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Quinta amenaza de muerte de Grupo Paramilitar Autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia – AUC en contra del dirigente sindical, social y político y defensor de Derechos Humanos HUBER DE JESÚS BALLESTEROS GÓMEZ integrante de la dirección nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO - CUT).

Leamos: DENUNCIA PÚBLICA: 12 junio 2017

Publicado en Cultura / Sociedad

El padre Javier Giraldo asegura que el fenómeno paramilitar se ha incrementado en regiones como el Pacífico. Semana.com habló con él.

Paramilitares dicen que trabajan conjuntamente con el Ejército: padre Javier Giraldo

La estela de víctimas que a su paso deja la violencia en Colombia no ha tocado techo. Más de 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve desaparecidas y doce más torturadas es el parte que entregó el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su más reciente informe El paramilitarismo sí existe.

Una vez más la organización defensora de derechos humanos llama la atención sobre "la expansión del paramilitarismo" que, según sus investigaciones, se expresa "mediante los sistemáticos ataque contra la población", y se ha incrementado durante la implementación del acuerdo de paz, con "la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos, persecución a líderes políticos y de izquierda".

El Padre Javier Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá. Semana.com habló con él sobre lo que viene pasando en los límites entre Antioquia y Chocó.

Semana.com: ¿Cuáles son los hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?

Padre Javier Giraldo: Uno de los datos que sobresale en la revista Noche y Niebla es que el peso del paramilitarismo es grave. Incluso, se equipara a las violaciones de la Policía Nacional que tienen más o menos el mismo número de victimizaciones. En las de los paramilitares predominan las amenazas, pero también hay un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los resultados contrastan con un discurso que parece común y corriente de parte del Gobierno que se empeña en negar la existencia del paramilitarismo e insiste en llamarlos delincuencia común. Fueron todas las denuncias que llegaron a La Habana las que obligaron a redactar un capítulo especial para combatir el paramilitarismo.

Semana.com: ¿Qué características le devuelven al Clan del Golfo, Los Rastrojos y Aguilas Negras el calificativo de paramilitares?

P. J. G.: La palabra paramilitar indica etimológicamente que hay una relación estrecha con lo militar, con la fuerza pública. Esa relación ha existido desde hace poco más de 50 años. Existe una forma legal de los paramilitares que son redes de civiles que han sido involucrados a tareas de guerra. Lo que presentamos en la rueda de prensa es mi propia experiencia en el territorio de San José de Apartadó donde hace 20 años conocemos el cuartel general de los paramilitares en una vereda que se llama Playa Larga. Allí se han ido expandiendo y por eso mostramos los mapas de las veredas que han ido controlando progresivamente. La serranía de la Uribe en los límites de Antioquia y Córdoba está controlada por ellos al igual que Apartadó y Turbo. Hay un territorio bastante grande que está bajo su control.

Semana.com: Se fue muy atrás, ¿su surgimiento no se ubica en las dos últimas décadas del siglo XX?

P. J. G.: La aparición del fenómeno paramilitar está ligado a una misión militar de Estados Unidos en febrero de 1962 que hizo un análisis de la situación social del país. De eso quedaron unos informes en los cuales prácticamente se ordenaba entrenar grupos mixtos de civiles y militares. En uno de los párrafos textualmente hablan de establecer acciones terroristas-paramilitares, como una forma de combatir los grupos simpatizantes al comunismo. Aunque hay versiones oficiales que los ubican en la década del ochenta como una reacción a acciones de la guerrilla, la verdadera historia arranca en los sesentas y está ligada a la estrategia oficial de la fuerza pública.

Semana.com: ¿Con cuál presidente se comenzó a configurar?

P. J. G.: Por ejemplo en 1965 el presidente Guillermo León Valencia sacó un decreto -el día de navidad precisamente- para legalizar esa relación entre militares y paramilitares. Autorizaba que los primeros le entregaran armas de su uso exclusivo a civiles para conformar esos grupos. Sin embargo en 1989 la Corte Suprema y el presidente Virgilio Barco motivados por las atrocidades que denunciaban por todo el país suprimieron esos artículos. Poco después César Gaviria encontró otra manera de legalizarlos y fue quitando una ley que regulaba las empresas privadas de seguridad. Finalmente, Samper se apoyó en eso para crear las famosas Convivir y cooperativas de seguridad privada que fueron la forma de paramilitarismo legalizado.

Semana.com: ¿Esas figuras jurídicas están vigentes?

