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La ‘bomba mediática’ y la verdad sobre el Andino

Centro Comercial Andino Centro Comercial Andino Cfrincon

Según testigos, el pasado 17 de junio un hombre se libró a empellones de los reclamos de un grupo de mujeres en el Centro Comercial Andino, pues salía de un baño reservado para ellas. También afirman los testigos que otro sujeto salió apresurado del establecimiento antes de que explotara allí una bomba que le quitó la vida a 3 mujeres y dejó heridas a 9 más. Hoy, 10 jóvenes han sido judicializados mientras sorprende que ni la Fiscalía, ni la Policía ni los medios hablen de estas otras personas y de sus posibles vínculos con el atentado. Siendo así las cosas, ¿el supuesto pervertido se salvó de milagro o se está protegiendo así la identidad de quienes están detrás del acto criminal?

Definitivamente, la bomba en el Centro Andino y el miedo que infundió el hecho han sido aprovechados por quienes quieren ‘hacer trizas’ los acuerdos de paz y el desmantelamiento de la guerra en Colombia, así como por los eternos fabricantes de cacerías de brujas.

Lo peor es que, al parecer, el Estado no tiene el mas mínimo interés en esclarecer el atentado, pues las autoridades han optado por una sola hipótesis en las investigaciones y el hombre que debiera ocupar un lugar central en las mismas desapareció de la mirada de la opinión pública luego del 24 de junio. Ese día, la Fiscalía y la Policía mostraron como los supuestos culpables del aleve hecho a un puñado de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, algunos de los cuales se han desempeñado como defensores de derechos humanos, líderes sociales y funcionarios de la propia universidad y de la alcaldía de Bogotá.

Así las cosas, el hombre que puede ser clave para saber lo que ocurrió, incluso como testigo, se ha esfumado. De hecho, entre las repetidas filtraciones de información que la Policía y la Fiscalía han hecho a los medios -en una actuación que no deja de rayar en diversas irregularidades- no se ha encontrado ningún video que pueda ayudar a reconocerlo a él ni al otro hombre reportado como sospechoso en los relatos de los testigos y en los retratos hablados. Sorprende, y mucho, que esto pase teniendo en cuenta las numerosas cámaras de vigilancia del Centro Comercial Andino y sus alrededores, una de las zonas más vigiladas de la capital de Colombia.

Por el contrario, los grandes medios monopólicos del país se han limitado a reproducir la versión que el fiscal Martínez y su equipo han filtrado sin cuestionar los vagos argumentos de las acusaciones ni por qué les fueron entregadas fotos de las supuestas pruebas en tan corto tiempo. Mientras tanto, se inundaron las pantallas con imágenes de relojes, cables, tabletas para prueba de circuitos, partes electrónicas de diversos tipos, medio bulto de abono, banderas del hasta hace poco desconocido Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) -grupo que ha negado tanto su participación en los hechos como tener algún vínculo con los capturados- y una pistola automática de fabricación estadounidense.

Con estas acciones, se ha ‘condenado’ a los jóvenes acusados desde antes de que llegaran la primera audiencia del proceso y se repite hasta el cansancio que son culpables ante las protestas de quienes rechazan las capturas y judicializaciones de estas personas asegurando que nada tienen que ver con los hechos. La decisión de no averiguar quiénes son el hombre del baño y el que corría para salir del centro comercial, poniendo una descomunal presión política y mediática a los jueces para direccionar sus decisiones, podría llevar a que haya impunidad en este atentado y a que se alimente la persecución en contra del pensamiento crítico, el movimiento social y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al parecer, algunos fiscales antiterroristas y agentes de inteligencia siguen congelados a conveniencia en la doctrina del enemigo interno y en la paranoia anticomunista de la Guerra Fría, que ya costó miles de muertes en el doloroso pasado de nuestro país. Así, tiene sentido que se capture y presente ante los medios como culpables a los jóvenes, porque la izquierda, la juventud y la Universidad Pública son los sospechosos de siempre y se acomodan a lo que la opinión pública supuestamente puede aceptar como cierto ante la necesidad de dar resultados inmediatos.

Y es que se nota la debilidad de los argumentos que la Fiscalía hace reproducir cada día por los grandes medios cuando todos los indicios con los que se piensa llevar tras las rejas a estas personas dejan importantes dudas. Sorprende, además, lo poco que el ente investigador ha demostrado hasta la fecha sobre la supuesta vinculación de los acusados con los hechos del Andino y lo mucho que ha hecho por presentarlos como miembros del MRP, una organización que se ha limitado hasta donde se sabe a hacerse propaganda a través de petardos con banderas y panfletos.

Además, está claro que todos los indicios en el proceso provienen de seguimientos y labores de inteligencia cuya legalidad aún está por esclarecerse, dejando la duda sobre si lo que ha ocurrido es que se aprovechó este suceso para incriminar a unas personas a las cuales las autoridades tratan hace tiempo de mostrar como ejemplo de los supuestos nexos entre las universidades públicas y diversos tipos de acciones violentas.

