powered ByGiro.com

Descargar
0:00



Según la información suministrada por la comunidad, Oteca se encontraría en la Hacienda Miraflores, propiedad de Incauca, cuando unos hombres vestidos como trabajadores del lugar realizaron los disparos con arma de fuego que acabaron con la vida del comunero.

La presencia de Javier Oteca en la Hacienda, se debe a las actividades de liberación de la Madre Tierra que adelantan los cabildos de Corinto, Cauca y por los que han sido sistemáticamente amenazados y estigmatizados. Según el Consejo Regional Indìgena del Cauca-CRIC “La liberación de la Madre Tierra, además de ser un mandato ancestral es un derecho legítimo de las comunidades, que a pesar del dolor, la persecución y la muerte se mantendrán firmes en los puntos de liberación.”

El día de ayer, las autoridades indígenas habían convocado al Gobierno Nacional a participar de su Asamblea del Plan de Vida Cxha Cxha Wala con el fin de dialogar sobre el plan nacional de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. La invitación fue ignorada por el gobierno y los indígenas continuaron su jornada de manera autónoma. El día de hoy, los indígenas reclaman la ausencia del Estado, no sólo en la jornada del Plan de Vida sino, en general, en los territorios indígenas que cada vez son más victimizados.

En diciembre del año pasado, miembros del Cabildo Indígena de López Adentro también en Corinto-Cauca habrían denunciado la presencia de grupos paramilitares en sus territorios ancestrales. Para esa época, Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto,  señalaba que se declaraban en “en alerta roja por la situación que ha generado también la presencia de panfletos desde la semana pasada en Corinto. Con la presencia de estos panfletos se presenta una situación de desequilibrio que daña la armonía, nos pone en riesgo, no solo a las autoridades, sino a la comunidad entera”,

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes  también denunció que el 27 de febrero de este año  fue asesinado Éder Cuetia Conda padre de dos menores de 2 y 14 años de edad y comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Mientras se aclaran los móviles y responsables del asesinato del comunero Javier Oteca, sigue aumentando  la  crisis de DDHH y el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia.

“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

Henry Castellanos Garzón ha usado el nombre de guerra de ‘Romaña’ desde que se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a finales de la década de 1980. Hoy, cuando supera los 50 años, es miembro del Estado Mayor Central de dicha organización insurgente y hace parte de la comisión creada en los diálogos de La Habana para el desmonte del paramilitarismo.

Actualmente, ‘Romaña’ dirige a los guerrilleros que se concentran en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Tumaco (Nariño), municipio crucial para la implementación del proceso de paz. Con aproximadamente 29.000 hectáreas sembradas, Tumaco se constituye como el municipio con más coca en el país. Además, varios grupos paramilitares tienen desplegados allí al menos 150 hombres que usan uniformes camuflados y armas largas en las zonas rurales.

‘Romaña’ habló con El Turbión sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre lo que pensaba el ‘Mono Jojoy’ acerca de la paz y sobre el futuro de esa organización como movimiento político. Además, manifestó su opinión respecto a las negociaciones entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó su más grande temor: que el Estado incumpla con lo acordado en La Habana sobre temas como la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, se terminen formando más guerrillas campesinas y no cese la violencia en el país.

Andrés Gómez: -En esta área hay más de una centena de paramilitares distribuidos en varios grupos, hombres que amenazan la vida de líderes sociales, la de ustedes y los acuerdos. Estas estructuras siguen estando cercanas a sectores del empresariado colombiano, a mafias dedicadas al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿ud. cree que estos grupos armados deben desmontarse mediante la fuerza o cree en otra salida?

‘Romaña’: -Este es un tema que tratamos el 3 de febrero con el gobierno y los militares: el fenómeno del paramilitarismo, las bandas sucesoras del paramilitarismo y otras de narcotraficantes y de delincuencia común, no solo en Tumaco sino en todo el departamento de Nariño.

Inclusive, ellos están exigiéndole al Estado colombiano que se quieren acoger al tema jurídico y, por eso, en el tema de garantías de seguridad quedó muy bien explicado y sustentado que no solo es la vía militar y la vía coercitiva sino que también se pueden hacer acciones persuasivas [respecto a esos grupos].

