Por Horacio Duque.

La implementación de los Acuerdos de paz con la paz y la construcción del postconflicto se encuentra en un momento de franco colapso. No obstante que las Farc ha dado cabal cumplimiento a cada uno de sus compromisos, el gobierno del señor Santos, interesado básicamente en la dejación de las armas por los guerrilleros de la resistencia agraria, objetivo que logró con mucha ventaja y celeridad, según lo expresa el General Aquino, procedente de la Argentina y Jefe de la Misión Militar de la ONU, ha colocado todo su empeño en el sabotaje sistemático y orquestado de cada uno de los componentes de los consensos de paz alcanzados luego de más de seis años de diálogos y concertación en La Habana, Cuba.

Desde la Reforma Rural Integral, pasando por la sustitución de cultivos, incluyendo los derechos sociales, políticos y económicos de los guerrilleros, hasta la Justicia Restaurativa, agregando los derechos de las víctimas, son todas materias que padecen el bloqueo y la zancadilla mortal del Estado y el gobierno. Función principal cumplen en tal cometido, el Fiscal, la putrefacta justicia y la corrupta clase política del Congreso, amén de los aparatos armados y de inteligencia, coro nefasto que socava la paz en su sentido universal.

La paz es una conquista del pueblo colombiano y solo a éste corresponde defenderla y consolidarla. De nada sirve la jeremiada repetida frente a la mentira Santista.

La paz hay que defenderla con la movilización social y de masas. Todo tipo de acción es necesaria, particularmente en los territorios de los Pedets que incluyen 180 municipios de la periferia. El desafío es la organización de los campesinos, de las masas populares para exigir el cumplimiento de los compromisos firmados por el Estado. De nada sirve lamentarse y llorar, como lo hacen algunos.

Este documento que ponemos a consideración de los lectores de Anncol es un material que se propone hacer una reflexión sobre el tema de la Construcción de la paz a partir de la experiencia internacional. Casi todos los procesos de paz que se han adelantado en el mundo para superar las “nuevas guerras” (M. Kaldor), se han visto frustrados por el incumplimiento de las castas dominantes de cada nación y Estado en que se han desarrollado diálogos y negociaciones de paz. La construcción de la paz termina siendo utilizada para prolongar los dominios oligárquicos, para profundizar el neoliberalismo, para reforzar la exclusión y negación de los derechos políticos democráticos de las clases subalternas.

La única manera de trascender esa tragedia y esa frustración es organizando al pueblo y promoviendo su movilización constante.

Es el desafío que se le plantea a una Gran alianza popular y democrática en la que se supere el sectarismo, el militarismo y el dogmatismo de algunos individuos como consecuencia de su ignorancia y matoneo. No puede haber una Gran alianza popular con el bulling, el insulto y la estigmatización a la que recurren ciertos personajes habituados en la amenaza y el insulto, como aquel de tachar de agentes del enemigo e infiltrados a quienes plantean observaciones críticas desde los sistemas de comunicación y las redes sociales.

Que se bajen de ese gallinero los que NO quieren democracia ampliada, modernidad política y lucha de masas.

---------

INDICE.

Introducción.

 El concepto de construcción de paz.

 Los Acuerdos de paz en materia de implementación y verificación.

Conclusiones

Bibliografía.

 Introducción.

Este texto aborda el tema de la construcción de la paz mediante la implementación y verificación de los Acuerdos firmados el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno del presidente Juan Manuela Santos y los delegados de las Farc.

Inicialmente tratamos la cuestión teórica relativa a la Construcción de la paz y después incluimos los avances concretos en materia de implementación, los problemas y dificultades suscitadas.

Sobre la implementación es necesario tener en cuenta que si bien un acuerdo de paz no es un simple acto notarial, tampoco es un texto sagrado intocable. La interpretación e implementación de los acuerdos requiere cierta flexibilidad y cierta reactividad. Si, como se volvió sentido común decir, la paz va más allá de la firma de unos simples acuerdos, uno podría ilustrar lo que es implementar unos acuerdos y construir la paz, de la siguiente manera: los acuerdos de paz son como un guion y la implementación de estos acuerdos es la obra, como afirma Frederic Masse

concepto de construcción de paz.

Inicialmente realizaremos una aproximación  a la evolución del concepto de Construcción de la paz (peace building), que ha pasado de un enfoque centrado principalmente en las situaciones de posguerra, a un concepto más amplio que comprende el conflicto en su conjunto, desde la prevención, hasta la gestión y la rehabilitación.

El concepto de construcción de paz surge en el ámbito académico, concretamente en los estudios de paz.

La configuración del concepto de construcción de la paz ha ido muy ligado a la propia noción de paz y conflicto y al análisis de sus causas.

Hagamos una aproximación inicial al mismo para posteriormente mirar los diversos modelos planteados en el debate académico internacional.

En la década de los sesenta, autores como Johan Galtung, Kenneth and Elsie Boulding (2000) abordaron la construcción de la paz desde una perspectiva centrada en las causas estructurales de los conflictos y en los enfoques de “abajo arriba” (bottom up approaches), que parten del individuo y de sus necesidades en la sociedad.

Otro de los autores que han sido claves en la definición del concepto de construcción de paz, ha sido Jean Paul Lederach quien plantea que:

(..) Un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de actividades y funciones que preceden y siguen los acuerdos formales de paz.

Metafóricamente, la paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o una condición; es un proceso social dinámico y como tal requiere un proceso de construcción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, Coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de acabado, Además de un mantenimiento continúo (Mesa, 2008).

Jean Paul Lederach (1998) plantea que el conflicto pasa por diversas etapas (de la Confrontación por las incompatibilidades, a la negociación y resolución) y que se transforma. En este sentido la construcción de la paz supondría el paso de la confrontación, a la transformación del conflicto en relaciones pacíficas y sostenibles.

Estos enfoques holísticos planteados desde la investigación para la paz marcaron los orígenes del concepto de Construcción de la paz.

Posteriormente ha ido adquiriendo más relevancia un enfoque más operativo centrado en las acciones, programas y políticas específicas necesarias para resolver los conflictos civiles y crear las condiciones necesarias para una paz sostenible (Keating, 2000).

La construcción de paz debe entenderse:

Como un conjunto estructurado de actuaciones en la fase posterior a la violencia generalizada, para evitar el retorno o continuación del conflicto armado. Es decir, se opta por un significado moderadamente amplio y con múltiples actores y campos de actividad, que busca resultados a corto, medio y largo plazo (Grasa et. Al, 2014).

Como una serie amplia de actividades concretas y multidimensionales: todo lo que permita restaurar o instaurar relaciones sociales y políticas entre personas y grupos con el fin de evitar el recurso a la violencia. Ello incluye gestión, prevención, resolución, reconstrucción y reconciliación; es decir, transformación de la situación y entorno que facilita el recurso a la violencia al aparecer conflictos, señalan Grasa et al (2014).

Como una finalidad encaminada a acabar no solo con la violencia directa, sino también con las causas de fondo: la violencia estructural y simbólica.

Como un proceso largo, de no menos de diez o quince años.

Como un protagonismo básico de actores internos, locales, aunque puede existir apoyo externo. Esos actores pueden ser privados y públicos y de diferente naturaleza.

Y como una distinción entre tres grandes dimensiones de la construcción de la paz:

  1. a) Política;
  2. b) Estructural (causas profundas diversas), y
  3. c) Social, orientada a mejorar las relaciones entre personas, comunidades, grupos de interés, una auténtica transformación de la situación de conflicto (Grasa et.al, 2014).

Por todo ello, la construcción de la paz puede entenderse en un sentido estratégico, de largo plazo y largo aliento, algo que coincide con lo que se denomina transformación de los conflictos.

Dicho de forma breve, habida cuenta de que el conflicto, entendido como disputa o antagonismo entre partes (personas o colectividades) que creen tener, respecto de algún tema, incompatibilidades o necesidades enfrentadas, es universalmente inevitable; lo que debe lograrse es interiorizar mecanismos que impidan que el conflicto se maneje mediante conductas violentas.

A largo plazo, pues, construir la paz y transformar los conflictos coinciden.

Se trata de hacer que la probabilidad de que las partes resuelvan sus incompatibilidades de forma violenta sea prácticamente nula.

Siguiendo a J. P. Lederach (1996), supone un valor añadido, puesto que parte de la idea que para entender y abarcar el conflicto necesitamos de tres lentes: uno para la situación inmediata, otro para ver el contexto a través de los patrones de relación entre las partes y el último que nos permita ver la totalidad de la situación en sus diversas dimensiones temporales.

Suelen identificarse cuatro grandes ámbitos de intervención a partir de los cuales se construyen todas las actividades de paz:

  1. a) La seguridad y la gobernanza democrática;
  2. b) La democratización y la participación política;
  3. c) La recuperación socioeconómica, los problemas de desarrollo, y, de no existir, la liberalización económica, y
  4. d) La justicia transicional.

Esos cuatro ámbitos, con los cambios obvios para un país como Colombia, se desarrollan por fases, distinguiéndose tres: una fase de estabilización y diseño (vinculada a los acuerdos de paz), una fase de transición e implementación de las reformas y, finalmente, una fase de consolidación y evaluación. En palabras de Ch. Cramer (2006), se aspira a una triple transición en el país afectado por un conflicto armado: una transición social, que ayude a ir de la guerra y la violencia a la paz y la reconciliación; una transición política, y una transición económica o de modelo desarrollo.

En términos generales se puede asumir la construcción de la paz como un enfoque global que alude a la actuación multidimensional y prolongada en el tiempo de diversas partes, internas e internacionales, tendiente a alterar en un país o zona concreta las actitudes, las conductas y las incompatibilidades.

La modificación de las mismas buscará lograr que la solución de eventuales incompatibilidades entre actores tenga una baja probabilidad de hacerse mediante el recurso a conductas violentas. Ello presupone, por tanto, combinar análisis del conflicto con intervención en el mismo, intervención que puede realizarse a corto (gestión y emergencia), medio (rehabilitación y resolución) y largo plazo (transformación).

Por consiguiente, la construcción de la paz es un concepto que abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales y sus riesgos de devenir la violencia en situaciones de paz estable, justa y duradera (Romeva, 2002).

Se propone establecer programas y actuaciones de rehabilitación posbélica que logren la desmilitarización y reasentamiento de civiles y militares, la reconstrucción, la resolución de las incompatibilidades, la normalización y reinserción del país en la esfera internacional y, por último, la progresiva reconciliación entre las partes y actores implicados en los conflictos previos agrega Romeva (2002).

También fomentar y consolidar la transformación del contexto y del país para reducir casi totalmente la probabilidad de que nuevos conflictos deriven en conductas violentas sistemáticas y persistentes. Dicho fomento y consolidación requiere impulsar formas de buen gobierno, reforzar la cooperación entre las diversas fuerzas civiles, sociales, políticas y económicas, propiciar métodos alternativos y pacíficos de resolución de controversias, y, en definitiva, modificar sustancialmente las relaciones sociales, económicas y políticas (Grasa, 2014).

Desde el punto de vista operativo, y por mayor simplicidad o adecuación a los hechos (responsables o impulsores diferentes en la fase de emergencia y en las de rehabilitación, resolución y transformación), puede usarse el concepto en un sentido restringido, que obvia la fase de emergencia, y se centra en la de rehabilitación y, en un horizonte temporal más largo, la transformación o construcción de la paz.

Los paradigmas que sirven de referencia a la paz con las Farc.

El proceso adelantado con las Farc se ha inspirado en unas referencias teóricas elaboradas sobre la experiencia internacional. Al respecto hay que registrar los esquemas más coherentes y consolidados.

El de mayor trayectoria es el de la “Paz Posbélica” elaborado por Boutros Boutros-Ghali, en 1992, como Secretario General de Naciones Unidas, después del fin de la guerra fría, con la implosión de la Unión Soviética. Posteriormente, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en New York, con fundamento en el Realismo político conservador, se diseña y promueve la “paz liberal” para superar conflictos armados domésticos en diversos países del planeta. Sobre dichos paradigmas, reconociendo los méritos y aciertos de la paz posbélica, se levantaron argumentos críticos desde el marxismo, el post estructuralismo y el pensamiento decolonial, para proponer alternativas. En tal sentido hoy sobresalen propuestas identificadas como la paz consecuencialista, la paz social o emancipatoria que igual se denomina “paz comunal” construida desde los enfoques de lo local (o territorial) y lo cotidiano, una de cuyas manifestaciones complementarias es la paz transformativa; y la paz multicultural (Mateo, 2011).

Vamos a examinar estas teorías antes de aterrizar en el proceso concreto de implementación y verificación de los acuerdos de paz con las Farc; lo que ocurre desde que se conocieron los primeros documentos básicos de los consensos de paz, entre el gobierno de Santos y las Farc, en el segundo semestre del año 2016.

En el debate para la formulación de una estrategia de paz se consolidó un consenso entre varios paradigmas que reflejan los criterios o bien de la paz del vencedor, o la paz constitucional-institucional o la paz civil, que prioriza el protagonismo de la sociedad civil.

Dicho consenso se sustenta en la caracterización de los conflictos armados y los postconflictos como fenómenos postpoliticos.

Tal consenso bien puede englobarse en una paz liberal que sintetiza las ideas del realismo conservador, la ortodoxia clásica liberal y la visión emancipadora-transformadora.

Dicho consenso ha experimentado cambios cronológicos desde el paradigma posbélico, pasando por la paz conservadora de la construcción del Estado y la seguridad como prioridad, hasta arribar a las visiones comunales y emancipatorias.

En tal consenso se perciben dos enfoques de la paz. Uno, el top Down y otro, el bottom – up.

Hagamos una aproximación al modelo de paz posbélica y recojamos las críticas al mismo.

La paz posbélica.

Este paradigma de la construcción de la paz corresponde a la plataforma diseñada en el documento de la “Agenda para la paz” de Boutros Boutros-Ghali formulado en 1992 , que ha servido de referencia en las operaciones de construcción de paz posbélica y  se ha convertido en la forma de intervención internacional más habitual por parte de Naciones Unidas. Documento que marcará el paso de cómo deben abordarse los escenarios postconflicto con el objetivo de mantener una paz permanente.

En este documento introdujo una taxonomía de conceptos y enfoques que desde entonces han sido una referencia clave en este ámbito: la diplomacia preventiva, las operaciones de mantenimiento de la paz (peace-keeping), las operaciones de imposición de la paz (peace-making) y la construcción de la paz (peace-building). La diplomacia preventiva abarca las medidas destinadas a evitar controversias entre dos o más partes, y a impedir que las tensiones existentes devengan en conflictos violentos: las operaciones de mantenimiento de la paz (peace-keeping), que se refieren a la presencia de Naciones Unidas o de otra fuerza militar sobre el terreno, con el consentimiento de las partes interesadas y que normalmente suponen el despliegue de personal militar o policial; las operaciones de imposición de la paz (peace-making), que abarcan todas las acciones para detener las hostilidades y/o lograr que las partes hostiles lleguen a un acuerdo, esencialmente por medios pacíficos como los previstos en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas; y la construcción de la paz (peace-building), un concepto más amplio que abarca todos las anteriores y que se refiere a las acciones para alcanzar una paz estable y duradera, una vez que las hostilidades han terminado. Este informe proporcionó un importante impulso a los argumentos a favor de la adopción de una política global de prevención de conflictos y construcción de la paz por parte de la comunidad internacional.

Boutros-Ghali en su documento definió consolidación de la paz (paceboulding) como:

“los medios destinados a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto” (Boutros-Ghali 1992: prr.21)

Por supuesto que no se trata de un concepto que genere consenso, sino que por el contrario, cada gran corriente de debate en la disciplina de las Relaciones Internacionales tiene su propia interpretación sobre este, lo que da lugar a análisis diferentes, y por ende, a recetas completamente diversas.

Tales operaciones adquirieron un carácter cada vez más multidimensional, al integrar no sólo elementos relacionados con la diplomacia preventiva o el mantenimiento de la paz (Pacekeeping) —como se había caracterizado al período de la Guerra Fría— sino también tareas de asistencia humanitaria, asistencia en procesos electorales, reconstrucción física de infraestructuras, estrategias de buen gobierno, iniciativas de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes (conocidas por sus siglas en inglés DDR) o estrategias para la reforma del sector de la seguridad (policía y ejército principalmente). Estas “operaciones multifuncionales complejas” pretendían no sólo consolidar la paz después de un conflicto bélico, sino también evitar el estallido de nuevos conflictos violentos. (Richmond, 2011).

