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"Por tal razón exigimos al Gobierno del Presidente Santos que atienda con carácter urgente los justos reclamos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declarados en Asamblea Permanente, con soluciones puntuales en consonancia con los compromisos junto al Secretariado de las FARC-Ep, adquiridos en el balance de los primeros 100 de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, según lo expresado en el Comunicado Conjunto número 16".

Señoras y señores:

Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Circuito Judicial de Bogotá


Reciban nuestro saludo fraternal


A veinticinco días de iniciada la Asamblea Permanente de las y los trabajadores judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a la que ya empiezan a sumarse las y los trabajadores judiciales de los circuitos de Tunja y Bucaramanga y se espera la posible adición de otros a nivel nacional; hemos logrado llevar a cabo con éxito una reunión informal entre los voceros del Colectivo de Presos Políticos de las FARC-EP, del pabellón 4 de La Picota, Columan Domingo Biohó, y voceros de las y los jueces y trabajadores judiciales en Asamblea representados a través de algunos de sus sindicatos. Esto gracias a la gestión de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y la colaboración de la guardia del INPEC que nos facilitó el Observatorio de DDHH del penal para dicho encuentro.

En esta reunión pudimos intercambiar de manera respetuosa, fraternal, constructiva y propositiva  tanto las inquietudes y preocupaciones de los presos políticos frente a las demoras y obstáculos que percibimos frente a la aplicación de la Ley 1820 como de su decreto reglamentario 277; así como las razones estructurales y problemáticas de marras que han llevado a jueces y trabajadores judiciales a declararse en asamblea, sus planteamientos y visiones sobre las limitaciones de personal operativo, logística y presupuesto que les han impedido atender las solicitudes de amnistias y libertades condicionadas, al igual que las peticiones de ley del conjunto de la población carcelaria que tienen a su cargo.

Queda claro que las y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá comprenden y comparten la importancia de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, de la Ley 1820 y el decreto reglamentario 277, pese a ser conscientes de las inconsistencias de estos documentos que dificultan su aplicación en la práctica. En este sentido, fueron enfaticos que las y los jueces de ninguna manera se oponen al Acuerdo de Paz ni pretenden ser un obstáculo en la aplicación de la Ley de Indultos y Amnistias.

Igualmente los presos políticos dejamos clara nuestra comprensión, máxime con la ilustración recibida por su parte, como nuestro respaldo a la justa lucha y a la legitimidad de las peticiones de las y los jueces de ejecución de penas y trabajadores judiciales que exigen razonablemente soluciones permanentes, adición presupuestal y nombramiento de personal operativo suficiente para atender la carga de responsabilidades, que en la actualidad rebasa lo humanamente posible sin consideración a sus posibilidades objetivas.

En este orden de ideas los presos políticos de las FARC-EP seguiremos manteniendo abiertos, bajo la orientación y autorización de nuestras instancias superiores de direccion,  los canales de diálogo e interlocución con ustedes, en procura de seguir construyendo propuestas de solución a sus problemáticas específicas que viabilicen la implementación de la Ley 1820 en el marco de la implementación general de los Acuerdos de Paz, toda vez que compartimos la claridad sobre la necesidad de una aplicacion efectiva de Justicia como fundamento para la construcción de una Paz sólida y duradera.

Por tal razón exigimos al Gobierno del Presidente Santos que atienda con carácter urgente los justos reclamos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad declarados en Asamblea Permanente, con soluciones puntuales en consonancia con los compromisos junto al Secretariado de las FARC-Ep, adquiridos en el balance de los primeros 100 de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, según lo expresado en el Comunicado Conjunto número 16.

Reiteramos nuestro llamado a la creatividad para construir soluciones mancomunadas que sumen a la construcción de Paz mientras conquitamos las soluciones que ustedes y el país en materia de Justicia requieren.

Nos despedimos fraternalmente,

Presos Políticos de las Farc - ep
Colectivo Columna Domingo Biohó
Patio 4 La Picota
Bogotá 27 de marzo de 2017.

