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"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

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Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano reunida en su segundo encuentro los días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la Ciudad de Berlín, Alemania, agradece y valora en su justa dimensión los saludos y mensajes de solidaridad y apoyo al Evento.

En Colombia hay una enorme esperanza en amplios sectores del Pueblo Colombiano, que cansados de la guerra con todas sus consecuencias, miran con optimismo la posibilidad real de una Paz con Justicia Social, estable y duradera.

Pero vemos con profunda Preocupación la existencia de tres enemigos fundamentales que buscan por todos los medios impedir este noble propósito:

1. La indefinición y falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos, su Vicepresidente, y varios partidos políticos de la Unidad Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC.

2. La actitud abiertamente provocadora y saboteadora del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien defendiendo los intereses de su cliente, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica a torpedear el proceso de Paz en la fase de implementación, principalmente en su trámite legislativo, y distrae la opinión pública con cortinas de humo, como la lucha contra la corrupción estructural del régimen, de la cual, uno de los mayores responsables es la Fiscalía General de la Nación, que mediante la más escandalosa impunidad ha encubierto no solo la corrupción, sino también el genocidio histórico contra el Pueblo Colombiano.

3. Álvaro Uribe Vélez y su entorno ultra-reaccionario, quien junto con el paramilitarismo, se oponen rabiosamente a los anhelos de Paz del País.

Resaltamos la importancia que la Constituyente de Exiliadas/os víctimas del terrorismo del Estado Colombiano, participe activamente en la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP. Para ello el 2º Encuentro ha concluido, presentar el Estatuto del Exiliado/a y repatriación en el marco de la implementación y que en este proceso se nos reconozca como sujetos políticos en reclamo de nuestros derechos.

Saludamos y apoyamos las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Como organización de exiliadas/os, víctimas directas del conflicto, haremos llegar nuestras propuestas a la Mesa, con la esperanza de alcanzar una paz completa.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad internacional, y convocamos a la más amplia solidaridad, vinculando a gobiernos, partidos políticos, y organizaciones sociales, para que blinden y exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.

Berlín 12 de marzo de 2017

Ni la ausencia de los miembros del Centro Democrático, ni los votos en contra de los senadores de la Alianza Verde Claudia López y Navarro Wolf, pudieron frenar la aprobación de la reforma constitucional que activó y conectó la columna vertebral del nuevo sistema de justicia donde comparecerán la guerrilla, agentes de Estado y terceros civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto. 

El sistema aprobado este lunes con 61 votos a favor está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mientras el Tribunal de Paz administrará justicia de manera "transitoria" sobre conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 "por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado", la Comisión tendrá un carácter extrajudicial y su misión es indagar sobre la verdad de lo que ocurrió en 52 años de confrontaciones. 

Aunque la activación del Fast Track aceleró el procedimiento que se venía adelantando desde la semana pasada, el Acto Legislativo que este lunes se aprobó no es el mismo que llegó al Congreso la semana pasada. Unos temas se resolvieron, otros quedaron frenados y uno que otro postergado. En total, el Gobierno avaló 83 proposiciones, que según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, modificaron todo el articulado del proyecto. Entre ellas, una que inmediatamente levantó malestar en las filas de las FARC.

"Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón", manifestó el jefe guerrillero Iván Márquez una vez supo que el aterrizaje a la arena política tendrá que contar con un aval individual del Tribunal de Paz, donde certifique que cumplió con lo diseñado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Estos son los principales cambios que se le hicieron al Acto Legislativo: 

1. Portazo a los disidentes y reincidentes

Con el eco que tuvieron las propuestas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se les cerró la puerta a los desertores de las FARC en la Jurisdicción Especial de Paz. De ninguna forma podrán beneficiarse del régimen especial de penas y libertades contempladas para los miembros de la organización insurgente. En ese sentido, el sistema de justicia transicional sólo aplicará para quienes suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno. En el caso de los reincidentes no "convivirán los beneficios que otorga la justicia transicional y el delito" por eso serán objeto de doble sanción: por un lado con la justicia ordinaria y por el otro podrán ser objeto de la pena máxima prevista por la JEP de 20 años.

2. Narcotráfico, con margen de maniobra

La discusión sobre el narcotráfico como delito continuado tendrá que esperar unos meses más. Aunque se zanjó la diferencia y el tema se convirtió en la última proposición aprobada al jefe del ente investigador, la noche de este lunes se determinó que una ley reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, se dejó para después la discusión que fije en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas. 

