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Blog de Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Horacio Duque Giraldo

Académico y periodista alternativo

Archivo de columnas en ANNCOL 

HORACIO DUQUE.

El 80% de todos los Acuerdos de paz firmados en todo el mundo, en las ultimas décadas, no han sido cumplidos por los gobiernos que refrendaron los pactos.

Casi todo lo consensuado se queda en el papel mientras las guerrillas dejan las armas y se desmovilizan.

Se ha publicado el Decreto 902 del 2017 con los elementos basicos de la Reforma Rural Integral acordada con las Farc y los desafios para hacerla realidad son gigantescos.

Solo una poderosa movilizacion argaria conquistara la materializacion de cada uno de los temas de la Reforma Rural Integral.

La construcción de la paz ha dado un importante salto en el campo institucional.

Era necesario que tal cosa ocurriera.

Se debe recordar que en el acuerdo inicial para despegar en los diálogos de paz de La Habana, entre el gobierno y las Farc, se dejó dicho que la implementación de las coincidencias demandarían del gobierno las correspondientes adecuaciones institucionales del aparato estatal vigente para disponer, de esa manera, de una infraestructura apta para avanzar en la construcción de la paz.

En el texto del Acuerdo final, firmado el pasado 24 de noviembre del 2016, se consignan los detalles de las acciones correspondientes en el ámbito legal para generar las entidades encargadas de trabajar en la paz. Actos legislativos, leyes, decretos-leyes, Conpes y planes de acción son el conjunto de herramientas aprobadas para el efecto.

Hoy disponemos de varias de esas normas que dan origen a las instituciones de la paz.

Estan vigentes cerca de tres Actos Legislativos, 2 leyes, casi 90 decretos leyes expedidos por el señor Santos en desarrollo de las Facultades extraordinarias, dos Conpes (3850 y 3867), y una hipótesis de Plan marco que aún no se oficializa pesar de haberse cumplido los plazos establecidos.

Este tramo institucional demanda el mayor cuidado y análisis en la perspectiva política de la profundización de los potenciales del proceso de paz. Temas como el institucionalismo histórico, las disputas en el seno del Estado (Garcia Linera) y las proyecciones estratégicas de la lucha revolucionaria (Lenin, Gramsci) deben ser referencias de un análisis de mayor calado entre los sectores involucrados en la defensa de la terminación de la guerra.

En este trabajo quiero referirme a los desafíos que plantea el decreto 902 del 27 de mayo  (http://bit.ly/2qvNK0s), que fija los términos de las obligaciones y responsabilidades institucionales en lo atiente a la Reforma Rural Integral.

Se trata de una gran conquista de la resistencia agraria liderada por las Farc y de un poderoso instrumento de movilización de las masas campesinas que debe darse, en principio en las 16 áreas territoriales seleccionadas para la organización de los Programas de Desarrollo Territorial (Pdet), con sus respectivos Planes de Acción como Instrumentos de Transformación Territorial (Pat).

El texto de dicho decreto debe ser el alma de las reivindicaciones agrarias para exigir su pronto y efectivo cumplimiento, pues de lo contrario quedara convertida en un vulgar papel y en una burla para millones de trabajadores del campo, nada improbable si se tiene en cuenta que en otros acuerdos de paz firmados con patrocinio de la ONU, el 80% de los gobiernos los ha incumplido.

Un primer desafío para el movimiento agrario es impedir que dicho Decreto quede convertido en letra muerta o que sea desviado en favor de las minorías que monopolizan la propiedad de millones de hectáreas.

El proyecto implica garantizar el acceso a 3 millones de hectáreas por parte de los guerrilleros y las familias localizadas en las zonas del conflicto armado (más de 800 mil); también la formalización de la propiedad de 7 millones de hectareas, tarea que le corresponde al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.

Señalemos que la agenda sobre la Reforma Rural Integral, debe promover la transformación estructural y radical del campo, con el fin de cerrar las divisiones entre el campo y la ciudad y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población campesina pobre. Debe proponerse integrar a las regiones, erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, mediante intervenciones y programas para: (i) beneficiar a campesinos sin tierra o tierra insuficiente, y aumentar su productividad; (ii) ordenar socialmente la propiedad, en especial en el territorio rural, y formalizar la tenencia de la tierra; (iii) establecer una nueva jurisdicción agraria para garantizar una ágil y oportuna atención de los conflictos agrarios, especialmente de los pequeños y medianos propietarios y poseedores; y (iv) proteger las áreas de especial interés ambiental. Para lograr lo anterior, el cambio rural  contempla intervenciones nacionales bajo el principio de desarrollo sostenible, relacionadas con: (i) infraestructura y adecuación de tierras; (ii) estímulos a la productividad; (iii) desarrollo social en salud, educación y saneamiento básico; (iv) la garantía progresiva del derecho a la alimentación; y (v) zonificación ambiental, cierre de la frontera agropecuaria y superación de los conflictos de vocación y uso del suelo. La meta, como resultado de esta agenda, es eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural a la mitad, en el periodo de transición de diez años, todo ello ordenado y reglamentado mediante una Ley que debe aprobarse prontamente por el Congreso nacional.

De entrada es necesario sugerir que en dicha normatividad, tan importante es el articulado como los considerandos que la sustentan.

Respecto del contenido mismo del articulado deben resaltarse los siguientes puntos:

Sujetos de acceso a la tierra.

El Título 1 del Decreto 902 se refiere a los sujetos de acceso a la tierra y a la formalización de la misma, el cual se aplica a todas las personas que ejerzan o pretendan ejercer derechos sobre predios rurales en los programas para efectos de acceso a tierra o formalización.

Las comunidades étnicas son sujetos de acceso a tierra y formalización con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación y restructuración de territorios ocupados o poseídos ancestral y/o tradicionalmente, de acuerdo a los términos del Decreto Ley que estamos comentando, en concordancia con la Ley 21 de 1991, la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1995, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, el Decreto 2333 de 2014 o las normas que los modifiquen o sustituyan.

Para todos los casos, los programas de acceso a tierras en desarrollo de lo establecido por el decreto ley 902 se limitarán a personas colombianas que reúnan los requisitos establecidos en la norma.

Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que cumplan concurrentemente los siguientes requisitos:

1.             No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2.             No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.

3.             No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

4.            No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

Sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito. Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito las personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que tengan tierra en cantidad insuficiente y que cumplan en forma concurrente los siguientes requisitos:

1. Poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

3. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados para vivienda rural y/o urbana;

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

Reconocimiento a la economía del cuidado.

En todos los procesos de acceso y formalización de tierras se reconocerán como actividades de aprovechamiento de los predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos positivos constitutivos de ocupación o posesión y especialmente para la formulación de los proyectos productivos en los programas de acceso a tierras, las actividades adelantadas por las mujeres bajo la denominación de economía del cuidado conforme a lo previsto por la Ley 1413 de 2010.

Adecuación institucional con enfoque étnico.

La Agencia Nacional de Tierras propenderá por contar con equipos técnicos y profesionales para adelantar procedimientos que involucren comunidades y pueblos étnicos, que cuenten con experiencia de trabajo y/o hagan parte de estas comunidades.

RESO.

Se crea el Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO, como una herramienta administrada por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, que consigna públicamente a todos los sujetos del decreto ley 902.

El RESO constituirá un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública, bajo el principio de reserva de lo posible, a fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva. Adicionalmente, se constituye en la herramienta para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La información sobre estos beneficiarios reposará en un módulo especial.

El Registro Único de Solicitantes de Tierras-RESO se organizará mediante un sistema de calificación que estará sometido a las siguientes variables:

a) Condiciones socioeconómicas y las necesidades básicas insatisfechas del solicitante y su núcleo familiar.

b) Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas.

c) Número de personas que dependen económicamente de los ingresos del núcleo familiar, la presencia de sujetos de especial protección y la condición de cabeza de familia.

d) Ser víctima del conflicto armado, en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

e) Personas beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra.

f) Campesinos que se encuentren en predios al interior de resguardos o reservas constituidas por el INCORA que estén pendientes de conversión a resguardos y aquellos que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes. g) Personas que hacen parte de programas de reubicación y reasentamiento con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos de uso ilícito y fortalecer la producción alimentaria.

h) Experiencia en actividades productivas agropecuarias.

i) Pertenencia a asociaciones campesinas cooperativas o de carácter solidario cuyo objeto sea la producción agropecuaria, la promoción de la economía campesina, o la defensa del ambiente, con presencia en el municipio o la región.

j) Residencia previa o actual en el municipio o región.

k) Jóvenes con formación en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales.

Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Créase el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral como un fondo especial que operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado por la subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, y la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas, además de los recursos monetarios establecidos en la norma. La administración del fondo y las subcuentas será ejercida por la Agencia Nacional de Tierras. El Fondo contará con los siguientes recursos para ambas subcuentas:

1. Los recursos del presupuesto que le aporte la Nación.

2. Los recursos destinados al adelantamiento de los programas de asignación de subsidio integral de reforma agraria de que trata la Ley 160 de 1994 o el que haga sus veces.

3. El producto de los empréstitos que la Nación contrate con destino al Fondo o al cumplimiento de las funciones previstas para este en la ley.

4. Los dineros y créditos en los que figure como acreedora la Agencia Nacional de Tierras, producto del pago del precio de bienes inmuebles que enajene.

5. Las sumas que reciba la Agencia Nacional de Tierras como contraprestación de los servicios que preste, así como los obtenidos por la administración de los bienes que se le encomiendan, y cualquier otro que reciba en el ejercicio de sus funciones.

6. Las donaciones o auxilios que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.

7. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas de la Agencia Nacional de Tierras.

8. Los rendimientos financieros provenientes de la administración de sus recursos que no sean parte del Presupuesto General de la Nación.

9. Los recursos que conforman el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión, FDREI, conforme a lo establecido por la Ley 1776 de 2016 para la adquisición de tierras por fuera de las ZIDRES.

10. Los recursos provenientes de organismos internacionales o de cooperación internacional que se destinen para el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

La subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales estará conformada por los siguientes bienes:

1. Predios rurales obtenidos en compensación por el desarrollo de proyectos que hayan implicado la entrega de tierras baldías o fiscales patrimoniales de la ANT.

2. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le atribuyó al Incora.

3. Los que sean transferidos por parte de entidades de derecho público.

4. Los predios rurales que ingresen al Fondo en virtud de la aplicación de procedimientos administrativos o judiciales, como la extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad, expropiación o recuperación de baldíos indebidamente ocupados, entre otros.

5. Las tierras provenientes de la sustracción, fortalecimiento y habilitación para la adjudicación de las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente incluyendo la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales Renovables.

6. Las tierras baldías con vocación agraria a partir de la actualización del inventario de áreas de manejo especial que se hará en el marco del plan de zonificación ambiental al que se refiere el Acuerdo Final, con sujeción a acciones de planeación predial, de producción sostenible y conservación, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

7. Los bienes baldíos que tengan la condición de adjudicables, distintos a los destinados a comunidades étnicas, de acuerdo con el presente Decreto y la normatividad vigente.

8. Los bienes inmuebles que se adquieran para adelantar programas de acceso a Los predios rurales adjudicables de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras.

10. Los bienes inmuebles rurales que sean trasferidos por la entidad administradora, provenientes de la declaración de extinción del dominio, por estar vinculados directa o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos, o que provengan de ellos, de enriquecimiento ilícito, y del tipificado en el artículo 6 del Decreto legislativo 1856 de 1989.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, cuando se requiera para adelantar respecto de ellos procesos de restitución y/o compensación.

La subcuenta de tierras para dotación a comunidades indígenas estará conformada por los siguientes bienes: 1. Los recursos monetarios de las fuentes señaladas en el Decreto 902 que serán destinados a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras de conformidad con la ley.

2. Los predios objeto de procesos de extinción de dominio colindantes con áreas de resguardos, que estuvieren solicitados por las comunidades indígenas al momento de la declaración de la extinción y no generen conflictos territoriales con los sujetos de que trata el artículo 4 del decreto ley 902.

Formas de acceso.

Adjudicación directa

La Agencia Nacional de Tierras realizará las adjudicaciones de predios baldíos y fiscales patrimoniales a personas naturales en regímenes de UAF, utilizando las herramientas contenidas en el decreto ley 902 y conforme al Procedimiento Único adoptado. Cuando a ello hubiere lugar, la adjudicación se hará de manera conjunta a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes. Dichas adjudicaciones se realizarán cuando se cumpla con los requisitos exigidos en los artículos 4 y 5 del decreto ley 902, y otorgará el derecho de propiedad a los sujetos de ordenamiento que resulten beneficiarios.

Este tipo de adjudicación sólo podrá hacerse en zonas focalizadas donde exista una intervención articulada del Estado que garantice que la actividad productiva sea sostenible en el tiempo. Toda adjudicación deberá contar con una individualización e identificación precisa del predio que dé cuenta de la cabida, linderos, y ubicación, para la cual será necesario el levantamiento cartográfico y la georreferenciación según lo que se establezca con la Autoridad Catastral y el respectivo título deberá ser inscrito ante la autoridad competente. A solicitud de la organización campesina o asociaciones de economía solidaria, también podrán adjudicarse predios en común y proindiviso a favor de múltiples personas o núcleos familiares cuando así lo decidan de forma libre e informada los adjudicatarios.

Los bienes baldíos adjudicables que a la fecha de la expedición del decreto 902 no se encuentren ocupados debidamente en los términos de la Ley 160 de 1994, y los que se identificarán a partir de la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales en el Decreto 902 señalados como fuentes del Fondo, se declaran reservados, y su destinación a los programas de acceso acá establecidos se realizará conforme a las reglas de adjudicación del RESO, según la competencia establecida por el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015.

Subsidio Integral de Acceso a Tierras.

Créase el Subsidio Integral de Acceso a Tierra, SIAT, como un aporte estatal no reembolsable, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y lo de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo para los sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del decreto 902.

Las personas descritas en el artículo 4 del Decreto 902, que hayan sido beneficiarias de entregas o dotaciones de tierras bajo modalidades distintas a las previstas en el Decreto, podrán solicitar el subsidio de que trata únicamente para la financiación del proyecto productivo.

El SIAT será establecido por la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con lineamientos y criterios definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los valores del subsidio correspondientes al precio del inmueble serán asumidos con cargo al presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras. Aquellos valores correspondientes a los requerimientos financieros del proyecto productivo serán asumidos por la Agencia de Desarrollo Rural, así como el seguimiento a la implementación de tales proyectos productivos.

Identificación predial para el subsidio.

El otorgamiento del SIAT, en las zonas focalizadas, se hará con posterioridad a la identificación física y jurídica del predio. En las zonas no focalizadas o si para ese momento no se han realizado en ese predio las labores de catastro multipropósito se tendrá en cuenta el avalúo arrojado por el catastro como referencia para determinar el valor comercial. Para los casos en que se evidencie una diferencia de áreas al comparar el folio de matrícula inmobiliaria, títulos de propiedad y el plano topográfico del predio a adquirir, antes de elaborar dicho avalúo la Agencia Nacional de Tierras advertirá tal situación al subsidio y promoverá los procedimientos administrativos de corrección de áreas y linderos, de acuerdo a la normativa vigente. En los eventos en los que no hubiere sido posible aplicar el procedimiento de corrección de áreas y linderos por motivos ajenos a la voluntad del vendedor y de terceros con derechos reales inscritos, y las partes manifiesten expresa e inequívocamente su interés con la negociación a pesar de lo advertido, la Agencia Nacional de Tierras continuará con el procedimiento fijando el valor del inmueble con base en la menor área identificada, verificando que en ningún caso se configure lesión enorme.

Asignación del Subsidio Integral de Acceso a Tierra.

La Agencia Nacional de Tierras seleccionará los beneficiarios de conformidad con el Procedimiento Único de que trata  el decreto ley 902.

La Agencia Nacional de Tierras asignará el SIAT y remitirá copia del acto administrativo que lo asigna a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia de Renovación del Territorio y a las demás entidades competentes según las normas vigentes, para que éstas desembolsen los recursos atinentes a proyectos productivos y presten la asistencia técnica para la implementación o mejora de proyectos productivos según lo establecido en el acto administrativo.

