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¿Deben los revolucionarios colombianos sostener la crisis de podredumbre dominante?

El anuncio de dos fiscales “independientes” (así sea al finalizar los términos fijados al Consejo Nacional Electoral para adelantar la investigación de papel asignada), confirmando “con certeza” que la trasnacional Odebrecht pagó las campañas presidenciales 2014, en donde el escaso pueblo colombiano que vota, debió elegir “necesariamente” entre dos mascarones de proa en los que se encuentra fraccionada la “lumpen-burguesía” colombiana u oligarquía contrainsurgente trasnacionalizada dominante: Zuluaga representando la fracción “retrógrada” liderada por Uribe Vélez y el jefe de la fracción rival “modernizante” y gobernante JM Santos; así como la captura del alto Fiscal anticorrupción corrompido, junto con la seguidilla de capturas de altos cargos de la justicia en Medellín,  Magistrados de Villavicencio y, etc.

Es la culminación y confirmación definitiva de que la larga crisis de descomposición de la sociedad colombiana ha llegado a su punto máximo y talvez irreversible.

Es una larga crisis tanto económica, como jurídica, política y moral de larga evolución, que en una larga perspectiva se enraíza con la corrupción de los empréstitos ingleses del general Santander, y en la mediana y cercana perspectivas,  con la contra-revolución anti Gaitanista y anticomunista triunfante iniciada por el presidente ultraconservador Ospina Pérez en 1946; con la creación de la OEA y el asesinato de Gaitán dos años después; la persecución militar contra los nueveabrileños y comunistas que siguió a continuación; el ascenso definitivo del falangista Laureano Gómez; la formación de los cuadros militares anticomunistas del batallón Colombia por los EEUU durante la guerra de Corea. La guerra civil liberal conservadora; la dictadura bipartidista y anticomunista del ganadero y contrabandista General Rojas Pinilla; el Pacto bipartidista y excluyente en las alturas del Frente Nacional entre el falangista Laureano Gómez y el creador del Pacto de Bogotá en 1948 y luego jefe de la OEA Alberto Lleras Camargo, y, la puesta en marcha en 1962, de la recomendación del general US army Yarborough para conformar el Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCi) dominante actualmente con su hipertrofia militar keynesiana que en 1964, bajo la presidencia del gamonal conservador caucano Guillermo Valencia, inició los bombardeos contra las “republiquetas comunistas de Marquetalia y Riochiquito” e comenzó la guerra contrainsurgente que, después de 52 años en 2016, se pudo concluir con el Acuerdo Final entre el Estado Colombiano y las FARC-EP.

Pero, no después de haber considerado los miles de muertos, desaparecidos y millones despojados que son un reclamo retórico y demagógico sin valor de cambio, sino las pérdidas fiscales y monetarias reales de la crisis económica que significó haber invertido durante varias décadas el 5,5% del Producto Interno Bruto del país sosteniendo un aparato militar gigantesco y parasitario de 500 mil soldados y militares, las cárceles para 10 mil presos políticos, el millón de dólares diario que gasta la Fiscalía inútil, el enorme gasto público del colapsado aparato burocrático judicial, y de haber militarizado y fanatizado la sociedad colombiana hasta su extremo.   

A partir de los gobiernos del llamado Frente Nacional, el país se encharcó económica y políticamente con rotaciones presidenciales bipartidistas contrainsurgentes como las del Liberal Lleras Restrepo quien realizó el fraude electoral para subir al conservador Misael Pastrana, en un interregno “nadaista” que condujo a la corrupción abierta de López Michelsen en 1974 con los líos de la finca llanera de sus hijos, la ventanilla siniestra oficial en el Banco Central para lavar los crecientes dineros del Narco tráfico en expansión, el banco de su pariente el “águila Jaime Michelsen”, hasta llevar en 1978 a la sociedad colombiana a aceptar como algo natural  la presidencia del eximio ex concejal y exmerladero, miembro de esa “lumpen burguesía” en asenso: el intelectual Liberal Turbay Ayala, cuyo lema de gobierno fue “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. (sic)  

Descomposición política y social continuada durante los gobiernos frente nacionalistas y combinaciones bipartidistas con sus diverso nombres de garaje, hasta desembocar en la crisis del narcotráfico en 1990, con otro destacado miembro de la OEA, el liberal neo, Cesar Gaviria, quien trató de recomponer la situación mediante un arreglo con el cartel de Medellín, una Constituyente con una nueva constitución y la cooptación en su gobierno de algunos guerrilleros desmovilizados.

Pero tamaña crisis económica y social, no podía resolverse fácilmente porque la economía colombiana, debido al ascenso del Narco Trafico y sus gigantescos capitales lavados, ya habían trasnacionalizado su economía junto con su clase dominante lumpen burgués y la crisis colombiana era parte de una crisis mayor: la gran crisis sistémica del capitalismo global iniciada en 1970.

En 1994, vendría la madre de todos los escándalos de corrupción-impunidad en Colombia, el llamado “proceso ocho mil” que confirmó la financiación de la presidencia de Ernesto Samper con dineros del Cartel de Cali. De ahí en adelante vinieron las crisis económicas y los escándalos de corrupción-impunidad y desfalcos de Pastrana (1998) con el banco de Occidente, Dragacol, Termorio Ecopetrol, entre los que se pudieron conocer; y cuatro años más tarde en 2002, se iniciaría el “octenio de Uribe Vélez”, cuyo prontuario de delitos, corrupciones,  violaciones y crímenes Impunes que concluyeron con la toma de todo el aparato del Estado por la lumpen burguesía trasnacionalizada de Colombia y la mafia Narco Paramilitar, requeriría un trabajo que excede cualquier artículo periodístico.

