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Esta es mi declaración en solidaridad con todas y todos los prisioneros que aguardan la aplicación de la amnistía. Las FARC-EP CUMPLEN!

 

  

 

La imagen de los buses azules del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), transportando a guerrilleros de las Farc que salían de diferentes cárceles del país para dejarlos en estas montañas del sur del Meta, donde se libró la guerra, era increíble. Empezaron a llegar desde marzo pasado. Se veían sonrientes, victoriosos y eran recibidos con una calle de honor de sus compañeros, que están concentrados en la zona veredal de Mesetas en el proceso de desarme.

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El primer grupo fue de 80 excarcelados. Hoy ya hay 240 -apenas 20 mujeres en el grupo-, aunque el lugar está disponible para albergar a 700 personas en este momento. Llegaron esposados hasta la puerta de este campamento, al que han bautizado con el nombre del jefe guerrillero, preso en Estados Unidos, Simón Trinidad.

Este es el único centro transitorio de reclusión que existe por ahora en el país, y funciona a 800 metros donde 520 combatientes están dejando las armas en la zona veredal Mariana Páez. Según los acuerdos a los que han llegado el Gobierno y las Farc, aquí deben estar, bajo un régimen especial de restricción a la libertad, los miembros de la insurgencia que están siendo procesados por delitos no amnistiables y que no han cumplido cinco años de la pena en la cárcel.

En esa lista entran quienes estén procesados por delitos de lesa humanidad, como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

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La situación jurídica de estos 240 presos no está resuelta y sus casos deberán ser revisados por los jueces y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ante ellos deben aportar efectivamente a la verdad, comprometerse con la reparación a las víctimas y con medidas de no repetición. Solo así recibirán los beneficios previstos en los acuerdos, es decir, no pagar más cárcel.

Quienes están aquí llegaron desde las penitenciarías de Villavicencio (Meta), Modelo y La Picota (Bogotá), El Conduy y Las Heliconias (Caquetá), Rivera (Huila), Pedregal (Medellín), San Isidro (Popayán) y Cómbita (Boyacá).

El campamento tiene cinco hectáreas delimitadas por un cerco sencillo de alambre de púas. Está en una orilla de la trocha por la que se puede llegar desde Mesetas a La Uribe (Meta) y es una ciudadela similar a la que habitan los combatientes concentrados en las 26 zonas veredales y puntos transitorios del país.

Mientras estuvimos en este campamento observamos, en el salón de reuniones, a Guillermo 39, un guerrillero veterano que estuvo preso en la cárcel de Villavicencio. Socializaba las premisas de los estatutos del partido político en el que se convertirá la guerrilla de las Farc. El seudónimo de 39 se debe a que fue uno de los fundadores de ese frente, 15 años después de que se enrolara en la insurgencia en la vereda Piñalito de Vistahermosa (Meta), en 1987. Ahí llegó después de estar en la Juventud Comunista y, al final, en la Unión Patriótica, cuando decidió alzarse en armas.

En 2003, después de que se rompieron los diálogos de paz del Caguán, empezó la actividad militar de Guillermo 39 en el páramo de Sumapaz. En esa región resultó herido y tras sus lesiones, el Mono Jojoy, entonces jefe del bloque Oriental, ordenó trasladarlo a Bogotá donde, apoyado en dos muletas, continuó siendo guerrillero, esta vez enviando munición e intendencia a las montañas de la cordillera Oriental.

 

El 25 de septiembre de 2008 lo capturaron en Bogotá y lo condenaron a cinco años de prisión. En 2013, cuando recobró la libertad, se presentó al área de las Farc en Mesetas para volver a ingresar; sin embargo, le asignaron funciones logísticas afuera de los campamentos y el 5 de marzo de 2016 fue nuevamente capturado.