Operación de los recursos. La operación de los recursos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Hecha la selección de los beneficiarios la Agencia Nacional de Tierras abrirá las cuentas individuales en favor de los beneficiarios seleccionados.

2. La Agencia Nacional de Tierras conformará el Registro de Inmuebles Rurales - RIR, con aquellos predios que cumplen todos los requisitos necesarios para ser adquiridos con los recursos del subsidio para ofertarlo al beneficiario del subsidio. Estos predios también pueden ser predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

3. Los beneficiarios podrán solicitar la compraventa de un predio de su elección que no reposa en el registro, caso en el cual la Agencia Nacional de Tierras adelantará los estudios necesarios para verificar la viabilidad técnico jurídico del predio.

4. Una vez elegido el predio, la Agencia Nacional de Tierras girará al beneficiario los recursos necesarios para hacer efectivo el pago del inmueble.

5. Transcurridos doce (12) meses a partir del depósito y pese a tener más de dos (2) ofertas prediales sin que se haya podido efectuar la compra del predio, aplicará una condición resolutoria, en virtud de la cual operará el reembolso del subsidio, sin necesidad de requerimiento previo, a favor de la Agencia para que sea adjudicado a otro beneficiario.

6. Mediante acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras declarará la operancia de la condición resolutoria y ordenará al Banco administrador el reintegro de los recursos. El Director General de la ANT creará las cuentas referidas anteriormente con el Banco Agrario de Colombia o la entidad financiera que otorgue mejores condiciones. Dichas cuentas serán inembargables, su destinación para todos los casos se orientará a la adquisición de bienes inmuebles rurales, y no generarán costos de administración para los beneficiarios. La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y las demás entidades competentes adelantarán los trámites correspondientes para la creación de las referidas cuentas en la banca del primer nivel.

El Gobierno Nacional reglamentará lo necesario para operar el subsidio.

Adquisición de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral mediante Subsidio Integral de Acceso a Tierra.

Si el predio elegido por el beneficiario del subsidio pertenece al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, manifestará expresamente su voluntad de sustituir el subsidio por la adjudicación. En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras proferirá el acto administrativo de adjudicación. El valor del rubro del subsidio para la compra de tierras deberá ser reintegrado a la Agencia Nacional de Tierras para que seleccione un nuevo beneficiario.

Indivisibilidad del subsidio entregado mediante SIAT.

En caso que el SIAT se otorgue de manera individual y el beneficiario fallezca operará la condición resolutoria y mediante acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras declarará la operancia de la condición resolutoria, seleccionará el nuevo beneficiario y ordenará al banco administrador el reintegro de los recursos.

Si el SIAT se otorga de manera conjunta y fallece uno de los beneficiarios la Agencia Nacional de Tierras continuará el proceso hasta su finalización de conformidad con las reglas establecidas.

Crédito Especial de Tierras. Los sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del decreto ley 902 que no tengan tierra o esta sea insuficiente, podrán acceder a una línea de crédito especial de tierras con tasa subsidiada y con mecanismos de aseguramiento de los créditos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Los créditos se otorgarán en los términos, condiciones, montos y plazos que determine la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, de acuerdo con las funciones otorgadas por el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las líneas Especiales Crédito-LEC-, del Incentivo a Capitalización Rural-ICR y otros incentivos o subsidios del Estado que sean desarrollados para propender por la consecución de los objetivos del presente decreto ley, y en particular relacionados con el crédito y/o riesgo agropecuario y rural.

En la configuración de las líneas de crédito para sistemas productivos deberá tenerse en cuenta, entre otros criterios, la aptitud de las tierras rurales definida por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios para cada sistema productivo, considerar tanto el horizonte de tiempo del sistema productivo, incluyendo el inicio de la etapa productiva, así como los riesgos inherentes a la actividad agropecuaria, con el fin de que los réditos obtenidos de la comercialización permitan garantizar los flujos financieros para facilitar el pago del crédito otorgado. Dentro de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a los pequeños productores agropecuarios que pretendan la ampliación de su potencial productivo y la adquisición de tierras por parte de organizaciones campesinas y de economía solidaria.

Formalización de la propiedad privada y seguridad jurídica. Formalización de predios privados. En desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015, sin perjuicio de las disposiciones sobre titulación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales, la Agencia Nacional de Tierras declarará mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada, siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único de que trata el decreto ley 902 no se presente oposición de quien alegue tener un derecho real sobre el predio correspondiente, o quien demuestre sumariamente tener derecho de otra naturaleza sobre el predio reclamado, caso en el cual, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad con el informe técnico considere pertinente.

Los actos administrativos que declaren la titulación y saneamiento y por ende formalicen la propiedad a los poseedores, serán susceptibles de ser controvertidos a través de la Acción de Nulidad Agraria de que trata el artículo 39 del decreto 902. Lo estipulado no sustituye ni elimina las disposiciones del Código General del Proceso o el Código Civil sobre declaración de pertenencia, las cuales podrán ser ejercidas por los poseedores por fuera de las zonas focalizadas.

La formalización se realizará cumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 4, 5 Y 6 del decreto ley 902, en observancia de lo estipulado en el artículo 20.

Se dará por acreditada la inexistencia de oposición dentro del Procedimiento Único de que trata el  decreto ley 902 una vez agotadas las etapas de publicidad en las zonas donde se adelantan los programas de formalización y en cumplimiento de las normas establecidas para notificaciones, cuando transcurran diez (10) días hábiles desde que se realicen las comunicaciones a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ­ CPACA, sin que se presentare el titular de un derecho real o quien aduzca tener derecho en los términos señalados en el decreto 902.

La formalización de la propiedad no aplicará en tierras y lo territorios afectados por el despojo a causa del conflicto armado, previa verificación de las fuentes institucionales pertinentes.

Elección de formalización de la propiedad por vía administrativa.

Implementación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Procedimiento Único: Generalidades. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas.

El Procedimiento Único para implementar los Planes de Ordenamiento Social de la· Propiedad Rural, operará de oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina, atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado.

La gestión de la Agencia Nacional de Tierras atenderá en todo momento los propósitos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y formalización de tierras. En las zonas focalizadas se aplicará el Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley de acuerdo al Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulado participativamente en los términos del artículo 45.

La Agencia Nacional de Tierras identificará cada uno de los predios ubicados en el área focalizada, señalando su número de matrícula inmobiliaria y remitirá a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente el acto administrativo que ordena la apertura del Procedimiento Único de ordenamiento social de la propiedad rural en el respectivo municipio para su inscripción.

Procedencia del procedimiento en zonas no focalizadas. En las zonas no focalizadas el Procedimiento Único podrá iniciarse de oficio, o a solicitud de parte aceptada por la Agencia, en los términos señalados por el artículo 61 del decreto 902.

Salvaguarda sobre el ordenamiento social de la propiedad rural en territorios étnicos. El ordenamiento social de la propiedad rural respetará y garantizará en los territorios étnicos la autonomía y autodeterminación de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de acuerdo a sus planes de vida o instrumentos equivalentes, planes de ordenamiento ambiental propio, planes de etnodesarrollo. Se garantizará a los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el derecho de su participación en espacios de diálogo y construcción conjunta con los demás actores en el territorio en el marco de los planes de ordenamiento.

Criterios de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR.

Los criterios mínimos para la formulación, implementación y mantenimiento de los POSPR son:

1. Participación: Para la formulación, implementación y mantenimiento en el territorio de los POSPR es necesario contar con la intervención y colaboración efectiva de toda la comunidad y de todas las autoridades locales, con el fin de responder a las necesidades del territorio y garantizar la transparencia y eficacia.

2. Enfoque territorial: Los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural deberán establecer unas bases que permitan adaptar y delimitar las líneas de intervención en territorio. Esto debe atender a las características físicas, jurídicas, económicas y sociales del territorio.

3. Enfoque Diferencial: Reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, 0orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas que se establecen en el Decreto 902, contarán con dicho enfoque. Se priorizará en la intervención a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.

