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"Durante la madrugada del día 18 de mayo del corriente el INPEC dando supuesto cumplimiento a las órdenes de traslado a prisioner@s de las FARC proferidas por distintos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad sacan de La Picota de Bogotá a un grupo de nuestros camaradas a los que de salida les agregan dos prisioneras y salen con destino a la zvtn de Mesetas Meta. Sin embargo, la ruta es desviada a la Colonia Penitenciaria de Oriente de Acacías Meta, 45 minutos monte adentro en carro"
 
*DENUNCIA PÚBLICA*
 
Denunciamos ante la Comunidad Nacional e Internacional, ante los entes y órganos de control del Estado, ante las diversas ONGs defensoras de derechos humanos, ante el MMV a nivel nacional y ante el pueblo colombiano en general los atropellos y violaciones a las más mínimas garantías de seguridad y a la dignidad humana de l@s prisiiner@s politic@s de las FARC que han salido beneficiados con la figura de traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización mediante la aplicación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016.
 
Durante la madrugada del día 18 de mayo del corriente el INPEC dando supuesto cumplimiento a las órdenes de traslado a prisioner@s de las FARC proferidas por distintos jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad sacan de La Picota de Bogotá a un grupo de nuestros camaradas a los que de salida les agregan dos prisioneras y salen con destino a la zvtn de Mesetas Meta. Sin embargo, la ruta es desviada a la Colonia Penitenciaria de Oriente de Acacías Meta, 45 minutos monte adentro en carro. Allí son bajados y encerrados en un alojamiento sin ventilación en donde tienen que soportar altas temperaturas y nubes de mosquitos. Es de anotar que están encerrados todo el tiempo. Para completar su venganza, al ya vulnerado grupo los mantienen en total incomunicación, pues no les venden ningún producto, ni siquiera recargas telefónicas.
 
Como aderezo a las vulneraciones de los derechos humanos ponen a nuestr@s camaradas en total riesgo de ser asesinados, pues este alojamiento no cuenta con ningún esquema de seguridad,  un guardian dotado de un revólver da dos rondas en las 24 horas. Y es concreto que los alrededores de esta colonia Penitenciaria es patrullada por paramilitares.
 
Hacemos responsable al Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional y todas sus instituciones de la violación a los derechos humanos y de lo que les pueda pasar al grupo de prisioner@s políticos de las FARC EP puestos en estado de indefensión y abandonad@s allí.
 
 
Lunes, 22 Mayo 2017 08:44

"Las Farc tienen mucha angustia"

En entrevista con EL TIEMPO, el abogado español Enrique Santiago, asesor de las Farc, dice que el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los límites a los congresistas para proponer ajustes a las leyes que desarrollan el acuerdo de paz, le da pie a la oposición para que torpedee lo pactado en La Habana.

¿Confía en que, pese al fallo, las mayorías del Gobierno en el Congreso aprueben sin retrasos graves las leyes de la paz?

Ojalá el Gobierno logre establecer sus mayorías, pero aunque eso ocurra, la declaratoria de inexequibilidad permite que se presenten modificaciones que no se van a ajustar al acuerdo final y que los debates se prolonguen eternamente. Va a ser mucho más sencillo que los enemigos de la paz los dilaten intencionadamente con el fin de agotar los seis meses del ‘fast track’.

¿Esto afectaría el cronograma de desarme?

Un acuerdo de paz está compuesto por obligaciones recíprocas. En la medida en que una de las partes no esté en condiciones de cumplirlas, retrasa la implementación del resto.

La Corte, al limitar las normas para la implementación rápida, habrá sido consciente de que provoca todo tipo de retrasos, entre esos la dejación de armas. Para las Farc, a las puertas de un año electoral, es un serio problema.

La Corte dijo que las disposiciones declaradas inconstitucionales violaban la división de poderes...

Discrepo doctrinalmente de eso. Hay casos que están regulados en la Constitución en los que al Congreso no le corresponde modificar, sino aprobar o improbar, como los tratados. En la práctica, la Corte ha permitido que el Congreso se inmiscuya en asuntos que la Carta reserva al Presidente.

