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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

HORACIO DUQUE.

La organización de la paz en los 16 territorios y sus 180 municipios implicará una fuerte disputa política con los poderes oligarquicos locales.

Asco produce un encuentro de los peores exponentes de la masacre paramiltar de miles de campesinos con algunos delegados de la guerrilla. Grave error historico y politico que ya cosecha el repudio popular y democrático. 

Hoy se oficializan los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial-Pdet que se institucionalizaron mediante el Decreto 893 del 2017 (http://bit.ly/2rAIqJp ), expedido por la Presidencia de la Republica en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al señor Santos por el Acto legislativo 01 del 2016 que adopto el Fast track como instrumento de implementación de los Acuerdos de paz.

Los Pdets serán lanzados en un municipio del departamento del Caqueta que hace parte de los territorios en los que se aplicaran dichos programas.

Tales Programas de Desarrollo seran un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final. Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años. Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en ejercicio de las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2366 de 2015, modificado por el Decreto Ley 2096 de 2016. Los planes sectoriales y programas que se creen para la implementación de la RRI incorporarán en su diseño y ejecución el enfoque étnico. Según lo establecido en el Acuerdo Final, cada PDET tiene por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas a las que se refiere el artículo 3 del Decreto 893, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación.

Los Pdets serán implementados mediante Planes de Acción como instrumentos de Transformación Regional (PATR), construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas. Plan que tendrá en cuenta como mínimo, 1. Lineamientos metodológicos que garanticen su construcción participativa. 2. Un diagnóstico participativo elaborado con las comunidades que identifiquen las necesidades en el territorio. 3. Una visión del territorio que permita definir líneas de acción para su transformación. 4. Enfoque territorial que reconozca las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de planeación y ordenamiento territorial. 5. El enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios. 6. El enfoque reparador del PDET. 7. Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales. 8. Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la ejecución, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Final y bajo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 9. Un capítulo de indicadores y metas para el seguimiento y evaluación. 10. Mecanismos de rendición de cuentas y control social, que incluyan herramientas de difusión y acceso a la información. El PATR se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma participativa en el territorio, en los términos establecidos en el Artículo 5 del Decreto 893.

Dichos Programas y planes deben ser diseñados y formulados a partir de los criterios fijados en el Conpes 3867 del 2016 (http://bit.ly/2s8CJi4 ) que incluye la estrategia de preparación institucional para la paz y el post conflicto, en el que se ofrece un amplio diagnóstico de la problemática social, económica, cultural y política de 180 municipios colocados en la periferia de la formación social nacional.

La cobertura de los Pdets incluye 16 territorios con casi 180 municipios.

La formulación y ejecución de los Pdets y sus Planes de acción van a implicar una amplia disputa territorial con formas diversas de resistencia de la población dado el recurrente incumplimiento del gobierno en sus compromisos de paz.

No son muy satisfactorias las experiencias en materia de organización territorial de las instituciones públicas si se evalúan algunas estrategias como los procesos de descentralización administrativa y política que al decir de Maldonado no presentan los mejores resultados en el actual gobierno neoliberal de Santos (ver http://bit.ly/2tsYNVt ).

Uno de los problemas centrales de los Pdets será el de su Armonización y articulación, pues los mismos deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. Los PDET y los PATR integrarán otros planes del territorio que contribuyan a su transformación. Adicionalmente, en los casos donde el PDET cuya realización esté proyectada para hacerse en las regiones establecidas a través del decreto 893, que incluyan territorios y zonas con presencia de pueblos, comunidades y grupos étnicos, los PATR se armonizarán con los planes de vida, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes.

Ese es un asunto de envergadura que requiere de la mejor interpretación de los intereses comunitarios, pues las oligarquías locales enquistadas en las alcaldías y departamentos van a querer direccionar las cosas en función de sus lógicas de poder excluyentes.

Nota. Repugnante el encuentro de las Farc con los peores asesinos del paramilitarismo fascista, responsable de los más horribles actos de violencia contra los campesinos y los sectores populares durante las últimas décadas. Inexplicable tal evento y su correspondiente publicidad con las caras de satisfacción de los jefes de las bandas sangrientas de la ultraderecha y de los mediadores de ocasión, que por más argumentos religiosos y políticos que se expongan, no logran esconder cierto aire de satisfacción oportunista. En esas celebraciones, por supuesto, se hizo presente el señor Santos que muy veloz acudió con su aplauso a bendecir tan siniestra reunión. Vendrán las consecuencias políticas en una época en que la palabra será dizque el símbolo de la política.  Descomunal la equivocación de los voceros de la post Farc.

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

Gran viraje en el campo político venezolano representa la Constituyente popular bolivariana que esta en su momento estelar. Estamos a pocos dias para que se de su elección y su funcionamiento como manifestación superior del poder popular y nacional.

Todos los demonios de la ultraderecha fascista se han conjurado para destruirla pero han fracasado en tal objetivo siniestro.

Quedan horas para escoger los 545 integrantes de la Constituyente comunal bolivariana anunciada por el Presidente Nicolas Maduro desde el 1 de mayo pasado, la que cuenta ya con unas bases comiciales muy concretas, unos ejes temáticos determinados y una amplia movilización social para darle forma como instrumento de nuevos cambios en la sociedad venezolana del siglo XXI.

La idea de la Constituyente como expresión del poder popular y de la potencia transformadora de la multitud le está dando otras dimensiones históricas, nacionales e internacionales, a la patria de Bolívar, el padre de varias naciones latinoamericanas y el protagonista de una de las principales gestas anticoloniales en la historia de la humanidad en la primera década del siglo XIX.

La Constituyente comunal ha desatado todos los odios de las elites oligárquicas perfilando un escenario de intensa lucha de clases, entre el pueblo y minorías plutocráticas que defienden con violencia, mentiras y terrorismo sus aberrantes privilegios.

Viejas castas de la estructura nacional, potentes núcleos de las oligarquías latinoamericanas y el imperialismo gringo con su Comando Sur, la IV Flota y la telaraña mediática de manipulación se han volcado para asfixiar este importante evento político revolucionario.

Para asesinar la Constituyente comunal bolivariana se está utilizando toda la artillería pesada de la dominación neoliberal. No se ahorran recurso. Ataques terroristas, guerra económica, mentiras, manipulación, asesinatos, quema de instituciones públicas, hacen parte del arsenal empleado a fondo desde hace tres meses para aplastar la institucionalidad chavista.

En horas recientes se ha puesto en marcha un plan de asistencia humanitaria por parte del Comando Sur, en las 10 bases militares gringas, ubicadas en territorio colombiano, dizque para atender a  los venezolanos que han salido de su territorio; cosa que nunca se les ocurrió respecto de los 8 millones de desplazados por la violencia paramilitar del uribismo y el santismo en Colombia; o respecto de los casi 6 millones de colombianos que han debido huir hacia Venezuela que los ha acogido con generosidad y solidaridad en los últimos 30 años.

La anterior movida lo que nos indica es que ya tienen preparada la hora cero (hora loca, dice JVR) para cerrar el golpe blando y la invasión extranjera de Venezuela con el fin de asaltar la riqueza petrolera, económica y minera del principal epicentro de la civilización bolivariana.

