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Insistió que el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Néstor Humberto Martínez tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

En diálogo con Blu Radio, el integrante de las Farc ‘Jesús Santrich’ aseguró que los incumplimientos en temas como la amnistía podrían hacer que el acuerdo de paz se convierta en “una especie de falso positivo contra los anhelos del pueblo colombiano”.

‘Santrich’ arremetió contra la Corte Constitucional al señalar que está “inclinada a la derecha con el propósito de hacer trizas el acuerdo” y dijo que tiene dudas del compromiso de Estado en este proceso.

Se le acaba de pegar una puñalada trapera al Fast Track. Ahí hay magistrados sensatos que puedan definir el futuro de este país hacía la paz”, afirmó.

Recordó que, en los acuerdos de La Habana, las amnistías fueron uno de los temas más debatidos y detallados.

“Las Farc dejaron las armas el día 27 de este mes. Nosotros estamos en plan de acción de paz, pero no vemos correspondencia y compromisos y ahora estamos sin armas parece que nos quieren construir obstrucciones jurídicas y convertirnos en moscas atrapadas en la telaraña de sus construcciones jurídicas amañadas”, explicó.

Dijo que la falla de la ley de amnistía “es el espíritu de buena fe en que los jueces de ejecución de penas van a cumplir con la norma y no lo están haciendo”.

Insistió que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tienen el propósito de “destruir y hacer trizas” el acuerdo de La Habana.

“Ellos están en función desde su posición en instancias importantes del Estado pues están actuado. El fiscal se ha opuesto constantemente de la Unidad para la investigación y el desmonte del paramilitarismo y su oposición de la justicia especial para la Paz con argumentos leguleyos y ahora se suma el procurador persiguiendo a los guerrilleros extranjeros”, dijo.

Luciano Marín, jefe negociador de las Farc en La Habana , habla sobre lo que sigue para ellas, una vez dejadas las armas. Habla de la JEP, de la entrega de armas, del fiscal general y asegura que hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar el proceso de paz .

SEMANA: ¿Qué significó para ustedes haber dejado las armas?

 Iván Márquez : Significa que estamos cumpliendo la palabra empeñada, lo pactado. Es el mensaje contundente y serio de la transformación de las Farc en un partido político. Ahora esperamos que el gobierno también cumpla sus compromisos.

En Portada: Por qué la apatía

SEMANA: ¿Sienten que les están incumpliendo?

I.M.: Vengo de recorrer varias zonas de transición y puedo decir que los guerrilleros esperan que el gobierno pase de las promesas, de lo que está escrito, a los . Necesitamos en asuntos tan centrales como la seguridad jurídica, física y socioeconómica. La Ley de Amnistía, después de seis meses, no encuentra el camino de su aplicación plena. Esto es grave porque no da la confianza necesaria entre los guerrilleros. Sin embargo, a pesar de las dificultades nosotros creemos que el presidente va a cumplir su palabra, que no va a cambiarle una coma al acuerdo y que está comprometido con el proceso de paz .

SEMANA: Jesús Santrich está en huelga de hambre por la amnistía, ¿tiene su respaldo?
I.M.: Yo respaldo lo que ha hecho Jesús Santrich.  Él está asumiendo una actitud valiente en solidaridad con los presos que deberían estar libres por una amnistía que se aprobó hace seis meses. ¿Quién responde por esta denegación de justicia? ¿El Consejo Superior de la Judicatura? ¿Los jueces de ejecución de penas? 


SEMANA: ¿Teme que ocurra lo mismo con la Justicia Especial para la Paz?

I.M.: Hay quienes han enfilado baterías contra la JEP y si logran sus propósitos, estaríamos ante un fracaso de este esfuerzo de paz que ha tomado cinco años. Personas como el fiscal general están todo el tiempo intentando entorpecer la buena marcha de la implementación. También algunos elementos de la Corte Constitucional que creen que se puede meter la mano a los acuerdos. Lo que está firmado es un tratado que se debe cumplir. Está depositado en Ginebra y en la Organización de las Naciones Unidas en la forma de una declaración unilateral del Estado que se comprometió a cumplir el acuerdo.

"Hay quienes han enfilado baterías contra la JEP y si logran sus propósitos, estaríamos ante un fracaso de este esfuerzo de paz que ha tomado cinco años".

SEMANA: Pero ustedes entienden que en hay división de poderes…

I.M.: Claro. Pero nosotros hemos negociado en La Habana con el gobierno a nombre del Estado y hay un mandato constitucional que habla de la colaboración entre los poderes.

SEMANA: Y los otros puntos del acuerdo, ¿creen que se cumplirán?

I.M.: Estamos seguros de que después de ver que nosotros hemos cumplido, el gobierno va a cumplir. Además, antes del 10 de julio debe empezar a funcionar, de manera gradual, la segunda misión de la ONU que justamente garantizará que se honren los compromisos en materia de reincorporación y de garantías de seguridad para los excombatientes y los territorios. La primera misión verificó el cese del fuego y de hostilidades y la dejación de armas, por lo tanto, estuvo enfocada sobre todo en las Farc. Ahora hay que mover el foco y alumbrar lo que está haciendo el gobierno.

SEMANA: ¿Temen que los maten?

