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" la historia patria" colombiana : Los asaltantes del erario y el ahorro

Desde los tiempos de Bolívar y Santander, la malversación de dineros públicos y los defraudadores constituyen un desafío inextinguible. Ni con pena capital a bordo pudieron los libertadores erradicar su rastro.

El primero fue el venezolano Luis López Méndez, hace 200 años (enero de 1817), designado por Bolívar como agente y comisionado especial de la Junta Suprema de Caracas para gestionar obligaciones económicas entre apremios fiscales, sobre todo para garantizar suministro de insumos y material de guerra. López Méndez terminó preso en Londres por asuntos de deudas, pero Bolívar lo defendió como “el verdadero libertador”. A finales de 1819, cuando la Nueva Granada ya había sido liberada, la misión de Francisco Antonio Zea para contraer deudas en Londres dio lugar a una larga polémica política reseñada por los historiadores como “el empréstito Zea”.

Tan polémico como el empréstito inglés de abril de 1824, contratado por los comisionados Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya con la casa B.A. Goldschmidt, que puso a dar explicaciones en el Congreso y los periódicos al vicepresidente Santander y a sus segundos en ejercicio de gobierno. Todos liberados de responsabilidad tiempo después, cuando cesó el fragor de la política, en los orígenes de un largo derrotero de estrechez fiscal y cacería de corruptos, con varias generaciones cargando el pesado fardo de una deuda impagable, mediada por toda clase de reclamaciones económicas o forcejeos diplomáticos, traducidos en escándalos.

Sin que cesara nunca el ruido de los empréstitos, en los años 40 del siglo XIX ya se había patentado también la especulación con dinero y sus réplicas a los ahorradores privados. En particular, el descalabro de la Compañía de Giro y Descuento, del acaudalado hombre de negocios boyacense Judas Tadeo Landínez, creada en abril de 1841, que en un año acumuló obligaciones por más de un millón de pesos de la época, producto de la captación a interés con respaldo en letras o pagarés, hasta que terminó por quebrarse. El “Rotschild de estas tierras”, como fue bautizado, hizo historia porque sus atrevidas maniobras arruinaron a más de 200 familias de Bogotá y su entorno geográfico.

Este antecedente pesó para que, por cerca de tres décadas, la economía colombiana creciera sin intermediación financiera. El oro y la plata, en barra, monedas o en polvo, se volvieron el circulante para alentar la bonanza tabacalera o el negocio de la venta de tierras, incluso desde el Estado, para pagar deuda externa. Hacia 1870 se formalizó la banca, pero de forma simultánea también se desató la fiebre por crear instituciones para captar ahorros. Hacia 1882 ya había 42 bancos en Colombia, la mayoría en Antioquia, pero en la difícil transición al siglo XX, con guerra civil a bordo, el frenesí bancario terminó en usuras, autopréstamos y quiebras públicas y privadas.

Los castigos penales fueron ínfimos, pero en la misión de fiscalizar el erario o detectar corrupción hubo dirigentes públicos y periodistas que dejaron memoria de los excesos de la Regeneración de Rafael Núñez, sus alfiles políticos y sus sucesores, permitiendo la irrupción del reportaje seriado con carácter de denuncia o periodismo investigativo. Como lo refiere la escritora Maryluz Vallejo en su libro A plomo herido, Santiago Pérez Triana en La Defensa, Juan de Dios El Indio Uribe en El Correo Liberal, Carlos Martínez Silva en El Correo Nacional y Fidel Cano en El Espectador documentaron las larguezas del régimen, sobre todo desde el Banco Nacional.

Por la misma época, desde su creación en 1879, la historia del descalabro de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, su liquidación diez años después y la condena del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, no sólo dejaron a Colombia secuelas del más terrible desastre financiero del siglo XIX, sino el capítulo nacional conocido como el caso Petit Panamá. La vinculación de algunos ministros y funcionarios del gobierno de Miguel Antonio Caro con la recepción de sobornos para la construcción de ferrocarriles en Antioquia y Santander entre 1894 y 1895. Como en episodios similares, más alboroto político que sanciones judiciales o condenas.

En 1904, por estrecho margen de votación y la sombra de un fraude que nunca se investigó en extenso, llegó a la Presidencia Rafael Reyes, aplicando una fórmula: “Mucha administración y poca política”. Una manera de apartarse de los directorios partidistas para encarar la reconstrucción de Colombia, al costo de cerrar el Congreso y habilitar una asamblea constituyente de bolsillo. Cuando cesó su mandato, en 1909, al legado del jefe de Estado que “confiscó la libertad para imponer el orden” le aparecieron múltiples rastreadores de entuertos, dispuestos a pasar cuenta de cobro de todo lo que no se pudo destapar cuando Reyes gobernaba rodeado de aduladores y oportunistas.

Desde acusaciones a los directivos del Banco Central —Pepe Sierra y Nemesio Camacho, como beneficiarios de los remates de las rentas de licores—, hasta el manejo irregular de fondos secretos, traspasos de cuentas oficiales a privadas del agente fiscal en Europa, Camilo Torres Elicechea, o favorecimientos a Roberto de Mares, ahijado de matrimonio de Reyes, para la concesión de terrenos petrolíferos en Barrancabermeja. La reclamación White, de hacendados pidiendo pagos por perjuicios de guerra, la entrega de la renta de las esmeraldas a extranjeros o, como lo calificó el periodista Enrique Santos Montejo, “el derroche de los caudales públicos hasta proporciones inauditas”.