P. J. G.: Sí, aunque en 1998 la Corte Suprema abocó la inconstitucionalidad de las Convivir, terminaron declarándolas constitucionales como los son actualmente. El expresidente Uribe tuvo una estrategia más pensada y planeada para legalizar el paramilitarismo en el momento en que daba la impresión de que los estaba desmovilizando. El encontró otra forma de legalizar este involucramiento de los civiles en la guerra cercanos a la fuerza pública como son las redes de informantes y cooperantes.

Semana.com: ¿En qué se parecen estos nuevos paramilitares a los del siglo pasado y que se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe?

P. J. G.: En el discurso oficial se dice que estas "bandas criminales" no tienen ideología política, que son delincuentes ligados al narcotráfico, que no tienen relación con la fuerza pública ni con grandes empresas, pero eso es falso. Cuando uno analiza los mensajes que mandan amenazando a la gente uno se da cuenta que están defendiendo proyectos del gobierno, de empresas trasnacionales y son enemigos a muerte de los movimientos populares. A veces critican al presidente, pero apoyan la institucionalidad, están ligados a la fuerza pública, tienen todos los rasgos del paramilitarismo desde que comenzó a existir. Presentarlos como bandas nuevas, sin ideología política es una manera de ocultar su identidad y con esos discursos lo que hace el Gobierno es encapucharlos ideológicamente.

Semana.com: ¿Cuál sería la razón para negar la existencia de los paramilitares?

P. J. G.: La razón es clara. El nombre paramilitar denuncia una relación con la fuerza pública, por eso no le conviene al Estado. A estos grupos le encomiendan las tareas más sucias. En los últimos meses en Urabá la Comunidad de Paz ha optado con que cuando ellos llegan a una vereda a amenazar a la gente, se crea una comisión y se van a enfrentarlos y decirles que respeten la zona. Sin embargo, de camino se han encontrado con el Ejército que está por ahí cerca y les reclaman: "vea ahí están, están violando el espacio de la comunidad. ¿Por qué no los combaten, no los persiguen? El Ejército ha dicho varias veces con mucha claridad: “no los vamos a perseguir”. Los paramilitares han dicho que ellos trabajan conjuntamente con el Ejército.

Semana.com: Explíquese...

P. J. G.: En una ocasión le dijeron a la comisión de la comunidad que fue a enfrentarlos: “mire, nosotros a ellos no los perseguimos. A los que vamos a perseguir es a ustedes si siguen denunciando la presencia de ellos aquí". Los paramilitares por su lado dicen que lo que menos van a tolerar es lo que ellos llaman sapos o denunciantes. Dicen: "si la comunidad sigue denunciando, la vamos a acabar". Ese es el conflicto que se vive en este momento.

Semana.com: ¿Quiénes alimentan esas organizaciones son los mismos que alguna vez las conformaron?

P. J. G.: Los campesinos conocen a la gente y por los caminos donde se encuentra todo el mundo ellos saben quiénes están en estos grupos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos se desmovilizaron en el tiempo de Uribe pero regresaron. Algunos eran guerrilleros que desertaron hace unos años y el Ejército se los llevó a entrenar a la Brigada 17. Es gente conocida, de hace mucho tiempo. Deben haber personas nuevas, pero el núcleo fundamental es antiguo.

Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?

P. J. G.: Evidentemente, por ejemplo, en la zona pacífico como Curvaradó o Jiguamiandó los grupos que están haciendo presencia allí están muy ligados empresarios que se tomaron esa región para sembrar palma africana. Cuando la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto, ordenó al Ejército combatirlo e incluso capturar a algunos de los patrocinadores de esos grupos que le usurparon las tierras a las comunidades negras. El Ejército hace esa obra de teatro de ir a estar ocho días y coordinarse con ellos para que a los días salgan y vuelvan a entrar los paramilitares. Ahí hay un interés de tierras para empresas palmeras y mineras. El alto tribunal lanzó la voz alarma sobre la minería. En Chocó hay explotación de oro, carbón y estos grupos prestan un servicio a esos proyectos.

Semana.com: ¿Sabe en qué quedó el capítulo de La Habana que propone desarticular el paramilitarismo?

P. J. G.: Sí, se redactó un capítulo que tiene 20 estrategias pero a mi modo de ver todas son un saludo a la bandera. La mayoría de ellas ya se habían ensayado y no dieron resultados. Por ejemplo, la de llegar a un pacto político para condenar el paramilitarismo, eso puede hacerse pero estamos llenos de declaraciones y pero ninguna incide en la realidad. Se pensó en una unidad de fiscalía y se nombró a la magistrada, pero el fiscal se le atravesó en la mitad.

Semana.com: Entonces, ¿cuál es su propuesta?

