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El padre Javier Giraldo asegura que el fenómeno paramilitar se ha incrementado en regiones como el Pacífico. Semana.com habló con él.

Paramilitares dicen que trabajan conjuntamente con el Ejército: padre Javier Giraldo

La estela de víctimas que a su paso deja la violencia en Colombia no ha tocado techo. Más de 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas es el parte que entregó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su más reciente informe El paramilitarismo sí existe.

Una vez más la organización defensora de derechos humanos llama la atención sobre "la expansión del paramilitarismo" que, según sus investigaciones, se expresa "mediante los sistemáticos ataque contra la población", y se ha incrementado durante la implementación del acuerdo de paz, con "la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persecución a líderes políticos y de izquierda".

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá. Semana.com habló con él sobre lo que viene pasando en los límites entre Antioquia y Chocó.

Semana.com: ¿Cuáles son los hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Padre Javier Giraldo: Uno de los datos que sobresale en la revista Noche y Niebla es que el peso del paramilitarismo es grave. Incluso, se equipara a las violaciones de la Policía Nacional que tienen más o menos el mismo número de victimizaciones. En las de los paramilitares predominan las amenazas, pero también hay un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los resultados contrastan con un discurso que parece común y corriente de parte del Gobierno que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo e insiste en llamarlos delincuencia común. Fueron todas las denuncias que llegaron a La Habana las que obligaron a redactar un capítulo especial para combatir el paramilitarismo.

Semana.com: ¿Qué características le devuelven al Clan del Golfo, Los Rastrojos y Aguilas Negras el calificativo de paramilitares?

P. J. G.: La palabra paramilitar indica etimológicamente que hay una relación estrecha con lo militar, con la fuerza pública. Esa relación ha existido desde hace poco más de 50 años. Existe una forma legal de los paramilitares que son redes de civiles que han sido involucrados a tareas de guerra. Lo que presentamos en la rueda de prensa es mi propia experiencia en el territorio de San José de Apartadó donde hace 20 años conocemos el cuartel general de los paramilitares en una vereda que se llama Playa Larga. Allí se han ido expandiendo y por eso mostramos los mapas de las veredas que han ido controlando progresivamente. La serranía de la Uribe en los límites de Antioquia y Córdoba está controlada por ellos al igual que Apartadó y Turbo. Hay un territorio bastante grande que está bajo su control.

Semana.com: Se fue muy atrás, ¿su surgimiento no se ubica en las dos últimas décadas del siglo XX?

P. J. G.: La aparición del fenómeno paramilitar está ligado a una misión militar de Estados Unidos en febrero de 1962 que hizo un análisis de la situación social del país. De eso quedaron unos informes en los cuales prácticamente se ordenaba entrenar grupos mixtos de civiles y militares. En uno de los párrafos textualmente hablan de establecer acciones terroristas-paramilitares, como una forma de combatir los grupos simpatizantes al comunismo. Aunque hay versiones oficiales que los ubican en la década del ochenta como una reacción a acciones de la guerrilla, la verdadera historia arranca en los sesentas y está ligada a la estrategia oficial de la fuerza pública.

Semana.com: ¿Con cuál presidente se comenzó a configurar?

P. J. G.: Por ejemplo en 1965 el presidente Guillermo León Valencia sacó un decreto -el día de navidad precisamente- para legalizar esa relación entre militares y paramilitares. Autorizaba que los primeros le entregaran armas de su uso exclusivo a civiles para conformar esos grupos. Sin embargo en 1989 la Corte Suprema y el presidente Virgilio Barco motivados por las atrocidades que denunciaban por todo el país suprimieron esos artículos. Poco después César Gaviria encontró otra manera de legalizarlos y fue quitando una ley que regulaba las empresas privadas de seguridad. Finalmente, Samper se apoyó en eso para crear las famosas Convivir y cooperativas de seguridad privada que fueron la forma de paramilitarismo legalizado.

Semana.com: ¿Esas figuras jurídicas están vigentes?

P. J. G.: Sí, aunque en 1998 la Corte Suprema abocó la inconstitucionalidad de las Convivir, terminaron declarándolas constitucionales como los son actualmente. El expresidente Uribe tuvo una estrategia más pensada y planeada para legalizar el paramilitarismo en el momento en que daba la impresión de que los estaba desmovilizando. El encontró otra forma de legalizar este involucramiento de los civiles en la guerra cercanos a la fuerza pública como son las redes de informantes y cooperantes.

Semana.com: ¿En qué se parecen estos nuevos paramilitares a los del siglo pasado y que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe?

