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El martes a las 8.30 pm, cerca al hospital de Toribío, en el Cauca, José Yatacué fue abordado por hombres encapuchados, que le dispararon seis veces y huyeron. Tenía 35 años, era indígena y comandaba desde hace 18 las milicias en esa zona del país “incluso dentro del proceso de paz”, de acuerdo con Mireya Andrade, integrante del componente de las Farc en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV).

Según un texto al que tuvo acceso ¡Pacifista!, el guerrillero asesinado “recibió una llamada de John Ramírez quien le manifestó que le llevara un espejo a la salida del pueblo de Toribio al frente del Hospital y ahí lo asesino.

Este sicario pertenece a estos grupos que se hacen pasar por el EPL y ELN”. Los comandantes del Punto Transitorio de Normalización (PTN) de Monterredondo, la más cercana a Toribio, preparan “un comunicado público denunciando los hechos con nombres y apellidos de quienes son los responsables de estos grupos y quien fue el asesino”, según el documento.

Este hombre era conocido en la guerrilla como ‘Jaider Villa’, fue censado por las Farc así que hacía parte de los guerrilleros que iban a ser indultados una vez concluyera el proceso de concentración. Sin embargo, tenía “permiso” para volver a su casa “a responder por las necesidades de su familia, como siempre lo ha hecho”, señala Andrade. ¡Pacifista! conoció la información de la muerte de Yatacué por líderes sociales de la región y también pudo establecer que el Mecanismo prepara un informe al respecto.

Sin embargo, nadie del componente del gobierno ni de la ONU se ha pronunciado oficialmente. La muerte de Yatacué se suma al asesinato, el pasado 16 de abril, de Luis Alberto Ortiz, un guerrillero que “había salido a principios de abril de la cárcel de Vista Hermosa con el beneficio de la amnistía”, según informó en su momento Caracol Radio. El guerrillero fue asesinado en la vereda la Guayacana, en el municipio de Tumaco, Nariño, donde vivía. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación también investiga las circunstancias en las que Ortíz fue asesinado.

Noticia en desarrollo…

 

Publicado en Cultura / Sociedad

Luego del asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, integrante de las FARC y beneficiario de amnistía en el marco del proceso de paz con esa guerrilla, las FARC han denunciado, constantemente, la presencia de grupos paramilitares en Tumaco y en el pacífico colombiano, según ellos son por lo menos 10 estructuras que intentan ejercer el control de la región.

Según Romaña, ellos tienen claro que hay una complejidad de estructuras paramilitares que operan en Tumaco, Llorente, el Rosario y “eso no es un secreto de todo el pueblo nariñense ni de la fuerza pública o las demás unidades del Estado” y resalta que, aunque Nariño y Tumaco son zonas piloto para el desmantelamiento del paramilitarismo “no se ha hecho hasta el momento nada”. Solamente en este año han asesinado 140 personas en Tumaco, denunció. (Le puede interesar: Precariedad, corrupción e inseguridad en Zonas Veredales)

Edison Romaña, comandante de la Zona Veredal Transitoria de Normalización, Ariel Aldana en Tumaco, afirmó que hay mucha tristeza en los integrantes de las FARC EP que habitan allí porque Ortíz, conocido como “Pepe” era muy querido por sus compañeros. Por ello, exigieron, una vez más, que se apliquen todas las garantías de seguridad integrales acordadas con el gobierno.

El comandante de la ZVTN también resaltó que “a pesar del temor, también hay nostalgia porque era un guerrillero muy querido”, según explicó se ha hablado del tema, pero también del compromiso que tienen los integrantes de la guerrilla con la implementación del acuerdo y la transición a un partido político que se conformaría en Agosto. (Lea también Asesinado integrante de las FARC en Tumaco)

En cuanto a las garantías de seguridad, para Romaña no se trata de ponerle “guardaespaldas” a los integrantes de las FARC que en desarrollo de la libertad otorgada por la amnistía, sino que es necesario aplicar, no solamente las garantías de protección, sino también las garantías para el ejercicio de la política y la dejación de armas.

Construcción de Zona Veredal avanza en 40%

 Respecto de las afirmaciones del gerente de las Zonas Veredales, la zona Ariel Aldana era una de las más problemáticas, sin embargo se citó una reunión que permitió superar los impases y seguir avanzando, aunque lento se está haciendo. “Consideramos que en dos o tres meses de pronto, si siguen con el ritmo que van, hacen entrega de este campamento”.

