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"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

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Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

Publicado en Política / Economía

La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado Colombiano reunida en su segundo encuentro los días 10,11 y 12 de marzo de 2017 en la Ciudad de Berlín, Alemania, agradece y valora en su justa dimensión los saludos y mensajes de solidaridad y apoyo al Evento.

En Colombia hay una enorme esperanza en amplios sectores del Pueblo Colombiano, que cansados de la guerra con todas sus consecuencias, miran con optimismo la posibilidad real de una Paz con Justicia Social, estable y duradera.

Pero vemos con profunda Preocupación la existencia de tres enemigos fundamentales que buscan por todos los medios impedir este noble propósito:

1. La indefinición y falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Santos, su Vicepresidente, y varios partidos políticos de la Unidad Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado por el Estado Colombiano y las FARC.

2. La actitud abiertamente provocadora y saboteadora del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien defendiendo los intereses de su cliente, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica a torpedear el proceso de Paz en la fase de implementación, principalmente en su trámite legislativo, y distrae la opinión pública con cortinas de humo, como la lucha contra la corrupción estructural del régimen, de la cual, uno de los mayores responsables es la Fiscalía General de la Nación, que mediante la más escandalosa impunidad ha encubierto no solo la corrupción, sino también el genocidio histórico contra el Pueblo Colombiano.

3. Álvaro Uribe Vélez y su entorno ultra-reaccionario, quien junto con el paramilitarismo, se oponen rabiosamente a los anhelos de Paz del País.

Resaltamos la importancia que la Constituyente de Exiliadas/os víctimas del terrorismo del Estado Colombiano, participe activamente en la implementación de lo acordado entre el Estado y las FARC-EP. Para ello el 2º Encuentro ha concluido, presentar el Estatuto del Exiliado/a y repatriación en el marco de la implementación y que en este proceso se nos reconozca como sujetos políticos en reclamo de nuestros derechos.

Saludamos y apoyamos las conversaciones entre el gobierno y el ELN. Como organización de exiliadas/os, víctimas directas del conflicto, haremos llegar nuestras propuestas a la Mesa, con la esperanza de alcanzar una paz completa.

Agradecemos el apoyo y la solidaridad internacional, y convocamos a la más amplia solidaridad, vinculando a gobiernos, partidos políticos, y organizaciones sociales, para que blinden y exijan al Estado Colombiano el cumplimiento de lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colon de Bogotá.

II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados perseguidos por el Estado Colombiano.

Berlín 12 de marzo de 2017

Publicado en Política / Economía

Ni la ausencia de los miembros del Centro Democrático, ni los votos en contra de los senadores de la Alianza Verde Claudia López y Navarro Wolf, pudieron frenar la aprobación de la reforma constitucional que activó y conectó la columna vertebral del nuevo sistema de justicia donde comparecerán la guerrilla, agentes de Estado y terceros civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto. 

El sistema aprobado este lunes con 61 votos a favor está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mientras el Tribunal de Paz administrará justicia de manera "transitoria" sobre conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 "por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado", la Comisión tendrá un carácter extrajudicial y su misión es indagar sobre la verdad de lo que ocurrió en 52 años de confrontaciones. 

Aunque la activación del Fast Track aceleró el procedimiento que se venía adelantando desde la semana pasada, el Acto Legislativo que este lunes se aprobó no es el mismo que llegó al Congreso la semana pasada. Unos temas se resolvieron, otros quedaron frenados y uno que otro postergado. En total, el Gobierno avaló 83 proposiciones, que según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, modificaron todo el articulado del proyecto. Entre ellas, una que inmediatamente levantó malestar en las filas de las FARC.

"Por ningún motivo se puede afectar la Participación Política, esencia del Acuerdo de Paz. Su modificación es como una puñalada en el corazón", manifestó el jefe guerrillero Iván Márquez una vez supo que el aterrizaje a la arena política tendrá que contar con un aval individual del Tribunal de Paz, donde certifique que cumplió con lo diseñado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Estos son los principales cambios que se le hicieron al Acto Legislativo: 

1. Portazo a los disidentes y reincidentes

Con el eco que tuvieron las propuestas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se les cerró la puerta a los desertores de las FARC en la Jurisdicción Especial de Paz. De ninguna forma podrán beneficiarse del régimen especial de penas y libertades contempladas para los miembros de la organización insurgente. En ese sentido, el sistema de justicia transicional sólo aplicará para quienes suscriban un acuerdo de paz con el Gobierno. En el caso de los reincidentes no "convivirán los beneficios que otorga la justicia transicional y el delito" por eso serán objeto de doble sanción: por un lado con la justicia ordinaria y por el otro podrán ser objeto de la pena máxima prevista por la JEP de 20 años.

2. Narcotráfico, con margen de maniobra

La discusión sobre el narcotráfico como delito continuado tendrá que esperar unos meses más. Aunque se zanjó la diferencia y el tema se convirtió en la última proposición aprobada al jefe del ente investigador, la noche de este lunes se determinó que una ley reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, se dejó para después la discusión que fije en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas. 

3. Justicia a la colombiana

No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Justicia Especial de Paz. Es decir, los miembros de las FARC que sean sujeto de delitos amnistiables o no amnistiables -fuera o dentro de Colombia- no podrán ser extraditados.

4. FARC en la política, Sí y No

La máxima premisa que por estos cuatro años se usó para justificar la negociación quedó condicionada. Los miembros de las FARC que quieran aterrizar a la vida política lo tendrán que hacer con el aval del Tribunal de Paz que certificará si el individuo contribuyó o no con los puntos dispuestos en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición. La proposición del senador Carlos Antonio Galán (Cambio Radical) disolvió une parte de las críticas que apuntaban a que los miembros de esa guerrilla -especialmente máximos responsables- puedan participar en política y ser elegidos.