AG: -Ud. es un comandante guerrillero con fama de militarista, ¿por qué aboga por una salida diferente a la militar con los enemigos de las FARC y del proceso de paz?

‘Romaña’: -Porque en Colombia estamos pensando que lo fundamental es que haya salidas dialogadas a los conflictos y no generar más violencia. Queremos que todo el pueblo entienda que la mejor salida para un conflicto en este instante es la salida dialogada y no solamente la salida militar porque genera más violencia. En el caso del Bronx se puede ver: fue un ataque militar contra los indigentes y ahora tenemos cantidades de Bronx, y de esto se alimenta el paramilitarismo y la delincuencia en Colombia.

AG: -Ud conoció a Jorge Briceño, el ‘Mono Jojoy’. ¿Qué decía él sobre la paz en Colombia? ¿Creía en una salida política?

‘Romaña’: -Los grandes medios de comunicación tratan de demonizar a las personas y, en especial, a las FARC. En mi caso también ha pasado lo mismo. Nosostros siempre hemos dicho, desde Marquetalia, que la salida al conflicto armado es el diálogo.

El ‘Mono’ era una persona que tenía valores y sentimientos, una persona amable, tratable, que era cariñoso y que pensaba en la paz para Colombia. Inclusive, en plenas operaciones militares del Plan Patriota y del Plan Colombia lo planteó y dijo que era hora de que no hubiera más muertos. Él se preguntaba cuántos muertos más se necesitaban para hablar y él a gritos lo pedía y lo exigía. Decía que en la selva se quedarían solo los paujiles y los animales, y que nosotros nos iríamos a las ciudades a hacer política y a buscar transformaciones para el país.

AG: -Hay todavía gente que piensa que el acuerdo de paz fue una rendición y entrega las FARC. ¿Qué piensa de estas afirmaciones?

‘Romaña’: -Nosotros buscamos la paz porque sabemos qué es la guerra. En este momento hay intelectuales de izquierda en el mundo y en Colombia que dicen que nosotros nos rendimos. Es muy fácil hacer la guerra y hablar carreta desde los escritorios y no desde la propia linea de combate.

AG: -Sobre los acuerdos de paz en Centroamérica hay estudiosos que afirman que lo que no ha hecho la salida militar lo hace la paz liberal. Las multinacionales y capitalismo destruyen las formas organizativas que crearon las guerrillas para convivir. ¿Que hacen las FARC para que su proyecto político no sea menoscabado por el proceso mismo y la paz liberal?

‘Romaña’: -Nosotros planteamos en repetidas ocasiones que la implementación de los acuerdos es en conjunto con el pueblo colombiano y que ahora, que se avecinan las nuevas elecciones, se requiere de un gobierno de trancisión que se comprometa a realizar una asamblea nacional constituyente para que sea el pueblo quien acabe de ganar los espacios que no fuimos capaces de ganar [las FARC] para que las multinacionales no se roben las riquezas de nuestra nación.

AG: -¿A dónde iría Henry Castellanos una vez empiece el proceso de implementación de los acuerdos y las FARC dejen de usar las armas?

‘Romaña’: -Esa es una de las preguntas que más me han hecho diferentes medios. Nosotros cumplimos órdenes. Ahora estamos estudiando y leyendo las conclusiones del pleno que acabó de pasar en el Yarí, donde se ordenó y facultó al Estado Mayor Central para dar el paso a ser un partido político nacional, lo que se debatirá en los primeros días de mayo en un congreso que dará lineamientos sobre qué hacer.

Osea, acá no es lo que uno quiera hacer sino lo que la revolución, la dirección y los mandos superiores ordenen hacer.

AG: -Con la experiencia que tienen las FARC al haber dialogado por años con el Estado, ¿qué le sugieren al gobierno Santos respecto a los diálogos que sostiene ahora con el ELN?

‘Romaña’: -Le sugiero primero al Estado que reconozca el origen del surgimiento de las guerrillas para poder negociar porque uno se sienta a hablar con la oligarquía colombiana y [sus delegados] realmente no saben quiénes somos nosotros, por qué nos alzamos en armas, cómo vivimos, cuáles son las necesidades, por qué se ha dado el conflicto social y armado en Colombia. Entonces, para avanzar en ese proceso con el ELN tienen que conocerse esas causas, esa raíces del alzamiento armado.

