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“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

Publicado en Cultura / Sociedad

Henry Castellanos Garzón ha usado el nombre de guerra de ‘Romaña’ desde que se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a finales de la década de 1980. Hoy, cuando supera los 50 años, es miembro del Estado Mayor Central de dicha organización insurgente y hace parte de la comisión creada en los diálogos de La Habana para el desmonte del paramilitarismo.

Actualmente, ‘Romaña’ dirige a los guerrilleros que se concentran en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Tumaco (Nariño), municipio crucial para la implementación del proceso de paz. Con aproximadamente 29.000 hectáreas sembradas, Tumaco se constituye como el municipio con más coca en el país. Además, varios grupos paramilitares tienen desplegados allí al menos 150 hombres que usan uniformes camuflados y armas largas en las zonas rurales.

‘Romaña’ habló con El Turbión sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre lo que pensaba el ‘Mono Jojoy’ acerca de la paz y sobre el futuro de esa organización como movimiento político. Además, manifestó su opinión respecto a las negociaciones entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó su más grande temor: que el Estado incumpla con lo acordado en La Habana sobre temas como la sustitución voluntaria de los cultivos de coca, se terminen formando más guerrillas campesinas y no cese la violencia en el país.

Andrés Gómez: -En esta área hay más de una centena de paramilitares distribuidos en varios grupos, hombres que amenazan la vida de líderes sociales, la de ustedes y los acuerdos. Estas estructuras siguen estando cercanas a sectores del empresariado colombiano, a mafias dedicadas al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿ud. cree que estos grupos armados deben desmontarse mediante la fuerza o cree en otra salida?

‘Romaña’: -Este es un tema que tratamos el 3 de febrero con el gobierno y los militares: el fenómeno del paramilitarismo, las bandas sucesoras del paramilitarismo y otras de narcotraficantes y de delincuencia común, no solo en Tumaco sino en todo el departamento de Nariño.

Inclusive, ellos están exigiéndole al Estado colombiano que se quieren acoger al tema jurídico y, por eso, en el tema de garantías de seguridad quedó muy bien explicado y sustentado que no solo es la vía militar y la vía coercitiva sino que también se pueden hacer acciones persuasivas [respecto a esos grupos].

AG: -Ud. es un comandante guerrillero con fama de militarista, ¿por qué aboga por una salida diferente a la militar con los enemigos de las FARC y del proceso de paz?

‘Romaña’: -Porque en Colombia estamos pensando que lo fundamental es que haya salidas dialogadas a los conflictos y no generar más violencia. Queremos que todo el pueblo entienda que la mejor salida para un conflicto en este instante es la salida dialogada y no solamente la salida militar porque genera más violencia. En el caso del Bronx se puede ver: fue un ataque militar contra los indigentes y ahora tenemos cantidades de Bronx, y de esto se alimenta el paramilitarismo y la delincuencia en Colombia.

AG: -Ud conoció a Jorge Briceño, el ‘Mono Jojoy’. ¿Qué decía él sobre la paz en Colombia? ¿Creía en una salida política?

‘Romaña’: -Los grandes medios de comunicación tratan de demonizar a las personas y, en especial, a las FARC. En mi caso también ha pasado lo mismo. Nosostros siempre hemos dicho, desde Marquetalia, que la salida al conflicto armado es el diálogo.

El ‘Mono’ era una persona que tenía valores y sentimientos, una persona amable, tratable, que era cariñoso y que pensaba en la paz para Colombia. Inclusive, en plenas operaciones militares del Plan Patriota y del Plan Colombia lo planteó y dijo que era hora de que no hubiera más muertos. Él se preguntaba cuántos muertos más se necesitaban para hablar y él a gritos lo pedía y lo exigía. Decía que en la selva se quedarían solo los paujiles y los animales, y que nosotros nos iríamos a las ciudades a hacer política y a buscar transformaciones para el país.

AG: -Hay todavía gente que piensa que el acuerdo de paz fue una rendición y entrega las FARC. ¿Qué piensa de estas afirmaciones?

‘Romaña’: -Nosotros buscamos la paz porque sabemos qué es la guerra. En este momento hay intelectuales de izquierda en el mundo y en Colombia que dicen que nosotros nos rendimos. Es muy fácil hacer la guerra y hablar carreta desde los escritorios y no desde la propia linea de combate.

AG: -Sobre los acuerdos de paz en Centroamérica hay estudiosos que afirman que lo que no ha hecho la salida militar lo hace la paz liberal. Las multinacionales y capitalismo destruyen las formas organizativas que crearon las guerrillas para convivir. ¿Que hacen las FARC para que su proyecto político no sea menoscabado por el proceso mismo y la paz liberal?

‘Romaña’: -Nosotros planteamos en repetidas ocasiones que la implementación de los acuerdos es en conjunto con el pueblo colombiano y que ahora, que se avecinan las nuevas elecciones, se requiere de un gobierno de trancisión que se comprometa a realizar una asamblea nacional constituyente para que sea el pueblo quien acabe de ganar los espacios que no fuimos capaces de ganar [las FARC] para que las multinacionales no se roben las riquezas de nuestra nación.

AG: -¿A dónde iría Henry Castellanos una vez empiece el proceso de implementación de los acuerdos y las FARC dejen de usar las armas?

‘Romaña’: -Esa es una de las preguntas que más me han hecho diferentes medios. Nosotros cumplimos órdenes. Ahora estamos estudiando y leyendo las conclusiones del pleno que acabó de pasar en el Yarí, donde se ordenó y facultó al Estado Mayor Central para dar el paso a ser un partido político nacional, lo que se debatirá en los primeros días de mayo en un congreso que dará lineamientos sobre qué hacer.

Osea, acá no es lo que uno quiera hacer sino lo que la revolución, la dirección y los mandos superiores ordenen hacer.

AG: -Con la experiencia que tienen las FARC al haber dialogado por años con el Estado, ¿qué le sugieren al gobierno Santos respecto a los diálogos que sostiene ahora con el ELN?

‘Romaña’: -Le sugiero primero al Estado que reconozca el origen del surgimiento de las guerrillas para poder negociar porque uno se sienta a hablar con la oligarquía colombiana y [sus delegados] realmente no saben quiénes somos nosotros, por qué nos alzamos en armas, cómo vivimos, cuáles son las necesidades, por qué se ha dado el conflicto social y armado en Colombia. Entonces, para avanzar en ese proceso con el ELN tienen que conocerse esas causas, esa raíces del alzamiento armado.

