Por Alberto Pinzón Sánchez

“La masacre de Tumaco”, perpetrada este 05.10 2017 por fuerzas combinadas de la Policía antinarcóticos (una división más del ministerio de defensa) y tropas del glorioso Ejército colombiano, es una acción armada contrainsurgente típica.

Larga preparación, enrarecimiento de la situación social, escalamiento progresivo de la presión y la represión militar y paramilitar. Simulación de un combate, bombazos aturdidores, repliegue y atrincheramiento de las tropas y luego, “desde la distancia”, fuego a discreción contra los campesinos manifestantes “con armas largas precisión y balas de alta velocidad” tal como lo confirma el informe forense de Medicina Legal las cuales solo son poseídas, en Colombia, por la llamada Fuerza Pública.

Mientras esto ocurría en un paraje desolado y lejano de la manigua fronteriza del pacifico colombiano con el Ecuador, y, los colombianos estaban pendientes  del desarrollo del partido de futbol entre Colombia y Paraguay; la falsimedia adicta al régimen, pieza fundamental de la maquinaria de Poder Contrainsurgente dominante, todos a una, empezaron a moler la noticia falsa “fake new” de que habían sido “unos hechos muy confusos y oscuros”, cometidos por un “disidente de las Farc” (que resultó ser un narco-paramilitar que protegía la zona). Luego vino el “comunicado oficial”, o mejor el novelón elaborado por la oficina de “Inteligencia” del ministerio de defensa donde se describía la acción:  …..“Las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias 'Guacho' y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las Farc, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”

Para continuar con la estigmatización o como se dice en Colombia con la satanización: …” al parecer, alias ‘Guacho’ ya no solo lleva a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal”…..

Versión que, el presidente Santos tomó casi literalmente y apoyó en su patético discurso donde informó a los colombianos de lo sucedido, ofreciendo 150 millones de pesos por la captura de ya “dos disidentes de las Farc”, y persistió en la estigmatización de la abandonada región, de sus pobladores, y en la justificación de la bárbara acción militar represiva:

 ..”En estas  zonas, afectadas por los cultivos ilícitos, hay bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que están haciendo todo lo posible para que no prospere la política de erradicación forzosa o sustitución voluntaria, y,  NO vamos a permitir que ninguna organización criminal frustre una política que debe ser exitosa de recuperar la legalidad en todo el territorio nacional y de sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos” ….

Pero la verdad, la tan temida y sacrificada verdad de lo acontecido, pronto, gracias a la rápida reacción de la ciudadanía y de las diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la Solución Política del conflicto colombiano, lentamente fue apareciendo, para desvirtuar el discurso contrainsurgente y mentiroso de Santos y el pletórico “empresario” que tiene de ministro de defensa:

Era un eslabón más en la cadena del Plan, que el Bloque de Poder Contrainsurgente dominante en Colombia dirigido por Washington, tiene para reversar el Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado y las Farc y, para adecuarlo o condicionarlo a los intereses geoestratégicos de la “War on Drugs” que Washington tiene para toda la Región Andino-amazónica, en especial Venezuela, gobierno al que el agente imperial antinarcóticos Míster Brownfield, acusa de tener vínculos con el narcotráfico.            

 Con los pretextos dados a la prensa mundial por Míster Brownfield, de que la FARC sigue siendo una organización catalogada por Washington como “narcoterrorista”, razón por la cual NO puede participar de los programas “oficiales” de sustitución de cultivos de coca, y además que, la superficie de sembrados de coca y exportación de cocaína han aumentado en el territorio colombiano; argumentos replicados por el Fiscal Martínez Neira (punta de lanza  política de la oposición contrainsurgente de Vargas Lleras a los Acuerdos de la Habana) quien desde la tribuna política en la que se ha convertido la Fiscalía colombiana agrega que, las Farc, tampoco han entregado ni rutas, ni contactos continentales, ni testaferros, ni todos los bienes, etc.  

Todo esto realizado, después de la reunión entre Santos y sus ministros de defensa y exteriores, con Míster Brownfield y el embajador USA en Bogotá Míster Whitaker, ocurrida hace 7 siete meses, el 08 de marzo de 2017 https://www.efe.com/efe/america/politica/drogas-y-posconflicto-dominan-la-reunion-a-puerta-cerrada-de-colombia-ee-uu/20000035-3201417

 Un poco más tarde , vino la amenaza del presidente USA Míster Trump, el 14 de 09.2017, de la “descertificación del gobierno de Colombia como socio de la guerra contra las drogas”  http://www.chicagotribune.com/hoy/eeuu/ct-hoy-trump-amenaza-con-descertificar-a-colombia-20170914-story.html , lo que precipitó la “acción antinarcóticos en el departamento de Nariño”, o mejor, la Masacre de Tumaco del 05.10.2017 en comento.  

El partido Liberal socio de gobierno de Santos, ha dicho por boca de su nuevo presidente Cesar Gaviria que, el candidato a la presidencia 2018 Vargas Lleras, es el candidato de Santos. Lo cual, viniendo de donde viene se debe dar por sentado, como también es un hecho político que se está perfilando una coalición electoral anti comunista y anti Acuerdos de la Habana, entre el ex vicepresidente de Santos con Uribe Vélez y sus adláteres.

Es decir, que Colombia, superando la llamada por la falsimedia “polarización entre Santos y Uribe Vélez” (y que no es más que una rivalidad o contradicción inter oligárquica) ha entrado en la tendencia política que se está imponiendo en el globo terrestre hacia la “radicalización”, hacia los dos polos del espectro político general que algunos analistas poco informados denominan “populismo”, de derecha o de Izquierda.

Y en efecto es probable que en las elecciones presidenciales del 2018 surja uno de estos dos polos de atracción, sin términos medios:

Uno, el más probable, gana el candidato anti Acuerdos y anticomunista de la gran coalición Vargas Lleras y su apéndice Martínez Neira, con el bloque dirigido por Uribe Vélez.

Dos: gana un candidato surgido de una amplia convergencia de sectores que defienden los Acuerdos de paz (incluso el eventual con el ELN) también muy comprometidos en la lucha contra la corrupción y descomposición del Régimen.

Los sectores vacilantes o intermedios serán arrollados en la votación final que haya.

Así las cosas, en un panorama tan incierto como complejo, y como lo acaba de mostrar la Masacre de Tumaco, el Bloque de Poder Contrainsurgente, ha tomado la decisión tradicional y ampliamente conocida de aplicar la Violencia desde las alturas del Poder, con el fin de asegurar su victoria en el 2018, con lo que espera lograr:

Un presidente que supere la polarización entre Santos y Uribe Vélez y unifique a la oligarquía trasnacionalizada fracturada en su cúpula desde hace años por estos dos rivales. Que además sea un aliado estrecho o socio íntimo de la geopolítica y la geoestrategia de Washington en la Región, es decir que garantice las 7 bases militares USA en Colombia en la solución del problema venezolano.

También, que renegocie completamente o haga trizas los Acuerdos de paz. Y por sobre todo, que garantice la superación de la profunda crisis de podredumbre en la que el gobierno Santos metió a Colombia, pero sin alterar la correlación entre las clases sociales en lucha, al aceptar una Constituyente Popular y Democrática que a estas alturas, YA es inevitable    

Fuente Imagen Internet: Santos convertido en Policía antinarcóticos