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El padre Javier Giraldo asegura que el fenómeno paramilitar se ha incrementado en regiones como el Pacífico. Semana.com habló con él.

Paramilitares dicen que trabajan conjuntamente con el Ejército: padre Javier Giraldo

La estela de víctimas que a su paso deja la violencia en Colombia no ha tocado techo. Más de 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas es el parte que entregó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su más reciente informe El paramilitarismo sí existe.

Una vez más la organización defensora de derechos humanos llama la atención sobre "la expansión del paramilitarismo" que, según sus investigaciones, se expresa "mediante los sistemáticos ataque contra la población", y se ha incrementado durante la implementación del acuerdo de paz, con "la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persecución a líderes políticos y de izquierda".

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá. Semana.com habló con él sobre lo que viene pasando en los límites entre Antioquia y Chocó.

Semana.com: ¿Cuáles son los hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Padre Javier Giraldo: Uno de los datos que sobresale en la revista Noche y Niebla es que el peso del paramilitarismo es grave. Incluso, se equipara a las violaciones de la Policía Nacional que tienen más o menos el mismo número de victimizaciones. En las de los paramilitares predominan las amenazas, pero también hay un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los resultados contrastan con un discurso que parece común y corriente de parte del Gobierno que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo e insiste en llamarlos delincuencia común. Fueron todas las denuncias que llegaron a La Habana las que obligaron a redactar un capítulo especial para combatir el paramilitarismo.

Semana.com: ¿Qué características le devuelven al Clan del Golfo, Los Rastrojos y Aguilas Negras el calificativo de paramilitares?

P. J. G.: La palabra paramilitar indica etimológicamente que hay una relación estrecha con lo militar, con la fuerza pública. Esa relación ha existido desde hace poco más de 50 años. Existe una forma legal de los paramilitares que son redes de civiles que han sido involucrados a tareas de guerra. Lo que presentamos en la rueda de prensa es mi propia experiencia en el territorio de San José de Apartadó donde hace 20 años conocemos el cuartel general de los paramilitares en una vereda que se llama Playa Larga. Allí se han ido expandiendo y por eso mostramos los mapas de las veredas que han ido controlando progresivamente. La serranía de la Uribe en los límites de Antioquia y Córdoba está controlada por ellos al igual que Apartadó y Turbo. Hay un territorio bastante grande que está bajo su control.

Semana.com: Se fue muy atrás, ¿su surgimiento no se ubica en las dos últimas décadas del siglo XX?

P. J. G.: La aparición del fenómeno paramilitar está ligado a una misión militar de Estados Unidos en febrero de 1962 que hizo un análisis de la situación social del país. De eso quedaron unos informes en los cuales prácticamente se ordenaba entrenar grupos mixtos de civiles y militares. En uno de los párrafos textualmente hablan de establecer acciones terroristas-paramilitares, como una forma de combatir los grupos simpatizantes al comunismo. Aunque hay versiones oficiales que los ubican en la década del ochenta como una reacción a acciones de la guerrilla, la verdadera historia arranca en los sesentas y está ligada a la estrategia oficial de la fuerza pública.

Semana.com: ¿Con cuál presidente se comenzó a configurar?

P. J. G.: Por ejemplo en 1965 el presidente Guillermo León Valencia sacó un decreto -el día de navidad precisamente- para legalizar esa relación entre militares y paramilitares. Autorizaba que los primeros le entregaran armas de su uso exclusivo a civiles para conformar esos grupos. Sin embargo en 1989 la Corte Suprema y el presidente Virgilio Barco motivados por las atrocidades que denunciaban por todo el país suprimieron esos artículos. Poco después César Gaviria encontró otra manera de legalizarlos y fue quitando una ley que regulaba las empresas privadas de seguridad. Finalmente, Samper se apoyó en eso para crear las famosas Convivir y cooperativas de seguridad privada que fueron la forma de paramilitarismo legalizado.

Semana.com: ¿Esas figuras jurídicas están vigentes?