¿Porqué nos sostenemos? Por el apoyo de la población, del pueblo. Entonces, mi ilusión es que en este momento todos nos unamos en el objetivo de la paz para los colombianos. Si se abren los espacios políticos, como el gobierno colombiano ha dicho, entonces, tenemos que aprovecharlos para buscar lo que nos hemos propuesto.

AG: -El proceso de erradicación de coca y el desmonte de la producción de cocaína para el mercado mafioso es vital para la paz en el país. En su concepto, siendo ud. una persona que ha estado en áreas en las que el cultivo de coca es prácticamente el único medio de subsistencia para los campesinos, ¿qué debe hacer el Estado para que se deje de cultivar coca con destino al mercado mafioso?

‘Romaña’: -Ese el temor más grande que tengo yo y se lo he dicho a los medios de comunicación. Si el Estado colombiano sigue con la política de atacar el eslabón más débil, que son los campesinos a quienes los obligaron a sembrar esas matas de coca para poder subsistir y manterner a sus familias, se van a conformar muchas guerrillas en Colombia, van a haber muchas Marquetalias.

Si atacan a los cocaleros es reversarse más de 50 años, es volver a esa época en que el Estado atacó a unos campesinos que estaban alimentándose y haciendo sus fincas. Ahora atacan a estos campesinos que viven de la hoja de coca y es el sustento de ellos.

Ese es el temor más grande que tengo: que el Estado incumpla lo que pactamos en Cuba, que es concertar reuniones con la población civil, con las FARC-EP y el gobierno para dialogar con esos campesinos que cultivan coca. Lo que esos campesinos quieren que el gobierno haga escuelas, carreteras y puestos de salud, que les formalice sus territorios e implemente proyectos productivos, es decir, que se generen condiciones para que tengan opciones de vida y no la de la coca. Pero, es necesario el compromiso de la comunidad internacional para que no exista esa demanda que hoy existe: si hay demanda hay oferta y habrá cocaína.

Publicado en Cultura / Sociedad

"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

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Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

Publicado en Política / Economía

No nos llamememos a equivocaciones, las "ayudas" de los países industrializados llevan empaquetados sus intereses. El caso de Suecia es uno de ellos, su Ministro de Industria Mikael Damberg , visita Colombia en el propósito de acordar vender aviones de guerra de la empresa Saab - JAS 39 Gripen - En cambio el gobierno de Cuba le ofrece a la insurgencia 1000 becas para estudiar medicina en la isla, a pesar de sus enormes dificultades por el infame bloqueo gringo. Que ejemplo de solidaridad y desprendimiento.

Leamos:

 

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Avtal om försvarssamarbete mellan Sverige och Colombia

Näringsminister Mikael Damberg besöker just nu Colombia och undertecknade igår ett avtal om försvarssamarbete. Avtalet innebär en viktig milstolpe för svenska Saab, som vill exportera Gripen-plan till Colombia.

– Ja, jag har varit med och tecknat ett samarbetsavtal på försvarsområdet mellan Sverige och Colombia. Försvarsmakten är ju en av de viktiga beståndsdelarna i den här fredsövergången. De har ett väldigt stort ansvar för att hantera den fredsöverenskommelse som är, men de står också inför större investeringar framöver, säger näringsminister Mikael Damberg.

"Större investeringar" – det kan vara köp av stridsplan. Det hoppas i alla fall svenska Saab, som under det senaste året försökt påverka colombianska försvarsministeriet att välja JAS Gripen, bland annat genom att skicka svenska stridspiloter till Colombia för att hålla seminarium för det colombianska flygvapnet.

Colombia har precis skrivit under ett fredsavtal efter flera års svåra fredsförhandlingar. Farc-gerillan har gått med på att avmobilisera sig, men har ännu inte lämnat över sina vapen. Den näst största gerillan ELN har nyss inlett fredssamtal med regeringen.

Människorättsaktivister kritiserar avtalet. Den colombianska senatorn och människorättsaktivisten Iván Cepeda tycker att det är fel tid för Sverige, som varit en pådrivande aktör för fred, att nu marknadsföra sina stridsflygplan.

– Det värsta vi kan göra nu är att förstärka vår vapenarsenal. Militären behöver omskolas till att verka i ett Colombia i fred, och omvärlden bör hjälpa till med det istället för att försöka sälja vapen till oss, säger Iván Cepeda, som också poängterar att den colombianska militären anklagas för grova krigsbrott.

Näringsminister Mikael Damberg betonar att Sverige utbildat den colombianska försvarsmakten i genusfrågor och mänskliga rättigheter, och att det slutligen blir upp till ISP - myndigheten för kontroll av vapenexport – att besluta om ifall Saab tillåts exportera JAS Gripen till Colombia.

När den borgerliga regeringen 2008 hjälpte Saab att exportera radarsystem till Colombia så fick den affären hård kritik från delar av socialdemokratin. Men Mikael Damberg säger att situationen i Colombia i dag är annorlunda.

– Verkligheten har ju utvecklats sedan dess, och sedan har vi en myndighet som prövar detta. Vad jag förstår så har den myndigheten sagt preliminärt klartecken till export av den här typen av produkter, säger näringsminister Mikael Damberg.

Publicado en Cultura / Sociedad

La sociedad antioqueña y el país han sido testigos del ataque permanente del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, contra los acuerdos de paz y la implementación de los mismos. Actitud provocadora y contraria al espíritu de la Constitución Política que claramente ordena en su artículo 22 que La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Su desconocimiento de lo acordado lo hacen actuar y reaccionar como los viejos príncipes medievales, que se creían dueños del territorio y las gentes sobre las que mandaban, por el solo hecho de poseer el título de gobernador, mandato que debería cumplir a cabalidad aplicando los principios constitucionales que obligan a la protección de la vida como un derecho fundamental. ¿Qué ha hecho para proteger la vida de los líderes campesinos y sociales, y de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el departamento?

Nada más ingenuo y soberbio pretender que puede ingresar como le plazca desconociendo los acuerdos y protocolos establecidos claramente entre el gobierno nacional, la Misión Internacional y las FARC a las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN).