I.M.: Tenemos ciertas amenazas contra nuestras vidas, información que ya le hemos trasladado al gobierno.

SEMANA:¿Es cierto que estan pagando un millón de dólares para que atenten contra ustedes?

I.M.: No hablaré de este tema, pero hay amenazas de ese tenor.

SEMANA: ¿Creen que son paramilitares?

I.M.: Hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar este esfuerzo por la paz. Por eso es tan importante definir todas las garantías de seguridad física. Sin embargo, se nos ha atravesado el fiscal general, que ha impedido que empiece a funcionar la unidad de lucha contra el paramilitarismo.

"Hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar este esfuerzo por la paz".


SEMANA: ¿Por qué?

I.M.: Él le quiere quitar la autonomía. Pero la unidad es subsidiaria. Actúa solo si la Fiscalía no lo hace. Y la Fiscalía no está actuando. El propio fiscal reconoce que hay 15.000 compulsas de copias a terceros que provienen de los procesos de los paramilitares. Eso nos hace sospechar que se quiere beneficiar a terceros.

SEMANA: ¿Qué garantías dan ustedes de que las armas entregadas son todas?

I.M.: Esa garantía está en los protocolos. No creo que haya gente que dude del profesionalismo del Consejo de Seguridad de la ONU. La verificación es un hecho contundente y hay personas involucradas en ella como los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González.

SEMANA: ¿Cuántos guerrilleros y milicianos quedaron por fuera del proceso?

I.M.: Las Farc están todas en este proceso, con la excepción que ya conoce el país de una disidencia. A esos mandos no nos cansamos de llamarlos a la reflexión para que no tomen la senda equivocada.

SEMANA: ¿Qué sigue para los excombatientes de las Farc en las zonas transitorias?

I.M.: Lo ideal es que las zonas transitorias sean la base para asignar tierra a los antiguos combatientes, que ahora son campesinos, para que junto a las comunidades se trabaje para generar un nuevo clima de reconciliación en el país. Pero en lo de tierras hay un problema serio. Teniendo claro que eso está en el centro del , todavía hay quienes dicen que no hay tierra para los campesinos. Algunos terratenientes hablan por boca de los ministros cuando afirman que no habrá ni un centímetro para los excombatientes de las Farc. Los proyectos de reincorporación no crecen en el aire. ¿Será que nos tocará volver al programa agrario de 1965, a pelear por un pedazo de tierra? Imposible.


SEMANA: Tampoco hay ambiente en el Congreso para aprobar las leyes que faltan vía ‘fast track’.

I.M.: Nosotros aspiramos a que no se vaya a cambiar el texto acordado. Los acuerdos son para cumplirlos. El Congreso  refrendó el acuerdo y aprobó una norma que dice que los gobiernos futuros no pueden cambiar lo acordado. Ahora, sí estamos frente al inconveniente de la campaña electoral que puede distraer la atención de algunos congresistas que se van a concentrar en sus intereses políticos regionales y personales.

SEMANA: ¿Cuál es el proyecto político de las Farc?

I.M.: Puedo decirle que queremos hacer un partido amplio, incluyente, que sea un aporte para crear un ambiente distinto. Un partido que se preocupe por la implementación del acuerdo, porque este siente las bases de la paz que podrán disfrutar las generaciones del futuro.

SEMANA: ¿Cómo será la campaña de las Farc para las elecciones de marzo al Congreso?

l.M.: Todavía no hemos diseñado una estrategia. En el congreso constitutivo de agosto definiremos tanto el carácter del nuevo partido como su visión de país y la estrategia electoral. Lo que puedo decirle es que habrá una visión moderna, en la que primen la justicia social, la vida digna para todos, y donde la implementación de los acuerdos sea la base para construir el edificio de la paz. Hay que buscar un entendimiento con muchos sectores del país. Vamos a concitar un gran apoyo alrededor de la paz.


SEMANA: Muchos candidatos piensan que ustedes son criptonita. ¿Qué aliados encontrarán?

I.M.: Desde La Habana  mucho se dijo, que la gente no nos quería y qué va. Donde vamos encontramos grandes muestras de amor de la gente. Gente que nos felicita y nos anima a que continuemos por esta senda, que es la correcta.

SEMANA:Hay temores de que ustedes escondan recursos y luego los usen en elecciones…

I.M.: Eso es un mito. Hay que entender cómo funcionó la economía de . Se buscaron recursos para financiar el alzamiento armado. Nosotros nos propusimos conseguir 240 millones de dólares para financiar el plan estratégico que preveía la toma del poder por las armas, pero no lo logramos. Además se debe tener en cuenta que en muchas regiones actuamos como Estado y construimos puentes, carreteras, escuelas. Piense lo que cuesta cada guerrillero con sus armas, con sus uniformes. Es hora de que el país empiece a desinflar ese globo que lanzó el fiscal.


SEMANA: ¿Qué es eso del gobierno de transición?

I.M.: Creemos que es posible llegar a una convergencia de fuerzas de gente que quiere que se cumplan los acuerdos y tengamos paz. Un gobierno que sea capaz de sacar adelante las transformaciones que por tantos años ha querido la gente.

