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Corte Interamericana condena a Colombia por Operación Orión

El Estado colombiano fue hallado responsable de la persecución a defensoras de derechos humanos de la Comuna 13 de Medellín

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este 10 de enero en San José (Costa Rica) una sentencia en la que señala al Estado colombiano como responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

En concreto, el tribunal falló sobre la detención irregular de cinco defensoras de derechos humanos de ese sector de la capital antioqueña, una de las cuales (Ana Teresa Yarce) fue asesinada.

La Operación Orión fue un operativo militar desplegado en el 2002 en Medellín por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en coordinación con el alcalde Luis Pérez Gutiérrez, hoy gobernador de Antioquia. En la actualidad, son dos de los principales opositores a la implementación de los acuerdos de paz.

La corte señala que las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa sufrieron una situación de riesgo y violencia. Además, se violaron sus garantías judiciales y el derecho a la protección judicial.

Tres de ellas (Yarce, Mosquera y Naranjo) fueron detenidas con el señalamiento de ser colaboradoras de la guerrilla sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas nueve días después.

Para la corte, esta detención fue ilegal y arbitraria, y también “generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas”. Además, se encontró que el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce, quien fue asesinada en el 2004.

Las otras cuatro líderes y sus familiares se vieron obligados a desplazarse para resguardar sus vidas. Desplazamiento ante el cual “el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro”, según hallaron los jueces.

El Estado colombiano fue condenado a efectuar reparaciones económicas por los daños materiales e inmateriales causados. También debe continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa Figueroa y sus familiares, así como implementar un programa dirigido a promover la labor de los defensores de derechos humanos en la Comuna 13.

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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