¿Ve algo positivo en que la Corte haya declarado la inexequibilidad para que haya más deliberación?

No le veo nada positivo, porque no es verdad que no haya habido deliberación en el Congreso. Son más de 135 las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta que, conforme al literal declarado inexequible, solo se podía debatir las avaladas por el Gobierno, en una votación.

¿Hay temor de que declaren inconstitucionales la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la amnistía?

Hay pánico, sería más que una catástrofe. Las Farc tienen mucha angustia. La Corte también ha declarado inexequible el decreto para su protección. Hay que ser muy valientes para dejar las armas, sabiendo que no se va a tener protección y no va ser posible la implementación rápida. Ya veremos que dice con la amnistía y la JEP.

 

Jueves, 20 Abril 2017 01:27

Guerrillero indultado es asesinado

Informa la Zona Veredal "Ariel Aldana" de las Farc ubicada en Tumaco. "Hace quince días había salido de prisión"....A pesar de un Acuerdo entre gobierno y Farc, se asesinan líderes y lideresas sociales ahora directamente un miembro de esta organización insurgente en transito a la vida política sin armas.

  

Domingo, 16 Abril 2017 13:42

Acuerdos de paz: algo no va del todo bien

La comunidad internacional se preocupa por la implementación de lo acordado en La Habana con la guerrilla. Alguien en el gobierno debería escuchar sus voces de alerta.

Como siempre, el prestigioso intelectual James Robinson puso el dedo en la llaga. Hace algunas semanas, con motivo del título honoris causa que le otorgó la Universidad de los Andes, dio un discurso poco complaciente para el gobierno y las Farc. Para él, los acuerdos de La Habana no se ocuparon de un tema central: la manera como funciona –o no funciona– el Estado. Calificó como un “elefante en la habitación” cierto derrumbe parcial del mismo. Su mayor preocupación es que ese Estado, no fallido pero tampoco del todo capaz, tiene la tarea de implementar los acuerdos y construir la paz, algo que aún no se sabe si le quedará grande.

Lo que Robinson ha expuesto ante un auditorio académico coincide con la percepción que tienen muchos embajadores y miembros de la comunidad internacional, que trabajan en Colombia e intentan ayudar a que la transición de la guerra a la paz resulte exitosa. Sus preocupaciones, que son bastantes, no siempre han sido recibidas con beneplácito por el gobierno. SEMANA habló con un grupo significativo de ellos, de Europa y América, quienes expresaron sus inquietudes.

Para empezar, la comunidad internacional, en general, reconoce que el acuerdo de paz que logró Colombia es excelente. Justo por ello, apuestan a que su implementación también lo sea, pues podría ser ejemplar para el mundo en una coyuntura tan sombría como la actual. Sin embargo, hay también conciencia de que es muy ambicioso. Capítulos como los de la justicia transicional son sofisticados y complejos a la hora de llevarlos a la práctica. Desafíos como sustituir más de 100.000 hectáreas de coca por cultivos lícitos requieren demasiados recursos; y resolver el problema histórico de la tierra es prácticamente imposible sin el concurso de las elites agrarias, cosa que difícilmente ocurrirá. Todos están de acuerdo con que Colombia ha mejorado su situación radicalmente si se compara con las décadas pasadas, cuando el país estaba al borde del colapso y bañado en sangre. También existe un importante consenso en que el país tiene grandes capacidades institucionales. Justamente por eso resulta alarmante que se vea difícil tan pronto la implementación de los acuerdos en aspectos que parecen fáciles, o apenas prácticos, como la instalación de las zonas veredales para el desarme de las Farc, la puesta en marcha de la Ley de Amnistía o la reincorporación de 7.000 guerrilleros.