P. J. G.: Que se toque el corazón del paramilitarismo para que realmente haya un control y desaparición de este fenómeno. Si no se toca la relación entre militares y paramilitares que ha permitido actuar y sobrevivir no se está atacando en lo más mínimo el fenómeno. Se hicieron propuestas muy concretas, por ejemplo, que cada vez que se denunciará la presencia de grupos armados no so se mandara sólo una patrulla -que en algunos casos está ya coordinada para que diga que eso era mentira, que allá no había nada- sino que también se pusiera en una investigación de fondo al comandante de la unidad a quien se le diera unos días para que explicará el porqué de la incursión y las medidas que está tomando para controlar el fenómeno y si la explicación no era satisfactoria se destituyera. Sólo así, creo que se podría controlar.

Publicado en Cultura / Sociedad
La Triple A
 
Desde 1977 un fantasma rondaba en el ambiente social de Colombia. Frecuentemente se atribuía atentados terroristas identificándose solamente con esa sigla que hacía pensar inmediatamente en escuadrones de la muerte que hicieron carrera en Brasil y en Argentina como “Acción Anticomunista Americana”, al amparo de dictaduras militares de “seguridad nacional”.
 
En 1977, por ejemplo,fueron colocadas bombas explosivas en la revista Alternativa, en el diario El Bogotano y en el semanario Voz Proletaria, hechos que reivindicó la “Triple A”.En 1978 el abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante político del ELN fue secretamente capturado luego de haber cumplido una condena legal y luego su cuerpo fue hallado horriblemente torturado y mutilado, comprobándose la autoría de un escuadrón secreto de inteligencia militar.
 
En 1979 desapareció el estudiante universitario y militante de la izquierda política Claudio Medina y por esos mismos meses, en Tunja, el estudiante de Ingeniería Hernando Benítez López fue mantenido por varias semanas ilegalmente retenido por agentes secretos del ejército, provocando una fuerte protesta estudiantil que se tomó la catedral de Tunja. Estos y otros muchos hechos de violencia se aclararon cuando el 20 de julio de1980, cinco integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, del ejército nacional, denunciaron ante el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, el Parlamento, la Organización de Estados Americanos y diversos organismos de Derechos Humanos, la constitución del grupo terrorista paramilitar llamado "TRIPLE A", por parte de la Comandancia de dicho Batallón.
 
Esta denuncia fue publicada en el diario mejicano EL DIA,del 29 de noviembre de 1980 (pg.16).En su denuncialos militares afirman que todos ellos son "funcionarios al servicio dela Inteligencia Militar desde hace varios años (...) a quienes precisamente el ejército al cual servimos por tantos años con decisión y sacrificio, haciendo cosas ilícitas, realizando delitos por órdenes superiores, que van desde el secuestro, torturas, terrorismo, hasta el asesinato para defender dizque al Estado, y hoy en día perseguidos por esos superiores que ordenaron hacer tales cosas".
 
Entre los hechos allí denunciados están: colocar letreros murales alusivos a la Triple A, empleando una moto del batallón; colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y de los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria; hacer seguimientos, retener, torturar y asesinar al abogado José Manuel Martínez Quiroz, militante del ELN; secuestrar al estudiante de Tunja Hernando Benítez López; torturar y asesinar al estudiante Claudio Medina, torturar a numerosos militantes del M-19 en una caverna de la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá.
 
Entre quienes dirigían la estructura criminal y ordenaban perpetrar los crímenes, mencionan al Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, comandante del Batallón (1978/79); al Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera, comandante del Batallón (1979/80); a otro comandante (no mencionan rango) Humberto Cardona Orozco; al capitán, luego Mayor, Iván Ramírez Quintero, jefe de operaciones del Batallón; al Teniente Felkin Pinilla Reyes (+); al Cabo Primero Ernesto Rivera; al Sargento Viceprimero Heriberto Ochoa Gómez; al militar retirado Jorge Florez Suárez; al Capitán, luego Mayor, Alvaro Hurtado; al Mayor Augusto Bejarano Bernal; al Sargento Viceprimero Héctor Evelio Guisoly; al Teniente Mario Montoya Uribe; al Capitán Luis Horacio Urquijo Arroyo; al Teniente JuanVicente Caldas Trujillo; a un Sargento Primero apodado "Pacho Bobo"; al Sargento Francisco Mora Valbuena; a un agente civil de apellido Parra; al Capitán Eusebio Pineda; al Capitán Mariano Guzmán; a los civiles Luis Gerardo Angel Tovar, Manuel Ignacio Ardila y Jorge E. Padilla (todos al servicio del Batallón); al Mayor Jaime Piñeros Rubio; al Sargento Mayor José Vicente Arango; al Sargento Primero Juan Evangelista Vera; al Sargento Viceprimero Rafael Ochoa; al Sargento Segundo Rubén Darío Guzmán. Mencionan como  colaborador especial que daba apariencia legal a estos crímenes al Juez 3 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo López Zuluaga.
 