En un comunicado emitido por la fuerza de tarea conjunta Pegaso, del Comando del Ejército Nacional, lleno de muchas imprecisiones, se anunció la desmovilización y entrega hoy de 117 de personas en Tumaco.

Llama la atención que la inteligencia del ejército en Tumaco, una de las más versadas en estas lides, reciba a 117 personas, diciendo que “al parecer son integrantes de las Redes de Apoyo a la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc”. Es un tanto increíble que los reciban, que organicen un gran cubrimiento mediático y sin embargo, aún no saben con certeza de que grupo son.

El comunicado castrense no está firmado por autoridad alguna pero si se asegura que la opinión publica sepa que en el proceso intervinieron la Alcaldía Municipal de Tumaco, la Organización de Naciones Unidas –ONU-, Defensoría del Pueblo, ICBF, CICR, Diócesis de Tumaco y Personería. Sería bueno que estas entidades se pronuncien ¿en calidad de qué participaron en este proceso?, ¿en qué momento del proceso intervinieron? y si ¿se aplicaron los protocolos que para estos casos deben aplicarse? a fin de determinar la veracidad de los hechos y de quienes se presentan como supuestos excombatientes.

Pero otro lado, hay un hecho muy sospechoso. De 117 supuestas personas desmovilizadas, el ejército solo haya recibido un armamento compuesto por “Un fusil AK-47, un fusil R-15, un fusil M-1, una subametralladora, 13 pistolas de diferentes calibres, siete revólveres de diferentes calibres, tres granadas hechizas, una granada de mano y dos radios de comunicación”, es decir se recibió un promedio de 0.24 armas con excombatiente. Nunca jamás se había visto un promedio tan bajo en un proceso de desmovilización.

El comunicado informa que los menores de edad fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sería interesante que el ICBF, entidad que ha sido muy acuciosa en el el reclamo de menores de edad a las Farc-Ep en este proceso, informe a la ciudadanía cuantos niños recibió y en qué condiciones los encontró?

El comunicado termina con la consigna “¡La Pegaso es Nariño!” queriendo ocultar lo inocultable. Que esta es otra farsa y otro show y montaje que recuerda la tristemente célebre desmovilización del frente “Cacica la Gaitana” engaño dirigido y orquestado por el Uribismo a través del también tristemente célebre y prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, show montado con dineros del Estado, de la comunidad internacional, y hasta de un narco, que sirvieron para “pagar el silencio” de quienes participaron del “show”

Todo esto huele mal. Ojala las entidades de gobierno local, del ministerio público y de cooperación que participaron, no hayan sido asaltadas en su buena fe. Amanecerá y veremos

La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo. Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26 Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad.

La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza. Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible, no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios. Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso, en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación política y se vaya avanzando en la implementación.

El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un 95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto, fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad internacional.

Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de reincorporación.

Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el 1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180». Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana. Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese es uno de los debates abiertos ahora.

Escribe el Bloque Occidental desde las montañas del Sur occidente de Colombia en el IX aniversario del fallecimiento de Manuel...

Leamos en mensaje conocido por ANNCOL:

IX Aniversario de la desaparición física de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez

Pedro Antonio Marín, oriundo del Tolima, como cualquier joven campesino veía con preocupación las dificultades por las que atravesaba su familia y vecinos al no contar con un apoyo seguro y suficiente para la producción, la falta de infraestructura y servicios sociales en áreas rurales, como la educación, salud, recreación, alcantarillado y buenas vías, necesarios para sobrellevar una vida medianamente tranquila y salir adelante; en cambio, tuvo que experimentar la persecución estatal frente a señalamientos injustos, por pensar que él y sus coterráneos tenían derecho a vivir en mejores condiciones.

Después del 9 de abril de 1948, tras el asesinato (aún impune) del líder popular liberal: Jorge Eliecer Gaitán, él como muchos otros fueron señalados, estigmatizados y sufrieron el miedo de ser ajusticiados por mercenarios, delincuentes que, tras ser liberados de las cárceles por orden gubernamental, se pusieron a disposición del orden vigente para “exterminar todo lo que oliera a Rojo-liberal o comunista” y fueron llamados los “pájaros”.