SEMANA: Timochenko dijo que ahora ustedes eran EP: Esperanza del Pueblo. ¿Es este el nuevo nombre de las Farc?

I.M.: Eso lo definirá el congreso, pero lo que sí es cierto es que aquí sí está naciendo la esperanza. La gente que vive en las catatumbas de la exclusión está teniendo una luz de esperanza.

Sábado, 01 Julio 2017 04:35

"Quinto día en huelga de hambre"

INFORME Huelga de Hambre Día 5: recibimos saludos de decenas de organizaciones en todo el mundo. Seguimos en Dignidad!

 

El líder guerrillero se unió a la huelga de hambre que hacen miles de miembros de las Farc en las cárceles a la espera de ser beneficiados con la Ley de Amnistía.

Jesús Santrich no va a comer durante varios días. Al menos no hasta que miles de excombatientes de las Farc sean beneficiados por la Ley de Amnistía que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. El comandante guerrillero se sumó a su huelga de hambre.

Lea también: La mayor amnistía posible para alcanzar la paz​

“Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto”, escribió Santrich en la carta que anunciaba su adhesión a la protesta que se ha extendido por decenas de penales del país. Ayer se realizaron plantones en Popayán, Cúcuta, Ibagué, Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Medellín y Pereira, entre otros, para protestar por la lenta implementación de la llamada seguridad jurídica de los insurgentes.

En entrevista con El EspectadorSantrich, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, lanzó duras críticas al Gobierno por los incumplimientos en la implementación de lo pactado en La Habana.

¿Cuántos guerrilleros faltan por salir de las cárceles?

Son unos 3.400 reconocidos por las Farc y sólo 837 han sido liberados, trasladados a las zonas veredales o puestos en libertad condicional. Faltan muchos por salir, y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz faltan 900 certificaciones.

¿Por cuáles crímenes están condenados quienes están a la espera del indulto?

La mayoría son por rebelión y delitos conexos, es decir, están cobijados por la Ley de Amnistía e Indulto. Pero también los que no son indultables deberían salir con libertad condicional, tal y como se acordó en La Habana, y quienes no cumplen los requisitos ni para una ni para otra deben ser trasladados a las zonas veredales. Estamos viendo por parte de los jueces de ejecución de pensar una actitud de denegación de la justicia, que no es frenada por parte de ninguna instancia en el Estado.

¿Ya hay respuesta por parte del Gobierno?

Esto sólo tiene tres días. Estábamos en la fase de culminar la dejación de armas, entonces no he tenido noticias de cuál sea la repercusión de la huelga, pero hay más de 1.400 guerrilleros que están en protesta. Ya hay compromisos que están en actas. Ahí se dice que el Estado, incluyendo las cortes, acelerarán los procesos de liberación. Todavía no hay nada, ni siquiera una decisión sobre el tipo de procedimiento administrativo que permita cumplir lo acordado. Eso es una grave violación al principio de pacta sunt servanda, a la buena fe del Acuerdo, que tiene connotaciones nacionales e internacionales.

Y eso se suma al incumplimiento en la construcción de zonas veredales…

Ese es el primer gran incumplimiento. Después de seis meses, la mayor parte de las construcciones no están terminadas y en las que ya existen se viven situaciones tan deplorables que parecen campos de refugiados. El Acuerdo tiene características de estar en etapa de renegociación: hay inseguridad jurídica, no hay condiciones de seguridad personal, porque el paramilitarismo ha rodeado las zonas veredales, y tampoco hay garantías de tierras para adelantar procesos productivos que permitan la supervivencia de excombatientes y la comunidad.

¿A qué se refiere cuando dice que el Acuerdo está en renegociación?

Se ha implementado normativamente, sin embargo, hay mucho que está en vilo, porque está en manos de una Corte Constitucional que tiene cierta tendencia a no permitir que avance el desenvolvimiento de los acuerdos. Por eso digo que hay una renegociación. Todavía no hay una hectárea de tierra que haya sido restituida o formalizada por cuenta de los acuerdos.

Ahora viene la entrega de caletas y del listado de bienes. ¿Se pueden comprometer esos procesos si no hay beneficios de la Ley de Amnistía?

Nosotros nunca hemos condicionado nuestros compromisos. Hemos dicho que tiene que haber concomitancia, integralidad y simultaneidad, pero lo que vemos es que nosotros cumplimos todo, incluso está garantizada la extracción de las caletas, está definida la ruta para el listado y registro de bienes, pero no está garantizado el cumplimiento por parte del Estado, ni siquiera la vida de los excombatientes que pasan a la legalidad. La guerra sucia sigue: hay dirigentes populares asesinados, también militantes de las Farc o sus familiares. Lo único que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza.

Es decir, ¿las Farc firmaron un cheque en blanco?

Se supone que en el momento en que se suscribió el Acuerdo estaba la ruta clara, nítida. Lo que pasa es que se contaba con que era un compromiso de Estado, no de Gobierno, pero se ha producido un incumplimiento de la política de Estado. Nosotros tenemos todo claro porque está pactado y hay principios, como el de la buena fe. Hay un ordenamiento constitucional que te dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, entonces, lo que habría es un desconocimiento, incluso del orden y los principios normativos de carácter internacional.

¿Cómo ve el panorama político en el Congreso para la aprobación de proyectos de paz?