También menciona la denuncia la interceptación de los teléfonos de las embajadas socialistas y el seguimiento permanente a sus funcionarios, para lo cual contaban con la colaboración delingeniero de la Empresa de Teléfonos llamado Gabriel, a quien sobornaban mensualmente con un pago de $ 5.000,oo.Varios de los oficiales mencionados en la denuncia ascendieron posteriormente a los más altos rangos de las fuerzas armadas y les fueron encomendadas las más altas responsabilidades castrenses. No se tiene noticia de que los destinatarios de las denuncia (Presidente, Procurador, Parlamento) hubiesen ordenado investigación alguna, ni que los poderes judiciales o disciplinarios hubiesen ejercido sus obligaciones ante una denuncia conocida internacionalmente.
 
Los relatos de denuncia que contiene dicho documento son muy concretos y podían haber sido verificados fácilmente por funcionarios judiciales que hubieran querido cumplir sus deberes. Así, por ejemplo, se narra la desaparición del estudiante Claudio Medina: "El estudiante Claudio Medina, sindicado de pertenecer al Movimiento de Defensa Obrera, en el mes de enero de 1979 cuando se realizaba una operación paralela a la que se realizaba contra el M-19 fue capturado por parte del Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo, el SV Pineda Eusebio, Co. Guzmán Mariano y el civil al servicio del Batallón, Luis Gerardo Angel, y conducido al llamado Bunker o Caverna de la Escuela de Comunicaciones, donde fue torturado hasta tal extremo que le pasaron un pico de botella por las venas hasta que lo asesinaron.
 
El Teniente Caldas ante el incidente por causa del exceso de tortura informó al comandante del Batallón, Teniente Coronel Jaime Ruiz Barrera quien con su instinto sanguinario ordenó al Teniente Caldas a desaparecer el cadáver de Claudio Medina ofreciendo para esta actividad el vehículo Renault 6 en el cual el Coronel se movilizaba, la suma de 10.000,oo (diez mil pesos) para gastos, más la promesa de que nada les pasaría jurídicamente y esto no tendría trascendencia. El cadáver fue transportado en el Ranault 6 del Comandante del Batallón hasta Armero y lanzado al río Magdalena. Para quitar el olor a sangre que había quedado en el baúl del auto, los ejecutores del hecho se vieron en la necesidad de comprar pescado y trasportarlo hasta Bogotá, para disimular". Con la misma concreción se denuncia allí la colocación de artefactos explosivos en algunos medios de comunicación:
 
" Igualmente fue el Batallón Charry Solano quien ordenó colocar artefactos explosivos en la sede de la revista Alternativa y el periódico El Bogotano y Voz Proletaria. En el primero de los casos participaron el extinto Teniente Pinilla Reyes Felkin y el SV Ochoa Gómez Heriberto, acciones éstas ordenadas por el Comandante del Batallón Charry Solano Humberto Cardona Orozco, obviamente sus colaboradores inmediatos, su ejecutivo mayor, hoy en día retirado, Jorge Florez Suárez, y el jefe de operaciones, capitán en ese entonces y hoy en día Mayor Iván Ramírez Quintero, quien completó la orden directamente fue el Capitán Hurtado Alvaro, actualmente Mayor. Los anteriores también fueron los mismos que realizaron el atentado terrorista contra El Bogotano. Posteriormente, el Mayor Bejarano Bernal Augusto, cumpliendo órdenes del Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante en jefe entonces del Batallón Charry Solano, ordenó elaborar al SV Guisol y Héctor Evelio una bomba con tres barras de dinamita para ser colocada en la sede de Voz Proletaria. El planeamiento inicial se hizo para que la bomba fuera colocada por el Teniente Montoya Uribe Mario, éste hizo los reconocimientos del caso para el atentado, pero sedesistió de "sus servicios" y el Capitán Urquijo Arroyo Luis Horacio ordenó a uno de nosotros (los que estamos presos) colocar la bomba aproximadamente a las 3.30 a.m.
 
