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Óscar Naranjo nació en Bogotá en 1956.  y desde niño conoció la Policía, pues su papá era oficial de esa institución. Por los traslados de su padre vivió en varios lugares del país, incluyendo Neiva y Bucaramanga. Es el primer hijo de un general de la policía que siguió sus pasos hasta ser, a su vez general.

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Tras votación en el Congreso en marzo, fue elegido el primer uniformado en llegar a la Vicepresidencia de la República, tras la nominación hecha por el presidente Juan Manuel Santos, ante la salida de Germán Vargas Lleras de este cargo. 

Naranjo se graduó del colegio Calasanz, una escuela dirigida por religiosos españoles y de estudiantes de clase media alta. Entró a estudiar sociología en la Universidad Nacional, pero rápidamente abandonó las clases. A mediados de los años setenta, la facultad era un hervidero de ideas de izquierda y una de las más comprometidas con las manifestaciones que terminaban en pedreas contra y choques con la Policía. Naranjo se retiró para ingresar a la Javeriana, a estudiar periodismo.

En ese momento su padre, Francisco José Naranjo, era comandante de la Policía en Bogotá. Cuando Naranjo tuvo que escribir una crónica para una clase de la universidad, su papá le consiguió que acompañara a un grupo de policías que iba a rescatar a uno de los primeros secuestrados en el país. Eso bastó para que abandonara la Javeriana y solicitara el ingreso a la Escuela General Santander, aunque, por su conocida capacidad para relacionarse con los medios y para mantener una excelente imagen pública, parecería que el breve paso por la carrera le ha resultado muy útil.

En 1978 se graduó de oficial, e inicialmente trabajó en la escuela de oficiales de la Policía y en la dirección docente. Entre 1981 y 1983 su papá fue el director general, y Naranjo tuvo la oportunidad de empezar su carrera conociendo la institución por dentro y pensando en los temas claves, más que conociendo la vida cotidiana del policía de pueblo. Esa privilegiada posición le ha servido para entender la institución en detalle y le ha ayudado en su carrera.

Naranjo empezó su carrera en inteligencia cuando su papá pasó a retiro. Como capitán fue jefe del grupo de contrainteligencia de la Dijín donde, entre otras cosas, diseñó el estudio de seguridad del Palacio de Justicia, que presentó menos de un mes antes de la toma.

De ahí pasó a montar un sistema de inteligencia electrónica, con aparatos que permitían interceptar comunicaciones, hacer seguimientos a personas y de monitorear, vía satélite, su localización. Este sistema fue uno de los ases del Estado en la persecución de los grandes capos de la droga, como Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela.

Además, fue uno de los oficiales que colaboró con el entonces director de la Policía Rosso José Serrano en el proceso de mdoernización de la institución, que le cambió la cara a la Policía y le ayudó a recuperar la legitimidad que había perdido y que la llevó al brode de la desaparición.

Fue director de inteligencia entre 1995 y 2000. A ese cargo llegó a la sombra del entonces comandante de la Policía, Rosso José Serrano, de quien fue mano derecha en la reforma de la Policía, cuando fueron expulsados más de 11 mil policías y se reestructuró la entidad. El conocimiento de Naranjo de la formación de los policías, el respecto que había heredado por ser hijo de ex director y sus capacidades fueron claves en esta reforma.

Con Serrano, también tuvieron un papel clave en el llamado proceso 8.000. La Policía fue una fuente clave de la justicia en ese escándalo y Serrano se convirtió en protagonista de la política colombiana. Aunque Naranjo seguía a la sombra para la opinión pública, entre los políticos se convirtió en un personaje conocido - y, por algunos, temido. Para algunos de ellos, como era el hombre clave de la inteligencia policial, era el que tenía la información sobre ellos y la sartén por el mango.

Naranjo empezó a consolidar un poder considerable. A medida que la inteligencia de la Policía, a su cargo, se volvía clave en la lucha contra el narcotráfico, su liderazgo iba surgiendo. Como fue el encargado de crear y organizar la Dirección de Inteligencia de la Policía, que pasó a comandar, conocía al detalle el funcionamiento y los resultados de esa gran central de inteligencia. Además, era joven y exitoso, lo que no era del gusto de todos sus compañeros en la Policía.