Sin embargo, toda esta diabólica estratagema se ha estrellado con un muro de hierro. Con la valiente posición del Presidente Nicolas Maduro, que en la actual coyuntura ha mostrado todo su talento de combatiente revolucionario. Se equivocaron con Maduro. Allí está al frente de una de las más trascendentales batallas del antiimperialismo latinoamericano. Acompañado por una bravía dirigencia que se cohesiona y golpea según lo demandan las difíciles circunstancias.

La Constituyente va a salir adelante. Sus 545 delegados son el más importante recurso de poder del campo popular en los actuales momentos.

Es muy probable que se presenten nuevos escenarios de negociación con algunos sectores de la oposición, pero, a mi juicio, lo mejor es hacerlo en el contexto instituido con la operación y deliberaciones del cuerpo popular Constituyente.

Existen todas las condiciones para que ello sea así. Hay que leer oportuna y adecuadamente el contexto geopolítico para darle el envión final a la conformación y operación de la Constituyente.

 

 

 

 

ALBERTO MARTINEZ.

Reflexiones alrededor del Informe presentado por la Fundaciòn paz y reconciliacion sobre los avances y dificultades en la implementación de los Acuerdos de paz.

Julio 22 de 2017

Alberto Martínez militante de la Fuerza Alternativa por la Reconciliación de la  nueva Colombia- Esperanza del Pueblo FARC-EP.

Fue dado a conocer el Informe de la Fundación  Paz y Reconciliación “¿Cómo va la paz?”.

Las denuncias que hace esta Fundación ya las FARC, desde que se inició el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, dijo que eso forma parte de un plan sistemático paramilitar de la derecha santista  uribista   con el fin de desestabilizar el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz       y que ni el Presidente Santos, ni su Ministro de Defensa, ni el fiscalito del grupo aval, quieren reconocer.

A pesar de que en los colombianos había dudas de que las Farc-Ep fueran a entregar las armas a las Naciones Unidas, ello se realizó en los tiempos acordados en los protocolos. Se destaca que es la única negociación en Colombia y en el mundo en que más armas se entregaron por combatiente.

Veamos el caso de la “negociación” del yo con yo. La farsa que realizaron los padres del paramilitarismo, Uribe Vélez creador con su hermano  Santiago del grupo paramilitar los 12 apóstoles y de las cooperativas de seguridad las Convivir en Antioquia, y su Vicepresidente Francisco Santos, fundador del Bloque Capital de las Autodefensas unidas de Colombia.

En ese oscuro proceso las AUC entregaron por hombre 0.6 arma, ni siquiera una por hombre, el único requisito que les coloco Uribe  para iniciar conversaciones fue que decretaran un cese de fuegos que no se cumplió, pues asesinaron 2500 personas y cometieron más de 40 masacres.  El Bloque Cacique Nutibara de Don Berna entrego el 60 % de los hombres desarmados.

La situación con los Acuerdos, por parte del Estado, que lo represento el Presidente Juan Manuel Santos ha sido de incumplimientos, asesinatos sistemáticos, falta de compromiso político, debilidad institucional y mezquinos cálculos electorales.

La principal preocupación gira, como era predecible, en torno a la insistente negativa por parte del Estado en aplicar la Ley de Amnistía, aprobada en diciembre del año pasado y que debería beneficiar, según los registros que comparten tanto el Gobierno como las Farc, a algo más de 3.000 presos: “1.784 están en desobediencia civil, de los cuales 1.565 están en huelga de hambre y 45 tienen las bocas cosidas”. Se concluye que aún hoy el 63.75 % de los presos de las Farc (1.942 miembros) están esperando a que se les apliquen los beneficios de esa norma, producto de los textos de La Habana.

Otra alerta que hace el Informe mencionado es el de la seguridad de los líderes sociales (algo apenas lógico pues, en lo que va de 2017, van 54 asesinados), y asegura que son ataques sistémicos, y no aislados. “Cada cuatro días se comete un homicidio contra un líder social en Colombia y cada dos, hay uno amenazado”, concluye. De todas maneras, también asegura que “se comienzan a ver avances institucionales en seguridad”. Por un lado, el Ejército tiene “una presencia estable en todo el territorio  nacional con cerca de 300000 efectivos” y la Policía “cuenta con un despliegue de 172000 policías, distribuidos en 8 Regiones en todo el país

La sola presencia de fuerza pública no le garantiza la vida a  los líderes sociales que han sido asesinados a pocos metros de retenes militares o a poca distancia de batallones y cuarteles de policía y en algunos casos este hecho les garantizaba seguridad a los paramilitares. 

Lo único que cambiaría la mentalidad asesina de los mandos y tropas de las fuerzas armadas es desechar la doctrina militar en la cual los formo el patrón gringo en la escuela de las Américas: La Doctrina de la Seguridad Nacional y la Doctrina del enemigo Interno; y cortar todo entrenamiento en conjunto con los marines norteamericanos, ya que ellos no forman militares para la defensa de la Soberanía patria sino para defender sus intereses imperialistas. 

“El proceso ha estado marcado por dificultades. El Estado ha incumplido en diferentes materias, no ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se  concentraron para la dejación de armas; existe una oposición política liderada por el Expresidente Uribe, que pareciera que prefiere que las FARC sigan en armas y que nada de la implementación funcione”.

Según comentarios de periodistas,  se está creando un ambiente negativo para la participación de los jefes guerrilleros en política, con la excusa de que han  cometido crímenes de lesa humanidad. Lo fundamental en cualquier negociación o solución política a un conflicto social y armado, de las que se han realizado en América, África y Europa y aquí en Colombia, es crear las condiciones para participar en política, pues fue la exclusión  política el motivo principal para buscar la vía de las armas para hacernos escuchar. Ese fue el caso del Partido conservador y de la alta dirigencia oligárquica del partido liberal que dio origen a las guerrillas liberales y comunistas en los años 40 del siglo pasado.

Y la exclusión política representada en  el acuerdo de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, llamado el Frente Nacional  en 1958 por 16 años, es la causa fundamental de la guerra que en estos momentos toca a su fin con el Acuerdo Final, firmado por Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano y Timoleon Jiménez,  en representación de las FARC-EP.

Yo no conozco a nadie que haya estado enfrentado a un régimen estatal y que llegue a acuerdos para terminar en una prisión, extraditado o excluido de la participación política, eso no tiene sentido    y, si es por haber cometido crímenes de lesa humanidad ¿por qué no está en prisión el mayor asesino  de Colombia, el de los falsos positivos, el asesino de las comunas de  Medellín, Álvaro Uribe Vélez?. Sin embargo es senador y por medio de las marionetas de candidatos que tiene, aspira a continuar a partir del 2018, desgobernando a Colombia.

 

PTN Amaury Rodríguez Pondores. Conejo. Fonseca.  Guajira.

 

 

 

Sacudió duro la histórica huelga de hambre de Jesus Santrich y de 1500 prisioneros políticos sometidos a la arbitrariedad y mentiras del régimen santista.

La huelga de hambre ha terminado y de inmediato debe aplicarse el Decreto 1252 del 2017, otorgando la libertad a quienes aun permanecen en las guaridas carcelarias del regimen oligarquico.

La acción de los huelguistas nos ha trazado la ruta de la lucha para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz. Es con la movilización de masas, con la lucha organizada de las masas que se deben llevar a la practica cada uno de los asuntos acordados para terminar la guerra.