P. J. G.: En el discurso oficial se dice que estas "bandas criminales" no tienen ideología política, que son delincuentes ligados al narcotráfico, que no tienen relación con la fuerza pública ni con grandes empresas, pero eso es falso. Cuando uno analiza los mensajes que mandan amenazando a la gente uno se da cuenta que están defendiendo proyectos del gobierno, de empresas trasnacionales y son enemigos a muerte de los movimientos populares. A veces critican al presidente, pero apoyan la institucionalidad, están ligados a la fuerza pública, tienen todos los rasgos del paramilitarismo desde que comenzó a existir. Presentarlos como bandas nuevas, sin ideología política es una manera de ocultar su identidad y con esos discursos lo que hace el Gobierno es encapucharlos ideológicamente.

Semana.com: ¿Cuál sería la razón para negar la existencia de los paramilitares?

P. J. G.: La razón es clara. El nombre paramilitar denuncia una relación con la fuerza pública, por eso no le conviene al Estado. A estos grupos le encomiendan las tareas más sucias. En los últimos meses en Urabá la Comunidad de Paz ha optado con que cuando ellos llegan a una vereda a amenazar a la gente, se crea una comisión y se van a enfrentarlos y decirles que respeten la zona. Sin embargo, de camino se han encontrado con el Ejército que está por ahí cerca y les reclaman: "vea ahí están, están violando el espacio de la comunidad. ¿Por qué no los combaten, no los persiguen? El Ejército ha dicho varias veces con mucha claridad: “no los vamos a perseguir”. Los paramilitares han dicho que ellos trabajan conjuntamente con el Ejército.

Semana.com: Explíquese...

P. J. G.: En una ocasión le dijeron a la comisión de la comunidad que fue a enfrentarlos: “mire, nosotros a ellos no los perseguimos. A los que vamos a perseguir es a ustedes si siguen denunciando la presencia de ellos aquí". Los paramilitares por su lado dicen que lo que menos van a tolerar es lo que ellos llaman sapos o denunciantes. Dicen: "si la comunidad sigue denunciando, la vamos a acabar". Ese es el conflicto que se vive en este momento.

Semana.com: ¿Quiénes alimentan esas organizaciones son los mismos que alguna vez las conformaron?

P. J. G.: Los campesinos conocen a la gente y por los caminos donde se encuentra todo el mundo ellos saben quiénes están en estos grupos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos se desmovilizaron en el tiempo de Uribe pero regresaron. Algunos eran guerrilleros que desertaron hace unos años y el Ejército se los llevó a entrenar a la Brigada 17. Es gente conocida, de hace mucho tiempo. Deben haber personas nuevas, pero el núcleo fundamental es antiguo.

Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

P. J. G.: Evidentemente, por ejemplo, en la zona pacífico como Curvaradó o Jiguamiandó los grupos que están haciendo presencia allí están muy ligados empresarios que se tomaron esa región para sembrar palma africana. Cuando la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto, ordenó al Ejército combatirlo e incluso capturar a algunos de los patrocinadores de esos grupos que le usurparon las tierras a las comunidades negras. El Ejército hace esa obra de teatro de ir a estar ocho días y coordinarse con ellos para que a los días salgan y vuelvan a entrar los paramilitares. Ahí hay un interés de tierras para empresas palmeras y mineras. El alto tribunal lanzó la voz alarma sobre la minería. En Chocó hay explotación de oro, carbón y estos grupos prestan un servicio a esos proyectos.

Semana.com: ¿Sabe en qué quedó el capítulo de La Habana que propone desarticular el paramilitarismo?

P. J. G.: Sí, se redactó un capítulo que tiene 20 estrategias pero a mi modo de ver todas son un saludo a la bandera. La mayoría de ellas ya se habían ensayado y no dieron resultados. Por ejemplo, la de llegar a un pacto político para condenar el paramilitarismo, eso puede hacerse pero estamos llenos de declaraciones y pero ninguna incide en la realidad. Se pensó en una unidad de fiscalía y se nombró a la magistrada, pero el fiscal se le atravesó en la mitad.

Semana.com: Entonces, ¿cuál es su propuesta?

P. J. G.: Que se toque el corazón del paramilitarismo para que realmente haya un control y desaparición de este fenómeno. Si no se toca la relación entre militares y paramilitares que ha permitido actuar y sobrevivir no se está atacando en lo más mínimo el fenómeno. Se hicieron propuestas muy concretas, por ejemplo, que cada vez que se denunciará la presencia de grupos armados no so se mandara sólo una patrulla -que en algunos casos está ya coordinada para que diga que eso era mentira, que allá no había nada- sino que también se pusiera en una investigación de fondo al comandante de la unidad a quien se le diera unos días para que explicará el porqué de la incursión y las medidas que está tomando para controlar el fenómeno y si la explicación no era satisfactoria se destituyera. Sólo así, creo que se podría controlar.

Publicado en Cultura / Sociedad

En un video publicado en su cuenta de Facebook, el senador Álvaro Uribe por el partido Centro Democrático invitó a la comunidad internacional a intervenir en Venezuela. Sus declaraciones se suman a las del presidente Juan Manuel Santos, quien la semana pasada manifestó que “la Revolución Bolivariana fracasó”.