Los elementos relacionados con la construcción de la paz, tal y como fue concebida por Boutros Ghali incluían el desarme de los actores armados, restaurar el orden, la eliminación de la armas, la repatriación de los refugiados, el apoyo y asesoramiento para la formación de los cuerpos de seguridad, el seguimiento de las elecciones, el desminado y otras formas de desmilitarización, proveer de asistencia técnica, avanzar en los esfuerzos para la protección de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones de gobernanza y promover la participación formal e informal en el proceso político. También incluía proyectos orientados a la creación de un nuevo entorno político, económico, social, seguridad, con los recursos e instrumentos necesarios para resolver las tensiones e incompatibilidades existentes de forma pacífica. En definitiva, Naciones Unidas juega un papel clave en ofrecer instrumentos y en apoyar a aquellos países asolados por la guerra para el establecimiento de las condiciones de una paz sostenible y duradera (Mesa, 2008).

Este Programa de paz se complementó después con otros documentos de la ONU. Son los siguientes:

Suplemento de un Programa de paz (1995).

Los resultados del Grupo de Trabajo Interdepartamental que contienen:

-          Una Agenda para el Desarrollo (1994).

-          Una agenda para la democratización (1996).

-          El Informe del Panel sobre Operaciones de paz de Naciones Unidas (2000), también conocido como Informe Brahimi.

El modelo de Paz posbélica se ha incorporado en el caso colombiano mediante dos Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con las cuales se han organizado dos Misiones políticas para el proceso de implementación del Acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

La Primera Misión Política se organizó mediante la Resolución 2261 de enero del 2016 de Monitoreo y Verificación del Acuerdo sobre el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.

La Segunda Misión Política se conformó mediante la Resolución 2366 de julio del 2017 orientada a la construcción de la paz territorial.

Otras contribuciones posteriores como los de la Comisión Carnegie para la Prevención de conflictos letales, el Informe del Secretario General sobre Prevención de Conflictos (2001), las propuestas de la Unión Europea en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común, así como diversas iniciativas de la sociedad civil han ido ampliando el enfoque de construcción de paz (Mesa, 2008).

Todos estos aportes han ido conformando el marco de la construcción de la paz, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos de medio y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural.

Se sustenta en tres ejes principales:

- la prevención de los conflictos, que implica un análisis de las raíces y causas de la violencia, así como la definición de estrategias para intervenir cuando la escalada de tensión puede devenir en guerra. Esto supone abordar la multicausalidad de los conflictos actuales, que tiene sus raíces en desigualdades socioeconómicas, en la apropiación de recursos, en agravios históricos y étnicos, en factores políticos relacionados con la fragilidad de los Estados, entre otras. Y desarrollar estrategias en el medio y largo plazo que permitan que las tensiones existentes se resuelvan a partir de la diplomacia, la negociación y los mecanismos de alerta temprana.

- la gestión del conflicto que se refiere a todas aquellas iniciativas que se adoptan durante el conflicto armado, como la negociación, la mediación, así como las acciones de diplomacia paralela que pueden contribuir a desactivar la escalada de la violencia, o la protección de los civiles a partir de misiones internacionales.

- la rehabilitación posbélica que implica una serie de medidas en el corto plazo, encaminadas a superar las heridas de la guerra y a reconstruir las infraestructuras y las instituciones que permitan el funcionamiento del país, a impulsar procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) de los ex combatientes. Y medidas de medio y largo plazo que implican abordar las causas que originaron el conflicto armado y sentar las bases sociales, políticas y económicas para lograr una paz sostenible y duradera. En este sentido, la rehabilitación posbélica es también una forma de prevenir los conflictos, y las fronteras que separan la rehabilitación de la prevención son difusas y es necesaria enmarcarlas en el proceso conjunto de la transformación de los conflictos.

Sobre esa base se consolidó un modelo de paz cada vez más estandarizado y homogéneo que comprende los siguientes ejes: i) Seguridad y gobernanza; ii) democratización y participación política; iii) recuperación socioeconómica y liberalización; y iv) justicia transicional (Mateos, 2011).

El afianzamiento de este modelo estandarizado de construcción de paz indicaría la aspiración de la comunidad internacional de favorecer una “triple transición” en el país afectado por un conflicto armado:

  1. a) Una transición social, que permita ir de la guerra y la violencia a la paz y la reconciliación;
  2. b) Una transición política que posibilite avanzar de un gobierno en Estado de guerra o bien de la ausencia de gobierno a un régimen parlamentario y representativo, y
  3. c) Una transición económica que contribuya a pasar de una economía de guerra, inefectiva y centralizada, a una economía de mercado, más transparente y efectiva.

En ese esquema, señala, Mateos (2011) cuando se habla de seguridad y gobernanza en construcción de paz deben siempre contemplarse al menos tres actividades principales:

  1. a) En primer lugar el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes (DDR);
  2. b) En segundo lugar la reforma del sector de seguridad (RSS) que, en un sentido amplio, integraría desde la reforma de la policía y del Ejército hasta la de los Ministerios de defensa o el servicio de inteligencia de un país; y
  3. c) En tercer lugar, la consolidación del imperio de la Ley (Rule of Law), que integra principalmente la reforma del sector justicia y la lucha contra la corrupción.

Puede afirmarse que la construcción de la paz posbélica se convirtió en un ejercicio de “sentido común” aceptado por el conjunto de la comunidad internacional a la hora de afrontar transformaciones en situaciones de post conflicto.

El enfoque crítico.

La paz posbélica ha sido objeto de críticas y análisis enfocados en sus fundamentos meta teóricos; en los consensos y paradigmas de las relaciones internacionales que subyacen en ella, que asumen los conflictos armados como postpoliticos. Igualmente, a su hipotético monolitismo, pues hay en la misma visión diversos elementos como el realismo, el liberalismo, el idealismo, el cosmopolitismo y la teoría critica. Y de la misma manera se cuestiona la naturaleza estática de dicho modelo, pues ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas (Mateos, 2011).

Las contradicciones del concepto.

La amplitud de concepto construcción de paz permite abordar los conflictos armados actuales desde un enfoque holístico que considera un conflicto en su conjunto y por lo tanto la prevención, la gestión y rehabilitación del conflicto forma parte del mismo proceso. Esto resulta muy positivo porque plantea que todas las fases o momentos del conflicto son importantes y que es preciso contar con una visión global del conflicto, independientemente de la dimensión en la que se actúe. Al mismo tiempo plantea algunas dificultades a la hora de operativizar el concepto. Por una parte, por la amplitud del marco de acción y la multiplicidad de actores que intervienen. Algunos de ellos son: Naciones Unidas y los organismos regionales como la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos; las Instituciones Financieras Internacionales, la Unión Europea, los gobiernos, las Fuerzas Armadas, las ONG internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Cada uno de estos actores responden a unos objetivos y fines determinados, no siempre coincidentes entre si, lo que puede plantear serios problemas de coordinación y gestión. Por otra, por la complejidad para diseñar un marco de acción común que sea capaz de integrar a todos los actores, en el ámbito local, nacional e internacional. Pero incluso aunque se lograse técnicamente conciliar los intereses y propuestas de los distintos actores, nos encontraríamos con la falta de voluntad política para actuar en marcos supranacionales que permitiese abordar el conflicto más allá de los intereses nacionales que puedan existir. Y además, esto resulta particularmente complejo en un mundo en el que se carece de marcos de gobernación global para abordar los conflictos de forma holística. Es por esto, que la construcción de la paz es un marco de acción que se irá conformando en función de cómo vaya evolucionando el sistema internacional.

La paz liberal del realismo conservador.

Tras el 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas de New York, ese tipo de operaciones internacionales de la paz Pos bélica mutó sustancialmente. Si bien desde mediados de los noventa el proyecto de paz liberal fundamentaba su implementación en el fortalecimiento de la sociedad civil (enfoque bottom-up), la nueva problematización de los estados frágiles y fallidos dio pie a que estas operaciones centren todos sus esfuerzos en la llamada construcción del estado (statebuilding). Este giro fue refrendado desde el plano teórico con los escritos, en el año 2004, de Francis Fukuyama (State building) y de Roland Paris (2004).

El “consenso liberal-realista” puso un mayor énfasis en la consolidación de las estrategias y operaciones de reforma del sector de la seguridad y en la construcción de instituciones fuertes y viables, mediante un enfoque claramente de arriba a abajo (top-bottom).

La sistematización de este tipo de operaciones ha derivado en lo que algunos autores han denominado como el “consenso de la paz liberal”. Dicho consenso —alcanzado de forma implícita y gradual entre los actores internacionales, pero contando también con el beneplácito de muchos de los actores y élites locales receptores de las operaciones de la construcción de paz posbélica— necesitó de una serie de reformas amplias encaminadas a implantar y consolidar la democracia parlamentaria y la economía de mercado como ejes indiscutibles. El afianzamiento de la seguridad, la liberalización política y el desarrollo económico serían los tres pilares en torno a los cuales las diferentes reformas girarían en dichos contextos.

La paz liberal, ve la construcción de la paz como un esfuerzo “por llevar Estados destruidos por la guerra hacia la conformidad con los estándares internacionales prevalentes de gobierno interno”. Tal y como lo argumenta Richmond (2005), las ideas centrales subyacentes a la paz liberal ― democratización, liberalización económica, desarrollo neoliberal, derechos humanos y estado de derecho― han tenido una influencia creciente sobre la manera en que la construcción de la paz contemporánea es conceptualizada y puesta en práctica. Esto no es muy sorprendente teniendo en cuenta la prevalencia de esas nociones en las democracias industrializadas occidentales (que componen el corazón de la comunidad internacional de hoy en día), la presunción de que en el liberalismo radica mucha de la paz y la prosperidad disfrutadas en Occidente, y el peso de la influencia occidental en los procesos contemporáneos de construcción de la paz. Según esa perspectiva, la construcción de la paz consiste en transformar las políticas destruidas por la guerra en democracias liberales efectivas, en las que el marco democrático liberal es visto no sólo como el patrón oro de buen gobierno, sino también como el fundamento más seguro para una paz sostenible.

Según Richmond (2008), citado por Ramos (2015), el conocido como consenso de la Paz Liberal supuso la amalgama de cuatro grandes corrientes de pensamiento contradictorias y, a la vez, complementarias entre sí, y que Mateos (2011) sintetiza en las siguientes tres: la Paz del Vencedor, muy cercana a la concepción de Paz Negativa, al fundamentarse en la idea de lograr la paz mediante la victoria militar, y, por tanto, mediante el dominio y el control sobre el vencido; la Paz Constitucional-Institucional que descansa sobre la idea de aferrar al Estado a un orden democrático liberal a escala mundial (Heathershaw, 2008) fomentando la democracia representativa, el libre comercio y un conjunto de valores cosmopolitas; y la Paz Civil, que sin desautorizar lo anterior, sitúa el foco en el individuo trascendiendo el enfoque marcadamente estadocéntrico de las anteriores corrientes: la Paz Civil “emanaría de la acción directa y de la defensa de la ciudadanía y su movilización” (Mateos, 2011), relacionando la paz con los derechos individuales, los Derechos Humanos, la atención de las necesidades humanas básicas, y la justicia social (Heathershaw, 2008).

La mencionada amalgama de corrientes de Paz Liberal, terminaría por promover la asimilación de paz con gobernanza (Mateos, 2011); tal como es posible comprobar a partir de los análisis realizados de las conocidas como “Operaciones de Construcción de Paz” alrededor del mundo. Estas iniciativas, orientadas a la democratización y a la liberalización de las economías de los Estados en situación de postconflicto armado, constituyeron procesos de construcción de paz en sintonía con las premisas básicas del pensamiento liberal-internacionalista y de la teoría de la paz democrática (Richmond, 2009; Newman, 2009), según la cual, entre democracias insertas en el mercado global no se producen guerras. Las soluciones promovidas por estas “Operaciones de Paz” se concretaron de acuerdo con un modelo conservador caracterizado por la construcción de paz “desde arriba”, mediante intervención militar y condicionamientos político-económicos (como es el caso de Irak o Afganistán); o bien, de acuerdo con un modelo ortodoxo (como en Timor del Este, Camboya, Mozambique, Angola o El Salvador), centrado en la institucionalización democrática del Estado y su inserción en la economía global de mercado Richmond, (2005) (2006) (2008) Willet (2006), Lilén (2008), Heathershaw (2008), y Newman (2009).

De este modo, la promoción de estructuras e instituciones públicas para la consolidación de la democracia representativa y la inserción de los países en el sistema capitalista global, se convirtieron en la esencia de la Paz Liberal del realismo conservador, dejando por fuera de juego a las críticas que señalaban –y señalan- al sistema liberal político y económico capitalista hegemónico del norte global como parte del problema y no tanto de la solución; y, en consecuencia, como fórmulas no contribuyentes a la conquista de paz de acuerdo con el paradigma de la Paz Positiva en su sentido primigenio: como orden social, político y económico libre de violencias e imbuido en justicia. En este sentido, obsérvese cómo los cuestionamientos a la Paz Liberal de Taylor (2010) se asientan en la tesis de que la Paz Liberal supone la exportación del capitalismo como proyecto de paz a partir de la generación de “sentido común natural” mediante el fomento de un clima intelectual en el que las premisas básicas de la paz liberal no se problematizan, haciendo pasar por natural (o técnico), lo ideológicamente construido (Ibáñez, 1985). O, cómo, las tesis de Hanlon (2004) señalan, que la puesta en práctica de las reformas económicas promovidas desde el enfoque de la Paz Liberal “en lugar de contribuir a la transformación de los principales factores de conflicto (desigualdades, pobreza, corrupción, nepostismo, etc.) están, por el contrario (...), reproduciéndolos” (Mateos, 2011). O, cómo, de manera similar se pronuncia Cooper (2006), al afirmar que mediante el pretendido fortalecimiento institucional se gesta una “gobernanza quimérica” que poco aporta a la hora de “transformar las verdaderas amenazas de las vidas de las personas más vulnerables en este tipo de contextos”. El llamado consenso de la Paz Liberal se desarrolla como una fórmula hegemónica de construcción de paz que pretende situarse a medio camino entre los enfoques de la Paz Negativa y de la Paz Positiva, interviniendo, fundamentalmente, en el ámbito de la seguridad humana -enfoque “restringido” (Pérez de Armiño & Mendia, 2013) del desarrollo socioeconómico de carácter liberal capitalista, y del fomento de la reconciliación social (Smith, 2004), tras el conflicto armado.

La relación que se establece entre las corrientes pertenecientes al consenso de Paz Liberal, la Paz del Vencedor (Richmond, 2008) y la Institucional-Constitucional (Mateos, 2011) con el enfoque de la Paz Negativa, descansa en que ambas plantean el desarrollo de procesos de construcción de paz basados en una lógica Top-Down orientada a la imposición del modelo político, social y económico que es concebido como el arquetipo de la paz: el sistema liberal capitalista. Y lo hacen planteando una estrategia basada en la victoria y la intervención militar la primera, o bien basada en el desarrollo de una negociación profundamente asimétrica la segunda.

Recientemente ha quedado claro que los enfoques liberales de consolidación de la paz alcanzaron una cuarta generación de construcción de paz, claramente articulada a las tres anteriores, en la que la primera podría denominarse “gestión de conflictos”, en los que un conflicto fue meramente suspendido en el limbo (como en el mantenimiento de la paz) con el fin de mantener el estado existente. Los de segunda generación fueron destinados a hacer frente a las necesidades humanas o de construcción de paz desde la base hacia arriba, argumentando que los conflictos pueden ser resueltos. La tercera generación de enfoques intentaron lograr esto último a través de la construcción de un Estado liberal. Y los enfoques de cuarta generación tienen que ver con la emancipación y la justicia social más allá del Estado. Enfoques que se han reafirmado en la soberanía territorial, en epistemologías jerárquicas y en los límites soberanos de la modernización (Richmond, 2008).

La visión liberal de la construcción de la paz insiste en que las normas globales que rodean los principios del buen gobierno existen y deben tener peso. La autodeterminación en contextos de construcción de la paz, en consecuencia, no supone un ámbito de posibilidades ilimitado, sino más bien un derecho ponderado con responsabilidades en el ámbito del respeto y la defensa de las normas internacionales. Después del 11-S, la mayor conciencia de los peligros que los Estados fallidos, inestables o en guerra, suponen para otros Estados en el sistema internacional ha reforzado los argumentos de aquellos que insisten en que una membresía responsable en la sociedad internacional requiere que las políticas domésticas sean organizadas de una manera liberal.

