclarar que muchos de sus análisis están cargados de prejuicios anticomunistas y de enfoques unilaterales que desconocen muchos eventos del proceso histórico de la resistencia agraria revolucionaria. Aun así, nos parece oportuno recoger su enfoque al respecto.

1. De la violencia bipartidista y las autodefensas campesinas a la creación del Bloque Sur y la expedición del Programa Agrario de las Guerrillas de Marquetalia (Primera conferencia), 1948-1964.

2. Del Bloque Sur a la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC - (Segunda Conferencia), 1964- 1966.

3. Las FARC: Reveses y reconstituciones (Tercera Conferencia), 1966- 1974.

4. Consolidación orgánica y Plan Nacional Militar (Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Conferencia), 1974-1982.

5. De la constitución de las FARC-EP a la formulación de la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional (Séptima y Octava Conferencia), 1982-1993.

6. De la Plataforma de Reconstrucción y Reconciliación Nacional a la Agenda Común por el cambio para una Nueva Colombia, 1993-2002.

7. La Novena Conferencia en el marco del Acuerdo Humanitario y la administración Uribe (2003-2007).

Aspectos históricos sobresalientes.

Cuando menos son tres los aspectos de carácter histórico que saltan a la vista, en la interpretación del grupo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

a) La consideración de la respuesta armada del campesinado como una manera de enfrentar la agresión armada del Estado, tal y como se expresó en 1949 y 1950, en el sur del Tolima, luego en la guerra de Villarrica en 1955 y posteriormente en los años de 1960 con la invasión a Marquetalia, el Pato, Riochiquito y Guayabero, lo cual –desde el concepto de la combinación de las formas de lucha generaba el tránsito de la autodefensa a la guerrilla móvil, no por mera decisión subjetiva, sino por necesidad de supervivencia;

b) el análisis de la situación política de cada momento, en el que por la forma de organización del poder y del ejercicio de la dominación de clase no se descartaba la posibilidad de la dictadura y la necesidad de la respuesta armada;

c) un momento político y cultural en el que la lucha armada era contemplada internacionalmente como una de las vías para acceder al poder y hacer la revolución.

En suma, fueron las condiciones históricas las que originaron la política de la combinación de las formas de lucha y no ésta la que produjo aquellas.

La propuesta de Medina Gallego. Fases en la historia de las Farc.

El historiador Carlos Medina Gallego plantea las siguientes fases históricas en la existencia de las Farc (2009).

Primera Fase.

La primera fase está comprendida entre 1949 y 1978. La enmarca dentro de dos acontecimientos: el surgimiento de las guerrillas comunistas tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el comienzo de la violencia bipartidista. Finaliza con la VI Conferencia de las Farc en 1978, cuando este grupo se propuso convertirse en una guerrilla nacional, en un “Ejército Revolucionario”, y cuando definió que su proyecto era la toma del poder. Si bien esta fase contempla el surgimiento de las Farc en 1964 y le da la importancia que tiene para la historia de esa organización, subraya que hubo significativas prolongaciones entre las guerrillas comunistas y las Farc (Medina, 2009). En los primeros años de esa organización armada continuó operando la fuerte subordinación al Partido Comunista; la falta de claridad sobre sus fines estratégicos; la persistencia en ciertas zonas; la continuidad de algunos de sus métodos de guerra y de un discurso político construido sobre el conflicto agrario y la deuda histórica que habría dejado la violencia bipartidista.

Segunda fase.

La segunda fase, 1978-1991, se halla delimitada, de un lado, por la crisis política de finales de los setenta, generada por el auge de la guerrilla particularmente urbana y las protestas sociales. Esta crisis intentó ser superada por la vía militar con la expedición del llamado Estatuto de seguridad. De otro lado, se conecta con otra grave crisis, la de finales de los años ochenta, derivada del ascenso del narcotráfico, de la insurgencia y el paramilitarismo, que desemboca en la Asamblea constituyente y en la promulgación de una nueva Constitución. Esta es una fase de transición para las Farc. La guerrilla está reformulándose a sí misma, y obtiene importantes resultados: conquista nuevos territorios ofreciendo en las zonas rurales diversas formas de intercambio a partir de las peculiaridades regionales; se dota de un “Plan estratégico” para la toma del poder, que transforma la guerra y la historia reciente del país; expide normatividades internas; construye las bases de su retaguardia nacional; recibe el primer impacto de la economía del narcotráfico, entre otros. Este periodo se cierra con la acentuación del exterminio de la Unión Patriótica, tras el cual las Farc tomarán la firme decisión de hacer la guerra hasta la victoria final, distanciándose definitivamente de la negociación y del proceso constituyente de 1991 (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Tercera fase.

La tercera fase, 1991-2008, expresa el desarrollo y ralentización del Plan Estratégico, también denominado Campaña para la Nueva Colombia. En esta fase, esa guerrilla se comprometió con una acción guerrillera de mayor envergadura, desarrolló la ocupación territorial y la ofensiva militar, incluyendo la negociación como estrategia política para desembocar en la acentuación de las acciones militares o para concluir en la creación de una nueva república en sus zonas de retaguardia nacional e incluso en la posibilidad del reconocimiento del Estado de beligerancia (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Cuarta fase.