Esta forma de paramilitarismo en la que son los mismos militares los que se cubren bajo la sombra de delincuentes comunes para poder ejecutar modalidades de represión política que no son compatibles con un Estado de Derecho, no se diferencia en sus parámetros esenciales de la forma que será más rutinaria en los años siguientes, consistente en la utilización de civiles que usan ropaje militar para lograr los mismos objetivos
 
Tomado de :  "DEUDA CON LA HUMANIDAD Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988–2003 Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda03.pdf
 
Funte imagen Internet
 
 
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"Mediante panfleto suscrito por el grupo Paramilitar Autodenominado “AGUILAS NEGRAS”, se realizan señalamientos y amenazas de muerte en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU-, la Juventud Comunista Colombiana-JUCO-, el Partido Comunista Colombiano, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca", denuncia la Red de DD.HH “Francisco Isaías Cifuentes”

Leamos:

 

URGENTE

 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

 

LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

“Francisco Isaías Cifuentes”

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

DENUNCIA PÚBLICA

 

Aportes a la veeduría del Cese al Fuego y a las Hostilidades Bilateral y Definitivo.

 

Mediante panfleto suscrito por el grupo Paramilitar Autodenominado “AGUILAS NEGRAS”, se realizan señalamientos y amenazas de muerte en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos integrantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –ACEU-, la Juventud Comunista Colombiana-JUCO-, el Partido Comunista Colombiano, y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

 

HECHOS

 

Suroccidente de Colombia, Departamento del Cauca, Municipio de Popayán

 

Jueves 27 de abril de 2017

 

A las 3:51 de la tarde, desde el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., con el asunto "Están advertidos", fue dirigido un panfleto con amenazas de muerte, a los correos electrónicos personales de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN; el cual expresa:

 

"Llego la hora de la limpieza social.

 

Ahora les toca el turno a los guerrilleros que están en la ciudad ya los tenemos individualizados y sabemos que este fin de semana se van a reunir disque para ajustar el plan político militar que tienen estos hijueputas, sino se acuerdan que paso en Medellín les refrescamos la memoria a plomo o simplemente los volamos tienen 24 horas para que se vayan para las tales zonas veredales o de la ciudad o preparen sus familias para que los entierren

 

Conocemos la célula en su totalidad si no quieren sus vidas vamos a ir por ustedes sapos malparidos

•         Oscar Humberto Viveros-El Político, Primero al Mando

•         Andrés Fabricio Muñoz-Fauro, Segundo al Mando

•         Elver Farinango-Farit, Tercero al Mando

•         Kevin Mondragón, El Viejo, Cuarto al Mando

•         Jesús Eduardo Achipiz, El Biólogo, Quinto al Mando

•         Y los demás milicianos, encargado de las milicias universitarias

 

Políticos ignorantes que sirven a una caja de resonancia del tal proceso de paz donde el traicionero de santos está entregando el país al narco terrorismo de las farc. Ojo   hijueputas   no   respondemos   si   caen   inocentes   en   los   que ustedes   se   camuflan   sabemos   que   todos   estos   hijueputas   son como   camaleones   para   camuflarse   y   moverse   dentro   de   la sociedad civil.

Ya tenemos sus domicilios y el plomo que les vamos a dar se van ustedes lo deciden ya estas informados. Sapos hijueputas tiene el tiempo contado.

 

Ya quedan advertidos  perros hijueputas……

ÁGUILAS NEGRAS SUR OCCIDENTE COLOMBIANO".

 

Señalando, que:

 

OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, identificado con C.C. No. 1.085.254.377de Popayán, en la actualidad es secretario de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO Cauca, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO, parte de la Dirección Regional Cauca del Partido Comunista Colombiano-PCC, integrante  de la Dirección Departamental de la Unión Patriótica-UP Cauca, de la Junta Patriótica Departamental y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 1.118.258.066, miembro de la Dirección Departamental  de la Juventud Comunista Colombiana -JUCO Cauca e integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento del Cauca

 

ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, identificado con C.C. No. 1.060.874.481, es estudiante de Ingeniería Agropecuaria en  la Universidad del Cauca e integrante de la Juventud Comunista Colombiana- JUCO –Cauca y del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica en el  Cauca.

 

KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ, identificado con C.C. No. 1.118.258.097, estudiante del programa de pregrado de  Economía en la Universidad del Cauca e integrante del Comité Estudiantil de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas  de la misma universidad, exrepresentante estudiantil en el periodo 2015-2016, actual  integrante  de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios-ACEU Cauca  e integrante del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica Cauca.

 

JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCON, identificado con C.C. No. 1.061.784.745, estudiante del programa de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación adscrito a la Universidad del Cauca, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, exrepresentante estudiantil en la misma el año 2015 -2016, e integrante del Movimiento Político y Social de Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca

 

FRENTE AL TEMOR FUNDADO POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN Y DE LOS LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HACEN PARTE DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN RECHAZO A LAS ACCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS IRREGULARES EN ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES Y POLICIALES DEL ESTADO COLOMBIANO.