Para el conjunto de las fuerzas políticas y movimientos sociales, democráticos y populares que conforman la Alianza Antioqueña para la paz, es un despropósito indignante y contrario al derecho a la paz de todas y todos los colombianos, el constante saboteo del Gobernador de Antioquia contra la implementación de los acuerdos. A lo largo de la historia, el pueblo colombiano ha visto truncada esta máximo aspiración a vivir en paz como lo señaló alguna vez Otto Morales Benítez, demócrata y dirigente liberal quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Paz durante el gobierno de Belisario Betancur, en su memorable frase de que “los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del gobierno”, añadiendo que “esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy contra la paz”.  

Que el gobernador desconozca el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sus protocolos, el grado de compromiso y esfuerzo de las partes por superar todas las barreras, demuestra que su interés va de la mano de aquellas fuerzas reaccionarias enemigas de la paz que denunciara en 1983 Otto Morales Benítez.

Consideramos peligrosos y pendencieros los pronunciamientos hechos por el Gobernador cuando exige ingresar a las ZVTN que se rigen por unos protocolos y normas establecidos claramente en el Acuerdo General, cumplidos a cabalidad por las FARC demostrando su completa disposición y voluntad de paz, a pesar del incumplimiento por parte del gobierno nacional en la construcción y adecuación digna de las ZVTN.

De los asesinatos y desaparecidos en el carnaval de la muerte cometido por la alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares durante la Operación Mariscal y Orión en la Comuna 13, desde el 2002, crímenes condenados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cometidos durante la alcaldía del mismo Luis Pérez Gutiérrez, ni una palabra, un silencio sepulcral. Como el que guarda hoy que vienen siendo asesinados y amenazados decenas de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué tipo de gobernador es el que necesita Antioquia, uno actuando contra los acuerdos de paz o uno que haga cumplir los derechos humanos y proteger la vida de sus ciudadanos?

Medellín, 13 de marzo del 2017

Publicado en Cultura / Sociedad

La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano reunida en su segundo encuentro los días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la Ciudad de Berlín, Alemania, agradece y valora en su justa dimensión los saludos y mensajes de solidaridad y apoyo al Evento.

En Colombia hay una enorme esperanza en amplios sectores del Pueblo Colombiano, que cansados de la guerra con todas sus consecuencias, miran con optimismo la posibilidad real de una Paz con Justicia Social, estable y duradera.

Pero vemos con profunda Preocupación la existencia de tres enemigos fundamentales que buscan por todos los medios impedir este noble propósito:

1. La indefinición y falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos, su Vicepresidente, y varios partidos políticos de la Unidad Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC.

2. La actitud abiertamente provocadora y saboteadora del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien defendiendo los intereses de su cliente, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica a torpedear el proceso de Paz en la fase de implementación, principalmente en su trámite legislativo, y distrae la opinión pública con cortinas de humo, como la lucha contra la corrupción estructural del régimen, de la cual, uno de los mayores responsables es la Fiscalía General de la Nación, que mediante la más escandalosa impunidad ha encubierto no solo la corrupción, sino también el genocidio histórico contra el Pueblo Colombiano.

3. Álvaro Uribe Vélez y su entorno ultra-reaccionario, quien junto con el paramilitarismo, se oponen rabiosamente a los anhelos de Paz del País.

Resaltamos la importancia que la Constituyente de Exiliadas/os víctimas del terrorismo del Estado Colombiano, participe activamente en la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP. Para ello el 2º Encuentro ha concluido, presentar el Estatuto del Exiliado/a y repatriación en el marco de la implementación y que en este proceso se nos reconozca como sujetos políticos en reclamo de nuestros derechos.

Saludamos y apoyamos las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Como organización de exiliadas/os, víctimas directas del conflicto, haremos llegar nuestras propuestas a la Mesa, con la esperanza de alcanzar una paz completa.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad internacional, y convocamos a la más amplia solidaridad, vinculando a gobiernos, partidos políticos, y organizaciones sociales, para que blinden y exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.

Berlín 12 de marzo de 2017

Publicado en Política / Economía

Ni la ausencia de los miembros del Centro Democrático, ni los votos en contra de los senadores de la Alianza Verde Claudia López y Navarro Wolf, pudieron frenar la aprobación de la reforma constitucional que activó y conectó la columna vertebral del nuevo sistema de justicia donde comparecerán la guerrilla, agentes de Estado y terceros civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto. 

El sistema aprobado este lunes con 61 votos a favor está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mientras el Tribunal de Paz administrará justicia de manera "transitoria" sobre conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 "por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado", la Comisión tendrá un carácter extrajudicial y su misión es indagar sobre la verdad de lo que ocurrió en 52 años de confrontaciones. 

Aunque la activación del Fast Track aceleró el procedimiento que se venía adelantando desde la semana pasada, el Acto Legislativo que este lunes se aprobó no es el mismo que llegó al Congreso la semana pasada. Unos temas se resolvieron, otros quedaron frenados y uno que otro postergado. En total, el Gobierno avaló 83 proposiciones, que según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, modificaron todo el articulado del proyecto. Entre ellas, una que inmediatamente levantó malestar en las filas de las FARC.

"Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón", manifestó el jefe guerrillero Iván Márquez una vez supo que el aterrizaje a la arena política tendrá que contar con un aval individual del Tribunal de Paz, donde certifique que cumplió con lo diseñado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Estos son los principales cambios que se le hicieron al Acto Legislativo: 

1. Portazo a los disidentes y reincidentes

Con el eco que tuvieron las propuestas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se les cerró la puerta a los desertores de las FARC en la Jurisdicción Especial de Paz. De ninguna forma podrán beneficiarse del régimen especial de penas y libertades contempladas para los miembros de la organización insurgente. En ese sentido, el sistema de justicia transicional sólo aplicará para quienes suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno. En el caso de los reincidentes no "convivirán los beneficios que otorga la justicia transicional y el delito" por eso serán objeto de doble sanción: por un lado con la justicia ordinaria y por el otro podrán ser objeto de la pena máxima prevista por la JEP de 20 años.

2. Narcotráfico, con margen de maniobra

La discusión sobre el narcotráfico como delito continuado tendrá que esperar unos meses más. Aunque se zanjó la diferencia y el tema se convirtió en la última proposición aprobada al jefe del ente investigador, la noche de este lunes se determinó que una ley reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, se dejó para después la discusión que fije en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas. 