4. Articulación territorial entre los distintos sectores y entidades: Se deberán realizar acciones efectivas que permitan una coordinación armónica entre las entidades públicas, nacionales y locales, y privadas donde se deben establecer canales eficientes de comunicación y de flujo de información que conlleven a una formulación y operación que permita realmente atender las necesidades de la población respecto al ordenamiento social de la propiedad en su territorio.

Formulación del Plan.

El resultado del ejercicio de la formulación y planeación para la intervención en el territorio será un documento que deberá contener para su aprobación por la Agencia de Nacional de Tierras, los siguientes aspectos:

1. La caracterización predial preliminar: Identificación del número estimado de predios, tamaño, naturaleza. Caracterización que recoge la información catastral, de acuerdo a establecido por el artículo 62 del decreto 902.

2. Caracterización preliminar de la población y actores nacionales y locales interesados y un mapa de actores construido que permita establecer las instancias participativas pertinentes para la implementación y mantenimiento del plan.

3. Identificación de territorios de ocupación posesión o propiedad colectiva de pueblos y comunidades étnicas.

4. Identificación preliminar de los propietarios, ocupantes y poseedores.

5. Mecanismos participativos de identificación de potenciales beneficiarios y sujetos de programas de acceso y formalización de tierras, conforme a las reglas del RESO.

6. Identificación de zonas que constituyan restricciones y condicionantes para el ordenamiento territorial.

7. Identificación de zonas bajo protección patrimonial o procesos de restitución de tierras y derechos territoriales.

8. Identificación de las zonas destinadas al desarrollo de proyectos de utilidad pública e interés social.

9. Estimación de tiempo, de recursos humanos, físicos y financieros que se requieran para su implementación.

10. Propuesta de financiación.

11. Metas e indicadores preliminares y cronograma.

12. Estrategia para el mantenimiento del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

13. Las demás que sean consideradas por la Agencia Nacional de Tierras según las características de cada territorio.

El proceso de acopio de información para el diseño del respectivo POSPR contará con la participación de las comunidades campesinas asentadas en el territorio y demás actores interesados y será consolidado por la ANT

Participación Comunitaria.

La formulación, implementación, evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural debe ser el resultado de ejercicios participativos.

Conclusión.

El movimiento campesino y agrario queda dotado con el Decreto 902 de una poderosa herramienta de lucha para exigir su inmediato cumplimiento con las acciones rápidas previstas para la etapa posterior en que se consolide el fin de la guerra.

Cali, 22 de junio del 2017.

HORACIO DUQUE.

Imparable la campaña ciudadana para lograr la revocatoria del Alcalde de Bogota, Bolardo Peñalosa, y su modelo neoliberal convertido en el paraiso de los capitales financieros especuladores con las inversiones en los desarrollos urbanos.

Peñalosa es el emblema de la negacion del derecho a la ciudad.

El sujeto politico que lidera la revocatoria es un conglomerado de fuerzas populares constituidas en la defensa de las conquistas democráticas alcanzadas en los años recientes por los burgomaestres progresistas y de izquierda.

Vienen nuevos pasos para echar de la Alcaldia este agente de los granes capitales bancarios y financieros.

La campaña para desalojar de la Alcaldía de Bogotá a Bolardo Peñalosa ha logrado un nuevo e importante peldaño en la batalla del pueblo colombiano y bogotano contra el neoliberalismo y el poder de las criminales oligarquías que dominan el Estado y la sociedad.

Frente a la contundencia de los hechos, la Registraduría  Nacional del Estado  Civil ha debido confirmar el número legal de firmar para proceder al trámite correspondiente cuya teleología es consagrar una victoria significativa de las masas populares en la Capital de la Republica mediante la suspensión del mandato del actual Alcalde de la ciudad donde habitan casi 10 millones de personas.

No prevalecieron las maniobras ni las leguleyadas de los politiqueros afines a Peñalosa, que en el campo de las instituciones electorales, acudieron a diversas argucias para impedir la demanda democrática de la ciudadanía.

En la movilización que se ha dado en los meses recientes lo que importa destacar, desde el ángulo político, es la ruta seguida en la constitución del sujeto y la subjetividad encargada de la recolección de las firmas y la elaboración de los memoriales que justifican y legitiman la petición de la revocatoria de un inepto burgomaestre.

Los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, de naturaleza pública, y sus dirigentes sindicales, junto a otros importantes movimientos políticos, como el Partido Comunista, han volcado todas sus infraestructuras organizativas para acumular una potencia de grandes proporciones focalizada en la ofensiva contra la camarilla neoliberal que pretende destruir los importantes derechos sociales alcanzados durante los gobiernos progresistas de reciente ejecución.

Peñalosa es un caracterizado agente del neoliberalismo; un operador de los capitales financieros utilizados para la explotación de las plusvalías urbanas mediante la manipulación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

El Metro peñalosista, los nuevos esquemas de transporte masivo, las proyecciones para dotaciones en sectores de altos estratos burgueses de la ciudad, el uso del Esmad para aplastar la protesta popular, las alianzas con el paramilitarismo uribista y otras medidas incluidas en el Plan de Desarrollo de la actual administración son estrategias regresivas que ya afectan duramente gruesos significativos de la ciudadanía capitalina.

Es lo que explica el enojo popular y el auge del rechazo al nuevo rostro del neoliberalismo bogotano.

La marcha debe proseguir hasta que logremos que se vaya Bolardo Peñalosa.

 

HORACIO DUQUE.

Los pasos para organizar el Movimiento social tumaqueño y el Paro civico en la ciudad orientado a conquistar soluciones a los complejos y agudos problemas que afectan a casi 200 mil personas, en su gran mayoría afrodescendientes.

Hay que erradicar el militarismo de Tumaco, gran consigna democratica de la Perla del Pacífico.

Cerraron con muy importantes avances los paros cívicos en el departamento del Choco y en el Puerto de Buenaventura, territorios ubicados en el Mar Pacífico colombiano, nichos histórico de la población afrodescendiente sometida por siglos a sistemas aberrantes de explotación y violencia de las clases ricas usufructuarias de la minería y la extracción del oro despojado por las castas españolas que se lo llevaron para España con el fin de dar sustento a los procesos de acumulación originaria del capitalismo occidental y colonial.

Los objetivos alcanzados por las negociaciones con el gobierno neoliberal, obligado por la fuerza de las masas a ceder frente a los pliegos ciudadanos, han llenado de optimismo y animo a millones de personas en la región para organizar nuevas protestas y paros tendientes a lograr medidas gubernamentales eficaces para la superación de las complejas condiciones sociales de pobreza y miseria que afecta a niños, mujeres, jóvenes y población adulta.

Los Consejos comunitarios están que hierven por todo el pacifico, y con justificada razón dado el importante momento histórico que se vive.

Tumaco, el otro conglomerado humano de gran peso en la civilización afrodescendiente nacional, se mueve y prepara actividades con reuniones, encuentros colectivos, estudios sociales, económicos, políticos y ambientales, para perfilar una gran jornada de plantones, paros, bloqueos y manifestaciones que obliguen a la indolente burocracia santista a definir estrategias concretas de superación de la terrible pobreza y miseria que carcome casi 200 mil personas de la ciudad, con sus 190 corregimientos y más de 350 veredas.

Por el momento el análisis prioriza el examen de los elementos básicos de la gestación de un movimiento social que actúe como un sujeto y una subjetividad colectiva apta para adelantar potentes movilizaciones populares, como un paro cívico que incluya el protagonismo de la multitud y la negociación para materializar medidas concretas contra el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, la insalubridad, las enfermedades, la violencia, la vulneración de los derechos humanos, la corrupción y la exclusión política.

En ese sentido conviene recordar, tal como lo propone Aquiles Chihu en su “análisis de marcos” (ver http://bit.ly/2svZ3DB ) los pasos orientados a la constitución de un Movimiento Social:

Primero. Reunión de masas de las personas identificadas por la afectación de una problemática social aberrante.

Segundo. Construcción de conocimiento y conciencia colectiva alrededor de tal problemática mediante jornadas pedagógicos y de capacitación con personas aptas para el efecto y salidas de las comunidades.

Tercero. Construcción de una identidad, individual y colectiva, mediante sistemas de contrastes en los medios masivos de comunicación y con las autoridades encargadas de atender las políticas públicas relacionadas con los déficits sociales.