P. J. G.: Sí, aunque en 1998 la Corte Suprema abocó la inconstitucionalidad de las Convivir, terminaron declarándolas constitucionales como los son actualmente. El expresidente Uribe tuvo una estrategia más pensada y planeada para legalizar el paramilitarismo en el momento en que daba la impresión de que los estaba desmovilizando. El encontró otra forma de legalizar este involucramiento de los civiles en la guerra cercanos a la fuerza pública como son las redes de informantes y cooperantes.

Semana.com: ¿En qué se parecen estos nuevos paramilitares a los del siglo pasado y que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe?

P. J. G.: En el discurso oficial se dice que estas "bandas criminales" no tienen ideología política, que son delincuentes ligados al narcotráfico, que no tienen relación con la fuerza pública ni con grandes empresas, pero eso es falso. Cuando uno analiza los mensajes que mandan amenazando a la gente uno se da cuenta que están defendiendo proyectos del gobierno, de empresas trasnacionales y son enemigos a muerte de los movimientos populares. A veces critican al presidente, pero apoyan la institucionalidad, están ligados a la fuerza pública, tienen todos los rasgos del paramilitarismo desde que comenzó a existir. Presentarlos como bandas nuevas, sin ideología política es una manera de ocultar su identidad y con esos discursos lo que hace el Gobierno es encapucharlos ideológicamente.

Semana.com: ¿Cuál sería la razón para negar la existencia de los paramilitares?

P. J. G.: La razón es clara. El nombre paramilitar denuncia una relación con la fuerza pública, por eso no le conviene al Estado. A estos grupos le encomiendan las tareas más sucias. En los últimos meses en Urabá la Comunidad de Paz ha optado con que cuando ellos llegan a una vereda a amenazar a la gente, se crea una comisión y se van a enfrentarlos y decirles que respeten la zona. Sin embargo, de camino se han encontrado con el Ejército que está por ahí cerca y les reclaman: "vea ahí están, están violando el espacio de la comunidad. ¿Por qué no los combaten, no los persiguen? El Ejército ha dicho varias veces con mucha claridad: “no los vamos a perseguir”. Los paramilitares han dicho que ellos trabajan conjuntamente con el Ejército.

Semana.com: Explíquese...

P. J. G.: En una ocasión le dijeron a la comisión de la comunidad que fue a enfrentarlos: “mire, nosotros a ellos no los perseguimos. A los que vamos a perseguir es a ustedes si siguen denunciando la presencia de ellos aquí". Los paramilitares por su lado dicen que lo que menos van a tolerar es lo que ellos llaman sapos o denunciantes. Dicen: "si la comunidad sigue denunciando, la vamos a acabar". Ese es el conflicto que se vive en este momento.

Semana.com: ¿Quiénes alimentan esas organizaciones son los mismos que alguna vez las conformaron?

P. J. G.: Los campesinos conocen a la gente y por los caminos donde se encuentra todo el mundo ellos saben quiénes están en estos grupos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos se desmovilizaron en el tiempo de Uribe pero regresaron. Algunos eran guerrilleros que desertaron hace unos años y el Ejército se los llevó a entrenar a la Brigada 17. Es gente conocida, de hace mucho tiempo. Deben haber personas nuevas, pero el núcleo fundamental es antiguo.

Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

P. J. G.: Evidentemente, por ejemplo, en la zona pacífico como Curvaradó o Jiguamiandó los grupos que están haciendo presencia allí están muy ligados empresarios que se tomaron esa región para sembrar palma africana. Cuando la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto, ordenó al Ejército combatirlo e incluso capturar a algunos de los patrocinadores de esos grupos que le usurparon las tierras a las comunidades negras. El Ejército hace esa obra de teatro de ir a estar ocho días y coordinarse con ellos para que a los días salgan y vuelvan a entrar los paramilitares. Ahí hay un interés de tierras para empresas palmeras y mineras. El alto tribunal lanzó la voz alarma sobre la minería. En Chocó hay explotación de oro, carbón y estos grupos prestan un servicio a esos proyectos.