3. Justicia a la colombiana

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Justicia Especial de Paz. Es decir, los miembros de las FARC que sean sujeto de delitos amnistiables o no amnistiables -fuera o dentro de Colombia- no podrán ser extraditados.

4. FARC en la política, Sí y No

La máxima premisa que por estos cuatro años se usó para justificar la negociación quedó condicionada. Los miembros de las FARC que quieran aterrizar a la vida política lo tendrán que hacer con el aval del Tribunal de Paz que certificará si el individuo contribuyó o no con los puntos dispuestos en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. La proposición del senador Carlos Antonio Galán (Cambio Radical) disolvió une parte de las críticas que apuntaban a que los miembros de esa guerrilla -especialmente máximos responsables- puedan participar en política y ser elegidos.

 

5. Responsabilidad de mando criolla

La llamada teoría de la responsabilidad del superior fue uno de los temas más debatidos en el Congreso. Se determinó que la responsabilidad del mando no se podrá fundar exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino en el control efectivo de la respectiva conducta y en el conocimiento basado en la información a su disposición. Aunque este tema para las FARC no quedó incluido en el Acto Legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial de Paz, se dijo que se discutirá en el trámite de Ley Estatutaria que reglamenta cómo funcionará la justicia transicional que se adoptó para investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

6. Delitos de ejecución continuada

La batalla de la Fiscalía contra los activos que han acumulado las FARC en estas cinco décadas, tiene tregua pero se mantiene. Al menos 1.2 billones de pesos se han confiscado hasta el momento, poco más de 250.000 millones entre enero y febrero del 2017. De ahí que en el Acto Legislativo quedó consignado que el grupo guerrillero tiene un lapso -lo que dure las zonas veredales- para inventariar todos los activos que tienen. Los que no se registren quedarán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Fiscalía tendrá la competencia de los delitos de ejecución continuada.

7. Una justicia para todos

La zona gris en la que habían empezado a nadar los exmiembros de las FARC que se desmovilizaron y, por ejemplo, se sometieron a la ley de Justicia y Paz tiene un nuevo escampadero. La Jurisdicción Especial para la paz tendrá la competencia sobre los casos de los miembros de esa guerrilla que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre del 2016 aunque no aparezcan en las listas que presente el grupo insurgente sobre los hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles.

8. Delitos pendientes

Después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió especificar cuáles son los delitos relacionados con la dejación se acordó que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final”.

9. Choque de trenes

Los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena serán dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados de la salas o secciones de la Jurisdicción Especial de Paz no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en el caso concreto. La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de no alcanzarse una minoría en aplicación del carácter preferente de la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de esa jurisdicción.

10. Civiles blindados

Ante el fantasma del cartel de los falsos testigos que se asomó durante la discusión este lunes en el Congreso, se reforzaron las condiciones que llevarían a los terceros civiles a sentarse en el banquillo de los acusados. La proposición del senador Germán Varón (Cambio Radical) acentuó la necesidad de que la justicia especial tenga en cuenta más material probatorio, que sólo un testimonio, a la hora de citarlos. Por cuenta de que el nuevo tribunal deberá concentrar sus esfuerzos en grandes responsables, muy pocos terceros terminarán en ese escenario y más cuando se advirtió que su intervención será voluntaria siempre y cuando no estén estrechamente vinculados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario de manera "sistemática".

11. Resucitó el enfoque de género

El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial y de género que corresponda a las características particulares de la victimización en cada territorio y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y niños víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del sistema. En especial a todas aquellas mujeres que han padecido o participado en el conflicto.

12. Trabajo conjunto

Los órganos del Estado deberán brindar toda la colaboración que requiera la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se deberá promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Publicado en Política / Economía

El Congreso al fin tramita el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero proposiciones aprobadas atentan contra su esencia

Hacia las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.

En plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en contra en su último trámite por el Congreso.

Pese a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las dilaciones y retrasos que padeció.

La norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una “operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas frente a ella.

A falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como una confesión de su responsabilidad en el conflicto.

A parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa de La Habana.

Tras su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia. “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.

“Cambio Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.

Maldonado hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz. “Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda implementación del punto 5”, añadió.

“Lo que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.

De otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de algunos sectores políticos con ella.

Si bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.

El acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.

Publicado en Cultura / Sociedad

 

Horacio Duque.

La implementacion y verificacion de la paz requiere una consistente red de instituciones publicas.

Reza el texto del Acuerdo de paz sobre la materia de la siguiente manera (http://bit.ly/2gMm6q5 ):

  1. La CSIVI.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal (Ver al respecto el siguiente enlace http://bit.ly/2npcdz2 ). La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, fecha a partir de la cual los integrantes de la Comisión decidirán sobre su prórroga. Estará integrada por representantes de alto nivel del Gobierno designados por el Presidente Acuerdo y por plenipotenciarios de las FARC-EP en la Mesa Conversaciones de La Habana. 

  1. Objetivos de la CSIVI.

Los objetivos de la Comisión serán:

Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación.

  1. La buena fe recíproca.

La implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberá efectuarse de buena fe, atendiendo a la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes, promoviendo la integración de las poblaciones, comunidades, territorios y regiones en el país, en particular de las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

  1. Derechos prioritarios de la mujer.

Con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final se creará una Instancia Especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En el marco de la CSIVI se definirá su composición y funcionamiento en consulta con las organizaciones de mujeres.

  1. Participación ciudadana.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social. Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos. Será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, los excombatientes de las FARC-EP y los ciudadanos/as en general. No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. La implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

  1. Plan Marco de la paz.

Plan Marco de Implementación de los Acuerdos.

Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado - políticas, normas, planes, programas- y facilitar su seguimiento y verificación, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), discutirá y aprobará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su constitución, un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional. El Plan Marco contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contendrá las distintas fuentes de financiación y las instituciones responsables de la implementación según corresponda. El Plan Marco contemplará de manera prioritaria las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, identificando las múltiples discriminaciones que deben ser atendidas para la ejecución de los acuerdos. Además respecto a la implementación de los acuerdos, impulsará políticas públicas, programas y reformas que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres y de los pueblos étnicos, incluyendo indicadores de impacto que permitan identificar el avance de la implementación al respecto. El Plan Marco tendrá una vigencia de diez (10) años y una primera fase de implementación prioritaria que se extenderá hasta el 20 de mayo de 2019; será revisado anualmente por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) con el fin de hacer los ajustes a los que haya lugar.