El tema es de Estado. Nosotros no podemos ir a los avatares del interés parlamentario o de cada juez. Debe haber una concepción clara de país y de democracia. Si la democracia es el desconocimiento a la palabra, estaríamos marchando hacia el abismo, no tendríamos ninguna garantía del Estado de derecho en el país.

¿Cómo avanzan las Farc hacia la creación de su partido?

Tenemos una militancia fuerte, cohesionada, disciplinada, formada, que, a pesar de los inconvenientes, tiene una extraordinaria voluntad de paz. Por eso siguen los debates en los campamentos sobre las tesis del partido, la construcción programática, de los principios y los fundamentos de funcionamiento, sobre las políticas de alianza. Todos se están preparando para el congreso que debe realizarse en agosto y dar el salto a la legalidad, porque efectivamente hay un acto legislativo que permite tomar el camino hacia la construcción de un partido abierto.

¿Qué elementos los pueden diferenciar de los partidos de izquierda que existen?

La determinación de paz y vocación de reconciliación. Eso es fundamental. Lo segundo es la visión de una nueva forma de hacer política, no sólo en el parlamento sino en la calle, la vereda, con la gente. Lo tercero, la concepción de un camino constituyente que haga reformas estructurales en el país.

Esta es mi declaración en solidaridad con todas y todos los prisioneros que aguardan la aplicación de la amnistía. Las FARC-EP CUMPLEN!

 

  

 

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

El desarrollo legal

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

El desarrollo de los acuerdos

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

Una nueva situación política

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Domingo, 25 Junio 2017 06:51

Guadalupe, 60 años

Hace 60 años asesinaron a Guadalupe Salcedo en el sur de Bogotá. Había estado reunido con miembros destacados del liberalismo —Juan Lozano y Lozano, entre otros— y algunos excomandantes guerrilleros del Llano —Franco Isaza, los hermanos Villamartín, Berardo Giraldo— en un restaurante al norte de Bogotá llamado La Bella Suiza. Después, con sus tragos en la cabeza, paró en un bar cerca del sitio de donde salían las flotas para Villavicencio. Tocó el cuatro, se cantó sus joropos, pero al notar que estaba siendo espiado, decidió con sus amigos y guardaespaldas tratar de embolatar a sus seguidores. En la calle 17 sur con Caracas se les atravesó una radiopatrulla de la Policía. Guadalupe, que iba manejando, esquivó el retén, pero fue perseguido y finalmente emboscado por la Policía. Se bajó de su vehículo con las manos en alto y fue asesinado. El fiscal del caso, doctor Eduardo Umaña Luna, en su alegato presentó una prueba contundente del crimen: Guadalupe tenía un orificio de entrada de una bala de fusil en la palma de su de su mano izquierda. Sus honras fúnebres, con gran concurrencia de liberales, fueron en la iglesia del Espíritu Santo, en el barrio Teusaquillo. Fue enterrado en San Pedro de Arimena con dos de sus guardaespaldas. Tenía 33 años y ya era una figura legendaria. Hace pocos días el doctor De la Calle recordó el acontecimiento y dijo: esto no se puede repetir porque por ese camino continuaremos en la guerra. El Estado firmó, el Estado debe cumplir.

Guadalupe nació en Tame, Arauca. Su padre era venezolano y su madre medio indígena. Se crió en lo que llaman “el centro del Llano”, por allá en Matanegra, a orillas del Meta. Era un criollo criollo: “Trabajaba llano”, tocaba cuatro, cantaba, tenía sus mujeres y era también “cachilapero”, o sea, arriaba ganado para su fundo cuando se lo topaba “barajustado”. Por eso estaba preso en noviembre de 1949 en momentos en que las cabezas liberales habían aplaudido un golpe militar contra Laureano cuando este nombró primer designado a Roberto Urdaneta Arbeláez. Hubo, como siempre sucede, contraorden y sólo el capitán Alfredo Silva y un liberal reconocido del Llano, Chaíto Velázquez, cumplieron lo planeado y se tomaron Puerto López, Villavicencio, Barranca de Upía. Guadalupe salió directo para Matanegra. El intento fracasó; el Gobierno le dio vía libre a la acción criminal de la Policía, los chulavitas y las guerrillas de paz, organizadas por el Ejército. Se desató entonces la guerra. Desde Arauca y La Salina, hasta San Martín y Vichada, los liberales se armaron y crearon un formidable ejército irregular de 7.000 hombres y mujeres que arrinconó al Gobierno. Una gran emboscada en El Turpial planeada por Guadalupe mató 97 soldados, muchos a cuchillo. Hoy toda esta región está tomada por grandes empresas agropecuarias.