Esta última vez fue acusado por la justicia ordinaria de participar en la toma a Puerto Rico (Meta) el 10 de julio de 1999. “Los delitos que me imputan en estos momentos son secuestro extorsivo, rebelión y homicidio agravado, de los cuales puedo aceptar rebelión, pero yo ya había cancelado eso con el Estado”, contó después de la reunión.

En calidad de trasladados

Al lado del salón de reuniones queda el gimnasio, que tiene dos pesas artesanales. Las construyeron con palos finos y cemento. Algunos pasan allí parte del tiempo, mientras otros chatean con sus familiares alrededor del alambrado. De ahí no pueden salir, aunque no existen rejas de seguridad que lo impidan.

Aquí no hay un régimen como en las cárceles de las que salieron. Tres guardias del Inpec, que pernoctan en la sede del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación en la vereda La Guajira (ubicada a un kilómetro), hacen ronda tres veces al día para contar a los reclusos.

La restricción es voluntaria, me dijo Elías Liscano, otro integrante del frente 53 de las Farc, quien fue capturado por las autoridades en diciembre de 2014, en La Uribe (Meta) cuando desarrollaba un trabajo de finanzas para la organización insurgente.

“Acepté ser rebelde, ser guerrillero, y asumimos las consecuencias que sean necesarias. La extorsión era una tarea necesaria para el movimiento, porque acá se tiene que comer, vestir y conseguir material de guerra”, apuntó Lizcano.

Luego me explicó por qué nadie se iba de esa cárcel sin rejas y en la sabana. “El que se quiera ir de acá, pues individualmente responderá, pero creo que de los que estamos aquí nadie va a preferir eso. Entonces eso no va a pasar”.

La puja por la verdad

Bayron, quien por seguridad aún no quiere revelar su nombre de pila, tiene otra parte de la verdad de este conflicto. Tiene un parche negro en el ojo derecho, le hace falta una mano y fue guerrillero de la columna más perseguida por las Fuerzas Militares durante la guerra: la Teófilo Forero. Fue capturado en marzo de 2014, cuando se recuperaba en su casa en Caquetá de las lesiones físicas que le había dejado la guerra.

“Por el perfil de los delitos que tenía, supuestamente era uno de los más diabólicos de la Teófilo. Por eso me trasladaron a la de máxima seguridad, a La Picota”, comentó cuando conversábamos en un morro desde donde se ve la cordillera Oriental.

Su caso es similar al de muchos guerrilleros rasos acusados de terrorismo y homicidio. No obstante, ese será el reto de la JEP, “porque durante el conflicto los fiscales y jueces trataban de acumularnos la mayor cantidad de delitos, de acuerdo con la columna o frente en el que uno estuviera. ¿Para qué? Para condenarnos a más años de prisión”, refirió Bayron.

A nivel nacional hay un listado de más de 3.470 guerrilleros presos. Una cifra que el propio secretariado de las Farc ha venido depurando y que hoy está en 2.471.

Aunque el campamento está diseñado para recibir a 700 presos, las instalaciones deben quedar en poco tiempo habilitadas para algo más de 1.000 personas. Los mismos guerrilleros aún construyen esos alojamientos, que son independientes, pero que están pegados entre sí formando hileras de habitaciones en todo el campamento.

Según la directora jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes, esta es la única zona veredal con campamento habilitado como centro transitorio de reclusión, porque es la única que cumple con las condiciones de salubridad, seguridad y accesibilidad exigidas por las Naciones Unidas.

Nadie sabe cuántas personas llegarán finalmente allí, porque los traslados se cumplen según las decisiones de los jueces de ejecución de penas que están resolviendo uno a uno los casos de los presos de las Farc. Por eso, dice Cifuentes, el Gobierno prefiere esperar antes de habilitar otra zona con más instalaciones de este tipo. “De ser necesario, el Gobierno revisará si se puede habilitar otro centro de reclusión en otra zona”.