El cuarto y último periodo, 2008-2013, inicia con el Plan Renacer formulado por Alfonso Cano como comandante de las Farc y cierra con los primeros acercamientos de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la hoja de ruta para la paz, integrada por seis puntos. En esta fase, la guerrilla reconoce el impacto del Plan Patriota ejecutado durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, en consecuencia, define la estrategia para su recuperación política y militar. Las Farc se adecuan a las nuevas condiciones del conflicto, apelando con relativo éxito a una guerra de resistencia o de sobrevivencia. Para ello sigue defendiendo algunas de sus zonas históricas, incrementa sus combatientes, mantiene sus corredores estratégicos y continúa resguardándose mediante el uso de campos minados, las granadas mortero, los francotiradores y los carros bomba. Esta adaptación de las Farc a la ofensiva de la Fuerza Pública y el cuestionamiento al cada vez más lejano “principio del fin” de la guerrilla, ha llevado al Estado a rediseñar su estrategia militar mediante la aplicación del Plan Espada de Honor y a formular — en contravía de todos los pronósticos— la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto (http://bit.ly/1CZDgUx ).

Dos grandes hitos se encuentran en la historia programática de las Farc: el Programa Agrario de 1964 —reformulado en 1993— y la Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional[2].

Continuara.

Bucaramanga, 17 de marzo del 2017.

Notas.


[1] Sobre el Programa agrario de las Farc ver el siguiente enlace electrónico http://www.farc-ep.co/pdf/Programa-Agrario-de-los-guerrilleros-FARC-EP.pdf

[2] Sobre dicha Plataforma ver en el siguiente enlace electrónico consultado el 17 de marzo del 2017 http://www.farc-ep.co/octava-conferencia/plataforma-de-un-gobierno-de-reconstruccion-y-reconciliacion-nacional.html

Horacio Duque.

La Comisión de la verdad creada con la Justicia Especial de Paz/JEP, debe incluir la mas amplia y objetiva versión sobre las raíces, la fundacion y trayectoria historica de las Farc-EP como expresion de la lucha campesina contra la violencia terrateniente, militar e imperial.

Este material tiene como objetivo central realizar una recuperación de la memoria histórica de las Farc-EP, como uno de los principales protagonistas de la vida contemporánea de Colombia.

Ha sido aprobada, después de muchos tropiezos y bloqueos del gamonalato oficialista y de la ultraderecha uribista, la Justicia Especial de Paz como instrumento de reconocimiento de los derechos de las víctimas del largo conflicto social y armado nacional. La JEP incluye un mecanismo extrajudicial que es la Comisión de la Verdad.

Conocer la verdad de la constitución y existencia de las Farc como expresión de la resistencia agraria y campesina contra la violencia latifundista, militar e imperial es parte fundamental de la construcción de la verdad sobre la guerra civil colombiana que se ha prolongado, desde la década del 40 del siglo XX, por más de 70 años.

Las Farc es una subjetividad social y política que se constituyó en el contexto de prolongadas y difíciles luchas de los campesinos por el derecho a la tierra, a la vida, a las libertades y a la justicia social. Como señala Hugo Zemmelman, en su configuración es necesario considerar diversos elementos de orden individual, familiar, grupal, coyuntural, internacional y societal (http://bit.ly/1GqCIa8 ). En ese sentido un estudio objetivo de las Farc implica acudir a un enfoque multidisciplinar que incorpore el abordaje histórico, sociológico, politológico, antropológico y etnológico.

Este documento hace parte de un texto que llevara por título "Colombia: La Paz posible”, que aborda otros elementos como la caracterización del conflicto social y armado nacional, las políticas públicas de negociación y diálogos, las experiencias internacionales en solución de conflictos armados, el papel de la sociedad civil, el contenido de los acuerdos entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc,  y las negociaciones con el Eln. Por supuesto, el tratamiento de tales asuntos supone la construcción de una amplia teoría sobre la paz.

Vamos a ir publicando por partes este documento para facilitar la lectura y análisis del mismo.

Antes de abordar en detalle la génesis, la fundación, conformación y consolidación de las Farc como un actor social político y militar, dueño de un amplio potencial en tanto que contradictor del Estado y el régimen gubernamental, resulta indispensable hacer una presentación de los modelos teóricos utilizados por diversos estudios para ofrecer una explicación de dicha subjetividad social. También es de provecho recoger los esquemas que ofrecen una periodización histórica de las Farc, partiendo de su propia versión, construida desde la experiencia de las cuatro guerras registradas desde el 9 de abril de 1948.

1.      Clasificación de Pécaut sobre estudios de la insurgencia.

Sobre los estudios que se han realizado en Colombia acerca del fenómeno de la insurgencia, Daniel Pécaut propuso en 1994 una clasificación en tres categorías: Etiológicos, aquellos que tienen en cuenta el estudio de los factores explicativos sobre los orígenes de los grupos guerrilleros. Tipológicos, o sea aquellos que colocan el acento en la diferenciación de los grupos armados de acuerdo con criterios tales como su extracción socio histórica, los fundamentos ideológico-políticos, las formas de organización o los escenarios de lucha urbanos o rurales. Y Socio-geográficos, aquellos que estudian las modalidades de articulación de los grupos guerrilleros en determinadas regiones y frente a sectores sociales específicos (http://bit.ly/2mOfsBV).