Cuarto. Definición de un Pliego de demandas, mínimas y máximas, el cual debe ser negociado en el momento de las movilizaciones populares. Pliego que debe ser objeto de una amplia socialización en todos los escenarios de interlocución societal.

Quinto. Construcción muy precisa de los repertorios de movilización social: plantones, manifestaciones, asambleas, bloqueos de vías, sistemas de propaganda, toma de aeropuertos, cierre de vías públicas y otros métodos pacíficos de acción de masas que deben permitir obligar a los representantes del gobierno a dialogar, concertar y negociar las soluciones presupuestales, políticas y administrativas correspondientes.

Estos son los pasos inmediatos para avanzar en el Paro cívico de Tumaco, uno de los cuales fue la reunión del pasado jueves 15 de junio, en la Ciudadela, con organizaciones comunitarias, con ONGs globales y con representantes de Pastoral social, para escuchar las presentaciones de los grupos de milicianos en disposición de diálogo con el fin de encontrar solución a la racha de últimos asesinatos de líderes comunitarios.

¡Viva el Paro cívico de Tumaco!

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

Hay otras pistas para identificar los autores de la masacre en el Centro Andino que se apartan del relato oficialista. Hay una "ultraderecha santista" con los nervios de punta y empecinada en arrinconar a las Farc para dejar el proceso de paz en una mera dejacion de las armas y para obligar la rendicion del ELN.

El santismo de todos los pelajes, ultraderechista e izquierdista, nos quiere imponer su mundo de verdades al servicio del neoliberalismo y de la criminal oligarquia dominante.

Es inmensa la consternación entre los colombianos por la masacre ocurrida en uno de los baños del Centro Andino de Bogotá, en la que murieron varias jóvenes inocentes y apenas iniciando sus vidas.

El episodio nos regresa a los peores momentos de la violencia endémica que carcome a la sociedad nacional desde hace décadas como consecuencia de la absurda manera como las criminales elites oligárquicas nos imponen su privilegios y arbitrariedades.

En momentos en que se hacen esfuerzos para poner fin a un largo ciclo de violencia social y armada, reaparece esta problemática con sus crueles manifestaciones como para recordarnos las imperfecciones de los recientes acuerdos de paz firmados desde noviembre del 2016 en Bogotá entre el señor Santos y Timochenko el de las Farc.

Como se trata de un acontecimiento de grandes implicaciones y repercusiones, el gobierno está manipulando y haciendo circular diversas hipótesis sobre la autoría de tal evento sangriento en el que perecieron tres mujeres muy jóvenes.

En principio hay un abusivo monopolio santista de la verdad criminalística con evidentes tintes políticos como no podría ser de otra manera.

Los altos círculos del gobierno, y el santismo de los usufructuarios del poder (E incluyo cierta izquierda en plan de conciliación neoliberal), han dejado circular interpretaciones que los grandes medios de comunicación, aferrados presupuestalmente al Estado, plantean en los siguientes términos:

Primero. Se trata de un acto desestabilizador de la ultraderecha ligada al uribismo, empecinado en el fracaso de la paz. Tesis muy débil si se tiene en cuenta que el Centro Democrático ha ganado mucho espacio político con su pertinaz oposición al actual gobierno, colocándose en óptimas condiciones para que uno de los suyos sea el próximo Presidente de la Republica. Ni tontos que fueran para embarcarse en tremendo error.

Segundo. Se trata de una acción de los Elenos empecinados en mantener el ejercicio de la violencia a toda costa. Algo bien improbable si se tiene un conocimiento completo de los avances de los diálogos que se adelantan en Quito entre los delegados del gobierno y los representantes de la guerrilla camilista. Ni bobos que fueran como para dañar la más consistente experiencia de negociaciones políticas con resultados tangibles y concretos para las demandas históricas de dicho movimiento histórico de la resistencia popular colombiana.

Tercero. Los del Clan Usuga tampoco parecen ser los autores, pues hasta su plan pistola contra la policía lo cancelaron después de hacer recientemente arreglos con los jefes policiales acantonados en Uraba, Córdoba y el Choco. Puro cuento de analistas trasnochados.

Cuarto. La disidencia de las Farc localizada en el Guaviare también se sugiere como la responsable de dicho evento, conjetura poco solida si se tiene en cuenta que esa es una estructura muy débil y errática cuya prioridad aparente es el negocio de la coca.

Quinto. La tesis de que los autores son los integrantes de un Movimiento Revolucionario del Pueblo-MRP organizado en triadas y con disciplinada compartimentación, parece ser un novelón de los servicios de inteligencia del gobierno para estigmatizar a la Universidad Nacional como lo ha denunciado el Rector Mantilla y para apalancar un chivo expiatorio que se utilizara para montar la correspondiente cacería de brujas con atropellos y arbitrariedades muy comunes en los servicios policiales del Estado colombiano, como lo sabemos desde los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, que las investigaciones de años demostraron fueron planificadas y realizadas por los directores del Das, como Maza Marquez y otros. ¿Cuánto de eso no se repetirá ahora con estas investigaciones carentes de profesionalidad científica?

Sin embargo, un análisis más fino del actual contexto político puede llevar a pensar que detrás de todo esto hay una “ultraderecha santista” que deambula por los servicios de inteligencia del Estado sin control, haciendo todo cuanto se les venga en gana para imponer los objetivos de la camarilla dominante en el Estado. Esa facción ha entrado en pánico en vista del grave deterioro de la gobernabilidad y legitimidad del régimen dominante.

Hay varios elementos que se deben considerar al hacer las reflexiones correspondientes.

Tales asuntos se refieren a los siguientes fenómenos:

Primero. El descomunal desprestigio del señor Santos cuyas cifras de aceptación entre la ciudadanía han caído de manera severa. Solo 12 de cada 100 colombianos tiene buena imagen del presidente según las más recientes encuestas.

Segundo. Hay una demoledora recesión económica con evidentes impactos fiscales, sociales y estratégicos en la supervivencia del régimen de poder.

Tercero. El proceso de paz con las Farc no ofrece resultados tangibles para millones de personas, pues el señor Santos y sus asesores redujeron la terminación del conflicto a una mera dejación de las armas a cambio de toneladas de papel con leyes y decretos absolutamente inútiles e ineficaces. Lo único cierto es que la paz santista es un plan para remozar el modelo neoliberal en su nueva fase extractivista y agroindustrial, en perjuicio de más de 13 millones de campesinos para los cuales el acceso a la tierra y la titulación de los predios seguirá siendo una entelequia.

Cuarto. La indignación y rebelión de las masas ciudadanas ha crecido de manera notoria en los meses recientes mediante la huelga de los educadores y los paros cívicos del Choco y Buenaventura, cerrados con grandes conquistas populares; anunciándose para el mes de agosto un gran Paro cívico nacional con la parálisis de todas las actividades en el territorio nacional.

Quinto. La realización de una Constituyente comunal en Venezuela ha incrementado la conspiración santista contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ocasionando grandes tensiones entre los dos Estados. La oligarquía bogotana siente pasos de animal grande con los cambios que se anuncian en Caracas para profundizar la democracia revolucionaria y avanzar en la construcción del socialismo.

Este cuadro sociopolítico le tiene los nervios de punta a los núcleos más retardatarios y violentos del gobierno del señor Santos y es una pista que se debe explorar para llegar a la verdad sobre los responsables de la masacre que entristece a la ciudadanía.

Desde la sociedad civil es necesario demandar una investigación independiente que arroje resultados muy rápidos para evitar mayores manipulaciones del agónico régimen neoliberal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

Curioso el momento en que ocurre la horrible masacre del Centro Andino en Bogota. En pleno auge de la lucha de masas con huelgas contundentes de los maestros, de la ciudadania de Buenaventura y Choco. En momentos de una caida espectacular de la popularidad de Santos. En circunstancias en que se despliega una demoledora recesion economica. Y en una situacion en que la elite dominante ha convertido la paz en una forzada dejacion de las armas y en un desconocimiento de las reformas principales acordadas para terminar el prolongado conflicto social y armado.