En el video, Uribe señala que la situación de Venezuela es comparable a la crisis humanitaria por la que atraviesa Siria: “Esta tiranía tiene la misma gravedad de las armas químicas que Siria utiliza contra sus ciudadanos”. Señaló además a funcionarios del gobierno venezolano de ser “socios de la criminalidad”.

Tras una semana de protestas chavistas y opositoras, las declaraciones del senador Uribe alimentan la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro manifestó hace un par de días: “Nos duele en el alma la amarga ingratitud del Gobierno Santos hacia Venezuela y su Gobierno que tanto ha hecho por la paz de Colombia”.

María Ángela Holguín, Canciller de Colombia, señaló ante la Organización de la Naciones Unidas -ONU- que en Venezuela hay un armamento de milicias civiles cuya peligrosidad preocupa al gobierno colombiano. Rafael Ramírez, embajador venezolano en la ONU, explicó que no se trata de civiles ya que se trata de un ejército dependiente de las Fuerzas Armadas.

¿Qué es un golpe de Estado?

Cualquier intervención política, económica o militar, e incluso mediática, a un Gobierno legítimo y legalmente constituido, son prácticas consideradas como amenazas a un posible golpe de Estado. Actualmente Venezuela atraviesa por una amenaza de ese tipo, bajo el apoyo de gobiernos como el de Colombia.

En América Latina se destacan golpes a la soberanía de naciones, en su ejercicio de poder democrático gubernamental, en casos como el de Chile con Augusto Pinochet (1973) y Argentina con Jorge Rafael Videla (1976), condenadas por cometer delitos de lesa humanidad.

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En exclusivo informe para Café Picante, nuestro director Antonio Morales Riveira, confirmó las excesivas condiciones de lujo en las que habitan los integrantes de las Farc en la zona veredal Antonio Nariño, en Icononzo, Tolima.

¡Todo un resort!

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Miércoles, 12 Abril 2017 15:58

El falso testigo en el caso Mateo...

El carrusel de los Falsos testigos contra el Pensamiento crítico...Mateo  Gutiérrez  León otro estudiante  de la  Universidad  Nacional de  Colombia   víctima  de  montaje  judicial  detenido  el  pasado  23 de febrero de  2017, es un joven de  20 años de edad acusado injustamente  de terrorismo.

Vamos a realizar   un análisis  jurídico de fondo  sobre el falso testimonio  que ha hecho  que varios  estudiantes,  han sido  injustamente  acusados  encarcelados, condenados o han sufrido el escarnio de un proceso  penal por  culpa de testimonios falsos  o errados.

Muchas y diversas  son las consecuencias;  a los ojos de la sociedad. Mateo  aparece como un delincuente, como un terrorista.  “…La  imposición  de una pena privativa  de la libertad es la más  grave  intervención  en la  Libertad  de  una persona  que el ordenamiento Jurídico  que autoriza al  Estado, intervención que se proyecta  de la privación de la  libertad”. [1]

Tengamos en cuenta  que la verdad es una sola aunque algunos filósofos y teóricos han distinguido  varios  tipos de verdad  como la ontológica,  histórica, noticiada  y procesal;  La verdad procesal  por su parte, es la que se plasma en los relatos fácticos  de las resoluciones judiciales.  Es  un concepto reducido, se conoce  como la verdad a través del proceso,  solo cuando se produce  en las  formas  legales establecidas  y los tiempos determinados para ello: es decir  que la prueba  es el medio  más confiable para descubrir  la verdad real  y, a la vez,  la mayor garantía  contra la arbitrariedad de las decisiones  judiciales.

La prueba constituye  el medio más  confiable   para descubrir la verdad, por lo cual,  en el proceso  judicial  se debe siempre  trabajar  sobre hechos históricos  que  serán parte  de la sentencia y que deberán  estar sustentados  en pruebas.  Así mismo, las sentencias  solo pueden  y deben apoyarse  en pruebas.  

Es por ello que el falso testimonio  atenta  contra la administración de  justicia, busca inducir en error  al  Juez  o Tribunal  ante  el que se presta, actitud que causa grave daño , no solo a la recta  administración de justicia , sino  a los particulares  que ven  comprometida  su  libertad  , dignidad y honra  cuando el falso testimonio es dado en causa  criminal.  El delito de falso testimonio  castiga  el incumplimiento  de los deberes  de veracidad en integridad  inherentes  a  la obligación de testificar ,  en tanto entorpece  la  actividad  judicial  y obstaculiza  la  justicia,  por lo cual,  puede afirmarse que,  tiene  por objeto jurídico  especifico  la justicia en su  más amplio sentido.  Concretamente,  la tipificación del falso testimonio  protege la certeza  de la prueba testifical. 