Estan equivocados los que sugieren complacencia y tolerancia con el regimen dominante, que pretende utilizar la paz para reencacuchar el modelo neoliberal y para agredir a la Venezuela de Bolivar y Chavez.

Santrich ya es un símbolo de la resistencia y la lucha revolucionaria por la paz con justicia social y democracia ampliada para las grandes mayorías populares.

Hoy 21 de julio, ha puesto término a la huelga de hambre, que con otros 1500 guerrilleros de las Farc, adelantaron desde el pasado 26 de junio para protestar contra el incumplimiento reiterado y traicionero del gobierno del señor Santos en la implementación de los Acuerdos de paz firmados de buena fe por los delegados de la organización guerrillera desde el pasado 24 de noviembre; y para levantar y proyectar la movilización popular nacional en defensa de la paz y su construcción en los términos establecidos en los documentos correspondientes.

 Se ha anunciado por el Ministerio de Justicia la expedición del Decreto 1252 del 19 de julio del 2017  mediante el cual se disponen  medidas concretas para agilizar la libertad de cientos de guerrilleros recluidos en las mazmorras del régimen santista, como las siguientes:

El trámite completo para las decisiones judiciales, respecto a los beneficios de la Ley 1820 de 2016 de amnistía e indulto, no podrá ser mayor a 10 días, contados a partir del momento en que se presente la solicitud del beneficio.

Es decir que los jueces solo cuentan con ese tiempo para decidir sobre la suerte de los candidatos a amnistía o indulto.

En el caso en el que el prisionero político que solicita este beneficio cuente con múltiples procesos o condenas, el funcionario que reciba la solicitud deberá pedir a las otras autoridades judiciales la remisión de las correspondientes piezas procesales que considere necesarias para efectos de decretar la conexidad de los delitos con el conflicto armado. Esta remisión se efectuará en máximo dos días.

Las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz que cumplan con funciones judiciales serán las únicas competentes para determinar el vínculo entre los hechos y conductas cometidas con el conflicto armado y no un juez que actúa caprichosa y arbitrariamente como el desgraciado de Tunja.

Para otorgar la amnistía de iure, libertad condicionada, o traslado a la zona veredal transitoria de normalización, la autoridad judicial no necesitará del listado o la certificación de acreditación.

Una vez que la autoridad judicial ha concedido el respectivo beneficio, tendrá que comunicarlo o publicarlo en un lapso no mayor a cinco días contados a partir de la concesión del beneficio a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las personas que estén privadas la libertad por delitos que no son objeto de la amnistía de iure, que estén vinculadas a varios procesos o sentencias cometidas en el marco del conflicto armado, podrán tener libertad condicional siempre y cuando hayan permanecido al menos cinco años en prisión por uno de estos hechos.

Se trata de una gran conquista democrática y popular del movimiento social de los prisioneros políticos y sociales.

Esperemos que estas normas se cumplan de manera expedita para que la libertad llegue a nuestros compañeros en prisión y de esa manera hacer realidad la paz en ese aspecto.

Las enseñanzas de Santrich son varias.

Su ejemplo es contundente.

Santrich nos rescata el valor de la solidaridad, la dignidad, la compasión y la trascendencia de la lucha colectiva en la construcción de la paz.

No es la complacencia, la indiferencia, el turismo internacional convertido en forma de vida y la vida cómoda de algunos, sumidos en el triunfalismo, ni el aparatismo o el engreimiento, tan evidente en ciertas fichas seudo revolucionarias, el camino para la construcción de una paz que se articule a la perspectiva del socialismo.

Es que algunos siguen atrapados en el envanecido mundo de cúpulas y camarillas desuetas propias de facciones politiqueras y ajenas al compromiso revolucionario.

Sacrificio, tenacidad, voluntad de hierro y compromiso ético son los valores esenciales en la construcción de la paz.

Santrich y sus compañeros nos enseñan que es con el sacrificio y la lucha que lograremos la implementación de todos los acuerdos de paz. Solo por esa vía venceremos la mentira y la falacia santista que pretende hacer prevalecer su modelo neoliberal de pacificación a favor del capital, los banqueros, los generales y grandes terratenientes.

En la lucha por la paz democrática serán necesarios nuevos tipos de acción política, cuando la palabra y la deliberación muestran su insuficiencia, nos ha dicho Santrich. Son innumerables las modalidades: desobediencia civil; objeción de consciencia; paros; tribunales; huelgas; tomas; participación parlamentaria; plantones; revoluciones, etc.

La huelga tiene una larga tradición en este acervo de luchas de los pueblos y existen también diversos prototipos como las huelgas generales revolucionarias, huelgas políticas, laborales, de brazos caídos, de vientres, etc.

La huelga de hambre tiene ciertas peculiaridades que debemos comprender. Es una forma de protesta y rebeldía pacífica contra algo que se considera injusto, ilegítimo o inaceptable, con un papel importante de la voluntad y la resistencia individual y que cuestiona el sentido mismo de la vida.

Grandes lecciones que nos deja esta ejemplar gesta de los combatientes farianos.

Es la lucha que debemos proseguir con denuedo para exigir el cumplimiento estricto de los otros asuntos del Acuerdo de paz, para que se garantice la seguridad social, económica, política y de vida de miles de guerrilleros prestos a la acción democrática.

Son las formas de acción que se deben implementar en los 16 territorios de paz para exigir que se haga efectiva la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con enfoque territorial.

No hay que bajar la guardia.

La lucha prosigue contra este régimen oligárquico y en descomposición.

Nota. Santos se convirtió en el Jefe de debate de la oposición fascista venezolana y de su campaña para impedir la conformacion y funcionamiento de la Constituyente Comunal Bolivariana. En esa falaz tarea le acompañan sus "archienemigos" Uribe Velez y Andres Pastrana.

 

 

 

ALBERTO MARTINEZ.

Expresiones de solidaridad con el periodista Daniel Samper ,victima de la violencia simbolica y la agresion mediatica del Caballista del Uberrimo, Jefe de los paramilitares y artifice de los "falsos positivos".

Alberto Martinez condena la retaliacion paramilitar uribista contra la prensa independiente.

Julio 17 de 2017

La sociedad colombiana se ha acostumbrado a la práctica de la mentira y la difamación que utiliza Alvaro Uribe para hacer política , ese estilo fue el que impuso en la campaña del  plebiscito el 2 de octubre del 2016 reconocido por el propio jefe de campaña del centro democrático Juan Carlos Vélez.

Esa campaña se basó fundamentalmente en la mentira y en la infamia;  es la estrategia del nazismo alemán  de que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad; esa maniobra la lleva  a sus relaciones personales para dirimir  el debate con el contradictor político si no lo mata físicamente, lo asesina  políticamente o lo deja para que otros sicarios uribistas accionen el gatillo de un arma.

Ese es el debate político al que se ha acostumbrado la sociedad colombiana, que es azuzada por los grandes medios de comunicación y que en el caso de Daniel Samper Ospina hoy empieza a oponerse a ese estilo criminal.

Es reconfortante que mimados y redomados periodistas seguidores de Uribe como: Darío Arizmendi y Claudia Gurizatti firmen un documento en solidaridad con el ultrajado periodista.