 

5. Responsabilidad de mando criolla

La llamada teoría de la responsabilidad del superior fue uno de los temas más debatidos en el Congreso. Se determinó que la responsabilidad del mando no se podrá fundar exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino en el control efectivo de la respectiva conducta y en el conocimiento basado en la información a su disposición. Aunque este tema para las FARC no quedó incluido en el Acto Legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial de Paz, se dijo que se discutirá en el trámite de Ley Estatutaria que reglamenta cómo funcionará la justicia transicional que se adoptó para investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

6. Delitos de ejecución continuada

La batalla de la Fiscalía contra los activos que han acumulado las FARC en estas cinco décadas, tiene tregua pero se mantiene. Al menos 1.2 billones de pesos se han confiscado hasta el momento, poco más de 250.000 millones entre enero y febrero del 2017. De ahí que en el Acto Legislativo quedó consignado que el grupo guerrillero tiene un lapso -lo que dure las zonas veredales- para inventariar todos los activos que tienen. Los que no se registren quedarán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Fiscalía tendrá la competencia de los delitos de ejecución continuada.

7. Una justicia para todos

La zona gris en la que habían empezado a nadar los exmiembros de las FARC que se desmovilizaron y, por ejemplo, se sometieron a la ley de Justicia y Paz tiene un nuevo escampadero. La Jurisdicción Especial para la paz tendrá la competencia sobre los casos de los miembros de esa guerrilla que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre del 2016 aunque no aparezcan en las listas que presente el grupo insurgente sobre los hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles.

8. Delitos pendientes

Después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió especificar cuáles son los delitos relacionados con la dejación se acordó que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final”.

9. Choque de trenes

Los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena serán dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados de la salas o secciones de la Jurisdicción Especial de Paz no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en el caso concreto. La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de no alcanzarse una minoría en aplicación del carácter preferente de la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de esa jurisdicción.

10. Civiles blindados

Ante el fantasma del cartel de los falsos testigos que se asomó durante la discusión este lunes en el Congreso, se reforzaron las condiciones que llevarían a los terceros civiles a sentarse en el banquillo de los acusados. La proposición del senador Germán Varón (Cambio Radical) acentuó la necesidad de que la justicia especial tenga en cuenta más material probatorio, que sólo un testimonio, a la hora de citarlos. Por cuenta de que el nuevo tribunal deberá concentrar sus esfuerzos en grandes responsables, muy pocos terceros terminarán en ese escenario y más cuando se advirtió que su intervención será voluntaria siempre y cuando no estén estrechamente vinculados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario de manera "sistemática".

11. Resucitó el enfoque de género

El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial y de género que corresponda a las características particulares de la victimización en cada territorio y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y niños víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del sistema. En especial a todas aquellas mujeres que han padecido o participado en el conflicto.

12. Trabajo conjunto

Los órganos del Estado deberán brindar toda la colaboración que requiera la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Se deberá promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Publicado en Política / Economía

El Congreso al fin tramita el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero proposiciones aprobadas atentan contra su esencia

Hacia las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.

En plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en contra en su último trámite por el Congreso.

Pese a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las dilaciones y retrasos que padeció.

La norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una “operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas frente a ella.

A falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como una confesión de su responsabilidad en el conflicto.

A parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa de La Habana.

Tras su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia. “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.

“Cambio Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.

Maldonado hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz. “Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda implementación del punto 5”, añadió.

“Lo que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.

De otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de algunos sectores políticos con ella.

Si bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.

El acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.

Publicado en Cultura / Sociedad

Es claro: El gobierno nacional viene manejando el proceso de paz con las guerrillas, más con los pies que con las manos. Su postura odiosa resulta denigrante. A pesar de los medios matizar la situación presentando simples hechos anecdóticos, es indudable que la situación de fondo es grave y compleja.

Pareciera que el gobierno nacional y su clase dominante hubieran matado el tigre y ahora le tuvieran miedo al cuero, como dice el dicho popular. Eso se da entre otras cosas, porque la clase dominante para sostenerse en el poder, lo ha hecho a punta de mentiras. Que la guerrilla es un monstruo, por ejemplo, se dijo durante más de 50 años. Hoy poco a poco se ha ido dando cuenta el pueblo común y corriente de las ciudades que eso era una soberana mentira, por cuanto la guerrilla son seres humanos con muchos sueños y expectativas como cualquier citadino o citadina.

El gobierno no renuncia a la mentira. Dice el ministro de defensa que el cultivo de alucinógenos ha aumentado en los últimos meses simple y llanamente porque la guerrilla lo estimuló. Le faltó decir que arma en mano ordenó al campesino sembrar más coca.

El incumplimiento de la adecuación de las zonas veredales transitorias de normalización son presentadas de tal manera que el receptor las asuma algo así como: “Eso se merecen por criminales”. Así las cosas, eso es correcto porque eso se lo merecían por el terrible daño que le hicieron a la sociedad colombiana.

No hay ni en el gobierno, ni en la clase dominante espíritu de reconciliación. Por el contrario. Todo indicaría que hay es un revanchismo que se expresa de esta manera. Incumplir o hacer las cosas lentas y a medias. Es como cuando el rico da una limosna. La tira lejos para que el mendigo la recoja. La da con asco y con desprecio.

La guerrilla ha mostrado tolerancia y aguante admirable. Quiere sinceramente hacer la paz y desarrollar su proyecto estratégico por el sendero de la dialéctica de la palabra y del argumento. Lo ha demostrado en distintas formas las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo (Farc – Ep) y también el ELN.