 
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Miremos con detenimiento este video made in Farc, que tanto le molestó al presidente del senado de Colombia.

 

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Jueves, 20 Abril 2017 01:27

Guerrillero indultado es asesinado

Informa la Zona Veredal "Ariel Aldana" de las Farc ubicada en Tumaco. "Hace quince días había salido de prisión"....A pesar de un Acuerdo entre gobierno y Farc, se asesinan líderes y lideresas sociales ahora directamente un miembro de esta organización insurgente en transito a la vida política sin armas.

  

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Alvaro Leyva, asesor del proceso de paz, reveló a través de su cuenta de Twitter que el exministro de Protección Social Diego Palacio y los generales Arias Cabrales y Jaime Uscátegui firmaron un acta de compromiso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Uscátegui fue condenado a 37 años por omisión en la masacre que realizaron los paramilitares en Mapiripán en 1997.

Por su parte, el general Cabrales está condenado a 35 años por su presunta participación en los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Así mismo, Diego Palacio se vio envuelto en el escándalo de la ‘Yidispolítica‘ en la que fue acusado de ofrecer favores a cambio del voto a favor de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, hechos por los que fue condenado a seis años.

“Se espera que los jueces correspondientes autoricen la libertad condicional y anticipada de Palacio, y de los generales Arias y Auscátegui”, señaló Leyva en su cuenta personal de twitter.

El papel de la JEP

Cabe recordar que la Justicia Especial para la Paz, acordada entre el Gobierno y las Farc, será la que procesará a guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública, particulares y agentes del Estado involucrados en el conflicto armado de más de 60 años.

Esta norma crea además el sistema de verdad justicia y reparación en el que se establece la Comisión para la Búsqueda de la Verdad, la Comisión para la Búsqueda de Desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual investigará las conductas ocasionadas en relación con el conflicto antes del primero de diciembre de 2016.

En alianza con Canal Capital

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Con 95 votos a favor y 6 en contra fue aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Cámara de Representantes, como parte de las medidas pactadas entre el gobierno y las FARC para cumplir con la implementación de los acuerdos, luego de esto la JEP deberá pasar a sanción presidencial .

Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que ha existido una lentitud en puntos en que se ha pretendido re negociar los acuerdos de paz e incumplimientos con lo que se firmó en el Colón, y agregó que existen reservas frente a las modificaciones de la JEP  y“como quedo finalmente esta reforma a la Constitución”.

Las reservas a las que la representante se refieren, son la responsabilidad en la cadena de mano y la responsabilidad de terceros en el conflicto armado, en ambas situaciones Robledo y Alirio Uribe presentaron dos proposiciones, la primera buscaba acotar y precisar la responsabilidad de mando de las Fuerzas Militares, que ha quedado difusa, encendiendo las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional. Le puede interesar: "Si Estado no juzga a empresarios y mandos militares que lo haga la CPI"

La segunda era sobre la manera en la que quedaron blindados los terceros involucrados en el conflicto armado, sin embargo, ninguna de las proposiciones pasó y tanto víctimas como organizaciones sociales han expresado la posibilidad de que la impunidad continúe. Le puede interesar: "Abril es el plazo para tareas pendientes en Implementación de Acuerdos de Paz"

No obstante, Robledo indicó que aún falta la revisión y aprobación del texto por parte de la Corte Constitucional, que podría esclarecer estos dos puntos y la importancia de una movilización social para que no le metan “conejos” a la JEP.

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Martes, 28 Marzo 2017 07:06

Guerrilleros en cambuches -Caldono/Cauca

Antonio, comandante Farc: "Sin campamentos no entregamos armas"  " En tiempos de guerra estabamos acostumbrados a vivir en unidades pequeñas de 26 personas " " Aqui 500 personas"

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En un comunicado emitido por la fuerza de tarea conjunta Pegaso, del Comando del Ejército Nacional, lleno de muchas imprecisiones, se anunció la desmovilización y entrega hoy de 117 de personas en Tumaco.

Llama la atención que la inteligencia del ejército en Tumaco, una de las más versadas en estas lides, reciba a 117 personas, diciendo que “al parecer son integrantes de las Redes de Apoyo a la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc”. Es un tanto increíble que los reciban, que organicen un gran cubrimiento mediático y sin embargo, aún no saben con certeza de que grupo son.