Respecto de la elaboración ya probación del Plan Marco de la paz, el Ministro para el post conflicto, Doctor Rafael pardo ha indicado lo siguiente.

Antes de que termine marzo (2017), el Gobierno deberá presentar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, en el que quedará consignado cómo se ejecutará el acuerdo en los próximos quince años.

Ese plan marco define qué se hace —son 88 líneas de proyectos hasta ahora identificadas—, dónde se hace —en qué municipios—, cuándo se hace y cuánto vale.

Antes de este extenso plan de trabajo se han venido implementado dos iniciativas: un plan de cien días enfocado en 51 municipios, donde hay zonas veredales y donde están las sitios con más cultivos ilícitos en el país; y la Estrategia de Respuesta Rápida.

Esta estrategia no tiene una focalización precisa, hay temas que no son exclusivamente de los municipios. Se están haciendo ferias de trámites; sistemas locales de justicia; reparaciones colectivas. Se han focalizado reparaciones individuales en estos municipios por parte de las Farc; el programa de Manos a la Paz; el fortalecimiento de juntas de acción comunal; tres programas del Ministerio de Agricultura; y se están haciendo 67 pilotos de catastro.

El programa de los cien días vincula a varias entidades del Estado las cuales deben estar funcionando desde mediados del próximo mes de abril.

Este programa tiene cerca de 700 proyectos, en donde 51 de ellos –que toca 51 municipios-, tiene que ver con la construcción de 50 kilómetros de vías.

A 21 municipios deben llegar entre una o seis acciones de posconflicto y a 20 municipios deben llegar entre 31 y 53 intervenciones. Lo que se suma a los planes de largo aliento.

“¿Cuáles son las que cubren todo el país?, dos ejemplos: en todas las zonas rurales del país hayan sido de conflicto o no, va a haber un programa de catastro multipropósito. Es decir, un sistema en el cual se determina el plan de la propiedad y la finca con el título de la propiedad”, dice.

En este momento para ese programa hay identificados 4 millones de predios, tardaría 6 años y vale 3,6 billones de pesos. El otro ejemplo de programas que cubrirán todo el país, es la cobertura que se quiere alcanzar en seguridad social para todos los productores campesinos independiente si están en áreas que fueron de conflicto o no.

A eso se suma el trabajo que se hará para que llegue el mínimo vital institucional en varios municipios en donde se harán intervenciones de distintas índoles, la aplicación de los Programas de Desarrollo Territorial, PDT, en 16 municipios que serán los mismo que tendrán circunscripciones especiales de paz en la Cámara de Representantes, y el mejoramiento de vivienda que se hará en todas las zonas donde hay zonas veredales transitorias.

Respecto de las normas de paz expedidas, hay algo así como unas 37 normas ya expedidas; unas 40 para su firma por el Presidente y están pendientes 40 normas que están en una revisión final, o en construcción o para discusión interna del gobierno (ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2npfCy7 ).

  1. Conpes de paz.

A la mayor brevedad y para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación, en los términos aprobados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el cual será contentivo además de los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como de sus fuentes.

  1. Plan cuatrienal de la paz.

Con base en lo establecido en el Plan Marco, en adelante y por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se deberá incluir un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Para ello a través del procedimiento legislativo especial para la paz previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016 se tramitarán las reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Plurianual de Inversiones sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. En el mismo sentido se harán los ajustes necesarios al Plan Nacional de Desarrollo Vigente.

  1. Implementación temprana.

Con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional elaborará un listado de medidas de implementación temprana (D+1 hasta D+180) que presentará a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.

  1. Papel de los departamentos y municipios.

Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales.

Con el fin de contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos y articular los esfuerzos entre los distintos niveles de Gobierno:

Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos, incluyendo en los territorios priorizados los planes de acción para la transformación regional de los PDET.

  1. Paz y Regalías petroleras y mineras.

Se promoverán mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos, incluyendo los territorios priorizados para los planes de acción para la transformación regional de los PDET. Los recursos de regalías serán una fuente más de las diferentes fuentes para la implementación del Acuerdo en los territorios, para que estos proyectos fortalezcan el desarrollo de sus municipios y departamentos. 

Los Planes de desarrollo, departamentales y municipales, serán insumos para la formulación de los planes cuatrienales y los planes plurianuales que hacen parte del Plan Marco de implementación. De la misma manera, se adoptarán medidas para promover que los planes de desarrollo territoriales incorporen aquellos elementos que aseguren la consistencia con el Plan Marco de Implementación. En aquellos casos en que las estrategias territoriales involucren dos o más departamentos, como es el caso del PDET, se deberán ajustar los planes respectivos para asegurar la concurrencia de esfuerzos y recursos en las zonas priorizadas.

12. Los empresarios y la paz.

Otras medidas para contribuir a garantizar la implementación de los acuerdos: 

Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a mercados y en general la sostenibilidad de los proyectos contemplados, entre otros, en la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y en los planes de reincorporación a la vida civil. 

  1. Paz y cooperación internacional.

El Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional.

Los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales, sector privado para la implementación se agregarán a los fondos dispuestos por el Gobierno para esos fines.   

  1. La paz y los derechos de los niños.

En la implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás.

  1. Paz y sociedad civil.

Promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias.

Reconociendo las capacidades diferenciadas de las regiones y con el objeto de promover la participación de las comunidades en la ejecución de proyectos en el marco de la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas necesarias con el fin de posibilitar la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias, con el debido acompañamiento técnico, especialmente en las zonas que han sido prioridades para poner en marcha los PDET.

  1. Paz y tecnología de la información.

Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación.

Con el fin de contribuir a la trasparencia, facilitar el seguimiento y verificación del Plan Marco para la implementación y de los recursos invertidos, en particular el seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) así como hacer los ajustes correspondientes para el cumplimiento de las metas el Gobierno Nacional se compromete a la creación de un Sistema Integrado de Información y a garantizar la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

  1. Paz sin corrupción.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:

Mapas interactivos de seguimiento. Se habilitará un portal web que contenga mapas de seguimiento con toda la información sobre la implementación de los proyectos. Sus costos, su estado de avance, su localización geográfica, entre otros, de manera que cualquier ciudadana o ciudadano pueda constatar el destino de los recursos y retroalimentar el Sistema en caso de que la información no corresponda al estado de implementación de los proyectos.