2.      Tres series históricas que permiten entender las Farc.

Para Domínguez no ha habido solo una teleología que oriente el accionar de las Farc desde su nacimiento, sino varias teleologías que en diversos momentos han aparecido, desaparecido o han coexistido; su trabajo lo aborda desde la perspectiva de la sociología histórica, tratando de visualizar el proceso general de estructuración de dicha guerrilla a través de tres series históricas: La Resistencia defensiva, la Transición y el Control Territorial (2011).

En cada una de las cuales, es posible identificar, a partir del ingreso de nuevos actores a los puestos de comando, nuevas intencionalidades, nuevos intereses y orientaciones diferentes en relación con la inicial razón de ser de la lucha insurgente de esta guerrilla.

Examinemos brevemente cuáles son las series consideradas en el estudio e Domínguez.

La primera serie es la Resistencia Defensiva. Protagonizada por un grupo humano de excluidos de la sociedad mayor, que inicialmente lucha por la preservación de la vida y en función de ello, va adoptando la forma de un sector social emergente y en proceso de diferenciación de los demás partidos y grupos sociales constituyentes del Estado y de la sociedad mayoritaria, para lo cual se encierra en una especie de “clausura material y de sentido”,  que le permite comenzar un proceso de estructuración de un imaginario social instituyente, diferente, especialmente del imaginario instituido por la sociedad mayor y que se reflejaba en los modos de hacer y de pensar originarios del Partido Liberal del cual provenía buena parte del naciente grupo armado y al cual atribuía Marulanda los primeros fracasos militares cuando describía el comportamiento de muchos de los comandantes como “demasiado liberal”, para significar no clandestino, no conspirativo, abierto, descuidado, que era como actuaban en la época de las guerrillas liberales en su época “societal”. El imaginario instituyente se comienza a crear pensando principalmente en la vida militar, ya que en lo político, al adoptar la ideología del Partido Comunista (PC), el imaginario instituido se mantuvo incólume aun hasta nuestros días.

La segunda serie es la de la Transición. Ya se han vinculado al grupo armado algunos valores y formas ideológicas contradictorias con la armazón de la sociedad mayor a partir de lo cual entra en un proceso de consolidación y expansión conservando, al menos en el discurso, el objetivo de reemplazar al Estado y al ordenamiento impuesto por los grupos sociales dominantes. Sin embargo, en esta serie se comienza a combinar, no solo todas las formas de lucha, como ya se venía haciendo desde su nacimiento, sino también, todas las formas de financiamiento de la guerra incluido, con lo cual se incorporan actores con nuevas visiones sobre el quehacer militar que introducen una visión de la guerra como una forma de vida y no como medio o instrumento para conseguir el fin político que imponía la institución del PC. Estos nuevos actores contribuyen de forma definitiva a la concreción del Nuevo Modo de Operar, que aparece como el producto más importante del imaginario instituyente desarrollado en la serie anterior. La dirección política proveniente de la ciudad se reemplaza y se incorpora en el Secretariado del Estado Mayor. Todo esto es convertido en imaginario instituido por la Séptima Conferencia realizada en 1982. La clausura se relativiza y el grupo insurgente comienza a participar en la negociación política del conflicto pero como una de las tareas de la guerra (http://bit.ly/2mOfsBV ).

La tercera serie es hacia el control territorial. Ante la quiebra del paradigma socialista en el terreno internacional, antiguos y nuevos combatientes logran construir una red diferente que pretende articularse a la sociedad dominante pero sin disolverse como organización y conservando los territorios y el patrimonio conseguidos mediante el ejercicio de la violencia. Las luchas sociales y su importancia para la conquista del poder, definitivamente pasan a un segundo plano. Antes que el control del Estado, prima ahora para las FARC, la estrategia de control de los recursos.

En la tercera serie, el análisis empírico se centra sobre las condiciones de formación y desarrollo de este grupo armado como Conglomerado organizacional, cuyos integrantes se encuentran agrupados en estructuras micro como las Escuadras, las compañías, los Destacamentos, etc., que pueden formar parte de un Frente como célula fundamental de la estructura guerrillera y en estructuras macro como los Bloques regionales. Si bien estas estructuras y el rol de los combatientes dentro de ellas son claros, las relaciones de la organización con la política, con el territorio y sus comunidades no permiten sacar conclusiones rápidas que nos sirvan para explicar fácilmente qué son las Farc. El examen de esta tercera serie ha permitido desentrañar importantes niveles de complejidad. No es tan simple entonces, realizar una caracterización de este grupo armado y de sus dinámicas con la población, como actor político. Son un movimiento cuyas raíces agraristas todavía forman parte importante de su discurso político.