A pesar de la creación de la figura del inspector nacional de circulación monetaria, los bancos siguieron siendo protagonistas de escándalos por sus desastres extensivos a los sacrificados ahorradores. El derrumbe del potentado antioqueño Alejandro Ángel y sus bancos en Manizales, producto de la quiebra de comercializadores de café en Estados Unidos. La debacle del Banco López hacia 1923, también por la caída de los precios del grano, y su agónico rescate por bancos extranjeros. O la cesación de pagos en el Banco de Sucre de Medellín, la Casa Vásquez Correa en Nueva York o el Banco Popular de la familia Ospina en la capital antioqueña.

Cuando el experto norteamericano Edwin Walter Kemmerer inició su misión en Colombia 1923, para encauzar los US$25 millones pagados por Estados Unidos a título de indemnización por la pérdida de Panamá, y también para administrar “la danza de los millones”, se recobró el Banco de la República, pero en la regulación de la financiación privada se reventaron 30 bancos, la mayoría de provincia. En cambio los bancos bogotanos doblaron sus capitales con préstamos en dólares, recursos del presupuesto y contratos oficiales. Con el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 se acentuó la concentración financiera en pocas manos.

A los tiempos de la República liberal no le faltaron escándalos. Sobre todo en el segundo período del presidente Alfonso López Pumarejo (1942-1945), con el protagonismo del dirigente conservador Laureano Gómez, graduado como implacable opositor. Además de sindicaciones infundadas, como el crimen del boxeador y exsargento conocido como Mamatoco, el capítulo crítico fue la compra de acciones de la firma holandesa Handel. El asunto derivó en señalamientos de especulación, tráfico de influencias y violación de medidas cambiarias contra la familia presidencial, sin que el Congreso o la justicia ratificaran lo que se volvió un terremoto político.

Ya Colombia sufría los estragos de la violencia partidista, que se agravó después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, pero nunca faltaron los señalamientos por supuestos actos de corrupción. Cuando se abrió paso el “golpe de opinión” de Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, en cuatro años, a quien algunos calificaron como “el segundo libertador” la oposición lo calificó como despilfarrador extremo. Cuando su dictadura cayó en 1957, en el Congreso y los periódicos salieron a relucir dudosos negocios presidenciales que no tuvieron correspondientes sanciones. El rastreo se quedó más en el tremor político acostumbrado y sus réplicas para los reacomodos del poder.

Durante los gobiernos del Frente Nacional tampoco faltaron las acusaciones por indelicadezas de altos funcionarios o la picaresca de los defraudadores, sin que la corrupción dejara de ser el enemigo latente. Cuando estalló el escándalo del Watergate en Estados Unidos y el presidente Nixon cayó en agosto de 1974, el periodismo colombiano decidió emular a sus colegas del Washington Post y su blanco predilecto fue el gobierno de Alfonso López Michelsen. Hasta el último día de su gestión lo mortificaron con señalamientos por supuestos favorecimientos a su familia en el trazado de la Vía al Llano, sin que el revuelo político se tradujera en expedientes condenatorios.

En una insólita frase que pasó a la historia, en su discurso fundamental el presidente Julio César Turbay resumió la pretensión posible en la época: “Reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Una tarea que no incluyó ponerle freno a lo que se conoció como la crisis financiera de los años 80. Una red de autopréstamos, operaciones ficticias, falsificación de documentos o captación ilegal de ahorros que en tiempos de Belisario Betancur derivó en la intervención de 17 instituciones crediticias que defraudaron a unos 80.000 ahorradores. La mayoría de responsables pasó brevemente por prisión, pero nunca recibió un castigo condigno a su avaricia.

Desde entonces, la crisis perpetua creada por los corruptos se expresa en una cadena de escándalos que nuevas generaciones se acostumbraron a mencionar, sin que haya quedado la misma memoria de sanciones. El apagón de 1992 ( gobierno de Cesar Gaviria)  causado por malos manejos en el sector energético; las defraudaciones públicas de Foncolpuertos, Dragacol, Ferrovías o Termorrío, (gobierno Pastrana)  o las lecciones no aprendidas para aconductar a las entidades financieras, que a finales de los años 90 provocaron una nueva crisis del sector, con varias instituciones involucradas en peculados, sobregiros u otros excesos que nuevamente hicieron necesaria la intervención estatal.

Los 16 años que han corrido del siglo XXI demuestran que el monstruo de la corrupción o la acción de los defraudadores privados no cede. Para la muestra el rosario de casos que se sustituyen unos a otros. La quiebra del Grupo Nule, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación en Bogotá, la debacle de Saludcoop, el robo de las regalías, la captura del Estado a través de turbios negocios con el paramilitarismo, la quiebra de Interbolsa y el Fondo Premium, o las incontables pirámides para estafar a incautos de todas las clases sociales. Una amenaza que por estos días tiene nombre sonoro, Odebrecht, y que promete un pronto giro con otro nombre en la mira: Reficar.

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-asaltantes-del-erario-y-el-ahorro-articulo-679426

Foto archivo El Espctador 

 

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