El comunicado castrense no está firmado por autoridad alguna pero si se asegura que la opinión publica sepa que en el proceso intervinieron la Alcaldía Municipal de Tumaco, la Organización de Naciones Unidas –ONU-, Defensoría del Pueblo, ICBF, CICR, Diócesis de Tumaco y Personería. Sería bueno que estas entidades se pronuncien ¿en calidad de qué participaron en este proceso?, ¿en qué momento del proceso intervinieron? y si ¿se aplicaron los protocolos que para estos casos deben aplicarse? a fin de determinar la veracidad de los hechos y de quienes se presentan como supuestos excombatientes.

Pero otro lado, hay un hecho muy sospechoso. De 117 supuestas personas desmovilizadas, el ejército solo haya recibido un armamento compuesto por “Un fusil AK-47, un fusil R-15, un fusil M-1, una subametralladora, 13 pistolas de diferentes calibres, siete revólveres de diferentes calibres, tres granadas hechizas, una granada de mano y dos radios de comunicación”, es decir se recibió un promedio de 0.24 armas con excombatiente. Nunca jamás se había visto un promedio tan bajo en un proceso de desmovilización.

El comunicado informa que los menores de edad fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sería interesante que el ICBF, entidad que ha sido muy acuciosa en el el reclamo de menores de edad a las Farc-Ep en este proceso, informe a la ciudadanía cuantos niños recibió y en qué condiciones los encontró?

El comunicado termina con la consigna “¡La Pegaso es Nariño!” queriendo ocultar lo inocultable. Que esta es otra farsa y otro show y montaje que recuerda la tristemente célebre desmovilización del frente “Cacica la Gaitana” engaño dirigido y orquestado por el Uribismo a través del también tristemente célebre y prófugo de la justicia colombiana Luis Carlos Restrepo, show montado con dineros del Estado, de la comunidad internacional, y hasta de un narco, que sirvieron para “pagar el silencio” de quienes participaron del “show”

Todo esto huele mal. Ojala las entidades de gobierno local, del ministerio público y de cooperación que participaron, no hayan sido asaltadas en su buena fe. Amanecerá y veremos

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La implementación del Acuerdo Final suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano el 24 de noviembre en Bogotá camina lentamente. El calendario avanza, no así el cronograma establecido o, al menos, no al mismo ritmo. Teóricamente, el próximo 31 de mayo finalizará el proceso de dejación de armas. Para ese día, todo el armamento de la guerrilla estará en manos de la ONU y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización habrán dejado de tener vigencia. Pero cuando falta poco más de tres meses para ello, las 26 Zonas y Puntos Transitorios siguen sin estar habilitados en su totalidad.

La aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, se ralentiza. Los jueces de ejecución de penas, los responsables de tramitar las solicitudes, amenazaron incluso con ir a la huelga alegando falta de recursos. Y aún faltan por diseñar los programas que posibiliten la reincorporación social y económica de los combatientes, piedra angular para garantizar una paz estable y duradera. El Gobierno cubano ha dado un importante paso en ese sentido, ofreciendo tanto a las FARC como al Gobierno mil becas para cursar estudios de Medicina en la isla caribeña. Bogotá ha cedido sus 500 plazas a la guerrilla.

El abogado Enrique Santiago es uno de los artífices de los acuerdos de La Habana. A medio camino entre Madrid y Bogotá, sigue asesorando a las FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). En entrevista con GARA antes de participar en las jornadas sobre desarme organizadas los pasados viernes y sábado por Bakebidea en Biarritz, analiza el escenario actual que, aunque previsible, no está exento de peligros tales como un posible aumento de la disidencia.

El Senado colombiano acaba de aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué supone este paso en el contexto actual y cuándo se pondrá en marcha a efectos prácticos?

Es un paso trascendental en cuanto a la implementación y cumplimiento de lo acordado. Es la puesta de largo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En cuanto a su aplicación práctica, el Comité de Escogencia tiene como máximo seis meses para elegir a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los comisionados de la Comisión de la Verdad, al director de la Unidad de Búsqueda… en total a 83 funcionarios. Esperemos que sea antes aunque, la verdad, parece complicado. En todo caso, en seis meses deberían haber elegido a los jueces; y estos necesitan un mínimo de tres meses para elaborar los reglamentos y normas de procedimiento, con lo cual veo muy difícil que antes de nueve meses comience a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay un plazo de entre seis meses y un año para la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Todo el sistema podría y debería estar funcionando plenamente como máximo en un año, lo cual permite que se vaya normalizando la situación política y se vaya avanzando en la implementación.

