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Ministro Villegas : ¡Son paramilitares!

17 feb CI.- Desde hace por lo menos dos décadas el conflicto social y político armado en Colombia ha tenido como protagonista al paramilitarismo. Negar su existencia, como lo hace el gobierno de Juan Manuel Santos, es ignorar las constantes violaciones a los derechos humanos en todo el país, desconocer la amenaza explícita a la implementación de los Acuerdos de La Habana, e impedir la construcción de paz en los territorios; además que olvida la alianza histórica y actual entre las estructuras paramilitares y las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Las estadísticas

Al iniciar el año 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “no hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”.

No obstante, aunque no hay un consenso en el total de asesinatos a líderes sociales en Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- señaló que el número de homicidios a defensores de derechos humanos en el año 2016 fue 117, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos -Ohchr- registró 64 líderes asesinados.

El movimiento social Marcha Patriótica registró1 que en tan solo cinco meses, entre agosto del año 2016 y enero del 2017, ocurrieron 317 violaciones a los derechos humanos. 50% de las víctimas no identificaron el autor, mientras 27% de los hechos fueron realizados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica.

Ser o no ser

Cuando el ministro Villegas asegura que no hay paramilitares en Colombia, sin cuestión ni duda, evidencia la ignorancia y falta de rigurosidad del gobierno de Santos. Las AGC resolvieron, y está consignado en su página oficial, que “son en principio el resultado de un proceso de paz fallido con lo que fueran las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-”; una organización que regresó luego de la desastrosa implementación de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Esta organización paramilitar responsable del 27% de las victimizaciones a líderes sociales, y que hace presencia en 12 departamentos del Colombia, sintetizó hace años la frase más conocida de ‘Hamlet’: “!Ser, o no ser, he aquí la cuestión!”. Con todo, el ministro Villegas y el Presidente Santos no son capaces de identificarlo.

Por otra parte, las formas más comunes de victimización registradas a los líderes sociales y sus comunidades fueron las amenazas, asesinatos, seguimientos y hostigamientos; prácticas que históricamente han sido ejecutadas por los grupos paramilitares en complicidad con las Fuerzas Militares2. Así pues, es lógico asociar 50% de los hechos victimizantes no identificados con grupos paramilitares.

Las propuestas

El Catatumbo por ejemplo, en el departamento del Norte de Santander, ha sido una de las regiones más afectadas por el fenómeno del paramilitarismo durante los últimos meses. Ante la crisis, el Gobierno decidió aumentar el nivel de militarización y así lo manifestó el ministro Villegas: “Se han dado instrucciones muy claras para reforzar nuestra presencia militar y de policía en el Catatumbo. Allí pasaremos de 6.300 uniformados a 8.500, es decir, habrá 2.200 soldados y policías adicionales en esta región […] Es decir, estamos aumentando en casi 50% la presencia del Ejército en la zona”.

Sin embargo, la comunidad conoce el resultado de la militarización y exige el desmonte de las estructuras paramilitares como respuesta a una política pública gubernamental. Por esto, movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos, le reclaman al Gobierno “adoptar medidas integrales de protección y garantías de no repetición que incluyen la depuración de la Fuerza Pública, la remoción, revisión y transformación de la Doctrina Militar con la participación del movimiento social, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el cumplimiento inmediato de los acuerdos que en materia de garantías se han suscrito con el movimiento social”.

Finalmente, hay que destacar el Acuerdo de La Habana suscrito por el Gobierno y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, ya que se comprometió con la nación para brindar “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos de la paz”; aunque las instituciones encargadas de hacer realidad lo acordado aún no están funcionando.

En un contexto que protagoniza la transición de las FARC a la vida civil, y el inicio de las negociaciones en Quito entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, es urgente la respuesta desde el Estado para eliminar los grupos paramilitares en Colombia. La construcción de la paz en condiciones óptimas para el goce efectivo de la libertad y la democracia es una obligación del Gobierno, y el paramilitarismo es una de sus mayores amenazas.—

  1. Informe sobre las violaciones a los derechos humanos 29 de agosto de 2016 – 29 de enero de 2017. Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica.
  2. Murcia Claudia, Puentes Oscar. Dinámica espacial y temporal del desplazamiento forzado en Colombia durante el periodo 1985-2014. Universidad Antonio Nariño. 2016

Fuente imgen Internet —

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