¿Qué podría hacer un grupo de gente campesina que tenía sentenciada la muerte, solo por pensar que el gobierno debía brindarles mejores condiciones? Así se vieron muchos y muchas abocados a huir en defensa de su vida al cobijo de la montaña, huyendo del terror de los ajusticiamientos y la metralla, pero como dicen los mayores “¡no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista!” y en medio de la espesura de la selva, adaptándose a la humedad y a la convivencia grupal, se gestaron las ideas de lucha por los derechos no solo de cada campesino que se refugiaba en los brazos de esas montañas, sino de los derechos, oportunidades y garantías de cada uno y cada una de los colombianos y colombianas, que debieron soportar gobiernos implantados a sangre y fuego, que se enraizaron con el mantenimiento de la pobreza, la mentira y el temor.

Siempre su sueño fue vivir en paz, mientras los noticieros, curas y maestros lo pintaron de guerra, campesinos de muchas regiones alcanzaron a distinguir un Marulanda amable, bondadoso, solidario y siempre seguro que su causa era la causa de los muchos marginados, excluidos y estigmatizados. Por eso muchos fueron sus intentos de concretar con gobiernos de turno acuerdos que dejaran atrás la guerra y plantearan una verdadero Estado social de derecho, donde el gobierno a través de sus instituciones asumiera su papel de administrador fiel de los recursos públicos para la garantía de los derechos de todos y todas, con una real democracia revestida del derecho de la participación libre de los ciudadanos y ciudadanas que con carácter vigilante de las necesidades comunes estuvieran dispuestos a ser guías del trabajo del gobierno. Sin embargo, la deshonestidad y la traición a la patria pudo más y prefirió resguardar un Status Quo, quieto inmóvil, pútrido; en el que campea el autoritarismo, la corrupción y el servilismo a poderes económicos internos y extranjeros, antes que velar por el derecho de los propios.

Manuel murió el 26 de marzo de 2008, invicto, cerro sus ojos bajo el arrullo de los pájaros, escuchando el correr de las aguas y disfrutando de la brisa de aquel día; muchas veces lo mataron, en primera plana desearon mostrarle como trofeo y sin embargo, él en su insistencia se quedó plantado en su tierra, en medio de la espesura del monte, el mismo que lo cobijo una y otra vez para resguardarle de las balas asesinas, de las bombas y metralla que intentaron arrancarle la vida. Manuel sucumbió en la tierra, Manuel se volvió semilla, y germinó en cientos y miles de Manueles y Manuelas, cientos y miles de esperanzas por una Colombia en Paz.

Nosotros, hijos de Manuel insistimos, como se insiste cuando se quieren cosas mejores, en que es preciso apostarle a la paz y nuevamente, a pesar de las traiciones que llevaron a la muerte a muchos y muchas de nuestros combatientes; a pesar de los incumplimientos del gobierno revestidos de excusas pueriles, debemos seguir insistiendo en la implementación de los acuerdos logrados a partir del trabajo arduo, consciente y mancomunado de nuestros y nuestras camaradas, durante casi cinco años de gestación del proceso de paz. Porque al igual que un hijo del pueblo, de nada sirve parirlo, sino lo alimentamos, educamos y lo apoyamos para que se haga fuerte y se convierta en el mejor ejemplo a seguir ante los ojos de cualquiera.

El proceso de paz, fue el sueño de Manuel, el sueño de Pedro Antonio Marín un joven campesino que creyó que, a pesar de todo, otra Colombia es posible, una Colombia basada en valores humanos, soberana, democrática y justa. A los Manueles y Manuelas que ha forjado esta lucha, queda decirles Ni un Paso atrás, a los Manueles y Manuelas que están por sumarse bienvenidos y bienvenidas a una vida de lucha.

Montañas del Sur occidente de Colombia Marzo 26 de 2017

 FARC-EP Occidente

Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano (BOCAC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.