Semana.com: ¿Sabe en qué quedó el capítulo de La Habana que propone desarticular el paramilitarismo?

P. J. G.: Sí, se redactó un capítulo que tiene 20 estrategias pero a mi modo de ver todas son un saludo a la bandera. La mayoría de ellas ya se habían ensayado y no dieron resultados. Por ejemplo, la de llegar a un pacto político para condenar el paramilitarismo, eso puede hacerse pero estamos llenos de declaraciones y pero ninguna incide en la realidad. Se pensó en una unidad de fiscalía y se nombró a la magistrada, pero el fiscal se le atravesó en la mitad.

Semana.com: Entonces, ¿cuál es su propuesta?

P. J. G.: Que se toque el corazón del paramilitarismo para que realmente haya un control y desaparición de este fenómeno. Si no se toca la relación entre militares y paramilitares que ha permitido actuar y sobrevivir no se está atacando en lo más mínimo el fenómeno. Se hicieron propuestas muy concretas, por ejemplo, que cada vez que se denunciará la presencia de grupos armados no so se mandara sólo una patrulla -que en algunos casos está ya coordinada para que diga que eso era mentira, que allá no había nada- sino que también se pusiera en una investigación de fondo al comandante de la unidad a quien se le diera unos días para que explicará el porqué de la incursión y las medidas que está tomando para controlar el fenómeno y si la explicación no era satisfactoria se destituyera. Sólo así, creo que se podría controlar.

Publicado en Cultura / Sociedad
La Triple A
 
Desde 1977 un fantasma rondaba en el ambiente social de Colombia. Frecuentemente se atribuía atentados terroristas identificándose solamente con esa sigla que hacía pensar inmediatamente en escuadrones de la muerte que hicieron carrera en Brasil y en Argentina como “Acción Anticomunista Americana”, al amparo de dictaduras militares de “seguridad nacional”.
 
En 1977, por ejemplo,fueron colocadas bombas explosivas en la revista Alternativa, en el diario El Bogotano y en el semanario Voz Proletaria, hechos que reivindicó la “Triple A”.En 1978 el abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante político del ELN fue secretamente capturado luego de haber cumplido una condena legal y luego su cuerpo fue hallado horriblemente torturado y mutilado, comprobándose la autoría de un escuadrón secreto de inteligencia militar.
 
En 1979 desapareció el estudiante universitario y militante de la izquierda política Claudio Medina y por esos mismos meses, en Tunja, el estudiante de Ingeniería Hernando Benítez López fue mantenido por varias semanas ilegalmente retenido por agentes secretos del ejército, provocando una fuerte protesta estudiantil que se tomó la catedral de Tunja. Estos y otros muchos hechos de violencia se aclararon cuando el 20 de julio de1980, cinco integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, del ejército nacional, denunciaron ante el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Parlamento, la Organización de Estados Americanos y diversos organismos de Derechos Humanos, la constitución del grupo terrorista paramilitar llamado "TRIPLE A", por parte de la Comandancia de dicho Batallón.
 
Esta denuncia fue publicada en el diario mejicano EL DIA,del 29 de noviembre de 1980 (pg.16).En su denuncialos militares afirman que todos ellos son "funcionarios al servicio dela Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas".
 
Entre los hechos allí denunciados están: colocar letreros murales alusivos a la Triple A, empleando una moto del batallón; colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y de los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria; hacer seguimientos, retener, torturar y asesinar al abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante del ELN; secuestrar al estudiante de Tunja Hernando Benítez López; torturar y asesinar al estudiante Claudio Medina, torturar a numerosos militantes del M-19 en una caverna de la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá.
 