Es el momento único que tiene la sociedad colombiana de desarmar sus espíritus, abonando las semillas de concordia que hemos sembrado los guerrilleros de las FARC con el Acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.

Alberto Martínez militante del partido Fuerza Alternativa por la Reconciliación de la nueva Colombia – Esperanza del Pueblo FARC-EP.

PTN Amaury Rodríguez Pondores Fonseca la Guajira

 

ALBERTO MARTINEZ.

Profunda y documentada reflexión de nuestro camarada Alberto Martinez, sobre el contexto historico y político de la violencia oligarquica contra el pueblo colombiano.

De todos es conocido que desde que existe el Estado en Colombia, este ha sido, tramposo, conejero y asesino. Podemos  empezar con la  insurrección de los comuneros que fue un levantamiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada en 1781, cuando el naciente Estado acepto el acuerdo de las capitulaciones de Zipaquira con el fin de ganar tiempo mientras llegaban refuerzos de Cartagena. Dicha insurrección estuvo motivada por la necesidad de reclamar un mejor tratamiento económico, como la rebaja de los impuestos por parte de la Corona Española.

Se reunieron en el Socorro (Santander) cerca de 4.000 hombres que marcharon en direccteión a Santafé de Bogota.

En el camino se agregaron voluntarios de otras poblaciones hasta completar un cuerpo de  20.000 hombres y, en  Puente Nacional, cerca de Vélez, tambien en Santander, se encontraron con la pequeña tropa enviada desde Santafé, quienes no pudieron interrumpir el avance de los Comuneros y, mientras el Regente Gutiérrez de Piñeres salía en precipitada marcha hacia Cartagena de Indias, para buscar la protección del Virrey Flórez, el gobierno acordó impedir la llegada comunera a Santafé y designó como interlocutores al oidor Vasco y Vargas y al Alcalde don Eustaquio Galavís. El arzobispo (y después Virrey) Antonio Caballero y Góngora ayudó, con su presencia y sus discursos a la muchedumbre en las negociaciones.

  1. Las capitulaciones de Zipaquira

A mediados de mayo de 1781 el Arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma del documento, aunque él mismo no lo firmo.

Entre otros, los puntos más destacados del documento fueron:

•         Derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población. De forma unánime, se exigió la eliminación del tributo de la Armada de Barlovento, y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el aguardiente.

•         Devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas; reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo.

•         Restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas.

•         Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos.

Un sector del movimiento, representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresaron tranquilamente a sus casas. Sin embargo, algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron de la celeridad con que fueron aceptadas las condiciones por parte de los negociadores y el arzobispo y prosiguieron la lucha.

En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe, se acordó la nulidad de las Capitulaciones y el Virrey desde Cartagena ordenó la captura de Galán y los demás comuneros que aún proseguían con el Movimiento. En febrero de 1782, Galán fue apresado, ejecutado  y descuartizado y las partes de su cuerpo fueron expuestas en la región comunera de Santander.

El movimiento comunero fracasó, pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas. Los Acuerdos de Zipaquirá, no fueron más que un instrumento de las autoridades coloniales para ganar tiempo, mientras se reforzaba la capital con tropas enviadas desde Cartagena.

  1. 25 de Septiembre de 1828 atentado contra la vida del Libertador.

Santander conocía del atentado  y callo  esperando a que sucediera; ni hizo la denuncia correspondiente, no hizo el menor esfuerzo para evitarlo, ya que quienes habían planeado el asesinato de Bolívar eran amigos y seguidores de Santander, como Florentino González, Luis Tejada Vargas y otros. Le recomendó a sus seguidores hacer el atentado una vez hubiera partido a EstadosUnidos, en desempeño de la misión diplomática.

El personaje clave  que frustro el  asesinato de Bolívar fue Manuela Sáenz, a quien  el Libertador llamo “la Libertadora del Libertador”.

  1. El magnicidio del Mariscal Antonio a José de Sucre.

Cuatro disparos de fuego cruzado, en la montaña de Berruecos, 80 km al norte de Pasto, terminaron con la vida de Antonio José de Sucre, héroe de Pichincha. El magnicidio que conmovió a la América hispana se ejecutó en la mañana del 4 de junio de 1830.  El Congreso “Admirable”, cuyo objetivo había sido preservar la unión de la Gran Colombia, había fracasado por la secesión de Venezuela. Sucre, que lo había presidido, retornaba apesadumbrado por el colapso del ideal bolivariano; su propio mentor, Bolívar, había abandonado el poder consumido por la decepción y la  enfermedad que no tardaría en llevarlo a la tumba. La orden del asesinato de Sucre partió de los caudillos del valle del Cauca, generales José Hilario López y José María Obando, de la facción liberal que repudiaba la pretensión monárquica que se atribuía al Libertador. El militar, estadista e historiador colombiano, General Tomás Cipriano Mosquera, escribe en sus memorias que la orden de asesinar a Sucre provino del denominado clan “septembrista” de Bogotá, involucrado en el atentado del 25 de septiembre de 1828 que estuvo a punto de costarle la vida a Bolívar. “Era para ellos un obstáculo la existencia de Sucre, que consideraban como el lazo de unión para mantener la integridad de Colombia”.

  1. La revolución de medio siglo o la revolución de los artesanos.

La historiografía colombiana elimino de sus anales al patriota colombiano José María Melo que era un convencido soldado  del ejército Libertador. Uno encuentra el porqué del ostracismo que la clase dominante le hace a Melo, pues su vida y lucha son mal ejemplo. Melo es el único prócer de la independencia que da el paso necesario al naciente socialismo europeo mientras el resto de la elite mercantil abraza el libre cambio. Después de ser desterrado por Páez, viaja a Europa y entra en contacto con círculos socialista y estudia la obra de   los utópicos. Era partidario del proteccionismo ya que este   permitía el desarrollo de la industria nacional.

El 21 de abril de 1819 se enroló en el Ejército Libertador. Participo en varias de las  batallas importantes de la independencia de Suramérica: en Bomboná y Pichincha en 1822; en Junín, y en la Batalla de Ayacucho, que selló la independencia de las antiguas colonias españolas en América del Sur.

Al morir Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, la situación fue cada vez más difícil para sus amigos. El general Caicedo, se declaró en ejercicio de la primera magistratura y finalmente, Urdaneta, le entregó el mando el 2 de mayo de 1831. Como parte del Convenio, Melo y otros oficiales son desterrados de Colombia.

Melo marchó a Venezuela, con su entonces concuñado Urdaneta. Allí se vinculó al grupo de oficiales patriotas que se levantaron contra el presidente José María Vargas, en 1835, para exigir la reconstitución de la Gran Colombia, reformas políticas y el fin del poderío económico de la oligarquía, fortalecida con el comercio de importación y exportación.

Melo se dirigió en diciembre de 1836 a Europa, donde además de estudiar en la Academia Militar en Bremen, Sajonia, se interesó por las ideas socialistas que se debatían en círculos locales. Le interesó especialmente el naciente movimiento sindical obrero y la experiencia del Cartismo, surgido en Inglaterra en 1838.

