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Académicas y Académicos colombianos en solidaridad con huelga de hambre de prisioneros políticos de las Farc -EP

El pasado martes 27 de junio, horas antes de que iniciara la ceremonia que marcó el final de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, miembros de este grupo que se encuentran presos anunciaron que iniciaban una huelga de hambre indefinida. Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC, se sumó ese mismo día a la protesta declarándose en huelga de hambre hasta tanto el gobierno no cumpla con lo pactado en la Habana y en particular en lo que tiene que ver con la ejecución de las amnistías de iure de 3.400 miembros de las FARC actualmente detenidos.

Hoy, cuando se cumple el noveno día de la huelga que ya suma más de 1.500 presos en 19 cárceles del país, incluidos al menos 55 que han suturado sus labios (además de 1700 presos que se han declarado en desobediencia civil en otras cárceles) las y los académicos colombianos que suscribimos esta carta manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los huelguistas. Adicionalmente requerimos la implementación inmediata de la amnistía y otras formas de exoneración de responsabilidad penal y excarcelación pactadas en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y previstas en la Ley 1820 de 2016.

Quienes firmamos lo hacemos en desarrollo de nuestro compromiso crítico e informado con la paz y en respuesta al llamado que recibimos de parte de los “Prisioneros Políticos colectivo Alfonso Cano de la Cárcel de Pasto Nariño.” El 26 de junio el colectivo pidió

“a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares en general, a exigir con fuerza y contundencia no sólo nuestra excarcelación sino la implementación pronta y efectiva de la totalidad de lo pactado en los Acuerdos de la Habana Cuba.”

En respuesta a este llamado, diversos sectores sociales se han manifestado públicamente en solidaridad con la huelga. El pasado viernes 30 de junio plantones en al menos diez ciudades del país alzaron sus voces exigiendo se proceda con las amnistías. Igualmente, desde el extranjero han llegado voces de apoyo pidiendo #AmnistíaYa para los presos de las FARC. Más recientemente, miembros del Congreso Nacional de Paz enviaron una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, su gabinete, el Fiscal General y la rama judicial en la que expresaron_

“Como ciudadanos y ciudadanas y veedores naturales de la implementación de los acuerdos de la Habana hacemos un llamado a usted señor presidente, a su gabinete, [y] a la rama judicial para que no se dilate más la salida de los 3.400 presos politicos…”

Por nuestra parte los acá firmantes reconocemos que la huelga de hambre es un mecanismo legítimo de protesta con una larga e importante historia en las cárceles de Colombia y el mundo. Tan sólo hace algunas semanas concluyó la huelga de hambre de más de 1,200 presos políticos palestinos en cárceles de Israel. La huelga, apoyada por movimientos solidarios con la causa palestina alrededor del mundo, fue reconocida como un trascendental acto de protesta frente a las injusticias de la ocupación de Israel en Palestina. Huelgas similares tuvieron lugar a lo largo del siglo veinte en importantes coyunturas políticas en lugares como Norte de Irlanda y España, y recientemente en cárceles de Venezuela y Estados Unidos, entre muchas otras.

La amnistía de los 3.400 presos miembros de las FARC judicializados por delitos políticos y conexos es un compromiso político y jurídico que el Estado colombiano asumió no sólo frente a las FARC sino a la sociedad colombiana. Tal y como lo señaló el secretario de la Misión de las Naciones Unidas para Colombia, el cumplimiento de las FARC con el tercer punto del acuerdo – dejación de las armas – constituye una lección para otros procesos de paz en el mundo. El que Colombia se perfile como un ejemplo a seguir es el resultado de que las FARC haya cumplido con su parte de lo pactado. Por lo tanto, le corresponde al Estado colombiano hacer todo lo que sea necesario para dar cumplimiento a las amnistías y exoneraciones en los términos de la Ley 1820 de 2016.

Tal y como lo estableció la Ley 1820 de 2016 en sus principios rectores, “como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible.” Más importante aún, y algo de lo que se ha hecho poca mención en la discusión pública sobre la huelga de hambre, es que la amnistía de iure contemplada en el artículo 16 de la Ley 1820 es aplicable “a partir del día de entrada en vigor de la misma [Ley 1820].” Es justamente esta amnistía, distinta de la prevista para quienes se acojan a la Jurisdicción Especial de Paz, la que aún esperan alrededor de 2.600 presos de las FARC. Contrario a lo que han expresado algunos medios de comunicación, el que la Corte Constitucional aún esté pendiente de estudiar la constitucionalidad de dicha norma no es razón válida para posponer su implementación, pues los procesos de revisión abstracta de normas ante la Corte no suspenden su vigencia. Menos aún cuando está en juego el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz por parte del Estado colombiano.

