powered ByGiro.com

Descargar
0:00



En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

El desarrollo legal

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

El desarrollo de los acuerdos

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

Una nueva situación política

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado en Más opiniones
Domingo, 25 Junio 2017 06:51

Guadalupe, 60 años

Hace 60 años asesinaron a Guadalupe Salcedo en el sur de Bogotá. Había estado reunido con miembros destacados del liberalismo —Juan Lozano y Lozano, entre otros— y algunos excomandantes guerrilleros del Llano —Franco Isaza, los hermanos Villamartín, Berardo Giraldo— en un restaurante al norte de Bogotá llamado La Bella Suiza. Después, con sus tragos en la cabeza, paró en un bar cerca del sitio de donde salían las flotas para Villavicencio. Tocó el cuatro, se cantó sus joropos, pero al notar que estaba siendo espiado, decidió con sus amigos y guardaespaldas tratar de embolatar a sus seguidores. En la calle 17 sur con Caracas se les atravesó una radiopatrulla de la Policía. Guadalupe, que iba manejando, esquivó el retén, pero fue perseguido y finalmente emboscado por la Policía. Se bajó de su vehículo con las manos en alto y fue asesinado. El fiscal del caso, doctor Eduardo Umaña Luna, en su alegato presentó una prueba contundente del crimen: Guadalupe tenía un orificio de entrada de una bala de fusil en la palma de su de su mano izquierda. Sus honras fúnebres, con gran concurrencia de liberales, fueron en la iglesia del Espíritu Santo, en el barrio Teusaquillo. Fue enterrado en San Pedro de Arimena con dos de sus guardaespaldas. Tenía 33 años y ya era una figura legendaria. Hace pocos días el doctor De la Calle recordó el acontecimiento y dijo: esto no se puede repetir porque por ese camino continuaremos en la guerra. El Estado firmó, el Estado debe cumplir.

Guadalupe nació en Tame, Arauca. Su padre era venezolano y su madre medio indígena. Se crió en lo que llaman “el centro del Llano”, por allá en Matanegra, a orillas del Meta. Era un criollo criollo: “Trabajaba llano”, tocaba cuatro, cantaba, tenía sus mujeres y era también “cachilapero”, o sea, arriaba ganado para su fundo cuando se lo topaba “barajustado”. Por eso estaba preso en noviembre de 1949 en momentos en que las cabezas liberales habían aplaudido un golpe militar contra Laureano cuando este nombró primer designado a Roberto Urdaneta Arbeláez. Hubo, como siempre sucede, contraorden y sólo el capitán Alfredo Silva y un liberal reconocido del Llano, Chaíto Velázquez, cumplieron lo planeado y se tomaron Puerto López, Villavicencio, Barranca de Upía. Guadalupe salió directo para Matanegra. El intento fracasó; el Gobierno le dio vía libre a la acción criminal de la Policía, los chulavitas y las guerrillas de paz, organizadas por el Ejército. Se desató entonces la guerra. Desde Arauca y La Salina, hasta San Martín y Vichada, los liberales se armaron y crearon un formidable ejército irregular de 7.000 hombres y mujeres que arrinconó al Gobierno. Una gran emboscada en El Turpial planeada por Guadalupe mató 97 soldados, muchos a cuchillo. Hoy toda esta región está tomada por grandes empresas agropecuarias.

Guadalupe era un gran militar y un gran llanero: rebelde, franco, ingenuo. Fue nombrado general y jefe del Estado Mayor Conjunto por los 12 comandos guerrilleros del Llano. Aprobó las dos Leyes del Llano —el germen de una constitución plebeya— y lanzó una ofensiva que obligó a un acuerdo entre el liberalismo y un gran sector conservador a dar el “golpe de opinión” de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953: “No más sangre, no más depredación a nombre de ningún partido”. Guadalupe atendió el llamado y se acercó con 12 de sus comandantes a Monterrey, Casanare, a dialogar con los militares. El Ejército convino en conversar si se presentaban sin armas. Guadalupe aceptó y así “cayó en las garras del león”. De ahí para adelante todo fueron filas de combatientes entregando las armas al general Duarte Blum ante los fotógrafos de la gran prensa. Era el 15 de septiembre de 1953. López Pumarejo y Plinio Mendoza Neira habían estado desde 1951 detrás de un acuerdo de paz con los llaneros firmado frente a “delegados plenipotenciarios de otras naciones” sobre libertad política y reforma agraria.

Aquel día, a los guerrilleros les dieron un pantalón caqui, unos zapatos y un azadón.

Publicado en Opiniones

El máximo líder del ELN dijo que esa es la razón por la que no se afanan para llegar a un acuerdo.

El máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias 'Gabino', aseguró que como grupo están alarmados por el proceso de paz que sostienen con el Gobierno, por los incumplimientos a lo pactado de las Farc.
Alias ‘Gabino’ aseguró que la paz se ha convertido en un genérico que todos los sectores políticos utilizan, y se refirió puntualmente a cuál es la dificultad que como grupo encuentran para llegar a un acuerdo con el Gobierno:
“Nosotros encontramos que la paz que ellos ofrecen, que ofrece la oligarquía, es la paz que silencie los fusiles y que nadie les estorbe en sus planes extractivistas y en sus planes de entregar las riquezas y el país a los capitales foráneos, con esa paz nosotros no vamos”.

Nicolás Rodríguez Bautista aseguró que el Gobierno ha modificado la agenda acordada, que se les quieren imponer asuntos de carácter unilateral y aseveró: nosotros eso no lo vamos a aceptar y reafirmamos la importancia de que empiece en Quito cuanto antes el desarrollo de la agenda como está concebido.

Sobre la dejación de armas dijo: el Gobierno quería que nosotros suscribiéramos en la agenda la disposición de dejar las armas. Nosotros no sabemos si sea posible dejarlas, porque las condiciones que produjeron el levantamiento armado están vigentes, por lo tanto, las armas se necesitan.

Finalmente, sobre los rumores del ELN ocupando las zonas de abandono de las Farc, alias Gabino asegura: “si nosotros tuviéramos la fuerza en hombres para llegar a esos territorios, sin duda lo haríamos, no la tenemos. En eso somos sinceros y hay que decir la verdad: no llegamos allá porque no tenemos la capacidad de llegar”, indicó el máximo comandante del ELN.

Publicado en Cultura / Sociedad

Esta pactado que el 20 de junio culmine este proceso.

Existen preocupaciones puntuales en la guerrilla que han frenado el impulso de cumplir con el cronograma, temas en los que el Gobierno ha querido avanzar pero ha sido imposible por cuenta de decisiones judiciales, voluntad política y otros factores externos ajenos al deseo de implementar el acuerdo.

Seguridad jurídica es tal vez el reclamo más reiterado de las Farc. La ley de amnistía aprobada en diciembre no ha podido ser aplicada en su totalidad razón por la cual aún hay cientos de guerrilleros presos. Otro tema de esta índole es la JEP que está en revisión en la corte constitucional; las Farc han dicho que si el alto tribunal tumba la jurisdicción especial de paz se acaba el proceso de paz pues es la columna vertebral del sistema de verdad justicia y reparación.

 

El asesinato de líderes sociales y la no puesta en marcha de la unidad especial de la Fiscalía para el combate del paramilitarismo es otra de las preocupaciones de las Farc pues es un hecho que estas estructuras criminales son una amenaza para los guerrilleros y líderes defensores de derechos humanos.

Las Farc si bien no han detenido el proceso de desarme lo están haciendo de manera parcial a la espera de que estos tres temas se superen. Es por eso que no estaría listo para el próximo 20 de junio y que se postergue por algunos días.

A esto se suma que el presidente Santos estará la semana entrante en visitas de Estado en Francia y Portugal y habría que esperarlo para anunciar la noticia más importante del proceso de paz, la entrega de la totalidad de las armas personales de la guerrilla.

Noticia en desarrollo….

Publicado en Cultura / Sociedad

ANNCOl pone en consideración posibilidades reales de Paz desde la óptica del ELN. Válida, en momentos de tensión y angustias generadas por la precaria seriedad del establishment colombiano en cumplir con lo acordado en el Teatro Cólon de Bogotá - 24.nov.2016 - con la guerrilla de las Farc.

 

Semana estuvo en La Habana, Cuba, hablando con los dos hombres fuertes del ELN: Nicolás Rodríguez, alias Gabino, y Antonio García. Su visión sobre el país y el proceso de paz, demuestran que se está muy lejos de un acuerdo con esa organización armada.

A principios de mayo se reunieron en La Habana las cúpulas de las Farc y el ELN. Hacía dos años que no se veían y en ese lapso cambiaron muchas cosas. Mientras las Farc firmaron un acuerdo con el gobierno y se aprestan para dejar las armas el 20 de junio, el proceso de conversaciones con el ELN en Quito avanza sin un horizonte claro. Los caminos parecen bifurcarse y la aspiración de tener una paz completa no luce fácil de concretar.

SEMANA habló con dos de los máximos jefes de ese grupo: Nicolás Rodríguez, Gabino, quien es fundador de esa organización, y Antonio García, quien en el pasado estuvo al frente de intentos de negociación con otros gobiernos. La conversación deja claro que hay profundas diferencias en los objetivos estratégicos de ambas guerrillas y que el panorama de paz con los elenos no es esperanzador.