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La incertidumbre política

Se puede decir que la primera gran preocupación tiene que ver con los tiempos. La experiencia de los procesos de paz en el mundo ha demostrado que los primeros 18 meses luego de firmado un acuerdo son cruciales para que sea sostenible e irreversible. En Colombia esto es particularmente cierto porque en un año habrá elecciones presidenciales y en la baraja de candidatos con mayores opciones para suceder a Santos ninguno tiene el entusiasmo ni el compromiso del actual presidente. “La construcción de paz es tarea de los próximos tres presidentes de Colombia. Si ellos no asumen esto como una tarea principal, se habrá perdido una gran oportunidad”, dice un embajador europeo.

Por eso está abierto el interrogante de cómo se logrará realmente que la paz sea un propósito nacional y haya una reconciliación política. Una polarización tan extrema alrededor de la paz sorprende a los extranjeros. En muchos países ha habido resistencias o críticas a los acuerdos firmados, pero en Colombia esta situación parece particularmente exótica dados los beneficios tangibles que el fin de la guerra le ha dado al país en solo unos cuantos meses.

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País santanderista

“En Colombia sobran abogados”, repitieron varios embajadores a SEMANA. Si bien la mayoría de ellos reconoce que el fast track ha sido una fórmula acertada, los desconcierta la cantidad de leyes y decretos requeridos para sacar adelante el acuerdo. Aunque este es un rasgo propio de la sociedad colombiana, y también de América Latina, les preocupa que sacar adelante las leyes se haya convertido en el esfuerzo principal no solo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sino de la plana mayor del gobierno. Durante las sesiones para aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, no solo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo que trabajar para convencer a cada congresista, incluso de la coalición del gobierno, para que hiciera parte del quorum y votara a favor, sino que también tuvieron que participar el alto comisionado Sergio Jaramillo, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y hasta el ministro de Defensa. En contraste, la implementación en las regiones, donde realmente debe tener impacto, todavía no se siente.

Todd Howland, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ha señalado públicamente esta excesiva carga política. Considera que mientras todo el gobierno se usa a fondo para lograr mayorías en el Congreso, los dividendos de la paz todavía no llegan a territorios donde se vive un desangre de líderes y el crimen organizado crece como hierba mala.

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La regular coordinación

La comunidad internacional ha recibido bien la llegada a la Vicepresidencia del general Óscar Naranjo porque se espera que cumpla el papel de articular a todas las instituciones y funcionarios del Estado involucrados en la implementación, algo que hasta ahora nadie está haciendo. En estos meses no solo han saltado a la vista celos y diferencias que han dificultado la toma de decisiones, sino la cultura de ‘feudos políticos’ en muchos ministerios y gobiernos locales.

Posiblemente la colisión entre diferentes ministerios es más grave en cuanto a la puesta en práctica del punto cuatro de La Habana sobre sustitución de cultivos. Mientras el Ejército y la Policía se trazaron una meta de erradicación forzada de 50.000 hectáreas, el Ministerio del Posconflicto hizo lo propio con la sustitución. El problema es que la estrategia del garrote (erradicación) tiene asegurados los recursos y muestra resultados inmediatos; la de la zanahoria (sustitución) marcha lentamente y no tiene los recursos asegurados. Este es un tema sensible para el gobierno de Estados Unidos, que, aunque respeta el acuerdo de La Habana en esta materia, es escéptico en sus resultados.

La coordinación también es particularmente crítica en cuanto a los asesinatos de líderes comunitarios y políticos. El gobierno, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen lecturas diferentes sobre lo que ocurre, y cómo enfrentar el problema de la violencia residual y las nuevas violencias.

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¿Y la cooperación?

Para muchas personas fuera de Colombia, y también dentro del país, es difícil de entender por qué el presupuesto de este año tiene recursos tan lánguidos para implementar los acuerdos. Al respecto, en su último informe ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU dice que “las tareas previstas en el acuerdo de paz ejercen una presión extrema sobre los recursos y capacidades para cumplirlas en un plazo muy limitado”.