Varios factores se han combinado para impulsar la práctica de la construcción de la paz en una dirección liberal. El primero de ellos es la medida en que el internacionalismo liberal ha emergido como el sentido común contemporáneo de la construcción de la paz. Tal y como argumenta Roland Paris (2004), la noción de “trasplantar modelos occidentales de organización social, política y económica en Estados destruidos por la guerra para controlar el conflicto civil” sigue siendo considerada como obvia por la mayor parte de las agencias internacionales implicadas en construcción de la paz, aunque el historial del paradigma internacionalista liberal en los contextos posbélicos no sea particularmente impresionante. La construcción de la paz a menudo se acaba pareciendo a un ejercicio burocrático que consiste en colocar los pilares básicos del estado democrático liberal. La mayoría de las intervenciones de construcción de la paz siguen una lógica burocrática-institucional de los donantes, que da vida a un campo social en el que las políticas pueden ser impuestas por expertos que se distinguen no por su conocimiento local sino por su comprensión de los imperativos institucionales y de los modelos pseudo-científicos de la sociedad y del cambio social.

Mirar más allá del liberalismo.

Experiencias recientes de construcción estatal y de paz liberales muestran la necesidad de empezar a mirar más allá del liberalismo. Este enfoque ha estado supeditado a la construcción del Estado. Opera en muchos niveles de negación: cultural, estructural, económico y físico. Ésta es una consecuencia no deseada del enfoque de tercera generación de la construcción de paz, lo que representa gran parte de las agendas actuales de construcción de la paz liberal y de construcción del Estado.

Ante el consenso de la paz liberal, ha emergido un cuerpo crítico —cada vez más denso— que ha cuestionado la viabilidad y la legitimidad de este tipo de intervenciones y el metadiscurso que encerraban. Si bien durante la década de los noventa, la mayoría de críticas iban dirigidas hacia la efectividad técnica de las operaciones de paz (lo que se ha denominado como “problem-solving approach”, es decir, mejorar la coordinación, minimizar los daños que la construcción de paz pudiera causar, extraer “lecciones aprendidas”, etc.), en la última década ha proliferado un cuerpo teórico crítico que: a) analiza las contradicciones, tensiones y dilemas de dichas operaciones; b) cuestiona las agendas subyacentes en el consenso liberal-realista; y c) propone nuevos enfoques de construcción de paz (en algunos casos post liberales), mucho más inspirados en las dinámicas locales (Mateo, 2011).

Los estudios críticos de investigación para la paz, agrega Mateo (2011) han demostrado, en el contexto relativamente nuevo de pruebas de situaciones posbélicas, que la paz liberal ha resultado desviada. Así, se ha dirigido hacia los Estados, las élites, los actores internacionales, las cuestiones de seguridad y las instituciones liberales y las normas. Pero lo que es peor, los internacionalistas han culpado a los actores locales y a sus comunidades de esta desviación en una jugada clásica, que recuerda a una esencialista y romántica “mirada colonial”.

Han surgido respuestas complejas y reacciones locales. El individualismo económico ha sido socavado por el comunalismo, las convicciones de la sociedad y las normas locales y tradiciones.

La paz liberal también ha fracasado al negociar con prácticas mucho más arraigadas, normalmente pensadas en términos de la costumbre y el comunalismo, y de la vida cotidiana. Se trata de un giro intelectual típicamente colonial diseñado para distanciar la vida cotidiana de los individuos en contextos postconflicto (y aquellos en contextos de “desarrollo”), de modo que la desigualdad pueda ser efectivamente justificada por la alteridad no-liberal (Richmond, 2011).

Como era de esperar, la tradicional dinámica de la ansiedad colonial y la resistencia local han vuelto a aparecer en la modernidad liberal.

En estas luchas emerge la posibilidad de una paz postliberal en la que las agencias locales de la cotidianeidad, los derechos, las necesidades, las costumbres y el parentesco son reconocidos como “redes de significado” discursivas. Esto podría suponer un reconocimiento más realista de las posibilidades y dinámicas contextuales de las agencias locales de construcción de paz dentro de la construcción de paz internacional, el desarrollo y la arquitectura institucional y de las políticas, señala Mateo (2011).

Lo que indica la experiencia reciente es que un enfoque que prioriza derechos sobre necesidades, una gobernanza distante y de tipo fiduciaria, y un sistema internacional jerárquico en el que el poder material es más importante en que la vida diaria no es viable. Por eso se hace indispensable insistir en el contexto local y la contingencia (Mateo, 2011).

Las resistencias locales a muchas de estas dinámicas han dado lugar a lo que Richmond (20011) ha conceptualizado como una “paz post liberal”: una realidad híbrida, o liberal-local, o local-liberal, en la que la paz liberal logra implementar su agenda, pero a la vez es modificada, secuestrada y capturada sustancialmente por las agencias locales de la cotidianeidad, los derechos, las necesidades, las costumbres y el parentesco. Para Richmond (2011), el futuro de estas operaciones pasa, por lo tanto, por el reconocimiento de esta realidad y la convivencia y renegociación entre lo local y lo liberal.

La crítica más radical de la paz liberal señala que la misma debe considerarse como una nueva forma hegemónica de dominación, que bien puede catalogarse de neocolonial y que entiende la construcción de paz como una forma de dominación por otros medios. No hay duda de que los procesos de construcción de paz liberal son en su esencia proyectos neocoloniales o postcoloniales, al estar fundamentados en la desposesión de la agencia local, la dominación racial y la subyugación (Jabri, 2007). La paz liberal debe ser entendida primero, como un “proyecto de guerra” diferente que tiene en la noción de “humanidad” su principio organizativo y legitimador fundamental y cuyo objetivo es la gestión biopolítica de la población. En este sentido, la paz liberal perseguirá la “gubernamentalizacion” de las sociedades post coloniales, a la vez que se encargaría de despolitizar los conflictos sociales en estas sociedades para convertirlos en asuntos técnicos. Lejos de ser un proyecto emancipador la paz liberal debe ser entendida como un proyecto que refuerza la concepción jerárquica de las subjetividades basado en la primacía del pensamiento liberal europeo en oposición a “otros” cuyos modos de articulación son diferentes (Jabri, 2007).

En síntesis, las discrepancias planteadas se refieren a los resultados, a la viabilidad y consistencia y a las agendas de la paz liberal.

Las alternativas del pensamiento crítico.

Desde el campo crítico se han planteado tres grandes alternativas a la construcción de la paz liberal dentro del debate académico, son las que se denominan como: a) la construcción de la paz consecuencialista; b) la construcción de la paz social o emancipatoria; y c) la construcción de paz multicultural.

Paz comunitaria.

La segunda visión de la construcción de la paz, relacionada con eminentes profesionales de la resolución de conflictos como John Paul Lederach, está asociada a lo que se conoce como construcción de la paz desde abajo. Ken Bush resumió así esta perspectiva, el reto de reconstruir sociedades asoladas por la guerra es nutrir y crear el espacio político, económico y social dentro del cual los actores nativos pueden identificar, desarrollar y emplear los recursos necesarios para construir una sociedad pacífica, justa y próspera (Bush, 1998).

Contrariamente a su contraparte liberal, esta segunda perspectiva es comunitaria en su carácter. Mientras los defensores de la paz liberal defienden la universalidad cuando alegan que las prácticas e instituciones liberales son a la vez apropiadas y deseables en todos los momentos y lugares, los enfoques comunitarios subrayan la importancia de la tradición y del contexto social a la hora de determinar la legitimidad y conveniencia de las visiones particulares del orden político, la justicia o la ética. Más que apoyarse en una plantilla universal, los comunitarios subrayan que toda resolución viable de los problemas de orden y buen gobierno deben “derivar de y resonar en los hábitos y tradiciones de la propia población, que vive en tiempos y lugares específicos”

Los comunitarios de la construcción de la paz defienden, en consecuencia, el derecho de las sociedades a realizar sus propias elecciones, independientemente del grado en el que estas se correspondan con normas internacionales emergentes, que desde esta perspectiva son vistas más como occidentales que como universales.

La paz comunal desde el lugar y lo cotidiano.

El consenso de la paz liberal, como proyecto hegemónico dirigido por un núcleo occidental de estados y organizaciones internacionales, se ha centrado “en una paz soberana organizada en torno a los estados y sus territorios”, relegando a un segundo plano los sectores más marginados, el individuo, la comunidad, el parentesco, la agencia y el contexto local. Al margen de este hecho, Richmond ha sido pionero en plantear las posibles respuestas y reacciones que esto estaba suponiendo en el plano local, huyendo por lo tanto de planteamientos simplistas (Richmond, 2008).

La apropiación local.

Donais reflexiona en torno a uno de los conceptos de mayor relevancia en este terreno durante los últimos años como es el de “apropiación local”. Dicho concepto ha tratado de legitimar las acciones internacionales en contextos ajenos, subrayando el control que los actores locales deberían tener en el diseño e implementación de las reformas de construcción de paz y la importancia de las dinámicas y valores culturales locales en todo este proceso. El planteamiento de Donais es sugerente ya que, al igual que Richmond, huye de análisis maniqueos y excesivamente simples para analizar la importancia de la “apropiación local” como concepto en el que lo local y lo internacional-liberal pueden encontrarse, negociar e intercambiar ideas sobre el futuro del contexto en cuestión. El problema, arguye el autor, es que la “apropiación local” es a día de hoy un concepto esencialmente retórico y vacío, en el que subyacen relaciones asimétricas de poder y en el que la agenda externa se impone claramente a la interna (Donais, 2011).

En palabras de Donais (2011): la construcción de paz, en la práctica, se parece más a un ejercicio conducido externamente de construcción del estado y de ingeniería social. No obstante, más que abogar por un giro radical hacia la apropiación local completa, Donais (2011) propone una comprensión más matizada de cómo las fuerzas políticas, domésticas e internacionales, interactúan en situaciones de posconflicto, y de qué relación entre ambas tiene más posibilidades de conducir a la meta de la paz sostenible (Donais, 2011).

Se debe anotar que las metanarrativas sobre las causas de los conflictos y las metasoluciones, como el proyecto de paz liberal, suelen contemplar la celebración compulsiva de elecciones, que obstaculizan las estrategias locales de resolución de conflictos.

Es cierto que las elecciones posconflicto representan a veces una ruptura con el pasado y conducen a una era política prometedora: las victorias electorales de Mandela en Sudáfrica, Johnson-Sirleaf en Liberia y (más recientemente) Preval en Haití representan triunfos (aunque con reservas) de la conciliación sobre la confrontación. Pero, con igual frecuencia, sin embargo, las elecciones reproducen aquellas mismas divisiones sociopolíticas que la construcción de la paz esperaba superar y confieren legitimidad democrática exactamente a las mismas élites del periodo de guerra, cuyo compromiso con la construcción de la paz puede resultar en el mejor de los casos dudoso (ejemplos destacados son Kosovo, Bosnia y Camboya). Este último conjunto de resultados plantea un reto significativo para las visiones comunitarias de la construcción de la paz (Donais, 2011).

 

Lo que Paris (2004) denominará como la “Institucionalización antes que liberalización” (IBL por sus siglas en inglés) debe ser la nueva pauta a seguir si la construcción de paz liberal quiere tener garantías de éxito y lograr una paz duradera. Más que la complejidad de la fórmula en sí que dicho autor propone, lo destacable en este sentido es el impacto que el IBL adquirirá a partir de entonces en las esferas sobre todo institucionales. La idea de la “construcción del estado”, se ha convertido en un aspecto central en las estrategias de donantes, organismos intergubernamentales e incluso de algunas ONG.

El concepto de apropiación local es la cuestión central alrededor de la cual las  dos perspectivas divergen, dado que ambas proponen concepciones muy diferentes de la relación entre actores internos y externos en los contextos de construcción de la paz. Mientras que los liberales consideran que la apropiación local emerge de un compromiso de los actores locales para apropiarse de una visión ampliamente predeterminada de la construcción de la paz, la perspectiva comunitaria supone una visión mucho más substantiva de la apropiación local, en la que los procesos de construcción de la paz “deben ser designados, gestionados e implementados por los actores locales más que por los actores externos”. Las dos perspectivas chocan invariablemente en contextos de construcción de la paz específicos, donde tanto los actores externos como internos reivindican la autoridad política legítima. De hecho, en ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, a menudo queda abierta la pregunta de cuál de estos dos conjuntos de actores representa mejor los intereses de las sociedades posconflicto. En última instancia, las situaciones posbélicas plantean cuestiones ásperas: sobre los significados y los límites de la autodeterminación del Estado (como algo distinto de la autodeterminación nacional) en las postrimerías de un conflicto violento o del fracaso del estado; sobre los derechos, responsabilidades y expectativas legítimas de los actores externos que intervienen en estas situaciones; y sobre el carácter de la soberanía en estados que están emergiendo de la guerra.

La apropiación de lo local y un giro hacia este plantea como salida hacia adelante una visión de la construcción de paz como intercambio cultural, más allá de la retórica de la modernización.

El término apropiación local es cada vez más central en el vocabulario de la construcción de la paz post conflicto.

Enfatizado por teóricos tanto como por profesionales, la apropiación local se refiere a la medida en que los actores domésticos controlan tanto el diseño como la implementación de los procesos políticos; en los contextos de posconflicto, el término transmite un conocimiento de sentido común, el que cualquier proceso de paz que no sea suscrito por aquellos que deben vivir con él tiene muchas posibilidades de fracasar (Donais,  2011).

Mientras que la premisa básica de la construcción de la paz, como dijo Tschirgi (2004), es que la paz no puede ser impuesta por fuerzas externas, militares o no, sino que debe ser nutrida por estrategias pacientes, flexibles, cuidadosamente calibradas en función del contexto político doméstico, la evidencia empírica sugiere que la construcción de la paz, en la práctica, se parece más a un ejercicio conducido externamente de construcción del Estado como de ingeniería social (Tschirgi, 2004). En otras palabras, la apropiación local de la gobernanza es aceptada en teoría, pero raramente puesta en práctica.

Dos versiones dispares sobre la apropiación local.

Abordar las cuestiones de apropiación local en procesos de construcción de la  paz requiere, en primer lugar y sobre todo, reconocer al menos dos visiones enfrentadas de la construcción de la paz.

En la versión tecnócrata liberal de la construcción de la paz, se ven las perspectivas locales más habitualmente como trabas que se deben superar u obstáculos por evitar que cómo fuentes potenciales de soluciones sostenibles. Asociada con los principios económicos de aquello que ha denominado el neoliberalismo disciplinario, caracterizado por una visión igualmente despolitizada de la reforma económica respaldada por la condicionalidad del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la visión internacionalista liberal deja poco espacio para el desacuerdo, local u otro, en relación con los parámetros básicos de la construcción de la paz.

La patologización de las sociedades postconflicto.

Un segundo obstáculo para la implementación de una noción más comunitaria de la apropiación local es lo que llaman la patologización de las sociedades posconflicto (Hughes y Pupavac, 2005).

Los estados destruidos por la guerra, en el discurso dominante, son tachados de enfermos, traumatizados, disfuncionales, irracionales, o inmaduros, legitimando así un cambio hacia la gobernanza terapéutica, por la que la comunidad internacional se responsabiliza de una comunidad política incapaz de gestionar sus propios asuntos.

Un discurso de patologización que, al representar a las sociedades posconflicto como compuestas de víctimas desafortunadas y victimarios sicóticos, autoriza actitudes paternalistas e intervenciones disciplinarias por parte de los constructores de paz externos. Visto que lo más probable es que la población local sea contemplada por parte de los actores externos desde la conmiseración o desde la sospecha, quedan claras las implicaciones que esto tiene en las cuestiones de apropiación local. Cuando se permite, la apropiación local se despliega bajo la supervisión atenta de extranjeros responsables, que son los que establecen los parámetros de lo que está o no permitido. Como lo apunta Paris (2004), ahí se ven claras resonancias de la “mission civilisatrice” de la era colonial (París, 2004).

En esta narrativa, la población local es típicamente relegada a un papel de receptora agradecida, y la desviación del guion sencillamente refuerza las percepciones externas de que le falta la madurez para ejercer autoridad política real. En este contexto, como remarcó hace unos 20 años, algunos principios del paradigma liberal son vistos como apodícticos: “el no creer en ellos repercute en el no-creyente, no en la creencia (Galtung, 2003).