Hay quienes se preguntan por qué esa postura. Claro, no habrá quien diga que los dirigentes guerrilleros se cansaron de la lucha armada, se “aburguesaron” y “negociaron y pactaron la entrega”. Creemos que hay explicaciones mucho más científicas y elaboradas. La guerrilla es pueblo y la guerra para el pueblo es una tragedia, mientras la paz es una esperanza de vivir y hacer producir las ubérrimas tierras colombianas.

En sentido contrario, la guerra para la burguesía es un negocio lucrativo. ¿Cómo se apoderaron los grandes terratenientes de inmensas extensiones de tierra en Colombia? Pues a través del despojo, del desplazamiento y del terrorismo de Estado. Álvaro Uribe Vélez no es propietario de grandes latifundios trabajando honradamente, por ejemplo. La inmensa mayoría de veces fue a través del hurto, de la amenaza y del engaño. A través del narcotráfico. Hay que leer su biografía no autorizada o el narcotraficante número 82, por ejemplo para comprender mejor lo que se está diciendo.

Por eso la guerrilla persiste en el proyecto de paz a pesar de los desaires e incumplimientos del gobierno nacional. No es cobardía, no es cansancio. Es convicción en su proyecto revolucionario estratégico. La implementación será un paso político importante que viene ganando la guerrilla al demostrar claramente la incapacidad del estado para cumplir lo pactado y de paso, su seriedad en lo acordado. Es decir, la gran conclusión hasta estos momentos es: “La guerrilla sí cumple, el Estado no cumple”.

La vigilia nacional por la paz, evento de las Farc – Ep en octubre del año pasado, se convirtió en escenario de encuentro de todos los credos religiosos que hay en Colombia, quienes se pusieron de acuerdo para orar por la paz desde sus cosmovisiones teológicas, demostrando de esta manera que sí es posible la unidad en la diversidad y pluralidad.

En esa oportunidad dijo el comandante fariano Donald Ferreira: “Es una integración importantísima donde el pueblo se da cuenta que no es como lo dice la propaganda mediática de los medios de comunicación, sino que es otra realidad verdadera”. Agrega el comandante: “Aquí se sabe quiénes sí estamos pregonando la verdadera paz con justicia social en Colombia sin ningún tipo de lucro, sin ningún tipo de mentira y sin ningún tipo de propaganda oscura que se pregona a través de los medios de comunicación”.[i]

Por su parte, el comandante Wilson Saavedra, del bloque occidental Alfonso Cano, acerca de la vigilia anotó: “En esta vigilia todos nos miremos como hermanos, todos miremos cómo aportarle a este país para construir una paz estable y duradera”. Subraya: “Que sea un momento de reflexión, para que a partir de acá, salgamos todos con aire nuevo de unidad que es lo que necesita este pueblo”.[ii]

Sabemos que el pueblo está alienado, sabemos que el pueblo está atemorizado y sabemos que el pueblo es víctima del analfabetismo político. Todo eso lo sabemos y sabemos que los efectos de una realidad tan dura como esta son realmente catastróficas. Sin embargo, creemos sinceramente en lo que solía decir Jorge Eliécer Gaitán: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Por lo tanto, el pueblo sabrá jugar un papel protagónico en esta disputa entre la paz y la guerra. Una vez más será superior a esta casta oligárquica criminal, infame y pusilánime que no quiere que sus intereses de clase sean afectados en lo más mínimo.

Sabemos que el gobierno nacional quiere minar la moral revolucionaria de los guerrilleros incumpliendo y subvalorando el enorme esfuerzo que están haciendo. Ante esta acción desvergonzada del alto gobierno, el pueblo se viene solidarizando visitando las zonas campamentarias llevando algún alimento o medicamento. Hay que hacerlo. Santos no puede pretender rendir a la guerrilla a punta de hambre. El pueblo sabrá responder a esta nueva infamia y estará a la altura de los acontecimientos. El premio  nobel de paz 2016 no podrá seguir tratando este proceso de paz con los pies. El pueblo unido y consciente no lo permitirá.

[i] LOMBANA SILVA, Nelson. La otra versión acerca de las Farc – Ep reportajes. Página consultada 6.

[ii] Ibíd. Página consultada 26.

Gáfica pie de foto.- Comandante fariano, Donald Ferreira de paso por Ibagué. Foto Nelosi.

Publicado en Política / Economía

Además de los obstáculos de sectores dentro y fuera del gobierno en aplicar el Acuerdo con la guerrilla de las Farc, debemos de tener en cuenta la ceguera y la falta de gestión del poder dominante en Colombia, al menos en haber desarrollado lo plasmado en la carta política del 91. Y es fundamentalmente por la intolerancia política, la corrupción y el manejo electorero y clientelista, históricos en el país.

En consecuencia, era de esperarse esa lentitud en la ejecución de lo re-firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Se puede prever que la dirección de la guerrilla de las Farc, su Estado Mayor Central en cabeza de Rodrigo Londoño, conocen mas que nadie el talante del poder fáctico en Colombia y sus consabidas mañas, que a barreras infranqueables mirándolas a simple vista como para 'meter la reversa', han logrado con tesón y perseverancia mantener e impulsar la fase de la Implementación. Componente clave en el Acuerdo Final de 310 paginas, trayecto que ha ocasionado fracasos en otros procesos de Paz.

Para nadie es un secreto, la improvisación del gobierno central en entregar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN debidamente instaladas y en avituallar oportunamente con alimentos sanos y no con "caracoles venenosos y carne de caballo descompuesta", la resistencia de los jueces en ejecutar y darle salida a la Ley de Amnistia e Indulto -1820- ya aprobada en las dos camaras y sancionada por el presidente JMSantos el 30 de diciembre de 2016 y la ausencia de voluntad en poner en cintura el paramilitarismo, escollo de un enorme peligro para el transito de la guerrilla y de la sociedad colombiana hacia una Paz Estable y Duradera.