Esta es una realidad inquietante. Aunque el ELN no es un ejército insurgente como lo fueron las Farc y su presencia territorial es más limitada, un fracaso del proceso con esta guerrilla tendría graves consecuencias. Primero que todo humanitarias, pues esta confrontación sigue causando muertes, secuestros, mutilados y heridos, especialmente en el Chocó donde se vive un enfrentamiento abierto entre el ELN y grupos paramilitares.

En segundo lugar, las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Durante 30 años el ELN ha golpeado la actividad petrolera, y lo sigue haciendo. Solo que en un momento de baja producción y dependencia de estos recursos en un contexto de crisis económica se torna más grave; así mismo el papel de esa guerrilla en las zonas mineras donde tiene amplia influencia. En tercer término, porque la existencia del ELN es una piedra en el zapato para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc en muchos territorios. De hecho, existen sospechas de que esa guerrilla tiende a expandirse en lugares otrora controlados por las Farc. Además, se convertiría en una talanquera para que las Fuerzas Militares den un salto hacia una doctrina diferente a la contrainsurgente.

Recomendamos: Tan cerca, pero tan lejos: Gabino y Timochenko desde La Habana

La negociación con este grupo nunca ha sido fácil. Según ellos mismos cuentan, han estado en diálogos desde hace 26 años con 5 gobiernos. O algo ha fallado en la estrategia de estos intentos o la voluntad de llegar a un acuerdo ha sido precaria tanto por parte de ellos como del Estado. Esta vez el ELN quiere un proceso de paz que se diferencie de manera radical del que hicieron las Farc. No parecen dispuestos a firmar un acuerdo entre dos partes, sino que debe haber otra instancia de negociación con las comunidades. Tampoco creen que deba existir un cronograma en el que la guerrilla cumpla primero su parte, mientras la del gobierno se extienda en el tiempo. De hecho, consideran que no hay tiempo político que condicione la negociación.

Si se pudiera describir el sentimiento que emanan los dos jefes guerrilleros frente al Estado en la negociación sería el de una profunda desconfianza. Sentimiento que se ha acrecentado por las dificultades políticas que ha tenido el acuerdo de paz con las Farc, las demoras en la implementación y la persistencia de la violencia contra líderes sociales.

La pregunta que queda planteada es si en el tiempo que le queda al presidente Santos en el gobierno, se podrá construir la suficiente confianza en la mesa de Quito para echar a andar una ruta de participación realista, que le dé viabilidad a este proceso de paz. Algo que no parece fácil, pero que tampoco está descartado aún.

SEMANA: ¿Qué pasó en la reunión con la Farc?

NICOLÁS RODRÍGUEZ: Fue un encuentro fraterno. Ni ellos ni nosotros teníamos el propósito de entrar en un debate, sino más bien de conocer los detalles de ambos procesos. Los compañeros fueron claros en que eran revolucionarios que entraban a una dinámica legal, que su proceso era irreversible a pesar de que no veían que les fueran a cumplir todos los acuerdos. Nosotros expresamos que también nos la jugábamos por la paz, pero que en nuestro caso no se habían concretado los acuerdos. Y que por las dificultades del momento pensamos que no alcanzamos a culminar el proceso con este gobierno Santos.

SEMANA: ¿Es posible acompasar ambos procesos o, como se dice en Colombia, lograr una paz completa?

N.R.: Hace tres años acordamos con las Farc que debía haber dos mesas y un solo proceso. Lo que pasa es que el de ellos se desencadenó con una velocidad inusitada, cuando pusieron tiempos concretos para firmar, mientras nosotros encontramos en el gobierno una actitud muy lenta. Hoy no es fácil acompasar los procesos porque ellos son prácticamente una organización legal trabajando por la implementación.

Sugerimos:¿De qué hablan las FARC y ELN en La Habana vestidos de civil?

SEMANA: ¿Qué retoman ustedes del proceso con las Farc?

ANTONIO GARCÍA: Consideramos que el proceso del ELN debe ser distinto. La sociedad debe ser más protagónica y se debe lograr una dinámica política de participación. Para nosotros no es tan importante que se cumplan o no unos acuerdos, sino que la gente participe en la discusión y que los acuerdos no sean actas de promesas que luego no se cumplen.

SEMANA: Pero ¿creen que pueden llegar a estar en donde hoy están las Farc?

N.R.: Asistimos a los diálogos con una definición de nuestro Congreso y es que estos sean de carácter exploratorio. No sabemos hasta dónde llegará lo exploratorio porque no encontramos la disposición de la clase en el poder para pactar un acuerdo real. Vemos cosas muy difíciles, como el incumplimiento de los acuerdos con las Farc. Esos acuerdos fueron redefinidos luego del plebiscito, de nuevo ajustados durante el fast track y ahora el Congreso puede modificar lo pactado.