Todo esto genera preocupación cuando la misma Fiscalía había dado a conocer, a mediados de mayo, que el ‘Clan del Golfo’, que es como las autoridades llaman a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tiene un plan para cometer atentados en las principales ciudades del país. Dicho grupo es la principal organización paramilitar de extrema derecha del país y una de sus características ha sido usar los ataques contra las mujeres como una forma de terror y control social.

Esta despreocupación por parte de la Fiscalía resulta muy alarmante, puesto que podría indicar que otros actores, privados o estatales, pudieran estar involucrados en los hechos del Centro Andino. Si seguimos esa linea de razonamiento, se tendría que considerar que la bomba fue instalada y activada para dar un golpe de opinión mediante el terror. Esto, en un momento en que se estaba completando la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y avanzaban los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Siendo así las cosas, un acto de este carácter favorecería principalmente los intereses de la extrema derecha de cara a las elecciones de 2018.

Sin entrar en demasiadas suspicacias, esto podría servir para explicar la rapidez de las autoridades, el escándalo mediático y la historia orquestada con perfiles, tareas y acciones de los supuestos culpables. No es descabellado pensarlo: ya en el pasado oficiales del Ejército colombiano han montado atentados en Bogotá con los mismos fines y beneficiarios.

Si bien el execrable acto es muy grave, también lo es que se muestre a los universitarios que tienen un pensamiento crítico como criminales y que se busque así justificar la persecución en su contra. En este sentido, no hay que olvidar que la Universidad Nacional ha sido un claustro académico en el que históricamente se ha hablado desde la ciencia sobre lo que ocurre en el país y se han gestado diversas propuestas académicas, políticas y culturales para cambiarle el rumbo a Colombia.

De hecho, es necesario que la Fiscalía diga si para este caso está usando información que no fue admitida en los tribunales en el pasado para encerrar estudiantes. También es importante que aclare si este asunto guarda relación con la detención de 13 líderes sociales vinculados con las universidades públicas hace dos años, el caso Lebrija donde un agente de la Dijín llevó con engaños a varios estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional a la cárcel, el proceso montado por el destituido fiscal antiterrorista Piedrahita en 2009 con una colcha de retazos de diversos casos de inteligencia y otros similares, o si todos estos hacen parte de una política de la entidad para mostrar a los universitarios como terroristas.

Y es que son tan notorias las irregularidades en la detención de los jóvenes que Heike Hänsel, parlamentaria alemana y presidente de la Subcomisión para Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y Globalización del Bundestag, le dirigió una carta al fiscal general Néstor Humberto Martínez, en la que le increpa el actuar de la Fiscalía, señalando que: “si no se garantiza un debido proceso y si no se protege el derecho inalienable de estas personas a la presunción de inocencia, la etapa denominada como ‘postconflicto’ quedaría como un mito”.

La parlamentaria está en lo correcto. Hay serias irregularidades que ella misma señala en la carta cuando, por ejemplo, Iván Darío Ramírez fue capturado en un bus horas antes del allanamiento del que fue objeto, pero la Policía dio a entender a la juez de control de garantías que el joven fue hallado en  su casa y que en ese momento estaba en posesión del material exhibido en las fotos filtradas a los medios.

Mientras tanto, en medio de protestas por las inconsistencias del caso, el proceso contra Cristian Sandoval Moreno, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Iván Darío Ramírez, Alejandra Méndez Molano, Lina Vanesa Jiménez, Juan Camilo Pulido y Natalia Trujillo Novoa continúa. Ahora, con los acusados en la cárcel y sin garantías suficientes para que se les siga un debido proceso y puedan defenderse adecuadamente, gracias a la presión de unos medios que sin rigor periodístico se han unido al coro de los fabricantes de acusaciones y pretenden reemplazar al poder Judicial en su toma de decisiones.

Desafortunadamente, el tiempo pasa y no termina de aclararse quién es el hombre que hasta ahora pasa por ‘suertudo pervertido’ ni si hay otros actores implicados en el repudiable atentado contra las mujeres que visitaban el centro comercial que le quitó la vida a Lady Paola Jaime Ovalle, Ana María Gutiérrez y Julie Huynh, con lo cual este hecho podría quedar impune. Es necesario, entonces, exigir que se lleve una investigación transparente que lleve verdad y justicia a las familias de las víctimas y que aclare si se han presentado irregularidades con los arrestos de los imputados.

Esto es lo mínimo que el fiscal general de la nación debiera garantizar a una sociedad que quiere transparencia en las acciones estatales y coherencia con los cambios hacia la construcción de la paz con los que se comprometió el Estado colombiano en los acuerdos de La Habana, que precisamente buscan que nadie sea perseguido nunca más por sus ideas.

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