Un impedimento adicional a la hora de dar un papel más importante a la apropiación local en la construcción de la paz es una cuestión más práctica, que tiene que ver con distintos aspectos relacionados con los plazos necesarios para la construcción de la paz. En primer lugar, los procesos de paz, por su naturaleza a menudo frágil, tienden a ser altamente dependientes de las decisiones tomadas anteriormente, en la medida en que desde el momento de la firma de los acuerdos de paz quedan ya firmemente establecidos algunos elementos clave de la configuración posbélica. Aunque quizás esta sea la etapa más crucial de cualquier proceso de paz, durante la cual se fijan las grandes líneas de los arreglos políticos y económicos, es también la etapa menos propicia para aportaciones locales efectivas.

En la mayoría de los casos, cuando las fuerzas políticas e instituciones tienen una oportunidad de reorganizarse, los parámetros básicos de la resolución posconflicto ya se han establecido y pueden mostrarse extremadamente difíciles de reorientar.

Una dificultad a la hora de enfrentar seriamente las cuestiones de apropiación local, dentro del esfuerzo por la construcción de la paz, es que estas estrategias rara vez producen resultados medibles inmediatamente. Son por definición controladas menos fácilmente por los actores externos y ―como todo proceso democrático― tienden a ser confusas, requieren mucho tiempo y son inherentemente impredecibles.

La apropiación local puede ser aplazada, pero en última instancia, no puede evitarse.

Cuanta más autoría y apropiación del proceso de paz puedan reclamar dichas autoridades, más probabilidades de éxito tendrá la transición.

Sigue siendo fuerte el argumento según el cual, para ser sostenibles, los acuerdos posconflicto deben estar firmemente enraizados en las realidades sociales domésticas.

El papel de las elites locales.

Las élites políticas locales ―ya sean elegidas democráticamente o no― representan el conjunto más obvio y habitualmente más problemático de proprietarios locales. Particularmente en el contexto de un conflicto armado, la manera en que muchas élites adquieren prominencia ―una cuestión reflejada en recientes discusiones sobre gobernanza por los señores de la guerra― plantea interrogantes preocupantes en cuanto a su legitimidad y representatividad cuando se reinstala un semblante de normalidad posbélica.

La criminalización de las élites políticas locales es un rasgo común en los conflictos modernos; esas élites son al menos tan susceptibles de ver el periodo posconflicto como una oportunidad de consolidar las ganancias económicas del periodo de guerra como de verlo como una oportunidad de trabajar para la reconciliación y la paz sostenible.

El giro hacia lo local.

Este proceso no debe dar lugar a otra serie de oposiciones binarias; entre lo cotidiano y lo local, lo internacional/estatal, lo no-liberal y lo liberal. En cambio, lo cotidiano es un espacio donde éstos se encuentran y se negocian, llevando de diferentes formas a la repulsión, la modificación o la aceptación, y a la hibridez. Aquí, las agencias cotidianas ocultas renegocian la paz liberal. Cabe señalar que el concepto de hibridez es tomado por Bhabha (1994), uno de sus principales exponentes, para incluir la forma en la que, incluso en una situación de dominación, el colonizador invoca la hibridez, reproduciendo una relación colonial. Para ver a través de esto, tiene que ser asumido lo que Butler (2002) ha llamado “trabajo de traducción”; de otro modo, cualquier compromiso con lo cotidiano estará sesgado hacia el modelo liberal actualmente predominante.

Uno de los aspectos más interesantes de la «paz postliberal» es que rescata y reúne tanto lo liberal como lo local. No trata de despolitizar lo local o de eliminar la política de lo internacional, sino poner de relieve las cambiantes relaciones entre ellos. Por supuesto, el liberalismo es en realidad una forma de comunidad política tradicional, derivada de la experiencia occidental (es decir, el propio Occidente se apropia de lo «local»). El híbrido liberal-local puede representar una combinación muy negativa de las prácticas políticas (por ejemplo, un institucionalismo liberal rigurosamente determinado y soluciones de desarrollo de mercado con prácticas patriarcales, feudales, comunales o sexistas). Puede ser más positivo, ya que conecta prácticas complementarias relacionadas con la libre determinación y la agencia, la democracia, los derechos humanos y las necesidades, y un Estado de Derecho con redes de apoyo social consuetudinario, y formas tradicionales de gobierno y de orden político. Se puede conectar tanto a las prácticas negativas como positivas (es decir, tanto lo liberal como lo local desarrollan elementos de atracción y rechazo). Aunque el problema que se plantea aquí puede ser que el liberalismo y las formas tradicionales de gobierno sean mutuamente excluyentes.

En cada contexto, esto significa que la democracia y la formación de las instituciones del Estado es, al menos, parcialmente determinada y expresada por las voces locales que expresan toda la gama de temas y procesos cotidianos.

Se trataría entonces de la convivencia y renegociación de las versiones liberales de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el desarrollo y el mercado, todos integrados por parte del Estado moderno con las formas tradicionales de gobierno. Esto incluiría el reconocimiento de la dinámica de lo cotidiano, de las necesidades de las comunidades y los ciudadanos en la subsistencia y la configuración de costumbres, la tradición, la historia y las identidades no-liberales, de derecho consuetudinario, hereditarias e instituciones tribales, las distintas nociones acerca del uso y la apropiación de la tierra y la propiedad, del papel del Estado, del mercado o de la comunidad/colectivo en la prestación de servicios y así sucesivamente.

Con ello no se pretende volver a establecer una yuxtaposición entre lo liberal y lo no liberal, lo moderno y lo tradicional, sino ver cómo el proyecto liberal moderno de construcción de paz se ve modificado por sus súbditos, ya sean liberales y modernos o no. Permite examinar la capacidad oculta de los actores supuestamente débiles y marginales para negociar el supuestamente marco hegemónico de construcción de paz liberal, a través de la resistencia, la cooptación o la aceptación, hacia una forma más resonante y localizada de la política. Estas formas de resistencia denotan agencia local y capacidad, movilización política e institucionalización. Se basan en actores, modelos, dinámicas y experiencias contextuales y no sólo internacionales (léase occidentales), - y liberan a todos.

Una forma postliberal de paz puede incluir la posibilidad de los Estados o de instituciones emergentes que son representativos del deseo de una más equitativa redistribución de la riqueza, de los procesos tradicionales y de las formas no racionales de la política y la sociedad, incluyendo el uso de la tierra y su distribución, los derechos colectivos, así como los derechos individuales. También puede ser indicativo de un deseo por parte de los actores locales de que la construcción de paz internacional desempeñe un papel facilitador más que directivo, permitiendo a la paz postliberal emerger en espacios que los actores internacionales pueden no comprender plenamente debido a su falta de conocimiento contextual. Podría exigir que respondan con mayor urgencia a las carencias materiales que desestabilizan la vida día a día, en lugar de su actual enfoque sobre las élites, la gobernanza, los políticos y una clase de negocios instalados dentro de un Estado formal.

Las instituciones, y potencialmente los Estados, diseñadas de esta forma más sensible por parte de actores locales y facilitadas por agentes externos, contribuirían mejor a dar forma a la participación y los derechos, la democracia y la inclusión, y serían mucho más poderosas que en la actualidad. También podrían escapar con más facilidad a la depredación de las élites y la corrupción, y facilitar la movilización política sin un proyecto de Estado nacionalista o una gran desigualdad creciente como consecuencia no deseada de la intervención internacional, de la construcción del estado, o del desarrollo.

La teoría contextual.

Para implicarse con lo local y lo cotidiano, y reconocer la agencia local, la teoría contextual es necesaria, la cual necesita ser escrita indirectamente, consciente del desfase temporal, de aporías, de catecismos, de alteridad, sensible a los muchos subalternos, sin los cuales la legitimidad no se puede lograr.

Como resultado, la reconstrucción de estos relatos debe comenzar desde el problema de la legitimidad del contexto. Aquí la tarea de la política es descubrir las agencias locales y cotidianas, y hacer a cada una capaz de traducir, participar, reconocer, asistir y negociar, sin volver a los antiguos patrones de comprensión coloniales y racistas.

Lo que significa problematizar la “modernización” de la política que ha socavado la esfera de lo cotidiano a favor de la soberanía territorial y la institucionalidad. Como consecuencia, el espacio de lo local y lo cotidiano y sus actores miembros se ven a menudo como lugares de violencia, pobreza, a-liberalimo y resistencia, a veces a lo largo de líneas fanonianas, en lugar de sitios de política variados y dinámicos por derecho propio desde el que las instituciones pueden emerger. Lo cotidiano es donde la capacidad explicativa formal pierde sus capacidades, y donde enfoques inductivos y críticos ganan adherencia. Es también donde se vuelven más evidentes los conceptos “vagos” y “difusos” asociados con la cotidianeidad por el pensamiento racional. Sin embargo, para el pensador crítico, lo cotidiano es real, claro y nítido y preciso.

En muchos contextos de conflicto o postconflicto, lo cotidiano se ignora porque se percibe como un lugar de alteridad y de resistencia, o peor aún, de apatía. Tal vez como problemático, como sostuvo en otro contexto, los actores locales, las intenciones y los procesos se silencian a sí mismos en interés de mantener su espacio restante (Scott, 1990); o como ha señalado, son simplemente silenciados por el dominio internacional y una aversión liberal a las producciones simbólicas no liberales (Spivak, 1998).

La importancia de la cotidianidad.

De ahí la importancia de la “cotidianidad”, ya que se suele relacionar con la agencia oculta y con la resistencia. Tampoco hay que idealizar la capacidad, resistencia y agencia de lo local. Hay que reconocer, a su vez, que el “momento metropolitano” (es decir, la modernidad occidental) – o la paz liberal – no puede establecer parámetros estándar para la evaluación del tiempo no-occidental (es decir, contexto, costumbres, tradiciones y la diferencia en su entorno cotidiano).

Es lo que ha permitido que la construcción de paz  se piense ubicada en la cotidianidad.

Lo que puede entenderse como una inevitable respuesta postcolonial a las fallas del liberalismo político y a su uso como un patrón universal.

Pero el rechazo del Estado – el hecho de des-centrar el poder – no es suficiente para justificar la ya bien conocida crítica de la paz liberal, sin una comprensión alternativa o modificada de la agencia política que no diluya la capacidad del sujeto político.

Lo que plantea, desde luego, la necesidad de responder a la paradoja de que el Estado, la soberanía y el territorio, así como sus asociaciones con el gran proyecto de orden internacional, han desplazado habitualmente al sujeto a través de la guerra y la securitización, las instituciones y el mercado; y, a menudo, contrarrestaron los logros alcanzados a través de la paz, los derechos humanos, la emancipación y el bienestar.

La cotidianidad es un espacio en el que los individuos y las comunidades locales viven y desarrollan estrategias políticas en su entorno local, hacia el Estado y hacia los modelos internacionales de orden. No es la sociedad civil, a menudo un artificio inducido por Occidente, pero es representativa de lo local-local más profundo. Suele ser transversal y transnacional, y entra en diálogo con las necesidades, los derechos, la tradición, lo individual, lo comunitario, las agencias y la movilización en términos políticos. Sin embargo, esto se oculta a menudo o se considera marginal por parte de las corrientes dominantes. Lo cotidiano implica un reconocimiento de lo cruciales que estas dinámicas son, incluso a los niveles más altos de la política; si bien, por supuesto, no confirma el Estado en su positivismo formal, en la forma territorial.

Es evidente la necesidad de alguna forma de Estado e instituciones que representen los intereses de los sujetos políticos, pero éstos deben incluir más que excluir la vida cotidiana. La cotidianidad se refleja en una serie de literaturas como un lugar de dinámicas, incluida la resistencia y la politización, la solidaridad, la agencia local, lo híbrido y también la pasividad y la despolitización. Esto último se produce al nivel de lo diario a través de los efectos de las positivistas tecnologías de poder problem-solving (resolución de problemas en la perspectiva de la inteligencia artificial).

La resistencia muestra el potencial de lo cotidiano para la repolitización, así como el potencial de las instituciones y de un Estado formado en torno a la cotidianidad.

¿Cuál sería el propósito del Estado y de las instituciones bajo un modo no-soberano, no-territorial, no-institucionalizado y no-securitizado? ¿Podría ser como un proveedor de seguridad humana, a partir de los más marginados, sin recurrir a ningún patrón universal y paternalista de poder, Estado o desigualdades? Esto requeriría que las cuestiones de la paz y el orden fueran abordadas desde lo local, lo cotidiano y desde abajo.

Así, lo cotidiano indica que la paz postliberal no sólo se construirá a nivel mundial (la ambición de internacionalismo liberal y su progenie cosmopolita), sino a nivel local en formas contextuales. Aquí es donde la ciudadanía, los derechos y deberes tienen un significado cotidiano más allá del frío, hueco y liberal Estado y de su paz virtual, y donde la política trasciende el énfasis en la capacidad o poder institucional o de élite.

Las dimensiones teóricas de lo cotidiano en la construcción de la paz.

Una rápida ojeada a los enfoques interdisciplinarios de la construcción de paz es útil para comprender el proceso de realce de lo cotidiano.

Se podrían encontrar muchos ejemplos: “la realidad social cotidiana” de Boege y otros (2008); la difícil cotidianeidad en el contexto de la construcción de paz de Pouligny (2006); las prácticas cotidianas de los trabajadores humanitarios de Smirl (2008); el despliegue de la seguridad humana de Luckham (2009) como un compromiso con las experiencias de inseguridad experimentadas por las poblaciones; las luchas cotidianas en el contexto de la política en Sri Lanka de Spencer (2008); la “resistencia campesina cotidiana” de Scott (1990); el trabajo histórico de Mark Mazower (2001) sobre la cotidianeidad durante y después de la Segunda Guerra Mundial en Grecia; la “democracia de la vida cotidiana” de Melucci (1998) y la colonización contraria de lo cotidiano; los encuentros con el desarrollo de Escobar (1995), en particular, en América del Sur; la aproximación de De Certeau (1984) a lo cotidiano; el trabajo de Foucault (2008) sobre el autocuidado y el autogobierno en el día a día; la teoría feminista en lo cotidiano y en la atención a través de Gilligan (1993) y otros; el trabajo de Habermas (1998) sobre el uso racional de las “prácticas cotidianas de la comunicación”; la comprensión antropológica de Linklater (1998) de las dinámicas de la vida cotidiana para la comunicación universal de las comunidades; el trabajo de Bhabha (1994) sobre la cultura – y, en particular, sobre los encuentros cotidianos en los que la agencia que emerge desafía y modifica la de las élites ; Spivak (1998) sobre los subalternos; el rango de la teoría postcolonial y el trabajo sobre los subalternos o la alteridad; el trabajo de Bleiker (2009) sobre las emociones y la estética; el trabajo sobre la identidad y el indigenismo como el de MacGinty (2008); las referencias de Jabri (2007) a la “seguridad cotidiana”; el ámbito de la cotidianeidad de las Relaciones Internacionales de Sylvester (1994) , donde la “cooperación empática” tiene un gran potencial; y muchas más.

A pesar de esta atención, lo cotidiano se suele considerar como algo banal, algo que se da por sentado, repetitivo y limitado por la biopolítica. Sin embargo, esta perspectiva no es la que concuerda con el contexto local de la construcción de paz, donde la vida, el bienestar, la seguridad humana, la política, la cultura, la identidad y la comunidad están en juego. Si bien existe desacuerdo sobre la rutina y la banalidad de la vida cotidiana, es evidente que, en ambos contextos, occidentales y no occidentales, es un lugar en el que se percibe la agencia subalterna, un lugar de resistencia a la despolitización, de activismo, desesperación y alteridad, tanto de pasividad radical como de actividad, como de pasividad y radicalismo activo.

La discrepancia no es si lo cotidiano es importante, sino en si es uniforme en todo el mundo en su sentido más básico de necesidades y derechos; y si se debe y puede facilitar, guiado y protegido desde arriba, a través de un enfoque a priori basado en los derechos o deberían surgir como resultado de la acción individual y local, y del autogobierno.

Por lo general, la política de lo cotidiano ha sido considerada en yuxtaposición a la política conservadora que preserva las relaciones de fuerza existentes entre clases, grupos sociales económicos y grupos de identidad, o a la política liberal que se centra en las estructuras institucionales de gobierno que preservan los marcos del estado (grandes o pequeños) en beneficio de las comunidades e individuos. En este sentido, se asocian con la solidaridad. Estas posiciones se encuentran también a menudo en consonancia con los intentos de oponerse a metanarrativas que esencializan lo cotidiano, la política y la identidad. Lo cotidiano se suele percibir en el contexto de la resistencia a la institucionalidad y al elitismo que, a los ojos de la sociedad, han perdido el contacto con el contrato social.

Lo cotidiano en De Certeau.