Uno de los retos pendientes para el Gobierno será afrontar el trámite, a partir del 20 de julio, de la ley estatutaria de la JEP, que deberá resolver con la mayor celeridad la situación de estas personas, pues no pueden permanecer de manera indefinida en este centro transitorio.

Otro asunto a resolver será reglamentar esta zona veredal de Mesetas, teniendo en cuenta que la figura se acabará el 1° de agosto. Por ahora, además de quienes están obligados a estar aquí, ya llegaron 21 expresidiarios que quedaron en libertad condicionada y que podrían estar en sus casas, pero se resguardan en el campamento para proteger su integridad física.

En ese campamento, mientras los excarcelados entre ellos estudian primaria y secundaria, también esperan a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, también conocido como Simón Trinidad, hoy preso en una cárcel de Colorado (Estados Unidos). Igualmente esperan ver a Sonia, extraditada a una prisión de Norteamérica y quien en cinco meses cumpliría su condena. “Y está firme con la lucha”, contaron los que la conocen en el campamento.

Si se cumple el sueño de los guerrilleros presos, de ver a Trinidad en ese campamento algún día, llegaría a unas habitaciones de tres por tres metros, rodeadas a lo lejos por los árboles del Parque Nacional Natural Tinigua. Al campamento donde hay una cancha de fútbol, una mesa de pimpón, una aula improvisada de clases y una zona para poder llamar a sus familiares.

Simón Trinidad está condenado a 60 años de prisión, según las autoridades estadounidenses, por su participación en el secuestro de los ciudadanos norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves. La esperanza de libertad que tenían las Farc se derrumbó el 20 de enero pasado, cuando el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no lo incluyó en la lista de los 64 indultados.

En el campamento lo recuerdan con consignas. La de las Farc era que todo el que caía en prisión, cuando quedaba libre regresaba, porque, entonces, la guerra no tenía fecha definida. “Venimos a buscar a nuestra familia que somos todos los guerrilleros”, expresó Bayron. “Decirles que nos perdonen por todo lo que hicimos, no queríamos, pero nos tocó por la situación que la época arrojó”, dijo Elías Lizcano a las víctimas y luego recordó que hace casi 13 años, el 31 de diciembre de 2004, Trinidad fue extraditado a una cárcel de Norteamérica.

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

El desarrollo legal

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

El desarrollo de los acuerdos

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

Una nueva situación política

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Domingo, 25 Junio 2017 09:35

El sabotaje continúa

"Solicitamos que se tomen las medidas pertinentes para evitar las recapturas de las personas que van siendo excarceladas...." denuncia el dirigente de las Farc, Mauricio Jaramillo

Domingo, 25 Junio 2017 06:51

Guadalupe, 60 años

Hace 60 años asesinaron a Guadalupe Salcedo en el sur de Bogotá. Había estado reunido con miembros destacados del liberalismo —Juan Lozano y Lozano, entre otros— y algunos excomandantes guerrilleros del Llano —Franco Isaza, los hermanos Villamartín, Berardo Giraldo— en un restaurante al norte de Bogotá llamado La Bella Suiza. Después, con sus tragos en la cabeza, paró en un bar cerca del sitio de donde salían las flotas para Villavicencio. Tocó el cuatro, se cantó sus joropos, pero al notar que estaba siendo espiado, decidió con sus amigos y guardaespaldas tratar de embolatar a sus seguidores. En la calle 17 sur con Caracas se les atravesó una radiopatrulla de la Policía. Guadalupe, que iba manejando, esquivó el retén, pero fue perseguido y finalmente emboscado por la Policía. Se bajó de su vehículo con las manos en alto y fue asesinado. El fiscal del caso, doctor Eduardo Umaña Luna, en su alegato presentó una prueba contundente del crimen: Guadalupe tenía un orificio de entrada de una bala de fusil en la palma de su de su mano izquierda. Sus honras fúnebres, con gran concurrencia de liberales, fueron en la iglesia del Espíritu Santo, en el barrio Teusaquillo. Fue enterrado en San Pedro de Arimena con dos de sus guardaespaldas. Tenía 33 años y ya era una figura legendaria. Hace pocos días el doctor De la Calle recordó el acontecimiento y dijo: esto no se puede repetir porque por ese camino continuaremos en la guerra. El Estado firmó, el Estado debe cumplir.