La Ley 599  de 2000   establece  en su Artículo  442  que  “ El que en actuación judicial o administrativa,  bajo la gravedad del juramento  ante autoridad competente, falte  a la verdad  o la calle total  o parcialmente,  incurrirá  en prisión de  6  a  12  años”.

Es decir que el delito se consume  cuando el declarante termina su exposición  y en el caso en comento  de Mateo  apreciamos que existe claramente  un dolo por parte  del  testificante  pues el agente  conoce los  hechos constitutivos  de  la infracción penal y quiere  su realización  y también es dolosa  la conducta , ya que falta  a la verdad y esta declarando falsamente .

En conclusión el falso testimonio no es un delito de resultado  , no hace falta  que el comportamiento  típico  ocasione  una concreta  alteración al mundo circundante , basta  que tenga  la potencialidad  de producir efectos  jurídicos, de ahí que   a afecto  de la anti juridicidad del delito, es suficiente  que la falta  a la verdad  o ocultamiento parcial  o total de ésta,  recaiga en aspectos creíbles  , verosímiles  y potenciales  capaces de afectar la eficacia  de  la  credibilidad y la confiabilidad  de las decisiones judiciales  o administrativas.

Aclaremos que la prueba testimonial  consiste  en el relato  que un tercero le  hace al Juez sobre el  conocimiento  que tiene  de hechos en general  o la declaración representativa   que una persona,  que no es parte en el proceso  en que se aduce ,  hace a un Juez  con fines procesales, sobre lo que dice  saber  respecto de los  hechos  de cualquier  naturaleza.  Ha dicho por ejemplo la Corte Suprema  de  Justicia  que el testimonio es la expresión  de  los hechos percibidos  por los sentidos; es un recuento   de las diversas  modalidades  que rodean el acto  y del modo como han llegado  a su conocimiento los hechos  que se aseveran.

En todo caso, el  Juez,  cuando  el testigo explique las circunstancias de tiempo  y lugar  debe preguntarle  el porqué de su presencia en el sitio    y el porqué  de la  observación de los hechos  situación que en el caso  de  Mateo  a todas luces, se puede percibir  es falso, dado que  la descripción  que el testigo  da  de  la descripción física que no corresponde   a la real de Mateo.

Podemos decir  entonces que un testimonio no debe gozar  de credibilidad alguna  cuando desconoce o violenta  los principios de la lógica, la ciencia  o la experiencia y en estos casos como el de Mateo  y otros   se ha logrado demostrar  que son testigos falsos, donde el delito  y la falsedad   han adquirido  el carácter  de   habito,  mitomanía, o tendencia  a mentir.

Finalmente,  podemos determinar  que la valoración de este testigo  no tiene  ninguna relevancia  para el caso Mateo, pues observemos que   este medio de  prueba  carece la percepción, memoria  y   credibilidad del depositante. Como  lo explica  el Profesor  Miguel Ángel Beltrán; “En efecto, la captura de Mateo se hizo con base en la declaración de una de las víctimas que en el momento de los hechos era menor de edad y que identificó a la persona que lo amordazó como un individuo de tez morena, cabello rubio recogido y depilado. Cerca de un año y medio después el mencionado testigo, en un reconocimiento fotográfico, cuyo procedimiento arroja serias dudas, señaló a Mateo como el responsable de haber colocado el explosivo panfletario en el lugar de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto es que la descripción física hecha por el testigo no coincide con la de Mateo que es una persona de tez blanca, de pelo castaño oscuro, cejas pobladas y que desde sus años de adolescente no usa el cabello largo, como lo puso de presente su abogado defensor Eduardo Matías.”[2]

Es más,  podemos  afirmar  con toda certeza que   esta práctica  se viene realizando  de una manera  sistemática  por parte del Estado  como  una política  pública  para  mostrar falsos resultados frente   a la  criminalidad, pues el mismo señor presidente  de la República  y su Ministro de Defensa  tomaron cartas  en el asunto  y de una  manera pública  mostraron  un show mediático en el caso  Mateo; frente  a esta situación el Profesor  Miguel Ángel Beltrán expresa; Es claro que la captura de Mateo y su presentación ante la opinión pública como un “peligroso terrorista”, tuvo como trasfondo inmediato la directriz presidencial dada el día anterior a la policía en el sentido de “capturar de manera inmediata a los responsables del atentado de la Macarena” y dar así un parte mediático de tranquilidad a la ciudadanía bogotana, tras el fallecimiento del patrullero Albeiro Garibello. Para ello se recurrió aun “falso positivo judicial”, práctica que ha ejercido de manera sistemática el Estado colombiano y que, entre otras cosas, busca mostrar la capacidad operativa de las autoridades incriminando en hechos delictivos a personas inocentes que proceden de familias de escasos recursos o como en el caso de Mateo, tienen un cierto perfil crítico.[3]