Muchos delegados de la comunidad internacional se sorprenden de que el gobierno espere que por lo menos este año los recursos provengan de la cooperación. Sin embargo, no hay suficiente claridad sobre cuáles son los proyectos de envergadura que esta debe apoyar, y, de alguna manera, se está haciendo a retazos. Todos dicen tener mucho interés en contribuir a largo plazo. La pregunta es ¿hay un plan? ¿O el gobierno echa mano de la cooperación porque el sistema de contratación interno es tan complejo que no permite hacer inversiones inmediatas, como se necesita?

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Aunque los embajadores no consideran catastróficas estas dificultades, sí tienen claridad en que Colombia necesita apoyo por algún tiempo, y especialmente para que el proceso de paz se haga irreversible. Por eso casi todos apoyan la idea de que una segunda misión de la ONU vigile el cumplimiento de los acuerdos.

La misión que actualmente encabeza Jean Arnault, como delegado del secretario general de la ONU, termina con el desarme de las Farc, es decir, en junio. La segunda está contemplada en el acuerdo, pero aún no está claro su alcance. Como es lógico, el gobierno no es muy amigo de una permanencia amplia y prolongada de la ONU, pues lo considera innecesario y lesivo de alguna manera para la soberanía. Sin embargo, los embajadores la consideran más que necesaria, dada la incertidumbre política que hoy reina en el país.

Martes, 28 Marzo 2017 07:06

Guerrilleros en cambuches -Caldono/Cauca

Antonio, comandante Farc: "Sin campamentos no entregamos armas"  " En tiempos de guerra estabamos acostumbrados a vivir en unidades pequeñas de 26 personas " " Aqui 500 personas"

La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo. Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26 Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad.

La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza. Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible, no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios. Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso, en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación política y se vaya avanzando en la implementación.

El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un 95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto, fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad internacional.

Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de reincorporación.

Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el 1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180». Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana. Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese es uno de los debates abiertos ahora.

La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano reunida en su segundo encuentro los días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la Ciudad de Berlín, Alemania, agradece y valora en su justa dimensión los saludos y mensajes de solidaridad y apoyo al Evento.

En Colombia hay una enorme esperanza en amplios sectores del Pueblo Colombiano, que cansados de la guerra con todas sus consecuencias, miran con optimismo la posibilidad real de una Paz con Justicia Social, estable y duradera.

Pero vemos con profunda Preocupación la existencia de tres enemigos fundamentales que buscan por todos los medios impedir este noble propósito:

1. La indefinición y falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos, su Vicepresidente, y varios partidos políticos de la Unidad Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC.

2. La actitud abiertamente provocadora y saboteadora del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien defendiendo los intereses de su cliente, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica a torpedear el proceso de Paz en la fase de implementación, principalmente en su trámite legislativo, y distrae la opinión pública con cortinas de humo, como la lucha contra la corrupción estructural del régimen, de la cual, uno de los mayores responsables es la Fiscalía General de la Nación, que mediante la más escandalosa impunidad ha encubierto no solo la corrupción, sino también el genocidio histórico contra el Pueblo Colombiano.

3. Álvaro Uribe Vélez y su entorno ultra-reaccionario, quien junto con el paramilitarismo, se oponen rabiosamente a los anhelos de Paz del País.

Resaltamos la importancia que la Constituyente de Exiliadas/os víctimas del terrorismo del Estado Colombiano, participe activamente en la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP. Para ello el 2º Encuentro ha concluido, presentar el Estatuto del Exiliado/a y repatriación en el marco de la implementación y que en este proceso se nos reconozca como sujetos políticos en reclamo de nuestros derechos.

Saludamos y apoyamos las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Como organización de exiliadas/os, víctimas directas del conflicto, haremos llegar nuestras propuestas a la Mesa, con la esperanza de alcanzar una paz completa.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad internacional, y convocamos a la más amplia solidaridad, vinculando a gobiernos, partidos políticos, y organizaciones sociales, para que blinden y exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.

Berlín 12 de marzo de 2017

En la plaza principal del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, se reunieron las mujeres indígenas y campesinas que allí habitan para hablar de lo que más les preocupa hoy: la implementación del acuerdo de paz. Desde hace varios meses, ellas vienen trabajando de la mano de personas como Alexandra Guerrero Zamora, integrante de la Corporación Ecofeminista, para empoderarse de esta nueva realidad.