En 1841, regresó a Colombia. Participó de la fundación de las Sociedades Democráticas que organizaron los artesanos e intelectuales socialistas influenciados por Saint-Simon y Fourier, y apasionados lectores de la obra de Louis Blanc, La Organización del Trabajo y el recientemente publicado libro de Proudhon, ¿Qué es la Propiedad?. Los líderes de Estas sociedades se opusieron al libre comercio con Inglaterra, Francia y Estados Unidos ya que las importaciones los arruinaban e impedían el nacimiento de la industria nacional. Exigieron el respeto a los Resguardos Indígenas y la abolición de la esclavitud. Además rechazaron el Tratado de Comercio y Navegación con Estados Unidos, firmado por el Presidente liberal Tomás Cipriano de Mosquera (uno de los autores intelectuales del asesinato de Sucre cuya descendencia continua teniendo el control político en el departamento del Cauca a través del poder que da la propiedad de la tierra), que le daba facultades a ese país para intervenir en Panamá.

Las Sociedades Democráticas apoyaron la candidatura presidencial del general bolivariano José Hilario López, que proponía abolir la esclavitud. Entonces las elecciones eran indirectas, los ciudadanos varones elegían compromisarios. Aprovechando la división conservadora, López obtuvo más votos que cualquiera de los tres candidatos conservadores y el pueblo de Bogotá se levantó en su apoyo para evitar que los conservadores se unieran. Elegido Presidente, se aprobaron en 1850 dos leyes propuestas por su ministro de Hacienda Manuel Murillo Toro; una de reforma agraria, según la cual el cultivo debe ser la base de la propiedad de la tierra; y otra que limitó la tasa de interés para librar al pueblo de la usura; y el 21 de mayo de 1851 se decreto la ley de libertad de los esclavos. 31 años después de la batalla de Boyaca.

Los conservadores dirigidos por el amo esclavista Julio Arboleda, se levantaron en armas contra las nuevas leyes, argumentando que López expulsó a los jesuitas, por oponerse a las reformas. En Cundinamarca la rebelión conservadora fue dirigida por los hermanos Pastor y Mariano Ospina y para contenerla José Hilario López llamó a Melo, lo rehabilitó y ascendió a general, encontrando gran aceptación en la tropa y logrando derrotar a los sublevados de Guasca. Tras la derrota de la rebelión conservadora, el 19 de junio de 1852. fue designado Comandante del Ejército en Cundinamarca.

La revolución de los artesanos logró sostenerse en el poder entre abril y diciembre de 1854, pero pronto, contando con armas enviadas por mar desde Estados Unidos y Europa, sus enemigos organizaron ejércitos para derrocarla. Tomás Cipriano de Mosquera organizó, financió y dirigió el ejército del norte que marchó desde Barranquilla. José Hilario López encabezó el ejército del sur, que viajo desde el Cauca y el Huila, y Joaquín París comandó la división del Alto Magdalena, que con tropas antioquenas cruzó el río Magdalena por Honda. Los tres ejércitos se encontraron en la sabana y el ex presidente Pedro Alcántara Herrán, fue encargado del mando conjunto. Por tres lados atacaron a Bogotá, defendida por Melo con siete mil hombres, veteranos de Cundinamarca y voluntarios artesanos. Mosquera atacó por el norte y con el mando del general panameño Tomas Herrara, se tomó calle por calle, desde San Diego hasta la plaza de San Francisco, donde estaba el comando de Melo. López atacó desde el sur y París desde occidente por San Victorino. Herrán tomó las alturas del barrio Egipto. En la plaza mayor confluyeron los tres ejércitos que restablecieron el poder de terratenientes y de los partidarios del libre cambio que no permitieron el desarrollo de una industria nacional.

  1. Los orígenes del paramilitarismo

Las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado. Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron en la violencia de los años cuarenta y cincuenta,  cuando grupos privados, como los denominados Pájaros o chulavitas operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades.

  1. El magnicidio Jorge Eliecer Gaitan 9 de abril de 1948.

Jorge Eliecer Gaitán   fue candidato a  la presidencia de Colombia en 1946, la cual  le fue burlada por el sector oficialista y oligarca del partido liberal (los Lopez, los Santos y los Lleras) que  presento a  Gabriel Turbay como su candidato. Esto permitió que ante un liberalismo dividido, triunfara el candidato del Partido Conservador Mariano Ospina Pérez para el periodo 1946-1950. Con Mariano Ospina Pérez regresan los conservadores al poder, excluyen a los liberales, echan para atrás las tibias reformas logradas por López y tratan de imponer una nueva “hegemonía” recurriendo al terrorismo de Estado.

Este Régimen conservador  desato un periodo de violencia cruel y despiadada contra el pueblo  en el campo y en la ciudad. En esta época fueron creados los pájaros y los chulavitas que para aquel tiempo  eran lo que hoy son los paramilitares; a partir del gobierno godo de Ospina Pérez se  inicia la negra noche de la violencia en Colombia que dejo como resultado 300. 000 víctimas. Gaitán recorrio el país denunciando como responsable de esa situación al partido conservador, a Ospina Pérez, a los terratenientes y al sector oficialista del Partido Liberal, realiza multitudinarias manifestaciones como la marcha por la Paz en Bogotá, se hace jefe del partido Liberal y se da como un hecho que será candidato único para las elecciones a realizarse en 1950. Este anhelo del pueblo liberal y revolucionario de Colombia es truncado el 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde, cuando salía de su oficina de abogado y es asesinado de tres tiros de revolver 38 por un individuo de apellido Roa, autor material del magnicidio.

Los autores intelectuales.

El pueblo ha señalado a la tripleta conformada: por La CIA y el Pentágono; por El Régimen conservador de Ospina Pérez; y por la oligarquía Colombiana.

La violencia alcanza formas  de horror inimaginables. El asesinato de Gaitán produjo un levantamiento popular espontáneo que amenazo todo el ordenamiento institucional vigente. Ante la inminencia del peligro, los conservadores maniobran rápida e inteligentemente; ofrecen a los liberales varios ministerios y otros cargos en la administración pública, los cuales aceptan alborozados pregonando a sus seguidores: “el partido liberal ha vuelto al poder”, y desactivan con ello el formidable movimiento de masas armadas que se habían apropiado de escopetas, revólveres, machetes, palos etc. Fortaleciéndose con el armamento tomado al atacar cuarteles y puestos de policía y al lograr que una parte de los uniformados actuara conjuntamente con el pueblo

En una serie de municipios, el pueblo enardecido destituyo alcaldes, inspectores, empleados públicos  y comandantes de policía…, tomando el gobierno durante varios días o meses; las embestidas del ejército oficial fueron repelidas con determinación y sustituidas por juntas provisionales de gobierno con la representación y participación popular, algo que no había ocurrido en el país desde la época de las Juntas Patrióticas que en el siglo XIX iniciaron el grito de rebeldía que condujo a proclamar la independencia de las colonias del dominio de la corona española.

La Conferencia Panamericana.

Desde el arribo al poder en 1946, el conservatismo aprovechando el aparato del  Estado bajo la dirección de Mariano Ospina Pérez, primero, y luego  por Laureano Gómez, perseguía por igual a liberales y comunistas.