El pasado 30 de diciembre fue aprobada la Ley de Amnistía, sin embargo, su aplicación está siendo cuando menos lenta.

Es una situación increíble porque estamos ante un supuesto de no aplicación consciente de una ley por parte de los propios jueces. No se recuerda un proceso de paz en el que haya ocurrido algo similar; que habiendo sido aprobada una ley por el Congreso y un posterior decreto reglamentario, se siga sin aplicar. Incluso el 1 de marzo los jueces de ejecución de penas amenazaron con un paro judicial argumentando que no tienen recursos. En cualquier Estado que se considere un Estado de derecho sería un desafío, una irregularidad que debería tener repercusiones institucionales. Los jueces de la Justicia ordinaria francamente no están a la altura del momento histórico, no están entendiendo la trascendencia de este momento y están actuando de forma corporativa. Da la impresión de que se sienten ofendidos por el mero hecho de que se haya creado una Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en realidad es una oportunidad para el poder judicial. Con un 95% de impunidad, no solo en crímenes relacionados con el conflicto sino en hechos de delincuencia común, la Jurisdicción Especial para la Paz permitirá descongestionar los juzgados ordinarios. Se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo. Pero, de alguna forma, se contaba con ello. El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, más que un acierto, fue una necesidad porque es obvio que hay instituciones que han sido tan permeadas e imbuidas por el conflicto que les cuesta mucho trabajar por la reconciliación y la nueva Colombia. No obstante, en las últimas semanas ha habido un incremento en el número de amnistías. Si bien hasta el 17 de febrero las amnistías concedidas no llegaban a 20, desde el 1 de marzo se han otorgado 60 más. Esa progresión se debe a la presión de la comunidad internacional.

Otro de los puntos que preocupa es la falta de programas de reincorporación económica y social de los guerrilleros.

Es sumamente preocupante el retraso imputable a la falta de dirigencia y gestión por una parte del Gobierno colombiano y, por otra, a una clara voluntad política de otras instituciones que también tienen que intervenir en la implementación, que no solo corresponde al Gobierno sino también a la Fiscalía, al Congreso… Los retrasos habidos hasta el momento son imputables al Estado colombiano; las FARC están cumpliendo sus responsabilidades respecto al proceso de dejación de armas. Lo que más me preocupa es que este incumplimiento, a veces por incapacidad o incompetencia y, otras, de forma intencionada, pueda provocar desafecciones y disidencias en lo referente a la reincorporación económica y social. Siendo un punto muy delicado, fue el que más se vio afectado por el resultado del plebiscito y la posterior renegociación. En el segundo acuerdo hubo una involución, un recorte presupuestario en los programas de reincorporación. Uno de los argumentos absolutamente falseado e inadecuado de los defensores del «no» fue el alto presupuesto que iban a suponer, cuando todo lo que el Estado va a invertir en esos programas de reincorporación durante los próximos dos años equivale al presupuesto de diez días de guerra. Ni uno más. Si esos programas no se ponen en marcha se puede producir una desafección y desinterés de los guerrilleros de base y el inicio de un proceso en el que cada quien decida resolver su situación por su cuenta, lo cual es muy peligroso en un país donde continúa habiendo violencia e importantes economías ilícitas. Es muy irresponsable que el Estado no esté resolviendo de forma seria y coherente lo establecido en el Acuerdo Final respecto a los programas de reincorporación.

Teniendo en cuenta los retrasos en la implementación, ¿cómo se presenta el 1 de junio, el día después al «D+180», que establece el fin del desarme?

El problema no es tanto el retraso en cuanto a las incomodidades que está generando en las Zonas Veredales, sino que envía una pésima señal porque evidencia un incumplimiento y mala gestión por parte del Gobierno. El problema es que hay voces vinculadas al «no» que lo que pretenden es una especie de volatilización de los guerrilleros cuando llegue el «día D+180». Pero los guerrilleros no van a desaparecer de los territorios, por razones obvias, aunque algunos así lo quieran. Esa es una visión absolutamente equivocada que no se corresponde con lo que dicen los acuerdos de La Habana. Los antiguos guerrilleros deben permanecer en los territorios –de influencia histórica de la guerrilla– una vez que dejen las armas. Es una necesidad porque es en los territorios donde se deben poner en marcha los planes de desarrollo económico y social y los proyectos colectivos diseñados en el Acuerdo Final. Es un elemento favorable que permanezcan el mayor tiempo posible en esos lugares de forma cohesionada para evitar la dispersión. Ese es uno de los debates abiertos ahora.