Incluso De Certeau (1984), quizás uno de los pensadores más famosos que desarrollaron este concepto, sostuvo que las prácticas de la vida cotidiana son distintivas, repetitivas e inconscientes. Para De Certeau (1984), las personas inconscientemente navegan a su manera y tratan de crear un espacio para sus propias actividades, teniendo en cuenta las instituciones de poder. Las personas son capaces de adaptarse y apropiarse de las estructuras e instituciones, por lo que empiezan a reflejar su propia vida cotidiana en lugar de los intentos de asimilación estructural. Esta reapropiación a través de lo cotidiano se convierte en una parte crucial de la política e implica dar el paso de sujetos a ciudadanos activos. Las instituciones funcionan de manera estratégica para que las personas respondan con respuestas tácticas. Una estrategia ofrece un orden dominante relativamente inflexible que se manifiesta físicamente y controla importantes recursos materiales. Sin embargo, puesto que el objetivo de una estrategia es mantenerse a sí misma, crea a las personas la necesidad de encontrar la forma de “domesticarlas”. Las instituciones necesitan que las personas sean predecibles, homogéneas y maleables.

De Certeau (1984) también ilustra cómo la estrategia y la táctica (por ejemplo, las instituciones y los individuos) sólo tienen un contacto muy indirecto con los demás. En efecto, el individuo se convierte en marginado y se involucra en la resistencia contra la biopolítica, inconscientemente al principio. Las tácticas individuales en lo cotidiano están libres de las instituciones hegemónicas y, de hecho, son demasiado transitorias como para adquirir incluso etiquetas. Representan una metodología que es, en última instancia, más flexible y capaz de adaptarse más rápidamente a las metodologías centralizadas. De Certeau sostiene que son provisionales, hábiles y pueden tomarse su tiempo. Por lo tanto, son más personales e invisibles a los ojos que están en sintonía con las ortodoxias del Estado y del poder. La táctica en el día a día es una forma difusa de la política que todavía no está institucionalizada, pero es capaz de dar forma, resistir y elegir las instituciones y estrategias – una agencia cotidiana y oculta en el proceso de devenir. Lo que es más significativo de este enfoque es que la agencia se expresa en la oposición a las instituciones que no representan la resistencia cotidiana, lo que denota resistencia y, poco a poco, conciencia de movilización política.

Siguiendo una línea similar, los usos postcoloniales de lo cotidiano se han convertido en algo común. La vida cotidiana está tanto en consonancia con, como en oposición a, y modifica las prácticas coloniales del gobierno. En este terreno, surge una hibridez que refleja los patrones culturales y sociales, las desigualdades materiales y las pautas del poder colonial, disfrazado, eterno y con puntos débiles – como tan elocuentemente ha ilustrado Bhabha. Es un lugar de resistencia, asimilación, adaptación y de agencias ocultas. Es también el lugar donde el poder, a menudo, se experimenta en sus formas más negativas.

Estos enfoques reproducen un “lugar de hibridez” basado en tales críticas y traducciones; lo que lleva a un proceso agónico de negociación a través del disenso, la alteridad y la otredad. La hibridación se produce por el colonialismo, pero es también un signo de resistencia en lugar de una mera imitación (aunque puede ser más mimetismo que resistencia). No se dirige a la reproducción de la “cortesía” en su sentido liberal y heterogéneo; tampoco reproduce una era de oro indígena. Su localidad es compleja y multifacética, centrada en la “lucha por la autoridad política y social en el orden mundial moderno”.

Este movimiento se basa, en parte, en la reconstrucción de las Relaciones Internacionales usando la crítica discursiva del postcolonialismo y la crítica material de la teoría de la dependencia. Si se considera que la soberanía reconstruye el Estado, es una que emerge a través de la democracia desterritorializada, consciente de la cultura y las costumbres, de la alteridad, la liminalidad y del tiempo transcurrido en relación con las teorías basadas en la modernización.

El compromiso con lo cotidiano exige la renuncia de las soberanías absolutas y del mito del Estado territorial que encauza toda la agencia.

Las formas cotidianas de construcción de paz pueden elaborar el concepto de seguridad humana con un enfoque emancipador.

La democracia es crucial en este sentido, pero no necesariamente en la forma institucional condensada por el Estado (y a menudo ha sido considerada como procesalmente drenada de sustancias) o en la forma cosmopolita. Para hacer posible la agencia de lo cotidiano es necesaria “una actitud más amplia hacia la gobernanza, la comunidad política y hacia la vida en general”. Éste podría ser el giro comunicativo que Aradau y Husymans (2009) han señalado recientemente, o en términos de la “democracia por venir”, esbozado por Newman (2007) y Connolly (1991). En otras palabras, la aspiración a la democracia y la libre determinación no puede satisfacerse únicamente por las instituciones del Estado. También debe incorporar lo cotidiano, por lo que puede operar a nivel transnacional, informado por agencias independientes y radicales más allá del mero racionalismo y la soberanía. La democracia alcanza el autogobierno en lo cotidiano, en términos contingentes, en lugar de la institucionalidad y una “tiranía de la mayoría”. Esto es una reminiscencia de la democracia desterritorializada, el respeto agónico y la capacidad de respuesta crítica, especialmente para los más marginados que Connolly ha propuesto, o la democracia agonística de Mouffe (2000), o en menor medida la versión de deliberación de Habermas (1998).

También requiere una concepción de los derechos humanos, un marco para la riqueza, la redistribución o el bienestar social, y un Estado de derecho en un marco constitucional con el fin de garantizar la acción política del individuo en su entorno cotidiano y de la comunidad, no sólo en términos de instituciones formales del Estado. En estos términos, esto representaría un desarrollo postliberal para la democracia y la seguridad humana, a través de su conexión con lo cotidiano, así como sus conexiones con el modelo de la paz liberal. Implícitamente, la democracia tiene que ver también con la agencia y la resistencia en una variedad de formas, lo que implica una tensión con la paz liberal, las tendencias tecnocráticas, institucionales y burocráticas, y el Estado. Esto pone de relieve la tensión dentro de la paz liberal y también, como está ocurriendo en muchos lugares, dentro de los híbridos liberales-locales, en los que están surgiendo la resistencia y las agencias políticas radicales – o quizás más apropiadamente, no occidentales, no desarrollistas. Como afirma Melucci, los movimientos sociales y la agencia no surgen sólo por oposición a la hegemonía ideológica o al poder del Estado, sino también como una expresión de las relaciones cognitivas, afectivas y creativas entre las personas, que se trasladan luego a la acción social, y pueden tomar la forma de resistencia.

Las prácticas cotidianas dan sentido a la vida y a la comunidad, y constituyen la base de la paz, antes que las instituciones, a pesar de que sería útil que las instituciones posteriores así lo reflejaran.

El terreno de la cotidianeidad y las formas cotidianas de construcción de paz indican que la resistencia, explícita u oculta y marginal, puede ser la forma de ímpetu más significativa de las agencias; que la resistencia a las narrativas dominantes del Estado, a las prácticas culturales locales o de élite, a los proyectos internacionales, a las inconsistencias económicas, sociales o políticos, o a las deficiencias en los derechos o necesidades son especialmente significativas para la agencia.

La construcción de paz como resistencia.

La construcción de paz como resistencia aparece, al menos desde el nivel local, para ofrecer la vía principal a través de la cual dar forma al entorno político emergente, aunque esto se basa en la capacidad de resistir la superioridad técnica abrumadora y modificarla de manera marginal, o para imitarla. Esto ocurre a través de una serie de estrategias y tácticas minuciosas, individuales y autónomas, de las formas cotidianas de resistencia a través de las cuales la agencia local puede expresarse a pesar de la autoridad abrumadora. Se trata de una resistencia a las exigencias principales de la construcción de paz liberal y la construcción estatal, a sus celebraciones del pluralismo-como-liberalismo, sus derechos reclamados para juzgar y manipular los recursos materiales, su legitimidad universal, su subyacente celebración del individualismo y la deferencia hacia el mercado, sus reclamos de que la agencia (en este caso el sentido de auto-ayuda) está siempre presente, incluso para los más marginados, y su validación de las identidades nacionales, la soberanía, los derechos y la justicia en las formas anteriores. Puede tratar de llegar a ser «moderna» o ser «liberal» pero de manera muy contundente o de maneras sutilmente modificadas, en lugar de limitarse a rechazar totalmente el modelo de la paz liberal e idealizar la resistencia local o la autoridad internacional.

Las formas locales de construcción de paz se están reconstituyendo a sí mismas como resistencia a la significación relativamente vacía de doctrinas como la “Responsabilidad de Proteger” o el «No hacer daño», así como la construcción de paz liberal en sí misma, y su asunción sobre la creación del Estado liberal. La resistencia a nivel local ofrece un lugar en el que una nueva paz empieza a imaginarse en términos contextuales y cotidianos.

Por lo tanto, la construcción de paz como resistencia puede conducir a la emancipación, así como a formas de política más discutibles; debe, por tanto, encontrarse un equilibrio. Esto puede verse de dos maneras: o bien la construcción de paz como resistencia revitaliza el contrato social liberal y aporta sustancia a estos Estados externamente construidos, o favorece un encuentro más proactivo entre la paz liberal y sus otros, en el que el peso hegemónico del proyecto de paz liberal es finalmente contraordenado.

Sin embargo, implicar lo local en la construcción de paz requiere un compromiso con las cosmovisiones locales, lo que bien puede llevar a resistencias a la modernidad, a la modernización, al poder estatal centralizado, a las soberanías fuera de las comunidades limitadas, a las normas e instituciones liberales, al mercado, y a las concepciones de los derechos sobre las necesidades.

La construcción de paz como resistencia puede dar prioridad a la libre determinación, a la comunidad, a la agencia, a la autonomía, a veces a la democracia y a un sentido de nación, y a veces a la materialidad de los Estados liberales.

La construcción de paz tiene que negociar estos terrenos, reconocer la diferencia, apoyar la agencia, permitir la autonomía y mantenerse alejado del Estado o de la ingeniería social. Por supuesto, los constructores del Estado argumentarán que éste es necesario para albergar estas dinámicas y promover el orden regional.

Campos de resistencia.

Los programas de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) o de Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) se apropian de las armas y las concentran en manos de los ejércitos. La mercantilización elimina el proteccionismo dando lugar a la competencia y medios de vida muy difíciles en el sistema de mercado para los nuevos participantes postconflicto. La democratización centra la política en el sistema de partidos y en sus agendas generales y a menudo nacionalista.

Los derechos humanos suplantan las necesidades humanas. El imperio de la ley respalda todo esto, protege la propiedad privada y puede afianzar incluso las desigualdades socioeconómicas y un sistema de clases.

El apoyo internacional, los créditos, las subvenciones, el asesoramiento, las empresas, las fuerzas de paz, las agencias y las ONG deben compensar supuestamente la eliminación de la agencia en estas áreas y centrarse en el empoderamiento de la sociedad civil, los ciudadanos y el estado para operar dentro de sus límites.

Este juego de manos es lo que hace que lo cotidiano sea tan importante, y es lo que lleva a la paradoja de la sociedad civil y las formas localizadas de construcción de paz, de convertirse en plataformas para una resistencia profunda, local-local, algo marginales, y para el desarrollo de una agonía entre lo liberal y lo local.

Por lo menos, tener en cuenta lo cotidiano en la praxis de la construcción de paz, exige que en lugar de tener una política dirigida e impulsada por la élite, desde el exterior y dirigida por los donantes, que sean “conducidas por el contexto”.

Así, podría darse la repolitización y la habilitación de una agencia relativamente autónoma necesaria para la democracia, los derechos, las necesidades, la justicia y la cultura, y la identidad. Los enfoques dirigidos por el contexto requieren una respuesta empática entre «liberales» y «locales» en sus mutuas y separadas normas, intereses y vidas. Es necesario un análisis detallado y etnográfico de la comprensión de sus respectivas posiciones y contextos, no sólo securitizado o institucional o estadístico, o basado en la tendencia.

De hecho, esto significa que hay alternativas y modificaciones significativas a la agenda liberal que ya están intelectualmente disponibles y que son empíricamente observables.

La construcción de paz como resistencia representa una mezcla compleja de la hegemonía internacional, la resistencia local, la mímica, las agencias y la subversión. Más allá de la gubernamentalidad y del biopoder/política, más allá de las nociones esencializadas de la cultura y la identidad, se encuentran una serie de procesos híbridos, la a menudo modificación marginal de la praxis hegemónica, hasta ahora agencias locales ocultas. Lo cotidiano captura estas dinámicas y espacios donde una nueva política puede surgir más allá de la paz liberal. La infrapolítica de la construcción de paz y el híbrido local-liberal resultante hace que un espacio postliberal de paz sea ya una realidad. En cada contexto pueden ser diferentes y en cada uno debe negociar las contradicciones que surgen en la relación habitualmente desagradable entre la comprensión internacional de la paz liberal, las instituciones y el Estado liberal, y los procesos locales de la política. Con mayor investigación contextual, la implementación de metodologías diseñadas para facilitar y fortalecer lo local y lo cotidiano, es muy posible que la paz postliberal pueda reconocer más plenamente organismos y capacidades comunes y diferentes. Podría hacerlo sin hacer apología de las Relaciones Internacionales o de las limitaciones de los actores internacionales o locales, como punto de partida para una forma de emancipación de la paz que hasta ahora ha surgido.

La infrapolítica de la construcción de paz protege a los débiles y a lo escondido hasta cierto punto. El siguiente paso sería asegurar una mejor comprensión de estos acontecimientos para que no se limiten a cosificar los problemáticos marcos políticos de la modernidad, locales e internacionales, que están remodelándose. La reinvención de las Relaciones Internacionales y de la construcción de paz implica un cambio de las prescripciones internacionales a la resistencia local, a la liberación y así a la emancipación. Como subrayara Fanon, se requiere una conciencia crítica «libre del colonialismo y prevenida de toda tentativa de mistificación, vacunada contra todos los himnos nacionales”.

La paz transformativa.

Además de los paradigmas abordados en esta reflexión se han planteado otro esquema de construcción de paz que se perfila como paz transformativa que es la paz desde la sociopráxica.

Entender la paz, tal como se hace desde el enfoque de la Paz Positiva, como una realidad absoluta –plena, perfecta, integral- que existe, únicamente, cuando se produce la ausencia de los tres tipos de violencia conceptuados por Galtung (1985), y a la par se manifiestan activamente las tres dimensiones de la paz (Directa, Estructural y Cultural), condujo a autores como Francisco Muñoz (2001) a considerar que este planteamiento constituía una loable pero utópica propuesta de imposible realización práctica. Según este autor, la rigidez de la conceptualización de la Paz Positiva terminaba por ignorar las múltiples experiencias pacíficas que eran producidas, recurrentemente, en todo ámbito y escala de interacción humana, pese a la presencia tangible de violencias.

Para Muñoz (2001), la paz no es una realidad absoluta, sino imperfecta; un proceso vivo y activo que se encuentra relacionado con las acciones de los seres humanos, sus decisiones y preferencias. Así́, se entiende que la paz o la violencia emergen porque son los seres humanos quienes eligen unas vías frente a otras y determinan con sus acciones y omisiones la existencia de más paz o más violencia (Muñoz, 2004). Este razonamiento permitió al autor conceptuar la paz como una realidad social dotada de contenido propio que no necesitaba ser considerada en relación antitética a las violencias Directas, Estructurales ni Culturales: la paz y las violencias coexisten al ser los seres humanos quienes las potencian (Muñoz, 2004).

El giro epistemológico iniciado con la Paz Imperfecta (Muñoz, 2001) fue aprovechado para proponer una conceptualización de paz de acuerdo con la perspectiva sociopráxica (Montañés y Ramos, 2012).

La Paz Transformadora (y Participativa) “permite desarrollar conceptualmente el vínculo establecido entre paz, convivencia y necesidades humanas, posibilitando superar el distanciamiento habitual entre la teoría de la paz y el conflicto, y la práctica de la paz y el conflicto” (Ramos, 2015). Al respecto, cabe advertir que este distanciamiento, evidenciado en la recurrente práctica de prescindir de los principales protagonistas de la paz a la hora de diseñar procesos e investigaciones de paz, tiene una razón epistemológica de ser: la consideración de los seres humanos como meros objetos, sujetados a los influjos de fuerzas exteriores que determinan su existencia (Ramos, 2013).

