Señores

SECRETARIA EJECUTIVA

JURISDICION ESPECIAL PARA LA PAZ

Calle 77 No 11 - 19 Piso 5

PBX 7426580

E.S.D.

 

REF: Petición de acceso irrestricto de archivos relacionados con las violaciones de DDHH por parte del INPEC y la Guardia a los prisioneros Políticos de las FARC EP.

 

ULDARICO FLOREZ PEÑA, colombiano mayor de edad, vecino y residente de esta ciudad, en mi calidad de presidente de la BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA, muy respetuosamente me dirijo a su despacho a través del presente escrito para el asunto de la referencia por lo siguiente:

 

ANTECEDENTES

El gobierno nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC EP), suscribieron un acuerdo de paz, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 26 de septiembre de 2016 en la Habana Cuba y rarificados el 12 de Noviembre de 2016 en el teatro Colon de Bogotá-Colombia.

En el punto de víctimas que dio origen a un sistema de justicia que ha sido considerado como sui generis, se trata del sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición - SIVJRNR. Componente que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El acuerdo entre el gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERON y la guerrilla de las FARC EP, en dicho componente se busca determinar las responsabilidades y en su caso sanciones a las personas y/o organizaciones que intervinieron directa o indirectamente en el conflicto armado colombiano.

El acuerdo es parte del cumplimiento de los compromisos de poner a las víctimas en el centro del proceso de paz, y como una respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas escuchadas de viva voz durante el proceso de negociación.

El sistema integral combina mecanismos judiciales que permite la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyen al establecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y territorios enteros.

De igual manera, se busca que la JEP tenga acceso a archivos de inteligencia y contra inteligencia en el marco de la justicia transicional para determinar violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH que constan en esos archivos y deben ser conocidos en el marco del proceso de transición en Colombia.

Como resultado de la negociación en el punto 5º de la agenda de conversaciones en la Habana denominado “ Victimas del Conflicto”, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. “El gobierno se comprometió a facilitar la consulta de la información que requiera la comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la comisión por su parte, le hará el tratamiento legal correspondiente”

De otro lado, el acceso a los archivos por parte de La UBPD (Unidad de búsqueda de personas desaparecidas), quedo estipulado de la siguiente manera: “De conformidad con las leyes vigentes al momento de implementar el Acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera al UBPD, para el cumplimiento de sus funciones y al UPBD, por su parte le hará el tratamiento legal correspondiente”

En lo que respecta a la JEP, el numeral 69 del acuerdo del punto 5º estableció: “ Los Magistrados de la sala de Justicia y del Tribunal para la Paz y los fiscales integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación, pondrán acceder a los documentos y fuentes de investigación conforme a lo establecido en las leyes Colombianas que en cada momento regulen el acceso a documentos y fuentes de investigación para Magistrados, Jueces y Fiscales de la República.”

Es decir que en el marco de la justicia transicional en el post acuerdo podemos aplicar cuatro leyes estatutarias así: Ley 1581 de 2012 (Ley Estatutaria de Datos Personales); Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, Ley 1712 de 2014 (Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública) y la Ley 1755 de 2015 (Ley Estatutaria de Derecho de Petición)

En ese sentido en el marco de los 53 años del conflicto armado entre el Estado Colombiano y las FARC EP, el hoy Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a través de sus Directores nacionales y regionales y funcionarios de la guardia han cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, desconociendo la normatividad vigente sobre la materia, así como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el conjunto de principios básicos para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y los principios básicos para el tratamiento de los reclusos entre otros.

HECHOS

 

En el año 1992 y mediante decreto No. 2160 se fusiona la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y se crea el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), cuya naturaleza jurídica es de un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, descentralización administrativa y desconcentración de funciones, asegurando una gestión autónoma, eficaz e independiente para el manejo administrativo dirigido hacia la auto-organización de los recursos, lo que debe conducir a desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a lograr la reinserción social como uno de los fines principales de la pena como de la Institución.