Guadalupe nació en Tame, Arauca. Su padre era venezolano y su madre medio indígena. Se crió en lo que llaman “el centro del Llano”, por allá en Matanegra, a orillas del Meta. Era un criollo criollo: “Trabajaba llano”, tocaba cuatro, cantaba, tenía sus mujeres y era también “cachilapero”, o sea, arriaba ganado para su fundo cuando se lo topaba “barajustado”. Por eso estaba preso en noviembre de 1949 en momentos en que las cabezas liberales habían aplaudido un golpe militar contra Laureano cuando este nombró primer designado a Roberto Urdaneta Arbeláez. Hubo, como siempre sucede, contraorden y sólo el capitán Alfredo Silva y un liberal reconocido del Llano, Chaíto Velázquez, cumplieron lo planeado y se tomaron Puerto López, Villavicencio, Barranca de Upía. Guadalupe salió directo para Matanegra. El intento fracasó; el Gobierno le dio vía libre a la acción criminal de la Policía, los chulavitas y las guerrillas de paz, organizadas por el Ejército. Se desató entonces la guerra. Desde Arauca y La Salina, hasta San Martín y Vichada, los liberales se armaron y crearon un formidable ejército irregular de 7.000 hombres y mujeres que arrinconó al Gobierno. Una gran emboscada en El Turpial planeada por Guadalupe mató 97 soldados, muchos a cuchillo. Hoy toda esta región está tomada por grandes empresas agropecuarias.

Guadalupe era un gran militar y un gran llanero: rebelde, franco, ingenuo. Fue nombrado general y jefe del Estado Mayor Conjunto por los 12 comandos guerrilleros del Llano. Aprobó las dos Leyes del Llano —el germen de una constitución plebeya— y lanzó una ofensiva que obligó a un acuerdo entre el liberalismo y un gran sector conservador a dar el “golpe de opinión” de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953: “No más sangre, no más depredación a nombre de ningún partido”. Guadalupe atendió el llamado y se acercó con 12 de sus comandantes a Monterrey, Casanare, a dialogar con los militares. El Ejército convino en conversar si se presentaban sin armas. Guadalupe aceptó y así “cayó en las garras del león”. De ahí para adelante todo fueron filas de combatientes entregando las armas al general Duarte Blum ante los fotógrafos de la gran prensa. Era el 15 de septiembre de 1953. López Pumarejo y Plinio Mendoza Neira habían estado desde 1951 detrás de un acuerdo de paz con los llaneros firmado frente a “delegados plenipotenciarios de otras naciones” sobre libertad política y reforma agraria.

Aquel día, a los guerrilleros les dieron un pantalón caqui, unos zapatos y un azadón.

Miércoles, 21 Junio 2017 10:54

!Que se vaya Bolardo Peñalosa!

HORACIO DUQUE.

Imparable la campaña ciudadana para lograr la revocatoria del Alcalde de Bogota, Bolardo Peñalosa, y su modelo neoliberal convertido en el paraiso de los capitales financieros especuladores con las inversiones en los desarrollos urbanos.

Peñalosa es el emblema de la negacion del derecho a la ciudad.

El sujeto politico que lidera la revocatoria es un conglomerado de fuerzas populares constituidas en la defensa de las conquistas democráticas alcanzadas en los años recientes por los burgomaestres progresistas y de izquierda.

Vienen nuevos pasos para echar de la Alcaldia este agente de los granes capitales bancarios y financieros.

La campaña para desalojar de la Alcaldía de Bogotá a Bolardo Peñalosa ha logrado un nuevo e importante peldaño en la batalla del pueblo colombiano y bogotano contra el neoliberalismo y el poder de las criminales oligarquías que dominan el Estado y la sociedad.