¿Porqué nos sostenemos? Por el apoyo de la población, del pueblo. Entonces, mi ilusión es que en este momento todos nos unamos en el objetivo de la paz para los colombianos. Si se abren los espacios políticos, como el gobierno colombiano ha dicho, entonces, tenemos que aprovecharlos para buscar lo que nos hemos propuesto.

AG: -El proceso de erradicación de coca y el desmonte de la producción de cocaína para el mercado mafioso es vital para la paz en el país. En su concepto, siendo ud. una persona que ha estado en áreas en las que el cultivo de coca es prácticamente el único medio de subsistencia para los campesinos, ¿qué debe hacer el Estado para que se deje de cultivar coca con destino al mercado mafioso?

‘Romaña’: -Ese el temor más grande que tengo yo y se lo he dicho a los medios de comunicación. Si el Estado colombiano sigue con la política de atacar el eslabón más débil, que son los campesinos a quienes los obligaron a sembrar esas matas de coca para poder subsistir y manterner a sus familias, se van a conformar muchas guerrillas en Colombia, van a haber muchas Marquetalias.

Si atacan a los cocaleros es reversarse más de 50 años, es volver a esa época en que el Estado atacó a unos campesinos que estaban alimentándose y haciendo sus fincas. Ahora atacan a estos campesinos que viven de la hoja de coca y es el sustento de ellos.

Ese es el temor más grande que tengo: que el Estado incumpla lo que pactamos en Cuba, que es concertar reuniones con la población civil, con las FARC-EP y el gobierno para dialogar con esos campesinos que cultivan coca. Lo que esos campesinos quieren que el gobierno haga escuelas, carreteras y puestos de salud, que les formalice sus territorios e implemente proyectos productivos, es decir, que se generen condiciones para que tengan opciones de vida y no la de la coca. Pero, es necesario el compromiso de la comunidad internacional para que no exista esa demanda que hoy existe: si hay demanda hay oferta y habrá cocaína.

Lunes, 20 Marzo 2017 18:31

Mil Millones de Euros para Su Majestad

Al Gobierno nacional lo único que le preocupa de la crisis de Electricaribe es que su salida del juego energético en la Costa Atlántica colombiana no enoje al Rey de España, socio porcentual de todos los negocios que las multinacionales ibéricas tienen en el mundo.

Los medios dan cuenta de las gestiones que hace Juan Manuel Santos ante el impopular mandato de Mariano Rajoy, para que la familia real y sus socios no vean como un agravio el hecho de que los colombianos de la Costa reclamemos por el disparate técnico y financiero que esta ramificación de Unión Fenosa dispersó sobre nuestro territorio.

En los años noventa, cuando César Gaviria nos prometió el ingreso al futuro, las empresas públicas de todos los departamentos y municipios colombianos comenzaron a ser mal vistas por los políticos y periodistas que se embarcaron en una campaña de desprestigio, en favor de las privatizaciones.

Esa fue la primera señal del neoliberalismo: nada de lo público servía. O era obsoleto, o era insostenible, o era corrupto, o era anticuado. Y el neoliberalismo de la estética en reemplazo de la ética, se convirtió, amén de los medios comisionistas de esa feroz campaña, en la cara del futuro.

Hoy es la cara de un pasado reciente que nos empobreció, se robó nuestras empresas públicas, y quiere seguir vivo en medio de una sociedad que cada día reúne argumentos para rechazarlo, luchar contra él, e imaginarse unas nuevas formas eficientes, públicas y sostenibles, de administrar el bien común.

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, uno de los activos que los españoles de Unión Fenosa disolvieron en ese negocio leonino que fue la compra de las electrificadoras de la Costa, fue pagada por todos los costeños, y los que sin ser de acá, vivían y pagaban puntualmente sus recibos de energía.

En las facturas de la época, y esto lo pueden corroborar quienes hayan tenido el juicio de guardar alguna, puede verse el cobro de una tasa para la creación de Corelca. Del bolsillo de todos los que pagamos la “luz” salió el financiamiento de Corelca.

