Corresponsal ANNCOL/Colombia
La falsimedia destacó el interés de la ex rehén de la Insurgencia colombiana Ingrid Betancourt de demandar al Estado colombiano por la responsabilidad en su prolongado cautiverio.
De igual manera, otros retenidos y liberados han iniciado las acciones contencioso administrativas, aspirando a jugosas condenas monetarias. Hasta allí, pudiera decirse que hay una aspiración valida. Pero en un país de leguleyos, pesa la forma como se presente y el momento para el reclamo.
Ante el negado conflicto político, económico, social y militar que recrudece en Colombia, la población civil se encuentra afectada, por no decir entre dos fuegos. Pero el actor político y militar en el desempeño de sus actuaciones en el escenario nacional colombiano responde por sus propios actos personales, conforme a quien sirve con su actividad o servicio.
En el caso de la señora Ingrid B. y la cuarentena de políticos y/o politiqueros de raigambre regional o nacional que han sido condenados por la justicia popular en armas- en esta fase del proceso revolucionario colombiano- y que de una u otra manera han recobrado su libertad; el accionar político- militar de la Insurgencia colombiana ha logrado los objetivos de consecuencia propia de una fuerza en beligerancia al demostrar capacidad para la acción, control prolongado en el tiempo de retenidos de carácter político, amplio espacio territorial de desenvolvimiento de sus acciones, pugna o paralelismo con la eficiencia de la institucionalidad estatal colombiana.
Como el conocimiento de las leyes y de la Constitución Política es deber de todos los ciudadanos; no se requiere ser un abogado experto en materia constitucional para entender lo de Principios Fundamentales de esa Constitución. Al enunciarse que Colombia es un Estado social de derecho; que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas; que los servidores públicos los son por infringir las normas, como por omitirlas o extralimitarse en sus funciones. Al así enunciarse, corre el riesgo o albur, que efectivamente sea así y que efectivamente “Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (Art. 2 Constitución Política.)
Pero los anatemas oficialistas contra la osada ex rehén parten de la actitud o no acatamiento a la orden o recomendaciones de autoridades estatales para que no entrara en territorios de El Caguan, haciendo caso omiso a tales advertencias. Ante esa imposibilidad de ejercicio de un Estado unitario de derecho en Colombia es donde el presupuesto de la garantía constitucional esta de patas para arriba y la reclamación de la tal Ingrid, no prosperaría.
Una fuerza insurgente paralela en control territorial en Colombia, será ‘siempre la causa de los males’ de la tal Ingrid.
Los rehenes de la ZOO política colombiana
Pero que decir de los señores Diputados del Departamento del Valle, quienes en ejercicio pleno de sus funciones son retenidos, conducidos a medios de transporte autónomos de fuerzas insurgentes, birladas las funciones administrativas de su creación constitucional y luego sacrificados, masacrados por el accionar de las propias autoridades encargadas de su protección... Pues obvio, que ante la realidad de un Estado fallido por la existencia de una fuerza paralela, irregular, que enuncia y proclama la competencia de la autoridad estatal en Colombia, fruto de su constante accionar beligerante por años; la reclamación contra el Estado colombiano por parte de de deudos, herederos y afectos directos, es de vigente actualidad.
En cuanto a los especimenes de la zoo política colombiana que han cargado las cadenas de la justicia popular; pagado el suplicio de la perdida de la libertad, por los múltiples crímenes, tanto por conductas personales como históricas de sus colectividades políticas genocidas, fratricidas contra el pueblo colombiano. A ellos, también les asiste- bajo el enunciado de un Estado social de derecho incapaz y fallido- reclamar para así ser doblemente succionadores de los dineros públicos colombianos. De un estado de guerra, declarado o no, esos especimenes de la política colombiana serán siempre beneficiarios, ahora bajo el patrocinio de la actividad política directa del Generalato militarista, que los ajusta y llama a cuentas.
Los prisioneros de guerra de la insurgencia
Para el otro grado de cautivos de las fuerzas Insurgentes: la de los miembros de las fuerzas armadas y ejercito invasor Colombia –Usa; sin lugar a dudas las reclamaciones contra el Estado fallido colombiano, ante la realidad de una fuerza beligerante, combatiéndoles, causándoles dolorosas bajas, apresándoles como prisioneros de guerra, están mas que legitimadas sus reclamaciones o demandas. Pero aquí el militarismo corrupto les ha mantenido le erogación activa como funcionarios “en servicio activo”; les ha decretado ascensos con retroactividad remunerativa y llenando de gabelas y desproporcionadas discriminaciones en frente al grueso de las tropas oficiales. El inconmensurable bimultimillonario presupuesto para la guerra que dota a la oficialidad colombiana de una casta discriminatoria frente a la remuneración del común de los colombianos, ha empalmado una truculenta maniobra de los dineros autónomos destinados para la guerra para mitigar la compensación económica de los afectados y evitar el escándalo de potenciales demandas por parte de esos “servidores’ del estado terrorista colombiano. Pero que las habrá, las habrá, de eso este seguro el positivo-Santos.