"Un proceso de paz no puede ser un acuerdo entre insurgencia y gobierno en un papel"

SEMANA: Pero el plebiscito y la revisión de la corte son reglas de juego que aceptaron las Farc…

N.R.: Las especulaciones son que el ELN está dividido, lo cual es falso. Por supuesto que sobre el diálogo exploratorio hay discusiones como en cualquier partido, pero existe la voluntad y la decisión de buscar la paz. Donde sí hay una gran fractura sobre los acuerdos es en la clase gobernante. Ahora la frase en boga es “los vamos a volver trizas”. ¿Qué acuerdo se puede refrendar y salir adelante en medio de esa realidad del Estado?

SEMANA: ¿Ese análisis cambia los objetivos del diálogo en Quito?

A.G.: Nosotros estamos dispuestos a pasar a la política sin armas, pero no de cualquier manera. Del otro lado debe haber cambios. La pregunta es ¿con quién hay que negociar en Colombia? ¿Dónde se define la negociación con la insurgencia? Eso no está resuelto.

SEMANA: ¿Cuándo se pasaría de un diálogo exploratorio a uno que se encamine hacia el fin del conflicto con el ELN?

A.G.: Cuando podamos establecer con la sociedad qué cosas deben cambiar. Que haya un acuerdo político, una agenda básica de transformaciones. En ese momento habría salidas hipotéticas, y en el marco de esos cambios la insurgencia puede también cambiar.

SEMANA: Pero eso es muy abstracto. ¿Cómo serían esos acuerdos?

N.R.: Un proceso de paz no puede ser un acuerdo entre insurgencia y gobierno en un papel. Eso es lo que siempre se ha hecho y se ha caído. Muy buena la Constitución del 91, pero qué quedó de ella luego de ciento y pico de reformas. El proceso de paz no es solo para los firmantes, sino para quienes tienen expectativas de cambio más allá del silencio de los fusiles.

SEMANA: ¿No es el Congreso ese escenario de diálogo?

A.G.: Ahí no están todas las voces. Hay un amplio espectro que no se siente representado en la política colombiana. Hay que reactivar consensos políticos para una Colombia posible y no solo para una desmovilización. Pueden ser diálogos nacionales o regionales.

SEMANA: ¿Cuáles serían los puntos claves de ese cambio?

N.R.: Hay problemas de salud, educación, tierras, soberanía. Pero eso lo tiene que plantear la gente, sobre todo la excluida, la que no llega al Congreso. ¿Quién escucha a las grandes regiones campesinas? Es muy grave, por ejemplo, que hoy se siga asesinando a los líderes políticos, reclamantes de tierras. Ciento y pico de personas, en pleno proceso de paz. ¿Cuál posconflicto es ese? Por eso no puede haber apresuramiento. El tiempo debe ser el que necesiten las partes y la sociedad para saber que las cosas sí van a cambiar.

SEMANA: Pero la implementación toma tiempo. Está pensada a 15 años.

N.R.: Los compañeros de las Farc han cumplido. La gente está concentrada, vigilada por el Estado, con un cronograma para la entrega de armas. ¿Y el gobierno qué? Conocemos cosas muy complejas en la sustitución de cultivos, en donde a la gente la están tratando con plomo y represión. El problema es que la clase en el poder está por el silenciamiento de los fusiles y no más.

SEMANA: ¿Acogen ustedes el punto de víctimas del acuerdo con las Farc?

A.G.: Una cosa es la nueva condición jurídica de la insurgencia y otra los derechos de las víctimas. El ELN discutirá con el gobierno esa nueva condición jurídica que está contemplada en la agenda, pero la justicia es algo que tiene que discutirse con las víctimas.

SEMANA: Pero ¿se acogerían a la justicia transicional que ya está andando?

N.R.: Es que si uno no ha participado en el diseño es muy jodido decir que nos acogemos. La gente no participó en la creación de la justicia transicional, no se recogió el universo de las víctimas. En la práctica es bueno preguntarles a ellas qué sienten cuando ven a los agentes del Estado recobrar la libertad.

"Que se ponga el tiempo de un gobierno es una camisa de fuerza peligrosa y quizá suicida para la insurgencia porque si esta deja de serlo ya no podría lograr nada. Por eso hay que trabajar en términos de simultaneidad de los acuerdos"

SEMANA: Pero la justicia es para todos los lados…

N.R.: Claro, es para todo mundo y nosotros jamás hemos desconocido que se han cometido errores en 53 años de un conflicto desbordado. Nosotros somos rebeldes y ponemos la cara. Pero no frente a una justicia que diseñe el Estado.

SEMANA: ¿Y cómo ven el modelo del cese del fuego de las Farc?

N.R.: Nosotros hemos dicho que vemos urgente un cese bilateral porque crearía un clima favorable para el diálogo exploratorio. No entendemos cuál es el interés del gobierno de discutir en medio de la guerra.