Pero luego el Gobierno nacional, de Cara al futuro anunciado por Gaviria, vendió nuestra empresa, como vendió a todas las que pudo, en todo el país. Los nuevos dueños eran multinacionales impersonales, que desaparecieron el contrato de trabajo, las prestaciones sociales y los beneficios, del mundo laboral colombiano.

Electricaribe, que es propiedad de la empresa española Gas Fenosa, filial a su vez del pool Unión Fenosa, recibió ingresos de dos millones y medio de costeños que antes éramos atendidos por las electrificadoras departamentales.

Nadie recuerda oleadas de cortes masivos, apagones inhumanos, fallas peligrosas en los sistemas mientras el sector público administró este servicio esencial. Pero el cambio de modelo, del público hacia el neoliberal, trajo empobrecimiento, sufrimiento y malestar social para nuestra Región. Hasta en la red social Facebook existe una página con miles de miembros cuya motivación es el odio hacia Electricaribe y Unión Fenosa.

La privatización de le energía en la Costa, y en otras zonas del país debe revertirse para repensar un modelo que integre los beneficios del carácter público y esencial de la energía eléctrica, con el toque de eficacia y control financiero que puede aportar un sector mixto, integrado por profesionales conscientes del imperativo ético que esta situación nos exige.

Ahora resulta que los colombianos le debemos a Unión Fenosa. Para el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, Electricaribe “No está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”.

Se quedó corto el doctor Mendoza, porque además de eso, Unión Fenosa le debe mucho a nuestros municipios por frenar su desarrollo, entorpecer planes de expansión agroindustrial, pauperizar el comercio, atentar contra la salud de los ciudadanos al dejar sin energía a hospitales y clínicas, e impedir el progreso de las economías familiares más elementales, con sus tarifas voraces y progresivas que nos impidieron hasta alimentarnos bien.

Unión Fenosa pretende que los colombianos les paguemos ahora mil millones de Euros por los daños que nosotros les causamos a ellos. Acaban de anunciar una demanda por ese monto ante el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington, en las oficinas del Banco Mundial.

¿Y los daños nuestros qué? Sería bueno saber si alguno de los socios de Unión Fenosa podría vender un yate para paliar un poco las necesidades de los campesinos del Atlántico martirizados por el mal servicio de Electricaribe. O pagar algunos de los muertos que quedaron de las asonadas y protestas violentas asistidas a perdigonazos por la fuerza pública.

Se enriquecieron con las tarifas de energía más altas del Continente, pura ganancia privatizada, pero ahora que se hace una perspectiva por el desastre que causaron, es hora de socializar las pérdidas, haciendo que las pague el usuario.

Entre la Reforma Tributaria y los desvaríos del neoliberalismo hay un agujero que debe llenarse con sangre del pueblo trabajador. Tendremos que meternos la mano al bolsillo para pagarle a su majestad y sus socios los mil millones de euros que necesitan para pagar las cuentas de sus vacaciones en la Costa Azul, las matrículas universitarias de sus hijos en Cambridge, el Audi de la amante y por supuesto, el banquete anual en el Club Bildelberg, donde no se permite repetir abrigo ni corbata.

"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

***

Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

No nos llamememos a equivocaciones, las "ayudas" de los países industrializados llevan empaquetados sus intereses. El caso de Suecia es uno de ellos, su Ministro de Industria Mikael Damberg , visita Colombia en el propósito de acordar vender aviones de guerra de la empresa Saab - JAS 39 Gripen - En cambio el gobierno de Cuba le ofrece a la insurgencia 1000 becas para estudiar medicina en la isla, a pesar de sus enormes dificultades por el infame bloqueo gringo. Que ejemplo de solidaridad y desprendimiento.

Leamos:

 

***********************************************************

Avtal om försvarssamarbete mellan Sverige och Colombia

Näringsminister Mikael Damberg besöker just nu Colombia och undertecknade igår ett avtal om försvarssamarbete. Avtalet innebär en viktig milstolpe för svenska Saab, som vill exportera Gripen-plan till Colombia.

– Ja, jag har varit med och tecknat ett samarbetsavtal på försvarsområdet mellan Sverige och Colombia. Försvarsmakten är ju en av de viktiga beståndsdelarna i den här fredsövergången. De har ett väldigt stort ansvar för att hantera den fredsöverenskommelse som är, men de står också inför större investeringar framöver, säger näringsminister Mikael Damberg.