Las victimas del Terrorismo de Estado
Ante la inconmensurable lista de victimas del Terrorismo de Estado bajo las modalidades de asesinatos selectivos-ordenados desde el generalato militarista- secuestros y desapariciones, ejecutados por parte de servidores de las fuerzas armadas y organismos oficiales y efectivos narco paramilitares estatales, masacres a la población civil tanto por el ejercito invasor Colombia-Usa como por sus narcoparamiltares, desalojo de propiedades, de población, desplazamientos de población hacia las ciudades o hacia otras regiones y demás crímenes individualizados contra ciudadanos colombianos, también están habilitados los reclamos contra el Estado fallido colombiano. Pero aquí conviene precisar: no habrá compensación para las victimas del Estado Terrorista en Colombia bajo las actuales estructuras político-organizativas colombianas. Podrán jactarse que a cada victima de la violencia puedan destinarle una suma de dineros en la más ignominiosa y pervertida campana de resarcimiento. No la compensación a las victimas del Terrorismo Estado en Colombia, solo con el triunfo revolucionario de la Nueva Colombia podrá obtenerse.
Los cien mil refugiados políticos y miles de exiliados políticos colombianos, tanto internamente de su regiones, como en el exterior, no mitigaran sus desventuras sino con la conquista de la lucha política por el Poder Popular paracontribuir a la construcción por la Nueva Colombia.
La instancia internacional y la condena al Estado Terrorista colombiano
En el caso Cepeda Vargas contra el Estado colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por el asesinato del Senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas como autor material por la ejecución directa de elementos de las fuerzas armadas a su servicio en el aleve crimen. La condena reconoció indemnización como la sanción política de la expresión de desagravio por petición de perdón publico del Presidente de la Republica ante los medios de comunicación masiva tanto nacional como internacional. El régimen furibista actual se ha negado a cumplir la sentencia. Los medios de alienación masiva, a su servicio se dan a la tarea de desvirtuar la condena. No existe voluntad política en el narco paramilitar congreso colombiano, para que la sentencia sea cumplida. Por ello la sed de justicia clama a diario en la opinión pública colombiana.
Distancia entre los pretendido por la Ingrid B.
No existe punto de comparación entre la explicación causal de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del Senador Cepeda Vargas y la frustrada aspiración de enriquecimiento de la falsaria Ingrid B. Ella, como fiel representante de la decadente casta política colombiana fue victima de su propia iniciativa de enlistarse políticamente en contra de las aspiraciones del pueblo colombiano. Pero vale la pena recordar para memoria de la opinión pública nacional que el oportunismo de la Ingrid tiene antecedentes de verdadero asalto y felonía al erario publico colombiano. Cuando el “Bogotazo” del 9 de abril de 1948 en que la turba enfurecida por la muerte del caudillo de oposición política liberal-conservador Jorge Eliécer Gaitan, asoló literalmente la Avenida Caracas, muchos exponentes de la burguesía comercializadora y empresarios alistados en los dos partidos fratricidas colombianos: el liberal y el conservador se vieron afectados por la quema y el saqueo de sus locales comerciales y empresariales. El listado de indemnizaciones resultó inconmensurable y los abogados y jueces lograron el objetivo de la prolongación del saqueo del Bogotazo. Exponentes como los multimillonarios Peláez Hermanos; los también pobrecitos Chaid Neme Hermanos Ltda., que para entonces tenían como asesor socio al sacrificado Argelino Duran Quintero; Nepomuceno Cartagena, financista santandereano, fueron algunos de los beneficiados con la orgía de las indemnizaciones por el nueve de abril.
Todo ello explica la impunidad en lograr el esclarecimiento de crimen de Estado colombiano ocurrido hace sesenta años pero que jamás prescribirá históricamente en Colombia
Así que doña Ingrid y demás felonía de los escapados y liberados de la Insurgencia, contribuyan ustedes sí en compensación a que la impunidad y la compensación al pueblo colombiano por los crímenes del Estado Terrorista colombiano, se cumpla.
La insurgencia colombiana por el respecto a la vida
Consecuencial en el tema del drama diario de la guerra en Colombia, destaca la noticia de la liberación por parte del Ejercito de Liberación Nacional (E.L.N.) de cuatro retenidas en la región del Alto Catatumbo ( Municipio de Teorema N de S.)
Tres activista de la organización progubernamental Progresar y una funcionaria de la Presidencia fueron retenidas por el estamento armado popular realizando labores encubiertas contra insurgentes. El Comando insurgente que las tenía retenidas decidió dejarlas en libertad, siendo portadores de un mensaje a la opinión pública nacional e internacional sobre la situación creada por la oligarquía y el imperioenla zona fronteriza colombo venezolana. Por la soberanía nacional de los recursos nacionales destaca un parte del comunicado del E.L.N: “La region del Catatumbo y Provincia de Ocaña son objeto del desarrollo de la segunda fase del Plan Colombia orientada a generar condiciones políticas, sociales y de seguridad que garanticen el saqueo de los Recursos Naturales, la implantación de la Agroindustria, la adecuación de la infraestructura al servicio de las transnacionales y convertir el territorio en plataforma para la agresión a Venezuela”.
Resultó de importancia la gestión de colombianos y colombiana por la paz; así como la participación de Monseñor Leonel Pineda como prueba que la Iglesia ultraconservadora puede contribuir al anhelo de la solución política al conflicto colombiano.