No se le puede pedir "peras al olmo". Los inquilinos de la Casa de Nariño, en pasados muy pasados gobiernos, destellos de hacer las cosas más o menos, IDEMA, ISS, FNC, Hospitales del orden regional y municipal, entidades funcionales para el servicio de toda la sociedad, desmontados gradualmente en el recetario impuesto por el FMI y el BM sin chistar por la clase dirigente. Sobresale en este empeño antipatriota y postrero, el ex presidente Cesar Gaviria -1990-1994-.

Casi cincuenta y tres años de conflicto armado y social, y más si se quiere, en paralelo una clase dominante, al usufructo del presupuesto nacional -lease: pillaje «e. g.» ODEBRECHT/REFICAR/GrupoNule- carente de liderazgo y visión de patria. Absurdo pretender achacarle al movimiento insurgente las calamidades en que vivimos las mayorias nacionales, no solo porque nunca han gobernado la nación sino tambien hasta el presente su lucha ha estado en, fundamentalmente en el sector rural. Entonces ¿porqué en las grandes ciudades sus citadinos viven del rebusque y en miserables condiciones peor que en el campo? Deberían tener mejor vivir por estar lejos del plomo y la metralla, pero no, todo lo contrario o peor. Es decir, la dejación de armas por si sola no garantiza una Paz con Justicia Social.

El Acuerdo Final y su Implementación, no sólo va a posibilitar a los miembros de la guerrilla retomar sus plenos derechos políticos económicos sociales y culturales -como algunos perversos pretender sembrar en la conciencia de los colombian@s- también abre las esperanzas de construir una nueva nación incluyente para todos y todas, hecha pedazos por una oligarquía parasítaria y sin rumbo.

Es una oportunidad que no hay que desperdiciar. Este mensaje lanzan los dirigentes de las Farc en sus correrias por toda la geografía nacional educando a sus unidades guerrilleras en el espiritu del Acuerdo y sobre todo en la vigilancia y seguimiento en la Implementación de lo acordado.

No obstante, si nos mamamos un conflicto sangriento durante 52 años:  ¡Démosle tiempo al gobierno de Juan Manuel Santos, sin bajar la guardia!

Publicado en Opiniones

En la plaza principal del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, se reunieron las mujeres indígenas y campesinas que allí habitan para hablar de lo que más les preocupa hoy: la implementación del acuerdo de paz. Desde hace varios meses, ellas vienen trabajando de la mano de personas como Alexandra Guerrero Zamora, integrante de la Corporación Ecofeminista, para empoderarse de esta nueva realidad.

Alexandra Guerrero, quien también integra la Ruta Pacífica de Mujeres en el Cauca, expresó que se necesita seguir trabajando por crear escenarios de pedagogía de paz en el departamento.

Otra de las participantes en este espacio en apoyo a la paz realizado en Caldono es Alejandra Jojoa, de la Agencia de Renovación del Territorio. Ella expresó que la Paz debe ser asunto de todos.

Las mujeres en Caldono esperan ser protagonistas en la ardua lucha por la implementación del Acuerdo de Paz en el Cauca y así cumplir su cita con La nueva historia que se está labrando en Colombia.

 

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Hace poco protagonizamos en el Caquetá, protegidos por el amor del pueblo, la marcha de los frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC hacia la Zona Veredal de Agua Bonita en el municipio de Montañita, cerrando así el ciclo de congregación insurgente en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización, espacios donde ocurrirá la transfiguración de las FARC en partido político legal, sobre la base del cumplimiento recíproco de los compromisos.

El proceso de implementación del Acuerdo Final avanza poco a poco, en medio de la expectación nacional, convertido en la esperanza de millones que anhelan justicia social, inclusión, y paz para la Colombia del futuro.

La implementación de los acuerdos no le quedará grande al país mientras exista la disposición de cumplir con lo firmado y si el pueblo así lo exige. Es muy importante la normatización de los acuerdos, pero la norma tiene que tener efecto, porque si no, de nada sirve.
   
Las FARC ya entregamos al gobierno los nombres de los 60 guerrilleros y guerrilleras que en pocos días se desplegarán por los puntos cardinales de la patria en función de pedagogía de paz, buscando socializar y aproximar los acuerdos a la ciudadanía y a la gente del común. Muy pronto, también daremos a conocer el listado de los nuestros que desarrollarán la misma labor en el ámbito de las regiones, según lo acordado.

El pacto de reconciliación de Colombia ya fue depositado como Acuerdo Especial ante el Consejo de la Federación Suiza con sede en Berna, y la declaración unilateral del Estado ante NNUU, como compromiso del Gobierno, está en curso. El Acto Legislativo que resguarda constitucionalmente el Acuerdo de La Habana durante los próximos tres gobiernos, ya fue aprobado por el Congreso de la República, con todo lo cual le estamos dando el mayor blindaje normativo a lo convenido. Hace dos meses el poder legislativo dio vida a la Amnistía, pero esta aun reclama su aplicación inmediata, sin enredaderas jurídicas ni trabas burocráticas. Mientras el proceso de constitucionalización de la Jurisdicción Especial para la Paz, calificada por el ex Fiscal de la corte penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, como una obra de arte, avanza en el parlamento, empieza a andar el Acto Legislativo de Reincorporación política de la guerrilla de las FARC. Gracias a este proceso de paz, el Estatuto de la Oposición, un mandato constitucional incumplido, será una realidad jurídica 26 años después. Por el procedimiento legislativo especial o por decreto presidencial, muchos otros compromisos relacionados con la paz han sido aprobados, o sencillamente progresan en los debates, indicando que el desarrollo normativo de los acuerdos es una realidad. Buen trabajo del Congreso, ¿cierto?
 