Guadalupe era un gran militar y un gran llanero: rebelde, franco, ingenuo. Fue nombrado general y jefe del Estado Mayor Conjunto por los 12 comandos guerrilleros del Llano. Aprobó las dos Leyes del Llano —el germen de una constitución plebeya— y lanzó una ofensiva que obligó a un acuerdo entre el liberalismo y un gran sector conservador a dar el “golpe de opinión” de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953: “No más sangre, no más depredación a nombre de ningún partido”. Guadalupe atendió el llamado y se acercó con 12 de sus comandantes a Monterrey, Casanare, a dialogar con los militares. El Ejército convino en conversar si se presentaban sin armas. Guadalupe aceptó y así “cayó en las garras del león”. De ahí para adelante todo fueron filas de combatientes entregando las armas al general Duarte Blum ante los fotógrafos de la gran prensa. Era el 15 de septiembre de 1953. López Pumarejo y Plinio Mendoza Neira habían estado desde 1951 detrás de un acuerdo de paz con los llaneros firmado frente a “delegados plenipotenciarios de otras naciones” sobre libertad política y reforma agraria.

Aquel día, a los guerrilleros les dieron un pantalón caqui, unos zapatos y un azadón.

El máximo líder del ELN dijo que esa es la razón por la que no se afanan para llegar a un acuerdo.

El máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias 'Gabino', aseguró que como grupo están alarmados por el proceso de paz que sostienen con el Gobierno, por los incumplimientos a lo pactado de las Farc.
Alias ‘Gabino’ aseguró que la paz se ha convertido en un genérico que todos los sectores políticos utilizan, y se refirió puntualmente a cuál es la dificultad que como grupo encuentran para llegar a un acuerdo con el Gobierno:
“Nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos, con esa paz nosotros no vamos”.

Nicolás Rodríguez Bautista aseguró que el Gobierno ha modificado la agenda acordada, que se les quieren imponer asuntos de carácter unilateral y aseveró: nosotros eso no lo vamos a aceptar y reafirmamos la importancia de que empiece en Quito cuanto antes el desarrollo de la agenda como está concebido.

Sobre la dejación de armas dijo: el Gobierno quería que nosotros suscribiéramos en la agenda la disposición de dejar las armas. Nosotros no sabemos si sea posible dejarlas, porque las condiciones que produjeron el levantamiento armado están vigentes, por lo tanto, las armas se necesitan.

Finalmente, sobre los rumores del ELN ocupando las zonas de abandono de las Farc, alias Gabino asegura: “si nosotros tuviéramos la fuerza en hombres para llegar a esos territorios, sin duda lo haríamos, no la tenemos. En eso somos sinceros y hay que decir la verdad: no llegamos allá porque no tenemos la capacidad de llegar”, indicó el máximo comandante del ELN.

Esta pactado que el 20 de junio culmine este proceso.

Existen preocupaciones puntuales en la guerrilla que han frenado el impulso de cumplir con el cronograma, temas en los que el Gobierno ha querido avanzar pero ha sido imposible por cuenta de decisiones judiciales, voluntad política y otros factores externos ajenos al deseo de implementar el acuerdo.

Seguridad jurídica es tal vez el reclamo más reiterado de las Farc. La ley de amnistía aprobada en diciembre no ha podido ser aplicada en su totalidad razón por la cual aún hay cientos de guerrilleros presos. Otro tema de esta índole es la JEP que está en revisión en la corte constitucional; las Farc han dicho que si el alto tribunal tumba la jurisdicción especial de paz se acaba el proceso de paz pues es la columna vertebral del sistema de verdad justicia y reparación.

 

El asesinato de líderes sociales y la no puesta en marcha de la unidad especial de la Fiscalía para el combate del paramilitarismo es otra de las preocupaciones de las Farc pues es un hecho que estas estructuras criminales son una amenaza para los guerrilleros y líderes defensores de derechos humanos.

Las Farc si bien no han detenido el proceso de desarme lo están haciendo de manera parcial a la espera de que estos tres temas se superen. Es por eso que no estaría listo para el próximo 20 de junio y que se postergue por algunos días.

A esto se suma que el presidente Santos estará la semana entrante en visitas de Estado en Francia y Portugal y habría que esperarlo para anunciar la noticia más importante del proceso de paz, la entrega de la totalidad de las armas personales de la guerrilla.

Noticia en desarrollo….

ANNCOl pone en consideración posibilidades reales de Paz desde la óptica del ELN. Válida, en momentos de tensión y angustias generadas por la precaria seriedad del establishment colombiano en cumplir con lo acordado en el Teatro Cólon de Bogotá - 24.nov.2016 - con la guerrilla de las Farc.

 

Semana estuvo en La Habana, Cuba, hablando con los dos hombres fuertes del ELN: Nicolás Rodríguez, alias Gabino, y Antonio García. Su visión sobre el país y el proceso de paz, demuestran que se está muy lejos de un acuerdo con esa organización armada.

A principios de mayo se reunieron en La Habana las cúpulas de las Farc y el ELN. Hacía dos años que no se veían y en ese lapso cambiaron muchas cosas. Mientras las Farc firmaron un acuerdo con el gobierno y se aprestan para dejar las armas el 20 de junio, el proceso de conversaciones con el ELN en Quito avanza sin un horizonte claro. Los caminos parecen bifurcarse y la aspiración de tener una paz completa no luce fácil de concretar.

SEMANA habló con dos de los máximos jefes de ese grupo: Nicolás Rodríguez, Gabino, quien es fundador de esa organización, y Antonio García, quien en el pasado estuvo al frente de intentos de negociación con otros gobiernos. La conversación deja claro que hay profundas diferencias en los objetivos estratégicos de ambas guerrillas y que el panorama de paz con los elenos no es esperanzador.