Alexandra Guerrero, quien también integra la Ruta Pacífica de Mujeres en el Cauca, expresó que se necesita seguir trabajando por crear escenarios de pedagogía de paz en el departamento.

Otra de las participantes en este espacio en apoyo a la paz realizado en Caldono es Alejandra Jojoa, de la Agencia de Renovación del Territorio. Ella expresó que la Paz debe ser asunto de todos.

Las mujeres en Caldono esperan ser protagonistas en la ardua lucha por la implementación del Acuerdo de Paz en el Cauca y así cumplir su cita con La nueva historia que se está labrando en Colombia.

 

Hace poco protagonizamos en el Caquetá, protegidos por el amor del pueblo, la marcha de los frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC hacia la Zona Veredal de Agua Bonita en el municipio de Montañita, cerrando así el ciclo de congregación insurgente en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización, espacios donde ocurrirá la transfiguración de las FARC en partido político legal, sobre la base del cumplimiento recíproco de los compromisos.

El proceso de implementación del Acuerdo Final avanza poco a poco, en medio de la expectación nacional, convertido en la esperanza de millones que anhelan justicia social, inclusión, y paz para la Colombia del futuro.

La implementación de los acuerdos no le quedará grande al país mientras exista la disposición de cumplir con lo firmado y si el pueblo así lo exige. Es muy importante la normatización de los acuerdos, pero la norma tiene que tener efecto, porque si no, de nada sirve.
   
Las FARC ya entregamos al gobierno los nombres de los 60 guerrilleros y guerrilleras que en pocos días se desplegarán por los puntos cardinales de la patria en función de pedagogía de paz, buscando socializar y aproximar los acuerdos a la ciudadanía y a la gente del común. Muy pronto, también daremos a conocer el listado de los nuestros que desarrollarán la misma labor en el ámbito de las regiones, según lo acordado.

El pacto de reconciliación de Colombia ya fue depositado como Acuerdo Especial ante el Consejo de la Federación Suiza con sede en Berna, y la declaración unilateral del Estado ante NNUU, como compromiso del Gobierno, está en curso. El Acto Legislativo que resguarda constitucionalmente el Acuerdo de La Habana durante los próximos tres gobiernos, ya fue aprobado por el Congreso de la República, con todo lo cual le estamos dando el mayor blindaje normativo a lo convenido. Hace dos meses el poder legislativo dio vida a la Amnistía, pero esta aun reclama su aplicación inmediata, sin enredaderas jurídicas ni trabas burocráticas. Mientras el proceso de constitucionalización de la Jurisdicción Especial para la Paz, calificada por el ex Fiscal de la corte penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, como una obra de arte, avanza en el parlamento, empieza a andar el Acto Legislativo de Reincorporación política de la guerrilla de las FARC. Gracias a este proceso de paz, el Estatuto de la Oposición, un mandato constitucional incumplido, será una realidad jurídica 26 años después. Por el procedimiento legislativo especial o por decreto presidencial, muchos otros compromisos relacionados con la paz han sido aprobados, o sencillamente progresan en los debates, indicando que el desarrollo normativo de los acuerdos es una realidad. Buen trabajo del Congreso, ¿cierto?
 
Lo que sigue ahora es garantizar que se provean los recursos del presupuesto para que ese marco normativo se implemente en términos reales y materiales. Eso es lo que esperamos a través del Acto Legislativo del Plan Marco de la implementación.