 Así, desembocamos en el gobierno reelegido (desde 2010) de J M Santos, economista formado por los poderes financieros en Wall Street y la City of London, avisado de la desbastadora crisis estructural del capitalismo global finacializado iniciada en 2009 y en curso, y quien durante su paso como ministro de defensa de Uribe Vélez ( ay, de los falsos positivos) pudo darse cuenta de la realidad económica generada por el parasitismo de asignar el 5,5 % del gasto público para sostener la hipertrofia militarista; decidió “negociar” con las guerrillas insurgentes un Acuerdo para finalizar el monstruo de la guerra contrainsurgente devoradora de recursos, pero con el objetivo oculto de desarmarlas tanto militar como política e ideológicamente, así como seguir sosteniendo a la lumpen burguesía dueña del aparato Estatal y político con todas sus prerrogativas. Sin grandes modificaciones. 

Para esto, mediante complicadas “negociaciones y concesiones” dentro del Bloque de Poder Dominante, trazó para ello la infranqueable línea roja de evitar bajo cualquier circunstancia una Asamblea Nacional Constituyente, así fuese limitada a los aspectos acordados con la insurgencia, para imponer un plebiscito “refrendatorio”, el que al perderse, como se perdió, hirió de muerte al Proceso de Paz, su única bandera de mostrar en medio de la interminable crisis generalizada económica, política, moral, y de podredumbre que estamos presenciando. 

No fue suficiente regar dineros oficiales por todas partes (la mermelada de los opositores) ni colocar un Fiscal especializado en grandes negocios como NHM, subalterno de uno de los poderes financieros y parasitarios más grandes de Colombia como el cacao Sarmiento Angulo y parte dirigente de la mafia lumpen burguesa del vicepresidente Vargas Lleras, para que dejara fluir el “libre mercado” de capitales financieros mafiosos y trasnacionales de la llamada economía subterránea. Se la adicionó la maraña de Fiscales anticorrupción hábilmente nombrados y escogidos de entre los hijos de la lumpen burguesía como Luis Gustavo Moreno y su esposa para que “engavetaran” los procesos asignados y dejaran impunes las cosas.   

 Pero tanto va el cántaro a la fuente hasta que por fin se rompe. Y, Odebrecht fue su caída, no porque el Fiscal NHM lo hubiera querido, sino porque la fiscalía brasileña y la justicia estadounidense, junto con otras fiscalías latinoamericanas lo exigieron. Y ahí están los resultados. A la vista de quien los quiera ver y tomar las decisiones del caso:

 Santos si fue financiado como presidente de Colombia por los dineros corruptos de la trasnacional Odebrecht, igual que su adversario el títere Zuluaga de quien nadie esperaba nada diferente. Pero el asunto es que, el presidente de Colombia ha sido deslegitimado mundialmente (así no haya juicio legal) y ha caído arrastrando consigo única bandera que tremoló durante estos 10 años de estancamiento y pudrición económica, social y moral: “La paz”, la misma que le sirvió para ganarse un Premio Nobel y su postración y deslegitimación actual no puede ser mayor. Y claro que seguirá cayendo y arrastrando a todos aquellos incluyendo a todos los revolucionarios que aún creen el Él y piensan hacer alianzas electorales con sus partidarios.

Pero ha quedado claro para la historia que, no se puede ser revolucionario y a la vez poner el hombro para sostener un edificio carcomido y podrido de arriba hasta abajo, con el fin de apoyar a uno de sus más grandes arquitectos y constructores como es J M Santos.  

Así pues, urge a los revolucionarios colombianos “desmarcarse” o deslindarse definitivamente de la presidencia corrupta de Santos. No esperar mayor cosa de Él en este su colapso.

Tomar la distancia necesaria y la autonomía e independencia con respecto al Acuerdo de Paz ya firmado: No es un Acuerdo con Santos.  Es un acuerdo con el Estado  Colombiano internacionalmente reconocido, y sea quien sea el próximo presidente de Colombia en 2018, deberá  ser cumplido y satisfecho, y para ello, hay que reformular la táctica y la estrategia que permita utilizar todos los medios de lucha democráticos de masas posibles, legales, legítimos Y NO ARMADOS, con los cuales se pueda  presionar al nuevo inquilino de la casa de Nari, quien indudablemente deberá gastar parte de su tiempo tratando de resanar el edificio podrido que se le ha venido encima. Que ha colapsado.

Al mismo tiempo que se vuelve a poner al orden del día la Asamblea Nacional Constituyente que resuelva de manera popular, democrática y avanzada la nueva situación de crisis de Poder creada y solucione de manera definitiva los puntos acordados y firmados en el Acuerdo Final entre el Estado y las Farc-EP; así como los que se firmen con el ELN.

Para ello, es indispensable desenmascarar y superar todos los intentos que hace Jaramillo, el comisionado de paz de Santos, para sabotear e impedir la realización del próximo Congreso de Las Farc-EP, con el fin de que allí no se discutan estos temas aquí planteados y los demás sobre el futuro de Colombia, sobre todo, que se analice este futuro,  enmarcando su crisis de podredumbre actual y en curso,  dentro de la crisis estructural general del capitalismo global imperial, así como el papel  que deben desempeñar los demócratas y revolucionarios en esta situación. 

Fuente Imagen Internet. 

          

                                     

      

                

       

 

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