"Större investeringar" – det kan vara köp av stridsplan. Det hoppas i alla fall svenska Saab, som under det senaste året försökt påverka colombianska försvarsministeriet att välja JAS Gripen, bland annat genom att skicka svenska stridspiloter till Colombia för att hålla seminarium för det colombianska flygvapnet.

Colombia har precis skrivit under ett fredsavtal efter flera års svåra fredsförhandlingar. Farc-gerillan har gått med på att avmobilisera sig, men har ännu inte lämnat över sina vapen. Den näst största gerillan ELN har nyss inlett fredssamtal med regeringen.

Människorättsaktivister kritiserar avtalet. Den colombianska senatorn och människorättsaktivisten Iván Cepeda tycker att det är fel tid för Sverige, som varit en pådrivande aktör för fred, att nu marknadsföra sina stridsflygplan.

– Det värsta vi kan göra nu är att förstärka vår vapenarsenal. Militären behöver omskolas till att verka i ett Colombia i fred, och omvärlden bör hjälpa till med det istället för att försöka sälja vapen till oss, säger Iván Cepeda, som också poängterar att den colombianska militären anklagas för grova krigsbrott.

Näringsminister Mikael Damberg betonar att Sverige utbildat den colombianska försvarsmakten i genusfrågor och mänskliga rättigheter, och att det slutligen blir upp till ISP - myndigheten för kontroll av vapenexport – att besluta om ifall Saab tillåts exportera JAS Gripen till Colombia.

När den borgerliga regeringen 2008 hjälpte Saab att exportera radarsystem till Colombia så fick den affären hård kritik från delar av socialdemokratin. Men Mikael Damberg säger att situationen i Colombia i dag är annorlunda.

– Verkligheten har ju utvecklats sedan dess, och sedan har vi en myndighet som prövar detta. Vad jag förstår så har den myndigheten sagt preliminärt klartecken till export av den här typen av produkter, säger näringsminister Mikael Damberg.

La sociedad antioqueña y el país han sido testigos del ataque permanente del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, contra los acuerdos de paz y la implementación de los mismos. Actitud provocadora y contraria al espíritu de la Constitución Política que claramente ordena en su artículo 22 que La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Su desconocimiento de lo acordado lo hacen actuar y reaccionar como los viejos príncipes medievales, que se creían dueños del territorio y las gentes sobre las que mandaban, por el solo hecho de poseer el título de gobernador, mandato que debería cumplir a cabalidad aplicando los principios constitucionales que obligan a la protección de la vida como un derecho fundamental. ¿Qué ha hecho para proteger la vida de los líderes campesinos y sociales, y de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el departamento?

Nada más ingenuo y soberbio pretender que puede ingresar como le plazca desconociendo los acuerdos y protocolos establecidos claramente entre el gobierno nacional, la Misión Internacional y las FARC a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN).

Para el conjunto de las fuerzas políticas y movimientos sociales, democráticos y populares que conforman la Alianza Antioqueña para la paz, es un despropósito indignante y contrario al derecho a la paz de todas y todos los colombianos, el constante saboteo del Gobernador de Antioquia contra la implementación de los acuerdos. A lo largo de la historia, el pueblo colombiano ha visto truncada esta máximo aspiración a vivir en paz como lo señaló alguna vez Otto Morales Benítez, demócrata y dirigente liberal quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Paz durante el gobierno de Belisario Betancur, en su memorable frase de que “los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del gobierno”, añadiendo que “esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy contra la paz”.  

Que el gobernador desconozca el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sus protocolos, el grado de compromiso y esfuerzo de las partes por superar todas las barreras, demuestra que su interés va de la mano de aquellas fuerzas reaccionarias enemigas de la paz que denunciara en 1983 Otto Morales Benítez.

Consideramos peligrosos y pendencieros los pronunciamientos hechos por el Gobernador cuando exige ingresar a las ZVTN que se rigen por unos protocolos y normas establecidos claramente en el Acuerdo General, cumplidos a cabalidad por las FARC demostrando su completa disposición y voluntad de paz, a pesar del incumplimiento por parte del gobierno nacional en la construcción y adecuación digna de las ZVTN.