Naranjo terminó de agregado policial en Londres, a donde lo envió Andrés Pastrana. Parecía el ocaso de su carrera, como suelen ser los cargos de agregados para militares y policías. Pero cuando Álvaro Uribe llamó al general retirado Teodoro Campo a tomar las riendas de la Policía, Campo nombró a Naranjo director de la Policía Metropolitana de Cali. Así renació su carrera.

En Cali, Naranjo volvió a enfrentarse con los capos del Valle. Su mayor foco estuvo en vigilar a Gilberto Rodríguez Orejuela, que había sido liberado, y recapturarlo tan pronto un juez lo solicitó. Además, se concentró en entender el emporio de los Rodríguez para poderlo desarticular. Pero sus logros en la lucha contra los grandes capos se empañaron por los escasos resultados en la seguridad urbana de Cali. 

De Cali pasó a ser el jefe de la Dijín en noviembre de 2003. Campo había salido de la Policía, en gran medida debido a un escándalo por la pérdida de dos toneladas de cocaína que había decomisado la Policía, y reemplazado por el general Jorge Daniel Castro. Con el remezón, Naranjo volvió a un cargo más propio de su perfil.

En la Dijín, fue clave en el desmantelamiento del Cartel del Norte del Valle. Es decir, mantuvo la línea de trabajo que había seguido en Cali y que le había granjeado una gran estima en organismos dedicados a la lucha contra las drogas, especialmente la DEA. En diciembre de 2005 fue ascendido a General, un escalón más en una carrera que cada vez llamaba más la atención de la opinión pública y de la prensa.

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Álvaro Uribe lo nombró Director General de la Policía Nacional en mayo de 2007, tras un escándalo por grabaciones ilegales que había hecho la Policía y que tumbó al comandante anterior, Jorge Daniel Castro, y a diez generales más.

Como director de la Policía fue una de las cabezas de operaciones exitosas como la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, y fue el encargado de manejar los computadores de ese jefe guerrillero y de solicitar a expertos de la Interpol su dictamen forense sobre la información que estaba contenida en ellos. También estuvo en cabeza de la muerte del 'Mono Jojoy'.

 

Uno de los momentos críticos de la carrera del general Naranjo fue cuando su hermano Juan David fue capturado en Alemania en 2005 por narcotráfico, lo que propició que personas como el ex canciller venezolano Ramón Rodríguez Chacín afirmaran que el general Naranjo también hacía parte de una red de narcotraficantes. En 2004 una ex fiscal dijo que Naranjo estaba siendo investigado por vínculos con el narcotraficante alias 'Jabón', pero esa investigación no llegó a nada y Naranjo siempre ha rechazado esas acusaciones.

Bildergebnis für imagen  hermano del general naranjo en alemaniaEn diciembre de 2010, Juan Manuel Santos lo ascendió a general de 4 estrellas, un nuevo grado creado en ese año. Fue el primer oficial de Policía en recibirlo. Y en abril de 2012 presentó su carta de renuncia, que se hizo efecitva a mediados del año.

Tras su retiro de la institución, fue merecedor de la Orden al Mérito Empresarial José Gutiérrez Gómez entregada por la ANDI y del Tributo Revista Semana – Royal Salute al Liderazgo Ejemplarizante.

En mayo de 2013, Foreign Policy lo incluyó como uno de los 500 personajes más poderosos del mundo en su edición The Power Issue y Naranjo pasó a dirigir el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía del Sistema Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey, y asesorar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de México.

En 2012 Santos lo nombró como parte de la representación del Gobierno la mesa de negociaciones de La Habana y en 2013 entró a la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno, organización que pretendía reelegir las políticas del presidente Santos.

Después de la reelección de Santos y como parte de su reforma al funcionamiento de la Casa de Nariño, nombró a Naranjo como Ministro Consejero para el Posconflicto, un cargo nuevo y directamente vinculado a los resultados de las negociaciones con als Farc y el Eln.

Con información de la silla vacía.com

Fuente imagenes Internet

 

Publicado en Opiniones

Con 95 votos a favor y 6 en contra fue aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Cámara de Representantes, como parte de las medidas pactadas entre el gobierno y las FARC para cumplir con la implementación de los acuerdos, luego de esto la JEP deberá pasar a sanción presidencial .

Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que ha existido una lentitud en puntos en que se ha pretendido re negociar los acuerdos de paz e incumplimientos con lo que se firmó en el Colón, y agregó que existen reservas frente a las modificaciones de la JEP  y“como quedo finalmente esta reforma a la Constitución”.

Las reservas a las que la representante se refieren, son la responsabilidad en la cadena de mano y la responsabilidad de terceros en el conflicto armado, en ambas situaciones Robledo y Alirio Uribe presentaron dos proposiciones, la primera buscaba acotar y precisar la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares, que ha quedado difusa, encendiendo las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional. Le puede interesar: "Si Estado no juzga a empresarios y mandos militares que lo haga la CPI"

La segunda era sobre la manera en la que quedaron blindados los terceros involucrados en el conflicto armado, sin embargo, ninguna de las proposiciones pasó y tanto víctimas como organizaciones sociales han expresado la posibilidad de que la impunidad continúe. Le puede interesar: "Abril es el plazo para tareas pendientes en Implementación de Acuerdos de Paz"

No obstante, Robledo indicó que aún falta la revisión y aprobación del texto por parte de la Corte Constitucional, que podría esclarecer estos dos puntos y la importancia de una movilización social para que no le metan “conejos” a la JEP.

Publicado en Cultura / Sociedad

En un comunicado emitido por la fuerza de tarea conjunta Pegaso, del Comando del Ejército Nacional, lleno de muchas imprecisiones, se anunció la desmovilización y entrega hoy de 117 de personas en Tumaco.

Llama la atención que la inteligencia del ejército en Tumaco, una de las más versadas en estas lides, reciba a 117 personas, diciendo que “al parecer son integrantes de las Redes de Apoyo a la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc”. Es un tanto increíble que los reciban, que organicen un gran cubrimiento mediático y sin embargo, aún no saben con certeza de que grupo son.

El comunicado castrense no está firmado por autoridad alguna pero si se asegura que la opinión publica sepa que en el proceso intervinieron la Alcaldía Municipal de Tumaco, la Organización de Naciones Unidas –ONU-, Defensoría del Pueblo, ICBF, CICR, Diócesis de Tumaco y Personería. Sería bueno que estas entidades se pronuncien ¿en calidad de qué participaron en este proceso?, ¿en qué momento del proceso intervinieron? y si ¿se aplicaron los protocolos que para estos casos deben aplicarse? a fin de determinar la veracidad de los hechos y de quienes se presentan como supuestos excombatientes.

Pero otro lado, hay un hecho muy sospechoso. De 117 supuestas personas desmovilizadas, el ejército solo haya recibido un armamento compuesto por “Un fusil AK-47, un fusil R-15, un fusil M-1, una subametralladora, 13 pistolas de diferentes calibres, siete revólveres de diferentes calibres, tres granadas hechizas, una granada de mano y dos radios de comunicación”, es decir se recibió un promedio de 0.24 armas con excombatiente. Nunca jamás se había visto un promedio tan bajo en un proceso de desmovilización.

El comunicado informa que los menores de edad fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sería interesante que el ICBF, entidad que ha sido muy acuciosa en el el reclamo de menores de edad a las Farc-Ep en este proceso, informe a la ciudadanía cuantos niños recibió y en qué condiciones los encontró?

El comunicado termina con la consigna “¡La Pegaso es Nariño!” queriendo ocultar lo inocultable. Que esta es otra farsa y otro show y montaje que recuerda la tristemente célebre desmovilización del frente “Cacica la Gaitana” engaño dirigido y orquestado por el Uribismo a través del también tristemente célebre y prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, show montado con dineros del Estado, de la comunidad internacional, y hasta de un narco, que sirvieron para “pagar el silencio” de quienes participaron del “show”

Todo esto huele mal. Ojala las entidades de gobierno local, del ministerio público y de cooperación que participaron, no hayan sido asaltadas en su buena fe. Amanecerá y veremos

Publicado en Cultura / Sociedad

La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo. Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26 Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad.

La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza. Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible, no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios. Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso, en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación política y se vaya avanzando en la implementación.

El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un 95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto, fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad internacional.

Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de reincorporación.

Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el 1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180». Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana. Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese es uno de los debates abiertos ahora.

Publicado en Cultura / Sociedad

Escribe el Bloque Occidental desde las montañas del Sur occidente de Colombia en el IX aniversario del fallecimiento de Manuel...