3.      La violencia colectiva y la constitución de las Farc.

Loaiza Cordero se vale de La teoría de la violencia colectiva de Charles Tilly para explicar el surgimiento de las Farc. Según la misma, la violencia colectiva se define como:

Una interacción social episódica que: inflige daños físicos inmediatos a personas y/u objetos (daños, incluye la retención por la fuerza de personas u objetos pasando por encima de cualquier restricción o resistencia) e implica por lo menos a dos autores de los daños y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los daños (http://bit.ly/2m0OZSX ).

Tilly, afirma Loaiza, desarrolla una serie de mecanismos que se activan en la medida en que se incrementa la violencia colectiva, que permiten el aumento de la acción violenta. En el período de estudio, la activación de estos mecanismos, facilita la conformación de grupos armados en pro de la defensa y organización campesina contra la explotación terrateniente y la violencia estatal (http://bit.ly/2mObBVm ).

Dichos mecanismos son:

a)      De explotación y acaparamiento de oportunidades.

b)      De correduría, activación de divisorias y polarización.

c)      De incremento de la incertidumbre y espirales de señales.

Recurrir a Tilly, dice Loaiza, permite ver el inicio del conflicto en el país, desde una perspectiva diferente al estudio histórico de la violencia.

4.      Los estudios de E. Pizarro.

Sobre la historia de la guerrilla colombiana, E. Pizarro es uno de los pioneros con su trabajo, “Las FARC 1949-1966” (1991).  En este primer trabajo Pizarro realiza una reconstrucción de la historia de este grupo insurgente y sus relaciones con el PCC, desde 1947, la formación de las autodefensas campesinas después del asesinado de Jorge Eliécer Gaitán, hasta el comienzo del genocidio de la Unión Patriótica, UP, a partir de 1984, pasando por el análisis y la crítica a las tesis del IX Congreso del PCC, en 1961, en que se planteó que, la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha. A esta estrategia atribuye que, a partir de la Séptima Conferencia de las Farc 1982, la guerrilla empezara a actuar militarmente (http://bit.ly/2mOfsBV ).

Este primer trabajo de Pizarro, representa, señala Domínguez, un aporte importante por cuanto nos brinda una historia más hilada con cierta pretensión académica, de lo que es la historia de las FARC, nos brinda elementos y ciertas coordenadas para examinar la historia de este grupo armado. En este sentido se considera que es un trabajo pionero, que puede ser superado en la medida en que haya otra teoría en la que él mismo progresa después. Este trabajo deja planteadas las hipótesis que conducirían a un segundo estudio de tipo comparativo apoyado en fuentes documentales, “Insurgencia sin revolución” (1996), en el que desarrolla, una propuesta de sociología de la guerrilla utilizando como eje central, la idea de la “insurgencia crónica”, sugerida en su primer trabajo, y definida como el fenómeno que afecta a “una guerrilla sin opciones reales para acceder al poder, condenada a ser parte del paisaje político”. Este fenómeno, según el autor, ocurrió de igual forma en Filipinas y en Guatemala, donde la guerrilla logró consolidarse sin poder alcanzar el triunfo. La definición es retomada de Marc Chernick (http://bit.ly/2akHvAl ), y sirve como fundamento a la tesis central del libro, descrita por Pizarro en los siguientes términos: …

El movimiento guerrillero que surgió en Colombia con posterioridad a la revolución cubana nació en un contexto sociopolítico e institucional que no favorecía sus posibilidades de hacer tránsito hacia un éxito revolucionario. Sin embargo, debido a factores tales como una experiencia reciente de amplias luchas guerrilleras en el período de la Violencia, el relativo cerramiento del Frente Nacional, la precariedad del Estado central y su incapacidad para mediar y canalizar los conflictos sociales en las áreas rurales, se crearon condiciones para la consolidación de estos focos insurgentes.

A partir de aquí Pizarro propone dos tipos de clasificación para definir a un grupo insurgente. De un lado, las etapas de su evolución: la emergencia, la consolidación y el triunfo. Y de otro, tres tipos de guerrillas: Societal, Partisana y Militar. Considerando que la guerrilla societal es ante todo, una guerrilla telúrica que busca expresar a un sector social determinado. Es decir, es una suerte de “movimiento social armado”, dado que busca constituirse como una prolongación de un actor social organizado. Lo más lejano a esta figura es la guerrilla militar que se aproxima más a una “máquina de guerra”, dadas sus débiles articulaciones con los movimientos sociales. Se trata de una modalidad de guerrilla profesional, compuesta de actores-soldados. Mientras que la primera se prolonga en la tierra y la población, la segunda se agota en el aparato. En este último caso nos acercamos a una organización que puede, en determinadas circunstancias, bordear los límites del terrorismo. Finalmente, la guerrilla de partido es, ante todo, un actor subordinado a un proyecto político partidista el cual ejerce funciones de dirección sobre el aparato armado. Se trata de una suerte de guerrilla intermedia, entre lo limitadamente “militar” y la amplitud de lo “societal” (http://bit.ly/2mOfsBV ).