  1. Paz y rendición de cuentas.

Mecanismos de rendición periódica de cuentas. Se pondrán en marcha diferentes mecanismos de rendición de cuentas incluyendo audiencias públicas, en los diferentes niveles y por parte de las entidades del nivel nacional y territorial. En particular se promoverá la difusión en forma masiva de información a través de los medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos.

  1. Paz y Veedurías ciudadanas.

Veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. En concordancia con lo acordado se establecerá un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia en especial en las zonas donde se implementen los PDET.

Herramientas de las nuevas tecnologías de información. Asociadas al Sistema Integrado de Información, como por ejemplo a través de la telefonía móvil, para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a la información pública, y que permita y promueva mecanismos de colaboración y de denuncia.

Matrices de riesgos de corrupción, así como estrategias de mitigación, concientización y prevención de malas prácticas, clientelismo y corrupción.

  1.   Paz y denuncia ciudadana.

Mecanismo especial para la denuncia ciudadana. En el marco de lo acordado se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos/as y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación de este Acuerdo.

Fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Se brindará asistencia técnica a las autoridades territoriales para el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para los efectos de la implementación de lo acordado.

Acompañamiento especial de los órganos de control. Se solicitará un control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.

  1. Funciones de la CSIVI.

Funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

La CSIVI tendrá las siguientes funciones: 

Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir entre las partes firmantes del Acuerdo Final en la interpretación de los acuerdos que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente, cuando los haya. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

Servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia entre las partes que se pueda presentar tras la firma del Acuerdo Final, que no implique al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas.

Hacer seguimiento a todos los componentes del Acuerdo Final y verificar su cumplimiento, respetando lo establecido respecto del acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MM&V.

En particular, la CSIVI deberá: Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del Acuerdo Final, lo cual no afecta las competencias de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. o Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso. Para estos efectos se tendrá en cuenta el listado no exhaustivo de proyectos incluido en el Acuerdo de paz. Lo anterior sin perjuicio de las competencias del Congreso de la República.

La CSIVI tendrá interlocución con las agencias, estados y organizaciones donantes que contribuyan económicamente a la implementación de los acuerdos y/o que forman parte del acompañamiento internacional de la misma. La CSIVI podrá solicitar informes de seguimiento y ejecución sobre los distintos programas y proyectos que reciban de la cooperación internacional en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, o proponer borradores de normas que se consideren necesarias para la implementación del Acuerdo Final, sin perjuicio de las facultades ordinarias del Congreso de la República u Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la partición ciudadana,  o producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional, podrá generar reportes temáticos, especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos.

La CSIVI podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de la implementación de los acuerdos así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. 

Cualquier mandato o función que para su cumplimiento ordinario o prioritario se delegue en la CSIVI en el Acuerdo Final.

  1. Acompañamiento internacional.

 La CSIVI contará con el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, y la dejación de armas (D+180) de un delegado/a de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela.

  1. Secretaria Técnica.

La CSIVI contará con una Secretaría Técnica conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera.

A las reuniones de la CSIVI podrán ser invitados los voceros y voceras de las FARC- EP en el Congreso.

  1. CSIVI Ampliada.

Con el fin de asegurar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y verificación de los acuerdos, la CSIVI realizará de manera periódica sesiones ampliadas a las que podrá invitar al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y a cualquier representación de la sociedad civil que se acuerde.

  1. Informes de la CSIVI.

La CSIVI presentará al Consejo y a otros representantes de la sociedad civil los avances en la implementación y recibirá toda la información que quieran aportarle.

  1. Ubicación y Temporalidad.

La CSIVI podrá sesionar inicialmente en La Habana. Su sede será Bogotá. La CSIVI sesionará de forma regular con el presente formato hasta tanto termine el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (D+180). Después seguirá operando por el periodo establecido.

  1. Inicio de la implementación del Acuerdo Final.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna. A continuación, por el Presidente de la República se efectuará una declaración unilateral del Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016.

Publicado en Opiniones

Por lo tanto quiero terminar con unas palabras de Bertolt Brecht quien constató: „Solo tanta verdad se impone como nosotros sabemos imponer. Por eso la victoria de la razón solo puede ser la victoria de los razonables.“ Los razonables somos nosotros. Nada cambia sino es por nosotros; reseña Günter Pohl, Secretario Internacional del Partido Comunista Alemán (DKP) al II Encuentro de exiliados al evento que contó con la presencia de delegaciones e invitados especiales de Europa, EE.UU y Colombia.

 

***

 

2°Encuentro Internacional Constituyentes de Exiliados-as Perseguidos-as por el Estado Colombiano

Berlín, 9 a 12 de marzo, 2015

 

Queridas y queridos camaradas los unos, compañeras y compañeros los otros, amigas y amigos todos:

 

Es un honor grande estar aquí con Ustedes, en una „reunión colombiana“, y tener la posibilidad de intervenir ante Ustedes. Lo que facilita esto, es el hecho de que la reunión tiene lugar en Alemania, en el centro de Berlín - y a la vez esto ya es parte de la tragedia por la que nos toca reunirnos. El que colombianas y colombianos tengan que reunirse a diez mil kilómetros de la tierra que los vio nacer, es terrible y repudiable. Es política del estado en Colombia, política de la estrecha unión entre estado y paramilitarismo, o sea de capital y terratenencia con sus secuaces pagados que han forzado a decenas de miles de compatriotas a salir de Colombia y organizarse una vida nueva en setenta países del mundo. Por lo tanto dicho (y subrayado) sea que el encuentro de este fin de semana precisa en su título que no simplemente se trata de refugiados. Tampoco solo se habla de exiliadas/os – es muy preciso decir: exiliados perseguidos por el estado colombiano.