Entre quienes dirigían la estructura criminal y ordenaban perpetrar los crímenes, mencionan al Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, comandante del Batallón (1978/79); al Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera, comandante del Batallón (1979/80); a otro comandante (no mencionan rango) Humberto Cardona Orozco; al capitán, luego Mayor, Iván Ramírez Quintero, jefe de operaciones del Batallón; al Teniente Felkin Pinilla Reyes (+); al Cabo Primero Ernesto Rivera; al Sargento Viceprimero Heriberto Ochoa Gómez; al militar retirado Jorge Florez Suárez; al Capitán, luego Mayor, Alvaro Hurtado; al Mayor Augusto Bejarano Bernal; al Sargento Viceprimero Héctor Evelio Guisoly; al Teniente Mario Montoya Uribe; al Capitán Luis Horacio Urquijo Arroyo; al Teniente JuanVicente Caldas Trujillo; a un Sargento Primero apodado "Pacho Bobo"; al Sargento Francisco Mora Valbuena; a un agente civil de apellido Parra; al Capitán Eusebio Pineda; al Capitán Mariano Guzmán; a los civiles Luis Gerardo Angel Tovar, Manuel Ignacio Ardila y Jorge E. Padilla (todos al servicio del Batallón); al Mayor Jaime Piñeros Rubio; al Sargento Mayor José Vicente Arango; al Sargento Primero Juan Evangelista Vera; al Sargento Viceprimero Rafael Ochoa; al Sargento Segundo Rubén Darío Guzmán. Mencionan como  colaborador especial que daba apariencia legal a estos crímenes al Juez 3 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo López Zuluaga.
 
También menciona la denuncia la interceptación de los teléfonos de las embajadas socialistas y el seguimiento permanente a sus funcionarios, para lo cual contaban con la colaboración delingeniero de la Empresa de Teléfonos llamado Gabriel, a quien sobornaban mensualmente con un pago de $ 5.000,oo.Varios de los oficiales mencionados en la denuncia ascendieron posteriormente a los más altos rangos de las fuerzas armadas y les fueron encomendadas las más altas responsabilidades castrenses. No se tiene noticia de que los destinatarios de las denuncia (Presidente, Procurador, Parlamento) hubiesen ordenado investigación alguna, ni que los poderes judiciales o disciplinarios hubiesen ejercido sus obligaciones ante una denuncia conocida internacionalmente.
 
Los relatos de denuncia que contiene dicho documento son muy concretos y podían haber sido verificados fácilmente por funcionarios judiciales que hubieran querido cumplir sus deberes. Así, por ejemplo, se narra la desaparición del estudiante Claudio Medina: "El estudiante Claudio Medina, sindicado de pertenecer al Movimiento de Defensa Obrera, en el mes de enero de 1979 cuando se realizaba una operación paralela a la que se realizaba contra el M-19 fue capturado por parte del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo, el SV Pineda Eusebio, Co. Guzmán Mariano y el civil al servicio del Batallón, Luis Gerardo Angel, y conducido al llamado Bunker o Caverna de la Escuela de Comunicaciones, donde fue torturado hasta tal extremo que le pasaron un pico de botella por las venas hasta que lo asesinaron.
 
El Teniente Caldas ante el incidente por causa del exceso de tortura informó al comandante del Batallón, Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera quien con su instinto sanguinario ordenó al Teniente Caldas a desaparecer el cadáver de Claudio Medina ofreciendo para esta actividad el vehículo Renault 6 en el cual el Coronel se movilizaba, la suma de 10.000,oo (diez mil pesos) para gastos, más la promesa de que nada les pasaría jurídicamente y esto no tendría trascendencia. El cadáver fue transportado en el Ranault 6 del Comandante del Batallón hasta Armero y lanzado al río Magdalena. Para quitar el olor a sangre que había quedado en el baúl del auto, los ejecutores del hecho se vieron en la necesidad de comprar pescado y trasportarlo hasta Bogotá, para disimular". Con la misma concreción se denuncia allí la colocación de artefactos explosivos en algunos medios de comunicación:
 