Sugerimos: La intervención de Santrich en el Congreso fue una lectura de poesía

SEMANA: Sin embargo, Santos se ha abierto a esa posibilidad sobre todo ahora que está la ONU en capacidad para verificar…

N.R.: Nosotros tenemos toda la disposición para que se verifique de manera plena y absoluta un cese. Habría que definir los detalles. Lo más importante es la voluntad.

SEMANA: El gobierno cree que ustedes tampoco cumplen. Aunque en Quito se acordó el respeto del DIH y ustedes han seguido secuestrando…

A.G.: El DIH prohíbe la toma de rehenes, que es cuando se usan escudos humanos. No habla de secuestro ni de la privación de la libertad. Nosotros hacemos privación de la libertad. Se puede decir que eso es monopolio del Estado, pero como nosotros somos rebeldes eso es parte de nuestra naturaleza.

SEMANA: ¿No les preocupa el cambio de gobierno? Ya Cambio Radical dijo que si gana las elecciones se levanta la mesa de Quito…

N.R.: Que se ponga el tiempo de un gobierno es una camisa de fuerza peligrosa y quizá suicida para la insurgencia porque si esta deja de serlo ya no podría lograr nada. Por eso hay que trabajar en términos de simultaneidad de los acuerdos. Nosotros estudiamos el acuerdo de las Farc y por eso decimos, con conocimiento de causa, que es un acta de intenciones sin cronograma.

SEMANA: ¿En qué punto debe estar el proceso de ustedes en agosto de 2018?

N.R.: Ojalá el presidente se la juegue por dos cosas: el cese del fuego y dejar andando la participación de la sociedad. Eso sería de tremenda importancia. Así la campaña electoral no diluiría el proceso.

SEMANA: ¿Para ustedes es indiferente quién gane las elecciones?

N.R.: Nunca será indiferente. Ojalá se dé la convergencia de una izquierda con los demócratas y haya la posibilidad de un gobierno diferente.

SEMANA: ¿Cómo afecta la crisis actual de Venezuela el papel que cumple en el diálogo con ustedes?

N.R.: Venezuela se ha comprometido desde Chávez a fondo con el proceso de paz de Colombia. Ha sido garante con esfuerzo, sacrificio y profesionalismo. Las tensiones que han surgido no solo pueden afectar las relaciones de los dos países, sino al proceso mismo.

SEMANA: ¿Hasta qué punto puede afectar la crisis?

A.G.: Nosotros no concebimos que se vaya a sacar a Venezuela del proceso de paz. Venezuela le da confianza al ELN en que se pueda avanzar con cierta autonomía.

SEMANA: Se habla de que ustedes están involucrados allá como en una especie de milicia bolivariana…

N.R.: Decía Juan Camilo Restrepo en un artículo que éramos la retaguardia del proceso bolivariano. Llama la atención que unas veces se dice eso y otras que no existimos. Venezuela es un Estado, no nos necesita. Nosotros como ELN tenemos varias estructuras que están en la frontera, y se ha demostrado que nuestras fuerzas están del lado colombiano porque los combates son permanentes.

SEMANA: Ustedes son el último grupo de Colombia y América Latina que queda en armas. Incluso ETA ya las entregó. ¿No les inquieta eso?

N.R.: Desafortunadamente hoy seguimos viendo a Colombia en una situación en la que reafirmamos la validez de la rebeldía. En una amnistía salen los guerrilleros de las Farc de las cárceles y no los otros presos que no han empuñado un arma. ¿No será que ellos dirán que se necesita tener las armas para poder negociar?

SEMANA: El país en general rechaza la lucha armada…

N.R.: Nosotros también entendemos las voces urbanas. Pero si van a las regiones donde está el conflicto encontrarán que la guerrilla se necesita para la seguridad de la región, para que funcionen las escuelas. Escuchamos muchas voces que nos dicen que el que deja las armas se muere. ¿Qué impacto ha provocado la dejación de las armas de todos los insurgentes en Colombia?

Análisis: D+180: el día que las Farc no dejaron las armas

SEMANA: ¿Y qué ha dejado el alzamiento armado?

N.R.: Si vamos a Chocó, al nordeste de Antioquia, al sur de Bolívar la gente le va a decir qué ha dejado la insurgencia. Si deja de existir la guerrilla colombiana o el ELN en particular, en 10 o 20 años esas serranías serán socavones de la gran minería del oro.

SEMANA: Este es un momento histórico para el fin del conflicto. ¿No temen estar de espaldas a él?

N.R.: Nunca hemos pensado tomar el poder por las armas porque ningún destacamento armado lo ha hecho en el mundo. En todas partes la gente asume el control y el poder con el respaldo de destacamentos armados. Nosotros hemos jugado un papel en esa resistencia. Ojalá se desarrollen espacios democráticos para no tener que alzarse en armas, nadie es partidario de la guerra.