De los asesinatos y desaparecidos en el carnaval de la muerte cometido por la alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares durante la Operación Mariscal y Orión en la Comuna 13, desde el 2002, crímenes condenados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cometidos durante la alcaldía del mismo Luis Pérez Gutiérrez, ni una palabra, un silencio sepulcral. Como el que guarda hoy que vienen siendo asesinados y amenazados decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué tipo de gobernador es el que necesita Antioquia, uno actuando contra los acuerdos de paz o uno que haga cumplir los derechos humanos y proteger la vida de sus ciudadanos?

Medellín, 13 de marzo del 2017

“Los vamos a acabar uno a uno. Hijueputas guerrilleros, con su hijueputa cuento de la paz, quieren seguir ‘mariquiando’ el país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con su sangre (…) Prepárense para morir”. Así rezaba el primero de los panfletos firmados por las Águilas Negras en los que apareció el nombre de Alberto Yepes, uno de los abogados que conoce más a fondo el dosier de los falsos positivos en Colombia. Una amenaza que, sumada a otros episodios, acaba de empujar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedirle al gobierno colombiano que proteja la vida de este abogado, reconocido por documentar más de seis mil homicidios de civiles cometidos, presuntamente, por militares de todo el país.

En una decisión de nueve páginas, conocida por ¡Pacifista!, la CIDH concluyó que Yepes y su hija se encuentran en una situación de gravedad y que sus vidas están en riesgo. Por eso, le pidió al gobierno que les garantice la vida, que investigue las amenazas y que tome las medidas necesarias para que Yepes pueda “desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.

Todo ello, con un agravante: la CIDH dijo que Yepes estaría siendo perseguido por su trabajo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una alianza que agrupa 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, desconocidos habrían orquestado una “retaliación” contra Yepes por los informes que el Observatorio ha publicado “sobre ejecuciones extrajudiciales, en donde se vincula a miembros del crimen organizado y las Fuerzas Armadas”.

La historia de persecución contra Yepes comenzó en 2014, cuando la CCEEU publicó el informe ‘Falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos’. En él, la Coordinación ponía sobre la mesa su arriesgada hipótesis de que militares colombianos formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad de Estados Unidos participaron frecuentemente en el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El documento también levantó ampolla al argumentar que existió una relación entre las ejecuciones y el suministro de asistencia militar por parte de Estados Unidos a determinadas unidades del Ejército.

En septiembre de 2014, un mes después de la publicación, Yepes empezó a ser víctima de amenazas. En un segundo panfleto, las Águilas Negras lo tildaron de guerrillero y anunciaron su descuartizamiento y el de otros defensores de derechos humanos. Pero los hostigamientos no pararon ahí. A mediados del mes, dos hombres abordaron a Yepes y a su asistente en un barrio de Bogotá y les robaron un computador portátil y dos celulares. El caso fue calificado por la CCEEU como un “robo de información”.

La seguidilla de crímenes continuó en octubre, cuando las Águilas Negras volvieron a incluir el nombre del abogado en un panfleto que decía: “Ya va siendo hora de que a los cerdos comunistas que tienen jodido a nuestro país les ayudemos a retirarse de la política (…) Sufrirán un verdadero desplazamiento al más allá”.El asunto pasó del papel a los hechos en 2015, cuando desconocidos intentaron (o consiguieron) entrar a su casa, no lo sabe con exactitud, donde vive con su hija. En diálogo con este portal, Yepes dijo que el forzamiento de puertas y el merodeo de extraños lo llevó a proteger su residencia “con rejas, cercas eléctricas y cámaras: vivo casi en un búnker”.

Según afirma, la persecución tiene dos motivaciones. Dice que, por un lado, los afectados por sus investigaciones buscan desestabilizarlo emocionalmente para que deje de hacer su trabajo, y que, por otro, hay un plan más ambicioso para frenar las intenciones del Observatorio de Derechos Humanos, que pretende aportar información a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad pactadas en La Habana, sobre todo en casos en los que podrían estar involucrados integrantes de la Fuerza Pública.

