Yolanda Álvarez, ELN Voces

Por estos días en Colombia está en debate el Proyecto de Acto Legislativo número 4 de 2017, que se tramita en el Congreso de la República y que tiene como finalidad prohibir el paramilitarismo en la Constitución Política del país.

Prohibir la conformación, creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de estos grupos paramilitares, no debería generar resistencia u oposición en ningún sector de la sociedad, si la verdad sobre la estrategia paramilitar se le contara al país masivamente y no persistiera el negacionismo sobre su actual expansión.

La fusión de dos escuelas

El paramilitarismo ha sido una antiquísima táctica anti subversiva en la que las elites colombianas son expertas, y es practicada desde antes del surgimiento de la guerrillas revolucionarias de los años 60. Hay que recordar la existencia de los Pájaros o Chulavitas, grupos paramilitares impulsados por la extrema derecha violenta, con el propósito de exterminar la oposición,  en el periodo de La Violencia (1946-1958).

No debe olvidarse que en 1960, un Equipo de investigación enviado por el  gobierno de Estados Unidos produjo un informe  sobre la situación de seguridad en Colombia, en el que registró la preocupación por la presencia de las guerrillas de la época y dos años más tarde el Ejército de Estados Unidos envió otra misión al mando de William P. Yarborough, en la que recomendó la conformación de estructuras de civiles armadas de índole clandestinas o paramilitares para “realizar acciones terroristas contra los comunistas”.

El marco legal del paramilitarismo en Colombia inició en 1965, con el conocido Estatuto para la Defensa Nacional (Decreto 3398 de 1965), expedido por el gobierno de León Valencia (1962-1966), que habilitó a las Fuerzas Armadas a conformar grupos armados de civiles a su cargo y dotarlos de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Así las Fuerzas Armadas colombianas vincularon a población civil en acciones contrainsurgentes; adecuaron sus manuales y reglamentos militares. Crearon crueles grupos de autodefensa, y uno de los más sangrientos fue la Alianza Americana Anticomunista (AAA).

La alianza con el inframundo

En la década de los 80, los grupos paramilitares se fortalecieron y  sus actuaciones se hicieron más públicas en varios territorios colombianos. Los grupos paramilitares que más se extendieron fueron los creados por terratenientes y narcotraficantes; entre los que se destacó  el MAS (Muerte a Secuestradores) creado por el Cartel de la cocaína de Medellín. Se estima que a 1987 en Colombia ya existían 128 grupos paramilitares.

En 1989, tras la masacre de una Comisión de jueces en La Rochela, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado  emitieron sentencias en las que dejaron sin base legal aquellos decretos que habían dado lugar a la conformación del  paramilitarismo por considerar que ello iba en contravía del  “monopolio de las armas en manos del gobierno”.

Sin embargo, en 1994 nuevamente renace a la vida jurídica el paramilitarismo. El presidente César Gaviria (1990-1994) expidió el  Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que brindó las bases para que su sucesor Ernesto Samper (1994-1998) en diciembre de 1994, autorizara la conformación de las conocidas “Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural (CONVIVIR)”, con el derecho a portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y con el fin de colaborar con la Fuerza Armadas en la seguridad y lucha contrainsurgente. Se estima que en ese momento las mafias, ganaderos, terratenientes y gremios económicos crearon más de 400 de estos grupos paramilitares.

La invención del ejército ‘contra’

En 1997, los distintos grupos paramilitares se agruparon en lo que se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, siguiendo el mismo objetivo contrainsurgente. En alianza con empresas, terratenientes, fuerza pública y la mayor parte de la institucionalidad, incursionaron a sangre y fuego en la mayor parte de territorios rurales contrarios al régimen,  marcando el peor periodo de la historia de violencia del país, dejando millones de víctimas con su accionar.

Luego, en el año 2005, el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), mediante la Ley de Justicia y Paz, generó una estrategia para resolver la situación jurídica e indultar a los miembros de estos grupos narco paramilitares.

Como se puede observar, es evidente que el paramilitarismo ha sido permitido legalmente. En 52 años, sólo durante cinco años (1989-1994) no hubo sustento legal de su accionar.

No le dan la cara a las víctimas

El debate suscitado en oposición al Acto Legislativo que prohíbe constitucionalmente el paramilitarismo demuestra  que persiste un sector de la elite que sigue reivindicando y justificando su existencia; corriente negacionista de la abrumadora evidencia histórica sobre el  daño que han proporcionado al país y sobre la responsabilidad que le atañe al régimen dominante.

El Estado colombiano es responsable del paramilitarismo porque:

  1. a) lo creó, armó, fortaleció y le dio un marco legal;
  2. b) por acción y omisión de los agentes del Estado, evidenciada por la connivencia permanente con él;
  3. c) por no haberlo desmantelado aún; y
  4. d) por la magnitud de la impunidad con que los ha favorecido.

El arrepentimiento universal

Hay que aprender de otras experiencias del mundo, por ejemplo de la experiencia vivida luego  del Holocausto.  El Estado alemán prohibió  la simbología nazi, incluida la esvástica, símbolo que representa una ideología nazi bajo la cual millones de personas en Europa fueron asesinadas.

Es necesario que en la máxima norma del país se prohíba expresamente el paramilitarismocomo una de las garantías de no repetición.  Lo que está prohibido, no está permitido, de esa manera se avanza en “sacar la violencia de la política”; lo que requiere de hechos concretos de persecución, y transformaciones profundas y estructurales.  Por esto mecanismos como los que hemos planteado en la Mesa de Quito, como el Sistema de Alerta y Ataque (SAA) que vincula la acción.

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