Lo que sigue ahora es garantizar que se provean los recursos del presupuesto para que ese marco normativo se implemente en términos reales y materiales. Eso es lo que esperamos a través del Acto Legislativo del Plan Marco de la implementación.

Las FARC no están involucradas en tácticas dilatorias del proceso, y somos conscientes que se debe dar tiempo al gobierno para que pueda cumplir con sus compromisos. Por eso, coadyuvando aun más al fortalecimiento del propósito de paz, anunciamos al país que el próximo miércoles, 1 de marzo, a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización, realizaremos como asunto que atañe exclusivamente a las FARC y a la ONU, según el protocolo acordado, el registro de las armas en todos los campamentos, y reajustaremos el plan de destrucción de armas inestables o explosivos que ya había empezado el año pasado en las sabanas del Yarí. Anunciamos hoy, también, que como inicio en firme del proceso de Dejación de armas, y como muestra de nuestro irrestricto compromiso con la paz, las armas de los integrantes farianos del MM&V, pasarán a custodia de la Organización de Naciones Unidas.
 
Es comprensible y razonable que en paralelo con el proceso de Dejación de armas que hoy comienza, deba garantizarse de manera diáfana y tangible la seguridad jurídica para los guerrilleros. Esta tiene que ver con la excarcelación de los indultables y la aplicación de la ley de amnistía, sin más retrasos, porque para eso fue aprobada. Esperamos que la entrada en vigor -en los mismos términos del Acuerdo de La Habana-, del SIVJRNR y su componente de justica, la Jurisdicción Especial para la Paz, que coloca su acento en las víctimas del conflicto, dinamice el advenimiento de la reconciliación de la familia colombiana.
   
Es razonable, luego del exterminio triste de alternativas políticas opositoras en Colombia, que pensemos todos en que se debe garantizar la seguridad física de los los guerrilleros que hoy preparan el Congreso Constitutivo del partido político con el que actuarán en la legalidad.
 
Es también comprensible y razonable, que se deben proveer las garantías socio-económicas, los proyectos productivos que aseguren el transito digno de los guerrilleros a la vida civil. No queremos fracasar en el intento, como ha ocurrido en el desarrollo e implementación de otros procesos.

Esperamos que el Nobel de Paz que hoy preside los destinos de Colombia en el tramo final de su gobierno dedique sus mayores esfuerzos a la implementación de los acuerdos, porque de ella depende la construcción de la paz estable duradera con la que hemos soñado toda la vida.
 
Colombianos: la patria ha sido bendecida por la esperanza y ya puede emprender sus primeros pasos hacia el futuro.

Llegó la hora de dejar atrás definitivamente la violencia superando, ante todo, las causas que generaron la confrontación. Hemos orientado a nuestros guerrilleros trabajar hombro a hombro con las comunidades y las autoridades, haciendo de las Zonas y Puntos Veredales, verdaderos escenarios de integración y de expansión del sentimiento de paz. Sabemos que podemos trabajar por ello mancomunadamente, incluyendo a soldados y policías de la patria. Mirémonos y comparémonos, para llegar a la conclusión más natural y simple: somos hijos del mismo pueblo, amalgamados con la arcilla bondadosa de la gente del común. Gente que desea que la situación cambie favorablemente con la implementación de los Acuerdos de Paz, para que la guerra quede relegada en la nueva historia que habremos de escribir, como un lejano recuerdo acorralado por una potente voz colectiva que dice a a cada momento NUNCA MÁS, NUNCA MÁS.

Que la paz sea con todos.

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Hasta la presente las Farc no confirman ni desmienten esta información de http://www.verdadabierta.com

El riesgo es extremo para las perspectivas de desarme y reinserción de decenas de guerrilleros que se encuentran concentrados en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Tumaco, en el Pacífico nariñense. A su alrededor gravitan milicias disidentes del grupo guerrillero y las propias Farc calculan que, en toda la región, hay por lo menos 10 estructuras armadas integradas por cerca de 700 hombres.

“No nos han podido hacer nada porque mantenemos nuestra propia seguridad como la teníamos en la guerra, nuestra inteligencia; pero si nos confiáramos en la supuesta seguridad del Estado, esos grupos habrían causado daño”, detalló ‘Jairo Salcedo’, delegado para la construcción de la zona veredal por parte de las frentes Daniel Aldana y Mariscal de Sucre de las Farc.

El problema se complica si se suman las trabas logísticas que enfrentan estas unidades guerrilleras para ocupar la zona veredal designada: no hay ningún tipo de infraestructura construida para iniciar desde allí si tránsito a la vida legal.

Mientras se resuelven las dificultades de acondicionamiento de la zona veredal, ubicada en la vía que de Tumaco conduce a Pasto, cerca al corregimiento de Llorente, llegan grupos armados ilegales a los territorios que dejaron las Farc.

Para Pablo Pardo, coordinador de las zonas veredales por parte de la Gobernación de Nariño, se trata de un vacío de orden y de justicia que se creó tras la salida del grupo guerrillero de algunas veredas: “El alistamiento institucional que debería estar copando ya esos territorios no se ha hecho de la manera efectiva y la mejor muestra es que se han empezado a expresar otros grupos en el territorio”.

Información de inteligencia militar indica que estos grupos no son nuevos y que obedece más a los movimientos de los milicianos de las Farc que no se acogieron al proceso de paz. El general Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, sostiene que alrededor de la zona veredal hay 400 militares en tareas de seguridad y que los grupos ilegales se encuentran sobre la costa del Pacífico.