Seguramente el gobierno le va a echar la culpa al uribismo que anuncio volver trizas los acuerdos de paz; o a los del Clan de los Usuga; a los Elenos renuentes con la paz santista llena de corrupcion; o al Presidente Maduro para justificar su arremetida golpista contra la revolucion bolivariana.

La cosa no es tan simple. Hay que profundizar en el analisis del contexto, en el que no esta por demas una cortina de humo tan eficaz.           

En el Centro Andino de Bogotá, un espacio comercial de clases altas de la Capital, se ha presentado una abominable masacre en la que murieron 4 jóvenes mujeres, una de ellas de origen francés.

Se trata de otro siniestro episodio muy parecido a los que se ejecutaron en épocas pasadas por grupos paramilitares vinculados a los carteles del narcotráfico y a los “falsos positivos” planificados por militares en el Occidente de la ciudad Capital.

Desde luego esta criminal arremetida merece el repudio y el rechazo de los demócratas y humanistas de Colombia que apoyamos el fin de la guerra mediante hechos de paz reales y concretos en materia de justicia y derechos para las grandes mayorías nacionales.

Sobre los autores de dicho atentado feroz, en los grandes medios de comunicación oligárquicos ya se han puesto a circular diversas hipótesis muchas de las cuales se relacionan con los avances del proceso de paz con la guerrilla y la dejación forzada de las armas de los combatientes revolucionarios, mientras son vergonzosos los resultados en cuanto a la construcción de la paz, pues todo se reduce a montañas de papeles sin poca trascendencia ya que se dejan las armas a cambio de discurso y demagogia escrita.

Pero una sólida y coherente investigación de tal acto criminal debe incluir todos los elementos del contexto en la coyuntura.

Porque bien puede ser que desde las profundidades del régimen oligárquico se esté orquestado una muy habil cortina de humo para desviar la atención de la sociedad respecto de la profunda crisis que afecta el agónico gobierno del señor Juan Manuel Santos, con apenas el 11% de aprobación ciudadana, salpicado por múltiples escándalos como la corrupción y los sobornos de su campaña adelantada por Odebrecht y el Canal Isabel II de España, en asocio con los paramilitares que han asesinado casi 200 líderes de derechos humanos en meses recientes con complicidad por omisión de las esferas gubernamentales; como la orden de captura contra el Consejero de Regiones de la Casa de Nariño (convertida en una madriguera de hampones de cuello blanco), ex alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, integrante de las castas delincuenciales de la politiquería cordobesa que apoyan el gobierno de Santos a cambio de abundante mermelada petrolera y minera; como la aguda crisis económica derivada de la recesión en curso; asediado por un potente movimiento social que arreciara con nuevos paros y acciones populares en las próximas semanas para cerrar con un Paro cívico nacional;  desacreditado por los precarios resultados de un proceso de paz que apenas si va quedando convertido en una vulgar dejación de las armas porque  las reformas agrarias, democráticas y de justicia son una caricatura de la demagogia oligárquica inveterada; y por las graves tensiones con el gobierno bolivariana de Venezuela, el que Santos quiere derrocar prestándole apoyo a la fascista oposición financiada por el imperio gringo.

Es dicho cuadro el que debe permitir un análisis más profundo y consistente para encontrar los autores del vil acto criminal del Centro Andino.

No se pueden tragar enteras las mentiras del aparato mediatico gobiernista.

Es lo que no hacen los grandes medios de comunicación concertados en tal cortina de humo manipuladora.

 

HORACIO DUQUE.

Poco creibles las medidas anunciadas por (Coca) Naranjo contra las bandas herederas del paramilitarismo. Una unidad elite de la policia formada en los codigos de la contrainsurgencia anticomunista, a la manera del Esmad, lo que hara es propiciar nuevas formas paramilitares. El Piloto de Tumaco es una pantomima cuyos resultados seran otros dada la presencia apabullante de los militares por toda la ciudad y sus principales vias.

Naranjo, vieja ficha del Estado oligarquico, tiene mucho que ver con el tradicional paramilitarismo promovido por Uribe Velez, a quien le presto tan importante servicios el actual Vice Presidente.

Estan en curso una cascada de acciones institucionales para avanzar en la construcción de la paz acordada con las Farc.

El actual Vicepresidente de la Republica, el policía Oscar Naranjo, anunció, en recientes días, la organización del Cuerpo elite de la policía para actuar contra las bandas sucesoras del paramilitarismo.

Serán 1098 unidades policiales dispuestas y enfiladas a darle supuestamente cumplimiento a los consensos de paz en este complejo tema.

A mi este paso no me convence mucho dado que la cultura y la mentalidad contrainsurgente y anticomunista sigue imperando en los aparatos militares y policiales del Estado y el régimen oligárquico. Esos códigos de formación y socialización son la base del paramilitarismo y de las bandas criminales, organizadas desde los batallones del Ejército y desde los Comandos de la Policía, con la financiación de poderosos narcotraficantes, terratenientes, banqueros y empresarios.

Además, esos cuerpos armados están subordinados a las orientaciones contrainsurgentes del Estado norteamericano que pone gran parte de los recursos presupuestales del Ministerio de Defensa.

Es poco lo que se puede esperar de esa Unidad especial anunciada con bombos y platillos por Naranjo para erradicar el paramilitarismo, autor y ejecutor de la peor campaña de exterminio de los líderes de derechos humanos y sociales comprometidos con los derechos democráticos y la justicia social. En los últimos meses han sido acribillados casi 200 líderes sociales por todo el país.

La unidad elite de la policía puesta a rodar será otro esperpento más de la violencia santista contra la sociedad. Lo que creo es que desde allí se incubaran nuevos fenómenos de acción depredadora contra el movimiento popular.

De otro lado, (Coca) Naranjo anuncia con mucha euforia dos pilotos contra el paramilitarismo en Buenaventura y Tumaco, dos centros urbanos del Mar Pacífico colombiano completamente militarizadas, donde las bandas sucesoras del paramilitarismo organizadas por los cuarteles militares, han entronizado un horroroso régimen de muerte y destrucción humana. Con sofisticadas Casas de pique anexas a los batallones y cuarteles del Ejército.

Lo cierto es que tales Pilotos darán resultados favorables a la vida, la democracia y la justicia social si el primer paso que se da es el de la desmilitarización de tales centros urbanos y la reorientación de los recursos presupuestales utilizados para la operación de esos dispositivos militares, hacia programas de inversión social en reforma agraria, empleo para los jóvenes, educación, salud y control comunitario a la corrupción estructural que permanece como una verdadera plaga.

Pasaran los meses y la experiencia se encargara de corroborar la inutilidad de tales Pilotos pues en el mediano y largo plazo seguirán prevaleciendo las bandas asesinas del paramilitarismo.

Tumaco, en este, caso, lo que requiere es un amplio proceso de democratización, de transparencia en la administración pública, de veedurías, de control social y de compromisos efectivos con las necesidades de casi 200 mil personas sumidas en la pobreza y el atroz abandono de los poderes políticos centralizados en Bogotá, Cali y Popayán.

Esas las razones del potente movimiento social que se gesta desde la acción comunal, las comunas, las organizaciones comunitarias, los sindicatos de educadores, los Consejos comunitarios, las asociaciones de cocaleros, los comerciantes y las gentes honestas, para organizar y realizar un Paro cívico en el segundo semestre del 2017, que obligue al gobierno del señor Santos a crear Fondos especiales, como acaba de ocurrir en Buenaventura, para atender la emergencia social y de vida que afecta a la Perla del Pacifico.

Vamos al Paro cívico de Tumaco.

No más mentiras del santismo.

Nota. Alguien muy poderoso debe estar manipulando las publicitadas Milicias de Tumaco, y a su jefe “El Pollo”, con tan buena prensa en el Portal Verdad Abierta promovidas por quien se mueve como pez en el agua en Tumaco. Las Farc ha dicho que las milicias reseñadas en VA son instrumentos del narcotráfico y de las unidades militares apostadas, metro a metro, por la ciudad y sus carreteras.

A la crónica de VA le faltan piezas muy importantes para entender un fenómeno como el de las milicias. Se supone que VA se desplaza en Tumaco con el patrocinio de la Vice Presidencia de Naranjo, en labores de inteligencia e infiltración bastante peligrosa.

