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Jueves, 20 Abril 2017 01:27

Guerrillero indultado es asesinado

Informa la Zona Veredal "Ariel Aldana" de las Farc ubicada en Tumaco. "Hace quince días había salido de prisión"....A pesar de un Acuerdo entre gobierno y Farc, se asesinan líderes y lideresas sociales ahora directamente un miembro de esta organización insurgente en transito a la vida política sin armas.

  

Según la información suministrada por la comunidad, Oteca se encontraría en la Hacienda Miraflores, propiedad de Incauca, cuando unos hombres vestidos como trabajadores del lugar realizaron los disparos con arma de fuego que acabaron con la vida del comunero.

La presencia de Javier Oteca en la Hacienda, se debe a las actividades de liberación de la Madre Tierra que adelantan los cabildos de Corinto, Cauca y por los que han sido sistemáticamente amenazados y estigmatizados. Según el Consejo Regional Indìgena del Cauca-CRIC “La liberación de la Madre Tierra, además de ser un mandato ancestral es un derecho legítimo de las comunidades, que a pesar del dolor, la persecución y la muerte se mantendrán firmes en los puntos de liberación.”

El día de ayer, las autoridades indígenas habían convocado al Gobierno Nacional a participar de su Asamblea del Plan de Vida Cxha Cxha Wala con el fin de dialogar sobre el plan nacional de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. La invitación fue ignorada por el gobierno y los indígenas continuaron su jornada de manera autónoma. El día de hoy, los indígenas reclaman la ausencia del Estado, no sólo en la jornada del Plan de Vida sino, en general, en los territorios indígenas que cada vez son más victimizados.

En diciembre del año pasado, miembros del Cabildo Indígena de López Adentro también en Corinto-Cauca habrían denunciado la presencia de grupos paramilitares en sus territorios ancestrales. Para esa época, Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto,  señalaba que se declaraban en “en alerta roja por la situación que ha generado también la presencia de panfletos desde la semana pasada en Corinto. Con la presencia de estos panfletos se presenta una situación de desequilibrio que daña la armonía, nos pone en riesgo, no solo a las autoridades, sino a la comunidad entera”,

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes  también denunció que el 27 de febrero de este año  fue asesinado Éder Cuetia Conda padre de dos menores de 2 y 14 años de edad y comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Mientras se aclaran los móviles y responsables del asesinato del comunero Javier Oteca, sigue aumentando  la  crisis de DDHH y el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia.

“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

“Los vamos a acabar uno a uno. Hijueputas guerrilleros, con su hijueputa cuento de la paz, quieren seguir ‘mariquiando’ el país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con su sangre (…) Prepárense para morir”. Así rezaba el primero de los panfletos firmados por las Águilas Negras en los que apareció el nombre de Alberto Yepes, uno de los abogados que conoce más a fondo el dosier de los falsos positivos en Colombia. Una amenaza que, sumada a otros episodios, acaba de empujar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedirle al gobierno colombiano que proteja la vida de este abogado, reconocido por documentar más de seis mil homicidios de civiles cometidos, presuntamente, por militares de todo el país.

En una decisión de nueve páginas, conocida por ¡Pacifista!, la CIDH concluyó que Yepes y su hija se encuentran en una situación de gravedad y que sus vidas están en riesgo. Por eso, le pidió al gobierno que les garantice la vida, que investigue las amenazas y que tome las medidas necesarias para que Yepes pueda “desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.

Todo ello, con un agravante: la CIDH dijo que Yepes estaría siendo perseguido por su trabajo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una alianza que agrupa 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, desconocidos habrían orquestado una “retaliación” contra Yepes por los informes que el Observatorio ha publicado “sobre ejecuciones extrajudiciales, en donde se vincula a miembros del crimen organizado y las Fuerzas Armadas”.

La historia de persecución contra Yepes comenzó en 2014, cuando la CCEEU publicó el informe ‘Falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos’. En él, la Coordinación ponía sobre la mesa su arriesgada hipótesis de que militares colombianos formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad de Estados Unidos participaron frecuentemente en el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El documento también levantó ampolla al argumentar que existió una relación entre las ejecuciones y el suministro de asistencia militar por parte de Estados Unidos a determinadas unidades del Ejército.

En septiembre de 2014, un mes después de la publicación, Yepes empezó a ser víctima de amenazas. En un segundo panfleto, las Águilas Negras lo tildaron de guerrillero y anunciaron su descuartizamiento y el de otros defensores de derechos humanos. Pero los hostigamientos no pararon ahí. A mediados del mes, dos hombres abordaron a Yepes y a su asistente en un barrio de Bogotá y les robaron un computador portátil y dos celulares. El caso fue calificado por la CCEEU como un “robo de información”.

La seguidilla de crímenes continuó en octubre, cuando las Águilas Negras volvieron a incluir el nombre del abogado en un panfleto que decía: “Ya va siendo hora de que a los cerdos comunistas que tienen jodido a nuestro país les ayudemos a retirarse de la política (…) Sufrirán un verdadero desplazamiento al más allá”.El asunto pasó del papel a los hechos en 2015, cuando desconocidos intentaron (o consiguieron) entrar a su casa, no lo sabe con exactitud, donde vive con su hija. En diálogo con este portal, Yepes dijo que el forzamiento de puertas y el merodeo de extraños lo llevó a proteger su residencia “con rejas, cercas eléctricas y cámaras: vivo casi en un búnker”.

