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Una nación colonizada a partir de una disputa entre el viejo y decadente Imperio español y el Imperio estadounidense vive una situación complicada luego de que los huracanes Irma y María hicieran estragos tanto en su infraestructura como en su ya golpeada economía.

¿Cómo se quiebra a una colonia?

Con más de 3 millones de habitantes, es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Según una sentencia de la Corte Suprema de 1901, "hace parte de pero no pertenece a", por lo que todo lo referente a moneda, políticas monetarias y tasas de interés de Puerto Rico está a cargo de Washington. Ya antes de la tragedia climática vivía una grave crisis económica que consiste en el mayor proceso de quiebra de un territorio bajo jurisdicción estadounidense en la historia, una tasa de pobreza del 45%, un desempleo del 12% que dobla la media de EEUU, y una población que decrece por la emigración.

La actual crisis se debe a su misma condición de colonia. En 2005, EEUU decidió eliminar las exenciones fiscales a filiales de sus empresas instaladas en Puerto Rico, lo que "benefició" a la isla durante 20 años y fomentaba el ingreso de capitales estadounidenses. Tras la decisión inició una recesión que disparó a niveles inéditos el índice de pobreza, además de que ningún gobernante pudo reducir el gasto fiscal, una crisis bancaria e hipotecaria develó la corrupción en el sistema financiero y obligó al cierre de al menos tres bancos.

Las facilidades tributarias que le daba ser un territorio estadounidense a mitad del puente entre la independencia y la integración a la Unión le hicieron endeudarse más de la cuenta, con todo y que no cuenta con muchos de los dispositivos legales que tendría una nación soberana para resolver el problema. Puerto Rico no tiene acceso a las mismas opciones de protección ante los acreedores que la ley estadounidense, a diferencia de Detroit y otras localidades que se declararon en quiebra. No puede acudir a todos los mecanismos de protección ante los acreedores que ofrece la ley de bancarrota estadounidense como recurso de refinanciación.

La exención de impuestos a los intereses de los bonos que emitía el gobierno de Puerto Rico resultó muy atractiva para los inversionistas estadounidenses, Según la revista Forbes, durante los últimos 10 años la casa de valores UBS vendió más de 10 mil millones de dólares en bonos de Puerto Rico empaquetados en fondos, pero el país no pudo generar los suficientes ingresos para pagar sus gastos operacionales y tomó prestado en el mercado de bonos, situación que generó un endeudamiento prácticamente imposible de pagar. 

Lo que le ha tocado a la nación es acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de EEUU en 2016, que dejó en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago de los 73 mil millones de dólares adeudados por la isla, puede renegociar la deuda, convenios de pago individuales y colectivos ya asumidos, acuerdos con proveedores e incluso sentencias con carácter retroactivo.

La cuestión se extrema porque, en el marco del tribunal federal, también se pueden congelar algunos activos de la isla y condicionar su acceso a nuevos capitales. Los acreedores de Puerto Rico, principalmente los titulares de bonos, señalan que definir la liquidación de la deuda en un tribunal federal, y no de manera negociada, le quita autonomía económica por años.

El shock climático toca la puerta

Cerca de 6 mil habitantes fueron evacuados de inundaciones que les amenazaban y más de 15 mil permanecen en refugios, se mantienen riesgos de deslaves o del posible estallido de la presa Guajataca sobre 70 mil personas. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha dicho que el efecto devastador del huracán María tiene a su país "cerca de una crisis humanitaria, aunque se puede evitar" y ha llamado al gobierno de EEUU a tratar la tragedia de los 3 millones y medio de puertorriqueños en la isla como una tragedia de "ciudadanos americanos".

Puerto Rico tiene un representante ante el Congreso estadounidense que no puede votar sino abogar por los intereses de la isla. Según cifras del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés), en 2012 solo el 37% de los puertorriqueños recibió asistencia alimentaria por 2 mil millones de dólares mediante el programa de Nutrición y Asistencia para Puerto Rico (NAP).

El reto ante la actual tragedia es auxiliar a todo un país con la mitad de la población en la pobreza y con miles de viviendas precarias afectadas. La cifra oficial de víctimas mortales llegó a 16 personas afectadas por golpes, deslaves, crecidas de río, ahogamientos y otros accidentes. Asimismo la firma AIR Worldwide estima que las pérdidas económicas podrían estar en 34 mil y 72 mil millones de dólares, lo que se suma a los 73 mil millones de dólares de deuda y a un hueco de 50 mil millones en el fondo de pensiones. 

Según el USDA, María ha arrasado un 80% de los cultivos de plátano, café y hortalizas en la isla, agudizando el cuadro de colapso econímico ya iniciado con el negocio de la deuda en años anteriores. 

Sobre la "ayuda" que ha enviado EEUU, en concepto de rescatistas y médicos, alcaldes han denunciado en las últimas horas que las compañías privadas contratadas para limpiar las carreteras estatales han incumplido total o parcialmente con sus labores y que hay más de una oficina de seguro social cerrada en el país mientras una congresista ha referido que "el huracán nos ha hecho retroceder 20 ó 30 años en el tiempo".

La tragedia de fondo es ser colonia

El presidente Donald Trump, negacionista del cambio climático que visitará pronto la isla, escribió en Twitter cinco días después del paso del huracán y manifestó que Puerto Rico "está en un grave problema", mencionó su "sistema de electricidad devastado" y no obvió sus deudas con Wall Street y los bancos: "Tristemente, deben cumplir con ello", dijo, y subrayó que EEUU está mandando "comida, agua y medicinas".

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, pidió que Puerto Rico disponga de flexibilidad fiscal para acometer con garantÍas la reconstrucción: "... debe disponer de créditos a bajo interés", dijo desde San Juan, la capital boricua. En medio del caos y la tragedia, personajes como él o Mike Pence promueven agendas pro-corporativas radicales como en Nueva Orleans luego del paso de Katrina, un huracán de características y efectos parecidos a María luego del cual los republicanos no perdieron el tiempo y promovieron un sistema de educación completamente privatizado y debilitaron la legislación laboral y fiscal.

Es posible que, bajo su lógica colonialista y ultraliberal, la administración Trump acceda a erogar fondos de reconstrucción pero mediante el contrato de actores privados en las llamadas asociaciones público-privadas, con las cuales Puerto Rico ahondaría su deuda. Además la gente más pobre seguirá experimentando recortes en los gastos ordinarios y los derechos laborales alcanzados con lo que subvencionarían las ganancias de los contratistas.

Queda por ver cómo se desarrollarán el capitalismo y la colonialidad del desastre en esta versión del caos y el drama de una nación empobrecida y endeudada.