Esta es una realidad inquietante. Aunque el ELN no es un ejército insurgente como lo fueron las Farc y su presencia territorial es más limitada, un fracaso del proceso con esta guerrilla tendría graves consecuencias. Primero que todo humanitarias, pues esta confrontación sigue causando muertes, secuestros, mutilados y heridos, especialmente en el Chocó donde se vive un enfrentamiento abierto entre el ELN y grupos paramilitares.

En segundo lugar, las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Durante 30 años el ELN ha golpeado la actividad petrolera, y lo sigue haciendo. Solo que en un momento de baja producción y dependencia de estos recursos en un contexto de crisis económica se torna más grave; así mismo el papel de esa guerrilla en las zonas mineras donde tiene amplia influencia. En tercer término, porque la existencia del ELN es una piedra en el zapato para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc en muchos territorios. De hecho, existen sospechas de que esa guerrilla tiende a expandirse en lugares otrora controlados por las Farc. Además, se convertiría en una talanquera para que las Fuerzas Militares den un salto hacia una doctrina diferente a la contrainsurgente.

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La negociación con este grupo nunca ha sido fácil. Según ellos mismos cuentan, han estado en diálogos desde hace 26 años con 5 gobiernos. O algo ha fallado en la estrategia de estos intentos o la voluntad de llegar a un acuerdo ha sido precaria tanto por parte de ellos como del Estado. Esta vez el ELN quiere un proceso de paz que se diferencie de manera radical del que hicieron las Farc. No parecen dispuestos a firmar un acuerdo entre dos partes, sino que debe haber otra instancia de negociación con las comunidades. Tampoco creen que deba existir un cronograma en el que la guerrilla cumpla primero su parte, mientras la del gobierno se extienda en el tiempo. De hecho, consideran que no hay tiempo político que condicione la negociación.

Si se pudiera describir el sentimiento que emanan los dos jefes guerrilleros frente al Estado en la negociación sería el de una profunda desconfianza. Sentimiento que se ha acrecentado por las dificultades políticas que ha tenido el acuerdo de paz con las Farc, las demoras en la implementación y la persistencia de la violencia contra líderes sociales.

La pregunta que queda planteada es si en el tiempo que le queda al presidente Santos en el gobierno, se podrá construir la suficiente confianza en la mesa de Quito para echar a andar una ruta de participación realista, que le dé viabilidad a este proceso de paz. Algo que no parece fácil, pero que tampoco está descartado aún.

SEMANA: ¿Qué pasó en la reunión con la Farc?

NICOLÁS RODRÍGUEZ: Fue un encuentro fraterno. Ni ellos ni nosotros teníamos el propósito de entrar en un debate, sino más bien de conocer los detalles de ambos procesos. Los compañeros fueron claros en que eran revolucionarios que entraban a una dinámica legal, que su proceso era irreversible a pesar de que no veían que les fueran a cumplir todos los acuerdos. Nosotros expresamos que también nos la jugábamos por la paz, pero que en nuestro caso no se habían concretado los acuerdos. Y que por las dificultades del momento pensamos que no alcanzamos a culminar el proceso con este gobierno Santos.

SEMANA: ¿Es posible acompasar ambos procesos o, como se dice en Colombia, lograr una paz completa?

N.R.: Hace tres años acordamos con las Farc que debía haber dos mesas y un solo proceso. Lo que pasa es que el de ellos se desencadenó con una velocidad inusitada, cuando pusieron tiempos concretos para firmar, mientras nosotros encontramos en el gobierno una actitud muy lenta. Hoy no es fácil acompasar los procesos porque ellos son prácticamente una organización legal trabajando por la implementación.

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SEMANA: ¿Qué retoman ustedes del proceso con las Farc?

ANTONIO GARCÍA: Consideramos que el proceso del ELN debe ser distinto. La sociedad debe ser más protagónica y se debe lograr una dinámica política de participación. Para nosotros no es tan importante que se cumplan o no unos acuerdos, sino que la gente participe en la discusión y que los acuerdos no sean actas de promesas que luego no se cumplen.

SEMANA: Pero ¿creen que pueden llegar a estar en donde hoy están las Farc?

N.R.: Asistimos a los diálogos con una definición de nuestro Congreso y es que estos sean de carácter exploratorio. No sabemos hasta dónde llegará lo exploratorio porque no encontramos la disposición de la clase en el poder para pactar un acuerdo real. Vemos cosas muy difíciles, como el incumplimiento de los acuerdos con las Farc. Esos acuerdos fueron redefinidos luego del plebiscito, de nuevo ajustados durante el fast track y ahora el Congreso puede modificar lo pactado.

"Un proceso de paz no puede ser un acuerdo entre insurgencia y gobierno en un papel"

SEMANA: Pero el plebiscito y la revisión de la corte son reglas de juego que aceptaron las Farc…

N.R.: Las especulaciones son que el ELN está dividido, lo cual es falso. Por supuesto que sobre el diálogo exploratorio hay discusiones como en cualquier partido, pero existe la voluntad y la decisión de buscar la paz. Donde sí hay una gran fractura sobre los acuerdos es en la clase gobernante. Ahora la frase en boga es “los vamos a volver trizas”. ¿Qué acuerdo se puede refrendar y salir adelante en medio de esa realidad del Estado?