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"...condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.", afirma a semana.com Alvaro Leyva

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Semana.com.: Van tres meses desde que arrancó la implementación del acuerdo, ¿cuál es su primera impresión?

Álvaro Leyva.: Hay que acelerar. Soy asesor de las comisiones, se está avanzando a un ritmo lento. Las cosas al comienzo son difíciles, pero hay que meterle el acelerador. Eso va a pasar porque no es simplemente lo que se acordó sino que hay una serie de iniciativas que tienen que surgir. Algunas de ellas para aclarar temas en la toma de decisiones.

Semana.com.: El lunes se activó la columna vertebral del acuerdo en el Congreso, ¿cree que a última hora se hicieron cambios sustanciales?

A. L.: Uno fundamentalmente: condicionaron la política. Los acuerdos se suscribieron y están hechos de tal manera que no se podían cambiar en esencia. Esto porque la paz es el cambio de las armas a la política. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. La realidad es que no es sólo una entrega de armas, aquí dejas de utilizarlas para hacer política y buscas otra manera de hacer política. Esa es la finalidad, sino no, no habría paz. Hubo un cambio unilateral y eso hay que revisarlo. Es muy comprometedor.

Semana.com.: ¿Por qué?, explíquese...

A. L.: En las zonas donde están concentrados hay comandantes -no hablo del Secretariado- que estarán diciendo: ¡Un momento!, esto no es lo acordado. Yo me voy. El ajuste que se agregó puede introducir desórdenes o una invitación a que no se acoja la decisión del Congreso. Es muy peligroso porque ya los acuerdos están refrendados. Esa refrendación se hizo con la aprobación de la Corte Constitucional que lo acaba de reconfirmar. Pero no sólo eso, ese acuerdo fue el que se elevó a Acuerdo Especial. El que se avisó a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,  no se puede estar moviendo de la noche a la mañana sin ningún tipo de negociación. Afortunadamente para eso es la conciliación de la semana entrante en el Congreso.

Semana.com.: Usted cree que el ajuste que condiciona la participación política de las FARC, ¿se podrá reversar?

A. L.: Yo no sé, pero van a tener que hacer algo porque lo que está de por medio es la paz. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa.

Semana.com.: ¿Se lesionó la confianza que habían construido el Gobierno y las FARC?

A. L.: Claro que sí, porque es un cambio fundamental en las reglas del juego. Ahora, aquí cabe el principio de que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Son muchos guerrilleros y comandantes en los sitios y lo que no se quiere de ninguna manera es una especie de diáspora de comandantes. Lo mío es una voz de alerta.

Semana.com.: Los cambios que se hicieron, ¿le dejaron la puerta abierta a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz?

A. L.: Ellos se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos suscriben con la base de que se acogen a la JEP, el modelo restaurativo. Esta es una jurisdicción para ellos y todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con el conflicto, hayan sido combatientes o no.

Semana.com.: ¿Víctimas del M-19 y el paramilitarismo también?

A. L.: Allá puede ir el hijo de José Raquel Mercado. Hace parte, lo mataron por el conflicto. Él dice: quiero que me relaten la verdad. Tendrá que ir alguien del M-19 a contar su versión. También todo lo del Palacio de Justicia va para allá. El paramilitarismo ha tenido su propia jurisdicción pero dependerá del caso. Si son situaciones vinculadas al narcotráfico del paramilitarismo de ninguna manera. Allá va a ver de todo, pero eso es muy importante porque es la única manera de pasar la página.

Semana.com.: En ese sentido, los excombatientes de la guerrilla que están en Justicia y Paz que no cumplan el tiempo para acceder a la libertad condicional, ¿van a parar a las zonas veredales?

A. L.: Las situaciones no definidas jurídicamente, que estén en investigación, sujetas a decisión de un juez pasan a la Jurisdicción Especial de Paz. Las pasan los jueces, la jurisdicción ordinaria, el fiscal, el contralor, el procurador, la Comisión de Acusaciones, la justicia penal militar. Todos pueden ir a las zonas, todos. Así no sean queridos o sí queridos. No van al mismo punto sino un sitio aparte. Pero eso no es un problema de afecto. Habrán quienes han peleado con el vecino pero la norma no dice: ‘siempre y cuando se quieran mucho‘.