 

HORACIO DUQUE.

El militarismo y el paramilitarismo asfixian la vida comunitaria y democrática de la ciudad de Tumaco, con casi 250 mil habitantes, la mayoria afrodescendientes. La mayoria afectados por problema de miseria, pobreza y violencia desatada por el gigantesco aparato militar oficial.

En la ciudad, las organizaciones populares adelantan reuniones y encuentros para realizar un gran paro civico que exija desmontar el aparato militar y policial y ampliar la inversion social en las necesidades basicas de los jovenes, las mujeres, los campesinos, los afros y los indigenas. 

No mas paz de mentiras, exigen los tumaqueños.

Tumaco es, después de Buenaventura, el segundo centro urbano más importante del Pacífico colombiano. Allí viven casi 250 mil personas en su gran mayoría población afro descendiente, vinculada a centenares de Consejos Comunitarios, el hábitat tradicional de dichos grupos étnicos.

Su vida cotidiana está ligada a la cuenca del mar pacífico y a la presencia del Estado ecuatoriano con el que se vincula por importantes ríos y rutas fronterizas.

Entre Tumaco, sus corregimientos y veredas, se da un fluido intercambio con la población y la sociedad ecuatoriana.

La población de la ciudad en su gran mayoría es afectada por graves problemas de pobreza y miseria. Tumaco presenta una singular característica, pues la mitad de su población se encuentra localizada en la parte rural. Por eso su actual Plan de Ordenamiento Territorial prioriza la zona rural y sus corregimientos, aunque es poco lo que ofrece como solución a las graves condiciones de exclusión y subdesarrollo socio económico.

Sin embargo, uno de los fenómenos más complejos que azota a la Perla del Pacífico es su descomunal militarización. En Tumaco hay militares de todos los pelajes repartidos por carreteras, calles, avenidas y barrios populares.

Hay policía, hay Esmad, hay Meteoro, un grupo especial de la Marina, hay policía civil por centenares, hay CTI y hay una amplia red de fichas confidenciales de los aparatos armados.

Esta infernal maquinaria policial y militarista es un azote para la población que es víctima de atropellos y ultrajes antidemocráticos por tales estructuras autoritarias y corruptas.

Con quien se conversa en Tumaco te manifiesta que lo peor de la ciudad es este aparato depredador, foco de violencia y corrupción, pues cada unidad de estas llega pensando en enriquecerse de la noche a la mañana mediante su asociación con las redes mafiosas del narcotráfico que actúan merced a la complicidad de los militares y policías.

Un simple análisis permite inferir que el Estado colombiano invierte multimillonarias sumas en la represión y los aparatos de violencia, cuando lo que la ciudad requiere prioritariamente es mayor inversión social para el empleo, la educación, la salud, los servicios públicos, la movilidad, los ancianos y el cuidado de los recursos ambientales.

El militarismo en Tumaco es la plaga que alimenta el paramilitarismo y la pobreza de miles de personas. Al lado de esta infernal maquinaria militar, como decía Huntington, es natural que se incube y expanda el bandidaje paramilitar.

El desespero crece en la ciudad y desde distintos campos populares se ha planteado la hipótesis de un gran Paro cívico en Tumaco y el Sur del Pacifico, tal como ocurrió recientemente en Buenaventura, para exigir del gobierno nacional, que tanto se jacta con la paz, que atienda y resuelva los problemas centrales de la sociedad, empezando por la desmilitarización de la vida pública e incluyendo la creación de una Parque Científico de Innovación social que aborde de manera efectiva los problemas más graves que afectan a casi 200 mil personas.

Hay que dejar de estigmatizar a Tumaco con el tema de las drogas y el narcotráfico y más bien pensar en sus grandes potenciales democráticos y de paz.

Desde la próxima semana, que empieza el 20 de junio, se iniciaran reuniones en la ciudad de varias organizaciones populares para diseñar  el Pliego de peticiones y planificar la agenda de encuentros y asambleas preparatorias del Paro cívico del sur del Pacifico.

Tumaco, vereda La Variante, 16 de junio 2017.

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HORACIO DUQUE.

Breve semblanza de uno de los h{eroes de la resistencia agraria revolucionaria, hecha por Alberto Martinez. De Arturo Ruiz. Es parte de la Memoria historica de las Farc-EP.

ALBERTO MARTINEZ.

Comandante guerrillero de origen campesino, como muchos otros guerreros farianos.  Nunca le faltó valentía cuando de enfrentar al enemigo se trataba, defensor en todo momento de la disciplina y la línea política – militar de las FARC – EP; aunque no tenía un buen nivel académico, alcanzo una respetable posición jerárquica.

Ingreso a las FARC – EP en 1978, al 1º Frente, en el área del Guayabero, cuando era Comandante Armando Ríos. En la operación Cisne 3, realizada el 20 de Agosto de 1980, contra una patrulla del ejército ubicada en Puerto Crevas, no participó porque estaba dedicado a la siembra de productos agrícolas para el sustento de la organización, se caracterizó por ser un excelente trabajador; en el Operativo del Guayabero, el Secretariado le asigna a esté Frente 1 el área del Guaviare y Vaúpes.

En 1986, al mando de una unidad del 1º Frente, atacó el Puesto de Policía de Mitú, capital del Departamento del Vaúpes, con un número de combatientes que apenas superaba la cantidad del adversario, pues, ni siquiera el 2 a 1.

En 1987 sale del 1º Frente.

En 1989,  es designando para dirigir el 10º Frente, de Arauca; en 1990, regresa al área de La Uribe, Meta, donde participa como comandante en los combates que se sucedieron cuando el ejército oficial ataco el campamento general del Bloque Oriental.

El 9 de enero de 1991, participa como comandante en la Cortina, en el ataque a la Base Militar de Girasoles Meta, anclada en un extremo de la Serranía de la Macarena, combate que logra la victoria.

El 5 de junio de ese mismo año, dirige el asalto del puesto de policía de  Puerto Rico, Meta, donde después de 6 horas de combate es reducido el enemigo. El 19 de ese mes, dirige una emboscada contra la Marina, en el Río Ariari, en el sitio Barranco Colorado, Puerto Rico, Meta, causándole no menos de 40 muertos y un número no determinado de heridos; esta acciones las realiza siendo comandante de la Columna Móvil Estratégica Juan José Rondón.

En agosto de 1992, dirige el asalto al puesto de policía de Caño Jabón, Meta, en 3 horas de combate, el objetivo quedo reducido a escombros.

En 1993, es designado comandante del 43 Frente y dirige la toma  del puesto de policía de San Carlos de Guaroa, Meta.

En 1994, sale para Arauca, al mando del 45 Frente, conforma una unidad Móvil con personal del 10º, 28º , 45º  y 56º Frentes y adelanta una campaña militar donde se toma por asalto los puestos de policía de Carcasi, Capitanejo, Santander; Pore, Nunchía y Hato Corozal, Casanare; y el Cardón en Boyacá. Realizó una emboscada en la Parada de Romero, en las Cumbres del Nevado del Cocuy.

En 1997, se estructura el Bloque Móvil No. 1 y es nombrado Comandante de esta unidad guerrillera, pero una neumonía le sega la vida el 11 de abril de 1998.

Ese día las FARC pierde un hombre que le dio grandes éxitos político – militares, un comandante que sabía aplicar el “Nuevo Modo de Operar” y que a través del combate, desmoralizaba al enemigo; con valentía, coraje y orgullo de combatiente fariano conduce a la Columna Juan José Rondón a hacerse acreedora  de la Orden Marquetalia,  en la 8ª Conferencia de las FARC – EP.

Son varios los mandos que ayudo a formar en el fragor del combate y que hoy están dirigiendo distintas unidades, aplicando las enseñanzas del Camarada Arturo Ruiz.

Arturo nació en Trochas, Santander, muere a los 39 años, curiosamente el día de sus cumple años, su nombre era Alberto Chacón.

PT Pondores, Conejo, Fonseca, La Guajira.

Bloque Martin Caballero.

11 de junio de 2017.

 

HORACIO DUQUE.

El neoparamilitarismo esta en auge, no obstante la negacion santista del Mindefensa Villegas, y es una inminente amenaza a la vida y seguridad de los guerrilleros y las masas campesinas en la actual transicion hacia la paz.