SEMANA: ¿Ese análisis cambia los objetivos del diálogo en Quito?

A.G.: Nosotros estamos dispuestos a pasar a la política sin armas, pero no de cualquier manera. Del otro lado debe haber cambios. La pregunta es ¿con quién hay que negociar en Colombia? ¿Dónde se define la negociación con la insurgencia? Eso no está resuelto.

SEMANA: ¿Cuándo se pasaría de un diálogo exploratorio a uno que se encamine hacia el fin del conflicto con el ELN?

A.G.: Cuando podamos establecer con la sociedad qué cosas deben cambiar. Que haya un acuerdo político, una agenda básica de transformaciones. En ese momento habría salidas hipotéticas, y en el marco de esos cambios la insurgencia puede también cambiar.

SEMANA: Pero eso es muy abstracto. ¿Cómo serían esos acuerdos?

N.R.: Un proceso de paz no puede ser un acuerdo entre insurgencia y gobierno en un papel. Eso es lo que siempre se ha hecho y se ha caído. Muy buena la Constitución del 91, pero qué quedó de ella luego de ciento y pico de reformas. El proceso de paz no es solo para los firmantes, sino para quienes tienen expectativas de cambio más allá del silencio de los fusiles.

SEMANA: ¿No es el Congreso ese escenario de diálogo?

A.G.: Ahí no están todas las voces. Hay un amplio espectro que no se siente representado en la política colombiana. Hay que reactivar consensos políticos para una Colombia posible y no solo para una desmovilización. Pueden ser diálogos nacionales o regionales.

SEMANA: ¿Cuáles serían los puntos claves de ese cambio?

N.R.: Hay problemas de salud, educación, tierras, soberanía. Pero eso lo tiene que plantear la gente, sobre todo la excluida, la que no llega al Congreso. ¿Quién escucha a las grandes regiones campesinas? Es muy grave, por ejemplo, que hoy se siga asesinando a los líderes políticos, reclamantes de tierras. Ciento y pico de personas, en pleno proceso de paz. ¿Cuál posconflicto es ese? Por eso no puede haber apresuramiento. El tiempo debe ser el que necesiten las partes y la sociedad para saber que las cosas sí van a cambiar.

SEMANA: Pero la implementación toma tiempo. Está pensada a 15 años.

N.R.: Los compañeros de las Farc han cumplido. La gente está concentrada, vigilada por el Estado, con un cronograma para la entrega de armas. ¿Y el gobierno qué? Conocemos cosas muy complejas en la sustitución de cultivos, en donde a la gente la están tratando con plomo y represión. El problema es que la clase en el poder está por el silenciamiento de los fusiles y no más.

SEMANA: ¿Acogen ustedes el punto de víctimas del acuerdo con las Farc?

A.G.: Una cosa es la nueva condición jurídica de la insurgencia y otra los derechos de las víctimas. El ELN discutirá con el gobierno esa nueva condición jurídica que está contemplada en la agenda, pero la justicia es algo que tiene que discutirse con las víctimas.

SEMANA: Pero ¿se acogerían a la justicia transicional que ya está andando?

N.R.: Es que si uno no ha participado en el diseño es muy jodido decir que nos acogemos. La gente no participó en la creación de la justicia transicional, no se recogió el universo de las víctimas. En la práctica es bueno preguntarles a ellas qué sienten cuando ven a los agentes del Estado recobrar la libertad.

"Que se ponga el tiempo de un gobierno es una camisa de fuerza peligrosa y quizá suicida para la insurgencia porque si esta deja de serlo ya no podría lograr nada. Por eso hay que trabajar en términos de simultaneidad de los acuerdos"

SEMANA: Pero la justicia es para todos los lados…

N.R.: Claro, es para todo mundo y nosotros jamás hemos desconocido que se han cometido errores en 53 años de un conflicto desbordado. Nosotros somos rebeldes y ponemos la cara. Pero no frente a una justicia que diseñe el Estado.

SEMANA: ¿Y cómo ven el modelo del cese del fuego de las Farc?

N.R.: Nosotros hemos dicho que vemos urgente un cese bilateral porque crearía un clima favorable para el diálogo exploratorio. No entendemos cuál es el interés del gobierno de discutir en medio de la guerra.

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SEMANA: Sin embargo, Santos se ha abierto a esa posibilidad sobre todo ahora que está la ONU en capacidad para verificar…

N.R.: Nosotros tenemos toda la disposición para que se verifique de manera plena y absoluta un cese. Habría que definir los detalles. Lo más importante es la voluntad.

SEMANA: El gobierno cree que ustedes tampoco cumplen. Aunque en Quito se acordó el respeto del DIH y ustedes han seguido secuestrando…

A.G.: El DIH prohíbe la toma de rehenes, que es cuando se usan escudos humanos. No habla de secuestro ni de la privación de la libertad. Nosotros hacemos privación de la libertad. Se puede decir que eso es monopolio del Estado, pero como nosotros somos rebeldes eso es parte de nuestra naturaleza.