SEMANA: Grandes revolucionarios como Fidel Castro y Chávez dejaron de creer en el camino de las armas…

N.R.: Lo que aquí hemos dicho grafica realidades complejas. Si desaparecen las guerrillas y se silencian los fusiles, llegan los inversionistas, las multinacionales y esas son soluciones que no benefician a todo el mundo. El Centro Democrático ha dicho, por ejemplo, que la propiedad privada no se toca en lo absoluto. ¿Cómo será la reforma agraria sin tocar la propiedad privada?

SEMANA: ¿Tiene sentido seguir sentados en Quito?

N.R.: Sí, porque hay que seguir buscando salidas. Si el presidente se la juega, es una oportunidad para él y para Colombia. Hicimos una agenda, convencidos de que se va a luchar por ella y que la contraparte la quiere poner a andar.

SEMANA: El papa Francisco viene en septiembre. ¿Cómo puede incidir la visita en el proceso del ELN?

N.R.: Independiente de todo, nosotros vamos a ser respetuosos de la visita del papa a Colombia.

Publicado en Política / Economía
Domingo, 04 Junio 2017 05:47

¿En qué anda la implementación?

Entienda las leyes alrededor del desarrollo territorial en el primer video de #1minutodePaz

 

Publicado en Política / Economía

En el debate de Hora 20, Iván Márquez expresó preocupación por el sentido de los fallos de la Corte Constitucional y aseguró cuando se ataca el fast – track para impedir la votación en bloque en el Congreso, se ataca su alma.

 

Habló de que tienen conocimiento de que se “está alistando la puntería para tumbar” la Jurisdicción de Paz, y si eso ocurre se acaba el proceso de paz.

“Ojalá podamos avanzar de manera paralela en el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno también debe cumplir", dijo.

Publicado en Cultura / Sociedad
Martes, 30 Mayo 2017 07:55

¿La paz por decreto?

No está mal que Santos haga su tarea como lo determina el Fast Track que le otorga facultades extraordinarias para implementar el Acuerdo de paz en lo atinente a las adecuaciones institucionales con el fin de hacer efectivos los consensos orientados a superar el conflicto social y armado.

Lo que resulta ingenuo es creer que a punta de decretos y leyes, la paz nos llegará como por ensalmo, en una especie de golpe de suerte.

Por supuesto, los arreglos institucionales son trascendentales para construir la paz y en ese campo para nada se debe bajar la guardia. Hay que irse a fondo en la disputa política, pues quienes controlan el poder saben del valor estratégico de las normas y los aparatos administrativos en los arreglos generales de una sociedad. En ese sentido, la presencia, la acción y argumentación de los delegados de las Farc en la CSIVI y en los otros entes creados recientemente es de altísimo valor. También la encomiable labor de los delegados de Voces de paz, no obstante la veleidad filosófica liberaloide de algunos, en las corporaciones legislativas. Eso no tiene objeción.

Lo que queremos sugerir es que hay que prevenirse contra el fetichismo jurídico y la ilusión legalista. Así como la revolución no se hace por decreto, tampoco la paz nos llegara por la “lluvia de decretos” que se anuncia desde la Casa de Nariño. Por la decretitis santista de estirpe santanderista.

Correcto que salgan los decretos, los Actos legislativos, las Leyes, los Planes Marcos, los Conpes, las Pdets, el Pnis y demás protocolos, pero ojala los mismos tengan dientes y no sean solo adorno como el decreto 885 de mayo del presente año, expedido hace dos días, que francamente raya con el ridículo y la inutilidad. Que salgan los anunciados decretos agrarios sobre acceso a la tierra para entregar los 3 millones de hectáreas a los campesinos y titular los otros 7 millones a millones de trabajadores agrarios sometidos al despojo y la pobreza.

Que se firmen los decretos para adecuar las infraestructuras rurales en educación, salud, comunicaciones y protección ambiental.Esas normas deben ser el sustrato de la movilización agraria para que tales articulados se hagan realidad.

Lo cierto es que la paz tiene que ser el fruto de la potencia histórica de la movilización social. La paz debe ser una conquista de las masas populares. Es lo que estamos viendo con las multitudinarias protestas, con las huelgas y paros de Buenaventura, el Choco, los educadores, los cocaleros, los campesinos, los trabajadores del Estado y las madres comunitarias.

La paz, en este caso concreto, debería estar acompañada, en los actuales momentos de adversidad, letargo y perplejidad de los liderazgos, de movilizaciones sociales en todas las escalas. Desde acá sugerimos promover por lo menos 70 eventos en grandes y medianas ciudades en defensa de la paz y de la materialización de los acuerdos. No más carreta con el cuento de la paz. Mas resultados es lo que demandan los colombianos y estos solo llegaran si la gente sale a manifestarse en los espacios públicos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Pereira, Popayán, Pasto, Cúcuta, Jamundí, Tuluá, Buga, Armenia, Calarca, Girardot, Ocaña, Santa Marta, Cartagena y en otros puntos clave como las Zonas veredales semilleros de las Villas de paz propuestas por Ivan Márquez en nombre de las Farc en reciente Foro Colombia2020.