 

RESPONSABILIZAMOS

 

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Cauca en Cabeza de OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, al Brigadier General LUIS FERNANDO ROJAS ESPINOZA Comandante de la III División del Ejército Nacional, al Coronel GERMÁN ALFONSO PARRA CASTELLANO comandante de la XXIX Brigada del Ejército Nacional, al Teniente Coronel JESUS VILLAMARIN RIVERA comandante del Batallón de Infantería No. 7 “Gr. José Hilario López”, al Coronel EDGAR ORLANDO RODRIGUEZ CASTRILLON Comandante del Departamento de Policía Cauca y al Coronel POMPY ARUBAL PINZON BARON Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen

 

EXIGIMOS

 

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO, KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

 

AL ESTADO COLOMBIANO

  • El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
  • Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

  • Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de OSCAR HUMBERTO VIVEROS EGAS, ANDRES FABRICIO HURTADO MUÑOZ, ELVER ORDOÑEZ FARINANGO,  KEVIN ALEXANDER MONDRAGÓN MUÑOZ Y JESÚS EDUARDO ACHIPIZ RINCÓN y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que hacen parte del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por los hechos consagrados en esta Denuncia Pública

 

SOLICITAMOS

 

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

 

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

 

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁ AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

 

29 DE ABRIL DE 2017

 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

 

LUIS CARLOS VILLEGAS

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

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JUAN FERNANDO CRISTO.

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

 

ENRIQUE GIL BOTERO

Ministro de Justicia y del Derecho

 

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

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CARLOS ALFONSO NEGRET

Defensor del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

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FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., reygon@procuraduría.gov.co

 

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

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Publicado en Cultura / Sociedad

En un video publicado en su cuenta de Facebook, el senador Álvaro Uribe por el partido Centro Democrático invitó a la comunidad internacional a intervenir en Venezuela. Sus declaraciones se suman a las del presidente Juan Manuel Santos, quien la semana pasada manifestó que “la Revolución Bolivariana fracasó”.


En el video, Uribe señala que la situación de Venezuela es comparable a la crisis humanitaria por la que atraviesa Siria: “Esta tiranía tiene la misma gravedad de las armas químicas que Siria utiliza contra sus ciudadanos”. Señaló además a funcionarios del gobierno venezolano de ser “socios de la criminalidad”.

Tras una semana de protestas chavistas y opositoras, las declaraciones del senador Uribe alimentan la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela. Nicolás Maduro manifestó hace un par de días: “Nos duele en el alma la amarga ingratitud del Gobierno Santos hacia Venezuela y su Gobierno que tanto ha hecho por la paz de Colombia”.

María Ángela Holguín, Canciller de Colombia, señaló ante la Organización de la Naciones Unidas -ONU- que en Venezuela hay un armamento de milicias civiles cuya peligrosidad preocupa al gobierno colombiano. Rafael Ramírez, embajador venezolano en la ONU, explicó que no se trata de civiles ya que se trata de un ejército dependiente de las Fuerzas Armadas.

¿Qué es un golpe de Estado?

Cualquier intervención política, económica o militar, e incluso mediática, a un Gobierno legítimo y legalmente constituido, son prácticas consideradas como amenazas a un posible golpe de Estado. Actualmente Venezuela atraviesa por una amenaza de ese tipo, bajo el apoyo de gobiernos como el de Colombia.

En América Latina se destacan golpes a la soberanía de naciones, en su ejercicio de poder democrático gubernamental, en casos como el de Chile con Augusto Pinochet (1973) y Argentina con Jorge Rafael Videla (1976), condenadas por cometer delitos de lesa humanidad.

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Jueves, 20 Abril 2017 01:27

Guerrillero indultado es asesinado

Informa la Zona Veredal "Ariel Aldana" de las Farc ubicada en Tumaco. "Hace quince días había salido de prisión"....A pesar de un Acuerdo entre gobierno y Farc, se asesinan líderes y lideresas sociales ahora directamente un miembro de esta organización insurgente en transito a la vida política sin armas.

  

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Según la información suministrada por la comunidad, Oteca se encontraría en la Hacienda Miraflores, propiedad de Incauca, cuando unos hombres vestidos como trabajadores del lugar realizaron los disparos con arma de fuego que acabaron con la vida del comunero.

La presencia de Javier Oteca en la Hacienda, se debe a las actividades de liberación de la Madre Tierra que adelantan los cabildos de Corinto, Cauca y por los que han sido sistemáticamente amenazados y estigmatizados. Según el Consejo Regional Indìgena del Cauca-CRIC “La liberación de la Madre Tierra, además de ser un mandato ancestral es un derecho legítimo de las comunidades, que a pesar del dolor, la persecución y la muerte se mantendrán firmes en los puntos de liberación.”