3. Justicia a la colombiana

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Justicia Especial de Paz. Es decir, los miembros de las FARC que sean sujeto de delitos amnistiables o no amnistiables -fuera o dentro de Colombia- no podrán ser extraditados.

4. FARC en la política, Sí y No

La máxima premisa que por estos cuatro años se usó para justificar la negociación quedó condicionada. Los miembros de las FARC que quieran aterrizar a la vida política lo tendrán que hacer con el aval del Tribunal de Paz que certificará si el individuo contribuyó o no con los puntos dispuestos en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. La proposición del senador Carlos Antonio Galán (Cambio Radical) disolvió une parte de las críticas que apuntaban a que los miembros de esa guerrilla -especialmente máximos responsables- puedan participar en política y ser elegidos.

 

5. Responsabilidad de mando criolla

La llamada teoría de la responsabilidad del superior fue uno de los temas más debatidos en el Congreso. Se determinó que la responsabilidad del mando no se podrá fundar exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino en el control efectivo de la respectiva conducta y en el conocimiento basado en la información a su disposición. Aunque este tema para las FARC no quedó incluido en el Acto Legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial de Paz, se dijo que se discutirá en el trámite de Ley Estatutaria que reglamenta cómo funcionará la justicia transicional que se adoptó para investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

6. Delitos de ejecución continuada

La batalla de la Fiscalía contra los activos que han acumulado las FARC en estas cinco décadas, tiene tregua pero se mantiene. Al menos 1.2 billones de pesos se han confiscado hasta el momento, poco más de 250.000 millones entre enero y febrero del 2017. De ahí que en el Acto Legislativo quedó consignado que el grupo guerrillero tiene un lapso -lo que dure las zonas veredales- para inventariar todos los activos que tienen. Los que no se registren quedarán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Fiscalía tendrá la competencia de los delitos de ejecución continuada.

7. Una justicia para todos

La zona gris en la que habían empezado a nadar los exmiembros de las FARC que se desmovilizaron y, por ejemplo, se sometieron a la ley de Justicia y Paz tiene un nuevo escampadero. La Jurisdicción Especial para la paz tendrá la competencia sobre los casos de los miembros de esa guerrilla que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre del 2016 aunque no aparezcan en las listas que presente el grupo insurgente sobre los hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles.

8. Delitos pendientes

Después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió especificar cuáles son los delitos relacionados con la dejación se acordó que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final”.

9. Choque de trenes

Los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena serán dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados de la salas o secciones de la Jurisdicción Especial de Paz no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en el caso concreto. La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de no alcanzarse una minoría en aplicación del carácter preferente de la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de esa jurisdicción.

10. Civiles blindados

Ante el fantasma del cartel de los falsos testigos que se asomó durante la discusión este lunes en el Congreso, se reforzaron las condiciones que llevarían a los terceros civiles a sentarse en el banquillo de los acusados. La proposición del senador Germán Varón (Cambio Radical) acentuó la necesidad de que la justicia especial tenga en cuenta más material probatorio, que sólo un testimonio, a la hora de citarlos. Por cuenta de que el nuevo tribunal deberá concentrar sus esfuerzos en grandes responsables, muy pocos terceros terminarán en ese escenario y más cuando se advirtió que su intervención será voluntaria siempre y cuando no estén estrechamente vinculados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario de manera "sistemática".

11. Resucitó el enfoque de género

El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial y de género que corresponda a las características particulares de la victimización en cada territorio y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y niños víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del sistema. En especial a todas aquellas mujeres que han padecido o participado en el conflicto.

12. Trabajo conjunto

Los órganos del Estado deberán brindar toda la colaboración que requiera la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se deberá promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

El Congreso al fin tramita el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero proposiciones aprobadas atentan contra su esencia

Hacia las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.

En plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en contra en su último trámite por el Congreso.

Pese a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las dilaciones y retrasos que padeció.

La norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una “operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas frente a ella.

A falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como una confesión de su responsabilidad en el conflicto.

A parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa de La Habana.

Tras su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia. “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.

“Cambio Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.

Maldonado hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz. “Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda implementación del punto 5”, añadió.

“Lo que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.

De otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de algunos sectores políticos con ella.

Si bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.

El acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.

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