Disidencia busca diálogo

Se calcula que por lo menos 70 milicianos al mando de los hermanos conocidos con los alias de ‘Camacho’ y ‘Mocho’, su primo ‘Hugo’, y ‘Junior’ se separaron de las Farc, no se acogieron al proceso de paz y volvieron a las calles de Tumaco, ahora operan en el barrio Viento Libre.  La condición que les pusieron sus antiguos comandantes es que no utilizaran el nombre de las Farc ni afectaran a la población civil.

Un guerrillero conocido como ‘El Tigre’, quien comandó las milicias guerrilleras en las veredas costeras Tumaco de Chagüí, Mejicano, Chajal y Tablones, y hoy hace parte del proceso de paz, culpa a ese grupo disidente de cometer algunos hechos violentos que sacudieron al puerto nariñense el año pasado, como la granada contra un taxi en el barrio Viento Libre, la bomba en una discoteca en diciembre, y la violación y el asesinato de tres niñas menores de edad que fueron encontradas en los manglares.

“Acá no sabíamos nada de eso y como a los tres días la comandancia se dio cuenta de que habían matado a las muchachas. Cuando a ‘Camacho’ lo cogieron para entregarlo, al ‘Mocho’ le dio miedo y se fue como con unos 100 que le seguían a él”, precisó ‘El Tigre’.

En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc

‘Camacho’ y ‘El Mono’, uno de sus subalternos, aparecieron muertos. Al respecto el jefe guerrillero ‘Jairo Salcedo’ confiesa que “la convocatoria de consejo de guerra fue después de lo de las tres niñas”.

Lo mismo le ocurrió a ‘Don Y’, otrora comandante de las milicias en la zona baja de la costa de Tumaco, en lugares como Pital de la Costa, quien también se separó del proceso de paz. Tras su muerte a manos de las Farc, los cerca de 20 hombres que tenía bajo su mando se unieron a los demás milicianos disidentes para conformar un grupo que se identifica como ‘La gente del orden’.

Milicias: modificación al Acuerdo Final difícil de implementar

Ante la presión de las Farc y de los otros grupos que existen en el municipio, entre los que se destacan ‘Los Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Gaitanistas’, los milicianos en disidencia le enviaron una carta a la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, para solicitarle una reunión con las autoridades locales y departamentales, la Fuerza Pública y Naciones Unidas, con el fin de explicar lo que está pasando.

“Teníamos dudas, temor, no veíamos garantías de parte del gobierno [...] En vista de que no aceptamos, se nos dio vía libre de volver a nuestros lugares con una condición de respetar los derechos de la sociedad civil y no meternos en problemas con la comunidad”, dicen en la carta enviada el pasado 5 de enero.

Ellos afirman no estar involucrados en hechos violentos, como los sindica ‘El Tigre’, sino que estos fueron cometidos por “algunos jóvenes desadaptados que no escuchan”, algunos del total de 300 que dicen ser. En la misiva, cuatro hombres que se identifican como ‘El Mocho’, ‘Pollo’, ‘Cardona’ y ‘Junior’ cuentan que les pidieron a los comandantes de las Farc ser acogidos en el proceso de paz y que después de enviar una lista con sus nombres, la solicitud fue rechazada: “a los pocos días nos llegó otro comunicado que ya es tarde para acogernos por los problemas que se están presentando últimamente”.

La carta concluye con una alerta: “En estos momentos seremos blancos de persecución tanto de las Farc-Ep como del gobierno [...] No queremos quedar como una rueda suelta, como delincuentes ante la sociedad, el gobierno y las Farc-Ep, la mayoría no estamos de acuerdo, la mayoría no estamos extorsionando, ni robando, ni matando, ni haciendo desorden en la ciudad ni en el casco rural”.

‘Jairo Salcedo’ fue enfático en decir que la guerrilla no recibe “descompuestos sociales” ni “bazuqueros”, como supuestamente son quienes se unieron a ‘El Mocho’, reiteró que esas personas tienen las puertas cerradas en la zona veredal y que le compete al Estado tratarlos como corresponda.

Mientras esas contradicciones se aclaran, la violencia deja cada vez más víctimas civiles, por ello Pablo Pardo, de la Gobernación de Nariño, pidió una solución urgente a lo que está sucediendo en Tumaco: “la paz para alguien en Bogotá puede demorarse unos tiempos mientras cuadran viáticos, pero la paz o la guerra en los territorios rurales significan la vida o la muerte. Aquí no da espera”.

Sin cumplimiento no hay armas

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Esta es la placa de cemento que terminaron hace una semana y que servirá para las zonas comunes. Foto: VerdadAbierta.com.

 

El riesgo tiende a incrementarse si se tienen en cuenta los problemas logísticos y de acondicionamiento que enfrentan aquellos guerrilleros concentrados en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Tumaco.

 

Uno de los compromisos que quedó pactado en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno nacional y las Farc es que a partir del día 90 los insurgentes comenzaban a dejar las armas gradualmente. Esa fecha, en teoría, comienza este próximo 1 de marzo, pero algunos comandantes guerrilleros sostienen que esa meta está lejos de cumplirse, sobre todo en Tumaco.

El general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares, explicó el pasado 21 de febrero en rueda de prensa que si bien es cierto que los contenedores donde las Farc almacenarán las armas todavía no han llegado a las zonas veredales, ya hay unos “cajones especiales” en las 26 sedes locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, encabezado por la ONU.

El problema en la zona veredal de Tumaco es mucho más grave que la falta de contenedores. Allí no hay aún puesto de salud ni comedor comunitario, tampoco dormitorios. Una de las paradojas es que, a diferencia de otras zonas veredales en el país, a ésta es sumamente fácil llegar, pues el campamento guerrillero estará ubicado a menos de 10 minutos en carro de la vía principal que comunica la cabecera municipal con Pasto.