Las comunidades colombianas afectadas por el paramilitarismo y las transnacionales animan siempre al Parlamento Vasco, como lo ha hecho el Parlamento Catalán, a dar los pasos necesarios para supervisar la actuación de las empresas vascas en su actuar en terceros países en su cumplimiento de las responsabilidades en materia de Derechos Humanos:

 

Según la información suministrada por la comunidad, Oteca se encontraría en la Hacienda Miraflores, propiedad de Incauca, cuando unos hombres vestidos como trabajadores del lugar realizaron los disparos con arma de fuego que acabaron con la vida del comunero.

La presencia de Javier Oteca en la Hacienda, se debe a las actividades de liberación de la Madre Tierra que adelantan los cabildos de Corinto, Cauca y por los que han sido sistemáticamente amenazados y estigmatizados. Según el Consejo Regional Indìgena del Cauca-CRIC “La liberación de la Madre Tierra, además de ser un mandato ancestral es un derecho legítimo de las comunidades, que a pesar del dolor, la persecución y la muerte se mantendrán firmes en los puntos de liberación.”

El día de ayer, las autoridades indígenas habían convocado al Gobierno Nacional a participar de su Asamblea del Plan de Vida Cxha Cxha Wala con el fin de dialogar sobre el plan nacional de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. La invitación fue ignorada por el gobierno y los indígenas continuaron su jornada de manera autónoma. El día de hoy, los indígenas reclaman la ausencia del Estado, no sólo en la jornada del Plan de Vida sino, en general, en los territorios indígenas que cada vez son más victimizados.

En diciembre del año pasado, miembros del Cabildo Indígena de López Adentro también en Corinto-Cauca habrían denunciado la presencia de grupos paramilitares en sus territorios ancestrales. Para esa época, Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto,  señalaba que se declaraban en “en alerta roja por la situación que ha generado también la presencia de panfletos desde la semana pasada en Corinto. Con la presencia de estos panfletos se presenta una situación de desequilibrio que daña la armonía, nos pone en riesgo, no solo a las autoridades, sino a la comunidad entera”,

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes  también denunció que el 27 de febrero de este año  fue asesinado Éder Cuetia Conda padre de dos menores de 2 y 14 años de edad y comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Mientras se aclaran los móviles y responsables del asesinato del comunero Javier Oteca, sigue aumentando  la  crisis de DDHH y el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia.

“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

Henry Castellanos Garzón ha usado el nombre de guerra de ‘Romaña’ desde que se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a finales de la década de 1980. Hoy, cuando supera los 50 años, es miembro del Estado Mayor Central de dicha organización insurgente y hace parte de la comisión creada en los diálogos de La Habana para el desmonte del paramilitarismo.

Actualmente, ‘Romaña’ dirige a los guerrilleros que se concentran en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Tumaco (Nariño), municipio crucial para la implementación del proceso de paz. Con aproximadamente 29.000 hectáreas sembradas, Tumaco se constituye como el municipio con más coca en el país. Además, varios grupos paramilitares tienen desplegados allí al menos 150 hombres que usan uniformes camuflados y armas largas en las zonas rurales.

‘Romaña’ habló con El Turbión sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre lo que pensaba el ‘Mono Jojoy’ acerca de la paz y sobre el futuro de esa organización como movimiento político. Además, manifestó su opinión respecto a las negociaciones entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó su más grande temor: que el Estado incumpla con lo acordado en La Habana sobre temas como la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, se terminen formando más guerrillas campesinas y no cese la violencia en el país.

Andrés Gómez: -En esta área hay más de una centena de paramilitares distribuidos en varios grupos, hombres que amenazan la vida de líderes sociales, la de ustedes y los acuerdos. Estas estructuras siguen estando cercanas a sectores del empresariado colombiano, a mafias dedicadas al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿ud. cree que estos grupos armados deben desmontarse mediante la fuerza o cree en otra salida?