SEMANA: ¿No les preocupa el cambio de gobierno? Ya Cambio Radical dijo que si gana las elecciones se levanta la mesa de Quito…

N.R.: Que se ponga el tiempo de un gobierno es una camisa de fuerza peligrosa y quizá suicida para la insurgencia porque si esta deja de serlo ya no podría lograr nada. Por eso hay que trabajar en términos de simultaneidad de los acuerdos. Nosotros estudiamos el acuerdo de las Farc y por eso decimos, con conocimiento de causa, que es un acta de intenciones sin cronograma.

SEMANA: ¿En qué punto debe estar el proceso de ustedes en agosto de 2018?

N.R.: Ojalá el presidente se la juegue por dos cosas: el cese del fuego y dejar andando la participación de la sociedad. Eso sería de tremenda importancia. Así la campaña electoral no diluiría el proceso.

SEMANA: ¿Para ustedes es indiferente quién gane las elecciones?

N.R.: Nunca será indiferente. Ojalá se dé la convergencia de una izquierda con los demócratas y haya la posibilidad de un gobierno diferente.

SEMANA: ¿Cómo afecta la crisis actual de Venezuela el papel que cumple en el diálogo con ustedes?

N.R.: Venezuela se ha comprometido desde Chávez a fondo con el proceso de paz de Colombia. Ha sido garante con esfuerzo, sacrificio y profesionalismo. Las tensiones que han surgido no solo pueden afectar las relaciones de los dos países, sino al proceso mismo.

SEMANA: ¿Hasta qué punto puede afectar la crisis?

A.G.: Nosotros no concebimos que se vaya a sacar a Venezuela del proceso de paz. Venezuela le da confianza al ELN en que se pueda avanzar con cierta autonomía.

SEMANA: Se habla de que ustedes están involucrados allá como en una especie de milicia bolivariana…

N.R.: Decía Juan Camilo Restrepo en un artículo que éramos la retaguardia del proceso bolivariano. Llama la atención que unas veces se dice eso y otras que no existimos. Venezuela es un Estado, no nos necesita. Nosotros como ELN tenemos varias estructuras que están en la frontera, y se ha demostrado que nuestras fuerzas están del lado colombiano porque los combates son permanentes.

SEMANA: Ustedes son el último grupo de Colombia y América Latina que queda en armas. Incluso ETA ya las entregó. ¿No les inquieta eso?

N.R.: Desafortunadamente hoy seguimos viendo a Colombia en una situación en la que reafirmamos la validez de la rebeldía. En una amnistía salen los guerrilleros de las Farc de las cárceles y no los otros presos que no han empuñado un arma. ¿No será que ellos dirán que se necesita tener las armas para poder negociar?

SEMANA: El país en general rechaza la lucha armada…

N.R.: Nosotros también entendemos las voces urbanas. Pero si van a las regiones donde está el conflicto encontrarán que la guerrilla se necesita para la seguridad de la región, para que funcionen las escuelas. Escuchamos muchas voces que nos dicen que el que deja las armas se muere. ¿Qué impacto ha provocado la dejación de las armas de todos los insurgentes en Colombia?

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SEMANA: ¿Y qué ha dejado el alzamiento armado?

N.R.: Si vamos a Chocó, al nordeste de Antioquia, al sur de Bolívar la gente le va a decir qué ha dejado la insurgencia. Si deja de existir la guerrilla colombiana o el ELN en particular, en 10 o 20 años esas serranías serán socavones de la gran minería del oro.

SEMANA: Este es un momento histórico para el fin del conflicto. ¿No temen estar de espaldas a él?

N.R.: Nunca hemos pensado tomar el poder por las armas porque ningún destacamento armado lo ha hecho en el mundo. En todas partes la gente asume el control y el poder con el respaldo de destacamentos armados. Nosotros hemos jugado un papel en esa resistencia. Ojalá se desarrollen espacios democráticos para no tener que alzarse en armas, nadie es partidario de la guerra.

SEMANA: Grandes revolucionarios como Fidel Castro y Chávez dejaron de creer en el camino de las armas…

N.R.: Lo que aquí hemos dicho grafica realidades complejas. Si desaparecen las guerrillas y se silencian los fusiles, llegan los inversionistas, las multinacionales y esas son soluciones que no benefician a todo el mundo. El Centro Democrático ha dicho, por ejemplo, que la propiedad privada no se toca en lo absoluto. ¿Cómo será la reforma agraria sin tocar la propiedad privada?

SEMANA: ¿Tiene sentido seguir sentados en Quito?

N.R.: Sí, porque hay que seguir buscando salidas. Si el presidente se la juega, es una oportunidad para él y para Colombia. Hicimos una agenda, convencidos de que se va a luchar por ella y que la contraparte la quiere poner a andar.

SEMANA: El papa Francisco viene en septiembre. ¿Cómo puede incidir la visita en el proceso del ELN?

N.R.: Independiente de todo, nosotros vamos a ser respetuosos de la visita del papa a Colombia.

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Uldarico Flórez - Abogado DD.HH de los Presos Políticos en "Voces del Sur" 15 julio 2017 "La 1820 con muchas trabas con jueces de los partidos tradicionales" - " El error de la Amnistia: no se podia dejar en cabeza de los Jueces de Ejecución de Penas la libertad de los PPolíticos"
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