Leamos en mensaje conocido por ANNCOL:

IX Aniversario de la desaparición física de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez

Pedro Antonio Marín, oriundo del Tolima, como cualquier joven campesino veía con preocupación las dificultades por las que atravesaba su familia y vecinos al no contar con un apoyo seguro y suficiente para la producción, la falta de infraestructura y servicios sociales en áreas rurales, como la educación, salud, recreación, alcantarillado y buenas vías, necesarios para sobrellevar una vida medianamente tranquila y salir adelante; en cambio, tuvo que experimentar la persecución estatal frente a señalamientos injustos, por pensar que él y sus coterráneos tenían derecho a vivir en mejores condiciones.

Después del 9 de abril de 1948, tras el asesinato (aún impune) del líder popular liberal: Jorge Eliecer Gaitán, él como muchos otros fueron señalados, estigmatizados y sufrieron el miedo de ser ajusticiados por mercenarios, delincuentes que, tras ser liberados de las cárceles por orden gubernamental, se pusieron a disposición del orden vigente para “exterminar todo lo que oliera a Rojo-liberal o comunista” y fueron llamados los “pájaros”.

¿Qué podría hacer un grupo de gente campesina que tenía sentenciada la muerte, solo por pensar que el gobierno debía brindarles mejores condiciones? Así se vieron muchos y muchas abocados a huir en defensa de su vida al cobijo de la montaña, huyendo del terror de los ajusticiamientos y la metralla, pero como dicen los mayores “¡no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista!” y en medio de la espesura de la selva, adaptándose a la humedad y a la convivencia grupal, se gestaron las ideas de lucha por los derechos no solo de cada campesino que se refugiaba en los brazos de esas montañas, sino de los derechos, oportunidades y garantías de cada uno y cada una de los colombianos y colombianas, que debieron soportar gobiernos implantados a sangre y fuego, que se enraizaron con el mantenimiento de la pobreza, la mentira y el temor.

Siempre su sueño fue vivir en paz, mientras los noticieros, curas y maestros lo pintaron de guerra, campesinos de muchas regiones alcanzaron a distinguir un Marulanda amable, bondadoso, solidario y siempre seguro que su causa era la causa de los muchos marginados, excluidos y estigmatizados. Por eso muchos fueron sus intentos de concretar con gobiernos de turno acuerdos que dejaran atrás la guerra y plantearan una verdadero Estado social de derecho, donde el gobierno a través de sus instituciones asumiera su papel de administrador fiel de los recursos públicos para la garantía de los derechos de todos y todas, con una real democracia revestida del derecho de la participación libre de los ciudadanos y ciudadanas que con carácter vigilante de las necesidades comunes estuvieran dispuestos a ser guías del trabajo del gobierno. Sin embargo, la deshonestidad y la traición a la patria pudo más y prefirió resguardar un Status Quo, quieto inmóvil, pútrido; en el que campea el autoritarismo, la corrupción y el servilismo a poderes económicos internos y extranjeros, antes que velar por el derecho de los propios.

Manuel murió el 26 de marzo de 2008, invicto, cerro sus ojos bajo el arrullo de los pájaros, escuchando el correr de las aguas y disfrutando de la brisa de aquel día; muchas veces lo mataron, en primera plana desearon mostrarle como trofeo y sin embargo, él en su insistencia se quedó plantado en su tierra, en medio de la espesura del monte, el mismo que lo cobijo una y otra vez para resguardarle de las balas asesinas, de las bombas y metralla que intentaron arrancarle la vida. Manuel sucumbió en la tierra, Manuel se volvió semilla, y germinó en cientos y miles de Manueles y Manuelas, cientos y miles de esperanzas por una Colombia en Paz.

Nosotros, hijos de Manuel insistimos, como se insiste cuando se quieren cosas mejores, en que es preciso apostarle a la paz y nuevamente, a pesar de las traiciones que llevaron a la muerte a muchos y muchas de nuestros combatientes; a pesar de los incumplimientos del gobierno revestidos de excusas pueriles, debemos seguir insistiendo en la implementación de los acuerdos logrados a partir del trabajo arduo, consciente y mancomunado de nuestros y nuestras camaradas, durante casi cinco años de gestación del proceso de paz. Porque al igual que un hijo del pueblo, de nada sirve parirlo, sino lo alimentamos, educamos y lo apoyamos para que se haga fuerte y se convierta en el mejor ejemplo a seguir ante los ojos de cualquiera.