Frente a la contundencia de los hechos, la Registraduría  Nacional del Estado  Civil ha debido confirmar el número legal de firmar para proceder al trámite correspondiente cuya teleología es consagrar una victoria significativa de las masas populares en la Capital de la Republica mediante la suspensión del mandato del actual Alcalde de la ciudad donde habitan casi 10 millones de personas.

No prevalecieron las maniobras ni las leguleyadas de los politiqueros afines a Peñalosa, que en el campo de las instituciones electorales, acudieron a diversas argucias para impedir la demanda democrática de la ciudadanía.

En la movilización que se ha dado en los meses recientes lo que importa destacar, desde el ángulo político, es la ruta seguida en la constitución del sujeto y la subjetividad encargada de la recolección de las firmas y la elaboración de los memoriales que justifican y legitiman la petición de la revocatoria de un inepto burgomaestre.

Los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, de naturaleza pública, y sus dirigentes sindicales, junto a otros importantes movimientos políticos, como el Partido Comunista, han volcado todas sus infraestructuras organizativas para acumular una potencia de grandes proporciones focalizada en la ofensiva contra la camarilla neoliberal que pretende destruir los importantes derechos sociales alcanzados durante los gobiernos progresistas de reciente ejecución.

Peñalosa es un caracterizado agente del neoliberalismo; un operador de los capitales financieros utilizados para la explotación de las plusvalías urbanas mediante la manipulación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

El Metro peñalosista, los nuevos esquemas de transporte masivo, las proyecciones para dotaciones en sectores de altos estratos burgueses de la ciudad, el uso del Esmad para aplastar la protesta popular, las alianzas con el paramilitarismo uribista y otras medidas incluidas en el Plan de Desarrollo de la actual administración son estrategias regresivas que ya afectan duramente gruesos significativos de la ciudadanía capitalina.

Es lo que explica el enojo popular y el auge del rechazo al nuevo rostro del neoliberalismo bogotano.

La marcha debe proseguir hasta que logremos que se vaya Bolardo Peñalosa.

 

El máximo líder del ELN dijo que esa es la razón por la que no se afanan para llegar a un acuerdo.

El máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias 'Gabino', aseguró que como grupo están alarmados por el proceso de paz que sostienen con el Gobierno, por los incumplimientos a lo pactado de las Farc.
Alias ‘Gabino’ aseguró que la paz se ha convertido en un genérico que todos los sectores políticos utilizan, y se refirió puntualmente a cuál es la dificultad que como grupo encuentran para llegar a un acuerdo con el Gobierno:
“Nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos, con esa paz nosotros no vamos”.

Nicolás Rodríguez Bautista aseguró que el Gobierno ha modificado la agenda acordada, que se les quieren imponer asuntos de carácter unilateral y aseveró: nosotros eso no lo vamos a aceptar y reafirmamos la importancia de que empiece en Quito cuanto antes el desarrollo de la agenda como está concebido.

Sobre la dejación de armas dijo: el Gobierno quería que nosotros suscribiéramos en la agenda la disposición de dejar las armas. Nosotros no sabemos si sea posible dejarlas, porque las condiciones que produjeron el levantamiento armado están vigentes, por lo tanto, las armas se necesitan.

Finalmente, sobre los rumores del ELN ocupando las zonas de abandono de las Farc, alias Gabino asegura: “si nosotros tuviéramos la fuerza en hombres para llegar a esos territorios, sin duda lo haríamos, no la tenemos. En eso somos sinceros y hay que decir la verdad: no llegamos allá porque no tenemos la capacidad de llegar”, indicó el máximo comandante del ELN.

HORACIO DUQUE.

El militarismo y el paramilitarismo asfixian la vida comunitaria y democrática de la ciudad de Tumaco, con casi 250 mil habitantes, la mayoria afrodescendientes. La mayoria afectados por problema de miseria, pobreza y violencia desatada por el gigantesco aparato militar oficial.

