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Voces de Paz advierte los escollos del proceso de implementación

Esta semana los voceros de Voces de Paz denunciaron la lentitud con la que se tramitan las leyes que se requieren en la implementación del Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera, en el Congreso de la República, aduciendo que algunos de sus miembros aún están de vacaciones ya entrado el segundo mes del año. Mientras tanto, los escándalos de corrupción han salpicado a toda esta colectividad y sus padrinos en los cargos de gobernadores y alcaldes además de las pasadas campañas electorales.

Ejemplo de lo anterior es el caso del senador y presidente del Senado Mauricio Lizcano, quien ahora será investigado junto con su familia por la compra irregular de unos predios que fueron adquiridos en remate, después de la desaparición extraña de sus anteriores dueños. Por lo cual, entre los múltiples escándalos que sacuden la escena política colombiana se podría decir que el gran cáncer del país es la corrupción que permea a los políticos y se excusaba con la pervivencia del conflicto armado para desviar el verdadero problema. Por muchos años se hizo creer que la mayor problemática era la guerra y las FARC – EP, como el gobierno y los grandes medios lo hicieron ver, pero hoy los hechos muestran un panorama distinto, donde ladrones de cuello blanco desangran al país condenándolo al atraso, la pobreza y miseria.

Por otro lado, la estigmatización de la extrema derecha liderada por el Centro Democrático en la Cámara de Representantes a Imelda Daza, Jairo Rivera y Francisco Toloza, miembros de Voces de Paz, es cada vez es más tendenciosa. Hechos como montajes de fotos con insignias de la guerrilla, intimidación organizada en redes sociales y nombrarlos con calificativos de terroristas o guerrilleros son el pan diario en este recinto. Además de lo anterior, en el Congreso no hay un espacio o escritorio para que estos veedores de los acuerdos ejerzan su labor.

A este panorama se le une la falta de voluntad y ejecución por parte de la rama judicial para poner en libertad a ex guerrilleros presos. Teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía e Indulto fue aprobada en diciembre pasado y aún así no se ven los resultados, puesto que su aplicación debería ser inmediata pero jueces y fiscales le ponen trabas al proceso. Este hecho ha sido permanentemente denunciado por miembros de la guerrilla y los veedores.

La tramitación de la implementación del Acuerdo Final de paz por parte del congreso es lenta y “claramente con enemigos de los acuerdos” como lo denuncia el profesor Jairo Estrada, quien comenta las intenciones que tienen algunos congresistas por modificar los acuerdos, cuando “es imposible renegociar lo firmado.

Es así como se advierte sobre los riesgos por los cuales están pasando la implementación del Acuerdo, que no ha avanzado en dos meses lo que se esperaba porque no hay voluntad clara del Estado y sus instituciones.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article21037

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