El proceso de paz, fue el sueño de Manuel, el sueño de Pedro Antonio Marín un joven campesino que creyó que, a pesar de todo, otra Colombia es posible, una Colombia basada en valores humanos, soberana, democrática y justa. A los Manueles y Manuelas que ha forjado esta lucha, queda decirles Ni un Paso atrás, a los Manueles y Manuelas que están por sumarse bienvenidos y bienvenidas a una vida de lucha.

Montañas del Sur occidente de Colombia Marzo 26 de 2017

 FARC-EP Occidente

Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano (BOCAC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.

Publicado en Política / Economía

Las comunidades colombianas afectadas por el paramilitarismo y las transnacionales animan siempre al Parlamento Vasco, como lo ha hecho el Parlamento Catalán, a dar los pasos necesarios para supervisar la actuación de las empresas vascas en su actuar en terceros países en su cumplimiento de las responsabilidades en materia de Derechos Humanos:

 

Publicado en Política / Economía

“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Publicado en Cultura / Sociedad

Henry Castellanos Garzón ha usado el nombre de guerra de ‘Romaña’ desde que se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a finales de la década de 1980. Hoy, cuando supera los 50 años, es miembro del Estado Mayor Central de dicha organización insurgente y hace parte de la comisión creada en los diálogos de La Habana para el desmonte del paramilitarismo.

Actualmente, ‘Romaña’ dirige a los guerrilleros que se concentran en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Tumaco (Nariño), municipio crucial para la implementación del proceso de paz. Con aproximadamente 29.000 hectáreas sembradas, Tumaco se constituye como el municipio con más coca en el país. Además, varios grupos paramilitares tienen desplegados allí al menos 150 hombres que usan uniformes camuflados y armas largas en las zonas rurales.

‘Romaña’ habló con El Turbión sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre lo que pensaba el ‘Mono Jojoy’ acerca de la paz y sobre el futuro de esa organización como movimiento político. Además, manifestó su opinión respecto a las negociaciones entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó su más grande temor: que el Estado incumpla con lo acordado en La Habana sobre temas como la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, se terminen formando más guerrillas campesinas y no cese la violencia en el país.

Andrés Gómez: -En esta área hay más de una centena de paramilitares distribuidos en varios grupos, hombres que amenazan la vida de líderes sociales, la de ustedes y los acuerdos. Estas estructuras siguen estando cercanas a sectores del empresariado colombiano, a mafias dedicadas al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿ud. cree que estos grupos armados deben desmontarse mediante la fuerza o cree en otra salida?

‘Romaña’: -Este es un tema que tratamos el 3 de febrero con el gobierno y los militares: el fenómeno del paramilitarismo, las bandas sucesoras del paramilitarismo y otras de narcotraficantes y de delincuencia común, no solo en Tumaco sino en todo el departamento de Nariño.

Inclusive, ellos están exigiéndole al Estado colombiano que se quieren acoger al tema jurídico y, por eso, en el tema de garantías de seguridad quedó muy bien explicado y sustentado que no solo es la vía militar y la vía coercitiva sino que también se pueden hacer acciones persuasivas [respecto a esos grupos].

AG: -Ud. es un comandante guerrillero con fama de militarista, ¿por qué aboga por una salida diferente a la militar con los enemigos de las FARC y del proceso de paz?

‘Romaña’: -Porque en Colombia estamos pensando que lo fundamental es que haya salidas dialogadas a los conflictos y no generar más violencia. Queremos que todo el pueblo entienda que la mejor salida para un conflicto en este instante es la salida dialogada y no solamente la salida militar porque genera más violencia. En el caso del Bronx se puede ver: fue un ataque militar contra los indigentes y ahora tenemos cantidades de Bronx, y de esto se alimenta el paramilitarismo y la delincuencia en Colombia.

AG: -Ud conoció a Jorge Briceño, el ‘Mono Jojoy’. ¿Qué decía él sobre la paz en Colombia? ¿Creía en una salida política?