En la ciudad, las organizaciones populares adelantan reuniones y encuentros para realizar un gran paro civico que exija desmontar el aparato militar y policial y ampliar la inversion social en las necesidades basicas de los jovenes, las mujeres, los campesinos, los afros y los indigenas. 

No mas paz de mentiras, exigen los tumaqueños.

Tumaco es, después de Buenaventura, el segundo centro urbano más importante del Pacífico colombiano. Allí viven casi 250 mil personas en su gran mayoría población afro descendiente, vinculada a centenares de Consejos Comunitarios, el hábitat tradicional de dichos grupos étnicos.

Su vida cotidiana está ligada a la cuenca del mar pacífico y a la presencia del Estado ecuatoriano con el que se vincula por importantes ríos y rutas fronterizas.

Entre Tumaco, sus corregimientos y veredas, se da un fluido intercambio con la población y la sociedad ecuatoriana.

La población de la ciudad en su gran mayoría es afectada por graves problemas de pobreza y miseria. Tumaco presenta una singular característica, pues la mitad de su población se encuentra localizada en la parte rural. Por eso su actual Plan de Ordenamiento Territorial prioriza la zona rural y sus corregimientos, aunque es poco lo que ofrece como solución a las graves condiciones de exclusión y subdesarrollo socio económico.

Sin embargo, uno de los fenómenos más complejos que azota a la Perla del Pacífico es su descomunal militarización. En Tumaco hay militares de todos los pelajes repartidos por carreteras, calles, avenidas y barrios populares.

Hay policía, hay Esmad, hay Meteoro, un grupo especial de la Marina, hay policía civil por centenares, hay CTI y hay una amplia red de fichas confidenciales de los aparatos armados.

Esta infernal maquinaria policial y militarista es un azote para la población que es víctima de atropellos y ultrajes antidemocráticos por tales estructuras autoritarias y corruptas.

Con quien se conversa en Tumaco te manifiesta que lo peor de la ciudad es este aparato depredador, foco de violencia y corrupción, pues cada unidad de estas llega pensando en enriquecerse de la noche a la mañana mediante su asociación con las redes mafiosas del narcotráfico que actúan merced a la complicidad de los militares y policías.

Un simple análisis permite inferir que el Estado colombiano invierte multimillonarias sumas en la represión y los aparatos de violencia, cuando lo que la ciudad requiere prioritariamente es mayor inversión social para el empleo, la educación, la salud, los servicios públicos, la movilidad, los ancianos y el cuidado de los recursos ambientales.

El militarismo en Tumaco es la plaga que alimenta el paramilitarismo y la pobreza de miles de personas. Al lado de esta infernal maquinaria militar, como decía Huntington, es natural que se incube y expanda el bandidaje paramilitar.

El desespero crece en la ciudad y desde distintos campos populares se ha planteado la hipótesis de un gran Paro cívico en Tumaco y el Sur del Pacifico, tal como ocurrió recientemente en Buenaventura, para exigir del gobierno nacional, que tanto se jacta con la paz, que atienda y resuelva los problemas centrales de la sociedad, empezando por la desmilitarización de la vida pública e incluyendo la creación de una Parque Científico de Innovación social que aborde de manera efectiva los problemas más graves que afectan a casi 200 mil personas.

Hay que dejar de estigmatizar a Tumaco con el tema de las drogas y el narcotráfico y más bien pensar en sus grandes potenciales democráticos y de paz.

Desde la próxima semana, que empieza el 20 de junio, se iniciaran reuniones en la ciudad de varias organizaciones populares para diseñar  el Pliego de peticiones y planificar la agenda de encuentros y asambleas preparatorias del Paro cívico del sur del Pacifico.

Tumaco, vereda La Variante, 16 de junio 2017.