Tales dificultades llevaron a ‘Jairo Salcedo’, delegado para la construcción de la zona veredal por parte de las frentes Daniel Aldana y Mariscal de Sucre de las Farc, a advertir que no entregarán las armas así lleguen los contenedores.

"Cómo vamos a dar un paso cuando el gobierno ni siquiera nos está cumpliendo con dónde viviremos. Si el gobierno no le pone seriedad a esto, este proceso está en riesgo. Estamos dispuestos a darlo y sacrificar todo por la paz de Colombia, pero tampoco a someternos”, señaló el jefe guerrillero.

Pero en Bogotá tienen una percepción contraria. Carlos Córdoba, gerente del gobierno nacional para las zonas veredales en todo el país, le insistió a VerdadAbierta.com que hay unos compromisos firmados y que en diferentes reuniones las Farc han ratificado el cronograma: “En Tumaco estamos intentando construir ese campamento desde el 20 de diciembre, pero no lo habían permitido ellos. Sólo la semana pasada pactamos el tema de alojamientos y ahora dicen que el gobierno ha incumplido”.

Córdoba explicó que, inicialmente, las Farc querían casas de ladrillo; posteriormente, Henry Castellanos, conocido dentro de la guerrilla como ‘Romaña’ y comandante en esa zona veredal, pidió que los baños estuvieran dentro de las habitaciones, pero esto aumentaba el costo. El tire y afloje se resolvió a mediados de febrero y, según Córdoba, “ya con esto el contratista puede construir”.

Atrasos y divergencias

La zona veredal de Tumaco es una de las más atrasadas de las 26 que hay en el país. En las 8.5 hectáreas que acordaron para el total de la zona, por ahora solo hay un lote explanado de 4.5 hectáreas, donde se construirán los campamentos. De resto se observa el movimiento de una máquina que busca agua potable en el subsuelo, tumultos de arena y piedra que son removidos por un par de excavadoras y, eventualmente, ingresan algunos camiones que van a dejar materiales.

Las cuentas oficiales del gobierno detallan que, para el 31 de enero, cuando llegaron los guerrilleros, había un 0% de avance y desde entonces sólo se ha construido una placa de cemento.

Mientras se construye la obra, los insurgentes están agrupados a casi un kilómetro de distancia siguiendo por la misma carretera destapada camino a La Playa. Por el frente de sus campamentos pasan diariamente pobladores que se dirigen al pequeño puerto sobre el río Mira para enviar o recibir mercancías, o para transportarse a otras veredas del Alto Mira.

Los guerrilleros viven en sus ‘cambuches’ como lo hicieron durante la guerra y obtienen el agua potable a través de una manguera que instalaron en una bocatoma a un kilómetro de distancia, luego de que el carrotanque que enviaba el gobierno nacional no diera abasto. “Estamos en hacinamiento, peor que cuando estábamos en confrontación porque en ese entonces cada uno tenía su caleta, su privacidad”, se quejó ‘Jairo Salcedo’.

Aparte del diseño, lo que ha tenido enredado el avance en la construcción de la zona veredal en Tumaco es una diferencia en el conteo de guerrilleros que vivirían en el campamento. El gobierno nacional dice que son 158, pero para las Farc son poco menos de 300.

“El contrato entre Luket S.A.S. y Fondo Paz dice que la construcción es para 190 personas. Desde que llegamos, ‘Jairo’ nos dijo que eran 300, pero como contratistas no podemos hacer más de lo que está pactado”, explicó Luis Fernando Insuasti, ingeniero residente de obra del proyecto Tumaco - La Variante, que está a cargo de Luket S.A.S.

Él asegura que están en la zona desde el 13 de diciembre del año pasado, pero que sólo comenzaron obras a principios de febrero porque faltaban muchas decisiones como el área, el número de personas y el tipo de material que se utilizará en las construcciones.

El contrato estipula que la zona donde serán los campamentos es de 3.5 hectáreas, pero ante de la insistencia de la guerrilla de que hay 100 personas más, se añadió una hectárea. Actualmente, el terreno está delimitado para 300 personas, aunque las obras siguen sin avanzar. “Un día iban a ingresar 30 obreros, pero no pudieron porque hasta que no me definan las zonas de alojamiento y de personas, no podemos empezar a ejecutar”, sostuvo Insuasti.

Córdoba respondió que después de mucho tiempo de pedirlo, el 12 de diciembre el grupo guerrillero envió una lista de cuántos guerrilleros estarían en cada zona veredal, pero que, en algunos casos, como Tumaco, han llegado más: “Ahora, de manera conjunta entre el gobierno y las Farc, estamos haciendo un levantamiento de registro de cuántos están porque cada cupo de esos es una plata pública importante y no se puede construir un alojamiento más o uno menos”.

Respecto a la posición del contratista, Córdoba dijo que pueden empezar a construir los campamentos para el número de guerrilleros que se pactó y, de ser el caso, luego el gobierno nacional haría una adición de los que falten.

Estos atrasos les hacen pensar a las Farc que el gobierno nacional les está incumpliendo lo pactado y que los quiere someter. “Lo que no logró el gobierno en La Habana quiere demostrarlo aquí. Pero no estamos rendidos sino en un proceso de paz y por ende ni imponemos ni nos dejamos imponer”, advirtió ‘Jairo Salcedo’.

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Farc se dirige a Jean Arnault. "Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación", advierten.

Señor JEAN ARNAULT

Representante del Secretario general de NNUU para el proceso de paz

 El último contingente guerrillero conformado por combatientes de los Frentes Tercero, 14 y 15 de las FARC ya está en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Agua Bonita, en Montañita Caquetá. Se ha concluido de esta manera el ciclo de ubicación de las FARC en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización convenidos. Con este paso trascendental e histórico hemos reafirmado nuestra indeclinable determinación de paz.