Comprender que, por el contrario, somos los seres humanos –sistemas abiertos (Bertalanffy, 1978), práxicos, autopoiéticos (Maturana & Varela, 1990), reflexivos (Montañés, 2006) y no triviales (Foerster, 1991)- quienes infiriendo sentido a los estímulos que recepcionamos del medio los que construimos realidades y actuamos en función de nuestras necesidades cristalizando modelos convivenciales, supone romper con el estructuralismo dominante de la perspectiva de la Paz Positiva (Ramos, 2013), y sentar las bases epistemológicas teóricas y metodológicas de la paz desde un paradigma complejo: “al reconocer la existencia de realidades externas al sujeto y su influencia en la construcción de las realidades individuales y grupales, negando, a su vez, que estas realidades externas sean objetivas y determinen los comportamientos humanos” (Ramos, 2013); desde la perspectiva de la Paz Transformadora (y Participativa) es posible reconocer la paz como proceso sociopráxico y no como resultado tal cual se plantea desde la Paz Negativa. Tampoco como orden social subordinado a la presencia, o no, de violencias –entendidas éstas como factores externos al sujeto- como se plantea desde la Paz Positiva; ni tampoco como proceso en el cual los seres humanos sujetados a su cultura de pertenencia eligen entre diferentes opciones dadas -violentas o pacíficas-, como si de entidades externas sustantivas se trataran, tal como se plantea desde el enfoque de la Paz Imperfecta (Ramos, 2015). Mucho menos aún, reduciendo la paz a la existencia de determinados mecanismos institucionales de gestión de los conflictos, como se sostiene desde el consenso de la Paz Liberal.

La Paz Transformadora (y Participativa) se concibe como el proceso mediante el cual los seres humanos cristalizamos, transductivamente, modelos convivenciales basados en la producción y reproducción de satisfactores sinérgicos en todo ámbito y escala de interacción humana; modelos de Vida Digna para todos y todas, o sinérgico-pacíficos de acuerdo con la siguiente clasificación (Ramos, 2015):

    Modelo Convivencial Violador: articulado a partir de la producción, reproducción e imposición de satisfactores violadores, que no sólo aniquilan la posibilidad de dar cobertura a la necesidad que buscan atender, sino que, además, imposibilitan la cobertura de otras necesidades y las de otros.

    Modelo Convivencial Pseudosatisfactor: articulado a partir de la construcción, reproducción y/o imposición de pseudosatisfactores que alimentan la falsa sensación de estar dando cobertura a una determinada necesidad.

    Modelo Convivencial Inhibidor: articulado a partir de satisfactores inhibidores mediante los cuales se da cobertura a una necesidad concreta, dificultando la cobertura de otras necesidades, propias y de otros.

    Modelo Convivencial Singular: articulado a partir de la atención de una única necesidad, sin tener en cuenta el resto de necesidades y las necesidades de los demás.

    Modelo Convivencial Sinérgico - Pacífico: articulado a partir de la construcción y reproducción de satisfactores sinérgicos que propician la atención de una necesidad siendo capaces, a su vez, de contribuir a la atención de otras necesidades, y de las necesidades de los demás.

Dado que la emergencia de unos u otros modelos convivenciales se produce a partir de la acción relacional entre seres humanos es posible afirmar que desde esta perspectiva es preciso ocuparse participativa e implicativamente de la paz como objeto de estudio y acción, al ser la paz -tanto como el conflicto-, un constructo social en permanente transformación condicionado por las acciones y valoraciones que los seres humanos desarrollamos. Nótese que no se entiende la paz –ni tampoco el conflicto- como una realidad externa sustantiva (absoluta o relativa), sino como una realidad interna práxicamente construida, transformada y cristalizada socialmente en los procesos de compatibilización de realidades: “al actuar para atender unas u otras necesidades, de uno u otro modo, con unas u otras personas, en unos u otros espacios, construimos internamente, proyectamos, compatibilizamos y cristalizamos realidades sociales pacíficas, confl conflictivas y violentas, condicionados por las redes, culturas, necesidades y realidades sociales –que también construimos práxicamente” (Ramos, 2015). Por ello, al considerarse el ser humano como el práxico constructor de la realidad social -y no como mero objeto, ni tampoco como sujeto plena o parcialmente determinado por unas u otras realidades externas y preexistentes que trata, como buenamente puede, de entenderlas-, es posible afirmar que se torna imprescindible contar, integralmente, con los protagonistas de la paz, las violencias y los conflictos -los seres humanos, todos y todas-para construir paz y transformar conflictos.

En este sentido, se afirma que para desarrollar procesos de paz desde la perspectiva de la Paz Transformadora es necesario contar con los seres humanos como sujetos de estudio y acción, y no como objetos del estudio o beneficiarios de la acción por otros diseñada: ¿Cómo, si no, definir qué acciones implementar para abordar qué problemáticas, atender qué necesidades y de qué modo? (Ramos, 2016). En efecto, proceder de acuerdo con los paradigmas clásicos de investigación e intervención para la paz, basados en la configuración de un diagnóstico que no cuenta sino el cuento del técnico, y no las segundas reflexiones de los seres humanos que dan sentido a la realidad vivida (Montañés, 2006), dificulta garantizar que las propuestas de acción planteadas sean efectivas a la hora de atender las necesidades de la población (o transformar éstas). Ello es, precisamente, lo que sucede con no pocos programas de paz diseñados desde grandes despachos u “hoteles de élite” (Top- Down) (Lederach, 1997), esencialmente inspirados en las corrientes dominantes de la Paz Liberal (y, también, desde el paradigma de la Paz Positiva, al no reconocer éste la naturaleza práxica del ser humano): difícilmente las acciones proyectadas por unos serán capaces de responder a las necesidades de otros, si estos otros no son incluidos en las labores de análisis y configuración de un Autodiagnóstico que dé cuenta de cuáles y cómo son las necesidades, y cuáles y cómo son las realidades consideradas problemáticas o conflictivas, así como cuáles deben ser las acciones a implementar, cuándo, cómo, dónde y con quién (Ramos, 2016). Para ello, es imprescindible la participación de los seres humanos en plena dimensión.

La conceptualización de paz en clave de Paz Positiva “Perfecta” abre la posibilidad de realizar cambios en el sistema político, económico y social del país; si quienes los alientan logran propiciarlos mediante la puesta en marcha de estrategias y mecanismos capaces de generar múltiples escenarios articulados a un proceso de construcción de paz más amplio, aunque éste no sea reconocido institucionalmente. Sin embargo, para propiciar este proceso amplio de construcción de paz es necesario sumar un actor fundamental como sujeto protagónico: la ciudadanía de base, especialmente, el movimiento popular que articula las diferentes expresiones de los pueblos castigados por los impactos de la guerra. Y para ello, es necesario considerar el paradigma epistemológico de la Paz Transformadora (Montañés & Ramos, 2012), y su estrategia de Construcción Participada de Convivencias Pacíficas (Ramos, 2013; 2015) mediante la que se facilita el diseño e impulso de procesos de construcción de paz en los que la población de base se erige como sujeto protagónico –y no como mero objeto- de estudio y de acción.

El enfoque de la Paz Transformadora, al reconocer la naturaleza práxica del ser humano, permite ir más allá del enfoque de la Paz Positiva a la hora de concebir metodológicamente procesos participativos capaces de propiciar mecanismos para la construcción colectiva del conocimiento y propuestas de actuación que trasciendan las estrategias y escenarios concebidos hasta la fecha.

El interrogante que plantea quiénes deben ser los protagonistas de este amplio proceso, así como de qué modo debe propiciarse su participación es posible responderlo desde un paradigma que sustituye la lógica de la negociación entre representantes plenipotenciarios de necesidades e intereses contrapuestos, por la lógica de la construcción colectiva entre seres humanos y grupos sociales con necesidades e intereses que es posible atenderlos no sólo de modo inhibidor o violentador, sino también de manera sinérgica (Max-Neeff, Elizalde, & Hopenhayn, 1986).

Pasar de poner el foco –y los recursos humanos y económicos existentes- en los resultados de un proceso de negociación restringido a los actores de la guerra y a los temas acordados -paz como resultado-, a poner el foco en un proceso de construcción colectiva -paz como proceso integral participativo-, implica el compromiso por el impulso de múltiples iniciativas y escenarios locales, regionales y nacionales articulados entre sí, que trasciendan la esencia de la negociación: el tira y afloja entre posturas determinado por la correlación de fuerzas existente entre las partes.

Para ello, es necesario contemplar el enfoque de la Paz Transformadora y su estrategia de Construcción Participada de Convivencias Pacíficas (Ramos, 2013; 2015).

Consideraciones metodológicas para el diseño de procesos locales y regionales de construcción de paz, transformadores y participativos.

El método de la Construcción Participada de Convivencias Pacíficas (Ramos, 2013; 2015) apuesta por un modelo de transformación del conflicto y construcción de paz desde una lógica de proceder abductiva (Montañés, 2006) y haciendo uso de una estrategia dialógica de acción-reflexión-acción participativa (Villasante, 2006) permita:

Impulsar la cristalización de modelos convivenciales de atención sinérgica y recursiva de las necesidades del conjunto de la población (modelos de Buen Vivir), en todo ámbito y escala de interacción humana. Para ello, plantea el desarrollo coordinado y simultáneo de tres Líneas Estratégicas: Construcción e impulso de modelos sociales, políticos y económicos de atención sinérgica de las necesidades.

Regulación y transformación de crisis, controversias, problemáticas y conflictos en y entre redes.

Educación para la Paz Transformadora.

Este método recoge las propuestas metodológicas de investigación participativa realizadas por Fals Borda y Brandaö (1987), Manuel Montañés (2006), y de Villasante (2006), así como numerosas de las apuestas metodológicas concebidas desde el paradigma de la investigación y la acción para la paz en clave de Paz Positiva e Imperfecta –método Trascend (Galtung, 2006), marco Conceptual Integrado (Lederach, 1997), mediaciones para la Paz (Muñoz, 2004)-, el método de lucha No violenta gandhiana (Sharp y Finkelstein, 1973), o la práxis liberadora de los procesos de concientización freirianos (Freire, 1971), debidamente adaptados a un proceso participativo que se desarrolla, cual espiral expansiva, y que permite, tras recorrer las cinco fases que lo componen, reiniciar su desarrollo en un segundo punto de partida. La construcción permanente de nuevos escenarios, nuevas realidades, nuevas preguntas y nuevas respuestas que fomenta el proceso metodológico propuesto, se ajusta a los principios de la “lógica compleja, dialógica, hologramática y recursiva” (Morin, 1995: 106); puesto que, además de flexible y adaptado a las particularidades concretas, se concibe como un proceso abierto, en construcción, diseñado para que la población participante influya tanto en las temáticas a analizar como en los objetivos a construir, en la reflexión sobre las problemáticas y en la definición de la acción socio-comunitaria para la expansión recursiva de modelos convivenciales pacífico-sinérgicos.

Veamos ahora los aspectos puntuales establecidos en el Acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc firmado el pasado 24 de noviembre del 2016.

    Los Acuerdos de paz en materia de implementación y verificación.

A partir de los consensos concretos en dicha materia que se refieren  a los principios, mecanismos, prioridades normativas e institucionales, papel de la Mesa étnica, derechos de la mujer y verificación internacional de la implementación, el objetivo es presentar los avances concretos de los acuerdos en su implementación legislativa, institucional y en el proceso de dejación de las armas y la incorporación de las Farc como partido político según sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Desde luego planteamos unas consideraciones analíticas respecto de las dificultades, retrasos y aciertos de la implementación.

En ese sentido Valencia (2017) al hacer un balance de los primeros 100 días de la implementación de los acuerdos observa  que el balance  es dulce, muy dulce, en puntos esenciales como el respeto de la fuerza pública y la guerrilla al cese bilateral y definitivo de las hostilidades; la concentración de las Farc y el inicio del desarme; la disminución ostensible de las confrontaciones bélicas, los homicidios, los secuestros y los desplazamientos forzados; también por los mensajes de reconciliación que empiezan a florecer en todo el país.

Pero es agrio, muy agrio, por el incumplimiento del gobierno en la adecuación oportuna de las zonas veredales de transición y normalización; la creciente ocupación de los territorios donde operaban las Farc por otras fuerzas ilegales y la persistencia de los cultivos ilícitos en esos lugares; el asesinato de 29 líderes sociales ligados a la paz y la ocurrencia de 116 amenazas; los ires y venires que se presentaron en la salida de los menores de edad de las filas guerrilleras; las disidencias o deserciones que se han presentado en algunas zonas; la lentitud y las controversias con las que el gobierno y el Congreso están tramitando las leyes y decretos que pondrán en marcha el pacto suscrito en el Teatro Colón; la solapada estrategia del uribismo contra los acuerdos; y la indiferencia de una parte de la sociedad ante la terminación de una dolorosa guerra que duró 52 años.

El acontecimiento mayor de estos 100 días afirma Valencia, ha sido el compromiso de la fuerza pública y de las Farc con el cese bilateral y definitivo de las hostilidades y el respeto y la protección al proceso de concentración de la guerrilla. El país le debe un homenaje a esta actitud. Solo se ha presentado un confuso incidente en el sur de Bolívar donde murieron dos miembros de las Farc. No ha sido lo habitual en Colombia. Acá las muertes y las agresiones entre las fuerzas combatientes han sido numerosas en anteriores procesos de paz. Es lo que ha ocurrido también en las treguas y en las transiciones en otros países, en los últimos años.

El lunar, el espantoso lunar, del inicio de la paz, ha sido el asesinato de 29 líderes sociales después de la firma del acuerdo. Era una racha que venía de atrás, en 2016 la cifra ascendió a 93. Aquí sí no hay diferencia con el pasado. Esta agresión se parece demasiado a la que sufrió la Unión Patriótica. En un acto de cobardía las elites locales asociadas con grupos ilegales, muchas veces con la complicidad de agentes del Estado, amenazan y atacan a civiles indefensos que reclaman sus derechos o se destacan en labores políticas y sociales, personas asociadas a los esfuerzos de paz. La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. Así fue antes y así es ahora. La respuesta del gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, repite una y otra vez que no hay nada sistemático, que son casos aislados y un día dice que son líos personales de los asesinados y otro día dice que es la guerrilla del ELN.

Nunca esperamos que la implementación de los acuerdos funcionara como un relojito, plantea Valencia, pero la forma como arrancó el proceso es lamentable. Al corte de los 100 días, ninguna de las zonas veredales estaba plenamente adecuada y en la mayoría solo se registran algunos avances. La definición de las zonas se había hecho en junio de 2015, pero la designación del gerente se hizo en diciembre y la contratación de cinco empresas –sin las calificaciones mínimas para emprender la tarea- encargadas de la adecuación y los suministros se hizo en enero. Es una improvisación e irresponsabilidad inexplicable del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, encargado del asunto.

Tampoco se esperaba una elaboración y un trámite fácil de las leyes. Pero el atraso es alarmante. De un universo de 27 leyes requeridas mediante el procedimiento rápido solo se han presentado 8 y se han aprobado 3. Ninguna de ellas sobre el punto agrario y la reforma política tan importantes en el tratado suscrito. Así terminaron las sesiones extraordinarias del Congreso. Ahora vienen las ordinarias donde la agenda se complicará con las iniciativas propias de los parlamentarios y la sentencia de la Corte Constitucional que anulo parte del Fast Track.

Entre tanto el uribismo afila sus cuchillos para echar atrás el acuerdo en 2018. Mueve a retirados de las Fuerzas Militares y empresarios contra puntos vitales del acuerdo como la justicia especial para la paz y las transformaciones agrarias. Juega doble en el Congreso participando en los debates y retirándose a la hora de las votaciones, señala Valencia en su valoración de la implementación de los acuerdos de paz.

Los principios para la implementación y verificación de los Acuerdos de Paz.

Veamos los principios rectores del proceso de la implementación de la paz.

 Los principios que sirven de referencia a la implementación y verificación del proceso de paz acogidos en el Acuerdo final son: enfoque de derechos humanos; respeto a la igualdad y no discriminación; enfoque de género; respeto a libertad de cultos; integración territorial e inclusión social; fortalecimiento y articulación institucional; profundización de la democracia y construir sobre lo construido; eficacia, eficiencia e idoneidad; priorización; transparencia, control social y lucha contra la corrupción; y principios democráticos

Mecanismos para la implementación y verificación de los Acuerdos de paz.

Respecto de la infraestructura institucional para ejecutar los acuerdos de paz en el Acuerdo de paz se determinó crear las siguientes entidades.

La CSIVI.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Mediante el Decreto 1995 de diciembre del 2016C se creó dicha Comisión. Por parte de las Farc, estarán Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez, y por el Gobierno, el comisionado Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.

Consejo de Reincorporación.