El Ente investigador  se ha convertido  en un instrumento de persecución  y criminalización  contra  la  Universidad, la Libertad  de Pensamiento, de opinión, de cátedra  y desde  luego  contra el pensamiento  crítico de los opositores al sistema; Como lo describe Pablo Enrique Triana; “Colombia es un Estado tan ridículo que su Fiscalía puede inculpar a un joven estudiante simplemente diciendo que es estudiante de la Nacional (la universidad de los tirapiedra), que viajó a Cuba (tierra del demonio) con su mamá, y que durante su adolescencia ha cambiado muchas veces de look (¿qué adolescente no lo hace?). Pero en cambio, frente al centenar de asesinatos de líderes sociales en las regiones apartadas del país, tiene la osadía de decir que son hechos inconexos, que no hay ningún común denominador en los asesinatos… Ah claro, salvo el pequeño detalle que todos eran líderes sociales en regiones de alta incidencia paramilitar. Pero no, la justa, imparcial e ilustre Fiscalía prefiere decir que eso deben ser homicidios de delincuencia común, atracos o venganzas personales, y que todos los que pensamos que tal vez esos asesinatos se deban a que todas las víctimas defendían causas sociales, somos loquitos de las conspiración, paranoicos obsesionados con el coco que vemos fantasmas donde no hay.[4]”,

 

Y es  por ello que  Mateo  Gutiérrez  debe ser puesto  inmediatamente  en Libertad  y que una vez  más  se debe investigar  a fondo  este carrusel  de los falsos testigos  de la Fiscalía General de la Nación  que ha venido  criminalizando  con estas falsos testimonios  el pensamiento crítico.

 

Abril 12 de 2017.

 

[1] Roxin Claus.  Fundamentos  Políticos  Criminales  del Derecho Penal

[2] Beltrán, Miguel Ángel. La Injusta Judicialización de Mateo: Continuidad de la Pedagogía para la Guerra.  Abril  10 2017.

[3] Ibídem.

[4]  Triana Ballesteros. Pablo Enrique.  Las Dos  Orillas.  https://www.las2orillas.co/mateo-gutierrez-falso-positivo-judicial/

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Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, exjefe paramilitar había recuperado su libertad en septiembre de 2015 luego de cumplir su pena de ocho años bajo la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía lo acusa, además, de liderar una organización criminal dedicada al microtráfico y la extorsión en varios municipios del Magdalena Medio antioqueño y santandereano.

El inusitado incremento de homicidios, extorsiones, amenazas y otras expresiones de violencia registradas durante el primer semestre del año anterior en Cimitarra, Santander, motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Primera Especializada de Barrancabermeja que hoy tiene al exjefe paramilitar Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, a punto de perder los beneficios judiciales que recibió por su participación en la Ley de Justicia y Paz.

Todo comenzó en esa primera mitad del año pasado, cuando el Ente Investigador se dio a la tarea de esclarecer una seguidilla de asesinatos cometidos entre los meses de mayo y junio de 2016 en Cimitarra. Uno de los casos más connotados fue el de Arnulfo González Velásquez, ocurrido el 31 de mayo en la vía que conduce al corregimiento La India.

Este líder agrario y reconocido ecologista de la región integraba el Fondo de Inversión y Reactivación del Sector Agropecuario y Microempresarial del Municipio de Cimitarra, y, además, hacía parte del movimiento político Marcha Patriótica. En este caso, las indagaciones comenzaron a rendir frutos rápidamente. La Fiscalía pudo establecer que su muerte fue una retaliación a las constantes denuncias que hacía sobre el tráfico ilegal de madera en la región.

La explicación de este homicidio coincidió con la divulgación de un informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo que determinó que entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017 fueron asesinados 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales

En otros seis asesinatos atribuidos al grupo armado liderado por ‘Botalón’, la Fiscalía determinó que obedecieron a la negativa de las víctimas a pagar ‘vacunas’ y a ajustes de cuentas entre criminales ansiosos de dinero y poder.

Los responsables de esta ola de violencia comenzaron a ser identificados como miembros de una organización criminal denominada Los Bravos, surgida en enero de 2016 e integrada en su gran mayoría por desmovilizados de las antiguas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) y dedicada a la venta de estupefacientes, cometer homicidios selectivos y cobrar extorsiones a ganaderos y comerciantes en las localidades de Cimitarra, Puerto Berrío y Puerto Boyacá.

¿Quién es ‘Botalón’, el exjefe paramilitar que acaba de salir de la cárcel?

Lo que despertó la atención de las autoridades judiciales fueron las evidencias que terminaron vinculando a los miembros de Los Bravos con Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, antiguo jefe paramilitar de las Acmm, quien recuperó su libertad en septiembre de 2015 tras cumplir con la condena de ocho años impuesta por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, como parte de los beneficios judiciales contemplados en la Ley de Justicia y Paz para aquellos que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

¿Reincidió ‘Botalón?

captura botalon 2De acuerdo con la Fiscalía, el grupo armado ilegal comandado por alias 'Botalón' inició operaciones en enero de 2016; hacían parte de él algunos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; y contaban con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública. Foto: Juan Diego Restrepo E.