Ocho años después y en un contexto muy diferente al de mediados de los años 90, y a cuatro años de haberse iniciado el Plan Colombia, Eduardo Pizarro publica un nuevo estudio (http://bit.ly/2mOfsBV ),  en el que realiza un balance de las posibilidades reales de éxito de la guerrilla de las FARC teniendo en cuenta el enorme desprestigio con que salió de la zona de distensión, agravado por las repercusiones de los atentados del 11 de septiembre en USA, a partir de lo cual el gobierno colombiano logra que sean considerados entre los terroristas más buscados en todo el mundo; la llegada de un gobierno que gana las elecciones por su propuesta de no negociar con la guerrilla y buscar su derrota militar, además de que los recursos provenientes del Plan Colombia comienzan a producir cambios cualitativos y cuantitativos en la actitud y en la capacidad de combate de las FF.AA, que incrementan notablemente el número de hombres en armas lo que permite realizar diversas operaciones militares contra las zonas de retaguardia estratégica de la guerrilla, con mejores recursos tecnológicos, logísticos y de inteligencia para el combate. Todo lo cual coincide con el hecho de que la guerrilla no pudo cumplir con su plan estratégico trazado en la Octava Conferencia de 1993, en el que se proponía organizar un ejército regular en diez años, con el fin de pasar a la guerra de posiciones, previo desarrollo de la guerra de movimientos. Y si bien, desarrollaron varias acciones de guerra de movimientos durante la segunda mitad de los años 90, terminada la zona de distensión tuvieron que regresar de nuevo a la guerra de guerrillas. Todo ello lleva a E. Pizarro  a proponer la hipótesis de que en el 2000 se había llegado a un “punto de inflexión” en el desarrollo militar de las FARC, a partir del cual se inicia un proceso de derrota estratégica en el sentido de que, si bien siguen existiendo como grupo armado, ya no tienen la posibilidad de llegar al poder por medio de las armas (http://bit.ly/2mOfsBV).

 

 

 

 

Horacio Duque.

La implementacion y verificacion de la paz requiere una consistente red de instituciones publicas.

Reza el texto del Acuerdo de paz sobre la materia de la siguiente manera (http://bit.ly/2gMm6q5 ):

  1. La CSIVI.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal (Ver al respecto el siguiente enlace http://bit.ly/2npcdz2 ). La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prórroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente Acuerdo y por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa Conversaciones de La Habana. 

  1. Objetivos de la CSIVI.

Los objetivos de la Comisión serán:

Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación.

  1. La buena fe recíproca.

La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

  1. Derechos prioritarios de la mujer.

Con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final se creará una Instancia Especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En el marco de la CSIVI se definirá su composición y funcionamiento en consulta con las organizaciones de mujeres.

  1. Participación ciudadana.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. La implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

  1. Plan Marco de la paz.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contendrá las distintas fuentes de financiación y las instituciones responsables de la implementación según corresponda. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres y de los pueblos étnicos, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación al respecto. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar.

Respecto de la elaboración ya probación del Plan Marco de la paz, el Ministro para el post conflicto, Doctor Rafael pardo ha indicado lo siguiente.

Antes de que termine marzo (2017), el Gobierno deberá presentar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, en el que quedará consignado cómo se ejecutará el acuerdo en los próximos quince años.

Ese plan marco define qué se hace —son 88 líneas de proyectos hasta ahora identificadas—, dónde se hace —en qué municipios—, cuándo se hace y cuánto vale.

Antes de este extenso plan de trabajo se han venido implementado dos iniciativas: un plan de cien días enfocado en 51 municipios, donde hay zonas veredales y donde están las sitios con más cultivos ilícitos en el país; y la Estrategia de Respuesta Rápida.

Esta estrategia no tiene una focalización precisa, hay temas que no son exclusivamente de los municipios. Se están haciendo ferias de trámites; sistemas locales de justicia; reparaciones colectivas. Se han focalizado reparaciones individuales en estos municipios por parte de las Farc; el programa de Manos a la Paz; el fortalecimiento de juntas de acción comunal; tres programas del Ministerio de Agricultura; y se están haciendo 67 pilotos de catastro.

El programa de los cien días vincula a varias entidades del Estado las cuales deben estar funcionando desde mediados del próximo mes de abril.

Este programa tiene cerca de 700 proyectos, en donde 51 de ellos –que toca 51 municipios-, tiene que ver con la construcción de 50 kilómetros de vías.

A 21 municipios deben llegar entre una o seis acciones de posconflicto y a 20 municipios deben llegar entre 31 y 53 intervenciones. Lo que se suma a los planes de largo aliento.

“¿Cuáles son las que cubren todo el país?, dos ejemplos: en todas las zonas rurales del país hayan sido de conflicto o no, va a haber un programa de catastro multipropósito. Es decir, un sistema en el cual se determina el plan de la propiedad y la finca con el título de la propiedad”, dice.

En este momento para ese programa hay identificados 4 millones de predios, tardaría 6 años y vale 3,6 billones de pesos. El otro ejemplo de programas que cubrirán todo el país, es la cobertura que se quiere alcanzar en seguridad social para todos los productores campesinos independiente si están en áreas que fueron de conflicto o no.