‘Romaña’: -Los grandes medios de comunicación tratan de demonizar a las personas y, en especial, a las FARC. En mi caso también ha pasado lo mismo. Nosostros siempre hemos dicho, desde Marquetalia, que la salida al conflicto armado es el diálogo.

El ‘Mono’ era una persona que tenía valores y sentimientos, una persona amable, tratable, que era cariñoso y que pensaba en la paz para Colombia. Inclusive, en plenas operaciones militares del Plan Patriota y del Plan Colombia lo planteó y dijo que era hora de que no hubiera más muertos. Él se preguntaba cuántos muertos más se necesitaban para hablar y él a gritos lo pedía y lo exigía. Decía que en la selva se quedarían solo los paujiles y los animales, y que nosotros nos iríamos a las ciudades a hacer política y a buscar transformaciones para el país.

AG: -Hay todavía gente que piensa que el acuerdo de paz fue una rendición y entrega las FARC. ¿Qué piensa de estas afirmaciones?

‘Romaña’: -Nosotros buscamos la paz porque sabemos qué es la guerra. En este momento hay intelectuales de izquierda en el mundo y en Colombia que dicen que nosotros nos rendimos. Es muy fácil hacer la guerra y hablar carreta desde los escritorios y no desde la propia linea de combate.

AG: -Sobre los acuerdos de paz en Centroamérica hay estudiosos que afirman que lo que no ha hecho la salida militar lo hace la paz liberal. Las multinacionales y capitalismo destruyen las formas organizativas que crearon las guerrillas para convivir. ¿Que hacen las FARC para que su proyecto político no sea menoscabado por el proceso mismo y la paz liberal?

‘Romaña’: -Nosotros planteamos en repetidas ocasiones que la implementación de los acuerdos es en conjunto con el pueblo colombiano y que ahora, que se avecinan las nuevas elecciones, se requiere de un gobierno de trancisión que se comprometa a realizar una asamblea nacional constituyente para que sea el pueblo quien acabe de ganar los espacios que no fuimos capaces de ganar [las FARC] para que las multinacionales no se roben las riquezas de nuestra nación.

AG: -¿A dónde iría Henry Castellanos una vez empiece el proceso de implementación de los acuerdos y las FARC dejen de usar las armas?

‘Romaña’: -Esa es una de las preguntas que más me han hecho diferentes medios. Nosotros cumplimos órdenes. Ahora estamos estudiando y leyendo las conclusiones del pleno que acabó de pasar en el Yarí, donde se ordenó y facultó al Estado Mayor Central para dar el paso a ser un partido político nacional, lo que se debatirá en los primeros días de mayo en un congreso que dará lineamientos sobre qué hacer.

Osea, acá no es lo que uno quiera hacer sino lo que la revolución, la dirección y los mandos superiores ordenen hacer.

AG: -Con la experiencia que tienen las FARC al haber dialogado por años con el Estado, ¿qué le sugieren al gobierno Santos respecto a los diálogos que sostiene ahora con el ELN?

‘Romaña’: -Le sugiero primero al Estado que reconozca el origen del surgimiento de las guerrillas para poder negociar porque uno se sienta a hablar con la oligarquía colombiana y [sus delegados] realmente no saben quiénes somos nosotros, por qué nos alzamos en armas, cómo vivimos, cuáles son las necesidades, por qué se ha dado el conflicto social y armado en Colombia. Entonces, para avanzar en ese proceso con el ELN tienen que conocerse esas causas, esa raíces del alzamiento armado.

¿Porqué nos sostenemos? Por el apoyo de la población, del pueblo. Entonces, mi ilusión es que en este momento todos nos unamos en el objetivo de la paz para los colombianos. Si se abren los espacios políticos, como el gobierno colombiano ha dicho, entonces, tenemos que aprovecharlos para buscar lo que nos hemos propuesto.

AG: -El proceso de erradicación de coca y el desmonte de la producción de cocaína para el mercado mafioso es vital para la paz en el país. En su concepto, siendo ud. una persona que ha estado en áreas en las que el cultivo de coca es prácticamente el único medio de subsistencia para los campesinos, ¿qué debe hacer el Estado para que se deje de cultivar coca con destino al mercado mafioso?