Las FARC no están involucradas en tácticas dilatorias del proceso, y somos conscientes que se debe dar tiempo al gobierno para que pueda cumplir con sus compromisos. Por eso, coadyuvando aun más al fortalecimiento del propósito de paz, anunciamos al país que el próximo miércoles, 1 de marzo, a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización, realizaremos como asunto que atañe exclusivamente a las FARC y a la ONU, según el protocolo acordado, el registro de las armas en todos los campamentos, y reajustaremos el plan de destrucción de armas inestables o explosivos que ya había empezado el año pasado en las sabanas del Yarí. Anunciamos hoy, también, que como inicio en firme del proceso de Dejación de armas, y como muestra de nuestro irrestricto compromiso con la paz, las armas de los integrantes farianos del MM&V, pasarán a custodia de la Organización de Naciones Unidas.
 
Es comprensible y razonable que en paralelo con el proceso de Dejación de armas que hoy comienza, deba garantizarse de manera diáfana y tangible la seguridad jurídica para los guerrilleros. Esta tiene que ver con la excarcelación de los indultables y la aplicación de la ley de amnistía, sin más retrasos, porque para eso fue aprobada. Esperamos que la entrada en vigor -en los mismos términos del Acuerdo de La Habana-, del SIVJRNR y su componente de justica, la Jurisdicción Especial para la Paz, que coloca su acento en las víctimas del conflicto, dinamice el advenimiento de la reconciliación de la familia colombiana.
   
Es razonable, luego del exterminio triste de alternativas políticas opositoras en Colombia, que pensemos todos en que se debe garantizar la seguridad física de los los guerrilleros que hoy preparan el Congreso Constitutivo del partido político con el que actuarán en la legalidad.
 
Es también comprensible y razonable, que se deben proveer las garantías socio-económicas, los proyectos productivos que aseguren el transito digno de los guerrilleros a la vida civil. No queremos fracasar en el intento, como ha ocurrido en el desarrollo e implementación de otros procesos.

Esperamos que el Nobel de Paz que hoy preside los destinos de Colombia en el tramo final de su gobierno dedique sus mayores esfuerzos a la implementación de los acuerdos, porque de ella depende la construcción de la paz estable duradera con la que hemos soñado toda la vida.
 
Colombianos: la patria ha sido bendecida por la esperanza y ya puede emprender sus primeros pasos hacia el futuro.

Llegó la hora de dejar atrás definitivamente la violencia superando, ante todo, las causas que generaron la confrontación. Hemos orientado a nuestros guerrilleros trabajar hombro a hombro con las comunidades y las autoridades, haciendo de las Zonas y Puntos Veredales, verdaderos escenarios de integración y de expansión del sentimiento de paz. Sabemos que podemos trabajar por ello mancomunadamente, incluyendo a soldados y policías de la patria. Mirémonos y comparémonos, para llegar a la conclusión más natural y simple: somos hijos del mismo pueblo, amalgamados con la arcilla bondadosa de la gente del común. Gente que desea que la situación cambie favorablemente con la implementación de los Acuerdos de Paz, para que la guerra quede relegada en la nueva historia que habremos de escribir, como un lejano recuerdo acorralado por una potente voz colectiva que dice a a cada momento NUNCA MÁS, NUNCA MÁS.

Que la paz sea con todos.

Farc se dirige a Jean Arnault. "Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación", advierten.

Señor JEAN ARNAULT

Representante del Secretario general de NNUU para el proceso de paz

 El último contingente guerrillero conformado por combatientes de los Frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC ya está en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Agua Bonita, en Montañita Caquetá. Se ha concluido de esta manera el ciclo de ubicación de las FARC en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización convenidos. Con este paso trascendental e histórico hemos reafirmado nuestra indeclinable determinación de paz.

Sin embargo, como es de conocimiento público, ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad. Todos ellos están pernoctando en cambuches improvisados, y no es cierto que el 80 por ciento de las áreas comunes están concluidas como lo afirma la cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). A la gente nuestra le ha tocado hacer sus dormitorios con plásticos y palos al mismo tiempo que ponen su mano de obra en la construcción de las mencionadas áreas comunes y de lo que irán a ser sus lugares de vivienda. Si hay demora en las construcciones no ha sido por falta de voluntad de las FARC, sino porque los materiales no llegan a tiempo, aunque advertimos en la última etapa mayor empeño de parte del Gobierno en resolver este tipo de dificultades.