Fue por esos y otros hechos que la CCEEU y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudieron a la CIDH. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana le pidió respuestas al gobierno frente a las graves denuncias de persecución formuladas por ambas organizaciones, que, además, argumentaron que la Unidad Nacional de Protección no estaba tomando medidas suficientes para garantizar la vida de uno de los denunciantes de los falsos positivos, el escándalo que sacudió a la cúpula del Ejército en 2008, cuando transcurría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.

Ante los cuestionamientos, el gobierno le contestó a la CIDH que conocía el riesgo que corría el abogado y que le había asignado un carro sin blindaje, un conductor, un escolta y un chaleco antibalas. Más tarde, la UNP reconoció que el nivel de riesgo de Yepes era “extraordinario” y le asignó un vehículo blindado.El tamaño del esquema contrasta con el de funcionarios como el expresidente y senador Álvaro Uribe, que en 2014 contaba con cerca de 65 escoltas y 12 camionetas blindadas.

Pese a ello, y tal como lo han hecho otros defensores con esquemas de protección, Yepes se quejó de las medidas y dijo que ni el carro ni el escolta, ni el conductor, tenían autorización para desplazarse fuera de Bogotá, que el combustible era insuficiente y que el vehículo estaba en condiciones “deplorables”. La disputa pasó a mayores en junio de 2016, cuando la UNP redujo el esquema quitándole el vehículo, el conductor, y dejándolo al amparo de un solo hombre armado, lo que llevó a ese defensor a renunciar a las medidas argumentando que “un escolta armado lo ponía en mayor riesgo”, según consta en la decisión de la Comisión.

Por ahora, y días antes de la decisión de la CIDH, la UNP le asignó a Yepes un esquema de protección completo que consta de camioneta blindada, chaleco y dos hombres armados.

En abril próximo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con Yepes para discutir otras posibles medidas de protección, para él y su hija, y el avance de las investigaciones por las amenazas y robos que continúan en la impunidad. El caso demuestra que, aún en tiempos de paz, defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.

http://pacifista.co/el-abogado-que-ha-documentado-mas-de-6-000-falsos-positivos-lucha-para-que-no-lo-maten/

La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano reunida en su segundo encuentro los días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la Ciudad de Berlín, Alemania, agradece y valora en su justa dimensión los saludos y mensajes de solidaridad y apoyo al Evento.

En Colombia hay una enorme esperanza en amplios sectores del Pueblo Colombiano, que cansados de la guerra con todas sus consecuencias, miran con optimismo la posibilidad real de una Paz con Justicia Social, estable y duradera.

Pero vemos con profunda Preocupación la existencia de tres enemigos fundamentales que buscan por todos los medios impedir este noble propósito:

1. La indefinición y falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos, su Vicepresidente, y varios partidos políticos de la Unidad Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC.

2. La actitud abiertamente provocadora y saboteadora del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien defendiendo los intereses de su cliente, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica a torpedear el proceso de Paz en la fase de implementación, principalmente en su trámite legislativo, y distrae la opinión pública con cortinas de humo, como la lucha contra la corrupción estructural del régimen, de la cual, uno de los mayores responsables es la Fiscalía General de la Nación, que mediante la más escandalosa impunidad ha encubierto no solo la corrupción, sino también el genocidio histórico contra el Pueblo Colombiano.

3. Álvaro Uribe Vélez y su entorno ultra-reaccionario, quien junto con el paramilitarismo, se oponen rabiosamente a los anhelos de Paz del País.

Resaltamos la importancia que la Constituyente de Exiliadas/os víctimas del terrorismo del Estado Colombiano, participe activamente en la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP. Para ello el 2º Encuentro ha concluido, presentar el Estatuto del Exiliado/a y repatriación en el marco de la implementación y que en este proceso se nos reconozca como sujetos políticos en reclamo de nuestros derechos.

Saludamos y apoyamos las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Como organización de exiliadas/os, víctimas directas del conflicto, haremos llegar nuestras propuestas a la Mesa, con la esperanza de alcanzar una paz completa.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad internacional, y convocamos a la más amplia solidaridad, vinculando a gobiernos, partidos políticos, y organizaciones sociales, para que blinden y exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.

Berlín 12 de marzo de 2017

Página 1 de 18
Volver