El día de ayer, las autoridades indígenas habían convocado al Gobierno Nacional a participar de su Asamblea del Plan de Vida Cxha Cxha Wala con el fin de dialogar sobre el plan nacional de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. La invitación fue ignorada por el gobierno y los indígenas continuaron su jornada de manera autónoma. El día de hoy, los indígenas reclaman la ausencia del Estado, no sólo en la jornada del Plan de Vida sino, en general, en los territorios indígenas que cada vez son más victimizados.

En diciembre del año pasado, miembros del Cabildo Indígena de López Adentro también en Corinto-Cauca habrían denunciado la presencia de grupos paramilitares en sus territorios ancestrales. Para esa época, Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto,  señalaba que se declaraban en “en alerta roja por la situación que ha generado también la presencia de panfletos desde la semana pasada en Corinto. Con la presencia de estos panfletos se presenta una situación de desequilibrio que daña la armonía, nos pone en riesgo, no solo a las autoridades, sino a la comunidad entera”,

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes  también denunció que el 27 de febrero de este año  fue asesinado Éder Cuetia Conda padre de dos menores de 2 y 14 años de edad y comunero del Resguardo Indígena de López Adentro, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Siberia y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.

Mientras se aclaran los móviles y responsables del asesinato del comunero Javier Oteca, sigue aumentando  la  crisis de DDHH y el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia.

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“Que la paz no nos cueste la impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestaron que estas audiencias se solicitaron en virtud de las preocupaciones que varias organizaciones y víctimas están teniendo, con relación a la posible perpetuación de la impunidad en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz.

“Hemos advertido de la existencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

En dicha audiencia se aprovechó para recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó Malambo. Le puede interesar: Congresistas de la Unidad Nacional modificaron la JEP afectando derechos de las víctimas

De igual modo, se hizo especial hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando, tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las tropas” dijo Malambo.

Y se insistió en la importancia de juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que.

Participación de las víctimas ha sido menoscabada

Durante esta audiencia también se hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las victimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica Libertad.

Según el jurista, se hubiese esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, dicen las organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha sido menoscabada en las diversas fases de implementación del acuerdo. 

"No se convocó a las víctimas para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen” aseveró Vargas.

Voluntad, coherencia, buena fe y decisión fueron las características que Verónica Hölker integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.

En consecuencia “modificar estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación” manifestó Hölker. Le puede interesar: Listado de posibles militares beneficiados con la JEP

Las organizaciones hicieron un llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación de las víctimas. Le puede interesar: "Sectores de Ultraderecha y empresarios le temen a la JEP" Iván Cepeda

¿Qué dijo el Estado?

Por su parte, el Estado hizo referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la institucionalidad.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia entre enero y marzo de 2016 vs. 2017”.

Sin embargo, durante la intervención estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las organizaciones sociales participantes.

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Trece organizaciones sociales reclaman al Estado que admita la existencia de un patrón y sistematicidad en las agresiones a líderes sociales.

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido “elementos” de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Intervención de Marcha Patriótica

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. 

Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

Ver artículo completo en: https://colombiaplural.com/gobierno-vuelve-negar-la-realidad-ante-la-cidh/

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“Los vamos a acabar uno a uno. Hijueputas guerrilleros, con su hijueputa cuento de la paz, quieren seguir ‘mariquiando’ el país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con su sangre (…) Prepárense para morir”. Así rezaba el primero de los panfletos firmados por las Águilas Negras en los que apareció el nombre de Alberto Yepes, uno de los abogados que conoce más a fondo el dosier de los falsos positivos en Colombia. Una amenaza que, sumada a otros episodios, acaba de empujar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedirle al gobierno colombiano que proteja la vida de este abogado, reconocido por documentar más de seis mil homicidios de civiles cometidos, presuntamente, por militares de todo el país.

En una decisión de nueve páginas, conocida por ¡Pacifista!, la CIDH concluyó que Yepes y su hija se encuentran en una situación de gravedad y que sus vidas están en riesgo. Por eso, le pidió al gobierno que les garantice la vida, que investigue las amenazas y que tome las medidas necesarias para que Yepes pueda “desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.

Todo ello, con un agravante: la CIDH dijo que Yepes estaría siendo perseguido por su trabajo como coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una alianza que agrupa 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la Comisión, desconocidos habrían orquestado una “retaliación” contra Yepes por los informes que el Observatorio ha publicado “sobre ejecuciones extrajudiciales, en donde se vincula a miembros del crimen organizado y las Fuerzas Armadas”.