" Igualmente fue el Batallón Charry Solano quien ordenó colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y el periódico El Bogotano y Voz Proletaria. En el primero de los casos participaron el extinto Teniente Pinilla Reyes Felkin y el SV Ochoa Gómez Heriberto, acciones éstas ordenadas por el Comandante del Batallón Charry Solano Humberto Cardona Orozco, obviamente sus colaboradores inmediatos, su ejecutivo mayor, hoy en día retirado, Jorge Florez Suárez, y el jefe de operaciones, capitán en ese entonces y hoy en día Mayor Iván Ramírez Quintero, quien completó la orden directamente fue el Capitán Hurtado Alvaro, actualmente Mayor. Los anteriores también fueron los mismos que realizaron el atentado terrorista contra El Bogotano. Posteriormente, el Mayor Bejarano Bernal Augusto, cumpliendo órdenes del Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante en jefe entonces del Batallón Charry Solano, ordenó elaborar al SV Guisol y Héctor Evelio una bomba con tres barras de dinamita para ser colocada en la sede de Voz Proletaria. El planeamiento inicial se hizo para que la bomba fuera colocada por el Teniente Montoya Uribe Mario, éste hizo los reconocimientos del caso para el atentado, pero sedesistió de "sus servicios" y el Capitán Urquijo Arroyo Luis Horacio ordenó a uno de nosotros (los que estamos presos) colocar la bomba aproximadamente a las 3.30 a.m.
 
Esta forma de paramilitarismo en la que son los mismos militares los que se cubren bajo la sombra de delincuentes comunes para poder ejecutar modalidades de represión política que no son compatibles con un Estado de Derecho, no se diferencia en sus parámetros esenciales de la forma que será más rutinaria en los años siguientes, consistente en la utilización de civiles que usan ropaje militar para lograr los mismos objetivos
 
Tomado de :  "DEUDA CON LA HUMANIDAD Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988–2003 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda03.pdf
 
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“Los vamos a acabar uno a uno. Hijueputas guerrilleros, con su hijueputa cuento de la paz, quieren seguir ‘mariquiando’ el país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con su sangre (…) Prepárense para morir”. Así rezaba el primero de los panfletos firmados por las Águilas Negras en los que apareció el nombre de Alberto Yepes, uno de los abogados que conoce más a fondo el dosier de los falsos positivos en Colombia. Una amenaza que, sumada a otros episodios, acaba de empujar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedirle al gobierno colombiano que proteja la vida de este abogado, reconocido por documentar más de seis mil homicidios de civiles cometidos, presuntamente, por militares de todo el país.

En una decisión de nueve páginas, conocida por ¡Pacifista!, la CIDH concluyó que Yepes y su hija se encuentran en una situación de gravedad y que sus vidas están en riesgo. Por eso, le pidió al gobierno que les garantice la vida, que investigue las amenazas y que tome las medidas necesarias para que Yepes pueda “desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.

Todo ello, con un agravante: la CIDH dijo que Yepes estaría siendo perseguido por su trabajo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una alianza que agrupa 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, desconocidos habrían orquestado una “retaliación” contra Yepes por los informes que el Observatorio ha publicado “sobre ejecuciones extrajudiciales, en donde se vincula a miembros del crimen organizado y las Fuerzas Armadas”.

La historia de persecución contra Yepes comenzó en 2014, cuando la CCEEU publicó el informe ‘Falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos’. En él, la Coordinación ponía sobre la mesa su arriesgada hipótesis de que militares colombianos formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad de Estados Unidos participaron frecuentemente en el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El documento también levantó ampolla al argumentar que existió una relación entre las ejecuciones y el suministro de asistencia militar por parte de Estados Unidos a determinadas unidades del Ejército.

En septiembre de 2014, un mes después de la publicación, Yepes empezó a ser víctima de amenazas. En un segundo panfleto, las Águilas Negras lo tildaron de guerrillero y anunciaron su descuartizamiento y el de otros defensores de derechos humanos. Pero los hostigamientos no pararon ahí. A mediados del mes, dos hombres abordaron a Yepes y a su asistente en un barrio de Bogotá y les robaron un computador portátil y dos celulares. El caso fue calificado por la CCEEU como un “robo de información”.