 

De todo aquello hablarán Ustedes este fin de semana, en continuación del primer encuentro en Bilbao en noviembre del 2014, en un marco de nuevas circunstancias que se han abierto con el acuerdo entre las FARC y el estado colombiano. Por eso es que yo no voy a profundizar mucho en esta dirección; llevaría leña al monte. Pero, eso sí, déjenme decir que la solidaridad nuestra va con todas y todos los que vinieron forzadamente a Europa, independientemente de su afiliación política o lo que hayan hecho para „merecer“ tal destino. A todas/os las/os perseguidas/os les estrechamos la mano, de parte del Partido Comunista Alemán, de su Comité Central y de su militancia, de su periódico „Unsere Zeit“ que como prácticamente ninguno más en Alemania informa sobre causas, historia y actualidad del conflicto colombiano. Así que reciban nuestros deseos de éxito para esta conferencia, pero mucho más aún para los propósitos que van más allá de la misma: participación política en los acuerdos, la implementacion de una comisión de verdad, la atención a las víctimas, la fortificación de un gremio único para tener una sola voz de los exiliados-perseguidos, entre otras.

 

Para quien habla es un gusto personal enorme, después de no pocos viajes a Colombia, poder referirse ahora ante Ustedes brevemente a tres asuntos:

 

- la política actual en la Unión Europea

- los medios alemanes y el conflicto en Colombia

- una reflexión corta sobre nuestras posibilidades en un país imperialista como Alemania

 

Compañeras y compañeros:

 

Europa no es la Unión Europea; es que la UE es la que se atribuye hablar en nombre de „Europa“. Es preciso recordar que Europa es casi el doble de la Unión Europea. Lamentablemente muchos políticos y partidos de la izquierda ayudan a camuflar el carácter de la UE como un pacto del capital, utilizando el lenguaje incorrecto de las clases dominantes. No es esta UE una unión de paz aunque hubiera recibido el Premio Nobel de Paz – recibido por el simple hecho de que no hubo guerra entre sus países miembros desde su creación hace sesenta años. Muy bien, el mejor argumento para - por fin - dar este premio a los Estados Unidos que no conocen guerra entre sus estados hace más de cientocincuenta años.

 

Y son fuerzas de la izquierda moderada que a veces tienen y propagan la idea de que en su origen la UE ha sido progresista y solo había que volver a estos orígenes. Nada más equivocado: la entonces „Comunidad Económica Europea“ fue un producto de la Guerra Fría, para „parar al comunismo“. Al consumir su propósito en 1989/91 se abrió para la membresía de los países del este de Europa. Así siempre dándole espacio político a la OTAN que le siguió el paso por aquellos países. Ahora está en las fronteras de la Federación Rusa. Las cúpulas de la UE apoyan la agresión de las fuerzas nacionalistas-militaristas de Ucrania contra las Repúblicas en el Donbass. Esto, en el fondo, es una agresión contra la Federación Rusa.

 

Esta Unión Europea del capital y del militarismo efectivamente no es nigún contrapeso frente a los Estados Unidos de América con supuesta perspectiva de ser progresista cuando se le aplica una que otra reformita. Es una unión imperialista, aunque con las contradicciones típicas que tienen alianzas entre estados con intereses económicas que por su naturaleza son opuestas; Lenin escribió acerca del tema. Nosotros como PC Alemán partimos de la idea de que la UE no se la puede reformar sino su destino debe ser su abolición completa.

 

Suena bien, pero ahora viene lo complicado: no son las fuerzas de izquierda que en este momento sean capaces de convertir la historia de esta alianza capitalista, llamada Unión Europea, en dirección a un desenlace positivo, o sea su fin. Por lo contrario: serán las contradicciones entre los estados miembros que facilitan su desintegración. Nuestra tarea es conocer aquellas contradicciones y aprovecharlas.

 

Y donde hay contradicciones, las crisis no se pueden esconder durante mucho tiempo; en la Unión Europea distintas crisis se complementan desde hace muchos años. Voy a nombrar solo tres de ellas.

 

La crisis es económica: Es una crisis de muy distintas fuerzas acumulativas y cadenas de creación de valores, con una potente Alemania como único país que se ha beneficiado con el Euro, a partir de que los países del sur de Europa (en el lenguaje de Berlín la „periferia“) ya no pueden devaluar su moneda para así vender sus productos. Hoy Alemania es una avalancha económica y campeón de exportación. Es por eso que la UE hoy casi más se rige por las directivas de „Berlín“ que por las de Bruselas; en Grecia saben de lo que hablo. El Euro es un diseño alemán, y es todo un éxito. Pero, como es propio del capitalismo: un éxito que solo beneficia a muy pocos.

 

La crisis de la UE también es inmensamente política, especialmente desde el 2015; me refiero al tema de los refugiados del Medio Oriente y de África, a la supuesta solución con el acuerdo con el régimen turco como portero de la UE a partir de 2016, al continuo chantaje de parte de Turquía desde entonces y al gran desacuerdo sobre cuotas para refugiados entre los 27 estados miembros. Aquello muestra las grietas que se han abierto entre los estados que forman parte de la UE. Se podría seguir con el tema de las deudas y cómo se lleva acabo el chantaje y la extorsión – en una „unión“.

 

Y la crisis además es una de la falta de unidad frente a la competencia imperialista. El „Brexit“ es una muestra de que existen alas „europeas“ y „atlánticas“. ¿Cómo enfrentar el desafío que significa el nuevo Gobierno estadounidense? La aparación de Donald Trump solo durante algunos meses llevará consigo la posibilidad de disimular unidad frente a lo absurdo de muchas de las decisiones de Trump, y mostrarse como la parte buena en política internacional, comparado con él. Después se verá que el otro Nobel de la Paz - he aquí el héroe del mundo libre, Barack Obama - no sólo es el campeón mundial en asesinatos de drones sino que decretó la expulsión de la misma cantidad de latinoamericanos sin papel como es el propósito de Trump. Y cuando los medios europeos, en consonancia con los políticos encargados de los negocios de la clase dominante, lamentan la construcción de un muro en la frontera con México, se „olvidan“ de que allí ya existe una valla tremenda, y también se „olvidan“ de que la fortaleza Europa no necesita muros – ya que tiene el Mar Mediterráneo. Se ahogan miles de refugiados cada año, en el 2017 hasta hoy cerca de 500 personas. Pero, por su puesto, es excelente para ellos poder presentar a un tipo desagradable y repudiable como Trump para no hablar de lo propio, cambiar de tema y desorientar la opinión pública. En eso ayudan los medios.

 

Compañeras y compañeros:

 

Se ve que los medios de comunicación tienen un papel importante; no es nada nuevo. Influyen en decisiones de los políticos, y a la vez son sólo expresiones de decisiones ya tomadas por las clases dominantes. Los medios son maestros de la decontextualización que en realidad es una dialéctica irracional entre reducción y falta de comprensión del caso.