La historia de persecución contra Yepes comenzó en 2014, cuando la CCEEU publicó el informe ‘Falsos positivos en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos’. En él, la Coordinación ponía sobre la mesa su arriesgada hipótesis de que militares colombianos formados en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad de Estados Unidos participaron frecuentemente en el asesinato de cientos de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El documento también levantó ampolla al argumentar que existió una relación entre las ejecuciones y el suministro de asistencia militar por parte de Estados Unidos a determinadas unidades del Ejército.

En septiembre de 2014, un mes después de la publicación, Yepes empezó a ser víctima de amenazas. En un segundo panfleto, las Águilas Negras lo tildaron de guerrillero y anunciaron su descuartizamiento y el de otros defensores de derechos humanos. Pero los hostigamientos no pararon ahí. A mediados del mes, dos hombres abordaron a Yepes y a su asistente en un barrio de Bogotá y les robaron un computador portátil y dos celulares. El caso fue calificado por la CCEEU como un “robo de información”.

La seguidilla de crímenes continuó en octubre, cuando las Águilas Negras volvieron a incluir el nombre del abogado en un panfleto que decía: “Ya va siendo hora de que a los cerdos comunistas que tienen jodido a nuestro país les ayudemos a retirarse de la política (…) Sufrirán un verdadero desplazamiento al más allá”.El asunto pasó del papel a los hechos en 2015, cuando desconocidos intentaron (o consiguieron) entrar a su casa, no lo sabe con exactitud, donde vive con su hija. En diálogo con este portal, Yepes dijo que el forzamiento de puertas y el merodeo de extraños lo llevó a proteger su residencia “con rejas, cercas eléctricas y cámaras: vivo casi en un búnker”.

Según afirma, la persecución tiene dos motivaciones. Dice que, por un lado, los afectados por sus investigaciones buscan desestabilizarlo emocionalmente para que deje de hacer su trabajo, y que, por otro, hay un plan más ambicioso para frenar las intenciones del Observatorio de Derechos Humanos, que pretende aportar información a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad pactadas en La Habana, sobre todo en casos en los que podrían estar involucrados integrantes de la Fuerza Pública.

Fue por esos y otros hechos que la CCEEU y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudieron a la CIDH. En agosto de 2015, la Comisión Interamericana le pidió respuestas al gobierno frente a las graves denuncias de persecución formuladas por ambas organizaciones, que, además, argumentaron que la Unidad Nacional de Protección no estaba tomando medidas suficientes para garantizar la vida de uno de los denunciantes de los falsos positivos, el escándalo que sacudió a la cúpula del Ejército en 2008, cuando transcurría el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe.

Ante los cuestionamientos, el gobierno le contestó a la CIDH que conocía el riesgo que corría el abogado y que le había asignado un carro sin blindaje, un conductor, un escolta y un chaleco antibalas. Más tarde, la UNP reconoció que el nivel de riesgo de Yepes era “extraordinario” y le asignó un vehículo blindado.El tamaño del esquema contrasta con el de funcionarios como el expresidente y senador Álvaro Uribe, que en 2014 contaba con cerca de 65 escoltas y 12 camionetas blindadas.

Pese a ello, y tal como lo han hecho otros defensores con esquemas de protección, Yepes se quejó de las medidas y dijo que ni el carro ni el escolta, ni el conductor, tenían autorización para desplazarse fuera de Bogotá, que el combustible era insuficiente y que el vehículo estaba en condiciones “deplorables”. La disputa pasó a mayores en junio de 2016, cuando la UNP redujo el esquema quitándole el vehículo, el conductor, y dejándolo al amparo de un solo hombre armado, lo que llevó a ese defensor a renunciar a las medidas argumentando que “un escolta armado lo ponía en mayor riesgo”, según consta en la decisión de la Comisión.

Por ahora, y días antes de la decisión de la CIDH, la UNP le asignó a Yepes un esquema de protección completo que consta de camioneta blindada, chaleco y dos hombres armados.

En abril próximo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con Yepes para discutir otras posibles medidas de protección, para él y su hija, y el avance de las investigaciones por las amenazas y robos que continúan en la impunidad. El caso demuestra que, aún en tiempos de paz, defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia.

http://pacifista.co/el-abogado-que-ha-documentado-mas-de-6-000-falsos-positivos-lucha-para-que-no-lo-maten/

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  • Exiliados invisibilizados
  • Declaración final del II Encuentro de la Constituyente de Exiliadas y Exiliados Perseguidos por el Estado colombiano
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Föreningen Jaime Pardo Leal

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