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Esta pactado que el 20 de junio culmine este proceso.

Existen preocupaciones puntuales en la guerrilla que han frenado el impulso de cumplir con el cronograma, temas en los que el Gobierno ha querido avanzar pero ha sido imposible por cuenta de decisiones judiciales, voluntad política y otros factores externos ajenos al deseo de implementar el acuerdo.

Seguridad jurídica es tal vez el reclamo más reiterado de las Farc. La ley de amnistía aprobada en diciembre no ha podido ser aplicada en su totalidad razón por la cual aún hay cientos de guerrilleros presos. Otro tema de esta índole es la JEP que está en revisión en la corte constitucional; las Farc han dicho que si el alto tribunal tumba la jurisdicción especial de paz se acaba el proceso de paz pues es la columna vertebral del sistema de verdad justicia y reparación.

 

El asesinato de líderes sociales y la no puesta en marcha de la unidad especial de la Fiscalía para el combate del paramilitarismo es otra de las preocupaciones de las Farc pues es un hecho que estas estructuras criminales son una amenaza para los guerrilleros y líderes defensores de derechos humanos.

Las Farc si bien no han detenido el proceso de desarme lo están haciendo de manera parcial a la espera de que estos tres temas se superen. Es por eso que no estaría listo para el próximo 20 de junio y que se postergue por algunos días.

A esto se suma que el presidente Santos estará la semana entrante en visitas de Estado en Francia y Portugal y habría que esperarlo para anunciar la noticia más importante del proceso de paz, la entrega de la totalidad de las armas personales de la guerrilla.

Noticia en desarrollo….

Una fuerte denuncia pública y protesta ante comunidad nacional e internacional realizaron desde la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba los directivos de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos "ANUC- seccional Cordoba", Rosmy Rojas Luna (presidente) y Luis Perez Rossi, secretario, frente a las irregularidades cometidas por un comando de las fuerzas armadas del estado colombiano que realizó allanamientos contra las comunidades agrarias en el corregimiento de Buenos Aires, vereda Las Pavas del municipio de Canalete, Córdoba, el día sábado 10 de junio de 2017.

Según el comunicado de la ANUC ese día hombres de Ejercito Nacional y Policía irrumpieron ese día a las  2:30 a.m. alterando  la tranquilidad del descanso de las familias campesinas y víctimas beneficiarios desde hace apenas 1 año, de la parcelación Santa Cruz, en proceso de reubicación, caso Jaguar, en el sector mencionado anteriormente.

Los integrantes del comando de las fuerzas armadas del Estado colombiano, compuestos por el Ejército Nacional, Policía Nacional y civiles de la Sijin,  violentaron cuatro casas de campesinos, partieron las puestas, cometieron  un acto de tortura psicológica y física, ya que los sacaron  a sus ocupantes al patio los pusieron de rodillas alrededor de dos horas que dura el operativo, y con ellos las esposas, hijos y  nietos niños pequeños, les preguntaban si en donde estaban las armas, gritándolos con palabras impropias muy groseras propias de los militares y policías, hasta el punto de interrogar a los niños que les dijeran en donde estaban las armas, le hicieron dos disparos en la oreja al señor Francisco Vergara, líder de la parcelación perteneciente a la Anuc, y también lo patearon y cachetearon,  no les presentaron orden de allanamiento, indica el documento de la asociación campesina.

La junta directiva de Anuc  exige a las autoridades que esclarezcan estos hechos, porque y de sonde surgieron dichos allanamientos  y se tomen los correctivos necesarios y resarcir los daños causados a los habitantes.

“Exigimos a las autoridades competentes que esclarezcan esta violación de derechos humanos a una asociación declarada víctima del conflicto armado del país  por la Unidad Nacional de Víctimas,   y que con estos hechos están revictimizando a nuestra asociación por parte del mismo estado con sus fuerzas armadas regulares”, señalan.

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
  • marx_foto_misu_joaco_pinzon

Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

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