“Cómo bien se sabe, este pueblo tiene un patrón, se llama ‘Botalón’, salió de la cárcel hace como año y medio, y por aquí todo mundo lo respeta. Lo que pasa es que él no quiere verse involucrado en nada y por eso cedió el poder”, declararon varios testigos a la Fiscalía Primera Especializada de Barrancabermeja en alusión a alias ‘Botalón’, señalado por “fuentes formales y no formales” como el “hombre fuerte” de la organización criminal, quien, desde su sitio de residencia en Rionegro, Antioquia, autorizaba la comisión de delitos como homicidios selectivos, cobros extorsivos y ajustes de cuentas.

En este sentido, el Ente Investigador señaló que este grupo delincuencial, además de controlar la venta de estupefacientes en varios municipios del Magdalena Medio antioqueño y santandereano, eliminando de paso a varios competidores, e imponer cobros extorsivos a finqueros, ganaderos y comerciantes, también sometió a sangre y fuego a los denominados prestamistas ‘paga-diarios’ de la región, todo ello bajo el consentimiento y conocimiento de alias ‘Botalón’.

“Varios comerciantes denunciaron haber recibido llamadas extorsivas de personas que se identificaron como subalternos de ‘Botalón”, afirmó el Fiscal Primero Especializado, quien, además, expuso que “en entrevistas a varias víctimas de la región se logra establecer que Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, efectivamente tiene el control y ejerce poder sobre los integrantes del combo delincuencial que delinque en Cimitarra y que tiene pleno conocimiento de las actividades ilegales desarrolladas por los hombres bajo su mando”.

El representante del Ente Acusador también explicó que este grupo armado ilegal contaba con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, quienes se pusieron a su servicio, una vez se supo que estaba liderando la organización ilegal en Cimitarra.

Llegaron entonces las primeras capturas y los primeros allanamientos realizados por las autoridades de Policía en la localidad de Cimitarra. Las evidencias allí encontradas incrementaron aún más las sospechas sobre el exjefe paramilitar y su cercanía con esta organización delincuencial. “Al revisar los celulares de estas personas capturadas se establece que mantenían comunicación permanente con el señor Triana Mahecha y que este tenía injerencia en las actividades ilícitas cometidas en Cimitarra y Puerto Araujo (Santander), Puerto Berrío (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá)”, añadió el funcionario judicial.

Las acciones de las autoridades los llevaron a interceptar 45 líneas telefónicas con el fin de identificar los miembros de esta organización. Las evidencias condujeron a establecer que Triana Mahecha estaba a la cabeza del grupo armado ilegal, por lo que se expidió el pasado 21 de enero orden de captura en su contra y se desarrolló un gigantesco operativo realizado el 9 de febrero en Cimitarra, Bogotá, Medellín, Segovia y Vegachí (nordeste de Antioquia), que permitió la captura de 25 personas, entre ellas Ruby Triana Mahecha, hermano de alias ‘Botalón’.

El cerco contra el exjefe paramilitar comenzó a cerrarse el pasado 4 de marzo, cuando agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detuvieron en el sector El Poblado, de Medellín, a Juan Esteban Triana Cardona, hijo de alias ‘Botalón’, señalado como responsable de cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos. Asfixiado por las acusaciones en su contra, Triana Mahecha se entregó a funcionarios de la Sijin en la capital antioqueña el pasado 30 de marzo, acompañado de sus abogados de confianza.

Durante la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, realizada ayer en Medellín, la Fiscalía lo acusó de concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y financiación de grupos armados ilegales y solicitó que fuera recluido en la cárcel, tras considerar que podía obstruir el proceso, entre otras razones porque uno de los testigos fue asesinado hace varios meses. El exparamilitar no aceptó los cargos.

A alias ‘Botalón’ lo asistieron en esta audiencia cuatro abogados, quienes intentaron evitar que su defendido volviera a un penal. No obstante, el Juez 31 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, acogió la petición del fiscal del caso y decidió enviarlo a un centro reclusorio, donde deberá esperar el juicio. De ser hallado culpable, perdería inmediatamente los beneficios recibidos por su participación en la Ley de Justicia y Paz, y podría enfrentar penas que van hasta 40 años.

Pasado paramilitar

captura botalon 3En enero de 2006 las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá se desmovilizaron. Sin embargo, tres años después, las autoridades confirmaron que desmovilizados de ese seguían delinquiendo. Foto: archivo Semana.