Mediante el Decreto 2027 del 7 de diciembre del 2016 se creó el Consejo de Reincorporación. De este organismo hacen parte cuatro integrantes: la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del Gobierno Nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros de este grupo a la vida civil, así como verificar que se cumpla lo pactado en los acuerdos de La Habana.

Mecanismo de Monitoreo y verificación del Cese bilateral del fuego.

El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del Acuerdo sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, pactado con las Farc, estará conformado por el Gobierno de Colombia, por las Farc y un componente internacional de la Comisión de Verificación. Estará a cargo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo integrarán observadores de países miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Comisión Nacional de Garantías y de Seguridad para las Farc.

Dicha Comisión fue creada mediante el Decreto 154 del 3 de febrero del 2017. Esta Comisión está integrada por los ministros del Interior, de Defensa, y de Justicia, así como por el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los comandantes de la Fuerza Pública, dos representantes del movimiento político de las Farc y dos voceros de organizaciones sociales.

Misión nacional electoral.

Esta Misión fue creada como parte de los Acuerdos de paz para que se encargara de proponer una reforma electoral para la paz. Mediante la Resolución 065 de enero del 2017, del Ministerio del Interior se designaron sus integrantes y se le confirieron sus funciones.

Fueron expedidos los decretos para la organización de las Zonas Veredales y los puntos transitorios.

Otro decreto designo 1200 integrantes de las Farc como funcionarios de la Unidad Nacional de Protección para realizar tareas de protección y seguridad.

Recientemente se han hecho acuerdos para avanzar en la implementación de los acuerdos en materia de sustitución de cultivos de coca.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Respecto de la elaboración ya probación del Plan Marco de la paz, el ministro para el post conflicto, Doctor Rafael pardo ha indicado lo siguiente.

Antes de que termine marzo (2017), el Gobierno deberá presentar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, en el que quedará consignado cómo se ejecutará el acuerdo en los próximos quince años.

Ese plan marco define qué se hace —son 88 líneas de proyectos hasta ahora identificadas—, dónde se hace —en qué municipios—, cuándo se hace y cuánto vale.

Antes de este extenso plan de trabajo se han venido implementado dos iniciativas: un plan de cien días enfocado en 51 municipios, donde hay zonas veredales y donde están los sitios con más cultivos ilícitos en el país; y la Estrategia de Respuesta Rápida.

Esta estrategia no tiene una focalización precisa, hay temas que no son exclusivamente de los municipios. Se están haciendo ferias de trámites; sistemas locales de justicia; reparaciones colectivas. Se han focalizado reparaciones individuales en estos municipios por parte de las Farc; el programa de Manos a la Paz; el fortalecimiento de juntas de acción comunal; tres programas del Ministerio de Agricultura; y se están haciendo 67 pilotos de catastro.

El programa de los cien días vincula a varias entidades del Estado las cuales deben estar funcionando desde mediados del próximo mes de abril.

Este programa tiene cerca de 700 proyectos, en donde 51 de ellos –que toca 51 municipios-, tiene que ver con la construcción de 50 kilómetros de vías.

A 21 municipios deben llegar entre una o seis acciones de posconflicto y a 20 municipios deben llegar entre 31 y 53 intervenciones. Lo que se suma a los planes de largo aliento.

“¿Cuáles son las que cubren todo el país?, dos ejemplos: en todas las zonas rurales del país hayan sido de conflicto o no, va a haber un programa de catastro multipropósito. Es decir, un sistema en el cual se determina el plan de la propiedad y la finca con el título de la propiedad”, dice.

En este momento para ese programa hay identificados 4 millones de predios, tardaría 6 años y vale 3,6 billones de pesos. El otro ejemplo de programas que cubrirán todo el país es la cobertura que se quiere alcanzar en seguridad social para todos los productores campesinos independiente si están en áreas que fueron de conflicto o no.

A eso se suma el trabajo que se hará para que llegue el mínimo vital institucional en varios municipios en donde se harán intervenciones de distintas índoles, la aplicación de los Programas de Desarrollo Territorial, PDT, en 16 municipios que serán los mismo que tendrán circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, y el mejoramiento de vivienda que se hará en todas las zonas donde hay zonas veredales transitorias.

Hay que registrar que el Plan Marco de la paz tiene unos antecedentes en la gestión del gobierno respecto de las previsiones para alcanzar la paz.

Me refiero al Conpes 3850 que trata del Fondo Colombia en Paz (ver http://bit.ly/1rToGfM ) y al Conpes 3867 que traza una estrategia de preparación institucional para la paz y el post conflicto (ver http://bit.ly/2s8CJi4 ).

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, debe tramitarse y aprobarse en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes.

Normas expedidas.

Respecto de las normas de paz expedidas, hay algo así como unas 38 normas ya aprobadas, entre Actos legislativos, leyes y decretos leyes del presidente de la Republica.

Un balance general de la implementación normativa nos arroja los siguientes resultados.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobada una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Otro acto legislativo que está en trámite es el que aprueba la reincorporación política de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

Si se hace un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema de Seguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

El Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo del 2017. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tiene el Congreso para el trámite de los siete proyectos de ley propuestos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Csive, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

Plan cuatrienal de la paz.

Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz prevista en el Acto Legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

Papel de los departamentos y municipios.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno, se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

Paz y Regalías petroleras y mineras.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados para los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Los recursos de regalías serán una fuente más de las diferentes fuentes para la implementación del Acuerdo en los territorios, para que estos proyectos fortalezcan el desarrollo de sus municipios y departamentos.

Los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

Los empresarios y la paz.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos:

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil.

Paz y cooperación internacional.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregarán a los fondos dispuestos por el Gobierno para esos fines.

La paz y los derechos de los niños.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

Paz y sociedad civil.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

Paz y tecnología de la información.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

Paz sin corrupción.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento. Se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos. Sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

Paz y rendición de cuentas.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas. Se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos.

Paz y Veedurías ciudadanas.

Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. En concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.

Herramientas de las nuevas tecnologías de información. Asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.

Paz y denuncia ciudadana.

Mecanismo especial para la denuncia ciudadana. En el marco de lo acordado se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.

Fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control. Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

Implementación prioritaria.

Para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) los siguientes temas:

Respecto a las zonas priorizadas para los PDET y planes de acción inmediata: Definir de acuerdo con los criterios establecidos las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas el Gobierno, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el acuerdo.

Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los Planes Nacionales en todo el territorio nacional. En aquellos municipios no priorizados por ahora para la implementación de los PDET donde se establezcan Zonas Veredales Transitorias para la Normalización y Puntos Transitorios de Normalización se implementará un plan de acción inmediata que coordine y ejecute acciones y proyectos para reactivar social y económicamente esos territorios. De manera coordinada con las autoridades locales, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias y la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. Excepcionalmente, y sujeto a la disponibilidad de recursos, en el marco de la CSIVI se podrán proponer otros municipios o comunidades con población vulnerable que cumplan los criterios del acuerdo para la implementación de estos planes de acción inmediata:

Definición de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas.

Delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas especiales acordadas.

Cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final.

Creación del mecanismo de Monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Creación del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuito previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en la Ley de Amnistía. Convocatoria de una Conferencia internacional para reflexionar sobre la política de lucha contra las drogas.

Instalación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección e Implementación del Protocolo de Seguridad y Protección y de las normas que regulan la protección de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo, que será puesta en marcha 15 días después de la firma del Acuerdo Final.

Elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.

La verificación internacional de José Mujica y Felipe González.

Para los efectos de garantizar la efectiva implementación y verificación de los acuerdos de paz el Gobierno y las FARC-EP, acordaron la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que a su vez, es parte del mecanismo de implementación de los acuerdos y tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación.

Las Farc han sugerido al expresidente Mujica de Uruguay, el gobierno de Santos designó al ex presidente español Felipe González.

Misión política de verificación de las Naciones Unidas.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva. Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario. El Gobierno Nacional enviará una comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, solicitando el apoyo requerido para los fines de este acuerdo.

Los contenidos de los textos a verificar de los acuerdos son los siguientes:

Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses. Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Reincorporación política b. Garantías para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política. c. Reincorporación económica y social.

Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Los contenidos del Acuerdo que deberán ser verificados especialmente son: a. Medidas de protección, seguridad personal y colectiva. b. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial para los integrantes de las FARC-EP y sus familias. c. Los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. d. La Misión deberá ser de carácter político y estar compuesta por personal desarmado y con experiencias en Derechos Humanos.

Calidades del verificador.

El verificador, entendido para efectos de este acuerdo, como todo participante que integre el mecanismo, deberá comprometerse con la confidencialidad de todo el proceso de la implementación de los acuerdos, estará fuera de la controversia y opinión pública respetando los criterios y orientaciones que para el proceso de comunicación determine el mecanismo, y en todo caso, propenderá por encontrar soluciones que puedan contribuir al mejoramiento continuo en la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz.

El Gobierno de la República de Colombia renovará el actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU derechos humanos) por un periodo de 3 años que podrá ser renovable. Así mismo, solicitará que dentro del informe que anualmente presenta su oficina sobre Colombia, incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos.

Temporalidad del componente internacional de verificación.

La CSIVI previa evaluación de la conveniencia y necesidades de verificación, recomendará al señor presidente de la República la finalización de su funcionamiento.

Componente de acompañamiento internacional.

El acompañamiento internacional incluido en el Punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entenderá como el apoyo directo o indirecto de las organizaciones, países y agencias definidas para tal fin, a través de recursos materiales y/o humanos, al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del presente Acuerdo. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna, y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional en los términos como se define en este Acuerdo, tendrá interlocución con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, y apoyará a la Secretaría Técnica del mecanismo de verificación con la información que solicite. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional.

Criterios generales.

Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales:

Soberanía: el acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito, la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos.

Imparcialidad: se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos, y los valores democráticos, como garantía para que la implementación de los mismos, contribuya a la construcción de la paz.

Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos: el apoyo del acompañamiento internacional radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos, para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Acompañamiento internacional.

Las FARC-EP y el Gobierno Nacional han acordado que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales, a la implementación de los acuerdos, en cada uno de los puntos del acuerdo general para el fin del conflicto:

A efectos de garantizar la mayor eficacia del componente de acompañamiento internacional a la implementación de los acuerdos, se determinan las siguientes líneas de acción:

Las actividades de acompañamiento internacional atenderán los criterios y requerimientos que establezca la CSIVI.

Para el cumplimiento de las actividades específicas de acompañamiento primará la especialización temática y la plena articulación de los acompañantes mediante el establecimiento de una instancia de integración que atenderá los criterios de la CSIVI.

Cada componente temático elaborará informes periódicos que serán compartidos a la CSIVI, todo ello sin perjuicio de los informes que las distintas organizaciones o entidades, rindan a sus órganos correspondientes. Los informes producidos por los componentes temáticos de acompañamiento alimentarán de manera sistemática al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que el Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado como uno de los componentes de apoyo técnico para desarrollar el modelo de evaluación y seguimiento de la CSIVI.

El Acuerdo de paz invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente internacional de acompañamiento a contribuir con la financiación de los aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos. En el tema de Reincorporación, se solicita a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) apoyar el proceso de reincorporación a la vida civil. Igualmente se solicitará al Gobierno de Alemania que forme parte de los países acompañantes que apoyarán los temas referidos.

Implementación y verificación de los Acuerdos de paz y Medios de comunicación.

Los Acuerdos de paz con las Farc tienen previsto u sistema de comunicaciones para difundir la verdad y beneficios de la terminación de la guerra.

La construcción de la paz mediante la implementación y verificación de los Acuerdos de paz incorpora un componente de comunicaciones orientado a construir la verdad y los consensos necesarios entre la sociedad y los sectores agrarios y populares.

Es así como el texto del documento dado a conocer el 24 de noviembre del 2016 establece las siguientes orientaciones sobre el manejo de los medios de comunicación y de las redes sociales con el fin de afianzar la paz.

Con el fin de hacer pedagogía sobre los contenidos del Acuerdo Final y dar a conocer los avances en su implementación, se adoptaron las siguientes herramientas de comunicación y divulgación:

Emisoras para la convivencia y la reconciliación: Se organizaran 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la potencia que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final defina de óptimo alcance para la emisión de señal y que serán asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, con el objetivo de hacer pedagogía de los contenidos e informar sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final. Durante 2 años, el “Comité de Comunicaciones Conjunto”, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil, definirá, de común acuerdo, los contenidos de pedagogía y su producción. Las emisoras podrán funcionar 24 horas al día. A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la definición de los puntos geográficos, quedarán instaladas y entrarán en funcionamiento la totalidad de las emisoras. Después de los dos primeros años de funcionamiento, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC administrará estas emisoras por cuatro años más en los que la programación se asignará, bajo los principios que rigen la radio de interés público, de la siguiente manera: un tercio para las organizaciones de víctimas en esos territorios, un tercio para ECOMÚN y un tercio para organizaciones comunitarias de esos territorios, con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz. La asignación de las franjas horarias a los tres sectores se hará de forma equitativa.

Durante los dos primeros años, Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC definirá una ruta de capacitación técnica de hasta 60 personas de los tres sectores, en forma equitativa, 20 cupos por sector, como operadores y productores de radio de estas emisoras, con el fin de que puedan multiplicar el conocimiento.

Luego de los seis años de funcionamiento de las emisoras, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC, a partir del concepto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), podrá prorrogar las licencias de interés público clase “C” hasta por cuatro años más, en las mismas condiciones en que venían funcionando.

Redes sociales.

A partir de la experiencia de la página de la Mesa de Conversaciones, el Comité de Comunicaciones Conjunto diseñará una estrategia de difusión con nuevas herramientas a través de las redes sociales sobre la implementación de los Acuerdos.

Espacio en televisión institucional.

Con el fin de promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de la paz, el Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP en tránsito a la vida civil en coordinación con RTVC y la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, contará durante dos años en el Canal Institucional con un espacio de hora y media semanal y una repetición del contenido completo de ese espacio en la misma semana, para hacer pedagogía de los acuerdos e informar sobre los avances de la implementación. El Gobierno Nacional garantizará que el horario de emisión del programa sea el óptimo de acuerdo a la audiencia y al propósito de la información a divulgar. Mientras culmine el proceso de dejación de las armas, las FARC -EP en tránsito a la vida civil, designarán dos representantes para que participen en los consejos de redacción que presidirá el Gobierno en el marco del Comité. El programa se emitirá a partir de que la ANTV garantice un porcentaje de la financiación de su producción y emisión, de conformidad con lo previsto en la reglamentación vigente expedida por la ANTV para la programación habitual de interés público del Canal Institucional. Los dos años de vigencia se contarán a partir de la primera emisión del programa. Todo lo anterior, sin perjuicio de otras actividades que con ese propósito realicen cada uno por separado.

El financiamiento del Comité de Comunicaciones Conjunto será asumido por Gobierno Nacional.

Urge implementar cada una de estas medidas para poder contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación promovida por la ultraderecha fascista.

Pueblos indígenas y construcción de la paz.

El Acuerdo de paz fijo unos criterios especiales respecto de la implementación y verificación con los pueblos indígenas.

Sobre la problemática indígena, afirma R. Prada (2012): para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas. Esta herencia maldita la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

Pero ello no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

La implementación y materialización de los acuerdos de paz constituye un proyecto que debe comprometer todo el conjunto que define la sociedad civil democrática y popular de la nación colombiana.

Las comunidades indígenas, la población precolombina, que se acerca al millón 300 mil personas, organizadas en más de 120 familias, han sufrido los fenómenos de la violencia y vulneración de los derechos humanos, el desplazamiento, la masacre y despojo de sus tierras y bienes ancestrales, circunstancia que los ha transformado en un sujeto protagónico de las luchas por la paz y la reconciliación.

Precisamente la violencia de larga duración, la instalada desde la conquista y el dominio colonial del capitalismo central, está en la génesis del actual ciclo de violencia que se quiere superar con los acuerdos de paz alcanzados.

Los consensos previstos para poner fin a la guerra, por supuesto, suman decisiones sobre los derechos de los indígenas. Es muy probable que no sean bastante radicales, pero tienen mucho valor como punto de referencia del despliegue de la conciencia, identidad y potencia emancipadora de las masas indígenas. Lo cierto es que la violencia y el atropello contra los indígenas ha sido de tales proporciones que su recuperación e incidencia debe darse en un trayecto histórico de mediana duración, tal como viene ocurriendo desde la Constituyente de 1991.

Recojamos en esta nota los elementos principales consignados en el Nuevo Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colon, referidos a las demandas colectivas de los pueblos indígenas colombianos.