Por los días del 9 del abril estaba reunida en Bogotá la Conferencia Panamericana la misma que creo el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y al ministerio de Colonias  de los Estados Unidos, la OEA. Inmediatamente este organismo, sin ruborizarse, corrió a culpar del magnicidio al comunismo Internacional. Después del asesinato de Gaitán se produjo en toda Colombia un sacudón popular que ha sido llamado el Bogotazo, el pueblo se tomó las calles y destruyo todo lo que representa  el poder oligarca. La dirigencia traidora liberal, la de los Lleras, los López, los Santos, en lugar de encabezar la rebelión popular y dirigir la toma del palacio de San Carlos (residencia presidencial) y de las sedes policiales y militares, dejaron al pueblo descabezado y esta insurrección se tornó solo en destrucción y saqueo, ellos, la dirección liberal, corrieron a la sede presidencial a darle el apoyo al asesino  Ospina Pérez a través de un gobierno de Unidad Nacional.  Hasta hoy el crimen de Gaitán permanece en la impunidad. En las elecciones de 1950, en las cuales solo participa el Partido Conservador, sale electo Presidente Laureano Gómez Castro que llevo a cabo la política de  “sangre y fuego”  y “tierra arrasada” contra el pueblo colombiano.

  1. El golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953.

Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la dirección nacional liberal. Las guerrillas revolucionarias entraron en un periodo de repliegue pero no se entregaron ni entregaron sus armas. El movimiento de Autodefensa bajo la dirección revolucionaria tampoco se entregó ni entrego sus armas.

Las guerrillas de los Llanos orientales, las de Yacopi, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron las armas. Luego la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados por los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado, y por la policía y el ejército.

La estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos no es reciente

Un hecho que atornillo la Doctrina militar del enemigo interno que venía de la década del 40 fue el envío del batallón Colombia a la guerra de Corea, guerra en la cual el ejército colombiano no tenía ni arte ni parte, una vez que regresó el Batallón Colombia recibió su bautismo de sangre con la represión de las marchas estudiantiles  en Bogotá, el 8 y 9 de junio de 1954, en conmemoración de la muerte del estudiante universitario Gonzalo Bravo Pérez en 1928.

La misiónYarborough

En octubre de 1962, llegó a Colombia el general William Yarborough quien era comandante del SpecialWarfare Center de Fort Bragg en Carolina del Norte, el mismo que sirvió de cuartel general a la 82 División, conocida como la de los  Boinas Verdes, recordados por su participación en la guerra de Vietnam. La Misión Yarborough ordeno crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición. 

  1. Blindaje Jurídico del paramilitarismo

En los sesenta, se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968.

Después se expidió la Resolución 005 por medio de la cual se aprobó el llamado “Reglamento de Combate de Contraguerrillas”. Para ese entonces se recomendó desde Estados Unidos lo siguiente: “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”.

El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”, como una forma de regularizar el paramilitarismo: Las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994,  con la función de contribuir con labores de inteligencia para las fuerzas armadas .

El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento.

Los paramilitares, entre otras cosas, son parte de la política contrainsurgente impuesta por Estados Unidos a Colombia.

 

Julio César Turbay Ayala (1978-1982), será recordado por la frase del coronel Ñungo fungiendo como Fiscal en un Consejo verbal de guerra, realizado en la época, quien señaló “que tratándose de perseguir a la subversión, era preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable”. Ese periodo será recordado por el uso continuado del Estado de Sitio, la militarización de la vida nacional. Otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares, torturas etc. Un mes después de su posesión, el Presidente Turbay, haciendo uso de las atribuciones del régimen de Estado de Sitio, decretado desde 1976 por López Michelsen para contener las huelgas de médicos y trabajadores bancarios, expidió el Estatuto de Seguridad -Decreto 1923/78-, que creó nuevas conductas delictivas, aumentó las penas de ciertos delitos y otorgó a la justicia penal militar la facultad de investigar y juzgar a los sindicados de tales conductas.

En los años ochenta, en el contexto de la política de  paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las guerrillas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva. Un balance general del desarrollo del paramilitarismo de los años comprendidos entre 1979 y 1994, refleja la persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982).  De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención-desaparición, y masacres colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994).Siendo Ministro de gobierno de Virgilio Barco Vargas,  Cesar Gaviria Trujillo en 1987, reconoció  en una sesión del parlamento  colombiano la existencia de 187 grupos paramilitares   a  los  pocos  meses del mismo año en octubre cae asesinado Jaime Pardo Leal que había participado como candidato presidencial  de la Unión  Patriótica, obteniendo una respetable votación 330 mil votos.

Se eligieron 9 representantes a la Cámara y 5 Senadores, con el asesinato de Jaime Pardo Leal se da inicio al exterminio  de la Unión Patriótica (Movimiento Político salido de los Acuerdos de La Uribe), no ha existido  autoridad, ni política, ni judicial, ni militar, que diga esta boca es mía para condenar o investigar o atrapar a los autores materiales e  intelectuales de este cruel genocidio.

Cesar Gaviria Trujillo en lugar de declararle la guerra al paramilitarismo nos declaró a las Farc la guerra Integral y prometió acabarnos en 18 meses, y el mismo dia de las elecciones  para sacar delegados a la Constituyente, el 9 de diciembre de 1990 inició el operativo, desembarco y bombardeo a Casa Verde.

El Presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su Ministro de defensa, Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.  

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

Los paramilitares intensificaron considerablemente sus acciones entre 1999 y 2001, y fueron responsables de 449 masacres y del 80 % de los muertos. Durante el régimen de Pastrana no se hizo nada por desmontar los paramilitares. Pastrana no tenia vocación de paz, utilizo los diálogos del Caguán para modernizar, crecer y profesionalizar las fuerzas armadas, para ganar tiempo y dejó como herencia a su sucesor el Plan Colombia y 10 mil millones de dólares, para hacer de Colombia un solo campo de combate. Por eso no le fue muy difícil el 21 de febrero de 2002 declarar rotos los diálogos del Caguán e iniciar los desembarcos y bombardeos a los 5 municipios del área del despeje después de terminada su alocución presidencial.

Uribe Vélez y sus dos periodos (2002-2006; 2006-2010).

Las diferencias de Uribe con las anteriores administraciones era que no se preocupaba de guardar las apariencias; las relaciones con los paramilitares eran publicas; los paramilitares como Job, ingresaban al Palacio de Nariño sin ningún problema; la política se paramilitarizo. El parlamento llego a tener en tiempos, de Uribe el 30% de sus integrantes.

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe, basó sus políticas en la llamada Seguridad Democrática. Durante su gobierno Uribe intensifico el asesinato de jóvenes   que eran presentados por los medios de comunicacion como guerrilleros muertos en combate.

El Centro de Investigación para la Educación Popular/Cinep, registró, entre 1990 y 2009, un total de 1.613 ejecuciones extrajudiciales. El panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Colombia gastó en guerra entre 2006 y 2010, segundo periodo de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 millones de dólares.  La cantidad de dinero gastada en la guerra durante sus ocho años de gobierno fue exorbitantes.

PTN Amaury Rodríguez. Pondores. Conejo. Fonseca. La Guajira

La imagen es dl Portal verdad Abierta en que se recoge un reportaje a los veteranos de las Farc.

HORACIO DUQUE.

La enhiesta huelga de hambre de Santrich marca la pauta de resistencia y lucha para exigir del gobierno el cumplimiento de los Acuerdos de paz.

La ONU demanda gobierno que libere ya a los prisioneros políticos de las Farc y que cumpla sus compromisos.