Si bien es cierto que la implementación de una amnistía como la contemplada en el artículo 16 de la Ley 1820 de 2016 requiere de procedimientos administrativos y judiciales complejos, a seis meses de la entrada en vigencia de la norma y a más de un mes de que el gobierno acreditara a más del 90% de los presos de las FARC, la rama judicial ha ejecutado menos de un 25% de las amnistías previstas.

Las FARC tienen razón al expresar, tal y como lo hicieron en comunicado a la opinión pública el 2 de Julio, que es prioridad del Estado que los prisioneros políticos y de guerra, “quienes han padecido los peores vejámenes por parte de la autoridad penitenciaria y carcelaria” puedan “protagonizar este momento histórico.”

Es injustificable no solo en el plano político y jurídico, sino también moral, que el Estado colombiano ponga en riesgo la vida de aquellos miembros de las FARC detenidos (en su más reciente comunicado los huelguistas manifestaron que la salud de varios de ellos da claros signos de debilitamiento) para quienes la promesa de la paz en libertad aún está por cumplirse.

*Las firmas no aparecen inmediatamente. Si desea ver el listado actualizado de firmas puede consultar acá:


Alejandra Azuero, SJD Universidad de Harvard

María Paula Saffón, Profesora Universidad Nacional Autónoma de México

Andrés Fabián Henao Castro, Profesor Universidad de Massachusetts Boston

Laura Correa Ochoa, Candidata PhD en Historia Universidad de Harvard

Paola Camargo González, Universidade Estadual de Campinas

Lina Buchely, Universidad Icesi

Luis Eslava, Universidad de Kent

Valentina Montoya Robledo, Candidata SJD Universidad de Harvard

Diana Rodríguez Franco, investigadora Dejusticia

Luz Maria Sanchez, Estudiante PhD en Ciencias Políticas, Universidad de Massachusetts Amherst

Laura Betancur, Universidad de los Andes

Natalia Ramírez Bustamante, Candidata SJD, Universidad de Harvard

Mariana Llano, MDes ULE, Universidad de Harvard

Diana Isabel Güiza Gómez, Universidad Nacional de Colombia

Javier Revelo Rebolledo, Candidato Ph.D en ciencia política Universidad de Pennsylvania

Marco Palacios, El Colegio de México

Juan F. González Bertomeu, ITAM

Robert Karl, Universidad de Princeton

Rodolfo Vázquez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Aura María Cárdenas Paulsen, Profesora Universidad Nacional de Colombia

Pablo Kalmanovitz, Profesor Investigador CIDE, Ciudad de México

Fabricia Cabral de Lira Jordao, ECA/USP

Hourya Bentouhami, Profesora Universidad de Toulouse - Jean Jaurès (Francia)

Oscar Guardiola-Rivera, Birkbeck College, University of London

Nathalia Hernández Vidal, Candidata a Ph.D LUC

María Ospina, Profesora Wesleyan University (USA)

Jennifer Cyr, Profesora-investigadora de la Universidad de Arizona

Carlos Flores, profesor, Universidad Autonoma del Estado de Morelos, Mexico.

Santiago Virgüez Ruiz, Universidad de los Andes

Natalia Sofia Pérez, Estudiante Ph.D en Geografía, Simon Fraser Universit

Juan Sebastián Jaime, becario OSF Derechos de las Personas con Discapacidad

Juanita Pinzón Caicedo, NC State University
Bertomeu María Julia. Universidad Nacional de La Plata

Carolina Sanín, escritora

Manuel Alejandro Forero Figueroa, Universidad Nacional de Colombia

Claudia Cano Betancur, Universidad de Antioquia

John A. Gómez, Estudiante Ph.D. psicologia del desarrollo-Universidad de Fordham (NY)

Pablo A. Duran Chaparro, International Institute of Social Studies (La Haya, Holanda).

Paola Ruiz-Rodríguez UNIMINUTO

Tatiana Castillo Arévalo. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá

Humberto Ballesteros, Instructor de Humanidades, Universidad de Columbia en Nueva York

Paola Ruiz-Rodríguez PROFESORA Comunicación Social- Periodismo UNIMINUTO Bogotá-Colombia

Valentina Franco M, Universidad EAFIT

Jose Antonio Ramirez, Estudiante PhD Planeación Urbana, Columbia University

Valentina Cabana

Nina M. Rojas Vanegas

Hernán Alejandro Cortés, estudiante del Doctorado en Filosofía de la Universidad de Los Andes.

Jose David Torrenegra Ariza, Universidad Cooperatiiva de Colombia

 

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