A eso se suma el trabajo que se hará para que llegue el mínimo vital institucional en varios municipios en donde se harán intervenciones de distintas índoles, la aplicación de los Programas de Desarrollo Territorial, PDT, en 16 municipios que serán los mismo que tendrán circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, y el mejoramiento de vivienda que se hará en todas las zonas donde hay zonas veredales transitorias.

Respecto de las normas de paz expedidas, hay algo así como unas 37 normas ya expedidas; unas 40 para su firma por el Presidente y están pendientes 40 normas que están en una revisión final, o en construcción o para discusión interna del gobierno (ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2npfCy7 ).

  1. Conpes de paz.

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes.

  1. Plan cuatrienal de la paz.

Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

  1. Implementación temprana.

Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana (D+1 hasta D+180) que presentará a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.

  1. Papel de los departamentos y municipios.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno:

Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

  1. Paz y Regalías petroleras y mineras.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados para los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Los recursos de regalías serán una fuente más de las diferentes fuentes para la implementación del Acuerdo en los territorios, para que estos proyectos fortalezcan el desarrollo de sus municipios y departamentos. 

Los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

12. Los empresarios y la paz.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos: 

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. 

  1. Paz y cooperación internacional.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregarán a los fondos dispuestos por el Gobierno para esos fines.   

  1. La paz y los derechos de los niños.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

  1. Paz y sociedad civil.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

  1. Paz y tecnología de la información.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

  1. Paz sin corrupción.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento. Se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos. Sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

  1. Paz y rendición de cuentas.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas. Se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos.

  1. Paz y Veedurías ciudadanas.

Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. En concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.

Herramientas de las nuevas tecnologías de información. Asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.

  1.   Paz y denuncia ciudadana.

Mecanismo especial para la denuncia ciudadana. En el marco de lo acordado se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.

Fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control. Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

  1. Funciones de la CSIVI.

Funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

La CSIVI tendrá las siguientes funciones: 

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir entre las partes firmantes del Acuerdo Final en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia entre las partes que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas.

Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto del acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V.

En particular, la CSIVI deberá: Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final, lo cual no afecta las competencias de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. o Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso. Para estos efectos se tendrá en cuenta el listado no exhaustivo de proyectos incluido en el Acuerdo de paz. Lo anterior sin perjuicio de las competencias del Congreso de la República.

La CSIVI tendrá interlocución con las agencias, estados y organizaciones donantes que contribuyan económicamente a la implementación de los acuerdos y/o que forman parte del acompañamiento internacional de la misma. La CSIVI podrá solicitar informes de seguimiento y ejecución sobre los distintos programas y proyectos que reciban de la cooperación internacional en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, o proponer borradores de normas que se consideren necesarias para la implementación del Acuerdo Final, sin perjuicio de las facultades ordinarias del Congreso de la República u Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana,  o producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos.

La CSIVI podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. 

Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CSIVI en el Acuerdo Final.

  1. Acompañamiento internacional.

 La CSIVI contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela.

  1. Secretaria Técnica.

La CSIVI contará con una Secretaría Técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera.

A las reuniones de la CSIVI podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.

  1. CSIVI Ampliada.

Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSIVI realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde.

  1. Informes de la CSIVI.

La CSIVI presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.

  1. Ubicación y Temporalidad.

La CSIVI podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSIVI sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido.

  1. Inicio de la implementación del Acuerdo Final.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016.

Mientras la Reforma Rural Integral de los acuerdos de paz firmados con las Farc no dispone de un peso para hacerla realidad, el gamonal Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, se trago, durante mas de treinta meses de gestion politiquera, 9 billones de besos que repartió a dedo entre seudo empresarios corruptos, ongs de bolsillo  y gobernadores de las redes clientelares mediante convenios interadministrativos con los gobiernos departamentales.

Las comisiones del 30 y 40% pulularon.

Uribito se quedó en pañales.

Que la democracia ampliada de la paz por lo menos sirva para destapar este descomunal saqueo del Estado, todo para apuntalar una vanidosa candidatura presidencial de la rancia y violenta oligarquia caucana.

Horacio Duque.

Descomunal la sinvergüenzada y el descaro de la oligarquía colombiana.

Aceptado que el problema agrario es el principal foco de la violencia y las guerras del siglo XX y las del presente siglo, buena parte de los diálogos de paz y los acuerdos para terminar el conflicto armado han consistido en la construcción de consensos para erradicar las perversas relaciones sociales imperantes en el campo colombiano. Coincidencias que comprenden una diversidad de asuntos como la Reforma Rural Integral, la creación de un Fondo de Tierras con tres millones de hectáreas y siete para formalizar, la actualización del catastro rural y políticas financieras y de adecuación de infraestructuras viales y sociales.

Temas todos muy bonitos incluidos en un mamotreto que igual puede pasar a engordar los anaqueles de la memoria oficial.

Digo bonitos porque la realidad es mucho más cruel y áspera.