‘Romaña’: -Este es un tema que tratamos el 3 de febrero con el gobierno y los militares: el fenómeno del paramilitarismo, las bandas sucesoras del paramilitarismo y otras de narcotraficantes y de delincuencia común, no solo en Tumaco sino en todo el departamento de Nariño.

Inclusive, ellos están exigiéndole al Estado colombiano que se quieren acoger al tema jurídico y, por eso, en el tema de garantías de seguridad quedó muy bien explicado y sustentado que no solo es la vía militar y la vía coercitiva sino que también se pueden hacer acciones persuasivas [respecto a esos grupos].

AG: -Ud. es un comandante guerrillero con fama de militarista, ¿por qué aboga por una salida diferente a la militar con los enemigos de las FARC y del proceso de paz?

‘Romaña’: -Porque en Colombia estamos pensando que lo fundamental es que haya salidas dialogadas a los conflictos y no generar más violencia. Queremos que todo el pueblo entienda que la mejor salida para un conflicto en este instante es la salida dialogada y no solamente la salida militar porque genera más violencia. En el caso del Bronx se puede ver: fue un ataque militar contra los indigentes y ahora tenemos cantidades de Bronx, y de esto se alimenta el paramilitarismo y la delincuencia en Colombia.

AG: -Ud conoció a Jorge Briceño, el ‘Mono Jojoy’. ¿Qué decía él sobre la paz en Colombia? ¿Creía en una salida política?

‘Romaña’: -Los grandes medios de comunicación tratan de demonizar a las personas y, en especial, a las FARC. En mi caso también ha pasado lo mismo. Nosostros siempre hemos dicho, desde Marquetalia, que la salida al conflicto armado es el diálogo.

El ‘Mono’ era una persona que tenía valores y sentimientos, una persona amable, tratable, que era cariñoso y que pensaba en la paz para Colombia. Inclusive, en plenas operaciones militares del Plan Patriota y del Plan Colombia lo planteó y dijo que era hora de que no hubiera más muertos. Él se preguntaba cuántos muertos más se necesitaban para hablar y él a gritos lo pedía y lo exigía. Decía que en la selva se quedarían solo los paujiles y los animales, y que nosotros nos iríamos a las ciudades a hacer política y a buscar transformaciones para el país.

AG: -Hay todavía gente que piensa que el acuerdo de paz fue una rendición y entrega las FARC. ¿Qué piensa de estas afirmaciones?

‘Romaña’: -Nosotros buscamos la paz porque sabemos qué es la guerra. En este momento hay intelectuales de izquierda en el mundo y en Colombia que dicen que nosotros nos rendimos. Es muy fácil hacer la guerra y hablar carreta desde los escritorios y no desde la propia linea de combate.

AG: -Sobre los acuerdos de paz en Centroamérica hay estudiosos que afirman que lo que no ha hecho la salida militar lo hace la paz liberal. Las multinacionales y capitalismo destruyen las formas organizativas que crearon las guerrillas para convivir. ¿Que hacen las FARC para que su proyecto político no sea menoscabado por el proceso mismo y la paz liberal?

‘Romaña’: -Nosotros planteamos en repetidas ocasiones que la implementación de los acuerdos es en conjunto con el pueblo colombiano y que ahora, que se avecinan las nuevas elecciones, se requiere de un gobierno de trancisión que se comprometa a realizar una asamblea nacional constituyente para que sea el pueblo quien acabe de ganar los espacios que no fuimos capaces de ganar [las FARC] para que las multinacionales no se roben las riquezas de nuestra nación.

AG: -¿A dónde iría Henry Castellanos una vez empiece el proceso de implementación de los acuerdos y las FARC dejen de usar las armas?

‘Romaña’: -Esa es una de las preguntas que más me han hecho diferentes medios. Nosotros cumplimos órdenes. Ahora estamos estudiando y leyendo las conclusiones del pleno que acabó de pasar en el Yarí, donde se ordenó y facultó al Estado Mayor Central para dar el paso a ser un partido político nacional, lo que se debatirá en los primeros días de mayo en un congreso que dará lineamientos sobre qué hacer.