Semana.com.: Se ha hablado de unas milicias en Tumaco que se apartaron de las FARC y ahora se quieren volver a integrar, ¿eso es posible?

A. L.: Se ha dicho que si se reincorporan a las filas y demás, no hay ningún problema. La Jurisdicción Especial apenas se está montando. Es decir, si se normaliza su situación de alzamiento, por decirlo de alguna forma, si no salen corriendo si regresan a la filas, no hay problema. Eso entra al sistema.

Semana.com.: Si ya está funcionando la Jurisdicción Especial de Paz y deciden someterse, ¿deben tocar la puerta de la JEP o la ACR?

A. L.: Tiene que pasar por las fauces de la justicia especial donde se conoce su caso y se define su situación jurídica.

Semana.com.: Igual como lo manifestaron algunos miembros del Congreso, ¿usted cree que la justicia que se les aplicará a los militares es un regalo envenenado?

A. L.: Un juez que conozca el sistema, aplica las normas -en este caso- del Estatuto de Roma. Algunos dirán que se aprobó una limitación en el Congreso, pero no. Yo no califico nada, como eso del regalo envenenado y menos los regalos que hacen los demás. Pero eso no fue el presidente, fue una exigencia de ellos. Eso lo sabe el general Mora. Cuando él firma el documento con los retirados contradice todo su trabajo de La Habana. Ahí está el Estatuto de Roma que es lo que se aplica.

Semana.com.: Muchos criticaron que la responsabilidad de mando fuera explícita para la fuerza pública y no para las FARC, ¿usted qué cree?

A. L.: No es que eso es explícito o no es explícito. Un juez no necesita que sea de una u otra forma. Sino que analiza el hecho y las circunstancias. La verdad es que hay una equivocación en la forma de mirar el asunto. Las normas son muy claras. Un juez con conocimiento, informado, estudioso que maneje las normas internacionales sabe que hay una prevalencia de la aplicación del Estatuto de Roma así en Colombia se haya querido limitar. Es como lo de la Ley de Amnistía. Uno de los artículos del protocolo dos dice que habrá la amnistía más amplia posible para los combatientes en el momento de terminar las hostilidades pero no dice guerrilla o militares y la llama amnistía.

Semana.com.: ¿A qué se refiere?

A. L.: Usted sabe que el hábito no hace el monje. Un militar puede ir ante el juez y decir yo quiero que me apliquen el protocolo dos porque hay una obligación. Es imperativo y no es reglamentable. Esa es la norma que me beneficia y por tanto quiero que me apliquen la amnistía. Entonces no se puede decir no la llame amnistía que aquí estamos señalando que se llama de otra manera: un tratamiento especial, no. Las cosas son como son y por eso hay que estar muy sujeto a la sabiduría de los jueces que yo aspiro sean conocedores de todas estas normas internacionales. No me preocupo tanto porque diga en un momento determinado X en vez de Y, en una norma aprobada en el Congreso. Lo fundamental es lo que diga la norma universal, en este caso el Estatuto de Roma.

Semana.com.: De lo que se aprobó en el Congreso, ¿qué más le preocupa?

A. L.: Siento que la condición que se puso deja de ser un proceso de paz en el sentido de que se entreguen las armas para hacer política. Es el cambio de las armas por política. No es un problema del gusto del consumidor. Lo que se hizo en La Habana fue eso. Eso sí puede tener unas consecuencias delicadas porque habrá mucha gente concentrada en las zonas veredales que está señalando que les cambiaron las reglas del juego.

Semana.com.: ¿Qué piensa de la Comisión que elegirá a los juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

A. L.: Son connotados, conocedoras e importantes. Va a haber críticas siempre, olvídese de que no. A pesar de las crítica hay una cola de gente solicitando ser juez, tanto que me impresiona. Donde uno está siempre llega alguien pidiendo que se le recomiende y eso no es así. Hay muchas críticas, pero hay muchos candidatos.

Semana.com.: ¿Aspira ser miembro del Tribunal Especial de Paz?

A. L.: No, para nada. De los seis que trabajamos estos cuatro años, todos estamos impedidos. Estamos expresamente impedidos.

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