En ese orden de ideas y dada la desesperación de millones de ciudadanos con la crisis económica reflejada en la recesión económica que nos invade y la crisis fiscal que golpea al gobierno, es oportuna  la idea de promover y convocar a un Paro cívico nacional que recoja la inconformidad y rechazo de las mayorías populares con la gestión del régimen oligárquico que representa el modelo neoliberal santista. Una cosa es apoyar el Acuerdo de Paz en el gobierno actual y otra muy diferente 'mirar para otro lado' cuando de injusticias y atropellos se trata.

Lo peor para la paz y las demandas de la gente es la parálisis y el elitismo, el tramite cupular de las múltiples problemáticas que sacuden a la nación. Por ahí no es señor@s.

 

Publicado en Editorial
Jueves, 25 Mayo 2017 06:33

"Estamos en el limbo": Santrich

Para el dirigente guerrillero el fallo de la Corte Constitucional es político

*La ley de Amnistia más reglamentada del mundo y las más demorada para hacerse efectiva, no hay todavía ni 1/4 de los combatientes que aspiran a salir de las cárceles fuera de ellas.

 

Publicado en Política / Economía
Miércoles, 24 Mayo 2017 13:28

Farc: ¿Sin plan de repliegue?

El actual no luce como el momento más brillante del trascendental proceso de paz adelantado por las guerrillas revolucionarias que encarnan las Farc-EP con el gobierno del señor JMSantos.

En el pasado , durante el proceso de paz en la Habana, se presentaron entre las dos partes, el Estado de Colombia y la guerrilla de las Farc-EP,  impases y momentos de graves diferencias superadas con paciencia, merced a la mediación de terceros países que fueron invitados a participar de la Mesa de Diálogos de La Habana.

Pero hoy, justo en la etapa de la implementación y verificación del Acuerdo Final, han estallado un conjunto de problemas que generan desconfianza e incertidumbre entre los integrantes de los frentes guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales y Puntos Transitorios. En palabras de Enrique Santiago, la guerrilla vive duros momentos de angustia. La desazón ha tocado su pico, sobreviniendo hipótesis de repliegue ordenado para evitar escenarios de desastre contrarrevolucionario. Algunos bien podrían hablar de un Plan B para resolver las contingencias y los actos desleales de la contraparte Estatal

 ¿Existe ese Plan B, nos preguntamos a propósito de la tormentosa coyuntura que vive la paz? ¿Se previó en el diseño de las Zonas Veredales y PT un repliegue estratégico de los frentes guerrilleros tal como ocurrió con las Columnas de Marcha de las autodefensas comunistas en los años 50 y 60,  o en la propia concepción que Manuel Marulanda le dió a la Zona de Distensión del Cagán, malograda también como hoy por la mala fe del señor Pastrana? La verdad es que en muchas ocasiones el engreimiento y la prepotencia obnubilan la capacidad de razonar llevando a omitir aspectos esenciales de la estrategia política y de las historias vividas.

La decisión de la Corte Constitucional, que el decir de Humberto De La Calle, uno de sus principales arquitectos, puso en jaque el Acuerdo de Paz es tal vez la más dura arremetida de la Oligarquía enemiga de la paz, acelerada después de la reciente Convención del Centro Democrático en la que se acordó "hacer trizas el maldito acuerdo castro-chavista de paz" .

La Sentencia de la Corte, dice, abrió la puerta a una cascada de modificaciones a lo pactado con las Farc. Es un paso muy grave y un tremendo engaño que difícilmente podrá solventarse con vacilaciones o con maquinaciones o jugadas politicas del alto gobierno, por lo que su Plan B es impulsar una confusa  y etérea "Gran Coalición" en defensa de los compromisos adquiridos por el Estado con las Farc.

Lo que conviene destacar en todo esto es que la Oligarquía en su conjunto si tenía su propio Plan B contra los consensos de paz firmados inicialmente en Cartagena. Y se pasó por alto, debido a un exceso de confianza en la contraparte, o se olvidó el ABC de la politica traicionera que historicamente ha ejecutado la Casta Dominante en Colombia: Con los Comuneros de 1781. Con los guerrilleros liberales despues de la guerra de los Mil Días a comienzos del siglo 20 . Con los guerrilleros del Llano a mediados de ese siglo. Con los anmistiados por Rojas Pinilla bombardeados en Villarica y encarcelados en el campo de concentración de Cunday. Con los  guerrilleros anmmistiados por los gobiernos del Frente Nacional , o los guerrilleros desmovilizados en la década de los 90 que no aceptaron  ser cooptados por el gobierno, ect.