La seguidilla de crímenes continuó en octubre, cuando las Águilas Negras volvieron a incluir el nombre del abogado en un panfleto que decía: “Ya va siendo hora de que a los cerdos comunistas que tienen jodido a nuestro país les ayudemos a retirarse de la política (…) Sufrirán un verdadero desplazamiento al más allá”.El asunto pasó del papel a los hechos en 2015, cuando desconocidos intentaron (o consiguieron) entrar a su casa, no lo sabe con exactitud, donde vive con su hija. En diálogo con este portal, Yepes dijo que el forzamiento de puertas y el merodeo de extraños lo llevó a proteger su residencia “con rejas, cercas eléctricas y cámaras: vivo casi en un búnker”.

Según afirma, la persecución tiene dos motivaciones. Dice que, por un lado, los afectados por sus investigaciones buscan desestabilizarlo emocionalmente para que deje de hacer su trabajo, y que, por otro, hay un plan más ambicioso para frenar las intenciones del Observatorio de Derechos Humanos, que pretende aportar información a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad pactadas en La Habana, sobre todo en casos en los que podrían estar involucrados integrantes de la Fuerza Pública.

Fue por esos y otros hechos que la CCEEU y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudieron a la CIDH. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana le pidió respuestas al gobierno frente a las graves denuncias de persecución formuladas por ambas organizaciones, que, además, argumentaron que la Unidad Nacional de Protección no estaba tomando medidas suficientes para garantizar la vida de uno de los denunciantes de los falsos positivos, el escándalo que sacudió a la cúpula del Ejército en 2008, cuando transcurría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.

Ante los cuestionamientos, el gobierno le contestó a la CIDH que conocía el riesgo que corría el abogado y que le había asignado un carro sin blindaje, un conductor, un escolta y un chaleco antibalas. Más tarde, la UNP reconoció que el nivel de riesgo de Yepes era “extraordinario” y le asignó un vehículo blindado.El tamaño del esquema contrasta con el de funcionarios como el expresidente y senador Álvaro Uribe, que en 2014 contaba con cerca de 65 escoltas y 12 camionetas blindadas.

Pese a ello, y tal como lo han hecho otros defensores con esquemas de protección, Yepes se quejó de las medidas y dijo que ni el carro ni el escolta, ni el conductor, tenían autorización para desplazarse fuera de Bogotá, que el combustible era insuficiente y que el vehículo estaba en condiciones “deplorables”. La disputa pasó a mayores en junio de 2016, cuando la UNP redujo el esquema quitándole el vehículo, el conductor, y dejándolo al amparo de un solo hombre armado, lo que llevó a ese defensor a renunciar a las medidas argumentando que “un escolta armado lo ponía en mayor riesgo”, según consta en la decisión de la Comisión.

Por ahora, y días antes de la decisión de la CIDH, la UNP le asignó a Yepes un esquema de protección completo que consta de camioneta blindada, chaleco y dos hombres armados.

En abril próximo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con Yepes para discutir otras posibles medidas de protección, para él y su hija, y el avance de las investigaciones por las amenazas y robos que continúan en la impunidad. El caso demuestra que, aún en tiempos de paz, defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.

http://pacifista.co/el-abogado-que-ha-documentado-mas-de-6-000-falsos-positivos-lucha-para-que-no-lo-maten/

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Martes, 29 Noviembre 2016 04:46

Situación de terror y muerte en Colombia

"Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional"

COMUNICADO DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD

Probablemente detrás de los crímenes están las mismas fuerzas oscuras que no han dejado de actuar, pese a sus cambios sucesivos de nombres.

La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA y la RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP, expresan su solidaridad a todos los sectores sociales que han venido siendo víctimas de la oleada terrorista y de persecución, asesinatos, amenazas y hurto de información, a través del robo de los discos duros de computadores de miembros de organizaciones sociales.