Apoyamos la lucha de Santrich y la de miles de presos de la resistencia agraria revolucionaria.

La construcción de la paz demanda el compromiso y sacrificio de todos. La paz esta lejos de la comodidad que algunos pretenden.

En condiciones de mucho decaimiento ha sido trasladado Jesus Santrich, el lider guerrillero de las Farc, a la vecina clinica Shaio.

Ya completa 18 dias de huelga de hambre demandando, junto con cientos de sus compañeros de la resistencia agraria recluidos en las mazmorras del règimen neoparamilitar de la casta oligarquica colombiana, el cumplimiento de los Acuerdos de paz para poner termino al conflicto social y armado, firmados con los representantes del gobierno del señor Santos.

La defraudaciòn ha sido una constante en la conducta del règimen polìtico colombiano respecto de sus compromisos para alcanzar la paz.

Defraudaciòn en el Cese bilateral del fuego y hostilidades por la acciòn traicionera de las Fuerzas Militares.

Defraudaciòn en la construcciòn de los alojamientos y organizaciòn de las zonas veredales, pues los guerrilleros y comunidades han visto como se dilapidan miles de millones de pesos en corrupciòn y contratos oscuros que debieron ser invertidos en la ràpida construcciòn de los alojamientos.

Defraudaciòn en la seguridad y protecciòn de la vida de integrantes de la guerrilla y de lideres comunitarios que son asesinados y desaparecidos por los grupos neoparamilitares promovidos y organizados por las Fuerzas Militares.

Defraudación en la aplicaciòn de la Ley de amnistia e indulto que fue expedida desde el 30 de diciembre del 2016 y que los jueces, fiscales, funcionarios gubernamentales y guardias del Inpec se han encargado de desconocer con cuanta argucia se inventan para impedir la libertad de miles de prisioneros políticos.

Defraudación en la implementación de la Reforma Rural Integral, en los derechos economicos, sociales y políticos de los miembros de las Farc que han confiado en la palabra empeñada por los miembros del gobierno responsables de la aplicaciòn de los pactos alcanzados desde noviembre del 2016.

Santrich, como pocos, ha expresado su escepticismo frente a esa cadena de irresponsables conductas guberanmentales, hasta el punto de concluir que aquí lo unico seguro para los miembros de la guerrilla, sobre todo los de la base, son dos tiros en la cabeza.

Con fuerza e hidalguía, no obstante descomedidas expresiones de altos funcionarios y de otros, Santrich, como sus demas camaradas han adelantado su heroica actividad.

Con su movilizacion, Santrich, esta demostrando que la unica herramienta frente a un gobierno indolente y cinico es la resistencia y la acción para que en todos los espacios, como el de la Csivi, de la cual hace parte el comandante guerrillero, se sienta la demanda legitima por los consensos de paz alcanzados y frente a los cuales las Farc ha sido estricta en la ejecuciòn de sus compromisos como ocurriò con la dejación estricta de las armas.

Mal augurio lo que ocurre. No será nada facil en el futuro encontrar la tranquilidad de Colombia con una “paz imperfecta” que con el pasar de los días hace evidente sus vacios y contradicciones. Es lo que permite avizorar una cadena continuada de eventos adversos que como en otros casos, Irlanda y Guatemala, por ejemplo, demoraran por años y decadas la paz soñada por la sociedad en su conjunto.

Colombia ve como la paz neoliberal va por el camino de repetir el caso de Guatemala, donde se firmaron toneladas de documentos, para que al fin de cuentas siguiera al frente del Estado y la sociedad una de las mas podridas y sanguinarias oligarquias latinoamericanas.

Lo que hace nuestro camarada Santrich es visibilizar con mucha anticipación el calvario de padecimientos que despega para el pueblo expresado hoy con otro magnicidio de un lider comunitario en el municipio caucano de Guachene, donde fue acribillado a plena luz del dia el integrante de una Red de derechos humanos, Hector William Mina.

Damos toda nuestra solidaridad y apoyo a Santrich quien se ha convertido en el simbolo de la resistencia guerrillera revolucionaria en esta nueva etapa de la historia nacional que la narrativa oficial pretende hacer pasar como la del post conflicto.

La paz requiere ser defendida con actos como el de Santrich y con grandes movilizaciones populares que incluyan las mas diversas modalidades de acción ciudadana. No hay que cruzarse de brazos ni perderse en la politiqueria tan del gusto de quienes sacan pecho para presentarse como heroes de la una falacia.

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

Las Farc respaldan las Vicealcaldias de paz para los municipios de Antioquia que impulsa el Gobernador Luis Pérez en el marco de su Plan regional para el post conflicto que tendrá el acompañamiento de la ONU.

El gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez, ha planteado una importante estrategia territorial de paz para implementar los Acuerdos de la terminación del conflicto social y armado en los términos del documento firmado en el Teatro Colon, el 24 de noviembre del 2016.

Con justificada razón el funcionario argumenta que Antioquia tiene la mayor presencia de Zonas veredales y Puntos transitorios, en los que se ubica un grueso número de integrantes de las Farc, lo que demanda un enfoque local y regional de la construcción de la paz, que algunos pretenden homogenizar desde un paradigma nacional que desconoce las especificidades y particularidades territoriales del postconflicto. Todavia prevalece en muchas esferas el enfoque centralista bogotano que subestima nuestros espacios locales. Quieren imponer un enfoque piramidal desconociendo las peculiaridades de Tumaco, Catatumbo, Antioquia, Meta, Tolima o de la Guajira.

El Plan territorial de paz formulado por el Gobernador Pérez  proyecta acciones de apoyo agrario en los términos de la Reforma Rural Integral y planes de educación para que los guerrilleros completen sus formaciones básicas, técnicas, tecnológicas y profesionales.

Se trata de iniciativas que merecen todo el apoyo de los defensores de la paz positiva tal como lo ha hecho el líder guerrillero Pastor Alape en reunión sostenida con los funcionarios antioqueños.

Adicionalmente el mandatario antioqueño ha propuesto la creación de unas Vicealcaldias de paz para que asuman los temas de la seguridad y convivencia en los territorios municipales en los términos de las labore de la nueva Misión de la ONU para avanzar en la transición en los aspectos político, social, económico y de seguridad de los guerrilleros y las comunidades respectivas.

Serian Vicealcaldias con cuerpos de paz que ya operan con el apoyo de los alcaldes locales, en Anorí, Remedios, Vigía del Fuerte, Dabeiba e Ituango, zonas de superación del conflicto armado con las Farc; y están planeadas para Segovia y Briceño, zonas de influencia histórica de las Farc.

El objetivo de las Vicealcaldias es evaluar las necesidades de cada municipio y destinar los recursos necesarios para que allí llegue la institucionalidad de la paz. La labor será de carácter civilista, en los términos del Gobernador Pérez.

Las Farc han expresado su respaldo a tal iniciativa y lo pertinente es promover la participación comunitaria más amplia en su construcción.

Nota. El destape de la corrupción en la Fiscalía a raíz de la captura del ex fiscal Moreno nos trae un nuevo capítulo con los episodios del Cauca en los que está involucrado el exgobernador Temístocles Ortega. Un pícaro de profesión que ya habíamos denunciado con anterioridad por sus actividades delincuenciales en el saqueo de las regalías petroleras durante su paso por la Gobernación del Cauca. Ahora aparece el nombre del actual gobernador Oscar Campo, vinculado también a este entramado de despojo de los recursos públicos. Que les caiga todo el peso de la ley a estos bandidos.

