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El Congreso al fin tramita el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero proposiciones aprobadas atentan contra su esencia

Hacia las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.

En plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en contra en su último trámite por el Congreso.

Pese a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las dilaciones y retrasos que padeció.

La norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una “operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas frente a ella.

A falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como una confesión de su responsabilidad en el conflicto.

A parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa de La Habana.

Tras su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia. “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.

“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.

“Cambio Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.

Maldonado hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz. “Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda implementación del punto 5”, añadió.

“Lo que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.

De otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de algunos sectores políticos con ella.

Si bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.

El acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.

Publicado en Cultura / Sociedad

A raíz de las declaraciones del Vice-presidente de la república Germán Vargas Lleras, aparecidas en la revista Semana ( http://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/german-vargas-habla-sobre-el-proceso-de-paz-en-exclusivo/491389), prontamente saludadas por Uribe Vélez; ha tenido que salir el jefe plenipotenciario del Gobierno en la Habana Humberto de la Calle, a desmentir el burdo montaje mediatico y electoral contra el acuerdo de paz alcanzado,  que el ambicioso politiquero y manzanillo Vargas Lleras, una vez operado del tumor cerebral que padecía y, amparándose en su alto cargo gubernamental, es decir,  utilizando la inmensa suma los dineros del programa oficial para la infraestructura vial para la compra de votos, talvez motivado en un cálculo enfermizo de descerebrado que no le permite valorar adecuadamente la realidad actual la que ha ingresado el país, ha decidido utilizar la coyuntura de la refrendación Plebiscitaria de los acuerdos ya pactada, como chantaje contra el Presidente Santos y contra el proceso de reconciliación del país, para imponer sobre tergiversaciones y mentiras su candidatura presidencial en el 2018, contando ilusoriamente con que el Uribismo lo va a apoyar en su aspiración. ¡Pareciera que no los conociera!

Dada la importancia de este “impase” en las alturas que surge a última hora, y sus repercusiones indudables en la votación del Plebiscito; ANNCOL presenta a sus lectores el artículo aclaratorio escrito en el Tiempo (29.08.2016 por Humberto de la Calle y le pregunta:  ¿cuáles son sus temores y cuáles son sus sospechas al respecto mencionadas ? :

…..Imprecisiones, temores y objeciones

Comenzando por el Vicepresidente, encuentro verdaderas equivocaciones en algunos comentarios sobre lo acordado en La Habana.

Me referiré únicamente a verdaderas afirmaciones equivocadas. Es decir, aseveraciones que contradicen de manera incontrastable el Acuerdo. Dejo de lado los temores y las sospechas.

El Vicepresidente afirma que la Jurisdicción Especial podría procesar a un empresario como financiador de la guerra “porque alguna vez tuvo que pagar una plata a un grupo armado”. Sugiere que la JEP procesa “a los responsables de las conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.

Pues el punto de partida es inexacto. Y lo que propone corresponde justamente a lo ya pactado.

Dice el Acuerdo: a quienes hayan incurrido en “las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40”, se les aplicarán las mismas sanciones de restricción efectiva de la libertad previstas para guerrillas y agentes estatales.

El numeral 40 agrupa las conductas más graves, no amnistiables. Ellas son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra y algunas otras.

En cuanto a aquellos cuyo apoyo a los paramilitares no revista las características anteriores, como lo dijo la declaración formal del Gobierno publicada el 25 de mayo, la JEP “tendrá la función de resolver la situación jurídica de terceros cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos la JEP podrá (…) renunciar a la persecución penal...”.

En conclusión, el Vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado y hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del Acuerdo.

María Isabel Rueda dice que se van a “congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras”. Alude a la inexistencia de un catastro y a una informalidad de un 48 %.

No es cierta la pretendida congelación. Ni tampoco la cifra. El Fondo de Tierras dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Sus principales fuentes serán la recuperación de tierras adquiridas de forma ilegal y otras fuentes, todas ellas con fundamento en herramientas existentes. No se habla de congelación en ningún caso. En cuanto al catastro, precisamente se pactó la actualización del mismo, para lo cual el Gobierno viene tomando las medidas correspondientes. Y la formalización, con una meta de 7 millones de hectáreas, no depende del Fondo de Tierras. Es, de paso, la mejor demostración de que el Acuerdo es pro estabilización de la propiedad “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. No tiene un ápice de estatización de la tierra.

En las Circunscripciones Especiales de Paz, afirma la misma distinguida periodista, “los partidos tradicionales tendrán territorio vedado”. No es cierto. Las circunscripciones ordinarias para Cámara no se afectaron. Esto es, los electores de una Circunscripción Especial votan normalmente por los candidatos ordinarios de acuerdo con el número de curules vigente. Lo que ocurre es que, en determinadas regiones golpeadas por el conflicto, se crean escaños adicionales transitorios, exclusivamente para los movimientos ciudadanos de ese territorio. Es elemental y obvio. Es para darles una representación adicional a esas zonas. De paso, no es cierto que las Farc vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Esa afirmación no corresponde a la estadística electoral.

Estas son solo algunas muestras de imprecisiones que era preciso aclarar. Reitero que el debate es conveniente y ojalá todos los colombianos intervengan a conciencia.

HUMBERTO DE LA CALLE

 EN http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/imprecisiones-temores-y-objeciones/16685809  

   

 

 

 

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