Casos recientes como el de la Ex –Senadora PIEDAD CORDOBA, MIGUEL CIFUENTES ARDILA, MELKIN HERNAN CASTRILLON, IVAN MADERO VERGEL, ELADIO ANTONIO MORALES, LILIA PEÑA e HIMAT ABDALA, quienes el pasado 26 de noviembre fueron amenazadas de muerte por el grupo paramilitar “autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que incluso ofrece recompensa de 2 millones de pesos por las cabezas de las y los defensores de DDHH que aparecen en una lista de exterminio. Más reciente el caso de la directora de la Escuela de Educación Popular, Pedro Nel Jiménez, y miembro de Marcha Patriótica, a cuyo apartamento ingresaron forzosamente personas extrañas hurtando varios computadores, memorias usb y dinero en efectivo.

Esta situación de terror y muerte se ha venido desatando después de la firma de los Nuevos Acuerdos de Paz, hechos muy graves cuya responsabilidad exclusiva recae en el Estado Colombiano, en cabeza de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS, quien debe urgentemente tomar medidas de fondo que garanticen el desmonte institucional del paramilitarismo y la seguridad de las defensoras y defensores de DDHH en todo el territorio nacional.

Exigimos:

  • Cesar inmediatamente los señalamientos y estigmatizaciones a los opositores políticos y tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de DDHH.

  • Hacemos responsable al Estado colombiano de las muertes y amenazas que han venido sucediendo en el país, por su omisión al no prestar las medidas constitucionales y legales que garanticen la vida de las defensoras y defensores de DDHH.


 

Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2016.

Publicado en Cultura / Sociedad

El pasado 23 de junio, los habitantes de El Mango, conmemoraban la tranquilidad de estar “un año sin policía”, luego de que en el 2015, armados de valor y cansados de vivir con miedo por los constantes ataques de los grupos al margen de la ley, miles de habitantes del corregimiento El Mango, en el municipio de Argelia, sacaran a la policía del barrio El Recreo, a donde habían llegado desde el 2007.

Ese día, los habitantes de El Mango sacaron a los 35 policías que estaban en la subestación y luego de que subieran armas y pertenencias a las camionetas, la comunidad los trasladó hasta la cabecera municipal de Argelia donde estaba el Ejército. Días después, la subestación de Policía se instaló en otra vereda de este corregimiento: Campo Alegre; de donde también tendrán que salir en 30 días, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, en un fallo a favor de los pobladores.

Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional aseguró que pese a que la Constitución y la ley establecen la presencia de la Policía en todo el territorio nacional este caso debe ser revisado con otra perspectiva. Los habitantes, señalan, se han visto durante años por su ubicación incumpliendo las condiciones de proporcionalidad.

“La subestación de Policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia (Cauca) deberá ser ubicada en un lugar lejano del casco urbano para no poner en riesgo la vida e integridad de los pobladores”, dice la Corte.

Así mismo señala que a raíz de la afectación directa de los pobladores, al llegar a esta vereda, se presentó una acción judicial con el fin de solicitar la protección de sus derechos vulnerados. “La ocupación ilegal de la Policía a las viviendas de los habitantes de Campo Alegre constituye una violación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (…) La Policía utilizó casas como trincheras y por tanto, convirtió los hogares en blanco de las hostilidades”, considera el alto tribunal.

Por eso, la orden es clara y en un plazo de 30 días, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa tendrán que ejecutar todo lo necesario para ubicar esta subestación fuera del caso urbano, lejos de las viviendas de la zona. Igualmente, la orden de la Corte Constitucional, señala que se deben rediseñar estrategias de protección para la población, “como en parte lo ha hecho, por ejemplo, ideando alternativas que no impliquen aumentar el riesgo que actualmente soportan los accionantes. Quien tiene el deber de protección de la comunidad es la fuerza pública y el hecho que sus bases no pueden estar cerca de las casas de los habitantes, no significa que no leudan cumplir con su misión constitucional”. 


 15 viviendas fueron ocupadas por los uniformados en la vereda Campo Alegre, sin permiso alguno.

Publicado en Política / Economía

  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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