En diciembre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá condenó a Triana Mahecha por 309 delitos cometidos en Puerto Boyacá y Cimitarra, otorgándole el beneficio de la pena alternativa de ocho años, que cumplió en septiembre de 2015. Aunque gozaba de su libertad, Triana Mahecha debía presentarse ante los estrados judiciales durante cuatro años más.  

‘Botalón’ es recordado en el Magdalena Medio por las acciones que dejaron decenas de personas desaparecidas que dejó en esta región. A la edad de 19 años ingresó como patrullero a las Autodefensas de Puerto Boyacá, convirtiéndose en hombre de confianza de Henry Pérez. Cuando Gonzalo y Henry Pérez fueron asesinados en 1991, el grupo pasó al mando de Luis Meneses, conocido como ‘Ariel Otero’. Este jefe paramilitar negoció en diciembre de ese año la desmovilización de sus hombres con el gobierno de César Gaviria (1990-1994). ‘Botalón’ hizo parte de los combatientes que entregaron sus armas y, según él, se dedicó a labores de ganadería.

No obstante, en 1994, luego del asesinato de varios excombatientes de aquellas autodefensas, ‘Botalón’ decidió rearmar a los paramilitares de Puerto Boyacá, pero esta vez bajo su mando. Se “repartió” el territorio con Ramón Isaza, quien estaba al otro lado del río Magdalena. Según las bases de datos de la Fiscalía, entre 1994 y 2006, en aquellas zonas desaparecieron a 427 personas, 161 de ellas atribuidas a ‘Botalón’ y sus hombres. En la mayoría de los casos, los paramilitares llevaron a las víctimas a las afueras del pueblo, a un lugar al que todos conocen como ‘Los transmisores’, donde los desmembraban para luego tirarlos al río.

‘Botalón’ ordenó el asesinato de cientos de jóvenes que supuestamente consumían drogas o eran informantes del Ejército. Las víctimas denunciaron, además, que desapreció y desplazó a varios puertoboyacenses por su orientación sexual.

“Los 'paras' nos mataban por ser homosexuales”

En Justicia y Paz, ‘Botalón’ sólo respondió por los crímenes que cometió entre 1994 y 2006, año en el que se desmovilizó por segunda vez. Las víctimas aún reclaman la verdad de hechos ocurridos a comienzos de los años ochenta, pero ‘Botalón’ dice no conocer sobre esos hechos porque era un patrullero y son muy pocos los exparamilitares de esa época que aún se encuentran con vida para aportar a la verdad.

 
http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/6599-responsabilizan-a-alias-botalon-de-asesinato-de-lider-de-marcha-patriotica
Publicado en Política / Economía

Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

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El pasado  24 de febrero, el estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, Mateo Gutiérrez León, joven de 20 años, fue acusado falsamente por el Ministro de Defensa y distintos medios de comunicación masivos  de ser el culpable de los últimos 10 atentados en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, la única imputación que se le hizo fue la supuesta colocación de un petardo "panfletario" el 18 de septiembre de 2015.

Amigos, compañeros, familiares de Mateo manifiestan que es inocente, se necesita recaudar pruebas para demostrar que ese día, en la tarde, se encontraba en una actividad pedagógica en su Alma Máter (UN) , la misma que en años pasados ha sido objeto de criminalización, recordando que en ocasiones pasadas pero similares, se acusó públicamente a varios estudiantes, sin pruebas pero por estudiar en dicha institución.

Rechazan todos los falsos positivos judiciales promovidos por el Estado colombiano con el fin de dar falsos resultados en su lucha contra el crimen.

 

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Sábado, 11 Febrero 2017 06:12

Desde la ZVTN "la Paloma" en Nariño

Farc reafirma compromisos, anuncia renovación política y que no bajará la Guardia hasta que el Estado pague la deuda social y económica con el pueblo colombiano, dice comandante del frente 29, Ramiro Cortez.

¨Las Farc somos una impronta que va dejando huella en campos y ciudades,¨ agrega.

 

 

 

 

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El presidente Juan Manuel Santos debió pedir perdón a las víctimas de crímenes de Estado y del vergonzoso conflicto contrainsurgente al que se busca poner fin. Para el pueblo colombiano era la oportunidad de un discurso orientado al reconocimiento de las víctimas, a una reconciliación con base en la verdad histórica, las garantías para la vida y el compromiso de No Repetición.

El Nobel le ha sido entregado a Santos en un momento crítico, cuando se ponen en marcha nuevos hechos de sangre contra defensores/as de la paz, cunden amenazas a lo largo y ancho de país, se evidencian incertidumbres para la implementación del Acuerdo y crece el descontento social ante la regresiva reforma de impuestos que discute el parlamento.