De igual manera, abordemos una reflexión sobre las tareas que quedan pendientes, sobre las dimensiones de mayor envergadura de la civilización indígena que deben ser asumidos con todo el rigor y la responsabilidad social para no caer en ilusiones y falacias que desconocen la tremenda influencia del dominio colonial en la destrucción violenta de las sociedades aborígenes. Me valga de algunas consideraciones de Prada Alcorcea al respecto, las cuales considero pertinentes.

El fondo del problema señala Prada, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas.

Lo alcanzado por la paz en materia de derechos de los indígenas y su implementación.

En el Nuevo Acuerdo de paz se consigna que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.

Se considera que los pueblos étnicos deben tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, por lo cual es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

En tal sentido se adoptan unos Principios.

Principios.

En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, se incluyen los principios contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial -CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios: a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y /o tradicionalmente.

Salvaguardas y garantías.

Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final del Conflicto de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales. Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.

En materia de Reforma Rural Integral.

En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas. Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras.

Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de explotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos.

En materia de participación.

Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa. Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz - CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios.

En materia de Garantías de Seguridad.

Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona.

En materia de solución del problema de drogas ilícitas.

Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello.

En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrán en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.

El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas.

Casos especiales.

Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia; los del Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare; el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta; así como en el municipio de Tumaco, río Chagüí y el del Pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca.

Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak; el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral; así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.

En materia de víctimas del conflicto.

El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes.

En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda.

En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.

Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto.

En materia de Implementación y Verificación.

Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.

Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.

El enfoque crítico.

Sobre la problemática de los pueblos indígenas y su articulación a la construcción de la paz, señala Prada: “la matriz del ciclo largo del conflicto y de las estructuras de larga duración no es ni el pleito geográfico político entre las regiones, ni el conflicto iniciado por liberales y conservadores, en el caso colombiano, sino la conquista colonial, la colonización y la colonialidad instituida por el Virreinato de Nueva Granada (Ver el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2hxI8x1 ).

“La hipótesis interpretativa, que él propone, es que la guerra permanenteo la genealogía de la guerra en Colombia, arranca con la guerra de conquista. Desde entonces, desde esta violencia inicial, instauradora de la cartografía y la institucionalidad colonial, se plantan las raíces, para decirlo metafóricamente, de la guerra permanente colombiana.

“Ciertamente, agrega, lo mismo podemos decir del resto de los virreinatos y capitanías coloniales en el continente; que se convirtieron en repúblicas, después de las guerras de independencia. Sin embargo, la singularidad colombiana consiste en que la guerra iniciada con la conquista no se transmuta en la filigrana de la paz institucionalizada, como ocurre con el resto de las repúblicas criollas, sino que preserva el carácter beligerante de las formas descarnadas de la guerra.

“¿Cuál, se pregunta, la interpretación de esta singularidad histórica y política? Podemos decir, por lo menos, algunas consideraciones hipotéticas; una, que se mantiene un equilibrio en la correlación de fuerzas, en coyunturas y periodos. Lo que desata constantemente la guerra, en sus distintas formas de presentarse. Otra, que las fuerzas organizadas y convocadas ideológicamente, no renuncian a sus iniciales proyectos de dominación; en el caso liberal, de hegemonía. En tercer lugar, que, en el caso colombiano, se arrincona y se acalla, tempranamente, la guerra anticolonial indígena, aunque sea parcialmente. Lo que no ocurre en el caso ecuatoriano, peruano y boliviano.

“No desaparece la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas: sin embargo, es arrinconada o exiliada a las sombras, suplantada por el pleito de las regiones y elocuentemente por la guerra entre liberales y conservadores.

“El fondo del problema, afirma, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas.

“Este es, observa, uno de los handy caps del Acuerdo de Paz. No ha considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente; la conquista, la colonización y la colonialidad. La única manera de hacerlo es reconocer plenamente los derechos colectivos y territoriales y de autogobierno de las naciones y pueblos indígenas.

“Se especula mucho, sigue, sin reflexionar, sobre la minoridad de las poblaciones indígenas, en comparación con el conjunto de la población colombiana, considerada mestiza. Lo que se olvida, en estas apresuradas descripciones, es que no se trata de la cuantificación del problema de la crisis de legitimidad, sino de la cualidad histórica inscrita en las estructuras institucionales del Estado-nación. Por otra parte, en eso de definir y englobar al grueso de la población en la categoría general de mestizos, no se cuestiona el supuesto insostenible del que parte; el suponer una homogeneidad de lo mestizo, incluso, matizando, la continuidad de lo mestizo. En primer lugar, lo mestizo supone la mezcla, la hibridación y la simbiosis;  esto implica, por lo menos, visibilizar la gama de singularidades mestizas, que suponen el trasfondo indígena, incluso en el caso de los “criollos blancos”; quienes al nacer en el nuevo continente, eran considerados indianos. Categoría administrativa, no del todo equivocada, pues los indianos nacían en otra tierra, en otra atmosfera, en otro cielo y en otro barroco cultural.

“Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas.

“Esta herencia maldita, sostiene, la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

“Lo que expusimos, en forma de hipótesis interpretativas, no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización”.

La Justicia Especial de Paz. Jep.

Mediante el Acto Legislativo 01 del 2017 se creó la Justicia Especial de paz que es parte integral del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición .

Los decretos 587 , 588  y 589  mediante los cuales se crean la Comisión de la Verdad, la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión que escogerá los Magistrados del Tribunal de paz fueron expedidos por el Presidente de la Republica el 5 de abril del 2017.

Protocolo para dejación de armas y cese al fuego bilateral.

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, acordaron el 23 de junio de 2016, los protocolos y anexos  del acuerdo sobre “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, que permiten su implementación. Los objetivos centrales de los protocolos y los anexos giran en torno a los siguientes aspectos:

En dicho protocolo se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten: el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor; la adaptación de los dispositivos de la Fuerza Pública en el terreno; el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se han definido de común acuerdo; y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese al fuego y la dejación de armas.

Monitoreo y verificación.

El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, que a su vez permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El Mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin.

En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional – Naciones Unidas-, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias.

El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.

Reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos, ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades.

Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Dispositivos en el terreno.

Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas.

Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de las FARC- EP a las zonas y los puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tendrán como objetivo: crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las Armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Seguridad.

Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de:

Personas (Mecanismo de Monitoreo y Verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP).

Las rutas de desplazamiento.

Dispositivos en el terreno y zonas.

Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos.

Dentro de las zonas, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles (no armadas) podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas. En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para que coordine su ingreso.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas; las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias  anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio.

Logística.

Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, de los Puntos Transitorios de Normalización y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (nacional, regional y local) durante el Cese al Fuego y la Dejación de Armas.

Dejación de armas.

El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final.

Las reformas electorales para la democracia ampliada.

El informe de la Misión electoral propone reformas institucionales para crear un nuevo Consejo Electoral con representación regional, una Corte Electoral para que resuelva las demandas de perdida de investidura asumiendo las funciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado; y un nuevo sistema de financiación de las campañas electorales y de los partidos; y cambios en la organización de los partidos políticos.

Conclusiones.

La construcción de la paz será un proceso complejo que debe considerar la experiencia internacional para garantizar su afianzamiento con cada una de las medidas que se adopten.

Hay que considerar que la misma se desarrollara en un ambiente de paz imperfecta en que la paz y la violencia cohabitaran en muchos espacios de la geografía nacional.

Bibliografía.

 

ARADAU, C. y HUYSMANS, J. (2009): “Mobilising (Global) Democracy” en Millennium, vol. 37, nº 3.

BUTLER, Judith, (2002): “Universality in Culture”, en COHEN J. (ed.), Nussbaum Martha, For Love of Country?, MA: Beacon Press, Boston, 2002.

BHABHA, H. (1994): El lugar de la cultura, MANANTIAL Buenos Aires. Recuperado de http://bit.ly/2nxors6

BHABHA, H. (1994): The Location of Culture, Routledge, Londres.

COOPER, N. (2006). “Chimeric governance and the extension of resource regulation”. Conflict, Security & Development, 6(3), 315-335.

BUSH, P (1998): A Measure of  Peace: Peace and Conflict Impact Assesment of Development Proyects in Conflict Zones, Working Paper 1, Ottawa, The Pace boulding and Reconstruction Programme Initiative and the Evaluation Unit; IDRC.

BOEGE, V; BROWN, M.; CLEMENTS, K., y NOLAN, A. (2008): “States Emerging from Hybrid Political Orders: Pacific Experiences”, Occasional Papers Series, The Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS).

BLEIKER, R. (2009): Aesthetics and World Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.

CONNOLLY, W.  (1991): Identity/Difference, MN: University of Minnesota Press, Minneapolis.

CRAMER, C. (2006): Civil war is not a Stupid Thing. Accounting for violence for developing Countries, Londres, Hurst&Company.

DONAIS, T. (2011): ¿Empoderamiento o imposición? Dilemas sobre la apropiación local en los procesos de construcción de paz posconflictos.

DE CERTEAU, M. (1984): The Practice of Everyday Life, CA: California University Press, Berkeley.

ESTEBAN, RAMOS.M. (2015): Paz transformadora (y participativa), recuperado de http://bit.ly/2oEu8ol

FOUCAULT, M. (2008): The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978–79, Palgrave Macmillan, and Basingstoke.

FUKUYAMA, FRANCIS (2004). La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, recuperado de http://bit.ly/2oO3zNL

GRASA, RAFAEL Y MATEOS OSCAR. (2014): Guía para trabajar en la construcción de la paz. Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado del siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1voAZPD

Galtung, J. (1985). Sobre la paz. Barcelona: Fontamara.

Galtung, J. (2003b). Trascender y Transformar. Una introducción al trabajo de conflictos. México: Trascend - Quimera.

GILLIGAN, C. (1993): In a Different Voice, MA: Harvard University Press, Cambridge.

 HABERMAS, J. (1998) The Inclusion of the Other, MA: MIT Press, Cambridge.

HUGHES, C, PUPAVAC, V. (2005): “Framing Post-Conflict Societies: International Pa¬thologisation of Cambodia and the Post-Yugoslav Status”, Third World Quarterly, Nº26/6.

HANLON, J. (2004). “Do donors promote corruption?:  the case of Mozambique”. Third World Quarterly, 25(4), 747–763.

HEATHERSHAW J. (2008): “Unpacking the Liberal Peace: The Dividing and Merging of Peacebuilding Discourses”. Millenium Journal of International Studies (36), 597-621.

IBAÑEZ, J. (1985). Del Algoritmo al Sujeto. Perspectivas de Investigación Social. Madrid: Siglo XXI.

JABRI, V. (2007): “Michel Foucault’s Analytics of War” en International Political Sociology, vol. 1.

JABRI, V. (2007): War and de transformation of global politics, Londres, Palgrave.

LEDERACH, JOHN PAUL. (1996): Preparing for peace. Conflict transformation. Across culture. Recuperado de http://bit.ly/2oEbzAk

LILEN, K. (2008). Whose Peace? Which Peace? On the Political Architecture of Liberal Peacebuilding. PRIO.

LUCKHAM, Robin. (2009) “Introduction: Transforming Security and Development in an Unequal World” en IDS Bulletin 40, nº 2.

LINKLATER, A. (1998): The Transformation of Political Community, SC: University of South Carolina Press, Columbia.

Muñoz, F. (2001): La paz imperfecta ante un universo en conflicto. En F. Muñoz, La Paz Imperfecta. Instituto de la Paz y los Conflictos (págs. 21 - 66). Granada: Universidad de Granada. Obtenido de http://www.ugr.es/~eirene/eirene/Imperfecta.pdfGranada

Muñoz, F. (2004): Manual de Paz y Conflictos. Granada: Universidad de Granada.

Montañés, M., & Ramos, E. A. (2012). La paz transformadora: una propuesta para la construcción participada de paz y la gestión de conflictos desde la perspectiva sociopráxica. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 7(2), 241-269.

MOUFFE, C.  (2000): The Democratic Paradox, Verso, Londres.

MACGINTY, R. (2008): “Indigenous Peace-Making versus the Liberal Peace” en Cooperation and Conflict, vol. 43, nº 2, 2008.

MAZOWER, M. (2001) Inside Hitler’s Greece, 1941–1945, NY: Yale University Press, New Haven.

MELUCCI, A. (1998): “Social Movements and the Democratisation of Everyday Life” en KEANE, John (ed.), Civil Society and the State, Verso, Londres.

ESCOBAR, A. (1995): Encountering Development: The Making and Un making of the Third World, NJ: Princeton University Press, Princeton.

NEWMAN, S. (2007):  “Connolly’s Democratic Pluralism and the Question of State Sovereignty” en British Journal of Politics and International Relations, vol. 10.

NEWMAN, E. (2009). Liberal’ peacebuilding debates. En E. Newman, R. Paris, & O. P. Richmond, New Thinking on Liberal Peacebuilding (págs. 26-53). Nueva York: UNU Press.

POULIGNY, B. (2006): Peace Operations Seen from Below, Hurst, Londres.

PEREZ de ARMIÑO, K., & MENDIA, I. (2013). Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político. Madrid: Tecnos.

SPIVAK, G. (1998): “Can the Subaltern Speak?” en NELSON, C. y GROSSBERG, L. (eds.), Marxism and the Interpretation of culture, Macmillan, Basingstoke, 1988.

PARIS, ROLAND. (2004): At war´s End, recuperado de http://bit.ly/2pnAppm

ROMEVA, RAÚL. (2002): Rehabilitación posbelica y construcción de la paz. El caso de la ayuda internacional a Bosnia y Hercegovina. Recuperado de http://bit.ly/2p8p2SK

RICHMOND, O.P. (2011): Resistencia y paz neoliberal. Recuperado de http://bit.ly/2oBPO2G

RICHMOND, O. P. (2005): The Liberal Peace, Londres, Palgrave MacMillan.

RICHMOND, O. P. (2008): Peace in International Relations, Londres Routledge.

RICHMOND, O. P. (2006). The problem of peace:understanding the ‘liberal peace . Conflict, Security & Development, 6(3), 291-314.

RICHMOND, O. P. (2008). Peace in International Relations. Londres: Routledge.

Ramos, E. A. (2015). Paz Transformadora (y Participativa). Teoría y Método de la Paz y el Conflicto desde la Perspectiva Sociopráxica. Tegucigalpa: IUDPAS Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

SYLVESTER, C. (1994): “Empathetic Cooperation: A Feminist Method for IR” en Millennium, vol. 23, nº 2.

SPIVAK, G. (1998):  “Can the Subaltern Speak?” en NELSON, C. y GROSSBERG, L. (eds.), Marxism and the Interpretation of culture, Macmillan, Basingstoke,  1988.

SMITH, D. (2004). Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together, Overview Report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding. Oslo: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

SCOTT, James C. (1990): Domination and the Arts of Resistance, NY: Yale University Press, New Haven, 1990.

SMIRL, L.  (2008): “Building the Other, Constructing Ourselves: Spatial Dimensions of International Humanitarian Response” en International Political Sociology, vol. 2.

SCOTT, J. (1990): Domination and the Arts of Resistance, NY: Yale University Press, New Haven, 1990.

SPENCER, J. (2008): Anthropology, Politics, and the State, Cambridge University Press, Cambridge.

TSCHIRIGI, N. (2004): Postconflicto Pacebuilding Revisited: Achievement, Limitations and Challenges.

TAYLOR, I. (2010). Liberal peace, liberal imperialism: a gramscian critique. En O. P. Richmond, Palgrave advances in peacebuilding. Critical developments and approaches (págs. 154-174). Hampshire: Palgrave Macmillan.

WILLET, S. (2006). Global securiry, the liberal peace and human security. EPS Quarterly, 18(4), 1-5. Recuperado  de http://www.epsusa.org/publications/newsletter/2006/ nov2006/nov2006.pdf

Galtung, Johan. et al (2000), Searching for Peace: the road to Transcend, London, Pluto Press, 2000. Boulding, Elsie y Keneth Boulding (1995), the future: Images and Processes, Thousand Dak, CA, Sage Publication.

Lederach, Jean Paul (1998), Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en Sociedades divididas, Bilbao, Bakeaz, p. 47

Keating, Tom y Andy Knight (2004) , Building Sustainable Peace, Canada, University of Alberta Press y United Nations University Press.

 

 *Horacio Duque (Quindío, 1954), es historiador y politólogo de la Universidad del Quindío y el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Columnista de prensa y analista político. Profesor universitario e investigador de la UDI de Bucaramanga y de la Fundación Tejiendo redes de resistencia.