El plan B oligárquico consistió tal y como se está comprobando en la realidad actual, en desarrollar sistematicamente una serie de jugadas muy bien calculadas para socavar los fundamentos de la conocida como paz pos bélica democrática, sustentada en las recetas del Consejo de Seguridad de la ONU y ensayadas en casi 50 conflictos de las denominadas nuevas guerras surgidas al término de la Segunda Guerra Mundial, bien descritas por M. Kaldor.

Para citar el Plebiscito del 2 de octubre impuesto por Santos, desconociendo la Constituyente popular, y gestionado desde las esferas oficiales de tal manera que su cierre inevitable era la derrota del SI, aunque por escasa votación.

Para mencionar el recurso no sanitario de la validación de los acuerdos por un poder legislativo sumido en la corrupción y la falta de legitimidad por causa de su degradación ética.
Para contabilizar la marrulla y paquidermia del Ministro del Interior en la formulación y tramite de los proyectos legislativos correspondientes a la implementación formal de la paz.
Para recordar el escandaloso proceso de organización y construcción de las Zonas Veredales y PT en el que se presentó de todo: corrupción, burocratismo, paquidermia y cinismo de las burocracias oficialistas.

Para incluir el sabotaje a las ZVTN y PT desde las Brigadas, Batallones Militares y comandos policiales organizando y promoviendo grupos paramilitares y bandas criminales al igual que sobornos a los guerrilleros para estimular su deserción. Por supuesto, para retener el cinismo del Ministro de Defensa tapando todo eso.
Para la memoria el sistemático exterminio de líderes populares, de derechos humanos, de integrantes de las Farc y sus familiares. Todo ello desconocido por el Fiscal y desde el Ministerio de Defensa.

Para registrar el ataque continuado del Fiscal Martínez a los elementos principales de la Justicia Especial de Paz.

Para dejar escrito el vergonzoso y ultrajante desconocimiento de la Ley de amnistía e indulto que completa casi cinco meses convertida en letra muerta.

Para no olvidar el descarado juego del Ministro de Agricultura Irragorri, alterando los proyectos de decreto que implementan los consensos agrarios con el fin de cumplirle a sus socios del empresariado agroindustrial y adelantar su criminal acumulación de baldíos.

Para registrar la anulación del Decreto ley que autorizaba la inclusión de 1200 miembros de las Farc en la Unidad Nacional de Protección, quienes se encargarían de la protección y seguridad de los líderes guerrilleros objeto del asedio paramilitar ultraderechista.

Para tener en cuenta, muy en cuenta, que la naturaleza contrainsurgente del criminal Estado oligárquico sigue intacta y sus fuerzas militares y de policía, que continuaran iguales son, en últimas, el principal soporte del dominio violento de la elite bipartidista.

Para cerrar la demoledora Sentencia de la Corte Constitucional que destruyo el "Fast Track" para el trámite de Actos Legislativos y Leyes de Paz, dejando en el limbo la seguridad jurídica y humana de miles de combatientes comprometidos con la dejación de las armas y su movilización política en condiciones democráticas.

Suficiente para echar lápiz y papel. Para cavilar en las inevitables contingencias de la vida. Suficiente como para pensar en alternativas y en salidas que eviten peores desastres, por ejemplo masacres en masa, precedidas de asaltos a las 970 caletas de las Farc de la forma como ya se ha planificado por el Ministerio de Defensa y el Comando Sur-USA.

Lo que dice la experiencia internacional es que estos procesos de paz en el formato que finalmente se adoptó, un hibrido de la paz pos bélica (Butros Ghali) y la paz liberal a lo Fukuyama (Stateboulding), presentan serias dificultades en sus primeros 60 meses de ejecución hasta alcanzar su fracaso estrepitoso.

No queremos ni deseamos  que ese sea nuestro caso, pero es mejor estar preparado para lo peor. Son las dificultades que se desprenden de la denominada “paz imperfecta”, de los límites impuestos por el neoliberalismo a la “paz positiva”; de quedarse en la mera “paz negativa” como simple ausencia del conflicto violento por los resultados del  Cese bilateral de Fuegos y de hostilidades.

Seguramente todos estos son temas de reflexión en las convocadas Asambleas Permanentes en las 26 Zonas Veredades y Puntos de Transición. Deben ser asuntos que se esten abordando en las reuniones preparatorias del Primer Congreso del nuevo partido político que se piensa instalar el próximo 7 de agosto.

Cierre: A propósito de repliegues fue Lenin, gran maestro de la estrategia, quien nos enseñó a dar un paso adelante y dos pasos atrás para impedir la trampa del enemigo.

 

Publicado en Editorial
Página 1 de 4

  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
  • marx_foto_misu_joaco_pinzon

Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

Volver