Valga precisar que lo que la cancillería y la OACP denominan Tercera Fase, que sería la construcción de los alojamientos por parte de las FARC, no es una responsabilidad nuestra sino del Gobierno. No obstante obstante, estamos poniendo toda nuestra cooperación, sin que esta aparezca consignada en protocolos, para sacar la obra adelante.

Cualquiera que pase por las zonas podrá percatarse que no hay áreas de recepción y que si los guerrilleros están instalados en las adyacencias de las zonas campamentarias, es precisamente porque no están terminadas. En la mayoría de dichos lugares no están resueltos problemas como el del agua potable, la energía, la conectividad, ni el de la vialidad. ¿Si no hay campamento, qué protocolos se pueden invocar que no sean los del sentido común? En todo caso la guerrilla ha actuado de manera disciplinada, responsable y con absoluta cordialidad e integrados con las comunidades, a las que agradecemos su cálido recibimiento.

Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación.

Nunca la cancillería ni la OACP han planteado en el marco de la CSIVI la realización de un balance con el MM&V como puede derivarse de la lectura de las actas, por lo que no es bueno que de manera prejuiciada el gobierno ahora le eche la culpa de las falencias en terreno a las FARC y a la Misión de Naciones Unidas y no suena bien que la OACP pretenda asumir el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Por otra parte, ¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente.

Estamos totalmente de acuerdo en que lo que siga sea la activación de los protocolos, pero con la realización de las condiciones mínimas para su ejecución. De igual manera, debe darse la activación de la implementación plena para el conjunto de los acuerdos.

Lo que ocurre respecto a las zonas y Puntos Veredales y el Proceso de Dejación de Armas tiene que ver con la implementación de todo lo acordado, y en esto, el cumplimiento de los compromisos debe ser recíproco. Pacta Sunt Servanda: lo pactado obliga y debe ser cumplido de buena fe. Respondámonos a esta sencilla pregunta: ¿Si el Acuerdo de Paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso en representación del pueblo, por qué pretenden algunos voceros de la institucionalidad modificar el texto de los compromisos?

Todos sabemos que hay un concierto de enemigos de la reconciliación que desde hace rato está buscando destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, sabotearla, enredarla con sofismas para proteger a terceros, es decir, a quienes sin meter la mano directamente, dieron órdenes que causaron victimizaciones o de otros que financiaron al paramilitarismo, y que como denominador común, le tienen miedo a la verdad. No se pueden mezclar el agua y el aceite que son la JEP y la Jurisdicción ordinaria, aduciendo de mala fe, la persecución a delitos de ejecución permanente.

Es el colmo que después de varios meses de firmado el acuerdo no haya seguridad jurídica para los guerrilleros de las FARC.

Que la implementación no sea convertida en una nueva renegociación, por favor. Y debe entenderse que los compromisos son de ambas partes. En consecuencia, por ejemplo, antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos.

Necesitamos que se aplique la Ley de amnistía aprobada hace 45 días por el Congreso de la República para que el proceso se llene de confianza. Que se produzca ya la excarcelación de los guerrilleros y de todos aquellos privados de la libertad por su involucramiento en el conflicto, especialmente, de todos los detenidos como consecuencia de la protesta social. Que los guerrilleros ni nadie piense que pueden estar siendo engañados.

Estamos dispuestos a presentar a la mayor brevedad las listas de los compañeros y compañeras que deben moverse por todo el país haciendo pedagogía de paz, pero ¿cómo completar estos nombres si seguimos a la espera de la liberación de los amnistiados? Ni siquiera los indultables por vía de la ley 418 han terminado de salir de las cárceles.

Por todo lo anterior, es que las FARC están planteando en la CSIVI, no solamente el comienzo de la segunda misión de Naciones Unidas, sino la activación inmediata del componente internacional de la implementación, como la participación, en los términos del acuerdo, de todas las instancias internacionales previstas en el mismo.

Y dentro de estas circunstancias aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas.

Cordialmente,

ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

 

  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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