Para más de 13 millones de campesinos sumidos en la pobreza la paz agraria parece más un mal chiste por cuanto la política gubernamental en cuanto a los temas rurales va por otro camino. El de la corrupción, el clientelismo, el despilfarro y la reproducción de la vieja estructura feudal latifundaria.

No salimos del asombro al conocer el grotesco cuadro de Uribito, el ex ministro de agricultura del Caballista de marras, viejo prostático desvencijado, quien repartió, como en una piñata, miles de millones de pesos del presupuesto de inversiones del Ministerio de Agricultura, entre reinas de belleza, paramilitares, narcotraficantes y terratenientes. El tamaño de su vagabundería lo refleja el encarte penal y penitenciario en que se encuentra este delincuencial sujeto.

Pero al pasar revista a la gestión del actual gamonal caucano que funge como Ministro de Agricultura, el señoraso Aurelio Iragorri Valencia, vástago de una casta feudal de la peor historia de violencia en el departamento del Cauca, primogénito de un Cacique a perpetuidad en la región, las sorpresas son mayúsculas.

Uribito es un pobre pendejo.

Increíble. Mientras el gobierno derrochaba cinismo en La Habana discurseando con la reforma agraria integral, Iragorri, muy taimado se gastaba, como plata de bolsillo, 9 billones de pesos, que es la cifra presupuestal apropiada para inversiones agrarias, la mayor en la historia del Ministerio de Agricultura.

9 billones de pesos han sido repartidos a dedo por Iragorri, a lo largo de los 30 meses de gestión, entre seudo empresarios corruptos, ongs de bolsillos y gobernadores de la rosca politiquera con la firma de convenios interadministrativos, omitiendo licitaciones públicas y concursos de méritos.  Eso sí con comisiones del 30 y 40 por ciento que sería bueno saber en las cuentas de quien están. No será difícil saberlo en esta danza de corrupción que ha descubierto la opinión pública a propósito de las millonarias coimas de Odebrecht.

Con razón hoy el señor hoy se da ínfulas de candidato presidencial. Compro, con 9 billones de pesos, una extensa red de maquinarias electoreras en veredas, municipios y regiones para promover sus aspiraciones.

Este artículo es una alerta a las veedurías ciudadanas para ubicar esta malla de corruptela con los dineros de los campesinos.

Nosotros estamos revisando uno a uno los contratos de inversión firmados por Iragorri Valencia y los resultados concretos de tales convenios.

Estamos analizando los archivos del Secop en el Ministerio de Hacienda y los hallazgos ponen los pelos de punta del saqueo ejecutado desde la cúpula Ministerial.

Para algo debe servir la democracia ampliada que conquistamos con la paz. Para destapar esta cueva infame de saqueo y asalto de los dineros estatales.

Son 9 billones de pesos que ya no existen para la reforma rural integral, para la compra de 3 millones de hectáreas, para organizar las instituciones encargadas de adelantar la formalización de siete millones de hectáreas.

Para los campesinos solo hay limosnas que utilizan ciertas farsas de liderazgo para comprar camionetas y computadoras.

Solo hay plomo y masacre de los lideres sociales.

Una infamia.

Que responda Iragorri Valencia.

 

 

 

 

 

 

La implementacion de los acuerdos de paz debe sortear toda clase de obstaculos, como el filibusterismo de los politiqueros del Senado y la corruptela del Ministerio de Agricultura.

Iragorri se gasto 9 billones de pesos de inversiones del sector agrario en convenios con empresarios corruptos, con ongs de bolsillos y en convenios interadministrativos con gobernadores politiqueros que desconocen los acuerdos de paz para terminar la guerra.

Uribito es un pendejo comparado con Iragorri Valencia y sus  desvergonzadas andanzas; el politiquero del Cauca utiliza los dineros de la reforma agraria para aceitar las maquinarias clientelares de los bandidos del Congreso que obstruyen la Justicia Especial de Paz.

Horacio Duque.

La implementación de los acuerdos de paz en los meses siguientes es algo crucial para la consolidación de los consensos con las Farc.

Ya se han instalado varias comisiones, se han expedido decretos, aprobado leyes y se avanza en el trámite de varios proyectos normativos.

La participación de la sociedad civil es vital para que la materialización de los pactos se haga realidad, pues los enemigos del fin de la guerra siguen bastante activos tal como lo hemos podido observar en el trámite de la Justicia Especial de Paz, bloqueada y ralentizada por el filibusterismo parlamentario.

Con el fin de dar apoyo a las acciones de implementación y verificación quiero volver sobre ciertos elementos incluidos en el Acuerdo General de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon.

Me refiero a los principios, a los mecanismos y al Plan Marco.

Veamos hoy los principios que sustentan la construcción normativa e institucional de la paz.

Sin perjuicio de los principios específicos contemplados para la implementación de los diferentes acuerdos, reza el Acuerdo, el Gobierno Nacional y las FARC- EP acordaron los siguientes principios orientadores para la Implementación del Acuerdo Final:

• Enfoque de derechos: La implementación de todos los acuerdos alcanzados debe contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, ya que son universales, imperativos indivisibles e interdependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna, respetando el principio pro homine, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos, atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad.