Osea, acá no es lo que uno quiera hacer sino lo que la revolución, la dirección y los mandos superiores ordenen hacer.

AG: -Con la experiencia que tienen las FARC al haber dialogado por años con el Estado, ¿qué le sugieren al gobierno Santos respecto a los diálogos que sostiene ahora con el ELN?

‘Romaña’: -Le sugiero primero al Estado que reconozca el origen del surgimiento de las guerrillas para poder negociar porque uno se sienta a hablar con la oligarquía colombiana y [sus delegados] realmente no saben quiénes somos nosotros, por qué nos alzamos en armas, cómo vivimos, cuáles son las necesidades, por qué se ha dado el conflicto social y armado en Colombia. Entonces, para avanzar en ese proceso con el ELN tienen que conocerse esas causas, esa raíces del alzamiento armado.

¿Porqué nos sostenemos? Por el apoyo de la población, del pueblo. Entonces, mi ilusión es que en este momento todos nos unamos en el objetivo de la paz para los colombianos. Si se abren los espacios políticos, como el gobierno colombiano ha dicho, entonces, tenemos que aprovecharlos para buscar lo que nos hemos propuesto.

AG: -El proceso de erradicación de coca y el desmonte de la producción de cocaína para el mercado mafioso es vital para la paz en el país. En su concepto, siendo ud. una persona que ha estado en áreas en las que el cultivo de coca es prácticamente el único medio de subsistencia para los campesinos, ¿qué debe hacer el Estado para que se deje de cultivar coca con destino al mercado mafioso?

‘Romaña’: -Ese el temor más grande que tengo yo y se lo he dicho a los medios de comunicación. Si el Estado colombiano sigue con la política de atacar el eslabón más débil, que son los campesinos a quienes los obligaron a sembrar esas matas de coca para poder subsistir y manterner a sus familias, se van a conformar muchas guerrillas en Colombia, van a haber muchas Marquetalias.

Si atacan a los cocaleros es reversarse más de 50 años, es volver a esa época en que el Estado atacó a unos campesinos que estaban alimentándose y haciendo sus fincas. Ahora atacan a estos campesinos que viven de la hoja de coca y es el sustento de ellos.

Ese es el temor más grande que tengo: que el Estado incumpla lo que pactamos en Cuba, que es concertar reuniones con la población civil, con las FARC-EP y el gobierno para dialogar con esos campesinos que cultivan coca. Lo que esos campesinos quieren que el gobierno haga escuelas, carreteras y puestos de salud, que les formalice sus territorios e implemente proyectos productivos, es decir, que se generen condiciones para que tengan opciones de vida y no la de la coca. Pero, es necesario el compromiso de la comunidad internacional para que no exista esa demanda que hoy existe: si hay demanda hay oferta y habrá cocaína.

Lunes, 20 Marzo 2017 18:31

Mil Millones de Euros para Su Majestad

Al Gobierno nacional lo único que le preocupa de la crisis de Electricaribe es que su salida del juego energético en la Costa Atlántica colombiana no enoje al Rey de España, socio porcentual de todos los negocios que las multinacionales ibéricas tienen en el mundo.

Los medios dan cuenta de las gestiones que hace Juan Manuel Santos ante el impopular mandato de Mariano Rajoy, para que la familia real y sus socios no vean como un agravio el hecho de que los colombianos de la Costa reclamemos por el disparate técnico y financiero que esta ramificación de Unión Fenosa dispersó sobre nuestro territorio.

En los años noventa, cuando César Gaviria nos prometió el ingreso al futuro, las empresas públicas de todos los departamentos y municipios colombianos comenzaron a ser mal vistas por los políticos y periodistas que se embarcaron en una campaña de desprestigio, en favor de las privatizaciones.

Esa fue la primera señal del neoliberalismo: nada de lo público servía. O era obsoleto, o era insostenible, o era corrupto, o era anticuado. Y el neoliberalismo de la estética en reemplazo de la ética, se convirtió, amén de los medios comisionistas de esa feroz campaña, en la cara del futuro.