‘Romaña’: -Ese el temor más grande que tengo yo y se lo he dicho a los medios de comunicación. Si el Estado colombiano sigue con la política de atacar el eslabón más débil, que son los campesinos a quienes los obligaron a sembrar esas matas de coca para poder subsistir y manterner a sus familias, se van a conformar muchas guerrillas en Colombia, van a haber muchas Marquetalias.

Si atacan a los cocaleros es reversarse más de 50 años, es volver a esa época en que el Estado atacó a unos campesinos que estaban alimentándose y haciendo sus fincas. Ahora atacan a estos campesinos que viven de la hoja de coca y es el sustento de ellos.

Ese es el temor más grande que tengo: que el Estado incumpla lo que pactamos en Cuba, que es concertar reuniones con la población civil, con las FARC-EP y el gobierno para dialogar con esos campesinos que cultivan coca. Lo que esos campesinos quieren que el gobierno haga escuelas, carreteras y puestos de salud, que les formalice sus territorios e implemente proyectos productivos, es decir, que se generen condiciones para que tengan opciones de vida y no la de la coca. Pero, es necesario el compromiso de la comunidad internacional para que no exista esa demanda que hoy existe: si hay demanda hay oferta y habrá cocaína.

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"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

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Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

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No nos llamememos a equivocaciones, las "ayudas" de los países industrializados llevan empaquetados sus intereses. El caso de Suecia es uno de ellos, su Ministro de Industria Mikael Damberg , visita Colombia en el propósito de acordar vender aviones de guerra de la empresa Saab - JAS 39 Gripen - En cambio el gobierno de Cuba le ofrece a la insurgencia 1000 becas para estudiar medicina en la isla, a pesar de sus enormes dificultades por el infame bloqueo gringo. Que ejemplo de solidaridad y desprendimiento.

Leamos:

 

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Avtal om försvarssamarbete mellan Sverige och Colombia

Näringsminister Mikael Damberg besöker just nu Colombia och undertecknade igår ett avtal om försvarssamarbete. Avtalet innebär en viktig milstolpe för svenska Saab, som vill exportera Gripen-plan till Colombia.

– Ja, jag har varit med och tecknat ett samarbetsavtal på försvarsområdet mellan Sverige och Colombia. Försvarsmakten är ju en av de viktiga beståndsdelarna i den här fredsövergången. De har ett väldigt stort ansvar för att hantera den fredsöverenskommelse som är, men de står också inför större investeringar framöver, säger näringsminister Mikael Damberg.

"Större investeringar" – det kan vara köp av stridsplan. Det hoppas i alla fall svenska Saab, som under det senaste året försökt påverka colombianska försvarsministeriet att välja JAS Gripen, bland annat genom att skicka svenska stridspiloter till Colombia för att hålla seminarium för det colombianska flygvapnet.

Colombia har precis skrivit under ett fredsavtal efter flera års svåra fredsförhandlingar. Farc-gerillan har gått med på att avmobilisera sig, men har ännu inte lämnat över sina vapen. Den näst största gerillan ELN har nyss inlett fredssamtal med regeringen.

Människorättsaktivister kritiserar avtalet. Den colombianska senatorn och människorättsaktivisten Iván Cepeda tycker att det är fel tid för Sverige, som varit en pådrivande aktör för fred, att nu marknadsföra sina stridsflygplan.

– Det värsta vi kan göra nu är att förstärka vår vapenarsenal. Militären behöver omskolas till att verka i ett Colombia i fred, och omvärlden bör hjälpa till med det istället för att försöka sälja vapen till oss, säger Iván Cepeda, som också poängterar att den colombianska militären anklagas för grova krigsbrott.

Näringsminister Mikael Damberg betonar att Sverige utbildat den colombianska försvarsmakten i genusfrågor och mänskliga rättigheter, och att det slutligen blir upp till ISP - myndigheten för kontroll av vapenexport – att besluta om ifall Saab tillåts exportera JAS Gripen till Colombia.

När den borgerliga regeringen 2008 hjälpte Saab att exportera radarsystem till Colombia så fick den affären hård kritik från delar av socialdemokratin. Men Mikael Damberg säger att situationen i Colombia i dag är annorlunda.

– Verkligheten har ju utvecklats sedan dess, och sedan har vi en myndighet som prövar detta. Vad jag förstår så har den myndigheten sagt preliminärt klartecken till export av den här typen av produkter, säger näringsminister Mikael Damberg.

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