 

 

 

HORACIO DUQUE.

Cumpliendo ordenes del gobierno imperialista de los Estados Unidos, el señor Santos, en un acto de abierta injerencia en Venezuela, ha solicitado la suspension de la Constituyente comunal bolivariana convocada por el Presidente Nicolas Maduro en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Rechazamos esa salida en falso del Jefe de la Casa de Nariño.

En Venezuela están preparando y organizando una Constituyente comunal para abordar diversos problemas de orden político, social y económico.

El Presidente Nicolás Maduro adelanta ya la correspondiente campaña para elegir los 545 integrantes de dicho cuerpo soberano.

Esta iniciativa es rechazada por la ultraderecha fascista que desarrolla un plan violento para destruir el gobierno mediante acciones terroristas que han derivado en la muerte de casi 100 personas, muchas de ellas pertenecientes al chavismo.

Pero el principal promotor de toda esta estrategia de destrucción de las instituciones venezolanas es el gobierno de los Estados Unidos junto con el conglomerado de las poderosas corporaciones petroleras globales que trabajan para apoderarse nuevamente de una de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.

El gobierno del señor Trump es una poderosísima máquina de guerra que cuenta con un amplio dispositivo bélico y político para imponer sus objetivos globales.

La OEA y varios gobiernos de América Latina hacen parte del arsenal gringo para aplastar focos adversos a su hegemonía histórica en el hemisferio occidental.

Parte de la infraestructura norteamericana son las 10 bases militares instaladas en el territorio colombiano para operar sin problemas en la región.

Desde Colombia y con la aquiescencia del gobierno, los gringos ejecutan todas sus actividades de sabotaje contra el régimen de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Desde Uribe Vélez hasta el actual jefe de la Casa de Nariño, el señor Santos,  el gobierno de Colombia ha sido un fiel servidor de la administración de Washington.

Uribe y Santos son las dos principales puntas de lanza de la arremetida imperialista contra la nación que fundó el Libertador Simón Bolívar.

Es un dato que muchos analistas, incluidos los de cierta izquierda, ignoran cuando intentan explicar la actual crisis económica y social de Caracas.

Esa la explicación de la posición planteada por el Señor Juan Manuel Santos cuando pide la cancelación de la Constituyente.

El pedido de Santos no es más que una abierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela que, por supuesto, tendrá serias repercusiones en los problemas colombianos que no son menores.

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

El subrogado penal otorgado a Leopolodo Lopez por el Tribunal Supremo de Justicia que le concedió casa por cárcel, es una decision adecuada como movimiento táctico del chavismo.

Pone en evidencia que en Venezuela no hay una dictadura y le da legitimidad a las autoridades de justicia.

Venezuela no es Corea de Norte con su importante poder disuasivo para frenar la agresion imperialista nuclear. No es una dato menor al ponderar la compleja coyuntura política por la que atraviesa Caracas.

La arremetinada imperialista y el terrorismo de la ultraderecha fascista hay que derrotarlo con acciones políticas bien pensadas, como la que se acaba de tomar con Lopez. Sobran posiciones infantiles delirantes.

La política es un ámbito de la actividad humana cuya materialidad es el poder, esto es la subordinación individual y colectiva de los seres humanas respecto de una estructura que acumula recursos para el sometimiento.

Como actividad social es muy cambiante y su análisis debe hacerse desde el ángulo de la correlación de fuerzas.

En la política, táctica y estrategia, son categorías imprescindibles en la planificación de acciones y movimientos para garantizar un objetivo de largo plazo.

Venezuela y el gobierno del Presidente Nicolas Maduro son objeto de una descomunal presión internacional y local, para acorralarlo y destruirlo con el fin de dar paso a un régimen amigo de los Estados Unidos y las multinacionales de los hidrocarburos. Lo que por supuesto significara el regreso del modelo neoliberal y de la democracia liberal occidental, representativa de las elites oligárquicas.

Las movidas internacionales en la OEA, las presiones imperiales y el sabotaje desde Colombia, constituyen factores de desestabilización contundentes.

La violencia terrorista de la ultraderecha fascista reúne todos los ingredientes de una conspiración golpista que causa graves daños en diversos campos de la sociedad por las muertes y destrucción de infraestructuras básicas en la vida cotidiana de la población.

El gobierno y el liderazgo chavista han puesto en marcha un programa para derrotar la arremetida del terrorismo. La convocatoria de la Constituyente Comunal se ha previsto en tal sentido y la campaña para escoger sus 545 integrantes está en curso para que el 30 de julio se den las elecciones sectoriales y territoriales y para que el ocho de agosto empiece a funcionar.

El bando opositor se ha propuesto hacer un plebiscito el 16 de julio, al margen de la institucionalidad electoral, con el fin explícito de colocar las bases de un gobierno paralelo que sería reconocido de manera inmediata por los Estados Unidos, España, Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú y la OEA.

En todo este esquema contrarrevolucionario ingresó recientemente la actual Fiscal, Luisa Ortega con el apoyo beligerante de un núcleo seudo izquierdista delirante y oportunista.

Como una medida para sortear el complejo trance político se le ha otorgado a Leopoldo Lopez la detención domiciliaria como un subrogado penal que consiste en una medida sustitutiva de la pena de prisión y arresto, que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas.

Lopez seguirá preso en su casa y con unas condiciones muy concretas fijadas por la autoridad judicial correspondiente, que en caso de ser violadas implicarían el regreso a la situación intramural vivida en los últimos 36 meses.

La decisión tomada por el TSJ desmonta el señalamiento al gobierno de ser una dictadura totalitaria como lo repiten los voceros del terrorismo y la Fiscal.

Además fortalece la legitimidad de tal autoridad nacional.

Todo lo anterior debe interpretarse como un desplazamiento táctico conveniente que seguramente no será bien visto por los ultras de la oposición, los cuales proseguirán con su programa golpista. Problema de ellos y de la Fiscal que debe asumir las consecuencias de sus actos irresponsables, como lo veremos en la semana en curso cuando el TSJ debe comunicar su decisión respecto del jefe del Ministerio Publico.

Entender lo que ha ocurrido para apoyarlo, demanda mucha cabeza fría en el campo popular y en las fuerzas políticas que dan soporte al gobierno constitucional del Presidente Maduro.

De nada sirven los infantilismos políticos y las posturas delirantes de quienes ignoran la cruda realidad del proceso terrorista de desestabilización, destrucción y muerte agenciado por una criminal oligarquía.

Venezuela no es Corea del Norte y sus potentes misiles que disuaden con eficacia el agresivo régimen imperial de Trump.

Ese es un detalle que hay que considerar en la actual coyuntura.

Un paso atrás no es una derrota. Es apenas un movimiento tactico. 

 

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Uldarico Flórez - Abogado DD.HH de los Presos Políticos en "Voces del Sur" 15 julio 2017 "La 1820 con muchas trabas con jueces de los partidos tradicionales" - " El error de la Amnistia: no se podia dejar en cabeza de los Jueces de Ejecución de Penas la libertad de los PPolíticos"
  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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