 

En el caso colombiano, los medios alemanes – seguramente parecido a otros países europeos – reducen el conflicto sistemáticamente respecto a tiempo, víctimas, contenido, dimensión y desenlace y por lo tanto fracasan necesariamente cuando se trata de aportar para la posible superación del conflicto.

¿Cómo funcionan estas reducciones?

 

Reducción en tiempo: supuestamente el conflicto comenzó con la creación de las FARC, en 1964. Más allá de „Unsere Zeit“ o „junge Welt“ los medios escritos o televisivos nunca se refieren al asesinato de Gaitán, ni mucho menos a todo lo sucedido anteriormente. Por lo tanto, para ellos el año pasado „terminó un conflicto de 52 años“.

 

Consecuente con esta falta de información se reduce también el número de víctimas al tiempo desde 1964, sin mencionar siquiera la anterior época de la „Violencia“ con sus 300 000 muertos y que esta guerra civil expresamente ha sido la razón de la autodefensa armada de los campesinos en los cincuenta y sesenta; de la creación de las mismas guerrillas en este tiempo. Y hoy los medios callan el hecho de que en 2016 se han asesinado a ochenta defensores de derechos humanos, y que esto significa un aumento respecto al año anterior. Claro: El conflicto, como sabemos, ha terminado…

 

Reducción en contenido: el conflicto colombiano es uno de los pocos en el mundo entero meramente clasista, sin causas religiosas o tribales, y quizás es/era el último en que las dos clases están/estaban armadas. Los medios, sin embargo, se empeñan en hablar de un conflicto de drogas; las expulsiones en el campo para dar camino libre a las multinacionales para la explotación de los minerales y de la tierra en general casi no se mencionan. Y si se mencionan, supuestamente no tienen que ver con el conflicto sino son tristes problemas, pero colaterales. Problemas de los pueblos no son problemas de los medios capitalistas de las metrópolis. Colombia, eso sí, fue tema cuando se secuestró a una candidata presidencial.

 

Otra reducción más: Ni pensar que los medios entiendan o hablen de la dimensión histórica del conflicto, un conflicto enmarcado en la eterna estrategia de los Estados Unidos de América de un panamericanismo, frente a las visiones de Bolívar, hoy expresadas al menos en la voluntad de crear instituciones como la CELAC, tan limitadas que sean a veces.

 

La reducción en el desenlace del conflicto: a pesar del exterminio de la Unión Patriótica, de todos los casos de masacres en el campo, de „falsos positivos“, de la comprobada interacción entre Fuerzas Armadas, parte de los parlamentarios y el paramilitarismo, ningún medio burgués se interesa por el devenir del conflicto, ni por las consecuencias que tienen las injusticias que se han cometido y que se están cometiendo todavía. La prensa y la televisión se sitúan supuestamente en la mitad entre las dos fuerzas beligerantes lo cual es fatal. Primero, es imposible comprender el conflicto desde una supuesta imparcialidad. Segundo, ser „imparcial“ en un caso tan obvio como el de Colombia, significa en los hechos: estar de lado de los que son los responsables de tantos crímenes.

 

Por todo ello, con tanta calculada mezquindad por un lado y tanta ingenuidad por el otro, es meramente imposible que los medios den aportes útiles para la posible superación del conflicto. Pues, para ellos ya ha terminado el conflicto o termina en estos días con la entrega de armas de la guerrilla en las zonas especiales. ¡Nada más equivocado, es una reducción de la lucha de clase a la mera lucha armada!

 

Compañeras y compañeros, todo esto no es casual, los medios de comunicación tienen su papel en el sistema. Y el hecho de que esto es así - de que sabemos de las injusticias más obvias y crueles, y de que al mismo tiempo estamos frente a una población en Alemania y los demás países en Europa que no tiene ni la mínima idea de lo que ha sucedido y aún sucede en Colombia - a veces nos deja perplejos.

 

¿Cómo revertir esta situación? La verdad es que como gente progresista, como comunistas, estamos lejos de influir mucho en la opinión pública. Nuestra solidaridad consiste en la publicación en nuestros medios de lo que sucede en Colombia, en brindar posibilidades de giras políticas por el país, en organizar charlas o protestas. Sabemos que deberíamos hacer más. Siempre se puede hacer más… A esta solidaridad sobre la base del internacionalismo proletario más allá del DKP o de grupos solidarios con Colombia procedente de la así llamada „sociedad civil“ podemos incluir el periódico „Junge Welt“ y un sector reducido del partido „Die Linke“. El lugar dónde actualmente nos encontramos lleva el nombre de „Willy Brandt“, canciller alemán de parte del Partido Socialdemócrata de Alemania en los primeros años de la década de los setenta. Ojalá dar espacio a esta conferencia signifique un punto de partida para una nueva política del SPD que en siete años de liderar el ministerio de asuntos exteriores casi no ha contribuido para la paz ni para el bien de las/os exiliadas/os perseguidas/os por el estado colombiano.

 

Parece ser una paradoja: La cantidad de conflictos en el mundo no ha generado más gente solidaria, sino evidentemente lleva a la desilusión de muchos. La consciencia política en los países imperialistas en grandes rasgos evidencia un nivel que se puede explicar solo con la irracionalidad del sistema mismo.

Sin embargo, quien conoce la historia de Colombia, sabe bien que es muy necesario ejercer presión al Gobierno para que cumpla con lo acordado con las FARC. Es necesario que las conversaciones con el ELN tengan un desarrollo positivo. Debe terminar la serie de asesinatos contra defensores de derechos humanos, de activistas de la Marcha Patriótica y otros, y de los campesinos que con razón reclaman la devolución de sus tierras. ¡No debe repetirse en Colombia lo que ha sucedido ya tantas veces!

 

Por lo tanto quiero terminar con unas palabras de Bertolt Brecht quien constató: „Solo tanta verdad se impone como nosotros sabemos imponer. Por eso la victoria de la razón solo puede ser la victoria de los razonables.“

 

Los razonables somos nosotros. Nada cambia sino es por nosotros.

 

Muchas gracias.

Berlín 12.03.2017

 

Foto archivo ANNCOL.

 

Publicado en Política / Economía
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