Según afirma, la persecución tiene dos motivaciones. Dice que, por un lado, los afectados por sus investigaciones buscan desestabilizarlo emocionalmente para que deje de hacer su trabajo, y que, por otro, hay un plan más ambicioso para frenar las intenciones del Observatorio de Derechos Humanos, que pretende aportar información a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad pactadas en La Habana, sobre todo en casos en los que podrían estar involucrados integrantes de la Fuerza Pública.

Fue por esos y otros hechos que la CCEEU y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudieron a la CIDH. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana le pidió respuestas al gobierno frente a las graves denuncias de persecución formuladas por ambas organizaciones, que, además, argumentaron que la Unidad Nacional de Protección no estaba tomando medidas suficientes para garantizar la vida de uno de los denunciantes de los falsos positivos, el escándalo que sacudió a la cúpula del Ejército en 2008, cuando transcurría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.

Ante los cuestionamientos, el gobierno le contestó a la CIDH que conocía el riesgo que corría el abogado y que le había asignado un carro sin blindaje, un conductor, un escolta y un chaleco antibalas. Más tarde, la UNP reconoció que el nivel de riesgo de Yepes era “extraordinario” y le asignó un vehículo blindado.El tamaño del esquema contrasta con el de funcionarios como el expresidente y senador Álvaro Uribe, que en 2014 contaba con cerca de 65 escoltas y 12 camionetas blindadas.

Pese a ello, y tal como lo han hecho otros defensores con esquemas de protección, Yepes se quejó de las medidas y dijo que ni el carro ni el escolta, ni el conductor, tenían autorización para desplazarse fuera de Bogotá, que el combustible era insuficiente y que el vehículo estaba en condiciones “deplorables”. La disputa pasó a mayores en junio de 2016, cuando la UNP redujo el esquema quitándole el vehículo, el conductor, y dejándolo al amparo de un solo hombre armado, lo que llevó a ese defensor a renunciar a las medidas argumentando que “un escolta armado lo ponía en mayor riesgo”, según consta en la decisión de la Comisión.

Por ahora, y días antes de la decisión de la CIDH, la UNP le asignó a Yepes un esquema de protección completo que consta de camioneta blindada, chaleco y dos hombres armados.

En abril próximo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con Yepes para discutir otras posibles medidas de protección, para él y su hija, y el avance de las investigaciones por las amenazas y robos que continúan en la impunidad. El caso demuestra que, aún en tiempos de paz, defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.

http://pacifista.co/el-abogado-que-ha-documentado-mas-de-6-000-falsos-positivos-lucha-para-que-no-lo-maten/

Luego de tres semanas de la captura de Mateo Gutiérrez, continúan las incongruencias en su proceso judicial. La audiencia de apelación del día de ayer no fue realizada debido a que el estudiante de Sociología no fue trasladado por las autoridades competentes al lugar, impidiendo que esta se llevara a cabo.

Congresistas del país a través de un comunicado de presa, exigieron que se den garantías para el proceso judicial de Mateo Gutiérrez y una veeduría por parte de la Procuraduría, en vista de los diferentes inconvenientes y el poco avance que hay hasta el momento en el caso y la imputación de cargos,   entre los congresistas que firman esta petición se encuentran, Alirio Uribe, Víctor Correa, Ángela María Robledo, entre otros.

Aracely León, madre del estudiante, expresó que el pasado domingo pudo hablar con su hijo “Mateo está fuerte, esperando a que se haga justicia manteniendo la calma en medio de esta situación tan difícil y optimista”. Le puede interesar: "Se conforma red de solidaridad en defensa de Mateo Gutiérrez"

La audiencia que tendría que haberse dado el día de ayer, no ha sido re programada, lo que genera más trabas al proceso de Mateo. Sin embargo, Aracely indicó que la Defensa, ya tiene todas las pruebas referentes a en donde se encontraba el joven el día en que presuntamente lo señalan de haber puesto la bomba panfletaria.

Finalmente, frente a las diversas voces y actividades en solidaridad que se han hecho en defensa de Mateo, Aracely dejo que estas han servido para “reconfortar a su hijo y darle alegría”, tanto sus compañeros de colegio como de universidad han convocado diferentes escenarios para apoyar al estudiante. Le puede interesar: "Exigen libertad de Mateo Gutiérrez a través de Change.org"

Miles de manifestantes antitaurinos se concentrarán nuevamente este domingo 29 de enero en la capital colombiana para expresar su repudio al maltrato contra los animales. La cita se ha realizado a través de las redes sociales para la 1 de la tarde en la carrera séptima, entre la calle 24 y el Planetario Distrital. A la convocatoria se han sumado los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que adelanta la recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde Mayor.

 

La manifestación antitaurinos es y será siempre de carácter pacífico, busca ratificar que la ciudad de Bogotá será una ciudad para la vida y nunca para la muerte, indica uno de los organizadores de la concentración del domingo 29 de enero.

 

Cabe resaltar, que tras los desmanes del grupo ESMAD de la Policía Nacionalel durante las protestas el domingo anterior que originaron varias decenas de heridos y algunos detenidos, se llevó a cabo una reunión entre los voceros de los manifestantes antitaurinos y el General Perilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Mebog, en la cual se acordó un plan operativo para evitar abusos y atropellos por parte de elementos del organismo policial.

 

Los integrantes del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa extienden la invitación a la ciudadanía en general para que mediante sus distintas formas de expresión cultural y lúdica hagan sentir su rechazo a la barbarie, la muerte y sangre que conllevan las corridas de toros.

 

 

  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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