Sin embargo, como es de conocimiento público, ninguna de las 26 zonas y puntos tiene la infraestructura para albergar a los guerrilleros en condiciones de normalidad. Todos ellos están pernoctando en cambuches improvisados, y no es cierto que el 80 por ciento de las áreas comunes están concluidas como lo afirma la cancillería y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). A la gente nuestra le ha tocado hacer sus dormitorios con plásticos y palos al mismo tiempo que ponen su mano de obra en la construcción de las mencionadas áreas comunes y de lo que irán a ser sus lugares de vivienda. Si hay demora en las construcciones no ha sido por falta de voluntad de las FARC, sino porque los materiales no llegan a tiempo, aunque advertimos en la última etapa mayor empeño de parte del Gobierno en resolver este tipo de dificultades.

Valga precisar que lo que la cancillería y la OACP denominan Tercera Fase, que sería la construcción de los alojamientos por parte de las FARC, no es una responsabilidad nuestra sino del Gobierno. No obstante obstante, estamos poniendo toda nuestra cooperación, sin que esta aparezca consignada en protocolos, para sacar la obra adelante.

Cualquiera que pase por las zonas podrá percatarse que no hay áreas de recepción y que si los guerrilleros están instalados en las adyacencias de las zonas campamentarias, es precisamente porque no están terminadas. En la mayoría de dichos lugares no están resueltos problemas como el del agua potable, la energía, la conectividad, ni el de la vialidad. ¿Si no hay campamento, qué protocolos se pueden invocar que no sean los del sentido común? En todo caso la guerrilla ha actuado de manera disciplinada, responsable y con absoluta cordialidad e integrados con las comunidades, a las que agradecemos su cálido recibimiento.

Nos parece temerario el apunte gubernamental de que el Mecanismo de Monitoreo guarda silencio “ante muchos hechos violatorios de los protocolos que rigen el CFHBD y la Dejación de Armas”. Esta no es otra cosa que una acusación a las FARC de estar violando los protocolos, lo cual desconoce todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar a las Zonas Veredales, a pesar de la falta de gerencia y de la improvisación del Gobierno. Entre tanto el paramilitarismo se mueve y se extiende a sus anchas amenazando y asesinando a dirigentes populares en las áreas dejadas por las FARC e incluso en sitios aledaños a su actual ubicación.

Nunca la cancillería ni la OACP han planteado en el marco de la CSIVI la realización de un balance con el MM&V como puede derivarse de la lectura de las actas, por lo que no es bueno que de manera prejuiciada el gobierno ahora le eche la culpa de las falencias en terreno a las FARC y a la Misión de Naciones Unidas y no suena bien que la OACP pretenda asumir el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Por otra parte, ¿Si no están terminadas las zonas, dónde se piensa ubicar los contenedores? Pareciera haber más preocupación en el Gobierno por la ubicación de las armas que por la ubicación de la gente.

Estamos totalmente de acuerdo en que lo que siga sea la activación de los protocolos, pero con la realización de las condiciones mínimas para su ejecución. De igual manera, debe darse la activación de la implementación plena para el conjunto de los acuerdos.

Lo que ocurre respecto a las zonas y Puntos Veredales y el Proceso de Dejación de Armas tiene que ver con la implementación de todo lo acordado, y en esto, el cumplimiento de los compromisos debe ser recíproco. Pacta Sunt Servanda: lo pactado obliga y debe ser cumplido de buena fe. Respondámonos a esta sencilla pregunta: ¿Si el Acuerdo de Paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso en representación del pueblo, por qué pretenden algunos voceros de la institucionalidad modificar el texto de los compromisos?

Todos sabemos que hay un concierto de enemigos de la reconciliación que desde hace rato está buscando destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, sabotearla, enredarla con sofismas para proteger a terceros, es decir, a quienes sin meter la mano directamente, dieron órdenes que causaron victimizaciones o de otros que financiaron al paramilitarismo, y que como denominador común, le tienen miedo a la verdad. No se pueden mezclar el agua y el aceite que son la JEP y la Jurisdicción ordinaria, aduciendo de mala fe, la persecución a delitos de ejecución permanente.

Es el colmo que después de varios meses de firmado el acuerdo no haya seguridad jurídica para los guerrilleros de las FARC.

Que la implementación no sea convertida en una nueva renegociación, por favor. Y debe entenderse que los compromisos son de ambas partes. En consecuencia, por ejemplo, antes de fijar fechas límites para la Dejación de Armas, debiéramos fijar los plazos para la materialización de aspectos de los acuerdos que ya debieran estar cumplidos.

Necesitamos que se aplique la Ley de amnistía aprobada hace 45 días por el Congreso de la República para que el proceso se llene de confianza. Que se produzca ya la excarcelación de los guerrilleros y de todos aquellos privados de la libertad por su involucramiento en el conflicto, especialmente, de todos los detenidos como consecuencia de la protesta social. Que los guerrilleros ni nadie piense que pueden estar siendo engañados.

Estamos dispuestos a presentar a la mayor brevedad las listas de los compañeros y compañeras que deben moverse por todo el país haciendo pedagogía de paz, pero ¿cómo completar estos nombres si seguimos a la espera de la liberación de los amnistiados? Ni siquiera los indultables por vía de la ley 418 han terminado de salir de las cárceles.

Por todo lo anterior, es que las FARC están planteando en la CSIVI, no solamente el comienzo de la segunda misión de Naciones Unidas, sino la activación inmediata del componente internacional de la implementación, como la participación, en los términos del acuerdo, de todas las instancias internacionales previstas en el mismo.

Y dentro de estas circunstancias aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas.

Cordialmente,

ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

 

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