Hoy es la cara de un pasado reciente que nos empobreció, se robó nuestras empresas públicas, y quiere seguir vivo en medio de una sociedad que cada día reúne argumentos para rechazarlo, luchar contra él, e imaginarse unas nuevas formas eficientes, públicas y sostenibles, de administrar el bien común.

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, uno de los activos que los españoles de Unión Fenosa disolvieron en ese negocio leonino que fue la compra de las electrificadoras de la Costa, fue pagada por todos los costeños, y los que sin ser de acá, vivían y pagaban puntualmente sus recibos de energía.

En las facturas de la época, y esto lo pueden corroborar quienes hayan tenido el juicio de guardar alguna, puede verse el cobro de una tasa para la creación de Corelca. Del bolsillo de todos los que pagamos la “luz” salió el financiamiento de Corelca.

Pero luego el Gobierno nacional, de Cara al futuro anunciado por Gaviria, vendió nuestra empresa, como vendió a todas las que pudo, en todo el país. Los nuevos dueños eran multinacionales impersonales, que desaparecieron el contrato de trabajo, las prestaciones sociales y los beneficios, del mundo laboral colombiano.

Electricaribe, que es propiedad de la empresa española Gas Fenosa, filial a su vez del pool Unión Fenosa, recibió ingresos de dos millones y medio de costeños que antes éramos atendidos por las electrificadoras departamentales.

Nadie recuerda oleadas de cortes masivos, apagones inhumanos, fallas peligrosas en los sistemas mientras el sector público administró este servicio esencial. Pero el cambio de modelo, del público hacia el neoliberal, trajo empobrecimiento, sufrimiento y malestar social para nuestra Región. Hasta en la red social Facebook existe una página con miles de miembros cuya motivación es el odio hacia Electricaribe y Unión Fenosa.

La privatización de le energía en la Costa, y en otras zonas del país debe revertirse para repensar un modelo que integre los beneficios del carácter público y esencial de la energía eléctrica, con el toque de eficacia y control financiero que puede aportar un sector mixto, integrado por profesionales conscientes del imperativo ético que esta situación nos exige.

Ahora resulta que los colombianos le debemos a Unión Fenosa. Para el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, Electricaribe “No está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”.

Se quedó corto el doctor Mendoza, porque además de eso, Unión Fenosa le debe mucho a nuestros municipios por frenar su desarrollo, entorpecer planes de expansión agroindustrial, pauperizar el comercio, atentar contra la salud de los ciudadanos al dejar sin energía a hospitales y clínicas, e impedir el progreso de las economías familiares más elementales, con sus tarifas voraces y progresivas que nos impidieron hasta alimentarnos bien.

Unión Fenosa pretende que los colombianos les paguemos ahora mil millones de Euros por los daños que nosotros les causamos a ellos. Acaban de anunciar una demanda por ese monto ante el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington, en las oficinas del Banco Mundial.

¿Y los daños nuestros qué? Sería bueno saber si alguno de los socios de Unión Fenosa podría vender un yate para paliar un poco las necesidades de los campesinos del Atlántico martirizados por el mal servicio de Electricaribe. O pagar algunos de los muertos que quedaron de las asonadas y protestas violentas asistidas a perdigonazos por la fuerza pública.

Se enriquecieron con las tarifas de energía más altas del Continente, pura ganancia privatizada, pero ahora que se hace una perspectiva por el desastre que causaron, es hora de socializar las pérdidas, haciendo que las pague el usuario.

Entre la Reforma Tributaria y los desvaríos del neoliberalismo hay un agujero que debe llenarse con sangre del pueblo trabajador. Tendremos que meternos la mano al bolsillo para pagarle a su majestad y sus socios los mil millones de euros que necesitan para pagar las cuentas de sus vacaciones en la Costa Azul, las matrículas universitarias de sus hijos en Cambridge, el Audi de la amante y por supuesto, el banquete anual en el Club Bildelberg, donde no se permite repetir abrigo ni corbata.

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