En sus 25 años de existencia, estos objetivos trazados para la institución, jamás se han cumplido. Contrario a ello lo que encontramos es un sistemático desconocimiento al principio de la dignidad humana, por parte de las Directivas del Inpec y el personal de guardia, expresado en el sometimiento de las personas privadas de libertad a tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura y hasta desaparición, como lo ilustran los siguientes hechos:


La Fiscalía General de la Nación ha logrado documentar, que desde el año 1998 hasta 2003, en la cárcel La Modelo de Bogotá hubo más de 100 desapariciones, envenenamientos, torturas, así como tratos crueles e inhumanos (Cfr. El Tiempo, Febrero 17 de 2016)


Según este mismo ente investigador, estos mismos hechos se presentaron, en el período mencionado, al menos en tres cárceles del país: Popayán, Bucaramanga y Barranquilla (Idem)


En la Cárcel de Valledupar (Cesar) conocida como La Tramacua se presentaron gravísimas violaciones a los derechos humanos de los internos que la misma corte constitucional ordenó en su momento, el cierre de ese campo de tortura que se conoció también popularmente por los prisioneros como la Guantánamo colombiana, los prisioneros políticos de las FARC EP que fueron recluidos en el patio 4, de la penitenciaría Central de Colombia la Picota, el pasado 10 de noviembre de 2017 en un episodio absolutamente incompatible con cualquier asomo de paz, la guardia del INPEC atacó violentamente a los prisioneros , dejando varios heridos, destruyendo sus pertenencias y robando sus modestos objetos de valor.


En todas las cárceles y penales del país hechos como los anteriores se convirtieron en masivos y sistemáticos sin que ninguna autoridad penal o disciplinaria haya investigado o sancionado a ningún director por acción u omisión y menos aún a funcionarios de la Guardia como autores materiales por las graves violaciones a los DDHH, así lo dijo la corte en reiteradas sentencias especialmente la ya muy conocida T-153 del 98 “Estado de cosas inconstitucionales”.

PETICIÓN


Con todo el debido respeto solicito a la Señora Presidente del Tribunal Para la Paz Dra. PATRICIA LINARES, al Secretario Ejecutivo de la JEP Dr. NESTOR RAUL CORREA, se sirva autorizar a quien corresponda para que de conformidad con los hechos narrados en esta petición, se autorice para que oficie al Sr Director General del INPEC , al Procurador General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a los organismos de Inteligencia y contra Inteligencia del Estado y a las demás autoridades correspondientes, se tomen todas las medidas constitucionales y legales del acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC EP para que se permita el acceso a todos los expedientes penales, disciplinarios de autos inhibitorios, archivos de procesos, informes de inteligencia y contra inteligencia que permitan establecer los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH de los prisioneros en las cárceles y penitenciarias del país durante y/o en razón del conflicto armado colombiano.

Se alleguen a su despacho toda la información que se requiera por parte de los anteriores entes, con el fin de que se surta ante la JEP el llamamiento de los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidos en contra de los prisioneros políticos de las FARC -EP.

Finalmente, se sirva solicitar las desclasificación ante la autoridad competente y/o el Presidente de la República de los archivos y documentos pertinentes para la investigación.

DERECHO

Fundo esta petición en el art. 23 de la carta Política del 1991, las normas citadas en esta petición, así como las congruentes y pertinentes sobre la materia.

 

NOTIFICACIONES

 

Las recibiré en la Calle 12B No 6-21 Oficina 204 de Bogotá D.C.

Cel. 3158599118. E mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Atentamente,

 

 

ULDARICO FLOREZ PEÑA

C.C. No 19.258.217 de Bogotá

T.P. No. 101978 del C S de la J

 

c.c. Dra. Claudia Vacca. Señora Presidente del Comité del Comité de Escogencia de los Magistrados de la JEP.

Padre Francisco de Roux Rengifo, Presidente de la Comisión de la Verdad

Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI

Timoleon Jiménez, Presidente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC

Dr. Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación

Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo

Colectivos de Presos Políticos de las Penitenciarias y Cárceles de Colombia.