• Respeto a la igualdad y no discriminación: En la implementación del presente Acuerdo se respetará la igualdad en sus diferentes dimensiones y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a los diferentes planes y programas contemplados en este Acuerdo, sin discriminación alguna. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la libertad de conciencia.

• Enfoque de género: En el presente Acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. Para garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en las mujeres, en particular la violencia sexual. Respecto de los derechos de las víctimas su protección comprende el tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado especialmente sobre las mujeres. Además, se deberán adoptar acciones diferenciadas para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a los planes y programas contenidos en este Acuerdo. Se garantizará la participación de las mujeres y sus organizaciones y su representación equitativa en los diferentes espacios de participación. El enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de manera transversal en la implementación de la totalidad del Acuerdo.

• Respeto a libertad de cultos: implica el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad, culto, creencia, confesión sin discriminación o estigmatización alguna. En la implementación del Acuerdo Final se promoverá la participación activa de las iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y las organizaciones del sector religioso en la construcción de la Paz. Así mismo, se buscará tomar las medidas necesarias para restablecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas y grupos victimizados por sus creencias religiosas con ocasión y en razón del conflicto armado.

• Integración territorial e inclusión social: las medidas que se adopten en la implementación deben promover la integración de los territorios al interior de las regiones y la integración de éstas en el país, así como la inclusión de las diferentes poblaciones y comunidades, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

• Fortalecimiento y articulación institucional: para construir una paz estable y duradera y en general para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos en democracia, se requiere fortalecer la presencia institucional del Estado en el territorio. Las políticas públicas que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en sus territorios. Se reafirma el fundamento constitucional según el cual el Estado colombiano es descentralizado administrativamente y que los Entes Territoriales tienen autonomía, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, y por tanto se garantizará que la implementación se haga en coordinación y con el concurso de las autoridades locales. La implementación del Acuerdo se deberá realizar con pleno respeto de las competencias de las autoridades territoriales, sin detrimento de lo acordado. En particular, las medidas deben promover el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los departamentos, municipios y demás entidades territoriales, de manera que puedan ejercer el liderazgo en la coordinación de planes y programas necesarios en la construcción de la paz; y la articulación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar que actúen de manera integral, coordinada, articulada y ordenada en los territorios.

• Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”: La implementación de los planes y programas acordados debe tener en cuenta las iniciativas y procesos de desarrollo y reconocer los esfuerzos de la sociedad en la construcción de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” y profundizar la democracia, erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier otra actuación que degrade los demás principios.

La implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente, y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno. Se buscará que las instancias y los mecanismos de articulación institucional que se crean en los diferentes puntos del Acuerdo Final contribuyan a fortalecer dicha institucionalidad y de ésta manera fortalecer la democracia.

• Eficacia, eficiencia e idoneidad: para lo cual se optimizarán tiempos y recursos asociados a la implementación mediante mecanismos especiales y de gestión pública eficiente, reducción de trámites, y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos. Se garantizará que los servidores públicos responsables del Gobierno en la implementación de los planes y programas sean idóneos y cumplan con las calidades técnicas y meritocráticas pertinentes.

• Priorización: la implementación de los acuerdos es un proceso continuo y urgente que parte de la definición de los planes y programas que se requieren de manera más inmediata, de acuerdo con un cronograma de implementación que tenga en cuenta las prioridades sociales definidas en el Acuerdo, las capacidades institucionales y los recursos disponibles. Los PDET, como programas que articulan la implementación de los planes y proyectos acordados, deberán ser priorizados en el marco de la implementación del Acuerdo Final.

• Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción. Todo lo anterior con el fin de garantizar que la totalidad de los recursos públicos asignados a la implementación se ejecuten correcta y estrictamente dentro de los términos del Acuerdo Final.

• Principios democráticos: en la interpretación e implementación del presente Acuerdo y de las normas que lo incorporen al ordenamiento jurídico se respetará el carácter unitario del Estado Social de Derecho, el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos y la primacía de los derechos inalienables de la persona, así como los diferentes esfuerzos y procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales.

Nota. Más de dos años va a completar como Ministro de Agricultura el señor Aurelio Iragorri Valencia y durante su gestión dicha entidad ha contado con el mayor monto de recursos de su historia para inversiones en el agro colombiano. Son más de 9 billones de pesos, los cuales se han gastado en proyectos colocados al margen de los acuerdos de paz para terminar la guerra. La politiquería y la corrupción son la característica de tales inversiones. Iragorri se ha gastado esa plata en contratación directa con empresarios corruptos, ongs de bolsillos y convenios interadministrativos con los gobernadores de la cuerda politiquera de este funcionario y su progenitor, el gran gamonal del Cauca. Las comisiones del 30% son la norma. Se han enriquecido roscas clientelares y caciques electorales. Se van conociendo datos y el escándalo de la corruptela en el Ministerio de Agricultura de Iragorri puede ser peor que lo de Obredrecht. Que intervengan las veedurías ciudadanas. Que se conozcan los contratos de Iragorri adjudicados a dedo y con recomendación de la casta política que obstruye la aprobación de la Justicia especial de Paz.

 

 

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