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El gobierno piensa usar otro herbicida

Dice exministro de Salud González Posso.

Diversas organizaciones sociales radicaron el viernes un derecho de petición ante autoridades del orden nacional pidiendo claridad sobre el paso a seguir en la erradicación de cultivos ilícitos. 

Luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) fijara un período de transición para suspender el uso del glifosato (que se cumplirá a partir de octubre) y quedara claro que, por aplicación estricta del principio de precaución, el químico no debe ser rociado desde avionetas como estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, por ser de alto riesgo para la salud de las personas, quedan aún preguntas sueltas sobre el enfoque que el Gobierno dará a la lucha contra las drogas. Dicho de otro modo: la política que reemplazará la aspersión aérea de glifosato no se ha definido en regla.
 

La semana pasada el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, dijo en el Congreso de la República que el Gobierno, en conjunto con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, estaba examinando “otros productos” que no “vulneren la salud ni el medio ambiente” y que sirvan como herramienta de combate contra los cultivos. Entretanto, la prensa ha informado que esta investigación de nuevas moléculas (digamos, entre cinco y siete moléculas de herbicidas preseleccionadas) está teniendo lugar en el departamento del Tolima.
 

Organizaciones civiles, entre ellas Indepaz, encabezada por el exministro de Salud Camilo González Posso, radicaron el viernes pasado un derecho de petición ante los ministerios de Salud, de Agricultura y de Ambiente con el fin de instar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a revocar el plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato (Pecig). También quieren saber si las investigaciones del Tolima darán lugar a un nuevo herbicida que reemplace al glifosato, y, en ese caso, convocar a la entidad que ellos estiman indicada (el Consejo Nacional de Plaguicidas, CNP) para evaluar dicha decisión. Entrevistamos a González Posso:
 
¿Cree que el Gobierno está pensando en reemplazar el glifosato con otro herbicida?
 
Está pensando, lo ha anunciado y lo está buscando. Existen herbicidas tan peligrosos como el glifosato que podrían llegar a utilizarse. Eso de la experimentación con nuevas moléculas se viene haciendo desde hace rato: se trata de una investigación rigurosa, pero con finalidades turbias; siembran la coca en cultivos paralelos y les aplican distintos procedimientos: en uno no aplican ninguna sustancia, en otro aplican glifosato y en otro una nueva molécula. Sin embargo, no hay mucha más información. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las moléculas con las que están experimentando.
 
¿De qué se trata, entonces, el derecho de petición? ¿Qué buscan con él?
 
La petición central es que se convoque al CNP para que sea la instancia que califique una nueva sustancia. Evaluar su uso no es una atribución que le corresponda a ninguna instancia de seguridad. Por ello, el CNP, que está integrado por los ministerios pertinentes (Salud, Agricultura, Trabajo y Ambiente), es el que debe pronunciarse, no sólo sobre el uso de una nueva molécula, sino también sobre el método de aspersión.
 
¿El método de aspersión?
 
Pues sí. El plan de manejo que existe hoy es exclusivamente para la aspersión aérea con glifosato. No hay ningún plan de manejo aprobado para ninguna otra molécula. Habría que seguir un trámite: no puede ser que sustituyan una sustancia por otra sin un procedimiento. 
 
¿Y por qué no convocar al CNE para dicha evaluación?
 
Le resumo: el método hace la diferencia. El CNE, que está encargado de la guerra antidrogas, se ocupa de emprender una operación de guerra con sustancias exfoliantes para la erradicación forzada de coca, amapola y marihuana. El CNP, por el contrario, entiende cómo son estas sustancias, en qué proporción deben usarse, si comprometen la salud de las personas…
 
Pero el CNE fue, justamente, quien suspendió la aspersión con glifosato…
 

No, no está suspendida. Ellos acogieron la recomendación del Ministerio de Salud, le dijeron a la ANLA que se pronunciara sobre la revocatoria o suspensión, y nombraron un comité técnico para que formule unas recomendaciones de ajuste a la política contra las drogas. Se movieron en una dirección positiva, pero la decisión no está tomada: pueden prolongar el período transitorio, cambiar la molécula, hacer aspersiones aéreas de nuevo, etcétera. 
 
¿Desconfía de la decisión que pueda tomar la ANLA?
 
Sí, porque éste es un problema de salud. El concepto del Ministerio de Salud habría sido razón suficiente para dar aplicación al principio de precaución. Esa decisión del CNE es de lo más incoherente: un problema de salud se lo pasa a la autoridad ambiental.
 
¿El CNP se ha pronunciado sobre este tema?
 
No, porque ese es un organismo que está más relacionado con la actividad económica. Tiene un papel más discreto e incluso más episódico: no es muy grande el protagonismo que ostenta. Sin embargo, con el derecho de petición buscamos recuperar las instancias de coordinación interinstitucional que están técnicamente formuladas para este tema. 
 
Los firmantes del derecho de petición dejan claro que se oponen al uso de cualquier químico para asperjar por vía aérea cultivos ilícitos. ¿Qué podría hacerse entonces?
 
Yo fui moderador de una mesa de diálogos que se adelantaron entre los campesinos y el Gobierno durante los paros.  Los campesinos   dijeron  que representaban el 90% de los cultivadores de coca de Colombia. Con ese programa que le presentaron se comprometieron a un plan de sustitución de cultivos. El Gobierno tiene unas fórmulas que son mucho más baratas, mucho más racionales y mucho más coherentes, además, con las políticas de desarrollo. 
 
 Los firmantes
 
El derecho de petición radicado el viernes en la tarde busca convocar de manera urgente al Consejo Nacional de Plaguicidas para que evalúe distintas variables relativas al glifosato: tanto su suspensión como el uso de una nueva sustancia.
 

Va dirigido a los ministerios de Salud, de Ambiente y de Agricultura, cabezas visibles de dicho Consejo. 
 
Quienes dan su firma son Adam Isacson, oficial principal para las políticas de seguridad regional, oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos; la socióloga Aura María Puyana Mutis; Carlos Salgado, de Planeta Paz; Germán Alonso Vélez Ortiz, del Grupo Semillas; Héctor Herrera, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental; Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas; José Santos Caicedo Cabezas, del Proceso de Comunidades Negras; la consultora Yamile Salinas, entre otros.

 

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