Es mejor prevenir y adelantar sin vacilaciones la organizacion y funcionamiento de la Guardia campesina en todas las Zonas veredales y Puntos Transitorios.

No para la racha de asesinatos de líderes populares, van más de 190, desde fines del año pasado, el 2016. En días recientes fue ultimado un destacado líder afro de Malambo, municipio del Atlántico (ver la airada reacción  de Maria Fernanda Quintero en el siguiente enlace recuperado el 10 de junio del 2017 http://bit.ly/2re73vp ); un guerrillero fue baleado por sicarios en el Doncello, Caquetá; y 5 maestros han sido acribillados para sembrar el terror entre los 400 mil educadores que adelantan una portentosa acción huelguística, sin antecedentes en los recientes años.

El neoparamilitarismo, orquestado, planificado y organizado desde las Brigadas militares y Comandos policiales, con financiación de poderosos oligarcas de todos los pelambres, está en auge nuevamente. Se mueve como pez en el agua en las regiones y territorios aledaños a las Zonas veredales y Puntos transitorios, con la complacencia y beneplácito de los militares, como es el caso de Tumaco, Espriella, Llorente y Junín, para citar uno de tantos.

Entre los guerrilleros de las Farc ubicados en las ZVT y los PT existe gran preocupación y temor por tal situación. Poco o nada ha hecho el gobierno del señor Santos para extirpar los grupos neoparamilitares, por el contrario, el Ministro de Defensa, señor Villegas, ha promovido un aberrante negacionismo que desconoce la realidad de estas bandas criminales y asesinas.

No hay nada seguro en la actual transición hacia la paz y mal harían los miembros de las Farc y sus líderes en cruzarse de brazos esperando la acción de los verdugos de la ultraderecha fascista.

Si bien es cierto en pocos días se dejaran las armas guerrilleras para dar cumplimiento a los acuerdos, no obstante el aberrante incumplimiento del señor Santos y su gobierno, no menos cierto es que se debe ser previsivo y tomar medidas para garantizar la seguridad de los guerrilleros y de las masas agrarias colocadas en condiciones de absoluta indefensión.

Hay regiones en las que los campesinos le ruegan a las Farc que no dejen las armas, que no los vayan a desguarnecer.

Pero ya hay procesos en curso que son de carácter irreversible.

Sin embargo, una de las medidas esenciales en los territorios en los que prioritariamente se construirá la paz, como el de los Pdet (180 municipios), es el de la organización de la Guardia Campesina.

La Guardia Campesina, como en su época la autodefensa agraria (años 50 y 60 del siglo XX), las Columnas de marcha y las rodadas, son un potente instrumento de prevención y control de la violencia paramilitar. Cientos y miles de campesinos deben organizar las Guardia Campesina con sus correspondientes y adecuadas dotaciones de fuerza y manejo controlado de la violencia popular.

La Guardia Campesina es una estructura ordenada de vigilancia e intervención para neutralizar y aplastar los núcleos paramilitares y las bandas criminales montadas para acribillar a los guerrilleros y campesinos. Sus tareas son de vigilancia, de identificación del rastrillo, de ubicación de las concentraciones paramilitares y de captura de los mismos.

Es urgente avanzar en la conformación de las Guardias Campesinas en las 28 Zonas veredales y en los espacios rurales objeto de la Reforma Rural Integral

En las ciudades y centros urbanos los 1200 guerrilleros articulados a la Unidad Nacional de Protección deben hacer lo propio, cuidando y protegiendo los líderes de las Farc colocados en condición de avanzada politica mientras se consolida en varios años la paz gracias a la movilización social y la unidad popular y de izquierda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORACIO DUQUE.

En un gran acontecimiento histórico se ha convertido la prolongada y masiva huelga de los casi 400 mil maestros colombianos que han paralizado actividades para exigir soluciones a las demandas incluidas en su pliego de peticiones.

El señor Santos, dizque Nobel de Paz, y su Ministra de Educacion, han quedado ante el pais como los principales enemigos de la educacion, la ciencia y el desarrollo tecnologico.

Su respuesta ha sido la violencia del Esmad, las retaliaciones salariales y el asesinato de varios lideres docentes.

Apoyamos la potente huelga de los maestros colombianos.

No hay paz sin el derecho a la educacion.

Un acontecimiento es histórico cuando marca una tendencia de transformación en la sociedad y en sus diversos campos que la integran.

La actual huelga de casi 400 mil educadores colombianos para respaldar su pliego de peticiones de aumento de salarios y prestaciones socio económicas; de cambios consistentes en el actual sistema de salud de los docentes, afectado por graves casos de corrupción en el Fondo de Prestaciones sociales del magisterio y la Fiduprevisora, por la bochornosa y delincuencial colusión de altos burócratas del Fomag y ciertos directivos de Fecode (incluidos ex dirigentes  como Jaime Dusan, Avellaneda y los allegados al Senador moirista J. Robledo); y de implementación racional de la Jornada Única en concertación con los maestros, para impedir las absurdas imposiciones de los funcionarios del Ministerio de Educación y las respectivas secretarias departamentales y municipales, sacude con mucha potencia el movimiento social nacional en auge por los paros cívicos y populares de Buenaventura, el Choco, los trabajadores estatales y otros sectores agrarios, indígenas, de cocaleros y afros.

Los maestros colombianos y sus sindicatos están dando un ejemplo de lucha aguerrida y coherente para alcanzar sus objetivos y vencer la indolencia, negligencia y arbitrariedad del señor Santos, de su Ministra y del equipo educativo gubernamental, que luce toda su mediocridad e indolencia en el manejo del justo movimiento de los docentes al servicio del Estado.

Una verdadera vergüenza la posición del nobel de la paz, el señor Santos, en la solución de la difícil problemática que carcome la educación pública de millones de niños y jóvenes.

Ahí está pintado el neoliberalismo de este personaje que dice ser el adalid de la paz.

La respuesta oficial ha sido el bolillo, la represión y el uso generalizado de la violencia por parte del Escuadrón antidisturbios de la policía que se ha cebado en los huelguistas.

Esta huelga de los maestros con casi un mes de actividades nos trae a la memoria las grandiosas movilizaciones de los años 60 cuando los maestros alcanzaron importantes conquistas en los departamentos, obligando a Lleras Restrepo (1968) a negociar y concertar con líderes como Adalberto Carvajal y otros.

Con la posición de Santos se está demostrando que es un enemigo de la educación, que su famoso Plan de desarrollo centrado en la educación es una gran farsa.

Santos es un enemigo de la educación, de la Ciencia y el desarrollo tecnológico.

Recientemente promovió la barbaridad de quitarle casi dos billones de pesos al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías,  para invertirlos en vías terciarias dizque para el post conflicto. Otro gran negociado para los politiqueros santistas que se robaran tales recursos como ha ocurrido con la mermelada puesta al servicio de gamonales y contratistas inescrupulosos. No se le paso por la cabeza a Santos recortar los gastos del sector de defensa, seguridad y contrainsurgencia para canalizarlos en la paz; peor, echo mano de los presupuestos de la ciencia para agudizar nuestro atraso y subdesarrollo.

Apoyamos la lucha de los maestros, la aplaudimos y promovemos.

En la anterior huelga, la del 2014, criticamos las inconsecuencias de los directivos de Fecode que terminaron entregando el pliego de peticiones por unas migajas, como lo hizo el expresidente Luis Grubert Ibarra, una ficha petrista inescrupulosa, que se embolsillo unos cuantos millones de las jornadas deportivas de los maestros, para luego irse como burócrata de las federaciones internacionales de los educadores. Una verdadera peste delincuencial, de las tantas que pululan en las burocracias de Fecode y que serán desplazadas por los nuevos y honestos liderazgos del magisterio como los actuales responsables de la ADE de Bogotá y de Asoinca en el Cauca.

Bien por los educadores que no retroceden frente a las amenazas santistas, la violencia policiaca del Esmad y los grupos paramilitares que ya han acribillado a varios huelguistas en plena implementación de la paz.

¡Que viva el justo paro de los educadores colombianos!

 

 

 

 

 

 

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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