 Mientras la vocera del Premio Nobel destacó el significado político de la distinción como el apoyo a la terminación de una prolongada guerra civil, en un difícil momento tras el plebiscito que mostró la fuerte polarización de la opinión electoral, Santos alude a la terminación de un molesto y largo problema de orden público “el conflicto armado más antiguo y el último del Hemisferio Occidental” y el desarme de un ejército irregular.
La que señala como “una pesadilla de más de medio siglo que solo trajo dolor, miseria y atraso a nuestra nación” aparece como la responsabilidad exclusiva de la insurgencia. Si una parte de la población colombiana se vio obligada a tomar las armas no fue por desvaríos ideológicos o afanes delincuenciales sino ante la necesidad de defender la vida y restablecer la plenitud de los derechos democráticos.
 
No existe en las palabras de Santos ni el más mínimo reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de las clases dominantes en la tragedia colombiana, la violación de los derechos humanos, la persecución política anticomunista, los miles de exiliados y el exterminio contra la Unión Nacional de Oposición, el Frente Democrático, la Unión Patriótica, A Luchar, el sindicalismo y un largo etcétera. Un Estado que pretende presentarse como “inocente”, sin autocrítica por los falsos positivos no es un depositario confiable de la esperanza de paz del pueblo colombiano y los pueblos del mundo así ostente en sus manos el Nobel de paz.

El Partido Comunista Colombiano expresa su protesta, indignación y grave preocupación ante el discurso del presidente Juan Manuel Santos al recibir el Nobel de paz. Hace un llamado a todos los sectores conscientes defensores de la paz a exigir el reconocimiento de todas las víctimas, sin discriminaciones.  Reafirma el apoyo a la movilización y a la vigilancia en respaldo al Acuerdo, a su implementación y cumplimiento, al respeto del cese al fuego bilateral y al punto final a la criminalidad fascista contra activistas sociales.
 
Partido Comunista Colombiano
Jaime Caycedo Turriago

Secretario General

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Jueves, 08 Diciembre 2016 03:36

Una audiencia al ¡ROJO VIVO!

Se realizó el día de hoy 7 de diciembre de 2016, Por convocatoria los parlamentarios Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Ivan  Cepeda, Alberto Castilla e Inti Asprilla la audiencia pública para discutir acerca de: “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, del Congreso de la República, con transmisión en directo por el Canal Institucional y por el Canal del Congreso. 


Con la presencia del Ministro de Interior, doctor Juan Fernando Cristo, al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas, al Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez; al Director de la Policía Nacional, señor general Jorge Hernando Nieto, a la Procuradora General de la Nación (e), Marta Isabel Castañeda; al Defensor del Pueblo, doctor Carlos Negret; al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro; al Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora Arango; a la Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, doctora, Paula Gaviria y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Todd Howland, entre otras personalidades.

 

Las conclusiones fundamentales apuntan a encontrar salidas contra los crímenes contra la paz, implementando políticas públicas integrales y territoriales, pues aun persiste un discurso paramilitar que está muy vivo y se necesitan con urgencia reales garantías para los defensores de DDHH.

 

En los tres paneles que sesiono la audiencia se escucharan gravísimas denuncias contra el paramilitarismo y la clara connivencia con las FFMM e instituciones del Estado y todo indica que hay un nuevo plan de exterminio bien financiado por los enemigos de la paz.

 

Los funcionarios del Estado se niegan a reconocer esta realidad de guerra contra los defensores de DDHH, en casi todo la geografía nacional, es un panorama de violencia que continua en la más absoluta impunidad, con el desmoronamiento de las garantías para el ejercicio de la defensa, promoción y materialización de los DDHH:

 

Estos ataques contra los defensores de derechos humanos nos preocupan su aumento y sistematicidad en todos los ámbitos con amenazas a través de panfletos, estigmatizaciones, informaciones distorsionadas de la actividad legal que realizan las organizaciones sociales, comunales y sectores de oposición de izquierda al Gobierno.

 

Es muy curioso que la Fiscalía informe en dicha audiencia que ahora si han conformado un grupo especifico en la Unidad de Contexto para judicializar a los responsables de los crímenes y genocidio contra la Unión Patriótica, cuando esta ad- portas de implementarse la Jurisdicción Especial para la PAZ.

 

Que van a declarar “delito de lesa humanidad” todo el exterminio que realizaron los paramilitares en el Uraba- Antioqueño, cuando es de público conocimiento quienes fueron los autores materiales e intelectuales de esas masacres y extermino.

 


Por lo pronto las intervenciones de los defensores de los DDHH, hicieron un unánime llamado a implementar urgentemente el Nuevo acuerdo Paz suscrito entre el Gobierno Nacional Y las FARC-EP, en lo que respecta al compromiso con la promoción y respeto y las garantías de los DDHH, estableciendo alertas tempranas reales y efectivas, prevención y protección, la no repetición y que de verdad se tomen todas las medidas institucionales para evitar un segundo Plan baile rojo.

 

 

 

 

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

Föreningen Jaime Pardo Leal

Video Clip FARC EP

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